En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que yer mismo pubicábamos: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército.

La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.

Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Un político abiertamente anti-LGTB, embajador para la libertad religiosa

Otro de los políticos más abiertamente LGTB de los Estados Unidos es el gobernador de Kansas, el republicano Sam Brownback, que durante sus años de congresista en Washington (primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado) votó siempre en contra de cualquier medida en favor de los derechos LGTBI. En 2003 fue uno de los impulsores de una propuesta de enmienda para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución de los Estados Unidos (que no llegó a materializarse), mientras que en 2015, siendo ya gobernador de Kansas, emitió una orden ejecutiva retirando la protección contra la discriminación a los trabajadores LGTB implementada ocho años antes por Kathleen Sebelius, entonces gobernadora demócrata.

Pues bien, Sam Brownback ha sido nominado por Donald Trump como nuevo embajador del Departamento de Estado para la libertad religiosa, un cargo creado en 1998 y cuya función es la de  velar por la “libertad religiosa” en el mundo (aún debe ser ratificado por el Senado, pero nadie espera que en este caso haya sorpresas). Por mucho que su nominación sea vista por muchos como una forma de dar continuidad a la carrera política de Brownback (uno de los gobernadores con menor popularidad del país), el hecho de que una persona con un perfil tan marcadamente LGTBfobo sea considerada la más idónea para este puesto muestra que para la administración Trump “libertad religiosa” y oposición a los derechos LGTB van de la mano.

Rumores de una próxima orden ejecutiva anti-LGTB

Si a estas decisiones y al historial de Trump (que en el tiempo que lleva en el despacho oval ya ha aprobado unas cuantas como una Ley de Libertad Religiosa o la derogación de la protección de personas trans en los centros educativos públicos, entre otras muchas), unimos el reciente (y sorpresivo) anuncio en Twitter de que las personas transexuales tendrán vetado el acceso al Ejército estadounidense, no es de extrañar que de nuevo se hayan reavivado los rumores de que Donald Trump podría emitir en breve la tan temida orden ejecutiva para revertir, en nombre de la “libertad religiosa”, la prohibición decidida por Barack Obama en 2014 de que aquellas empresas y negocios que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminen a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género.

A finales de enero, de hecho, numerosos medios recogieron la existencia de un borrador en ese sentido, aunque finalmente la Casa Blanca emitió un comunicado desmintiendo que en ese momento estuviese en la agenda de Trump la anulación de la orden de Obama. Fuentes cercanas a la Casa Blanca aseguraron entonces que la hija y el yerno de Donald Trump fueron los responsables de que el presidente no firmara la orden ejecutiva contra el colectivo LGTB. Semanas después, Donald Trump sí que emitió una orden ejecutiva sobre “libertad religiosa”, pero menos polémica de los previsto. Su objetivo no era otro que facilitar a los grupos religiosos intervenir en política sin perder por ello sus ventajes fiscales, pero dejaba fuera los aspectos relacionados con los derechos LGTB. Sin embargo, los recientes acontecimientos y el anuncio por parte de Tony Perkins, presidente del ultraconservador y LGTBfobo Family Research Council, de que Trump podría haber decidido rescatar la orden y firmarla en próximos días ha disparado de nuevo las alarmas. Veremos qué sucede.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Algunos de los equipos defensores de las parejas del mismo sexo que han demandado a sus estados por no permitirles contraer matrimonio han decidido solicitar que los jueces castiguen las prácticas abusivas de las fiscalías. En Wisconsin y Carolina del Sur se han presentado solicitudes judiciales para que se condene a los representantes jurídicos de los estados a sufragar las minutas de los abogados defensores. Las cifras pueden superar el millón de dólares en Wisconsin y los cien mil dólares en Carolina del Sur.

El equipo legal de la organización de defensa de los derechos civilesAmerican Civil Liberties Union (ACLU) fue el encargado de sostener la demanda presentada por ocho parejas del mismo sexo a quienes el estado de Wisconsin impedía contraer matrimonio o no reconocía sus enlaces celebrados en otros estados. Aunque la sentencia del tribunal federal presidido por la juez Barbara Crabb fue favorable al matrimonio igualitario, los demandantes tuvieron que enfrentarse a prácticas por parte de la Fiscalía de Wisconsin cuyo objetivo era la mera dilación del proceso.

El fiscal general del estado, el fuertemente conservador J.B. Van Hollen, intentó por todos los medios retrasar la ejecución de la sentencia, consiguiendo que la juez Crabb la suspendiera en espera de la apelación. La juez, sin embargo, estableció un plazo de diez días antes de la suspensión, plazo en el cual algunas secretarías de los condados facilitaron licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. La reacción del fiscal fue la de amenazar con demandas a los secretarios que cumpliesen con la sentencia federal y la de calificar a los matrimonios celebrados de “ficticios”.

La Corte de Apelaciones del 7º Circuito, al que pertenece Wisconsin,confirmó la sentencia favorable al matrimonio igualitario, aunque el fiscal continuó recurriendo hasta llegar al Tribunal Supremo. El alto tribunal no admitió a trámite el recurso y desde esa fecha el matrimonio entre personas del mismo sexo adquirió completa legalidad en el estado de Wisconsin.

Pero el equipo legal de ACLU considera que las prácticas disuasorias de la Fiscalía merecen  un resarcimiento. Según se hace constar en la petición presentada, ”la decisión de los demandados de presentar innumerables mociones, hallazgos, nuevos argumentos y tratar frenéticamente de detener los matrimonios, produjo un aumento de la complejidad sustantiva y procesal de los demandantes e incrementó el trabajo de sus abogados, tanto en el tribunal de primera instancia como en el tribunal de apelaciones, y por lo tanto el tiempo requerido para el procedimiento“.

Por ello, teniendo en cuenta que la ley federal en los pleitos civiles puede compensar en este sentido a los demandantes, han solicitado que la Fiscalía de Wisconsin se haga cargo de la minuta del equipo defensor por el trabajo y las horas añadidas con sus prácticas. La cifra asciende a casi 1.250.000 dólares (algo más de 1.000.000 de euros). Desde la oficina del fiscal general no se han querido hacer declaraciones.

Petición de resarcimiento en Carolina del Sur

Los abogados defensores de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Carolina del Sur por no permitirles contraer matrimonio esgrimen un argumento semejante, aunque con sus diferencias.

Carolina del Sur pertenece al ámbito de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en el mes de julio corroboró la sentencia que había declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Virginia. Al igual que en el caso de Wisconsin, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso contra ese dictamen. Por ello, según argumentan los abogados de los demandantes, el estado de Carolina del Sur debería haber acatado la jurisprudencia de su Corte de Apelaciones, aceptada de facto por el Tribunal Supremo, y haber derogado las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, la Fiscalía, al cargo del también ultraconservador Alan Wilson, no solo continuó defendiendo esas leyes ante el tribunal federal presidido por el juez Richard Mark Gergel, sino que, cuando este dictaminó a favor del matrimonio igualitario, intentó su suspensión permanente durante el proceso de apelación, que fue denegada por la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, e incluso llegó a recurrir al Tribunal Supremo, que tampoco admitió la solicitud. Tras todo este proceso, se celebraron los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo  en Carolina del Sur.

A pesar de todo, la Fiscalía ha continuado con el proceso de apelación, a sabiendas de la práctica seguridad del resultado adverso a su propósito tanto ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito como ante el Tribunal Supremo.

Y ese es precisamente el argumento del equipo de abogados defensores, que denuncian que todo ese trámite inútil acarrea cientos de horas de trabajo para sus bufetes, que deben contrarrestar ante los tribunales las apelaciones de la Fiscalía. Por ello han solicitado que el departamento presidido por el fiscal Wilson se haga cargo de los emolumentos correspondientes a las horas dedicadas al alargamiento del proceso, que cifran en unos 150.000 dólares (unos 120.000 euros).

Si prosperan estas solicitudes, estos emolumentos se sumarán al no cifrado pero sin duda enorme gasto en recursos públicos, e incluso en contratación de bufetes privados, que los estados han dilapidado en la defensa de las leyes contrarias a la igualdad de derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Desde la izquierda: Sixth Circuit Judges Martha Craig Daughtrey, Jeffrey S. Sutton, and Deborah Cook

Un tribunal de apelaciones confirmó este jueves por primera vez en Estados Unidos una prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo y argumentó que el tema no debe ser dirimido en una corte de justicia.

Un panel de tres jueces de la Corte federal de Apelaciones del 6º Circuito, en una sentencia que contradice las ya emitidas por otros circuitos, ha rechazado por dos votos a uno que la prohibición del matrimonio igualitario por los estados viole la Constitución de los Estados Unidos. Por el momento, la decisión mantiene vigente la prohibición del matrimonio igualitario en Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, y dispara las posibilidades de que el Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazó pronunciarse sobre el tema, tenga finalmente que tomar una decisión sobre el matrimonio igualitario.

La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), ha decidido sobre sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

La decisión de la Corte de Apelaciones ha sido tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Ya durante la fase de audiencia, en función de las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces, quedo relativamente claro que Daughtrey era favorable a confirmar las sentencias previas, dando vía libre al matrimonio igualitario, mientras que Cook era contraria. La duda era la postura que finalmente adoptaría Sutton, un juez nominado por George Bush hijo y confirmado por el Senado en 2003. El juez Jeffrey S. Sutton desestimó las decisiones de tribunales inferiores que consideraban inconstitucionales las leyes de esos cuatro estados que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez Sutton ha centrado su argumentación no en el fondo de la cuestión si no en quién debe decidir si se permiten o no estas uniones. En su opinión, la legalidad del matrimonio de parejas homosexuales no puede determinarla una “corte intermedia” como la suya, sino “el menos rápido, pero normalmente fiable, trabajo de los procesos democráticos del estado”.

Una decisión a contracorriente

Finalmente Daughtrey y Sutton han optado por contradecir las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se han pronunciado (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que han hecho lo propio (por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana). El 6ª Circuito considera así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto al derecho a la igual protección recogido en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

La sentencia del 6º Circuito se enmarca dentro de la denominada corriente “originalista”, que defiende limitarse, en la interpretación del texto constitucional, a la que se supone era la intención original de los redactores del texto. La 14ª enmienda, conviene precisar, data de 1868 y se redactó como una forma de resolver algunas de las dudas constitucionales que planteaba el final de la esclavitud una vez terminada la Guerra de Secesión. Posteriormente ha servido como base para decisiones históricas del Tribunal Supremo, como la que en 1973 dio protección constitucional a las mujeres para abortar.

El 6º Circuito llega a argumentar en su sentencia (que puedes descargar aquí) que la “tradición” justifica que la legislación del matrimonio permanezca bajo el control de los estados e incluso introduce de nuevo en el argumentario factores como la “procreación” o la “crianza de los hijos” para justificar que haya estados que prefieran mantener el matrimonio como una institución exclusiva de parejas heterosexuales. “Imaginen una sociedad sin matrimonio… Quizá las personas no necesiten el estímulo del gobierno para tener relaciones sexuales, o para mantener la especie. Pero sí necesitan el apoyo del gobierno para crear y mantener relaciones estables en la que los hijos puedan florecer“, expresa la sentencia…

Según el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito -que cubre cuatro estados del centro del país: Michigan, Ohio, Tennessee y Kentucky- la Constitución de Estados Unidos no prohíbe que los estados definan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En la decisión de este jueves, que se aprobó por dos votos contra uno, la corte dijo que mientras que la definición de matrimonio claramente estaba cambiando en Estados Unidos, las sentencias de los tribunales no eran la forma apropiada para realizar ese cambio. Según la sentencia, el sistema federal del país hace que los estados se conviertan en “laboratorios de experimentación”, permitiendo “a un estado innovar de una manera (y) a otro, de otra”. Además, los jueces opinaron que una herramienta como la votación sería el mejor método para el cambio. “Cuando los tribunales no dejan que el pueblo resuelva los nuevos temas sociales como este, perpetúan la idea de que los héroes en estos eventos de cambio son los jueces y abogados”, dice la sentencia.

Es casi seguro que este fallo contrario al matrimonio homosexual derive en la presentación del caso a la Corte Suprema, que recientemente decidió no considerar un caso sobre el casamiento entre personas del mismo sexo.

Vía directa al Supremo

Caben ahora dos posibilidades de recurso: los demandantes podrían solicitar que la decisión fuera revisada en pleno por los 16 jueces que integran la Corte de Apelaciones o directamente acudir al Tribunal Supremo. Según las informaciones más recientes, esta última parece ser la opción preferida. El Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazaba pronunciarse sobre las apelaciones que entonces le habían sido presentadas y daba de esa forma vía libre al matrimonio igualitario en varios estados, parece que no tendrá en esta ocasión otro remedio que agarrar el toro por los cuernos y poner orden, al existir jurisprudencia claramente contradictoria y no quedar ya estamentos judiciales intermedios.

La sentencia del 6º Circuito, de hecho, retrotrae la situación a la de hace unos meses, cuando todos los observadores daban por hecho que el alto tribunal no tendría más remedio que pronunciarse. Declaraciones como las de la magistrada del Supremo Ruth Ginsburg (uno de los votos considerados “seguros” a favor del matrimonio igualitario), aludiendo a que si todas las sentencias de las Cortes de Apelaciones eran unánimes no había necesidad de que el Supremo se precipitara, habían hecho pensar sin embargo que la cuestión podría quedar resuelta  sin intervención del Supremo. Pero conviene recordar que en esas mismas declaraciones Ginsburg daba gran importancia a la sentencia del 6º Circuito, que ya muchos analistas consideraban sería desfavorable al matrimonio igualitario. Así ha sido.

En caso de que el Supremo decida aceptar la apelación, deberá dilucidar si el derecho de dos personas del mismo sexo a contraer matrimonio goza de protección por la 14ª enmienda, y por tanto no hay estado que pueda impedir su celebración. En el caso de que el Supremo se pronunciara en contra, cada estado podría decidir celebrar o no bodas en su territorio.

Hay que recordar de todas formas que el Supremo ya se ha pronunciado de forma parcial sobre el matrimonio igualitario. Fue en 2013, cuando declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en aquellos lugares donde fuera legal). Una sentencia que está en el origen de toda la escalada judicial, y que echando la vista atrás ha resultado pieza clave en el avance del matrimonio igualitario en Estados Unidos.

El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional y las apelaciones de cinco estados que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo. La decisión por omisión provocó que en esos cinco estados (Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana) se pudieran oficiar bodas de manera inmediata.

El mes pasado, el gobierno federal dijo que reconocería los matrimonios entre personas del mismo sexo en seis estados donde hasta ahora no lo hacía, por lo que ya son en total 32 estados de los 50 donde estas uniones se reconocen, además de en el Distrito de Columbia.

Mientras, en Misuri, sentencia favorable al matrimonio igualitario

Lo cierto es que pese a la sentencia del 6º Circuito la marcha hacia la extensión del matrimonio igualitario en Estados Unidos continúa a velocidad de crucero. El último estado en contar con una sentencia favorable es Misuri, donde el juez federal Ortrie D. Smith ha considerado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en este estado. Como en caso anteriores, el propio juez mantiene cautelarmente suspendida la aplicación de la sentencia (que puedes descargar aquí) hasta que se decida la segura apelación. Se da la circunstancia de que en Misuri ya se habían emitido dos sentencias favorables al matrimonio igualitario, aunque de la mano de jueces estatales.

Además de Misuri, otros estados donde en este momento están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario son Florida  (11º Circuito) y Texas (5º Circuito). También en Kansas ha habido sentencia favorable, pero en este caso el Circuito de Apelaciones a cuya jurisdicción permanece el estado (el Décimo) ya ha fallado a favor del matrimonio igualitario, lo que complica que la prohibición se alargue mucho más allá del 11 de noviembre, fecha que el juez puso como límite para que se formalizaran recursos.

Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

FuenteDosmanzanas,  SentidoG  y Cáscara amarga

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Confirmado: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutirá el 29 de septiembre si por fin acepta estudiar las apelaciones a las sentencias que hasta el momento han emitido tres diferentes Cortes de Apelaciones considerando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se abren diversas posibilidades, pero cada vez parece más claro que el destino del matrimonio igualitario en todo el país se decidirá antes de lo que nadie preveía hace solo un año.

Hasta el momento son tres las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han fallado: la del 10º Circuito (que ha emitido dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma), la del 4º Circuito (que ha emitido una sentencia referida a Virginia) y la del 7º Circuito, que hace pocos días emitía una sentencia referida a Indiana y Wisconsin. El ponente de esta última fue Richard Posner, uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, que en un impactante texto llegaba a ridiculizar los argumentos de los contrarios al matrimonio igualitario. En todos los casos las sentencias han sido emitidas por un panel de tres jueces (en los tres primeros por dos votos a uno, y en el tercer caso por unanimidad de los tres).

Curiosamente en todos los estados afectados los recurrentes (en la mayoría de los casos sus fiscales generales) han renunciado al derecho que tenían a ser escuchados por el pleno de cada una de las Cortes de Apelaciones y han apelado directamente al Tribunal Supremo, al que han pedido que aclare definitivamente la cuestión. Ahora es pues el turno de los nueve jueces de la más alta instancia judicial de los Estados Unidos.

Diversas posibilidades

En su reunión del 29 de septiembre, los jueces del Supremo pueden decidir que admiten uno, varios o todos los casos. Lo previsible es entonces que se prolongue la suspensión cautelar de las sentencias hasta que haya una decisión definitiva, muy probablemente ya en 2015. Decisión que según los términos en los que se planteara podría afectar a todo el país, si establece claramente que la prohibición del matrimonio igualitario es efectivamente inconstitucional. En caso contrario, la situación quedaría como ahora: cada estado podría decidir si celebrar o no matrimonios. Podría haber incluso decisiones intermedias, si el Supremo decide ser selectivo y resolver en primer lugar el problema del reconocimiento de los matrimonios celebrados en un estado por otro.

El Supremo podría optar por el contrario por rechazar los casos, lo que de facto supondría dar validez inmediata a las sentencias de las Cortes de Apelaciones y que las bodas entre personas del mismo sexo pudieran comenzar en aquellos estados en los que ya hay un pronunciamiento judicial… y en el resto de estados sometidos a la jurisdicción del correspondiente circuito. En el caso del 10º Circuito, por ejemplo, también en Colorado (donde de hecho ya se ha producido otra sentencia favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez federal), Kansas o Wyoming.

En definitiva, las posibilidades teóricas son diversas, aunque cada vez parece más claro que la avalancha judicial a la que dio origen el propio Tribunal Supremo hace pocos más de un año al declarar inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) solo puede culminar con una decisión clara, sea en un sentido o en otro.

Se prevén incluso más sentencias…

Todo ello sin olvidar que ni mucho menos la avalancha ha cesado: están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas en Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas.

De hecho, el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado a las partes. Y también lo ha hecho el 9º Circuito, que debe decidir sobre Idaho y Nevada (en este último estado la situación es algo diferente, ya que el caso ha llegado a la Corte de Apelaciones por otra vía jurídica, sin que exista una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario).

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

Fuente Dosmanzanas

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Suma y sigue. El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, ha fallado por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se trata del tercer circuito federal que se pronuncia contra la prohibición del matrimonio igualitario, con una sentencia en la que además el que está considerado uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculiza los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse…

Uno de los principales argumentos de los opositores al matrimonio igualitario en Indiana y Wisconsin era el interés legitimo del estado en proteger la función reproductiva. Un argumento que Posner, ponente de la sentencia (que puedes descargar aquí) derriba al recordar que el estado de Indiana prohíbe casarse a los primos hermanos de distinto sexo… hasta que tienen 65 años, una vez que ya resulta imposible concebir hijos. “Indiana ha inventado una insidiosa forma de discriminación: favorecer a los primos hermanos, siempre que no sean del mismo sexo, sobre los homosexuales. Los primos, cuando son mayores, se pueden casar porque ya no pueden producir niños. A los homosexuales se les prohíbe casarse porque no pueden producir niños”, argumenta el juez.

“El gobierno de Indiana piensa que las parejas heterosexuales tienden a ser sexualmente irresponsables, produciendo un montón de hijos no deseados, de forma que hay que presionarles (en forma de estímulo gubernamental del matrimonio a través de una combinación de palos y zanahorias) para casarse. Pero las parejas homosexuales, incapaces como son de tener hijos, sean deseados o no, son padres modelo -ciudadanos modelo- así que no necesitan el matrimonio”, ironiza después Posner. “Los heterosexuales se emborrachan y se embarazan, produciendo hijos no deseados. Su recompensa es que se les permite casarse. Las parejas homosexuales no producen hijos no deseados. Su recompensa es que se les niega el derecho a casarse. Figúrense”, añade…

“La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional”

Lo cierto es que la sentencia de Posner, un conservador propuesto como juez federal por Ronald Reagan en 1981 y que está considerado como uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, es rotunda, y expone de forma muy clara las desventajas que a las parejas del mismo sexo y a sus familias (porque Posner deja bien claro que pese a no engendrar hijos biológicos comunes las parejas del mismo sexo sí tienen hijos) les supone el no poder acceder al matrimonio. “La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional, y por tanto inconstitucional, sin necesidad de considerarla sujeta a mayor escrutinio”, escribe en un momento determinado Posner.

El “mayor escrutinio”, o “heightened/strict scrutiny”, es un término propio del sistema constitucional estadounidense, según el cual en ciertas situaciones la deliberación judicial no debe basarse solo en un mero argumento racional, sino en un análisis del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno -que podrían justificar incluso la vigencia de una disposición discriminatoria- y los principios constitucionales.

Cuarta sentencia favorable en una Corte de Apelaciones

La decisión unánime del 7º Circuito, contraria a las apelaciones formuladas contra sentencias favorables al matrimonio igualitario en Indiana y en Wisconsin, está en cualquier caso en la línea de las tres ya emitidas por otras dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo): dos por el 10º Circuito (referidas a Utah y Oklahoma, cuyos casos se fallaron separadamente) y una por el 4º Circuito (referida a Virginia).

El fallo establece además un plazo de 21 días, transcurridos los cuales, si no media una petición de suspensión cautelar hasta que una instancia superior decida una posible apelación, comenzarían a celebrarse bodas en Indiana y Wisconsin. Aunque dados los antecedentes de los sucedido en los otros circuitos es muy posible que dicha suspensión se pida y sea concedida (ya sea por la propia Corte de Apelaciones o por el propio Tribunal Supremo).

Están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por jueces federales de Colorado, Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas (el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee) ya ha escuchado por ejemplo a las partes.

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario. Por el momento, como informábamos por cierto hace un día, solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

El Supremo, cada vez más cerca…

Lo cierto es que poco más de un año después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), punto de origen de todo este proceso, muy pocos esperaban que se hubiera avanzado tan rápido. Los analistas ven de hecho muy probable que el Tribunal Supremo acuerde revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Por lo pronto, Utah y Oklahoma ya lo han solicitado.

Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país. Una expectativa que se vio reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”.

El Supremo también podría optar por no aceptar ninguno de los casos que le lleguen, lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Pero no es por lo que apuestan los analistas políticos. Un escenario que además sería difícilmente sostenible si se producen sentencias contradictorias entre diferentes circuitos, algo que aún no ha sucedido pero que es un escenario más que posible.

Fuente Dosmanzanas

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Todos los analistas coincidían en que tenía que suceder en algún momento, y finalmente ha sido este miércoles 3 de septiembre. Por primera vez desde la histórica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, un juez federal ha considerado que el hecho de que un estado prohíba el matrimonio igualitario no viola la Constitución de los Estados Unidos. Ha sido -posiblemente no podía ser de otra manera- en Luisiana, un estado del sur profundo. El propio juez, en su sentencia, reconoce no obstante que otras instancias superiores pueden decidir lo contrario.

El juez Martin Feldman (en la fotografía) es el primero de los numerosos jueces federales que se han pronunciado sobre la materia que en su sentencia (a la que puedes acceder pinchando aquí) considera que la libertad de los estados para legislar el matrimonio está por encima de las consideraciones de los demandantes, y que la prohibición del mismo a las parejas del mismo sexo no supone una violación del derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. En este sentido, Feldman adopta un criterio contrario al que anteriormente han adoptado jueces federales de Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia o Wisconsin (sentencias emitidas por jueces federales. Ni siquiera incluimos en esta lista las sentencias emitidas por jueces estatales).

En Oregón y Pensilvania las sentencias favorables al matrimonio igualitario adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario.  Y ya hay, no lo olvidemos, dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han ratificado tres sentencias a favor del matrimonio igualitario: las del 10º Circuito (las sentencias referidas a Utah y Oklahoma) y del 4º Circuito (la sentencia referida a Virginia).

Pero hay más Cortes de Apelaciones pendientes de pronunciarse. El 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado por ejemplo a las partes. También lo ha hecho ya el 7º Circuito, que debe decidir sobre Indiana y Wisconsin.

Los argumentos de Feldman…

La sentencia de Feldman (un juez de 80 años nominado en 1983 por Ronald Reagan y confirmado ese mismo año por el Senado) supone un primer contratiempo en la carrera judicial en favor de la igualdad de todas las parejas en el acceso al matrimonio en Estados Unidos, y que previsiblemente el Tribunal Supremo tendrá que dirimir más pronto que tarde.

Sus argumentos no son por otra parte especialmente llamativos, en tanto que se alinean con la postura clásica que en su día incluso sirvió para defender el matrimonio igualitario en los estados más “liberales”: que la legislación matrimonial es competencia de los estados (Luisiana aprobó en 2004 incluir la prohibición del matrimonio igualitario en la Constitución estatal por un 75 % de los votos) y que los derechos en litigio no son derechos fundamentales que gocen de protección constitucional a nivel federal.

Martin Feldman, eso sí, no duda en hacer un guiño a los más conservadores al preguntarse en su sentencia si la consideración del matrimonio igualitario como un derecho fundamental no forzaría a que después se reclamara también el matrimonio entre una tía y una sobrina, una tía y un sobrino, dos hermanos, un padre y un hijo o dos menores. “Todas esas uniones estarían sin duda alguna igualmente comprometidas en su amor y voluntad de cuidar uno del otro, al igual que los demandantes”, expresa Feldman. Los demandantes, en este caso, son varias parejas del mismo sexo casadas en otras jurisdicciones en las que el matrimonio igualitario es legal pero cuya unión no es reconocida en el estado de Luisiana.

… y su reconocimiento de que no tiene la última palabra

Pese a todos sus argumentos, no deja de llamar la atención un párrafo de la sentencia en la que el propio juez da muestras de no estar convencido de que su criterio sea el que definitivamente se imponga, al reconocer expresamente que “muchos otros tribunales tendrán la oportunidad de discutir el matrimonio entre personas del mismo sexo: tribunales de apelación, y en un momento determinado, el Tribunal Supremo. La decisión de este tribunal, aunque fundamentada, no es más que una entre muchas”.

¿La venda antes que la herida? Veremos lo que sucede finalmente…

Fuente Dosmanzanas

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El juez federal John G. Heyburn ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Kentucky es inconstitucional. La sentencia ha quedado en suspenso hasta que se resuelva la ya anunciada apelación. El mismo juez ya había fallado el pasado mes de febrero a favor del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados, fallo también suspendido cautelarmente.

Dos parejas del mismo sexo habían demandado al estado de Kentucky por no permitirles contraer matrimonio, en aplicación de la enmienda a la Constitución estatal que establece que “tan solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido o reconocido como matrimonio en Kentucky. No será válida ni se reconocerá ninguna condición jurídica idéntica  o sustancialmente similar a la del matrimonio para las personas solteras”. Es decir, no solamente se prohibía el matrimonio igualitario, sino también cualquier tipo de unión civil que otorgara algún derecho a las parejas del mismo sexo. Dicha enmienda fue aprobada por referéndum en noviembre de 2004 con un 75 % de votos favorables, en uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos. Aun a fecha de hoy, tan solo un 35 % de los ciudadanos de Kentucky se muestra favorable al matrimonio igualitario, según las últimas encuestas.

Como en las sentencias precedentes dictaminadas en otros estados, el juez Heyburn ha fallado que la prohibición del matrimonio igualitario recogida en esa enmienda viola los derechos de los demandantes a la igual protección y debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Según el juez, “a veces, en defensa de la igualdad de derechos de una minoría, los tribunales necesariamente deben exigir a los demás que contengan sus antiguos comportamientos o frenen su instinto personal. No parece que este sea el caso. Asegurar la igualdad de protección para las parejas del mismo sexo no disminuye la libertad de los demás en grado alguno. Así, el derecho a contraer matrimonio de las parejas del mismo sexo parece ser un derecho constitucional ‘sin costes’. Con suerte, incluso aquellos que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo lo verán de esta manera en el futuro”.

Dado que el fiscal general de Kentucky, Jack Conway, había rehusado defender la prohibición del matrimonio igualitario ante los tribunales, el gobernador Steve Beshear contrató los servicios de un bufete de abogados privado. Los argumentos presentados por este equipo legal se limitaban a exponer que tan solo el matrimonio entre dos personas de distinto sexo garantiza la procreación y mantiene la tasa de natalidad. El juez Heyburn estimó en su sentencia que “esos argumentos no son propios de gente seria”. Según el juez, “­aun asumiendo que el estado tenga un interés legítimo en la promoción de la procreación, no se ha demostrado que la exclusión del matrimonio de las parejas del mismo sexo pueda tener algún efecto sobre la procreación entre los cónyuges heterosexuales’‘.  También añadió que “en los Estados Unidos, ni siquiera las más sinceras y tradicionales creencias religiosas deben prevalecer sobre los derechos constitucionales de quienes hayan perdido una votación”.

La oficina del gobernador ha comunicado su intención de apelar la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, al igual que hizo el pasado mes de febrero con la sentencia, del mismo juez Heyburn, que ordenaba el reconocimiento por parte de Kentucky de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados. Como en aquel caso, el juez ha dictaminado en la misma sentencia la suspensión cautelar de la misma hasta que se decida sobre su apelación.

Reconocimiento de un matrimonio en Indiana

Aunque la Corte de Apelaciones del 7º Circuito decidió suspender la sentencia del juez federal Richard Young que permitía el matrimonio igualitario en Indiana, los defensores de las parejas afectadas por la suspensión, Lambda Legal, presentaron una moción de urgencia ante el alto tribunal para que ordenase excepcionalmente el reconocimiento del matrimonio de una de las parejas demandantes. Se trata de Niki Quasney y Amy Sandler, cuyo matrimonio contraído en Massachusetts ya fue reconocido cautelarmente en primera instancia, debido a que Niki está luchando contra un cáncer de ovario en estadio IV. La suspensión de la sentencia del juez Young dejaba de nuevo indefensa a la pareja en una situación crítica.

Afortunadamente, la Corte de Apelaciones ha considerado la gravedad de la situación y ha dictaminado que Indiana debe reconocer el matrimonio de Niki y Amy como legal a todos los efectos y con carácter inmediato. La oficina del fiscal general de Indiana declaraba su respeto por la decisión judicial, sin hacer más comentarios.

Un proceso imparable

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado decenas de demandas en todos los estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Kentucky se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho, Oregón, Pensilvania, Wisconsin e Indiana. Sin embargo, exceptuando a Oregón y Pensilvania, el resto de las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

Según fuentes jurídicas, la decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de confirmar la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en Utah, también en suspenso, afectaría a los estados de su jurisdicción en los que aún no se han pronunciado los tribunales: Colorado, Kansas y Wyoming. Serían entonces 13 los estados donde el derecho al matrimonio igualitario ha sido reconocido, aunque dicho reconocimiento esté suspendido en espera de apelación.

Por otro lado, en Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con la sentencia también en suspenso. En Tennessee, ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido. En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en trámite (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a todos los territorios judiciales del país y a todos los estados.

Todo parece señalar que la apelación de la mencionada decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito  provocará que el proceso de reconocimiento del matrimonio igualitario culmine, en un futuro más o menos próximo, en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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La sentencia de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, que ratificaba la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Utah, empieza a tener repercusiones en estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo aún es ilegal. En Colorado, que pertenece a la jurisdicción del 10º Circuito, la secretaria del condado de Boulder ha comenzado a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo por entender que las consideraciones de la Corte de Apelaciones le obligan a ello. Fuera de su jurisdicción, el propio alcalde de la ciudad de Saint Louis, en el estado de Misuri, celebró el pasado miércoles 25 de junio cuatro bodas entre parejas del mismo sexo. Todo ello a pesar de las amenazas de denuncia por parte de los fiscales generales de ambos estados.

La Constitución de Colorado contiene una enmienda, aprobada en referéndum en 2006, que describe el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Aunque el pasado 2013 el gobernador del estado promulgaba una avanzada ley de uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, el acceso a la institución matrimonial aún les estaba vedado. Todo ello parece que puede cambiar después de la sentencia de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito, al que pertenece el estado de Colorado.

Así lo estimó Hillary Hall, secretaria del condado de Boulder, que comunicó la tarde del mismo miércoles en que se conoció el dictamen de la Corte de Apelaciones que su oficina facilitaría licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que lo requirieran. Según Hall, la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la sentencia afecta a todos los estados bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito.

“Las parejas de Colorado han esperado durante mucho tiempo a que se reconozca su derecho a casarse con la persona a quien aman”, declaraba Hillary Hall, “quiero actuar de inmediato para que lleven a cabo ese deseo”. Los condados de Lafayette y Longmont también decidieron unirse a esta iniciativa y comenzaron a facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo desde el pasado viernes.

El fiscal general de Colorado, John Suthers, negaba la validez de estas licencias, argumentado que “la decisión de hoy de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito ha sido suspendida por el tribunal y no ha entrado en vigor aún en Utah, y mucho menos en Colorado. Las licencias de matrimonio emitidas a parejas del mismo sexo en Colorado antes de una resolución judicial firme no son válidas”. La secretaria del condado de Bouncer aducía por su parte que “esa es su opinión. No estamos de acuerdo con ello. Vamos a seguir emitiendo licencias de matrimonio hasta que un tribunal de Colorado o el Tribunal Supremo nos diga que desistamos”. Según Hillary Hall, la suspensión de la sentencia de la Corte de Apelaciones afectaba específicamente a Utah pero no al resto de los estados de la jurisdicción.

Uno de los matrimonios celebrados en el condado de Bouncer es el de Jessie Ulibarri y Louis Trujillo. Ulibarri es miembro del senado de Colorado, y decidió casarse inmediatamente después de conocer la disposición de la secretaria del condado. Según Ulibarri, “el fiscal general no puede obligar unilateralmente a un secretario electo a que cese en la emisión de certificados de matrimonio, sin que actúe un tribunal. Sabemos que el amor siempre gana, así que no estamos preocupados por lo que el fiscal general pueda decir acerca de nuestro matrimonio”.

Si el fiscal general de Colorado decidiera acudir a un tribunal estatal o federal para denunciar la emisión de esas licencias de matrimonio, dicho tribunal tendría que considerar lo dictaminado por la Corte de Apelaciones del circuito al que pertenece, que sería siempre su instancia superior. El proceso del reconocimiento judicial del matrimonio igualitario en Colorado se aceleraría, con perspectivas muy halagüeñas.

Boda en Misuri

Esa aceleración del proceso de reconocimiento de los derechos LGTB parece ser objetivo del ayuntamiento de la ciudad de Saint Louis, la segunda en población del estado de Misuri. Coincidiendo con el fallo de la Corte de Apelaciones, aunque la decisión se había tomado con anterioridad, el alcalde de dicha ciudad albergaba en las dependencias municipales la celebración de cuatro matrimonios de parejas del mismo sexo, oficiadas por un juez municipal.

Misuri fue, en 2004, el primer estado en aprobar por referéndum la prohibición del matrimonio igualitario por medio de una enmienda a su Constitución. Sin embargo, Francis Slay, el alcalde de Saint Louis, apoyado por el fiscal de la ciudad, ha considerado que esa prohibición vulnera la Constitución de los Estados Unidos y ha decidido desafiarla. “Esto me hace sentirme orgulloso como ciudadano y como alcalde”, declaraba Slay, que consideraba que “si no lo hacemos nosotros, ninguna otra ciudad de Misuri lo haría”. Los funcionarios del ayuntamiento encargados del registro civil se mostraban dispuestos a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo hasta que los tribunales se lo impidieran.

El fiscal general de Misuri, Chris Koster, aunque es un demócrata partidario del matrimonio igualitario, se vio obligado a acudir al tribunal federal para defender la legislación vigente. Tras su demanda, el juez Rex Burlison ha ordenado a la alcaldía de Saint Louis que cese en la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo hasta que su tribunal decida la validez de los ya celebrados. Y esa era, precisamente, la intención del alcalde Slay, que expresaba su satisfacción por que se acelerase el proceso judicial. “No se equivoquen al respecto”, afirmaba, “tanto yo como todos los que están aquí estamos haciendo esto para forzar la situación y conseguir que la ley ampare a todo el que quiera casarse en el estado de Misuri”.

Suspendido el matrimonio igualitario en Indiana

Como era de esperar, y a pesar de que los activistas LGTB le habían solicitado que se inhibiera, el fiscal general de Indiana, Greg Zoeller, presentó una moción solicitando a la Corte de Apelaciones que suspendiera cautelarmente la sentencia que permite el matrimonio igualitario en el estado hasta que se resuelva su apelación.

Y este viernes 27 de junio, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito ha fallado a favor del fiscal general, y ha decidido la suspensión de la sentencia del juez federal Richard Young, cuando ya se han celebrado centenares de matrimonios entre personas del mismo sexo en el estado. La suspensión no solo afecta a las parejas del mismo sexo que quieran obtener en el futuro sus licencias de matrimonio, sino también a las que habían solicitado que el estado de Indiana reconociese sus enlaces celebrados en otros estados. La situación de las parejas casadas antes de la suspensión queda en el habitual limbo legal, aunque es previsible que sus matrimonios sean reconocidos por la administración federal, como en casos anteriores.

Los defensores de las parejas afectadas por la suspensión, Lambda Legal, emitían el siguiente comunicado en el que expresaban su indignación con esta decisión: ”Por el momento, a las parejas del mismo sexo se les niega una vez más la libertad de contraer matrimonio en Indiana. La orden cautelar emitida por la Corte de Apelaciones no solo paraliza la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, sino que también evita el reconocimiento del matrimonio de Niki Quasney y Amy Sandler, que se concedió cautelarmente porque Niki está luchando contra un cáncer de ovario en estadio IV. Niki, Amy y sus dos hijas necesitan que se les considere una familia legal durante este tiempo terriblemente difícil. Es un error bloquear los matrimonios de todas las parejas y es una vergonzosa exhibición de crueldad hacia Niki y Amy y sus dos hijas, porque el matrimonio es vital en su lucha contra un cáncer agresivo y por estar juntas. Lambda Legal hará todo lo que esté en sus manos para conseguir el matrimonio para todos los residentes de Indiana. Greg Zoeller no tendrá la última palabra, la tendrá la justicia”.

Fuente Dosmanzanas

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