El juez federal Carlton W. Reeves ha emitido un mandato a los funcionarios de Mississippi, por el que les impide objetar la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por razones religiosas.  La orden es de inmediata aplicación e impide que la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa promulgada por el gobernador del estado el pasado mes de abril, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, sea utilizada con ese propósito. Tanto el gobernador como el fiscal general de Mississippi han expresado su intención de apelar la decisión del juez Reeves.

Carlton W. Reeves fue el juez federal que en noviembre de 2014 dictaminó que las leyes que impedían el matrimonio igualitario en Mississippi violaban el derecho a la igual protección recogido en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En aquella ocasión, también emitió un mandato a los funcionarios del estado sureño para que dejasen de aplicar dichas leyes y facilitasen el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo. Su mandato, sin embargo, fue suspendido por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito mientras se decidía la apelación presentada por el gobernador Phil Bryant y el fiscal general Jim Hood. La Corte de Apelaciones del 5º Circuito, no obstante, nunca llegó a decidir al respecto, pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían el matrimonio igualitario en todo el país antes de que tomara decisión alguna.

El pasado mes de abril, el gobernador Bryant promulgó la Ley de Garantías de la Libertad Religiosa, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor o funcionario estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB. En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

La ley tomará efectos el próximo 1 de julio, y ya ha sido recurrida por organizaciones de defensa de los derechos civiles como Campaign for Southern Equality. El juez encargado del recurso no es otro que el propio Carlton W. Reeves, que aún debe decidir si todas las medidas que establece la ley se ajustan o no a derecho. Pero antes de que prosiga el proceso del recurso y emita su dictamen, el juez Reeves ha tomado la decisión de emitir un mandato que impide a los funcionarios de Mississippi que objeten la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo por razones religiosas. Y lo ha hecho porque entiende que este nuevo mandato no es más que una prolongación del que emitió en noviembre de 2014, cuando dictaminó a favor del matrimonio igualitario, dictamen respaldado por el propio Tribunal Supremo. Es decir, esa parte de la ley aprobada por las cámaras de Mississippi contraviene su sentencia anterior y por lo tanto no puede ser aplicada.

En su mandato, el juez Reeves aclara que “los funcionarios electos de Mississippi pueden estar en desacuerdo con Obergefell [el nombre con que es conocida la sentencia del Tribunal Supremo favorable al matrimonio igualitario], por supuesto, y pueden expresar ese desacuerdo como mejor les parezca —por ejemplo, abogando por una enmienda constitucional para revocar la decisión—, pero la cuestión de las licencias de matrimonio no va a ser considerada de nuevo después de cada sesión legislativa”.

Roberta Kaplan, abogada contratada por Campaign for Southern Equality, bien conocida por su exitosa labor en el precursor caso Windsor (el que dio fin a la discriminación federal de los matrimonios del mismo sexo), emitió el siguiente comunicado elogiando la decisión de juez Reeves: “Un año después de que el Tribunal Supremo garantizase el matrimonio igualitario en el caso Obergefell, estamos encantados de que el juez Reeves reafirme el poder de los tribunales federales para aclarar definitivamente lo que significa la Constitución de los Estados Unidos”.

Por su parte, la portavocía del gobernador Bryant y la del fiscal general Hood han comunicado que se encuentran estudiando el mandato del juez Reeves, y que se plantean presentar el correspondiente recurso ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones del 8º Circuito ha emitido un mandato el pasado 29 de abril, por el que paraliza el procedimiento en los casos de sentencias favorables al matrimonio igualitario sobre cuyo recurso debe decidir. La paralización continuará hasta que decida sobre el mismo asunto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decisión que se espera sea tomada a finales del próximo mes de junio. Por su parte, los legisladores opuestos al matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Texas preparan la batalla legal para impedirlo.

La Corte de Apelaciones del 8º Circuito había iniciado el procedimiento de las apelaciones presentadas contra las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur y Misuri. Los argumentos orales estaban programados para que dieran comienzo el 12 del presente mes de mayo, momento a partir del cual se iniciarían los turnos de réplica y contrarréplica de demandantes y demandados. Dado que en el Tribunal Supremo ya se ha iniciado el procedimiento sobre el mismo asunto, y habiendo tenido lugar la presentación de argumentos orales en el alto tribunal el pasado 28 de abril, la Corte de Apelaciones ha decidido esperar al fallo del más alto tribunal, cuya emisión se espera para finales del próximo mes de junio. Como en el caso de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito respecto a Puerto Rico, se trata sobre todo de un problema de calendario.

Idéntica resolución tomó la Corte de Apelaciones del 11º Circuito respecto a los casos de Florida y Alabama, aunque con la diferencia de que las sentencias de los jueces federales de esos dos estados no están suspendidas, mientras que en Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur y Misuri sí que lo están hasta que se resuelva la apelación. Aunque los representantes de las parejas del mismo sexo afectadas han solicitado reiteradamente a la Corte de Apelaciones del 8º Circuito que levante la suspensión cautelar de las sentencias favorables, las peticiones han sido siempre denegadas, aún cuando otras Cortes de Apelaciones, y el mismo Tribunal Supremo, habían tomado recientemente la decisión de no suspender sentencias.

En otros de los estados pertenecientes al 8º Circuito, Dakota del Norte, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario fue paralizada por el juez del tribunal federal, también hasta la resolución del Tribunal Supremo. El juez pudo hacerlo, precisamente, porque su Corte de Apelaciones no había decidido aún al respecto.

En cuanto a otros estados del mismo circuito de apelaciones, en Arkansas existe otro procedimiento judicial sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero de ámbito estatal, con una sentencia favorable en suspenso hasta que decida la Corte Suprema del estado. Aunque se había iniciado el procedimiento de apelación estatal, gran parte de él debe repetirse al haber cambiado varios de los integrantes de la Corte Suprema a principios de año, lo cual hará que se demore largamente cualquier resolución. En Misuri, por su parte, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

Tan solo resta una Corte de Apelaciones por pronunciarse, la del 5º Circuito, que debe deliberar sobre las sentencias favorables al matrimonio igualitario en Mississippi, Texas y una contraria al mismo de Luisiana. Aunque los argumentos orales fueron presentados el pasado 9 de enero, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito aún no ha emitido resolución alguna. Tampoco ha aceptado las reiteradas solicitudes de levantamiento de la suspensión cautelar en que se encuentran todas las sentencias apeladas.

Texas prepara la rebelión contra el matrimonio igualitario

Precisamente en uno de estos estados, Texas, los opuestos a los derechos LGTB se preparan para impedir la aplicación de una supuesta decisión favorable al matrimonio igualitario, incluso aunque parta de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito o del mismo Tribunal Supremo.

El pasado 22 de abril, el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Texas daba luz verde a un proyecto de ley en el que se amenaza con el despido de los funcionarios y personal del estado que faciliten licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, aun cuando el matrimonio igualitario sea declarado legal por los tribunales.

Presentado por el republicano Cecil Bell Jr., el Proyecto de Ley 623 establece que “los fondos estatales o locales de los contribuyentes no pueden ser utilizados para una actividad que incluya la concesión de licencias o el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo”.  Prosigue con la prohibición a los empleados públicos de cumplir con su obligación de respetar los derechos de los ciudadanos, al señalar que “ningún funcionario local o del estado reconocerá, concederá o emitirá licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Si un funcionario viola esta subsección, no podrá seguir recibiendo un salario, pensión o beneficio alguno a expensas de los contribuyentes de este estado”.

Incluso supera el absurdo legal cuando estipula que ”este estado no estará sujeto a ajustar su legislación de conformidad con la Undécima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para poder cumplir con las disposiciones de esta sección, independientemente de un fallo de una corte federal en contra”. Es decir, aunque el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictamine que es inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el estado de Texas no adaptará la legislación estatal que lo prohíbe, y los funcionarios que acaten el fallo del más alto tribunal del país serán despojados de sueldos y pensiones.

Evidentemente, el proyecto de ley es inconstitucional, y no deja de sorprender que haya obtenido la aprobación del Comité de Asuntos Estatales para que prosiga su tramitación. Pero, al parecer, proyectos de este tipo, destinados a entorpecer derechos constitucionales reconocidos, son frecuentes en el conservador estado de Texas.  Según Dan Quinn, portavoz del grupo de la organización progresista Texas Freedom Network, sin duda son “una rabieta” de quienes “se niegan a asimilar lo que está pasando”, pero también son una estrategia.

Quinn recuerda lo sucedido en Texas tras la decisión del Tribunal Supremo de 1973, que establecía que la decisión de abortar era un derecho constitucional de las mujeres que los estados no podían prohibir. Los legisladores de Texas intentaron repetidamente restringir ese derecho hasta prácticamente anularlo, obligando a acudir a los tribunales federales para impedir la continuidad de las leyes. Tras cada victoria legal, se sucedía una nueva ley restrictiva que de nuevo debía ser desafiada judicialmente. Dan Quinn teme que ese sea también el destino del matrimonio igualitario en el estado de Texas.

Fuente Dosmanzanas

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Este martes 25 de noviembre se han emitido dos nuevas sentencias favorables al matrimonio igualitario desde dos tribunales federales de los Estados Unidos. Ambas han quedado en suspenso en espera de recurso, pues coinciden en pertenecer a jurisdicciones cuya Corte de Apelaciones aún no se ha pronunciado sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Mississippi, el juez federal ha dictado un mandato cautelar que declara inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la legislación estatal. En Arkansas, una juez federal ha dictaminado que las leyes que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas violan la Constitución de los Estados Unidos. En este caso, la sentencia se une a la ya existente de un juez local, que aún está suspendida mientras la Corte Suprema de Arkansas decide sobre su apelación.

El juez federal Carlton W. Reeves ha emitido un mandato cautelar, dirigido a todos los funcionarios del estado de Mississippi, en el que ordena que dejen de aplicar las leyes o enmiendas constitucionales que impidan el acceso al matrimonio y sus beneficios a las parejas del mismo sexo. El mandato, sin embargo, queda en suspenso durante 14 días, para que la Corte de Apelaciones del 5º Circuito o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puedan dictar bien una suspensión permanente de la sentencia mientras se decide su apelación o bien su aplicación inmediata.

En el mandato del juez Reeves se establece que “el tribunal concluye que la prohibición de su matrimonio en Mississippi priva a las parejas del mismo sexo y a sus hijos de igual dignidad ante la ley. Los ciudadanos gais y lesbianas no pueden ser sometidos a una ciudadanía de segunda clase. La prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo de Mississippi viola las cláusulas de igual protección y debido proceso de la Decimocuarta Enmienda”.

El gobernador de Mississippi, Phil Bryant, y el fiscal general de ese estado, Jim Hood, han presentado este mismo miércoles un recurso contra la sentencia ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito y una solicitud de suspensión permanente mientras se resuelve la apelación, por lo que queda en manos de dicha Corte de Apelaciones el acceder o no a esta solicitud de suspensión. La Corte de Apelaciones del 5º Circuito debe resolver también en los casos de Texas, con sentencia favorable al matrimonio igualitario, y de Luisiana, con sentencia desfavorable, cuya audiencia de presentación de argumentos orales está programada para el próximo 9 de enero de 2015. Lo más probable es que a este mismo calendario se sume la apelación de Mississippi.

Nueva sentencia favorable en Arkansas

La juez federal Kristine G. Baker ha resuelto que tanto la legislación como las enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas violan el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La sentencia ha quedado en suspenso hasta que se decida sobre su posible recurso ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, o hasta que haya transcurrido el plazo establecido legalmente para la presentación de la apelación sin que esta se haya formulado, en cuyo caso la sentencia tendrá efectos inmediatos.

La novedad del dictamen de la juez Baker es el motivo por el que fundamenta que se viola la Decimocuarta Enmienda. En este caso no es por discriminación por razón de orientación sexual, que ha rechazado en su fallo, sino porque “se impide a las parejas del mismo sexo el ejercicio de su derecho fundamental a contraer matrimonio en Arkansas, al no reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo válidos de otros estados, y por discriminar por razón de género”. Es decir, se discrimina en razón del sexo de la persona elegida para contraer matrimonio.

Los expertos se felicitan de esta argumentación, pues la Corte de Apelaciones del 8º Circuito, al que pertenece Arkansas, ya ha fallado en otros casos que la orientación sexual no es un rango especialmente protegido, mientras que el género (o sexo) alcanza el más alto escrutinio de protección. La juez también ha considerado las resoluciones sobre el matrimonio igualitario formuladas por las distintas Cortes de Apelaciones, y resuelve que “este tribunal considera que el razonamiento del Sexto Circuito no es tan convincente sobre este asunto como los del Cuarto, Séptimo, Noveno y Décimo Circuitos”. Recordemos que la resolución de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha sido hasta ahora la única desfavorable al matrimonio igualitario.

Hasta el momento no se tiene constancia de que se haya presentado recurso contra la sentencia de la juez Baker por parte de la administración de Arkansas, aunque la Fiscalía General ya recurrió en su día la sentencia de un tribunal local favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Según declaró en aquellos momentos, el fiscal Dustin McDaniel se confesaba favorable a los derechos de las parejas del mismo sexo, pero se sentía obligado a defender la legislación del estado.

El recurso de esa sentencia del tribunal local debe ser resuelto por la Corte Suprema de Arkansas. La audiencia de presentación de argumentos orales tuvo lugar el pasado jueves 20 de noviembre, sin que se sepa la fecha en que el alto tribunal comunicará su fallo.

Continúa la insumisión del estado de Kansas

En Kansas ya ha habido una sentencia favorable al matrimonio igualitario de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia. Pero la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos cuyos secretarios aparecían como parte en la sentencia del juez federal. Sin embargo, muchas de las secretarías han entendido que el fallo del tribunal federal implica a todo el estado, y son 25 los condados donde se facilitan estas licencias de matrimonio, entre ellos los más populosos.

Por otra parte, el ultraconservador gobernador de Kansas, Sam Brownback, en un acto que se puede considerar como de insumisión a la autoridad federal, ha ordenado a las agencias y administraciones estatales que no reconozcan estos matrimonios hasta que se resuelva la apelación de la sentencia, a pesar de que el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya denegado su suspensión. Esta falta de reconocimiento por la administración estatal implica la pérdida de múltiples derechos, como el de cambiar los apellidos en las licencias de conducir tras el matrimonio, el acceso a las exenciones de impuestos establecidas para las parejas casadas o no poder incluir al cónyuge en los seguros sanitarios.

Los abogados de las parejas demandantes han solicitado al tribunal federal que enmiende su sentencia para obligar a todas las agencias y administraciones del estado a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y que se les apliquen todos los beneficios establecidos por la ley.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más compleja

El matrimonio igualitario ya es completamente legal en 35 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 200 millones de personas y comprende a más del 64 % de sus ciudadanos. En el resto de estados existen situaciones peculiares, en un proceso judicial cada vez más rocambolesco.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en el condado de Saint Louis, el más populoso del estado, según estableció un juez de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en Saint Louis son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Florida  (11º Circuito), Texas (5º Circuito) y Misuri (8º Circuito), a los que se suman ahora Mississippi (5º Circuito) y Arkansas (8º Circuito). Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). Recordamos que en Arkansas, la Corte Suprema estatal también debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 15 jurisdicciones tribales.

Podéis comprobar el avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos en este mapa (pinchad en él para verlo en mayor resolución):

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones del 9º Circuito ha suspendido provisionalmente la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Idaho, impidiendo así que el viernes se empezaran a celebrar enlaces entre personas del mismo sexo. Por su parte, la Corte Suprema de Arkansas también ha dictado la suspensión de la sentencia del mismo tipo que resolvió un tribunal de ese estado hasta que se decida sobre su apelación. En el caso de Arkansas, sin embargo, se han celebrado ya más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo antes de la suspensión.

La juez federal Candy Dale denegó la petición de suspensión de la sentencia que ella misma había dictado el pasado 13 de mayo, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario recogida en las leyes de Idaho. La juez estimaba que la continuidad de dicha prohibición causaría un daño irreparable tanto a las parejas del mismo sexo demandantes como al resto de las que habitan en Idaho. Tampoco encontraba de interés público mantener una situación legislativa que privaba de sus derechos constitucionales a los ciudadanos, por lo que desestimó la solicitud de suspensión presentada por el gobernador Butch Otter.

Ante el temor de que las bodas entre personas el mismo sexo comenzaran el pasado viernes, fecha de entrada en vigor de la sentencia de la juez Dale, el fiscal general de Idaho, Lawrence Wasden, presentó una petición de suspensión provisional de urgencia ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. El tribunal de apelaciones, en este caso, estimó el pasado jueves 15 de mayo la petición de la Fiscalía, dictando la suspensión provisional de la sentencia hasta que se considere la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación. No se ha indicado la duración del periodo de suspensión provisional.

La Corte de Apelaciones del 9º Circuito sigue así el criterio habitual tras la disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que suspendió hasta que se decida su apelación la sentencia que permitía el matrimonio igualitario en Utah, a pesar de que su Corte de Apelaciones correspondiente había dictaminado en contra del receso. Desde entonces, algunos de los jueces que han dictado sentencias contra la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo han resuelto ellos mismos la suspensión hasta la apelación, como en los casos de Oklahoma, Virginia y Texas. Cuando así no ha ocurrido, han sido las Cortes de Apelaciones quienes han efectuado la suspensión, como en el caso de Michigan.

“Culebrón” legal en Arkansas

En Arkansas todo este proceso ha tenido sus peculiaridades. En este caso, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario no se presentó ante la justicia federal, sino ante un tribunal del circuito estatal. El juez Chris Piazza resolvía a favor de los demandantes y declaraba que las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo en Arkansas contravenían tanto la Constitución de ese estado como la Constitución de los Estados Unidos.

Algunos de los registros civiles de Arkansas comenzaron a emitir licencias de matrimonio y las primeras bodas entre personas del mismo sexo se llevaron a cabo, pero otros no lo hicieron abogando poca claridad en la sentencia del juez Piazza. La Fiscalía General, por su parte, presentó una solicitud de suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema de Arkansas, tribunal competente al no ser un caso federal.

La Corte Suprema dictó una enrevesada resolución en la que denegaba la suspensión de la sentencia, pero en este caso por razones puramente formales. El alto tribunal estimaba que la sentencia del juez Piazza era incompleta, pues no derogaba algunas de las leyes estatales que aún impedían el matrimonio igualitario, como la que obligaba a los registros civiles a emitir únicamente licencias de matrimonio a parejas de distinto sexo. Aunque la sentencia no quedaba suspendida, esta aclaración impedía a los secretarios de los condados seguir emitiendo licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La Corte Suprema recordaba también a la Fiscalía que la petición de suspensión debía presentarse en primer lugar ante el mismo tribunal que había dictaminado, en este caso el del juez Piazza.

Así lo hizo el fiscal general Dustin McDaniel, presentando la correspondiente solicitud. Pero también presentaron la suya los defensores de las parejas que habían demandado al estado de Arkansas, solicitando la derogación de todas las leyes que pudieran impedir el matrimonio de sus representados. El juez Piazza enmendó su sentencia el pasado 15 de mayo, derogando todas las disposiciones contrarias a los derechos constitucionales de las parejas demandantes, ordenando a los registros civiles la emisión de licencias de matrimonio a las parejas de distinto sexo y resolviendo en contra de la solicitud de suspensión de la Fiscalía, pues “las violaciones constitucionales son reconocidas habitualmente como causantes de daños irreparables a menos que se subsanen de inmediato”.

Mientras los registros civiles cumplían la orden del juez Piazza y durante la mañana del viernes 16 de mayo emitían licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, la Fiscalía solicitó de nuevo la suspensión de la sentencia ante la Corte Suprema. Esa misma tarde, el alto tribunal dictó a favor de la solicitud y suspendió la sentencia del juez Piazza hasta que se resuelva la apelación.

Sin embargo, durante todo este complicado proceso, más de 400 matrimonios entre personas del mismo sexo se han celebrado legalmente en Arkansas. Se espera que el gobierno federal los reconozca, como hizo en los casos de Utah y Michigan, y estas parejas, mientras se decida la apelación, puedan aplicarse el grueso de prestaciones y beneficios que la administración federal ofrece a los matrimonios.

Sentencias en apelación

En la actualidad, son siete las sentencias que permitirían el matrimonio igualitario en sus estados que permanecen en suspenso hasta que se decida sobre su apelación. Seis de ellas deberán ser resueltas por las Cortes de Apelaciones del circuito federal, sin que en ningún caso se pueda prever la fecha de resolución:

La Corte de Apelaciones del 10º Circuito deberá resolver sobre las sentencias de Utah y Oklahoma. Las audiencias para escuchar los argumentos orales tuvieron lugar el pasado 10 de abril el caso de Utah, y el 17 de abril en el caso de Oklahoma.

La Corte de Apelaciones del 4º Circuito también escuchó este 13 de mayo los argumentos orales correspondientes a la sentencia de Virginia, única de su jurisdicción.

No han tenido lugar más audiencias en el resto de los casos. La sentencia de Texas deberá ser resuelta por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, la de Michigan por la Corte de Apelaciones del 6ª Circuito y la de Idaho por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Como ya señalábamos, el caso de Arkansas es diferente al no entrar en consideración de la justicia federal, por lo que corresponde a la Corte Suprema del estado resolver sobre la apelación, aunque también es imprevisible saber en qué fechas podrá dictaminar.

Recordemos que, precisamente, este 17 de mayo se ha cumplido el décimo aniversario de la entrada en vigor de la sentencia de la Corte Suprema de Massachusetts que permitió el matrimonio igualitario en ese estado, el primero en hacerlo en los Estados Unidos. También han resuelto a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo las Cortes Supremas de California (en 2008, siendo efectiva en 2013 tras todo el proceso de referéndum y apelación), Connecticut (2008), Iowa (2009), Nueva Jersey (2013) y Nuevo México (2013).

Fuente Dosmanzanas

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