Kim Davis presenta una demanda para evitar que la gente siga demandándola por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales en el estado de Kentucky.

Los abogados de Davis argumentan que Davis tiene derecho a negarse y que los demandantes pueden ir a pedírsela a otro funcionario y no molestarla a ella. 

Kim Davis,  es una señora funcionaria que se casó y se divorció tres veces pero se negó a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales cuando se legalizó el matrimonio igualitario en EE.UU. porque decía que así se lo había pedido Dios. Davis pasó 5 días en la cárcel por incumplir la ley, se convirtió en una mártir de la ultra-derecha religiosa en el país de Donald J. Trump y hasta ha exportado su homofobia a Rumanía. Por desgracia (para nosotros) su drama legal terminó cuando el gobernador de Kentucky cambió esa ley y se aseguró de que Davis dejara de molestar (y de ser molestada).

Pero las demandas contra Davis han seguido presentándose y ella, que está cansada de que todo el mundo la denuncie ha decidido pasar a la ofensiva y junto a sus abogados, los ultra-cristianos del Liberty Counsel, ha presentado una demanda en la Corte de Apelaciones del 6º Circuito de EE.UU. exigiendo que se archiven dos procesos judiciales que aún están abiertos contra ella.

Y es que según sus abogados, el hecho de que Davis se negara a entregar esas licencias a los demandantes no quebrantó ningún derecho de los mismos porque podían habérsela pedido a otra persona y así no violar la “libertad religiosa” de la funcionaria. “Davis tiene derecho a inmunidad frente a los demandantes” dice el texto de la demanda, “puesto que los demandantes no han establecido una violación de su derecho constitucional al matrimonio, de hecho no han demostrado tener ningún derecho constitucional claramente establecido.”

Añade el Liberty Counsel que los demandantes no han especificado en qué lugar de la ley (ya sea bajo la sentencia del supremo del caso Obergefell v. Hodges -el que legalizó el matrimonio igualitario– o cualquier otra) pone que tengan derecho a recibir su certificado de matrimonio de un funcionario en particular (en este caso, Davis) o en un lugar particular (el condado de Rowan, donde trabaja Davis); y básicamente protestan porque se ha vulnerado el derecho de Davis a su libertad religiosa cuando los demandantes podrían haber ido a buscar a otro funcionario en cualquier otro lugar de Kentucky. Con lo cual nadie ha quebrantado sus derechos.

Es decir: que si tú vas a hacer un trámite legal y el funcionario de turno se niega por homófobo, no puedes quejarte porque puedes ir a otro funcionario que te lo haga. Es un poco como decir que si te atracan en mitad de la calle la culpa es tuya porque podrías haber ido por otra calle en la que no te atracaran.

No sabemos hasta qué punto esta demanda de Davis puede llegar a alguna parte, aunque siendo Estados Unidos podemos esperar cualquier cosa. De hecho el mismo Liberty Counsel hace unas semanas quisieron demandar a las Girl Scout y prohibir la venta de sus famosas galletas porque consideran que promueven el aborto y la promiscuidad.

Fuente | Pink News, vía estoyBailando

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Buena respuesta a la noticia que publicábamos hace unos días…

“Emitir una licencia matrimonial que entra en conflicto con la definición divina de matrimonio, con mi nombre en ella, viola mi conciencia. No es un tema inocuo para mí. Se trata del cielo o del infierno”, expresaba en un comunicado Kim Davis, secretaria del condado de Rowan (Kentucky) para justificar su negativa a acatar la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que consideró contrario a la Constitución prohibir el matrimonio igualitario y que, en consecuencia, lo hizo extensivo a todo el país. El pasado martes, al ser preguntada por una pareja del mismo sexo sobre bajo qué autoridad les negaba su solicitud, respondía que “bajo la autoridad de Dios”. Este jueves un juez federal ha decretado su ingreso en prisión por un delito de desacato.

La vida de esta delincuente no ha sido precisamente ejemplar en su respeto a la “santidad” del matrimonio: divorciada tres veces, casada cuatro (dos de ellas con el mismo marido), tuvo dos hijos fuera del matrimonio… Hace cuatro años, sin embargo, se refugió en la religión y se convirtió en una ”cristiana renacida”. Elegida por sus conciudadanos como secretaria del condado en 2014 (tiene, de hecho, afiliación demócrata) dispone de un mandato de cuatro años, y no puede ser despedida. Sucedía en el cargo a su propia madre, que lo ocupó durante 37 años… Biografías aparte, su rebelión contra el estado de derecho es ya todo un símbolo de la resistencia de la derecha religiosa estadounidense contra el matrimonio igualitario.

Después de que el Tribunal Supremo diera a conocer su histórica sentencia sobre el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo, en varios estados del sur se vivieron varios conatos de rebelión contra la decisión, protagonizados sobre todo por personalidades conservadoras, como el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, o el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. La fuerza de los hechos ha debilitado –que no vencido–esta resistencia inicial, pero el fanatismo de Davis, que dispuesta desde el primer momento a convertirse en una “mártir cristiana”, ha permanecido incólume, y su caso ha sido el primero al que la justicia federal ha tenido que enfrentarse al máximo nivel. Y lo ha hecho con rotundidad.

Como protesta contra la decisión del Supremo, Kim Davis decidió dejar de emitir licencias de matrimonio argumentando el principio de libertad religiosa. Cuatro de las parejas que recibieron la negativa (dos del mismo sexo y dos de distinto sexo) la demandaron ante la justicia federal. Y el juez federal David Bunning les dio la razón, al considerar en su sentencia que las creencias religiosas de Davis no la liberan de cumplir con las que son sus obligaciones como funcionario público.

Davis recurrió ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, bajo cuya jurisdicción se encuentra Kentucky. Hace una semana el panel de tres jueces al que correspondió analizar el caso decidía de forma unánime avalar la decisión del juez Bunning y ordenaba a Kim Davis comenzar a emitir licencias de matrimonio. Los abogados de Davis acudieron entonces al Tribunal Supremo, para conseguir que este emitiera, como hace en otros casos (lo hizo, por ejemplo, con sentencias favorables al matrimonio igualitario) una orden de suspensión temporal de la sentencia. El Supremo se limitó a rechazar la petición el pasado lunes, sin acompañar el rechazo de pronunciamiento alguno. Davis debía comenzar a emitir licencias de matrimonio, tal y como es su deber como persona al cargo de dicha tarea en el condado de Rowan, y punto. Pero llegó el martes, y Kim Davis continuó negándose, al tiempo que hacía público el comunicado al que hacíamos alusión en la introducción.

Antes de ser encarcelada, se le dio la oportunidad de delegar en otros

Este jueves, finalmente, el juez David Bunning la citaba para decidir, tras escuchar sus alegaciones, si la condenaba a prisión por desacato. Es importante destacar que Bunning se había mostrado dispuesto a evitar el encarcelamiento si Davis hubiese aceptado, al menos, delegar la concesión de licencias de matrimonio a sus funcionarios subordinados. Aunque con diferente grado de “entusiasmo”, cinco de los seis se habrían mostrado dispuestos a hacerlo. Un sexto, hijo de la propia Kim Davis, se habría negado también. Pero Davis ni siquiera ha aceptado este arreglo, y el juez no ha tenido otro remedio que enviarla a prisión. “Este tribunal no puede tolerar la desobediencia consciente a una orden judicial legalmente emitida”, ha argumentado.

El culebrón Davis, en cualquier caso, no puede darse aún por terminado. Personalidades conservadoras, especialmente del bando político republicano, ya le han mostrado su apoyo. Lo que suceda finalmente con ella será un buen termómetro de hasta qué punto el estado de derecho aguanta, en los Estados Unidos, el embate del fundamentalismo cristiano. El condado de Rowan no es el único que se resiste a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Hay otros varios diseminados no solo por Kentucky, también en Alabama o en Texas. Diversos recursos judiciales están en curso, y los sectores más reaccionarios no van a cejar en su empeño. No olvidemos que, perdida la batalla de la extensión del matrimonio igualitario a todo el país, se abre con fuerza la batalla de restringir los derechos de las parejas del mismo sexo, casadas o no, en base al tramposo argumento del respeto a la “libertad religiosa”. La guerra no está ni mucho menos ganada.

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Por una mayoría de 5 votos favorables a 4, el plantel de jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dictaminado que el matrimonio es un derecho constitucional del que no se puede excluir a las parejas del mismo sexo. El espíritu de la sentencia puede resumirse en su resolución final, en la que los magistrados favorables estiman que las parejas demandantes reclamaban “igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho”. Contra esta argumentación, la minoría disidente alude a argumentos caducos como el relacionar matrimonio y procreación o el socavamiento de la libertad religiosa.

Las previsiones más optimistas se han visto cumplidas y la más alta instancia judicial de los Estados Unidos, su Tribunal Supremo, intérprete máximo de la Constitución, ha dictaminado que las parejas del mismo sexo de todo el país tienen el derecho constitucional a contraer matrimonio, sea cual sea el estado en el que residan. Así, el matrimonio igualitario alcanza a todos aquellos estados donde las leyes que lo prohibían aún estaban vigentes o pendientes de resolución judicial definitiva: Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Texas, Misuri, Arkansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ohio y Michigan. La sentencia también afectará a otros territorios vinculados a las decisiones del Tribunal Supremo, como Puerto Rico.

Los nueve jueces del Tribunal Supremo debían discernir si las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito se ajustaban a la Constitución de los Estados Unidos. Las cuatro parejas recurrentes reclamaban el derecho a contraer matrimonio en su estado de residencia, o a ver reconocido el contraído en otro estado donde era legal. Afectaban a sentencias de los estados de Tennessee, Michigan, Kentucky y Ohio.

Todas ellas se aunaron en el caso Obergefell v. Hodges, que finalmente fue aceptado por el Tribunal Supremo para su consideración a principios de año. El caso hacía referencia al recurrente de Ohio, a quien se había denegado el reconocimiento de su matrimonio celebrado en Maryland, un estado que sí permitía casarse a las parejas del mismo sexo. Aunque la pareja consiguió una sentencia favorable de un tribunal federal, la Fiscalía de Ohio recurrió ante la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito, que anuló tanto esa sentencia como las que habían tenido lugar en los otros estados de su jurisdicción.  Lamentablemente, el marido de Jim Obergefell, John Arthur, murió de una enfermedad terminal en plena lucha por sus derechos constitucionales.

El ponente de la sentencia ha sido el juez Anthony Kennedy (el mismo del fundamental y precursor caso Windsor), a quien se han unido con su voto favorable los jueces Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El juez Kennedy establece que el matrimonio es un derecho fundamental, y que “la identificación y protección de los derechos fundamentales es una parte perdurable de la obligación judicial de interpretar la Constitución”. Prohibir ese derecho fundamental a un grupo determinado de ciudadanos vulnera la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ampara el derecho al debido proceso y la igual protección ante la ley: ”Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a una ley que limite los privilegios o exenciones de los ciudadanos de los Estados Unidos; ningún tribunal de cualquiera de los estados podrá privar a una persona de su vida, su libertad o propiedad sin el debido proceso legal; ni podrá denegar a una persona dentro de su jurisdicción la igual protección ante las leyes. Si los estados permiten que las personas se casen con otras personas del sexo opuesto de su elección, deben permitir que las personas hagan la misma elección con cónyuges del mismo sexo”.

Discriminación histórica

No obstante, algunos esperaban que los fundamentos del fallo hicieran referencia a la orientación sexual como merecedora del más alto escrutinio, el mismo que merecen el sexo, la raza o el origen étnico. Eso hubiera significado que ninguna ley, mandato u ordenanza podría discriminar, ni siquiera por omisión, a los ciudadanos de los Estados Unidos en base a su orientación sexual. Sin embargo, la sentencia únicamente se ha ceñido al derecho al matrimonio y a la vulneración de la igual protección ante la ley en ese ámbito.

Aunque el dictamen contiene un detalle que no se ha pasado por alto: el juez Kennedy califica la orientación sexual de gais, lesbianas y bisexuales como “de naturaleza inmutable”, incidiendo más tarde en que “los psiquiatras y otros expertos han reconocido que la orientación sexual es una expresión normal de la sexualidad humana y es inmutable”. Esta calificación da fin a cualquier debate jurídico sobre la elección arbitraria de la orientación sexual y abre la puerta a que en futuros casos se le estipule el más alto escrutinio, pues la cuestión de la “naturaleza inmutable” ha sido fundamental para que le fuera reconocido al sexo o a la raza. A nadie se le escapa tampoco la relevancia que podrá tener en la lucha contra las terribles “terapias reparadoras”.

Pero el factor principal para designar a un grupo como merecedor del más alto escrutinio es el hecho de que haya sido históricamente discriminado. El juez Kennedy lo establece sin duda alguna: ”Durante gran parte del siglo XX la homosexualidad fue tratada como una enfermedad. Mientras tanto, la intimidad entre personas del mismo sexo había sido largamente condenada como inmoral por el propio Estado en la mayoría de las naciones occidentales, una creencia que a menudo se encarnaba en la ley penal. El sexo entre dos hombres o dos mujeres sigue siendo un crimen en muchos Estados, y a los gais y lesbianas se les ha prohibido el acceso a la mayor parte del empleo público, se les ha excluido del servicio militar, de las leyes de inmigración, han sido objetivos de la policía y se les ha impedido el derecho de asociación”. La repercusión que este argumento pueda tener en futuras sentencias, de este u otro tribunal, es indudable.

Finalmente, la sentencia se fundamenta en el derecho a la igual dignidad de todos los ciudadanos, sin excepción, y en la decisión de no excluir a ninguna persona de un derecho fundamental, la institución del matrimonio, que no hace sino engrandecerse al poder acoger a todos los ciudadanos:

Ninguna unión es más profunda que el matrimonio, ya que encarna los más altos ideales de amor, fidelidad, dedicación, sacrificio y familia. En la formación de una unión matrimonial, dos personas se convierten en algo más grande de lo que eran. Como algunos de los demandantes de estos casos han demostrado, el matrimonio representa un amor que puede incluso perdurar más allá de la muerte. Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres afirmar que faltan al respeto a la idea del matrimonio. Su demanda se produce porque la respetan, la respetan tan profundamente que tratan de poder llevarla a cabo ellos mismos. Su esperanza es no estar condenados a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Piden igual dignidad a los ojos de la ley. La Constitución les otorga ese derecho.

La sentencia de la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito queda invalidada.

Votos discrepantes

Los votos contrarios a la sentencia han partido de los jueces John G. Roberts (actual presidente del Supremo), Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito, como la mayoría de los expertos había previsto. Han presentado sus argumentos en cuatro opiniones de disenso, que ocupan dos tercios de los 103 folios que componen la sentencia.

La más profusa, elaborada por el juez Roberts, ha sido firmada también por Scalia y Thomas, e incide en viejos argumentos como el de relacionar matrimonio con procreación: “el matrimonio es una solución socialmente organizada para el problema de lograr que las personas permanezcan unidas y cuiden a sus hijos, pues el mero deseo de tener hijos y el sexo que hace posible que haya niños, no lo resuelve”. No sabemos si ese criterio es aplicable a las parejas heterosexuales que no puedan o no quieran procrear.

También echa mano el juez Roberts de la definición del matrimonio que ofrece la primera edición del diccionario Webster, como argumento de  peso: “la unión legal de por vida entre un hombre y una mujer”. Al parecer, al Webster aún no había llegado el divorcio. Pero su argumento fundamental es que no se trata de una cuestión de índole constitucional, sino de una decisión que debería poder tomar el pueblo mediante votación, aunque suponga la discriminación de parte de la ciudadanía. Así lo evidencia en su sorprendente conclusión final: “Si se encuentra usted entre los muchos estadounidenses, cualquiera que sea su orientación sexual, que están a favor de la expansión de los matrimonios del mismo sexo, por supuesto que celebrará la decisión de hoy. Celebrará el logro de una meta deseada. Celebrará la oportunidad de una nueva expresión del compromiso con su pareja. Celebrerá la disponibilidad de nuevos beneficios. Pero no celebrará la Constitución. No tenía nada que ver con eso”.

El juez Scalia llega tan lejos como para negar que el propio tribunal al que pertenece pueda dictar resolución alguna: “Un sistema de gobierno que subordina a las personas a un comité de nueve magistrados no electos no merece llamarse una democracia”, una clara referencia a que la mayoría de las legislaciones contra el matrimonio igualitario habían sido convalidadas mediante referéndum. Scalia asevera que no es un intolerante mientras califica a sus colegas firmantes de la sentencia favorable de “narcisistas pretenciosos”.

El juez Clarence Thomas considera que la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo debería haberse limitado a una cuestión política, no judicial. También teme que la decisión mayoritaria socave la libertad religiosa. Aunque lo más sorprendente es que el siguiente argumento provenga del único miembro afroamericano del alto tribunal: “El corolario de este principio es que la dignidad humana no puede ser socavada por el gobierno. Los esclavos no perdieron su dignidad (más de lo que pierden su humanidad) porque el gobierno permitiera que fueran esclavizados. Los detenidos en campos de internamiento no perdieron su dignidad  porque el gobierno les confinara allí. Y a quienes les niegan beneficios gubernamentales ciertamente no pierden su dignidad porque el gobierno se los niegue. El gobierno no puede conceder la dignidad, y no la puede quitar”.

Finalmente, el juez Samuel Alito se muestra muy preocupado por que los partidarios de los derechos LGTB utilicen los argumentos de la mayoría del tribunal respecto a la discriminación histórica del colectivo para vilipendiar a quienes quieran discriminarles: “Serán utilizados para vilipendiar a los estadounidenses que no estén dispuestos a asentir a la nueva ortodoxia. En sus fundamentos, la mayoría del tribunal compara las leyes tradicionales de matrimonio a las leyes que negaban la igualdad de trato para los afroamericanos y las mujeres. Las implicaciones de esta analogía serán explotadas por aquellos que están decididos a acabar con todo vestigio de disidencia”.

Fuente Dosmanzanas

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Los nueve miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos han escuchado este martes 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio. Como es habitual en estos casos, los analistas han examinado con lupa todas y cada una de las preguntas que los magistrados han hecho a las partes. No parece haber sorpresas: el juez que según las previsiones inclinará la balanza hacia uno u otro lado, Anthony Kennedy, ha hecho observaciones comprometidas para las dos partes. También lo ha hecho John Roberts, a priori alineado con los conservadores. El proceso, como hemos señalado en entradas anteriores, puede significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el país o la regresión hacia una situación de profunda desigualdad jurídica en función del estado en el que se viva.

El Tribunal Supremo anunciaba en enero que en este primer semestre de 2015 revisaría el fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2014 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee.  En los dos primeros casos, las sentencias se referían a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, sin embargo, falló en sentido contrario, al considerar que la decisión o no de autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales (en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos), como sí han considerado el resto de circuitos que se han pronunciado hasta el momento  (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) y casi todos los jueces federales que han fallado ya sobre el asunto.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

A priori: resultado muy ajustado (5-4 a favor, 5-4 en contra…)

¿Cuál es el equilibrio de poder, en este caso? La mejor referencia es la de junio de 2013, cuando el Tribunal Supremo, por 5 votos contra 4, consideró que la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, violaba las garantías de igualdad contenidas en la 5ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

En aquella ocasión fallaron a favor los cuatro jueces considerados de perfil liberal (Stephen Breyer, Elena Kagan, Ruth Ginsburg y Sonia Sotomayor) y Anthony Kennedy, cuyo voto resultó decisivo y que fue, de hecho, el ponente de la sentencia. En contra fallaron los cuatro jueces de perfil más conservador (Samuel Alito, Antonin Scalia, Clarence Thomas y el actual presidente del Supremo, John Roberts).

Tras los argumentos orales… ¿Dos posibles votos oscilantes?

Pero, ¿qué ha pasado este martes? Sin entrar en mucho detalle, los analistas señalan que, a tenor de las preguntas que han hecho a las partes, la clave estará en dos jueces: el propio Anthony Kennedy, cuyo voto podría volver a ser el decisivo, y John Roberts, que hace dos años prefirió inclinarse en contra de los intereses de los matrimonios del mismo sexo. Ambos han hecho preguntas incómodas para los dos partes.

Anthony Kennedy ha provocado cierta inquietud en los partidarios del matrimonio igualitario al considerar, al dirigirse a Mary Bonauto, abogada de las parejas, que el matrimonio ha sido entendido durante “milenios” como una unión entre un hombre y una mujer. “Es difícil para el Tribunal llegar y decir ahora: ‘bueno, nosotros lo sabemos mejor’”. Kennedy, sin embargo, también se mostraba inquisitivo con John Bursch, que representaba a los estados que prohíben el matrimonio igualitario, al que le pedía explicar por qué el hecho de que dos personas del mismo sexo puedan casarse pone en peligro el matrimonio tradicional. También se ha mostrado preocupado por cómo la prohibición del matrimonio igualitario afecta a los hijos de parejas homosexuales. Kennedy ha afirmado además que “el propósito fundamental del matrimonio es dignificar a las parejas, algo que se niega a las parejas del mismo sexo”.

John Roberts, por su parte, ha mostrado también su preocupación por lo que ha considerado un cambio profundo de la institución del matrimonio, pero por otro lado ha pedido explicaciones a los contrarios al matrimonio igualitario. “Si Sue ama a Joe y Tom ama a Joe, y Sue puede casarse con él pero Tom no… ¿Por qué no estamos hablando de una situación de discriminación sexual?”, se ha preguntado.

Más previsibles han sido las manifestaciones del resto de magistrados, tanto de los más conservadores como de los más liberales. Entre estos últimos han destacado algunos comentarios de Ruth Ginsburg, uno de los votos seguros a favor del matrimonio igualitario, que ha destacado que ya en el pasado la definición de matrimonio ha cambiado, pasando de ser una institución en la que había una parte dominante y otra subordinada a ser una institución igualitaria entre las partes.

En definitiva, nada está claro. El resultado podría ser un 5-4 a favor de la inconstitucionalidad de prohibir el matrimonio igualitario (sería el resultado más coherente con el de hace dos años sobre la DOMA), un 5-4 en contra, o incluso un 6-3 a favor, en caso de que Kennedy mantenga argumentaciones alineadas con la sentencia que él mismo redactó en 2013 y Roberts decida dar la sorpresa.

La solución, a finales de junio…

Fuente Dosmanzanas

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Este lunes 9 de febrero empezaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez Granade cuanto dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema del estado, el fundamentalista cristiano Roy Moore, ha decidido rebelarse contra los tribunales federales y ha ordenado a los jueces de familia que no emitan licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Debido a la controversia legal generada, gran parte de los condados han decidido no facilitar licencias de matrimonio a ninguna pareja, sean del mismo o de distinto sexo. Por su parte, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha decidido dejar en suspenso el proceso de apelación de los casos de Florida y Alabama, hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario.

La juez Callie V. S. Granade dictaminó el pasado 23 de enero sobre el caso de la pareja formada  por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La juez falló a favor de las demandantes, resolviendo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo establecida por las leyes de Alabama, violaba el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En el fallo también se recogía su suspensión cautelar hasta el 9 de febrero, con el fin de dar tiempo a la Fiscalía a preparar una posible apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

El lunes 26, la misma juez resolvió sobre la demanda presentada por James Strawser y John Humphrey contra la administración de Alabama, por no permitirles contraer matrimonio. El fallo recogió los mismos argumentos que la sentencia previa, estableciendo la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Alabama. Al igual que en el fallo precedente, la sentencia fue suspendida cautelarmente hasta el lunes 9 de febrero.

La administración de Alabama presentó inmediatamente una moción de suspensión permanente de ambas sentencias ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, que fue denegada mediante una escueta resolución que no ofrecía explicaciones. La Fiscalía procedió entonces a interponer la misma moción ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, específicamente ante la oficina del juez Clarence Thomas, uno de los miembros más conservadores del alto tribunal y encargado de supervisar el 11º Circuito de apelaciones.

El juez Thomas decidió someter al pleno del Tribunal Supremo la moción, que fue desestimada el mismo día 9, cuando vencía la suspensión temporal de la juez Granade. La resolución contó con los votos en contra, como en casos anteriores, del propio juez Thomas y del juez Antonin Scalia. Como en el caso de Florida, el alto tribunal denegaba por segunda vez suspender una sentencia favorable al matrimonio igualitario antes de que se haya resuelto su recurso por la Corte de Apelaciones correspondiente.

Rebelión del presidente de la Corte Suprema de Alabama

Por lo tanto, el 9 de febrero comenzaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama. Aunque previamente había tenido lugar una controversia con la asociación mayoritaria de jueces de familia, que se había mostrado reacia a acatar la sentencia de la juez Granade. Incluso su portavoz había declarado que estimaba que el fallo solo era aplicable a las parejas demandantes. Ello hizo que la juez Granade, a instancia de las partes, emitiera una orden en la que clarifica su sentencia, en la que dejaba claro que era la misma Constitución de los Estados Unidos la que obligaba a la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras la clarificación, la Asociación de Jueces de Familia rectificó su postura, y su presidente declaró que se emitirían licencias de matrimonio a las parejas que las solicitasen en cuanto la suspensión temporal de la sentencia de la juez Granade concluyese.

Pero el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, tras conocer que las mociones de suspensión habían sido rechazadas, decidió actuar en contra de la decisión de la justicia federal. El mismo lunes emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado.

El juez Moore ya había hecho llegar, en cuanto tuvo conocimiento de la sentencia del tribunal federal, un escrito al gobernador de Alabama en el que le instaba a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”. Por esta misiva, en la que se rebelaba claramente contra la autoridad federal, se le interpuso una queja ante el Comité Judicial de Ética.

El gobernador Robert Bentley, sin embargo, declaraba que no pondría ningún impedimento para que se cumpliera la sentencia de la justicia federal, aparte de presentar las correspondientes apelaciones. Bentley recordaba el ominoso pasado de Alabama, cuando el estado se rebeló contra las decisiones judiciales que ponían fin a las leyes de segregación racial: “No quiero que Alabama sea vista como lo que era hace 50 años, cuando una ley federal fue desafiada. No voy a hacer eso”.

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

División en los condados

La inaudita orden del juez Moore ha ocasionado una fuerte controversia legal. En los condados más poblados, como Montgomery y Jefferson, se acataba la sentencia del tribunal federal y se celebraban las primeras bodas, como la de Kelli y Lisa Day, que se unían en matrimonio en el condado de Montgomery tras 20 años de convivencia y cuatro hijos en común.

Sin embargo, las parejas del mismo sexo no han sido tan afortunadas en la mayoría de los condados. En un principio, en 51 de los 67 condados que componen el estado de Alabama se ha rehusado emitir licencias de matrimonio a estas parejas. Uno de ellos ha sido Mobile, cuya denegación ha ocasionado la presentación de una demanda ante el tribunal de la juez Granade, que ha  establecido la audiencia preliminar para este 12 de febrero. Según U. W. Clemon, antiguo juez de distrito, “si un tribunal [federal] cursa una orden y alguien se niega a cumplirla, entonces se puede dictaminar el desacato al tribunal, lo que podría suponer una multa o el encarcelamiento hasta que se acate la orden”.

Quizás por temor a estas repercusiones, algunos de los condados han cambiado su decisión inicial, en un lento goteo, y han empezado a cumplir con el mandato judicial. Llevados por el mismo temor, según señala la organización de defensa de los derechos LGTB Equality Alabama, gran número de los condados “rebeldes” han suspendido la emisión de licencias de matrimonio a todas las parejas, sean del mismo o distinto sexo, con el fin de cumplir con la orden del juez Moore pero evitando las posibles demandas por discriminación.

Al finalizar la jornada de este miércoles 11 de febrero, desde la web de Human Right Campaign se ofrecían los siguientes datos: 23 condados cumplían con la ley y expedían licencias de matrimonio a las parejas del mismo o distinto sexo que las solicitaban; 18 condados desobedecían el mandato judicial y rehusaban facilitar licencias únicamente a las parejas del mismo sexo; finalmente, en 26 condados no se emitía ninguna licencia de matrimonio.

Suspendido el proceso de apelación en Florida y Alabama

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha cursado una orden por la que establece la suspensión del proceso de apelación de las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Florida y Alabama. Según la orden, el proceso no continuará hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida al respecto, tras darse a conocer su decisión de considerar en este periodo de sesiones las sentencias desfavorables de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito.

Se prevé, según los expertos, que el alto tribunal falle sobre el matrimonio igualitario a finales de junio. Mientras tanto, debido a la decisión de no suspender las sentencias de los correspondientes tribunales federales, se seguirán celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo tanto en Alabama como en Florida.

Fuente Dosmanzanas

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Este viernes 16 de enero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado a conocer los casos que considerará en el primer semestre de sesiones de 2015. Se esperaba que entre ellos estuviese alguna de las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario, todas ellas dictadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, pero el alto tribunal ha comunicado que ha aceptado las cuatro, que afectan a los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Las sesiones orales finales se celebrarán en los últimos días del mes de abril, por lo que los expertos prevén que el fallo definitivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales del mes de junio.

En el mes de noviembre de 2014, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

El fallo final de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que finalmente ha decidido considerar los cuatro casos en este periodo de sesiones. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal ha decidido que decidirá sobre las dos cuestiones siguientes:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

También se ha comunicado el calendario para la presentación de informes. El 27 de febrero deberán presentar sus alegatos escritos los equipos legales de las parejas demandantes. El 27 de marzo lo harán las fiscalías. Finalmente, el 17 de abril los demandantes podrán presentar sus réplicas. La sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales, tendrá lugar entre el 20 y el 29 de abril. Se ha establecido un total de 90 minutos de tiempo para la presentación de los alegatos orales referidos a la primera pregunta, y de 60 minutos para los de la segunda.

El alto tribunal ha dado instrucciones a los equipos legales para que únicamente ciñan sus argumentos y alegaciones a la cuestión que corresponda a su caso en concreto. Por ejemplo, en el caso de Michigan únicamente se podrá argumentar respecto a la primera cuestión, mientras que en el caso de Ohio se ceñirán a la segunda.

Según los expertos del prestigioso blog especializado en el Tribunal Supremo SCOTUSblog, es muy probable que la sentencia final sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales de junio.

Reacciones esperanzadas de los grupos LGTB

Los portavoces de distintas asociaciones de defensa de los derechos LGTB, varias de ellas incluso implicadas en los equipos legales de los casos que se considerarán, han valorado, en general, con esperanza la actuación del Tribunal Supremo. Os ofrecemos algunas de sus reacciones:

Evan Wolfson, presidente de Freedom To Marry, cree que “la decisión de hoy del Tribunal Supremo es el comienzo de lo que esperamos que sea el último capítulo de nuestra campaña para obtener el matrimonio en todo el país”.

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, ha querido hacer referencia a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Windsor, que obligó a la autoridad federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde es legal: “Como dijo el juez Anthony Kennedy en el caso de Windsor, esta es una lucha sobre si nuestras familias son iguales o si son de segunda clase. La Constitución de los Estados Unidos no tolera la ciudadanía de segunda clase, un hecho que ha derrocado prohibiciones matrimoniales discriminatorias desde Utah hasta Arkansas. Hemos llegado al momento de la verdad, los hechos son claros, los argumentos han sido escuchados por docenas de tribunales, y ahora los nueve jueces del Tribunal Supremo tendrán la apremiante oportunidad de garantizar la equidad para innumerables familias, de una vez por todas”.

James Esseks, perteneciente a ACLU (American Civil Liberties Union), cuyo equipo legal está implicado en el caso de Kentucky, declara por su parte que “estamos encantados de que el Tribunal decida por fin sobre esta cuestión. El país está listo para una solución a escala nacional que trate a las parejas de gais y lesbianas de manera justa. Cada día que esperamos significa que más personas morirán antes de que tengan la oportunidad de casarse, más niños nacerán sin las protecciones adecuadas, más personas se enfrentarán a emergencias médicas sin poder contar con el reconocimiento de sus cónyuges. Es hora de que los valores americanos de la libertad y la igualdad se apliquen a todas las parejas”.

Susan Sommer, directora de litigios constitucionales de Lambda Legal, que forma parte del equipo legal del caso de Ohio, estima que “estamos dispuestos a presentar nuestro caso ante el Tribunal Supremo para poner fin a estas prohibiciones discriminatorias de una vez por todas. El estado de Ohio no debe permitir que no se respeten los matrimonios legales de parejas del mismo sexo dentro de sus fronteras estatales y ciertamente no debe entrometerse en los asuntos de familia de los estados que respetan los matrimonios de parejas del mismo sexo. De hecho, ningún estado en el país debe continuar con esta discriminación vergonzosa”.

Fuente Dosmanzanas

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Este martes 25 de noviembre se han emitido dos nuevas sentencias favorables al matrimonio igualitario desde dos tribunales federales de los Estados Unidos. Ambas han quedado en suspenso en espera de recurso, pues coinciden en pertenecer a jurisdicciones cuya Corte de Apelaciones aún no se ha pronunciado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Mississippi, el juez federal ha dictado un mandato cautelar que declara inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la legislación estatal. En Arkansas, una juez federal ha dictaminado que las leyes que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas violan la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, la sentencia se une a la ya existente de un juez local, que aún está suspendida mientras la Corte Suprema de Arkansas decide sobre su apelación.

El juez federal Carlton W. Reeves ha emitido un mandato cautelar, dirigido a todos los funcionarios del estado de Mississippi, en el que ordena que dejen de aplicar las leyes o enmiendas constitucionales que impidan el acceso al matrimonio y sus beneficios a las parejas del mismo sexo. El mandato, sin embargo, queda en suspenso durante 14 días, para que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puedan dictar bien una suspensión permanente de la sentencia mientras se decide su apelación o bien su aplicación inmediata.

En el mandato del juez Reeves se establece que “el tribunal concluye que la prohibición de su matrimonio en Mississippi priva a las parejas del mismo sexo y a sus hijos de igual dignidad ante la ley. Los ciudadanos gais y lesbianas no pueden ser sometidos a una ciudadanía de segunda clase. La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo de Mississippi viola las cláusulas de igual protección y debido proceso de la Decimocuarta Enmienda”.

El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, y el fiscal general de ese estado, Jim Hood, han presentado este mismo miércoles un recurso contra la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito y una solicitud de suspensión permanente mientras se resuelve la apelación, por lo que queda en manos de dicha Corte de Apelaciones el acceder o no a esta solicitud de suspensión. La Corte de Apelaciones del 5º Circuito debe resolver también en los casos de Texas, con sentencia favorable al matrimonio igualitario, y de Luisiana, con sentencia desfavorable, cuya audiencia de presentación de argumentos orales está programada para el próximo 9 de enero de 2015. Lo más probable es que a este mismo calendario se sume la apelación de Mississippi.

Nueva sentencia favorable en Arkansas

La juez federal Kristine G. Baker ha resuelto que tanto la legislación como las enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas violan el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia ha quedado en suspenso hasta que se decida sobre su posible recurso ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, o hasta que haya transcurrido el plazo establecido legalmente para la presentación de la apelación sin que esta se haya formulado, en cuyo caso la sentencia tendrá efectos inmediatos.

La novedad del dictamen de la juez Baker es el motivo por el que fundamenta que se viola la Decimocuarta Enmienda. En este caso no es por discriminación por razón de orientación sexual, que ha rechazado en su fallo, sino porque “se impide a las parejas del mismo sexo el ejercicio de su derecho fundamental a contraer matrimonio en Arkansas, al no reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo válidos de otros estados, y por discriminar por razón de género”. Es decir, se discrimina en razón del sexo de la persona elegida para contraer matrimonio.

Los expertos se felicitan de esta argumentación, pues la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, al que pertenece Arkansas, ya ha fallado en otros casos que la orientación sexual no es un rango especialmente protegido, mientras que el género (o sexo) alcanza el más alto escrutinio de protección. La juez también ha considerado las resoluciones sobre el matrimonio igualitario formuladas por las distintas Cortes de Apelaciones, y resuelve que “este tribunal considera que el razonamiento del Sexto Circuito no es tan convincente sobre este asunto como los del Cuarto, Séptimo, Noveno y Décimo Circuitos”. Recordemos que la resolución de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha sido hasta ahora la única desfavorable al matrimonio igualitario.

Hasta el momento no se tiene constancia de que se haya presentado recurso contra la sentencia de la juez Baker por parte de la administración de Arkansas, aunque la Fiscalía General ya recurrió en su día la sentencia de un tribunal local favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Según declaró en aquellos momentos, el fiscal Dustin McDaniel se confesaba favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo, pero se sentía obligado a defender la legislación del estado.

El recurso de esa sentencia del tribunal local debe ser resuelto por la Corte Suprema de Arkansas. La audiencia de presentación de argumentos orales tuvo lugar el pasado jueves 20 de noviembre, sin que se sepa la fecha en que el alto tribunal comunicará su fallo.

Continúa la insumisión del estado de Kansas

En Kansas ya ha habido una sentencia favorable al matrimonio igualitario de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia. Pero la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos cuyos secretarios aparecían como parte en la sentencia del juez federal. Sin embargo, muchas de las secretarías han entendido que el fallo del tribunal federal implica a todo el estado, y son 25 los condados donde se facilitan estas licencias de matrimonio, entre ellos los más populosos.

Por otra parte, el ultraconservador gobernador de Kansas, Sam Brownback, en un acto que se puede considerar como de insumisión a la autoridad federal, ha ordenado a las agencias y administraciones estatales que no reconozcan estos matrimonios hasta que se resuelva la apelación de la sentencia, a pesar de que el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya denegado su suspensión. Esta falta de reconocimiento por la administración estatal implica la pérdida de múltiples derechos, como el de cambiar los apellidos en las licencias de conducir tras el matrimonio, el acceso a las exenciones de impuestos establecidas para las parejas casadas o no poder incluir al cónyuge en los seguros sanitarios.

Los abogados de las parejas demandantes han solicitado al tribunal federal que enmiende su sentencia para obligar a todas las agencias y administraciones del estado a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y que se les apliquen todos los beneficios establecidos por la ley.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más compleja

El matrimonio igualitario ya es completamente legal en 35 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 200 millones de personas y comprende a más del 64 % de sus ciudadanos. En el resto de estados existen situaciones peculiares, en un proceso judicial cada vez más rocambolesco.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en el condado de Saint Louis, el más populoso del estado, según estableció un juez de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en Saint Louis son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Florida  (11º Circuito), Texas (5º Circuito) y Misuri (8º Circuito), a los que se suman ahora Mississippi (5º Circuito) y Arkansas (8º Circuito). Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). Recordamos que en Arkansas, la Corte Suprema estatal también debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 15 jurisdicciones tribales.

Podéis comprobar el avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos en este mapa (pinchad en él para verlo en mayor resolución):

Fuente Dosmanzanas

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El juez federal Brian Morris ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Montana viola la Constitución de los Estados Unidos. El fallo concluye con un mandato cautelar, de efectos inmediatos, en el que ordena a los funcionarios del estado que no apliquen las leyes declaradas inconstitucionales. Al no haberse establecido ninguna suspensión ni demora de la sentencia, las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio a partir de este 19 de noviembre, aunque el fiscal general del estado ha comunicado que presentará apelación. El mismo juez Morris hace constar en su sentencia que “hoy Montana se convierte en el trigésimo cuarto estado en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Montana era el único estado perteneciente a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, la de mayor ámbito, en el que no se había dictaminado aún acerca de este asunto. Dicha Corte de Apelaciones ya había dictaminado a favor del matrimonio igualitario en los casos de Idaho y Nevada, dictamen que no fue recurrido dado que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no había admitido a trámite apelaciones contra sentencias del mismo tipo en otros estados.

La posibilidad, pues, de que prospere un recurso contra la sentencia del juez Morris es escasa. El gobernador, el demócrata Steve Bullock, ya se ha declarado en el pasado partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo y su oficina ni siquiera ha aparecido como parte en el juicio. Sin embargo, el fiscal general del estado, el republicano Tim Fox, ha comunicado que apelará la sentencia al entender que es su deber “respetar y defender la Constitución de Montana” y que su objetivo es llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En las alegaciones presentadas ante el tribunal del juez Morris, el fiscal Fox llegó a comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con el incesto y la poligamia.

En todo caso, el juez no ha establecido demora ni suspensión algunas de su fallo, por lo que los matrimonios entre personas del mismo sexo se podrán celebrar de manera inmediata. En la sentencia, que se fundamenta en la jurisprudencia establecida por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, se establece que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en el artículo XIII, sección 7 de la Constitución de Montana y en las secciones 40-1-103 y 40-1-104 de su Código Civil viola el derecho a la igual protección garantizado por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

En las disposiciones finales, el texto de la sentencia del juez Morris es un claro ejemplo del imparable recorrido judicial que atraviesa el matrimonio igualitario en los Estados Unidos: “las leyes de Montana que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo imponen una ‘situación jurídica desfavorecida’ a las parejas del mismo sexo. Ha llegado el momento de que Montana siga a los otros estados del Noveno Circuito y reconozca que las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo violan el derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a la igual protección ante las leyes. Hoy Montana se convierte en el trigésimo cuarto estado en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Denegada la suspensión en Carolina del Sur

En Carolina del Sur, la sentencia favorable estaba suspendida cautelarmente hasta el mediodía de este 20 de noviembre. La Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que ya ha sentado jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario en el caso de Virginia, rechazó la solicitud de suspensión permanente del fiscal del estado. La administración de Carolina del Sur recurrió entonces al Tribunal Supremo, que este mismo día 20 ha rehusado a su vez su concesión. Como en el caso de Kansas, en la resolución se aclara que los jueces Thomas y Scalia han sido discrepantes con la denegación.

De esta manera, Carolina del Sur se ha convertido en el 35º estado de los Estados Unidos en reconocer el matrimonio igualitario, y ya se han empezado a expedir las primeras licencias matrimoniales. Se trata del primer estado de la región histórica del “Profundo Sur” en el que se alcanza la igualdad para las parejas del mismo sexo. En Luisiana, otro de los estados de esta región, se había fallado también al respecto, pero en este caso la sentencia había sido desfavorable a los derechos LGTB. En Alabama, Georgia y Mississippi, los tres estados restantes, aún no se ha dictaminado al respecto.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más compleja

Con la incorporación de Montana y Carolina del Sur, el matrimonio igualitario ya es completamente legal en 35 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 200 millones de personas. En el resto de estados existen situaciones peculiares, en un proceso judicial cada vez más rocambolesco.

En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en el condado de Saint Louis, el más populoso del estado, según estableció un juez de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en Saint Louis son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Florida  (11º Circuito), Texas (5º Circuito) y el del ya citado Misuri (8º Circuito). Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema estatal la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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Desde la izquierda: Sixth Circuit Judges Martha Craig Daughtrey, Jeffrey S. Sutton, and Deborah Cook

Un tribunal de apelaciones confirmó este jueves por primera vez en Estados Unidos una prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo y argumentó que el tema no debe ser dirimido en una corte de justicia.

Un panel de tres jueces de la Corte federal de Apelaciones del 6º Circuito, en una sentencia que contradice las ya emitidas por otros circuitos, ha rechazado por dos votos a uno que la prohibición del matrimonio igualitario por los estados viole la Constitución de los Estados Unidos. Por el momento, la decisión mantiene vigente la prohibición del matrimonio igualitario en Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, y dispara las posibilidades de que el Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazó pronunciarse sobre el tema, tenga finalmente que tomar una decisión sobre el matrimonio igualitario.

La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), ha decidido sobre sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

La decisión de la Corte de Apelaciones ha sido tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Ya durante la fase de audiencia, en función de las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces, quedo relativamente claro que Daughtrey era favorable a confirmar las sentencias previas, dando vía libre al matrimonio igualitario, mientras que Cook era contraria. La duda era la postura que finalmente adoptaría Sutton, un juez nominado por George Bush hijo y confirmado por el Senado en 2003. El juez Jeffrey S. Sutton desestimó las decisiones de tribunales inferiores que consideraban inconstitucionales las leyes de esos cuatro estados que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez Sutton ha centrado su argumentación no en el fondo de la cuestión si no en quién debe decidir si se permiten o no estas uniones. En su opinión, la legalidad del matrimonio de parejas homosexuales no puede determinarla una “corte intermedia” como la suya, sino “el menos rápido, pero normalmente fiable, trabajo de los procesos democráticos del estado”.

Una decisión a contracorriente

Finalmente Daughtrey y Sutton han optado por contradecir las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se han pronunciado (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que han hecho lo propio (por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana). El 6ª Circuito considera así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto al derecho a la igual protección recogido en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

La sentencia del 6º Circuito se enmarca dentro de la denominada corriente “originalista”, que defiende limitarse, en la interpretación del texto constitucional, a la que se supone era la intención original de los redactores del texto. La 14ª enmienda, conviene precisar, data de 1868 y se redactó como una forma de resolver algunas de las dudas constitucionales que planteaba el final de la esclavitud una vez terminada la Guerra de Secesión. Posteriormente ha servido como base para decisiones históricas del Tribunal Supremo, como la que en 1973 dio protección constitucional a las mujeres para abortar.

El 6º Circuito llega a argumentar en su sentencia (que puedes descargar aquí) que la “tradición” justifica que la legislación del matrimonio permanezca bajo el control de los estados e incluso introduce de nuevo en el argumentario factores como la “procreación” o la “crianza de los hijos” para justificar que haya estados que prefieran mantener el matrimonio como una institución exclusiva de parejas heterosexuales. “Imaginen una sociedad sin matrimonio… Quizá las personas no necesiten el estímulo del gobierno para tener relaciones sexuales, o para mantener la especie. Pero sí necesitan el apoyo del gobierno para crear y mantener relaciones estables en la que los hijos puedan florecer“, expresa la sentencia…

Según el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito -que cubre cuatro estados del centro del país: Michigan, Ohio, Tennessee y Kentucky- la Constitución de Estados Unidos no prohíbe que los estados definan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En la decisión de este jueves, que se aprobó por dos votos contra uno, la corte dijo que mientras que la definición de matrimonio claramente estaba cambiando en Estados Unidos, las sentencias de los tribunales no eran la forma apropiada para realizar ese cambio. Según la sentencia, el sistema federal del país hace que los estados se conviertan en “laboratorios de experimentación”, permitiendo “a un estado innovar de una manera (y) a otro, de otra”. Además, los jueces opinaron que una herramienta como la votación sería el mejor método para el cambio. “Cuando los tribunales no dejan que el pueblo resuelva los nuevos temas sociales como este, perpetúan la idea de que los héroes en estos eventos de cambio son los jueces y abogados”, dice la sentencia.

Es casi seguro que este fallo contrario al matrimonio homosexual derive en la presentación del caso a la Corte Suprema, que recientemente decidió no considerar un caso sobre el casamiento entre personas del mismo sexo.

Vía directa al Supremo

Caben ahora dos posibilidades de recurso: los demandantes podrían solicitar que la decisión fuera revisada en pleno por los 16 jueces que integran la Corte de Apelaciones o directamente acudir al Tribunal Supremo. Según las informaciones más recientes, esta última parece ser la opción preferida. El Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazaba pronunciarse sobre las apelaciones que entonces le habían sido presentadas y daba de esa forma vía libre al matrimonio igualitario en varios estados, parece que no tendrá en esta ocasión otro remedio que agarrar el toro por los cuernos y poner orden, al existir jurisprudencia claramente contradictoria y no quedar ya estamentos judiciales intermedios.

La sentencia del 6º Circuito, de hecho, retrotrae la situación a la de hace unos meses, cuando todos los observadores daban por hecho que el alto tribunal no tendría más remedio que pronunciarse. Declaraciones como las de la magistrada del Supremo Ruth Ginsburg (uno de los votos considerados “seguros” a favor del matrimonio igualitario), aludiendo a que si todas las sentencias de las Cortes de Apelaciones eran unánimes no había necesidad de que el Supremo se precipitara, habían hecho pensar sin embargo que la cuestión podría quedar resuelta  sin intervención del Supremo. Pero conviene recordar que en esas mismas declaraciones Ginsburg daba gran importancia a la sentencia del 6º Circuito, que ya muchos analistas consideraban sería desfavorable al matrimonio igualitario. Así ha sido.

En caso de que el Supremo decida aceptar la apelación, deberá dilucidar si el derecho de dos personas del mismo sexo a contraer matrimonio goza de protección por la 14ª enmienda, y por tanto no hay estado que pueda impedir su celebración. En el caso de que el Supremo se pronunciara en contra, cada estado podría decidir celebrar o no bodas en su territorio.

Hay que recordar de todas formas que el Supremo ya se ha pronunciado de forma parcial sobre el matrimonio igualitario. Fue en 2013, cuando declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en aquellos lugares donde fuera legal). Una sentencia que está en el origen de toda la escalada judicial, y que echando la vista atrás ha resultado pieza clave en el avance del matrimonio igualitario en Estados Unidos.

El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional y las apelaciones de cinco estados que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo. La decisión por omisión provocó que en esos cinco estados (Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana) se pudieran oficiar bodas de manera inmediata.

El mes pasado, el gobierno federal dijo que reconocería los matrimonios entre personas del mismo sexo en seis estados donde hasta ahora no lo hacía, por lo que ya son en total 32 estados de los 50 donde estas uniones se reconocen, además de en el Distrito de Columbia.

Mientras, en Misuri, sentencia favorable al matrimonio igualitario

Lo cierto es que pese a la sentencia del 6º Circuito la marcha hacia la extensión del matrimonio igualitario en Estados Unidos continúa a velocidad de crucero. El último estado en contar con una sentencia favorable es Misuri, donde el juez federal Ortrie D. Smith ha considerado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en este estado. Como en caso anteriores, el propio juez mantiene cautelarmente suspendida la aplicación de la sentencia (que puedes descargar aquí) hasta que se decida la segura apelación. Se da la circunstancia de que en Misuri ya se habían emitido dos sentencias favorables al matrimonio igualitario, aunque de la mano de jueces estatales.

Además de Misuri, otros estados donde en este momento están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario son Florida  (11º Circuito) y Texas (5º Circuito). También en Kansas ha habido sentencia favorable, pero en este caso el Circuito de Apelaciones a cuya jurisdicción permanece el estado (el Décimo) ya ha fallado a favor del matrimonio igualitario, lo que complica que la prohibición se alargue mucho más allá del 11 de noviembre, fecha que el juez puso como límite para que se formalizaran recursos.

Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

FuenteDosmanzanas,  SentidoG  y Cáscara amarga

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Confirmado: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutirá el 29 de septiembre si por fin acepta estudiar las apelaciones a las sentencias que hasta el momento han emitido tres diferentes Cortes de Apelaciones considerando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se abren diversas posibilidades, pero cada vez parece más claro que el destino del matrimonio igualitario en todo el país se decidirá antes de lo que nadie preveía hace solo un año.

Hasta el momento son tres las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han fallado: la del 10º Circuito (que ha emitido dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma), la del 4º Circuito (que ha emitido una sentencia referida a Virginia) y la del 7º Circuito, que hace pocos días emitía una sentencia referida a Indiana y Wisconsin. El ponente de esta última fue Richard Posner, uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, que en un impactante texto llegaba a ridiculizar los argumentos de los contrarios al matrimonio igualitario. En todos los casos las sentencias han sido emitidas por un panel de tres jueces (en los tres primeros por dos votos a uno, y en el tercer caso por unanimidad de los tres).

Curiosamente en todos los estados afectados los recurrentes (en la mayoría de los casos sus fiscales generales) han renunciado al derecho que tenían a ser escuchados por el pleno de cada una de las Cortes de Apelaciones y han apelado directamente al Tribunal Supremo, al que han pedido que aclare definitivamente la cuestión. Ahora es pues el turno de los nueve jueces de la más alta instancia judicial de los Estados Unidos.

Diversas posibilidades

En su reunión del 29 de septiembre, los jueces del Supremo pueden decidir que admiten uno, varios o todos los casos. Lo previsible es entonces que se prolongue la suspensión cautelar de las sentencias hasta que haya una decisión definitiva, muy probablemente ya en 2015. Decisión que según los términos en los que se planteara podría afectar a todo el país, si establece claramente que la prohibición del matrimonio igualitario es efectivamente inconstitucional. En caso contrario, la situación quedaría como ahora: cada estado podría decidir si celebrar o no matrimonios. Podría haber incluso decisiones intermedias, si el Supremo decide ser selectivo y resolver en primer lugar el problema del reconocimiento de los matrimonios celebrados en un estado por otro.

El Supremo podría optar por el contrario por rechazar los casos, lo que de facto supondría dar validez inmediata a las sentencias de las Cortes de Apelaciones y que las bodas entre personas del mismo sexo pudieran comenzar en aquellos estados en los que ya hay un pronunciamiento judicial… y en el resto de estados sometidos a la jurisdicción del correspondiente circuito. En el caso del 10º Circuito, por ejemplo, también en Colorado (donde de hecho ya se ha producido otra sentencia favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez federal), Kansas o Wyoming.

En definitiva, las posibilidades teóricas son diversas, aunque cada vez parece más claro que la avalancha judicial a la que dio origen el propio Tribunal Supremo hace pocos más de un año al declarar inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) solo puede culminar con una decisión clara, sea en un sentido o en otro.

Se prevén incluso más sentencias…

Todo ello sin olvidar que ni mucho menos la avalancha ha cesado: están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas en Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas.

De hecho, el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado a las partes. Y también lo ha hecho el 9º Circuito, que debe decidir sobre Idaho y Nevada (en este último estado la situación es algo diferente, ya que el caso ha llegado a la Corte de Apelaciones por otra vía jurídica, sin que exista una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario).

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

Fuente Dosmanzanas

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Suma y sigue. El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, ha fallado por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se trata del tercer circuito federal que se pronuncia contra la prohibición del matrimonio igualitario, con una sentencia en la que además el que está considerado uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculiza los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse…

Uno de los principales argumentos de los opositores al matrimonio igualitario en Indiana y Wisconsin era el interés legitimo del estado en proteger la función reproductiva. Un argumento que Posner, ponente de la sentencia (que puedes descargar aquí) derriba al recordar que el estado de Indiana prohíbe casarse a los primos hermanos de distinto sexo… hasta que tienen 65 años, una vez que ya resulta imposible concebir hijos. “Indiana ha inventado una insidiosa forma de discriminación: favorecer a los primos hermanos, siempre que no sean del mismo sexo, sobre los homosexuales. Los primos, cuando son mayores, se pueden casar porque ya no pueden producir niños. A los homosexuales se les prohíbe casarse porque no pueden producir niños”, argumenta el juez.

“El gobierno de Indiana piensa que las parejas heterosexuales tienden a ser sexualmente irresponsables, produciendo un montón de hijos no deseados, de forma que hay que presionarles (en forma de estímulo gubernamental del matrimonio a través de una combinación de palos y zanahorias) para casarse. Pero las parejas homosexuales, incapaces como son de tener hijos, sean deseados o no, son padres modelo -ciudadanos modelo- así que no necesitan el matrimonio”, ironiza después Posner. “Los heterosexuales se emborrachan y se embarazan, produciendo hijos no deseados. Su recompensa es que se les permite casarse. Las parejas homosexuales no producen hijos no deseados. Su recompensa es que se les niega el derecho a casarse. Figúrense”, añade…

“La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional”

Lo cierto es que la sentencia de Posner, un conservador propuesto como juez federal por Ronald Reagan en 1981 y que está considerado como uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, es rotunda, y expone de forma muy clara las desventajas que a las parejas del mismo sexo y a sus familias (porque Posner deja bien claro que pese a no engendrar hijos biológicos comunes las parejas del mismo sexo sí tienen hijos) les supone el no poder acceder al matrimonio. “La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional, y por tanto inconstitucional, sin necesidad de considerarla sujeta a mayor escrutinio”, escribe en un momento determinado Posner.

El “mayor escrutinio”, o “heightened/strict scrutiny”, es un término propio del sistema constitucional estadounidense, según el cual en ciertas situaciones la deliberación judicial no debe basarse solo en un mero argumento racional, sino en un análisis del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno -que podrían justificar incluso la vigencia de una disposición discriminatoria- y los principios constitucionales.

Cuarta sentencia favorable en una Corte de Apelaciones

La decisión unánime del 7º Circuito, contraria a las apelaciones formuladas contra sentencias favorables al matrimonio igualitario en Indiana y en Wisconsin, está en cualquier caso en la línea de las tres ya emitidas por otras dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo): dos por el 10º Circuito (referidas a Utah y Oklahoma, cuyos casos se fallaron separadamente) y una por el 4º Circuito (referida a Virginia).

El fallo establece además un plazo de 21 días, transcurridos los cuales, si no media una petición de suspensión cautelar hasta que una instancia superior decida una posible apelación, comenzarían a celebrarse bodas en Indiana y Wisconsin. Aunque dados los antecedentes de los sucedido en los otros circuitos es muy posible que dicha suspensión se pida y sea concedida (ya sea por la propia Corte de Apelaciones o por el propio Tribunal Supremo).

Están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por jueces federales de Colorado, Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas (el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee) ya ha escuchado por ejemplo a las partes.

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario. Por el momento, como informábamos por cierto hace un día, solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

El Supremo, cada vez más cerca…

Lo cierto es que poco más de un año después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), punto de origen de todo este proceso, muy pocos esperaban que se hubiera avanzado tan rápido. Los analistas ven de hecho muy probable que el Tribunal Supremo acuerde revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Por lo pronto, Utah y Oklahoma ya lo han solicitado.

Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país. Una expectativa que se vio reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”.

El Supremo también podría optar por no aceptar ninguno de los casos que le lleguen, lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Pero no es por lo que apuestan los analistas políticos. Un escenario que además sería difícilmente sostenible si se producen sentencias contradictorias entre diferentes circuitos, algo que aún no ha sucedido pero que es un escenario más que posible.

Fuente Dosmanzanas

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Todos los analistas coincidían en que tenía que suceder en algún momento, y finalmente ha sido este miércoles 3 de septiembre. Por primera vez desde la histórica sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, un juez federal ha considerado que el hecho de que un estado prohíba el matrimonio igualitario no viola la Constitución de los Estados Unidos. Ha sido -posiblemente no podía ser de otra manera- en Luisiana, un estado del sur profundo. El propio juez, en su sentencia, reconoce no obstante que otras instancias superiores pueden decidir lo contrario.

El juez Martin Feldman (en la fotografía) es el primero de los numerosos jueces federales que se han pronunciado sobre la materia que en su sentencia (a la que puedes acceder pinchando aquí) considera que la libertad de los estados para legislar el matrimonio está por encima de las consideraciones de los demandantes, y que la prohibición del mismo a las parejas del mismo sexo no supone una violación del derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. En este sentido, Feldman adopta un criterio contrario al que anteriormente han adoptado jueces federales de Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah, Virginia o Wisconsin (sentencias emitidas por jueces federales. Ni siquiera incluimos en esta lista las sentencias emitidas por jueces estatales).

En Oregón y Pensilvania las sentencias favorables al matrimonio igualitario adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario.  Y ya hay, no lo olvidemos, dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han ratificado tres sentencias a favor del matrimonio igualitario: las del 10º Circuito (las sentencias referidas a Utah y Oklahoma) y del 4º Circuito (la sentencia referida a Virginia).

Pero hay más Cortes de Apelaciones pendientes de pronunciarse. El 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado por ejemplo a las partes. También lo ha hecho ya el 7º Circuito, que debe decidir sobre Indiana y Wisconsin.

Los argumentos de Feldman…

La sentencia de Feldman (un juez de 80 años nominado en 1983 por Ronald Reagan y confirmado ese mismo año por el Senado) supone un primer contratiempo en la carrera judicial en favor de la igualdad de todas las parejas en el acceso al matrimonio en Estados Unidos, y que previsiblemente el Tribunal Supremo tendrá que dirimir más pronto que tarde.

Sus argumentos no son por otra parte especialmente llamativos, en tanto que se alinean con la postura clásica que en su día incluso sirvió para defender el matrimonio igualitario en los estados más “liberales”: que la legislación matrimonial es competencia de los estados (Luisiana aprobó en 2004 incluir la prohibición del matrimonio igualitario en la Constitución estatal por un 75 % de los votos) y que los derechos en litigio no son derechos fundamentales que gocen de protección constitucional a nivel federal.

Martin Feldman, eso sí, no duda en hacer un guiño a los más conservadores al preguntarse en su sentencia si la consideración del matrimonio igualitario como un derecho fundamental no forzaría a que después se reclamara también el matrimonio entre una tía y una sobrina, una tía y un sobrino, dos hermanos, un padre y un hijo o dos menores. “Todas esas uniones estarían sin duda alguna igualmente comprometidas en su amor y voluntad de cuidar uno del otro, al igual que los demandantes”, expresa Feldman. Los demandantes, en este caso, son varias parejas del mismo sexo casadas en otras jurisdicciones en las que el matrimonio igualitario es legal pero cuya unión no es reconocida en el estado de Luisiana.

… y su reconocimiento de que no tiene la última palabra

Pese a todos sus argumentos, no deja de llamar la atención un párrafo de la sentencia en la que el propio juez da muestras de no estar convencido de que su criterio sea el que definitivamente se imponga, al reconocer expresamente que “muchos otros tribunales tendrán la oportunidad de discutir el matrimonio entre personas del mismo sexo: tribunales de apelación, y en un momento determinado, el Tribunal Supremo. La decisión de este tribunal, aunque fundamentada, no es más que una entre muchas”.

¿La venda antes que la herida? Veremos lo que sucede finalmente…

Fuente Dosmanzanas

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La batalla judicial por el matrimonio igualitario en Estados Unidos ha llegado a un punto en el que no hay día que no se produzcan novedades. Hacemos hoy una recapitulación de lo sucedido esta semana. En Florida, son ya cuatro los jueces que consideran inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado. En el nivel federal, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha comenzado a estudiar las sentencias favorables al matrimonio igualitario en cuatro estados (Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee) mientras que las sentencias apeladas que ya han sido confirmadas llegan a las puertas del Tribunal Supremo. Una de cuyas integrantes, por cierto, ha vaticinado una próxima resolución…

Florida: ya hay cuatro sentencias

En Florida, la batalla ha comenzado a librarse en la justicia estatal. La última vez que hacíamos alusión a ese estado comentábamos que ya eran dos los jueces, en los condados de Miami-Dude y Monroe, los que habían declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, aunque habían dejado sus sentencias en suspenso en previsión de que fueran apeladas. Pues bien, ya hay dos jueces más que han fallado en el mismo sentido. Un tercer juez lo hacía el lunes, en el condado de Broward, y una cuarta jueza lo hacía el martes, en el condado de Palm Beach. En este último caso, a diferencia de los otros tres, el fallo se refiere en exclusiva al demandante, el viudo de un hombre con posesiones en Florida. La pareja se casó en Delaware, donde sí es legal el matrimonio igualitario, pero Florida no reconoce esta boda, por lo que pone impedimentos al cónyuge viudo para actuar en representación del fallecido. La jueza Diana Lewis le ha dado la razón al demandante (puedes descargar aquí la sentencia) y ha ordenado a Florida reconocer este matrimonio. En este caso, además, la jueza no ha considerado necesario dejar en suspenso la sentencia.

Habrá que ver qué sucede en el ámbito de la justicia estatal de Florida, aunque en cualquier caso también aquí la discusión llegará a la justicia federal. Ya hay, de hecho, un caso pendiente de juicio, referido a una pareja gay casada en Canadá en 2009 a la que Florida no reconoce su matrimonio.

Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, en el alero

Si ascendemos ya al nivel federal, y en concreto al nivel de las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) esta semana está siendo noticia el proceso de audiencia abierto por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), y que debe decidir sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales en Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligan a reconocer matrimonios celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias permanece en suspenso mientras se decide la apelación.

La decisión será tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Se espera que la decisión, favorable o desfavorable, sea adoptada por dos votos contra uno. Tras analizar las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces durante la audiencia, se espera que sea Sutton el que desempate. A día de hoy no hay fecha prevista para conocer el fallo, aunque no se espera una gran demora.

A día de hoy, además de estos cuatro estados, están pendientes de ser revisadas por las Cortes de Apelaciones sentencias ya emitidas y favorables al matrimonio igualitario en Texas, Arkansas, Idaho, Indiana y Colorado. Ligeramente diferente es la situación en Nevada, donde el 9º Circuito debe pronunciarse sobre la materia, aunque aquí no existe una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y en muchos otros estados hay ya demandas presentadas ante la justicia federal, por lo que es previsible que esta lista aumente.

Utah y Oklahoma, a las puertas del Supremo

Pase lo que pase en el 6º Circuito, lo que está ya claro es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está obligado a pronunciarse más pronto que tarde. Y es que, no lo olvidemos, ya hay dos Cortes de Apelaciones que han ratificado sentencias a favor del matrimonio igualitario: las del 10º Circuito (dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma) y del 4º Circuito (una sentencia referida a Virginia).

Utah ha sido de hecho el primero en apelar al Supremo (puedes descargar aquí el documento de apelación, firmado por el gobernador y el fiscal general del estado). El “estado mormón” podía haber solicitado la revisión del caso por el pleno de todos los jueces que integran la Corte de Apelaciones, pero ha optado por acudir directamente al Supremo.

Pero la petición de Utah no es la única. Oklahoma también ha optado por ignorar al pleno de la Corte de Apelaciones y dirigirse directamente al Supremo. En este caso, el documento de apelación (que puedes descargar aquí) está firmado por una funcionaria judicial del condado de Tulsa. Por lo que se refiere a Virginia, ni gobernador ni fiscal general tienen intención de apelar, pero una funcionaria judicial ya ha solicitado que la suspensión cautelar de la sentencia se prolongue hasta que el Tribunal Supremo aclare la cuestión (y teniendo en cuenta los antecedentes es muy probable que la obtenga).

¿La decisión final, en 2015?

Sea por la sentencia de Utah, sea por la Oklahoma o sea por la de cualquier otro estado, todos los analistas ven ya probable que el Tribunal Supremo acepte revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país.

Una expectativa que se ha visto reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”. El Supremo podría optar por no aceptar ninguno de los casos (de hecho, así hace con la inmensa mayoría de los procesos que le llegan), lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones, pero no parece que este vaya a ser el caso.

En sus declaraciones, Ginsburg establecía un paralelismo entre este caso y la prohibición del matrimonio interracial, que no se declaró inconstitucional hasta 1967, para aclarar que en este caso el Supremo no se demoraría tanto como entonces. Una comparación que parece por cierto muy oportuna, y que hace sospechar que ella misma será una de las magistradas que se pongan del lado del matrimonio igualitario.

De hecho, cuando el Supremo declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), antecedente que puede considerarse punto de origen de todo este proceso, Ginsburg fue una de las que se posicionó a favor (entonces fueron 5 votos contra 4. Y a día de hoy, la composición del Supremo sigue siendo la misma que entonces).

Fuente Dosmanzanas

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El juez federal John G. Heyburn ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Kentucky es inconstitucional. La sentencia ha quedado en suspenso hasta que se resuelva la ya anunciada apelación. El mismo juez ya había fallado el pasado mes de febrero a favor del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados, fallo también suspendido cautelarmente.

Dos parejas del mismo sexo habían demandado al estado de Kentucky por no permitirles contraer matrimonio, en aplicación de la enmienda a la Constitución estatal que establece que “tan solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido o reconocido como matrimonio en Kentucky. No será válida ni se reconocerá ninguna condición jurídica idéntica  o sustancialmente similar a la del matrimonio para las personas solteras”. Es decir, no solamente se prohibía el matrimonio igualitario, sino también cualquier tipo de unión civil que otorgara algún derecho a las parejas del mismo sexo. Dicha enmienda fue aprobada por referéndum en noviembre de 2004 con un 75 % de votos favorables, en uno de los estados más conservadores de los Estados Unidos. Aun a fecha de hoy, tan solo un 35 % de los ciudadanos de Kentucky se muestra favorable al matrimonio igualitario, según las últimas encuestas.

Como en las sentencias precedentes dictaminadas en otros estados, el juez Heyburn ha fallado que la prohibición del matrimonio igualitario recogida en esa enmienda viola los derechos de los demandantes a la igual protección y debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Según el juez, “a veces, en defensa de la igualdad de derechos de una minoría, los tribunales necesariamente deben exigir a los demás que contengan sus antiguos comportamientos o frenen su instinto personal. No parece que este sea el caso. Asegurar la igualdad de protección para las parejas del mismo sexo no disminuye la libertad de los demás en grado alguno. Así, el derecho a contraer matrimonio de las parejas del mismo sexo parece ser un derecho constitucional ‘sin costes’. Con suerte, incluso aquellos que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo lo verán de esta manera en el futuro”.

Dado que el fiscal general de Kentucky, Jack Conway, había rehusado defender la prohibición del matrimonio igualitario ante los tribunales, el gobernador Steve Beshear contrató los servicios de un bufete de abogados privado. Los argumentos presentados por este equipo legal se limitaban a exponer que tan solo el matrimonio entre dos personas de distinto sexo garantiza la procreación y mantiene la tasa de natalidad. El juez Heyburn estimó en su sentencia que “esos argumentos no son propios de gente seria”. Según el juez, “­aun asumiendo que el estado tenga un interés legítimo en la promoción de la procreación, no se ha demostrado que la exclusión del matrimonio de las parejas del mismo sexo pueda tener algún efecto sobre la procreación entre los cónyuges heterosexuales’‘.  También añadió que “en los Estados Unidos, ni siquiera las más sinceras y tradicionales creencias religiosas deben prevalecer sobre los derechos constitucionales de quienes hayan perdido una votación”.

La oficina del gobernador ha comunicado su intención de apelar la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, al igual que hizo el pasado mes de febrero con la sentencia, del mismo juez Heyburn, que ordenaba el reconocimiento por parte de Kentucky de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros estados. Como en aquel caso, el juez ha dictaminado en la misma sentencia la suspensión cautelar de la misma hasta que se decida sobre su apelación.

Reconocimiento de un matrimonio en Indiana

Aunque la Corte de Apelaciones del 7º Circuito decidió suspender la sentencia del juez federal Richard Young que permitía el matrimonio igualitario en Indiana, los defensores de las parejas afectadas por la suspensión, Lambda Legal, presentaron una moción de urgencia ante el alto tribunal para que ordenase excepcionalmente el reconocimiento del matrimonio de una de las parejas demandantes. Se trata de Niki Quasney y Amy Sandler, cuyo matrimonio contraído en Massachusetts ya fue reconocido cautelarmente en primera instancia, debido a que Niki está luchando contra un cáncer de ovario en estadio IV. La suspensión de la sentencia del juez Young dejaba de nuevo indefensa a la pareja en una situación crítica.

Afortunadamente, la Corte de Apelaciones ha considerado la gravedad de la situación y ha dictaminado que Indiana debe reconocer el matrimonio de Niki y Amy como legal a todos los efectos y con carácter inmediato. La oficina del fiscal general de Indiana declaraba su respeto por la decisión judicial, sin hacer más comentarios.

Un proceso imparable

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado decenas de demandas en todos los estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Kentucky se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan, Arkansas, Idaho, Oregón, Pensilvania, Wisconsin e Indiana. Sin embargo, exceptuando a Oregón y Pensilvania, el resto de las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

Según fuentes jurídicas, la decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito de confirmar la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario en Utah, también en suspenso, afectaría a los estados de su jurisdicción en los que aún no se han pronunciado los tribunales: Colorado, Kansas y Wyoming. Serían entonces 13 los estados donde el derecho al matrimonio igualitario ha sido reconocido, aunque dicho reconocimiento esté suspendido en espera de apelación.

Por otro lado, en Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con la sentencia también en suspenso. En Tennessee, ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido. En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en trámite (como la de Nevada), pero en realidad el proceso alcanza ya a todos los territorios judiciales del país y a todos los estados.

Todo parece señalar que la apelación de la mencionada decisión de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito  provocará que el proceso de reconocimiento del matrimonio igualitario culmine, en un futuro más o menos próximo, en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 19 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones del 9º Circuito ha suspendido provisionalmente la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Idaho, impidiendo así que el viernes se empezaran a celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. Por su parte, la Corte Suprema de Arkansas también ha dictado la suspensión de la sentencia del mismo tipo que resolvió un tribunal de ese estado hasta que se decida sobre su apelación. En el caso de Arkansas, sin embargo, se han celebrado ya más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la suspensión.

La juez federal Candy Dale denegó la petición de suspensión de la sentencia que ella misma había dictado el pasado 13 de mayo, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en las leyes de Idaho. La juez estimaba que la continuidad de dicha prohibición causaría un daño irreparable tanto a las parejas del mismo sexo demandantes como al resto de las que habitan en Idaho. Tampoco encontraba de interés público mantener una situación legislativa que privaba de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, por lo que desestimó la solicitud de suspensión presentada por el gobernador Butch Otter.

Ante el temor de que las bodas entre personas el mismo sexo comenzaran el pasado viernes, fecha de entrada en vigor de la sentencia de la juez Dale, el fiscal general de Idaho, Lawrence Wasden, presentó una petición de suspensión provisional de urgencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. El tribunal de apelaciones, en este caso, estimó el pasado jueves 15 de mayo la petición de la Fiscalía, dictando la suspensión provisional de la sentencia hasta que se considere la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación. No se ha indicado la duración del periodo de suspensión provisional.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito sigue así el criterio habitual tras la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que suspendió hasta que se decida su apelación la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Utah, a pesar de que su Corte de Apelaciones correspondiente había dictaminado en contra del receso. Desde entonces, algunos de los jueces que han dictado sentencias contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo han resuelto ellos mismos la suspensión hasta la apelación, como en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas. Cuando así no ha ocurrido, han sido las Cortes de Apelaciones quienes han efectuado la suspensión, como en el caso de Michigan.

“Culebrón” legal en Arkansas

En Arkansas todo este proceso ha tenido sus peculiaridades. En este caso, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario no se presentó ante la justicia federal, sino ante un tribunal del circuito estatal. El juez Chris Piazza resolvía a favor de los demandantes y declaraba que las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas contravenían tanto la Constitución de ese estado como la Constitución de los Estados Unidos.

Algunos de los registros civiles de Arkansas comenzaron a emitir licencias de matrimonio y las primeras bodas entre personas del mismo sexo se llevaron a cabo, pero otros no lo hicieron abogando poca claridad en la sentencia del juez Piazza. La Fiscalía General, por su parte, presentó una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema de Arkansas, tribunal competente al no ser un caso federal.

La Corte Suprema dictó una enrevesada resolución en la que denegaba la suspensión de la sentencia, pero en este caso por razones puramente formales. El alto tribunal estimaba que la sentencia del juez Piazza era incompleta, pues no derogaba algunas de las leyes estatales que aún impedían el matrimonio igualitario, como la que obligaba a los registros civiles a emitir únicamente licencias de matrimonio a parejas de distinto sexo. Aunque la sentencia no quedaba suspendida, esta aclaración impedía a los secretarios de los condados seguir emitiendo licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema recordaba también a la Fiscalía que la petición de suspensión debía presentarse en primer lugar ante el mismo tribunal que había dictaminado, en este caso el del juez Piazza.

Así lo hizo el fiscal general Dustin McDaniel, presentando la correspondiente solicitud. Pero también presentaron la suya los defensores de las parejas que habían demandado al estado de Arkansas, solicitando la derogación de todas las leyes que pudieran impedir el matrimonio de sus representados. El juez Piazza enmendó su sentencia el pasado 15 de mayo, derogando todas las disposiciones contrarias a los derechos constitucionales de las parejas demandantes, ordenando a los registros civiles la emisión de licencias de matrimonio a las parejas de distinto sexo y resolviendo en contra de la solicitud de suspensión de la Fiscalía, pues “las violaciones constitucionales son reconocidas habitualmente como causantes de daños irreparables a menos que se subsanen de inmediato”.

Mientras los registros civiles cumplían la orden del juez Piazza y durante la mañana del viernes 16 de mayo emitían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la Fiscalía solicitó de nuevo la suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema. Esa misma tarde, el alto tribunal dictó a favor de la solicitud y suspendió la sentencia del juez Piazza hasta que se resuelva la apelación.

Sin embargo, durante todo este complicado proceso, más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado legalmente en Arkansas. Se espera que el gobierno federal los reconozca, como hizo en los casos de Utah y Michigan, y estas parejas, mientras se decida la apelación, puedan aplicarse el grueso de prestaciones y beneficios que la administración federal ofrece a los matrimonios.

Sentencias en apelación

En la actualidad, son siete las sentencias que permitirían el matrimonio igualitario en sus estados que permanecen en suspenso hasta que se decida sobre su apelación. Seis de ellas deberán ser resueltas por las Cortes de Apelaciones del circuito federal, sin que en ningún caso se pueda prever la fecha de resolución:

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito deberá resolver sobre las sentencias de Utah y Oklahoma. Las audiencias para escuchar los argumentos orales tuvieron lugar el pasado 10 de abril el caso de Utah, y el 17 de abril en el caso de Oklahoma.

La Corte de Apelaciones del 4º Circuito también escuchó este 13 de mayo los argumentos orales correspondientes a la sentencia de Virginia, única de su jurisdicción.

No han tenido lugar más audiencias en el resto de los casos. La sentencia de Texas deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, la de Michigan por la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito y la de Idaho por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Como ya señalábamos, el caso de Arkansas es diferente al no entrar en consideración de la justicia federal, por lo que corresponde a la Corte Suprema del estado resolver sobre la apelación, aunque también es imprevisible saber en qué fechas podrá dictaminar.

Recordemos que, precisamente, este 17 de mayo se ha cumplido el décimo aniversario de la entrada en vigor de la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts que permitió el matrimonio igualitario en ese estado, el primero en hacerlo en los Estados Unidos. También han resuelto a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo las Cortes Supremas de California (en 2008, siendo efectiva en 2013 tras todo el proceso de referéndum y apelación), Connecticut (2008), Iowa (2009), Nueva Jersey (2013) y Nuevo México (2013).

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha decidido prorrogar la suspensión de la sentencia del juez federal Bernard Friedman, que declaraba  inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Michigan, hasta que se resuelva su apelación. Por su parte, el gobernador del estado, el republicano Rick Snyder, ha comunicado que su administración no reconocerá los alrededor de 300 matrimonios del mismo sexo celebrados antes de la suspensión de la sentencia.

Tras el fallo del Tribunal Supremo respecto al mismo proceso en Utah, la decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito era predecible. En aquella ocasión el alto tribunal dictaminó la suspensión de la sentencia favorable al matrimonio igualitario en Utah del juez federal Robert J. Shelby hasta que la Corte de apelaciones del 10º Circuito resuelva sobre su apelación, a pesar de que esta última la había denegado.

La prórroga de la suspensión temporal dictada el pasado 22 de marzo ha contado con los votos favorables de dos de los tres jueces encargados de resolver sobre la petición al respecto efectuada por la Fiscalía General de Michigan. En su fallo argumentan que “no hay ninguna base aparente para distinguir este caso o resolver de manera diferente a lo que hizo el Tribunal Supremo en el caso de Utah. Por otra parte, varios tribunales de distrito que han derogado leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo similares a la enmienda de Michigan también han concedido las peticiones de suspensión realizadas por las fiscalías ​​estatales”. Efectivamente, así ha ocurrido en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas, cuyas sentencias favorables al matrimonio igualitario quedaron suspendidas hasta su apelación por los mismos jueces que las dictaron.

El estado de Michigan no reconoce los matrimonios ya celebrados

A diferencia de lo ocurrido en los tres estados antes mencionados, en Michigan hubo un intervalo entre la sentencia del juez Friedman y la suspensión de la misma por parte de la Corte de Apelaciones. Durante ese periodo, se formalizaron más de 300 matrimonios entre personas del mismo sexo, que ahora quedan en una situación de “limbo” legal. Es de esperar que sean reconocidos por el gobierno federal, tal como ocurrió en el caso de Utah. Sin embargo, el gobernador de Michigan Rick Snyder, que siempre se ha declarado opuesto al matrimonio igualitario, ya ha comunicado que su administración no los reconocerá mientras se decida la apelación.

En una rueda de prensa que tuvo lugar este miércoles 26 de marzo, el gobernador Snyder declaraba: “con respecto a los matrimonios, creemos que son matrimonios legales y válidos. Pero la suspensión expedida hace que todo sea más complicado. Debido a esa suspensión, no vamos a reconocerles los beneficios establecidos para el matrimonio hasta que la suspensión sea retirada”.

Esa desconcertante argumentación ha sido criticada por los representantes demócratas de Michigan, partidarios del matrimonio igualitario. También lo ha sido, como es natural, por los miembros de las parejas directamente afectadas, como Frank Colasonti, de 61 años de edad, que contrajo matrimonio con su pareja James Ryder antes de la suspensión de la sentencia. Colasonti estima que “las declaraciones del gobernador son muy confusas para los que estamos legalmente casados ​​pero no legalmente reconocidos por el estado de Michigan. Es una declaración política, pero no es la declaración de un líder claro y confiable”, a lo que añadía que “los afectados estamos avanzando en tomar las decisiones necesarias para anular la estupidez de nuestro gobernador y fiscal general”.

Fuente Dosmanzanas

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ACTUALIZACIÓN:

Leemos en El Informador:

La corte indica que daría hasta el martes como plazo para escuchar argumentos en contra de la apelación de Schuette

El republicano Bill Schuette presenta una apelación en contra de las bodas gay

La corte de apelación indicó que daría hasta el martes en la tarde como plazo para escuchar argumentos en contra de la apelación de Schuette, lo que podría significar que las uniones gay podrían reanudarse el miércoles. Con la decisión del viernes, Michigan se había convertido en la entidad número 19, contando al Distrito de Columbia, en emitir licencias para matrimonios entre personas del mismo sexo en Estados Unidos.

Leíamos en Dosmanzanas que el juez federal Bernard Friedman (en la fotografía) dictaminó este viernes 21 de marzo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo vigente en el estado de Michigan es contraria a la Constitución de los Estados Unidos. A diferencia de lo sucedido con las sentencias del mismo signo dictadas en Oklahoma, Virginia y Texas, el juez Friedman no dejó en suspenso la aplicación de su resolución, por lo que este mismo sábado ya se han celebrado los primeros matrimonios. Sin embargo, ante una petición de urgencia de la Fiscalía General de Michigan, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, ha dictado una suspensión temporal de la sentencia hasta el próximo miércoles.

El juez Bernard Friedman resolvía sobre la demanda interpuesta por la pareja formada por April DeBoer y Jayne Rowse, quienes reclamaban su derecho a contraer matrimonio y a que su familia, formada por ellas y tres hijos adoptivos, fuera reconocida por el estado de Michigan. Los argumentos de la fiscalía contra esa demanda se basaban en la voluntad del 58,6 % de los votantes del estado, que en 2004 aprobaron una enmienda para que la Constitución de Michigan definiera el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

El fiscal también presentó como apoyo a su argumentación el polémico estudio de Mark Regnerus, que sostiene que hijos criados por padres homosexuales presentan más problemas emocionales en la edad adulta que los criados por parejas heterosexuales. La fiscalía obviaba, sin embargo, la refutación que del mismo han realizado los expertos, e incluso la rectificación que en su día realizó el propio Regnerus declarando los resultados de su estudio inconcluyentes.

En la sentencia, el juez Friedman critica con rotundidad tales argumentos, estableciendo que la voluntad de los votantes no implica que lo aprobado se ajuste a la Constitución. “Al tratar de definir este caso como un desafío a la «voluntad del pueblo», los fiscales han perdido de vista de lo que se trata realmente este caso: la gente”, afirma en su resolución, en la que también se añade que “muchos residentes de Michigan tienen convicciones religiosas cuyos principios rigen la conducta de su vida cotidiana e impregna sus puntos de vista sobre el matrimonio, sin embargo, estos puntos de vista no pueden despojar a los demás ciudadanos de la garantía de igualdad de protección bajo la ley”.

Varapalo al estudio de Regnerus

En cuanto al estudio de Regnerus presentado por la Fiscalía, la sentencia es demoledora: “el Tribunal considera que el estudio de Regnerus es totalmente increíble y que no es digno de seria consideración. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que el ‘estudio’ realizado en 2012 fue ideado a toda prisa, a instancias de un proveedor de fondos de terceros”. Según el juez, este proveedor de fondos deseaba que el resultado del estudio fortaleciera su posición de apoyo al matrimonio tradicional ante la opinión pública, y afirma con severidad que “mientras Regnerus sostuvo que la fuente de financiación no afectó a su imparcialidad como investigador, el Tribunal considera este testimonio increíble. El donante claramente quería un resultado determinado, y Regnerus se lo facilitó”.

Primeras bodas antes de la suspensión de la sentencia

A diferencia de lo sucedido en las recientes sentencias del mismo signo dictadas por jueces federales en Oklahoma, Virginia y Texas, el juez Friedman no ha dejado su aplicación en suspenso hasta el posible dictamen de la Corte de Apelaciones.  Por ello, y después de que las secretarías de varios condados informaran de que facilitarían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, se han celebrado los primeros matrimonios este mismo sábado 22 de marzo. Marsha Caspar y Glenna DeJong, que son pareja desde hace 27 años, se casaban en Mason, mientras que Jere Clausen y Bruce Walters, juntos desde hace 14 años, hacían lo propio en el condado de Muskegon.

Por su parte, el fiscal general de Michigan, Bill Schuette, declaraba su intención de interponer la correspondiente apelación. También informaba de la presentación de una petición de suspensión de urgencia de la sentencia. En respuesta, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito dictaba una orden cautelar de suspensión temporal hasta el próximo miércoles, con el fin de “permitir una consideración más razonada de la moción de suspensión”.

Sin embargo, a lo largo del sábado y antes de la orden de suspensión, se han emitido en las diversas secretarías de los condados 323 licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, y las bodas celebradas se cuentan por decenas.

Una auténtica avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio del año pasado, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Algunas ya han dado resultados favorables, como en Utah, Oklahoma, Virginia y Texas, aunque, como ya comentábamos, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones.

En Kentucky y Tennessee se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos. Mientras que la sentencia de Kentucky está en suspenso pendiente de apelación, la de Tennessee es de aplicación inmediata, si bien tan solo afecta a las tres parejas demandantes.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a más de una veintena de estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que ser resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

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