Gavin Grimm. (ACLU)

Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos.  En el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

Después de siete años de pelear contra Gavin Grimm, un hombre trans al que se le prohibió usar el baño correcto en la escuela, finalmente recibió un pago de $ 1.3 millones de la junta escolar que lo discriminó.

En 2014, cuando solo tenía 15 años, Grimm le dijo por primera vez a la Junta Escolar del Condado de Gloucester de Virginia: “Todo lo que quiero hacer es ser un niño normal y usar el baño en paz”.

Pero su simple solicitud lo llevó hasta la Corte Suprema y al centro de un debate nacional sobre el derecho a existir de las personas trans.

Cuando la junta escolar impidió que Grimm usara los baños de niños en su escuela y lo dejó “estigmatizado y aislado” al obligarlo a usar su propio baño privado, el entonces adolescente presentó una demanda por discriminación.

Representado por la ACLU y la ACLU de Virginia, Grimm sostuvo que la política de la junta iba en contra del Título IX, una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación basada en el sexo.

Su demanda se convirtió en un caso de prueba federal cuando el entonces presidente Barack Obama programó su envío a la Corte Suprema en 2017, pero volvió a las cortes inferiores una vez más al año siguiente después de que la administración Trump desechara una política de la era de Obama que protegía alumnos trans.

Un tribunal federal finalmente dictaminó que la prohibición de la junta escolar fue discriminatoria en 2019 y esto fue confirmado por un tribunal de apelaciones en 2020.

A principios de este año, la Corte Suprema denegó una apelación de la junta escolar, ya que presionó para intentar prohibir a los estudiantes trans el uso de los baños correctos.

En julio, el Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans.

Finalmente, el jueves (26 de agosto), la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) anunció que se le había ordenado a la Junta Escolar del Condado de Gloucester pagar más de $ 1.3 millones en honorarios y costos de abogados a Grimm, llevando su caso a una resolución.

Gavin Grimm espera que los fanáticos aprendan que “la discriminación es una costosa batalla perdida”

Josh Block, abogado senior del ACLU LGBTQ and HIV Project, dijo en un comunicado: “Estamos contentos de que este largo litigio finalmente haya terminado y que Gavin haya sido plenamente reivindicado por los tribunales, pero no debería haber tomado más de seis años. de litigios costosos para llegar a este punto. Después de un año en el que las legislaturas estatales han presentado una cantidad sin precedentes de proyectos de ley dirigidos a los jóvenes trans, esperamos que la concesión de tarifas dé a otras juntas escolares y legisladores una pausa antes de que utilicen la discriminación para ganar puntos políticos”.

El propio Gavin Grimm, que ahora tiene 22 años, agregó: “En lugar de permitir que un niño tenga el mismo acceso a un entorno escolar seguro, la Junta Escolar de Gloucester decidió luchar contra este niño durante cinco años en una costosa batalla legal que perdieron. Espero que este resultado envíe un mensaje contundente a otros sistemas escolares, que la discriminación es una costosa batalla perdida”.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans. Algo que en otros momentos podría ser visto como negativo pero que en el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

A continuación hacemos un repaso de la historia de Gavin Grimm y de su batalla jurídica. Tras salir del armario como chico en 2014, el adolescente comenzó a usar los baños que correspondían a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos contrarios a la igualdad jurídica de las personas trans, convertía en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados. Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo, que como explicamos antes había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto de 2019, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, pese a que este, ya por su edad, había abandonado el instituto. Pero el Consejo Escolar del condado recurrió y el caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en agosto de 2020 insistía de nuevo por 2 votos a 1 en que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género era inconstitucional. El tribunal ciataba además en su argumentación una reciente sentencia del propio Tribunal Supremo que prohibía la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En un casi perfecto déjà vu, el Consejo Escolar del condado de Gloucester volvió a recurrir al Tribunal Supremo, seguramente convencido de que gracias a su actual composición este le daría finalmente la razón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado 28 de junio el alto tribunal comunicaba su decisión de no tomar en consideración el caso, de forma que el fallo del 4º Circuito de Apelaciones es ya firme. Poco se conoce sobre las deliberaciones del Supremo a la hora de decidir por qué no estimaron la apelación, aunque el comunicado del alto tribunal menciona de forma expresa que dos de los magistrados de su mayoría conservadora (Clarence Thomas y Samuel Alito) se opusieron.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Dosmanzanas

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En un giro que no anticipa precisamente buenos tiempos para los derechos LGTB, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha decidido que por el momento no se pronunciará sobre el caso de Gavin Grimm, el adolescente al que su instituto no permite usar el baño de chicos que corresponde a su identidad de género masculina, y lo ha devuelto a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito para que lo reevalúe a la luz de las nuevas directrices emitidas recientemente por la administración Trump. Pocos dudan de que en algún momento el Supremo tendrá que acabar pronunciándose sobre el fondo del asunto, pero todo parece indicar que será ya cuando el alto tribunal haya consolidado de nuevo una mayoría conservadora con la incoporación de Neil Gorsuch, el candidato propuesto por Trump para ocupar la vacante existente en este momento.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el Departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administracion Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada).

Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

Obama aumentó la protección, Trump la ha eliminado…

Ya avanzada la batalla legal, el Departamento de Educación de Obama envió en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans. Aquel documento, que aún puedes consultar aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio. Enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración Obama quedaban cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podía suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Quedaba cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero pudiesen acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) quedaban, por tanto, fuera del texto (junto al cual, por cierto, el Departamento de Educación también emitió otro documento más amplio que orientaba a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual).

La decisión de la administración Obama, conviene tener en cuenta, no tenía que ver directamente con el caso Grimm, y era más bien una reacción a la aporobación de una ley LGTBfoba en Carolina del Norte, que entre otras cosas incluye medidas explícitas de discriminación de las personas trans en su acceso a baños públicos.

La llegada al poder de Donald Trump, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos (como el vicepresidente Mike Pence o el fiscal general Jeff Sessions) convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada hace solo unos días, de forma que estos perdían la protección federal y su situación queda ahora en manos de los estados, varios de los cuales están de hecho promoviendo normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género (similares a la vigente en Carolina del Norte, que los republicanos se niegan a derogar pese al rechazo que ha despertado).

Y el Supremo se inhibe

Finalmente, también Gavin Grimm ha acabado siendo afectado por el ímpetu tránsfobo de la nueva administración estadounidense. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, tenía previsto celebrar este mes de marzo las audiencias del caso, con objeto de pronunciarse dentro de unas semanas sobre el fondo del asunto. Sin embargo, tras cambiar la política de Departamento de Educación, el Supremo ha decidido devolver la patata caliente al 4ª Circuito para que reevalúe el caso.

Una decisión que tanto Grimm como los colectivos de defensa de los derechos trans han lamentado. No porque ponga fin al caso, que no lo hace: la discusión vuelve, en cierto modo, al punto de partida, en el que curiosamente aún no había sido emitida la orden del Obama sobre protección del alumnado trans. Pero pocos dudan de que el caso acabará en algún momento volviendo al Tribunal Supremo. Y las perpectivas, en este sentido, no son precisamente halagueñas para el colectivo LGTB, si se tiene en cuenta que lo hará, casi seguramente, con un Tribunal Supremo con una mayoría conservadora consolidada de nuevo, si como es previsible el Senado acaba dando su visto bueno a la nominación de Neil Gorsuch, propuesto por Donald Trump, para sustituir al fallecido Scalia. Seguiremos atentos a los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció este viernes que revisará el caso de Gavin Grimm, el adolescente trans al que se le ha prohibido usar el baño de chicos de su instituto. La decisión del Tribunal Supremo, aunque desde un punto de vista jurídico no hará otra cosa que dirimir un conflicto de legitimidades, marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Las perspectivas, en este caso, son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario. 

Recordemos en primer lugar el caso que el Tribunal Supremo va a revisar. Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

El papel de la administración Obama

En paralelo a todo este proceso, el propio departamento federal de Educación emitía el pasado mayo una instrucción que estipulaba que en efecto prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX. Aquel documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio, y enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Según este documento queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero puedan acudir a las que corresponden a su identidad de género.

La acción de la administración Obama, conviene precisar, no venía desencadenada directamente por el caso de Gavin Grimm, sino que tenía lugar en el contexto de la aprobación por Carolina del Norte de su infame ley antiLGTB, gracias al control republicano de dicho estado. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes (como la que ya había sido aprobada en la ciudad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis). Entre las medidas prohibidas, la de permitir a las personas transexuales que puedan utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género en cualquier centro público. Una ley contra la que la propia fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha interpuesto una demanda.

Finalmente, para complicar aún más la cosa, el juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitía en agosto una medida cautelar que dejaba en suspenso la instrucción emitida por el departamento de Educación, como respuesta a la demanda presentada por representantes de 13 estados. O’Connor consideró que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla, lo cual, en su opinión, contradice estatutos y textos regulatorios a nivel de los estados.

El Supremo decidirá… elecciones mediante

Esa es, más o menos, la situación de fondo en este momento. Ahora el Supremo ha decidido aceptar la apelación del Consejo Escolar del Condado de Gloucester referida al caso de Gavin Grimm para su discusión. El Consejo Escolar argumenta que en este caso la justicia federal ha actuado de forma inadecuada al asumir sin más la interpretación que una agencia federal hace de una regulación que ni siquiera tiene rango de ley.

Se trata, según los analistas, del caso de mayor perfil político de los que el Tribunal Supremo ha decidido aceptar desde el fallecimiento de Scalia. De ahí que sea previsible que genere una gran polémica. Entre otras cosas, debido al actual contexto político estadounidense.

Por lo pronto, la discusión del caso, y las correspondientes audiencias a las partes, no tendrá lugar hasta el año 2017. Lo que significa que no sabemos qué habrá sucedido entonces con el puesto vacante del Supremo. En el caso, absoluto descartable, de que Donald Trump se haga con la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre y los republicanos mantengan el control del Senado, es muy posible que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB (es de hecho, una de las promesas electorales de Trump, que ha llegado a defender el nombramiento de jueces que deshagan la sentencia de 2015 sobre el matrimonio igualitario). Pero incluso en el caso de que no sea así, y dicha plaza la ocupe finalmente Merrick Garland, el candidato propuesto por Obama y que lleva meses pendiente de confirmación), la discusión se prevé ajustada.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Pocos dudan de que nos encontramos ante un caso especialmente trascendente. Los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos han encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha en territorios en los que no cuentan con una ventaja social clara. Una estrategia que ensayaron con gran éxito en Houston, posiblemente la ciudad más abiertamente pro-LGTB del estado de Texas, donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado.

Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba, como explicamos arriba, la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (por ejemplo, la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Si la decisión del Supremo es favorable al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester y avala la discriminación tránsfoba de Gavin Grimm, esta estrategia habrá conseguido, de hecho, una victoria muy importante para el bando conservador. Si además esta se produjera en un contexto político hostil a los derechos LGTB (esperemos a los resultados del próximo 8 de noviembre…) las consecuencias podrían ser muy negativas.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Gavin Grimm

Malas noticias, al menos de momento. Por primera vez, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se ha pronunciado (de forma indirecta) sobre la polémica que rodea en ese país el uso de los baños y otras instalaciones públicas por parte de las personas transexuales. Y lo ha hecho prohibiendo temporalmente a un adolescente trans que pueda usar el baño de chicos de su instituto. La decisión, adoptada por 5 votos a 3, supone mantener el statu quo jurídico a la espera de que el Supremo adopte una decisión sobre el fondo del asunto, posiblemente en próximos meses.

En este caso el voto decisivo ha sido el de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que se ha unido a los cuatro jueces de perfil más conservador y ha dado la razón al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester, en Virginia. El Consejo Escolar había solicitado con carácter urgente que el permiso para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad de género, emitida por el juez federal Robert Doumar, quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrolla el proceso legal.

La orden de Doumar se producía tras el importante pronunciamiento de la Corte federal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que el pasado mes de abril había dado la razón al adolescente. Se trataba de una decisión también provisional, pero que entonces se inclinaba del lado de Gavin: la Corte de Apelaciones consideró que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género (en este caso masculina) sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas.

La historia de Gavin

Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester. Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al consejo escolar del condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez Robert Doumar estudió en caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada. La Corte de Apelaciones devolvió el caso al juez federal de distrito al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de los argumentos expuestos en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). El resto ya lo sabemos…

La decisión del Supremo: un revés temporal

De hecho, si ahora Stephen Breyer hubiera unido su voto al de las otras tres jueces del bloque progresista se hubiera registrado un empate, con lo cual la posición de la Corte de Apelaciones, la más alta de las que han valorado el caso, hubiese prevalecido. Pero no ha sido así. El propio Stephen Breyer, sin embargo, ha querido dejar claro, en un voto particular, que el suyo era un voto “de cortesía” hasta que el Supremo decida si revisa el fondo del asunto, algo que no ocurrirá previsiblemente hasta octubre. Si decide hacerlo, el statu quo se mantendrá hasta que haya una decisión final.

Si finalmente el Supremo decide no revisar el caso, finaliza la suspensión temporal: prevalece la posición del tribunal más alto que ha valorado el caso (la Corte de Apelaciones) y Gavin, en teoría, podría volver a usar el baño de chicos. “Lo que es triste”, ha declarado Joshua Block, abogado de la ACLU, “es que hay una posibilidad muy seria de que incluso si Gavin gana el caso la decisión no llegue a tiempo”. Y es que Gavin Grimm, que tiene ya 17 años, comenzará este otoño su último curso en el instituto.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Si la decisión que la Corte de Apelaciones tomó en abril fue recibida con satisfacción por el colectivo LGTB estadounidense, lo sucedido ahora supone un cierto jarro de agua fría. No conviene olvidar que los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (hace solo unos días recogíamos, por ejemplo, como la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Fuente Dosmanzanas

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La batalla por los derechos de las personas transexuales se ha convertido en la nueva batalla por los derechos civiles en Estados Unidos. Tras el rotundo posicionamiento, hace unos días, de la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, que anunciaba la presentación de una demanda federal contra el estado de Carolina del Norte por su reciente ley anti-LGTB que entre otras cosas prohíbe a las personas trans usar los baños públicos que corresponden a su identidad de género, el Departamento de Educación de los Estados Unidos acaba de emitir una importante directiva que recuerda a los centros educativos que reciben financiación federal que deben permitir a sus estudiantes trans utilizar las instalaciones que correspondan a su identidad. La administración Obama ha decidido plantar cara, con las armas con las que cuenta, a los potentes sectores tránsfobos. 

La directiva, enviada este viernes por el Departamento de Educación a todos los distritos escolares del país, recuerda que prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Más recientemente, en abril de este año, un fallo de la Corte federal de Apelaciones de 4ª Circuito (con sede en Richmond, Virginia, y con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) determinó que efectivamente existió una violación de la legislación federal en el caso de un chico transexual de Gloucester (Virginia), al que su instituto obligó a usar un baño separado de los que usan el resto de estudiantes. Aunque el caso se encuentra aún en los tribunales, esta primera decisión favorable de una Corte federal fue muy bien recibida por las organizaciones de defensa de los derechos civiles de las personas LGTB.

El documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tiene un carácter informativo y aclaratorio. Enumera las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero podrán acudir a las que corresponden a su identidad de género. Otras actividades que sin embargo no están cubiertas por el Título IX (como el acceso a fraternidades) no quedan, por tanto, cubiertas por la directiva.

Junto a la directiva, el Departamento de Educación también ha emitido otro documento más amplio que orienta a las escuelas sobre cómo abordar los diversos escenarios que pueden surgir en su relación con el alumnado transexual.

Carolina del Norte, escenario de la batalla

A lo que estamos asistiendo, como hemos venido informando en anteriores entradas, es al recrudecimiento de la guerra en torno a los derechos civiles de las personas LGTB en los Estados Unidos después de la derrota que las fuerzas homófobas y tránsfobas sufrieron a manos del Tribunal Supremo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. La ley de Carolina del Norte, en este sentido, puede considerarse la primera gran victoria de estas fuerzas. Se trata, posiblemente, de la más regresiva de las aprobadas en Estados Unidos contra las personas LGTB. El texto prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes, como la que ya había sido aprobada en Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que pudieran utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

En Carolina del Norte, sin embargo, y pese a que la ley ha encontrado fuerte contestación social y puede suponer la pérdida de importantes inversiones económicas, el gobernador McCrory ha decidido convertirla en el eje de su campaña para la reelección el próximo noviembre, confiado en que le reportará el apoyo masivo de los electores conservadores. Y ello pese a que no todos sus compañeros del Partido Republicano parecen entusiasmados con la ley. Es el caso del ya seguro candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que hace pocas semanas mostraba abiertamente su desacuerdo con una norma que consideró innecesaria.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Par McCrory apuesta fuerte por convertir este tema en uno de los más importantes de la campaña electoral, convencido de que “el pánico transexual en los baños” es una carta ganadora para los republicanos. El gobernador, al que la administración federal exigió que paralizara la aplicación de la ley, no ha dudado en acudir a los tribunales. La reacción de la administración Obama no se ha hecho esperar: la fiscal general Loretta Lynch, ella misma natural de Carolina del Norte, anunciaba hace unos días la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles (Hace pocos días nos referíamos con detalle a este discurso).

La batalla acaba de comenzar, y es de largo recorrido.

Fuente Dosmanzanas

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Rotundo posicionamiento de la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, que este lunes 9 de mayo anunciaba la presentación de una demanda federal contra el estado de Carolina del Norte, precisamente su estado natal, por negarse a cumplir el requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos de paralizar la aplicación de su recientemente aprobada ley anti-LGTB, conocida ya en todo el mundo por su prohibición a las personas transexuales de usar los baños que corresponden a su identidad de género.

Lo hemos explicado en anteriores entradas. La ley de Carolina del Norte es posiblemente la más regresiva de las aprobadas en Estados Unidos contra las personas LGTB. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las existentes, como la que ya había sido aprobada en Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que pudieran utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado, a semejanza de lo que ocurrió hace unos meses en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa, enarbolando el mito del “depredador sexual de niñas disfrazado de mujer”. En ambas cámaras, controladas por los republicanos, el resultado fue abrumadoramente mayoritario. El texto fue luego promulgado por el gobernador republicano Pat McCrory, que hizo oídos sordos a las peticiones para que lo vetara (como han hecho por ejemplo sus colegas de otros estados como Georgia, Indiana o Dakota del Sur con leyes parecidas, influidos sin duda por la amenaza de graves pérdidas económicas si se terminaban promulgando).

En Carolina del Norte, sin embargo, y pese a que la ley ha encontrado fuerte contestación social y puede suponer la pérdida de importantes inversiones económicas, el gobernador McCrory ha decidido convertirla en el eje de su campaña para la reelección el próximo noviembre, confiado en que le reportará el apoyo masivo de los electores conservadores. Y ello pese a que no todos sus compañeros del Partido Republicano parecen entusiasmados con la ley. Es el caso del ya seguro candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que hace pocas semanas mostraba abiertamente su desacuerdo con una norma que consideró innecesaria.

La aplicación de la ley, sin embargo, ha encontrado un serio obstáculo: la rotunda oposición de la administración Obama, que la semana pasada requería oficialmente al estado de Carolina del Norte que suspendiera su aplicación al considerar que violaba tanto el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación en el empleo por razón de sexo, como el denominado de forma genérica “Título IX”, la ley que prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo (no confundir con el Título IX de la Ley de Derechos Civiles). Un razonamiento que coincide, por cierto, con una reciente decisión de la Corte federal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que dio la razón a un adolescente transexual al que su instituto no permite usar los baños de chicos (se da la circunstancia de que la Corte de Apelaciones del 4º Circuito tiene también jurisdicción sobre Carolina del Norte).

Demandas cruzadas

Transcurrido el plazo que el Gobierno estadounidense  dio al estado de Carolina del Norte (que vencía este lunes), el gobernador McCrory no solamente se ha negado a suspender la aplicación de la ley, sino que directamente demandaba al Departamento de Justicia ante una Corte federal del estado por considerar que se extralimitaba en el ejercicio de sus funciones.

La respuesta de la administración Obama ha sido rotunda: a través de su fiscal  general, la afroamericana Loretta Lynch (natural, ella misma, de Carolina del Norte) anunciaba la presentación de una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Lo hacía, además, en un apasionado discurso, en el que situaba directamente esta batalla legal en el campo de los derechos civiles. Puedes leer aquí (en inglés) su discurso íntegro, que reproducimos más abajo en vídeo. Nosotros nos quedamos con sus últimos párrafos:

En lugar de ignorar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, aprendamos de nuestra historia y evitemos repetir los errores de nuestro pasado. Reflexionemos sobre una obvia, pero a menudo olvidada, lección: que una discriminación sancionada por un estado nunca resiste la mirada retrospectiva. No ha pasado aún tanto tiempo desde que algunos estados, incluyendo Carolina del Norte, tenían otras advertencias en baños, fuentes de agua y lugares públicos para mantener lejos a los diferentes*. Esos días oscuros ya pasaron, pero no sin dolor y sufrimiento y sin que se luchara para cambiar las cosas. Escribamos esta vez una historia diferente. No actuemos movidos por el miedo y la incomprensión, abandonando los valores de inclusión, diversidad y respeto por todo lo que hace grande a nuestro país.

Déjenme también dirigirme directamente a las personas trans. Algunas de ustedes han vivido libremente durante décadas. Otras todavía se preguntan cómo llevar las vidas que les ha tocado vivir. Pero no importa lo aisladas o asustadas que hoy puedan sentirse, el Departamento de Justicia y toda la administración Obama quieren que sepan que las vemos, que estamos con ustedes, que haremos todo lo que podamos para protegerlas de ahora en adelante. Sepan, por favor, que la historia está de su parte. Este país se fundó sobre las promesa de derechos iguales para todos, y siempre nos hemos esforzado por acercarnos cada vez más a esa promesa, poco a poco, día a día. Puede que no sea fácil, pero juntos lo conseguiremos.

* Lynch hace en esta frase una clara referencia a las leyes contra la segregación racial, que en su momento fueron objeto de otra batalla entre la administración federal y los estados del sur.

Fuente dosmanzanas

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Importante pronunciamiento de la Corte federal de Apelaciones del 4º Circuito, con sede en Richmond (Virginia), que da la razón a Gavin Grimm, un adolescente transexual al que su instituto no permite usar los baños de chicos. El fallo considera que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género, en este caso masculina, sí está amparado la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Se da además la circunstancia de que la Corte de Apelaciones del 4º Circuito tiene jurisdicción sobre Carolina del Norte, por lo que ya hay quien interpreta que la decisión apunta a una derogación de facto de parte de la polémica ley LGTBfoba de este estado.

La historia de Gavin Grimm, de 16 años, no es muy diferente a la de otros menores transexuales. Tras salir del armario como chico, Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al consejo escolar del condado que a Gavin se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

El juez federal que estudió en caso en primera instancia denegó la petición de Gavin en septiembre, pero el joven apeló. Ahora un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) ha determinado, por 2 votos contra 1, que efectivamente ha existido una violación de la legislación federal que lesiona los derechos de Gavin, aun reconociendo en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada.

Conviene matizar, en cualquier caso, que lo que hace la Corte de Apelaciones es atender a la petición de Gavin de que se le permita usar el baño de chicos mientras el proceso legal continúa. De hecho, la Corte de Apelaciones devuelve el caso al juez federal de distrito al considerar que este debe evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de los argumentos expuestos en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí).

Golpe judicial a la estrategia del “pánico transexual”

En cualquier caso, la decisión de la Corte de Apelaciones es especialmente trascendente, sobre todo por el momento en el que se produce: cuando los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos parecen haber encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha, al menos en los estados más conservadores en los que los republicanos gozan de mayoría.

Una estrategia que ensayaron con éxito hace unos meses en Houston (Texas), donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado. Hace pocas semanas esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponer la pérdida de importantes inversiones económicas.

Carolina del Norte, además, se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 4º Distrito, por lo que no es descabellado teorizar, como ya han están haciendo algunos analistas, que el pronunciamiento apunta a una derogación de facto de parte de su ley LGTBfoba, la referida a las instalaciones de centros educativos que reciben fondos del Gobierno. Estaremos en cualquier caso atentos a cómo evoluciona la cuestión…

Fuente Dosmanzanas

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El juez federal Joseph F. Bataillon ha dictaminado este 2 de marzo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en las leyes de Nebraska viola la Constitución de los Estados Unidos. También ha emitido una orden dirigida a todos los funcionaros del estado implicados para que apliquen su sentencia, estableciendo como efectos de la misma el próximo día 9 de marzo. La Fiscalía de Nebraska ya ha iniciado el proceso de presentación del correspondiente recurso ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito. Es muy posible que esta Corte de Apelaciones, que aún no ha fallado respecto al matrimonio igualitario, dictamine la suspensión cautelar de la sentencia, como ha ocurrido en los casos de Misuri, Arkansas y Dakota del Sur.

Joseph F. Bataillon ya había dictaminado en 2005 a favor del matrimonio igualitario en Nebraska. En aquella ocasión se dilucidaba la constitucionalidad del proceso legal por el que se había enmendado la Constitución del estado para definir el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, e impedir así el reconocimiento de los enlaces de las parejas del mismo sexo. El juez Bataillon estimó que esa enmienda violaba la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, sin embargo, en 2006 la Corte de Apelaciones del 8º Circuito revocó su sentencia, permitiendo que la legislación discriminatoria siguiera en vigor.

En esta ocasión, el juez Bataillon ha tenido que decidir sobre las demandas interpuestas por ocho parejas. Unas denunciaban el no reconocimiento por parte de la administración de Nebraska de sus matrimonios celebrados legalmente en otros estados, otras que Nebraska les impidiera contraer matrimonio, en aplicación de la sección 29ª de su Constitución, que establece que “solo el matrimonio entre un hombre y una mujer será válido o reconocido en Nebraska. La unión de dos personas del mismo sexo en una unión civil, compromiso doméstico u otro tipo de relación similar entre personas del mismo sexo no serán válidos o reconocidos en Nebraska”.

Mientras que las parejas demandantes argüían que esta prohibición vulnera su derecho a la igual protección y al debido proceso amparados por la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Fiscalía de Nebraska se remitía a la decisión antes citada de la Corte de Apelaciones del 8º Circuito y al derecho de los estados a “convertir las relaciones naturalmente procreativas en uniones duraderas y unir a los hijos con sus padres biológicos”.

El juez Bataillon ha citado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Windsor, en la que se establece que “las leyes estatales que definen y regulan el matrimonio deben respetar los derechos constitucionales de las personas”. También se ha apoyado en los dictámenes favorables al matrimonio igualitario de las Cortes de Apelaciones del 9º y 4º Circuitos, y ha querido desligar completamente el matrimonio de la procreación, resolviendo que “para la mayoría de las parejas casadas, las que no tienen hijos en el hogar, el matrimonio es un compromiso legal y emocional para el bienestar de su pareja. El Estado tiene claramente el derecho a animar a las parejas a casarse y proporcionarse apoyo mutuo. Sin embargo, esas leyes deben aplicarse por igual y sin atender al género. Es hora de poner fin a esta disposición desigual”. Con esta sentencia el juez hace honor al lema que figura en el escudo de Nebraska: “Igualdad ante la Ley”.

El fallo, por lo tanto, ha sido a favor de las parejas demandantes, aunque se ha establecido que su entrada en vigor se posponga hasta el próximo día 9 de marzo. El juez también ha emitido una orden en la que clarifica que todos los funcionarios y personal administrativo relacionado con el matrimonio deben tratar de igual modo a las parejas del mismo o distinto sexo. Es evidente que esta precaución ha sido tomada para evitar la lamentable situación que tuvo lugar en Alabama, donde la juez federal tuvo que reiterar en dos ocasiones el ámbito de su sentencia, ante la rebelión de los jueces de familia de los condados, incitados por el propio presidente de la Corte Suprema del estado.

Sin embargo, esta precaución puede ser en balde, pues mientras transcurre la semana establecida para la entrada en vigor de la sentencia, podría prosperar la más que previsible petición de la Fiscalía de su suspensión cautelar ante la Corte de Apelaciones del 8º Circuito. Esta Corte de Apelaciones ya ha suspendido, o confirmado la suspensión, las sentencias favorables de Misuri, Arkansas y Dakota del Sur hasta que concluya el proceso de apelación. Lo que ya ha hecho la Fiscalía de Nebraska es iniciar el proceso de recurso, comunicando oficialmente al tribunal su intención de apelar.

Para conocer los avences y la situación actual del Matrimonio igualitario en EE.UU., pincha aquí.

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Se emiten las primeras licencias de matrimonio gay en Miami-Dade

Tras cumplir el plazo establecido en la sentencia del juez federal Robert L. Hinkle, este 6 de enero se han celebrado matrimonios entre personas del mismo sexo a largo de todo el estado de Florida, aunque en el condado de Miami-Dade comenzaran un día antes, debido a una decisión de una juez de un tribunal de ámbito local. La espera hasta esta fecha, sin embargo, no ha estado exenta de controversia, dada la renuencia de la Asociación de Secretarios de Condados de Florida a aplicar la sentencia, hasta el punto de que fue necesaria una clarificación del juez Hinkle para hacer constar que su ejecución era ineludible. Florida se ha convertido, de esta manera, en el 36º estado de los Estados Unidos en legalizar el matrimonio igualitario.

Desde la medianoche de este 5 de enero el matrimonio igualitario ya es una realidad en Florida, que se ha convertido en el estado número 36 en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. De hecho, ya se han registrado los primeros enlaces, celebrados en el condado de Miami-Dade.

En el 2008, el 62 por ciento de la Florida aprobaron enmendar la Constitución de la Florida para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio entre personas del mismo sexo es ya legal en la Florida dese este 6 de enero, cuando expiró una suspensión en el caso federal del estado presidido por el juez de distrito federal Robert L. Hinkle de Tallahassee. La defensa de la procuradoría general en el caso mencionó la votación del 2008 y dijo que el juez debería respetar la voluntad de los votantes del estado. El pasado mes de julio, la jueza Sarah Zabel declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo que estaba vigente desde 2008. Lo mismo hizo, en agosto, el juez federal Robert L. Hinkle. El 21 de agosto, Hinkle declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio gay en la Florida, lo mismo que jueces de circuito en los condados Monroe, Miami-Dade, Broward y Palm Beach. A principios de diciembre, el Tribunal Supremo de EEUU y el Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito en Atlanta se negaron a extender la suspensión de Hinkle, con cuya expiración en la noche del lunes se permitirá que el matrimonio entre personas del mismo sexo se certifique y reconoce en la Florida. Y el 1 de enero los secretarios de corte que expiden licencias de matrimonios han ratificado que todos los condados de Florida deben acatar la norma y no prohibir los enlaces entre personas del mismo sexo.

Cuando se puso de manifiesto que el matrimonio gay se haría legal en la Florida el 6 de enero, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, el secretario del juzgado del condado Osceola, Armando Ramírez y el juez de circuito Bob LeBlanc dijeron que llevarían a cabo el matrimonio gay en el centro de Florida.

Este mismo jueves, seguirán los enlaces, algo que no ha sido bien recibido por la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, que ha declarado en un comunicado que “estaba profundamente decepcionado porque la naturaleza conyugal del matrimonio entre un hombre y una mujer ha proporcionado durante milenios las bases para lograr familias estables, algo necesario para la prosperidad de los seres humanos”.

Primeros matrimonios

Algunas de las secretarías de los condados han abierto desde la madrugada para poder oficiar las primeras bodas de parejas del mismo sexo, mientras otras han preferido continuar con su horario habitual. Y en una ciudad tan importante como Orlando, su propio alcalde ha querido oficiar una masiva ceremonia en la que han participado 45 parejas.

Pero la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio fue la formada por Catherina Pareto y Karla Arguello, que lo hizo el 5 de enero en el condado de Miami-Dade, pues la juez de ese distrito, Sarah Zabel, levantó con esa fecha la suspensión de la sentencia que había dictado meses atrás.

La propia juez fue quien ofició la ceremonia, dedicando las siguientes palabras a la feliz pareja: “compartir el amor es un noble propósito de la vida. El amor no es para ser conservado; debe compartirse. Tiene un significado más amplio que los meros sentimientos personales hacia el otro. El amor es como la justicia y la belleza; es difícil de explicar y de describir, pues el amor es el ingrediente de la vida que nos motiva y nos impulsa hacia objetivos más allá de nuestras propias ambiciones. Los votos que estáis a punto de tomar son una confirmación pública de vuestra confianza y amor por el otro”.

En total, tres jueces de distrito ya habían dictado sentencias declarando inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en Florida, aunque todas ellas estaban en suspenso en espera de que la apelación fuera resuelta por la Corte Suprema del estado. Cuando el juez federal Hinkle dictó el levantamiento de la suspensión de su sentencia, los jueces locales hicieron lo propio con las suyas. La juez Zabel, como hemos visto, se anticipó en un día al resto de sus compañeros.

Una espera rodeada de polémica

Pero la espera desde que el Tribunal Supremo denegó la suspensión de la sentencia del juez Hinkle hasta este 6 de enero ha estado rodeada de polémica. El bufete legal Greenberg Traurig, representante de la Asociación de Secretarios de Condado de Florida, comunicaba a sus afiliados que facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo podría suponerles una sanción económica e incluso pena de prisión de un año. Se fundamentaban en que la ley de Florida castiga a quienes facilitan licencias a parejas cuyo matrimonio está prohibido por la ley estatal.

Para la firma legal, las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo aún estaban vigentes, pues la sentencia del juez Hinkle estaba recurrida. Según su comunicado, tan solo el condado que aparecía como demandado en la sentencia del juez federal tenía la obligación de facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo el día 6 de enero.

Tras este comunicado, la mayoría de los secretarios de los condados declararon que se negarían a facilitar licencias de matrimonio a estas parejas. Las asociaciones LGTB se mostraban sorprendidas, pues una sentencia de un juez federal tiene ámbito estatal, y además en este caso tanto la Corte de Apelaciones como el Tribunal Supremo habían rehusado suspenderla. Sus portavoces comunicaron a su vez que demandarían a los secretarios de los condados que impidieran la ejecución de la sentencia.

La secretaria del condado de Washington decidió presentar una moción de emergencia ante el tribunal del juez Hinkle solicitando que clarificara cuál era la aplicación de su sentencia. El día 1 de enero, el juez federal emitía una orden al respecto. En ella mostraba su sorpresa por que los secretarios de los condados ignorasen que una declaración de inconstitucionalidad les obligaba a todos ellos a acatar la sentencia. También advertía que cualquier secretario que se negase a aplicarla podría ser incluido en la demanda y ser condenado al pago de las costas procesales y de las abultadas minutas de los abogados defensores.

La amenaza de esta sanción económica fue suficiente para que la Asociación de Secretarios comunicase que todos sus afiliados cumplirían con lo establecido en la sentencia del juez Hinkle a partir del 6 de enero. En todas las secretarías, por lo tanto, se emitirán licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las soliciten, como obliga la ley. Pero los secretarios también están autorizados a oficiar matrimonios en sus dependencias, aunque no es una exigencia legal. Para no verse obligados a celebrar estas ceremonias para las parejas del mismo sexo, un total de 14 de los secretarios de los condados han declarado que, debido a sus creencias religiosas, dejarán de facilitar esta prestación a todo tipo de parejas.

Por otra parte, días antes de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se haga legal en el estado de Florida, la cadena de supermercados Publix anunció a sus empleados que las parejas gays y lesbianas que se hayan casado legalmente en otros estados serán elegibles para cobertura de grupo y otras coberturas de salud.

“A partir del 1° de enero del 2015, Publix expandirá la cobertura de beneficios de seguro de salud, dental y óptica para cónyuges a los asociados que se hayan casado en cualquier estado donde el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal, sin importar el estado de residencia de dichos asociados”, reza un memorándum interno enviado por el departamento de comunicaciones corporativas de la compañía de supermercados. “Los planes de beneficios de Publix ofrecen cobertura a los cónyuges legales, y hasta hace poco los estados en que opera Publix no reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo como una unión legal”.

Hasta ahora, Publix no ofrecía beneficios de seguro a las parejas del mismo sexo, estuvieran casadas legalmente o no. “La mayoría de las empresas de Fortune 500 — 66 por ciento — ofrecen beneficios médicos equivalentes para cónyuges y parejas”, según el principal grupo de activismo por los derechos LGBT de la nación, Human Rights Campaign (HRC), radicado en Washington, D.C.

Publix, con sede en Lakeland, es propietaria de 1,095 tiendas de abarrotes en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Unos 35 estados, además del Distrito de Columbia, reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo Carolina del Norte, donde se hizo legal en octubre, y Carolina del Sur, donde se hizo legal en noviembre.

La empresa dijo que habrá un período especial de inscripción de 30 días para los empleados casados con personas del mismo sexo a partir del 1° de enero. Luego de ese plazo, los cónyuges del mismo sexo recibirán los mismos beneficios de seguro de salud que los matrimonios tradicionales. Para inscribirse, los empleados de Publix tendrán que entregar certificados de matrimonio, formularios de inscripción universal y declarar si ellos o sus cónyuges usan productos de tabaco, de acuerdo con un empleado corporativo de recursos humanos.

“Esta es una tremenda noticia”, dijo Nadine Smith, directora ejecutiva de Equality Florida, importante grupo estatal de derechos LGBT. “Publix es una marca icónica, tan asociada con la Florida como las playas y el sol. Esta medida reconoce que el matrimonio está llegando y reconoce la imposibilidad de mantener leyes separadas y desiguales en algunas partes de nuestro estado y nuestro país”. “En el momento de nuestro anuncio, docenas de negocios consideran la posibilidad de hacer un llamado a acabar con la prohibición del matrimonio”, agregó Smith.

Compañías nacionales entre las cuales se encuentran Target, Amazon.com, Delta y Marriott han presentado cartas de amicus curiae llamando a acabar con la prohibición del matrimonio gay en la Florida.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más decantada

Con la incorporación de Florida, el matrimonio igualitario es completamente legal en 36 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 220 millones de personas. En el resto de estados existen situaciones diversas, que configuran un escenario judicial complejo que, a falta de un pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Supremo, poco a poco va decantando la situación hacia una extensión generalizada del matrimonio igualitario. Hacemos a continuación un balance de la situación.

En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Texas (5º Circuito), Arkansas  y el del ya citado Misuri (ambas del 8º Circuito). En Arkansas, además, la Corte Suprema estatal deberá revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito).

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha comunicado que el próximo 9 de enero considerará si acepta para el siguiente grupo de casos a resolver las apelaciones contra las sentencias contrarias al matrimonio igualitario de Ohio, Michigan, Kentucky,  Tennesse y Lousiana.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 21 jurisdicciones tribales (se van sumando aquellas que ligan sus leyes sobre el matrimonio a las del estado donde están ubicadas).

Foto | Twitter Hatzel Vela
Fuente| El Nuevo Herald, vía AmbienteG y Miami Herald, vía SentidoG y Dosmanzanas

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Algunos de los equipos defensores de las parejas del mismo sexo que han demandado a sus estados por no permitirles contraer matrimonio han decidido solicitar que los jueces castiguen las prácticas abusivas de las fiscalías. En Wisconsin y Carolina del Sur se han presentado solicitudes judiciales para que se condene a los representantes jurídicos de los estados a sufragar las minutas de los abogados defensores. Las cifras pueden superar el millón de dólares en Wisconsin y los cien mil dólares en Carolina del Sur.

El equipo legal de la organización de defensa de los derechos civilesAmerican Civil Liberties Union (ACLU) fue el encargado de sostener la demanda presentada por ocho parejas del mismo sexo a quienes el estado de Wisconsin impedía contraer matrimonio o no reconocía sus enlaces celebrados en otros estados. Aunque la sentencia del tribunal federal presidido por la juez Barbara Crabb fue favorable al matrimonio igualitario, los demandantes tuvieron que enfrentarse a prácticas por parte de la Fiscalía de Wisconsin cuyo objetivo era la mera dilación del proceso.

El fiscal general del estado, el fuertemente conservador J.B. Van Hollen, intentó por todos los medios retrasar la ejecución de la sentencia, consiguiendo que la juez Crabb la suspendiera en espera de la apelación. La juez, sin embargo, estableció un plazo de diez días antes de la suspensión, plazo en el cual algunas secretarías de los condados facilitaron licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. La reacción del fiscal fue la de amenazar con demandas a los secretarios que cumpliesen con la sentencia federal y la de calificar a los matrimonios celebrados de “ficticios”.

La Corte de Apelaciones del 7º Circuito, al que pertenece Wisconsin,confirmó la sentencia favorable al matrimonio igualitario, aunque el fiscal continuó recurriendo hasta llegar al Tribunal Supremo. El alto tribunal no admitió a trámite el recurso y desde esa fecha el matrimonio entre personas del mismo sexo adquirió completa legalidad en el estado de Wisconsin.

Pero el equipo legal de ACLU considera que las prácticas disuasorias de la Fiscalía merecen  un resarcimiento. Según se hace constar en la petición presentada, ”la decisión de los demandados de presentar innumerables mociones, hallazgos, nuevos argumentos y tratar frenéticamente de detener los matrimonios, produjo un aumento de la complejidad sustantiva y procesal de los demandantes e incrementó el trabajo de sus abogados, tanto en el tribunal de primera instancia como en el tribunal de apelaciones, y por lo tanto el tiempo requerido para el procedimiento“.

Por ello, teniendo en cuenta que la ley federal en los pleitos civiles puede compensar en este sentido a los demandantes, han solicitado que la Fiscalía de Wisconsin se haga cargo de la minuta del equipo defensor por el trabajo y las horas añadidas con sus prácticas. La cifra asciende a casi 1.250.000 dólares (algo más de 1.000.000 de euros). Desde la oficina del fiscal general no se han querido hacer declaraciones.

Petición de resarcimiento en Carolina del Sur

Los abogados defensores de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Carolina del Sur por no permitirles contraer matrimonio esgrimen un argumento semejante, aunque con sus diferencias.

Carolina del Sur pertenece al ámbito de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en el mes de julio corroboró la sentencia que había declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en el estado de Virginia. Al igual que en el caso de Wisconsin, el Tribunal Supremo no admitió a trámite el recurso contra ese dictamen. Por ello, según argumentan los abogados de los demandantes, el estado de Carolina del Sur debería haber acatado la jurisprudencia de su Corte de Apelaciones, aceptada de facto por el Tribunal Supremo, y haber derogado las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, la Fiscalía, al cargo del también ultraconservador Alan Wilson, no solo continuó defendiendo esas leyes ante el tribunal federal presidido por el juez Richard Mark Gergel, sino que, cuando este dictaminó a favor del matrimonio igualitario, intentó su suspensión permanente durante el proceso de apelación, que fue denegada por la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, e incluso llegó a recurrir al Tribunal Supremo, que tampoco admitió la solicitud. Tras todo este proceso, se celebraron los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo  en Carolina del Sur.

A pesar de todo, la Fiscalía ha continuado con el proceso de apelación, a sabiendas de la práctica seguridad del resultado adverso a su propósito tanto ante la Corte de Apelaciones del 4º Circuito como ante el Tribunal Supremo.

Y ese es precisamente el argumento del equipo de abogados defensores, que denuncian que todo ese trámite inútil acarrea cientos de horas de trabajo para sus bufetes, que deben contrarrestar ante los tribunales las apelaciones de la Fiscalía. Por ello han solicitado que el departamento presidido por el fiscal Wilson se haga cargo de los emolumentos correspondientes a las horas dedicadas al alargamiento del proceso, que cifran en unos 150.000 dólares (unos 120.000 euros).

Si prosperan estas solicitudes, estos emolumentos se sumarán al no cifrado pero sin duda enorme gasto en recursos públicos, e incluso en contratación de bufetes privados, que los estados han dilapidado en la defensa de las leyes contrarias a la igualdad de derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Rechazan moción que impide que entre en vigor matrimonio gay en Florida

A pesar de todos los esfuerzos de quienes se oponen a la unión entre parejas del mismo sexo, Florida podría sumarse a los 33 estados en donde este tipo de uniones son legales a partir del 6 de enero.

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha denegado la solicitud de la administración del estado de Florida de prorrogar la suspensión provisional de la sentencia que permite el matrimonio igualitario en el estado hasta que se decida sobre su apelación. La citada sentencia permanece suspendida cautelarmente hasta que finalice la jornada del próximo 5 de enero de 2015, fecha a partir de la cual las parejas del mismo sexo de Florida podrán celebrar sus matrimonios aunque persista el proceso de apelación, si bien la administración del estado aún puede recurrir la decisión de la Corte de Apelaciones ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

El juez federal Robert L. Hinkle dictó sentencia el 21 de agosto de este año, dictaminando que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Florida violaba los derechos al debido proceso y a la igual protección amparados por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En la sentencia se incluida una medida cautelar que obligaba al estado de Florida a no aplicar las leyes que prohíben el matrimonio igualitario mientras se resolviera una posible apelación, por considerar el matrimonio un derecho fundamental y la orientación sexual digna de ser protegida con el más alto nivel de escrutinio. Esta medida cautelar, sin embargo, quedaba en suspenso hasta 91 días después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolviera sobre la apelación pendiente por parte de la fiscal general del estado, Pam Bondi, contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito en el caso de la apertura del matrimonio igualitario en Virginia.

El Tribunal Supremo rehusó admitir a trámite tanto esta apelación como las presentadas en los casos de Utah, Oklahoma, Indiana y Wisconsin, permitiendo que las sentencias favorables al matrimonio igualitario en esos estados adquirieran efecto inmediato. Esa decisión se tomó el 6 de octubre, fecha a partir de la cual se iniciaba la cuenta de 91 días de suspensión de la medida cautelar del juez Hinkle, plazo que la misma Corte de Apelaciones del 11º Circuito da por finalizado al concluir la jornada del 5 de enero de 2015.

La administración de Florida apeló la sentencia del juez Hinkle el pasado mes de noviembre, y solicitó a la Corte de Apelaciones que suspendiera su ejecución hasta que se resolviera el recurso presentando. Esta petición, sin embargo, ha sido denegada y se ha establecido que a partir del 6 de enero el estado de Florida no podrá aplicar las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Según los expertos, esta decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito es un signo positivo respecto a su futura decisión sobre la apelación, si bien tampoco es una garantía absoluta. Los mismos expertos estiman también que un posible recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene pocas opciones de prosperar, visto que sus últimas resoluciones confirman las decisiones de las Cortes de Apelaciones.

La decisión de este miércoles de la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de denegar la petición de Florida “declaró efectivamente que el estado no tiene una probabilidad de tener éxito en su apelación”, aseguró Daniel Tilley, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida. “Un alivio por fin está por llegar para las parejas del mismo sexo casadas, quienes sufren debido a la negativa de la Florida para reconocer sus uniones legales”, señaló en un comunicado Tony Lima, director ejecutivo del grupo defensor de los derechos de homosexuales SAVE, tras conocer la noticia.

En noviembre pasado, el juez Hinkle señaló que la suspensión sería levantada el 5 de enero de 2015 y que implementaría su decisión de poner fin a la prohibición del matrimonio gay a partir del 6 de enero.

ACLU había presentado el pasado 7 de octubre una moción en la que pidió al juez Hinkle que levantara la suspensión de su propio fallo, a la luz de una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos hecha el día anterior y que había allanado el camino para los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país.

Dicha instancia federal rechazó el pasado 6 de octubre las apelaciones de los estados de Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana, que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo.

Si así fuera, y no se anticipa ningún otro, un estado de la relevancia de Florida, el cuarto en población de los Estados Unidos, podría convertirse en el 36º en permitir el matrimonio igualitario.

Fuente: EFE , vía Dosmanzanas y SentidoG

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El juez federal Brian Morris ha dictaminado que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Montana viola la Constitución de los Estados Unidos. El fallo concluye con un mandato cautelar, de efectos inmediatos, en el que ordena a los funcionarios del estado que no apliquen las leyes declaradas inconstitucionales. Al no haberse establecido ninguna suspensión ni demora de la sentencia, las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio a partir de este 19 de noviembre, aunque el fiscal general del estado ha comunicado que presentará apelación. El mismo juez Morris hace constar en su sentencia que “hoy Montana se convierte en el trigésimo cuarto estado en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Montana era el único estado perteneciente a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, la de mayor ámbito, en el que no se había dictaminado aún acerca de este asunto. Dicha Corte de Apelaciones ya había dictaminado a favor del matrimonio igualitario en los casos de Idaho y Nevada, dictamen que no fue recurrido dado que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no había admitido a trámite apelaciones contra sentencias del mismo tipo en otros estados.

La posibilidad, pues, de que prospere un recurso contra la sentencia del juez Morris es escasa. El gobernador, el demócrata Steve Bullock, ya se ha declarado en el pasado partidario del matrimonio entre personas del mismo sexo y su oficina ni siquiera ha aparecido como parte en el juicio. Sin embargo, el fiscal general del estado, el republicano Tim Fox, ha comunicado que apelará la sentencia al entender que es su deber “respetar y defender la Constitución de Montana” y que su objetivo es llegar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En las alegaciones presentadas ante el tribunal del juez Morris, el fiscal Fox llegó a comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con el incesto y la poligamia.

En todo caso, el juez no ha establecido demora ni suspensión algunas de su fallo, por lo que los matrimonios entre personas del mismo sexo se podrán celebrar de manera inmediata. En la sentencia, que se fundamenta en la jurisprudencia establecida por la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, se establece que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en el artículo XIII, sección 7 de la Constitución de Montana y en las secciones 40-1-103 y 40-1-104 de su Código Civil viola el derecho a la igual protección garantizado por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

En las disposiciones finales, el texto de la sentencia del juez Morris es un claro ejemplo del imparable recorrido judicial que atraviesa el matrimonio igualitario en los Estados Unidos: “las leyes de Montana que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo imponen una ‘situación jurídica desfavorecida’ a las parejas del mismo sexo. Ha llegado el momento de que Montana siga a los otros estados del Noveno Circuito y reconozca que las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo violan el derecho constitucional de las parejas del mismo sexo a la igual protección ante las leyes. Hoy Montana se convierte en el trigésimo cuarto estado en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Denegada la suspensión en Carolina del Sur

En Carolina del Sur, la sentencia favorable estaba suspendida cautelarmente hasta el mediodía de este 20 de noviembre. La Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que ya ha sentado jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario en el caso de Virginia, rechazó la solicitud de suspensión permanente del fiscal del estado. La administración de Carolina del Sur recurrió entonces al Tribunal Supremo, que este mismo día 20 ha rehusado a su vez su concesión. Como en el caso de Kansas, en la resolución se aclara que los jueces Thomas y Scalia han sido discrepantes con la denegación.

De esta manera, Carolina del Sur se ha convertido en el 35º estado de los Estados Unidos en reconocer el matrimonio igualitario, y ya se han empezado a expedir las primeras licencias matrimoniales. Se trata del primer estado de la región histórica del “Profundo Sur” en el que se alcanza la igualdad para las parejas del mismo sexo. En Luisiana, otro de los estados de esta región, se había fallado también al respecto, pero en este caso la sentencia había sido desfavorable a los derechos LGTB. En Alabama, Georgia y Mississippi, los tres estados restantes, aún no se ha dictaminado al respecto.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más compleja

Con la incorporación de Montana y Carolina del Sur, el matrimonio igualitario ya es completamente legal en 35 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 200 millones de personas. En el resto de estados existen situaciones peculiares, en un proceso judicial cada vez más rocambolesco.

En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en el condado de Saint Louis, el más populoso del estado, según estableció un juez de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en Saint Louis son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Florida  (11º Circuito), Texas (5º Circuito) y el del ya citado Misuri (8º Circuito). Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema estatal la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

Fuente Dosmanzanas

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Desde la izquierda: Sixth Circuit Judges Martha Craig Daughtrey, Jeffrey S. Sutton, and Deborah Cook

Un tribunal de apelaciones confirmó este jueves por primera vez en Estados Unidos una prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo y argumentó que el tema no debe ser dirimido en una corte de justicia.

Un panel de tres jueces de la Corte federal de Apelaciones del 6º Circuito, en una sentencia que contradice las ya emitidas por otros circuitos, ha rechazado por dos votos a uno que la prohibición del matrimonio igualitario por los estados viole la Constitución de los Estados Unidos. Por el momento, la decisión mantiene vigente la prohibición del matrimonio igualitario en Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, y dispara las posibilidades de que el Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazó pronunciarse sobre el tema, tenga finalmente que tomar una decisión sobre el matrimonio igualitario.

La Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), ha decidido sobre sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

La decisión de la Corte de Apelaciones ha sido tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Ya durante la fase de audiencia, en función de las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces, quedo relativamente claro que Daughtrey era favorable a confirmar las sentencias previas, dando vía libre al matrimonio igualitario, mientras que Cook era contraria. La duda era la postura que finalmente adoptaría Sutton, un juez nominado por George Bush hijo y confirmado por el Senado en 2003. El juez Jeffrey S. Sutton desestimó las decisiones de tribunales inferiores que consideraban inconstitucionales las leyes de esos cuatro estados que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo. El juez Sutton ha centrado su argumentación no en el fondo de la cuestión si no en quién debe decidir si se permiten o no estas uniones. En su opinión, la legalidad del matrimonio de parejas homosexuales no puede determinarla una “corte intermedia” como la suya, sino “el menos rápido, pero normalmente fiable, trabajo de los procesos democráticos del estado”.

Una decisión a contracorriente

Finalmente Daughtrey y Sutton han optado por contradecir las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se han pronunciado (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que han hecho lo propio (por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana). El 6ª Circuito considera así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto al derecho a la igual protección recogido en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

La sentencia del 6º Circuito se enmarca dentro de la denominada corriente “originalista”, que defiende limitarse, en la interpretación del texto constitucional, a la que se supone era la intención original de los redactores del texto. La 14ª enmienda, conviene precisar, data de 1868 y se redactó como una forma de resolver algunas de las dudas constitucionales que planteaba el final de la esclavitud una vez terminada la Guerra de Secesión. Posteriormente ha servido como base para decisiones históricas del Tribunal Supremo, como la que en 1973 dio protección constitucional a las mujeres para abortar.

El 6º Circuito llega a argumentar en su sentencia (que puedes descargar aquí) que la “tradición” justifica que la legislación del matrimonio permanezca bajo el control de los estados e incluso introduce de nuevo en el argumentario factores como la “procreación” o la “crianza de los hijos” para justificar que haya estados que prefieran mantener el matrimonio como una institución exclusiva de parejas heterosexuales. “Imaginen una sociedad sin matrimonio… Quizá las personas no necesiten el estímulo del gobierno para tener relaciones sexuales, o para mantener la especie. Pero sí necesitan el apoyo del gobierno para crear y mantener relaciones estables en la que los hijos puedan florecer“, expresa la sentencia…

Según el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito -que cubre cuatro estados del centro del país: Michigan, Ohio, Tennessee y Kentucky- la Constitución de Estados Unidos no prohíbe que los estados definan el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En la decisión de este jueves, que se aprobó por dos votos contra uno, la corte dijo que mientras que la definición de matrimonio claramente estaba cambiando en Estados Unidos, las sentencias de los tribunales no eran la forma apropiada para realizar ese cambio. Según la sentencia, el sistema federal del país hace que los estados se conviertan en “laboratorios de experimentación”, permitiendo “a un estado innovar de una manera (y) a otro, de otra”. Además, los jueces opinaron que una herramienta como la votación sería el mejor método para el cambio. “Cuando los tribunales no dejan que el pueblo resuelva los nuevos temas sociales como este, perpetúan la idea de que los héroes en estos eventos de cambio son los jueces y abogados”, dice la sentencia.

Es casi seguro que este fallo contrario al matrimonio homosexual derive en la presentación del caso a la Corte Suprema, que recientemente decidió no considerar un caso sobre el casamiento entre personas del mismo sexo.

Vía directa al Supremo

Caben ahora dos posibilidades de recurso: los demandantes podrían solicitar que la decisión fuera revisada en pleno por los 16 jueces que integran la Corte de Apelaciones o directamente acudir al Tribunal Supremo. Según las informaciones más recientes, esta última parece ser la opción preferida. El Tribunal Supremo, que hace solo un mes rechazaba pronunciarse sobre las apelaciones que entonces le habían sido presentadas y daba de esa forma vía libre al matrimonio igualitario en varios estados, parece que no tendrá en esta ocasión otro remedio que agarrar el toro por los cuernos y poner orden, al existir jurisprudencia claramente contradictoria y no quedar ya estamentos judiciales intermedios.

La sentencia del 6º Circuito, de hecho, retrotrae la situación a la de hace unos meses, cuando todos los observadores daban por hecho que el alto tribunal no tendría más remedio que pronunciarse. Declaraciones como las de la magistrada del Supremo Ruth Ginsburg (uno de los votos considerados “seguros” a favor del matrimonio igualitario), aludiendo a que si todas las sentencias de las Cortes de Apelaciones eran unánimes no había necesidad de que el Supremo se precipitara, habían hecho pensar sin embargo que la cuestión podría quedar resuelta  sin intervención del Supremo. Pero conviene recordar que en esas mismas declaraciones Ginsburg daba gran importancia a la sentencia del 6º Circuito, que ya muchos analistas consideraban sería desfavorable al matrimonio igualitario. Así ha sido.

En caso de que el Supremo decida aceptar la apelación, deberá dilucidar si el derecho de dos personas del mismo sexo a contraer matrimonio goza de protección por la 14ª enmienda, y por tanto no hay estado que pueda impedir su celebración. En el caso de que el Supremo se pronunciara en contra, cada estado podría decidir celebrar o no bodas en su territorio.

Hay que recordar de todas formas que el Supremo ya se ha pronunciado de forma parcial sobre el matrimonio igualitario. Fue en 2013, cuando declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en aquellos lugares donde fuera legal). Una sentencia que está en el origen de toda la escalada judicial, y que echando la vista atrás ha resultado pieza clave en el avance del matrimonio igualitario en Estados Unidos.

El pasado 6 de octubre, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional y las apelaciones de cinco estados que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo. La decisión por omisión provocó que en esos cinco estados (Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana) se pudieran oficiar bodas de manera inmediata.

El mes pasado, el gobierno federal dijo que reconocería los matrimonios entre personas del mismo sexo en seis estados donde hasta ahora no lo hacía, por lo que ya son en total 32 estados de los 50 donde estas uniones se reconocen, además de en el Distrito de Columbia.

Mientras, en Misuri, sentencia favorable al matrimonio igualitario

Lo cierto es que pese a la sentencia del 6º Circuito la marcha hacia la extensión del matrimonio igualitario en Estados Unidos continúa a velocidad de crucero. El último estado en contar con una sentencia favorable es Misuri, donde el juez federal Ortrie D. Smith ha considerado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en este estado. Como en caso anteriores, el propio juez mantiene cautelarmente suspendida la aplicación de la sentencia (que puedes descargar aquí) hasta que se decida la segura apelación. Se da la circunstancia de que en Misuri ya se habían emitido dos sentencias favorables al matrimonio igualitario, aunque de la mano de jueces estatales.

Además de Misuri, otros estados donde en este momento están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario son Florida  (11º Circuito) y Texas (5º Circuito). También en Kansas ha habido sentencia favorable, pero en este caso el Circuito de Apelaciones a cuya jurisdicción permanece el estado (el Décimo) ya ha fallado a favor del matrimonio igualitario, lo que complica que la prohibición se alargue mucho más allá del 11 de noviembre, fecha que el juez puso como límite para que se formalizaran recursos.

Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que también debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En Arkansas, finalmente, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 10 jurisdicciones tribales.

FuenteDosmanzanas,  SentidoG  y Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Cincinnati, Corte de Apelaciones del 10º Circuito, Corte de Apelaciones del 4º Circuito, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Corte de Apelaciones del 7º Circuito, Deborah L. Cook, Discriminación, DOMA, EE. UU., George Bush, George W. Bush, Indiana, Jeffrey S. Sutton, Kentucky, Martha C. Daughtrey, Matrimonio igualitario, Michigan, Missouri, Misuri, Ohio, Oklahoma, Ortrie D. Smith, Ruth Ginsburg, Tennessee, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Utah, Virginia, Wisconsin

Al menos seis jueces del estado de Carolina del Norte han dimitido de su puesto para no verse obligados a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Todos ellos estiman que aplicar la ley del estado donde desarrollan su actividad entraría en conflicto con sus creencias religiosas. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles creen que si un funcionario público no es capaz de cumplir con la legislación vigente, efectivamente debe dimitir de su cargo.

El pasado 10 de octubre, el juez federal Max O. Cogburn Jr. dictaminaba que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Carolina del Norte era inconstitucional. La sentencia seguía las directrices que la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, circunscripción a la pertenece, había establecido en el caso de Virginia: impedir el matrimonio igualitario viola el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Desde esa fecha, pues, los habitantes de Carolina del Norte podían contraer matrimonio con personas de su mismo sexo, pudiendo acudir para ello a cualquier tribunal estatal. Pero apenas unos días más tarde, el juez del condado de Rockingham, John Kallam Jr., presentaba su dimisión por escrito ante la Jefatura de la Corte del Distrito. En su misiva, Kallam argumentaba que “cuando tomé mi juramento del cargo, tuve claro que sería necesario que oficiase bodas, y así lo he hecho a lo largo de mi mandato. No obstante, formulé ese juramento en el entendimiento de que no estaría obligado a casar a parejas del mismo sexo. Mis creencias personales y la postura de mi fe cristiana indican que hacerlo sería profanar una institución sagrada establecida por el mismo Dios”.

La Jefatura de la Corte del Distrito aceptó su dimisión y además aclaró que si el juez hubiese rehusado la celebración de un matrimonio entre personas del mismo sexo se habría seguido el protocolo y habría sido suspendido. La aclaración parecía ir destinada a algunos jueces de condado, que habían declarado que no dimitirían de su cargo pero que tampoco celebrarían este tipo de enlaces.

Poco después se daba a conocer la dimisión del juez del condado de Swain Gilbert Breedlove, que como explicación se limitaba a afirmar que “sé lo que dice la Biblia y sé que eso no está bien”, refiriéndose a los matrimonios entre personas del mismo sexo. A esta dimisión se sumaban días más tarde otros cuatro jueces. Sus argumentos eran semejantes: el conflicto con sus creencias religiosas. Uno de ellos, el juez Bill Stevenson del condado de Gaston, concluía que “sentí que celebrar uniones del mismo sexo sería una violación de los mandamientos del Señor (…), ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo si  pierde su alma?”.

Activistas LGTB los consideran casos aislados

Chris Sgro, director ejecutivo de la organización de defensa de los derechos civiles Equality NC,  señala sin embargo que los magistrados que rehúsan la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo “son unos pocos casos aislados”. Desde la aprobación por los tribunales del matrimonio igualitario se han expendido más de 400 licencias a parejas del mismo sexo en los condados de Carolina del Norte, y se han celebrado todos esos enlaces sin problema alguno.

Sgro estima que la decisión de estos jueces ha sido la correcta: “Aunque no se espere que yo diga esto, no voy a condenar a Breedlove, Kallam, o a cualquier otro magistrado homófobo que opte por dimitir en lugar de reafirmarse en un falso e inexistente ‘derecho’ especial a la discriminación homófoba. De hecho, los aplaudo. Si su animosidad anti-LGBT es tan aguda que ya no pueden llevar a cabo sus funciones públicas y servir a las parejas del mismo sexo, dimitir es exactamente lo que deben hacer”.

Fuente Dos manzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Bill Stevenson, Carolina del Norte, Chris Sgro, Corte de Apelaciones del 4º Circuito, Discriminación, Equality NC, Estados Unidos, Gilbert Breedlove, John Kallam Jr., Matrimonio, Max O. Cogburn Jr., Virginia

El matrimonio igualitario, imparable en los Estados Unidos, se sigue extendiendo por los territorios del conservador “viejo sur” al llegar hasta Carolina del Norte, pero también alcanza a los más norteños, al incorporar en sus filas a Alaska. En ambos casos ha sido por decisión de jueces federales. En ambos casos también, sus respectivas Cortes de Apelaciones ya han dictaminado la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, por ello no ha habido suspensión alguna de las sentencias hasta una posible apelación. Respecto a Idaho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rechazado la solicitud de la fiscalía de suspender la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que este mismo 13 de octubre ha emitido un mandato que obliga a la administración del estado a acatar la sentencia.

El pasado 10 de octubre, el juez federal Max O. Cogburn Jr. dictaminaba que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación del estado de Carolina del Norte era inconstitucional. La sentencia basa su argumentación en el dictamen de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, al que pertenece ese estado, que ya estableció que las leyes que impedían el matrimonio igualitario en Virginia, otro de los estados de la misma jurisdicción, violaban el derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Según el juez Cogburn, “lo planteado ante este tribunal no es un asunto político, ni una cuestión moral. Es una cuestión legal” dejando que claro que no cabía otra opción más que la de seguir el dictamen de la Corte de Apelaciones. En la sentencia se denegaba asimismo cualquier moción destinada a retrasar o entorpecer la entrada en vigor de la misma, con una prohibición expresa y permanente de que el acusado (en este caso el gobierno de Carolina del Norte) promueva leyes destinadas a impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado.

Dado que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya rehusó admitir a trámite la apelación contra la sentencia de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito referida a Virginia, en este caso no se ha establecido suspensión alguna y el matrimonio entre personas del mismo sexo ya es ley en Carolina del Norte. El gobernador Pat McCroy, del Partido Republicano, ha declarado que no solo acatará la sentencia sino que ahora su labor como funcionario público es defender la decisión del tribunal. McCroy cree que el desacuerdo al respecto entre la población del estado “se ha resuelto ya en los tribunales, y es nuestra labor convivir juntos, trabajar juntos,  actuar juntos y respetarnos unos a otros todos juntos”.

Nuevo triunfo para la igualdad en Alaska

Otro juez federal, Timothy M. Burgess, fallaba este domingo 12 de octubre que la enmienda constitucional y las leyes que prohíben el matrimonio igualitario en Alaska son también inconstitucionales. De nuevo, el motivo era la violación del derecho a la igual protección recogido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, como también había establecido la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, a la que pertenece el estado, en los casos de Nevada e Idaho. Este avance en la igualdad de las personas LGTB en Alaska tiene su carga simbólica, pues su enmienda constitucional contraria a sus derechos era la más antigua del país.

Las primeras licencias de matrimonio ya se han empezado a expedir en las secretarias y juzgados de los distintos condados, aunque la ley de Alaska establece una demora de tres días entre la emisión de la licencia y la validez del matrimonio. Aún así, el gobernador del estado, el republicano Sean Parnell, ha declarado su intención de apelar la sentencia, pues estima que “como gobernador de Alaska, tengo el deber de defender y respetar la ley y la Constitución de Alaska. Aunque el actual tribunal de distrito puede haber sido obligado por la reciente opinión del panel del Noveno Circuito, el estado de esa opinión y la ley en general en esta área es fluida. Voy a defender nuestra Constitución”.

Parece, sin embargo, bastante improbable, dado el dictamen y composición de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que tal apelación prospere o que se dicte una suspensión cautelar de la sentencia del juez Burgess en espera de la misma.

Idaho recupera el matrimonio tras la supensión

El juez del Tribunal Supremo Anthony M. Kennedy dictó el pasado 8 de octubre una suspensión temporal del mandado de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito que ordenaba la inmediata aplicación de la sentencia que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en Idaho. El juez Kennedy quería estudiar  la solicitud efectuada por la Fiscalía de Idaho de que se suspendiera permanentemente la sentencia hasta que fuera revisada por el panel completo de jueces de la Corte de Apelaciones.

Sin embargo, el día 10, el pleno del Tribunal Supremo rechazaba esta petición de suspensión permanente. Inmediatamente, se solicitó a la Corte de Apelaciones que levantara la suspensión temporal del juez Kennedy y emitiera un mandato que obligara a la administración de Idaho a cumplir su sentencia. La Corte de Apelaciones, siguiendo el procedimiento legal establecido, ha dado trámite de audiencia a ambas partes este lunes 13 de octubre. Tras escuchar ambos argumentos, ha emitido un mandato para que la administración de Idaho aplique la sentencia que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en Idaho a partir del próximo miércoles 15 de octubre.

Aunque el gobernador del estado, el también republicano Butch Otter, parecía haber aceptado a regañadientes esta derrota, al declarar el pasado viernes 10 de octubre que “somos una nación de leyes. Idaho debe ahora proceder con civilidad y de una manera ordenada al cumplimiento de cualquier futura orden del 9 º Circuito”, tras esta última decisión de la Corte de Apelaciones ha vuelto a arreciar en sus críticas e incluso ha llegado a culpar al matrimonio entre personas del mismo sexo de causar futuras abstenciones del electorado de Idaho, pues “el gobierno federal revoca las decisiones de los estados”. La Fiscalía del estado, por su parte, ha declarado que no se opondrá al mandato de la Corte de Apelaciones, aunque eso no significa que no vaya a tomar más acciones legales en el futuro.

30 estados disfrutan ya del matrimonio igualitario

Con estas tres nuevas incorporaciones, la lista de estados donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo asciende ya a 30: Alaska, California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington y Wisconsin. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y a 10 jurisdicciones tribales.

Además, están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario en Florida, Kentucky, Michigan, Misuri, Ohio, Tennessee y Texas. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana. En Arkansas, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Hay demandas planteadas contra la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en todos los demás estados.

Fuente Dosmanzanas

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Piden a un juez de Carolina del Sur que deje de emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales

El gobernador y el fiscal general de Virginia Occidental han comunicado que no continuarán su defensa de la legislación que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo en su estado. La decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito de declarar inconstitucional la normativa del mismo tipo del vecino estado de Virginia y la negativa del Tribunal Supremo a admitir a trámite el recurso contra la misma han sido definitivos. Con Virginia Occidental, a la fecha de la publicación de esta noticia, ya son 27 los estados de Estados Unidos donde es legal el matrimonio igualitario.

Patrick Morrisey, fiscal general del estado de Virginia Occidental, comunicaba  el pasado 9 de octubre que su departamento consideraba vinculante la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, a la que pertenece, que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el vecino estado de Virginia. Al adquirir firmeza el fallo de la Corte de Apelaciones tras la negativa del Tribunal Supremo a admitir a trámite su recurso, la oficina de Patrick Morrisey estimaba que su deber era acatar la decisión de los tribunales superiores, a pesar de expresar su contrariedad porque estos adopten decisiones que cree competencia de las autoridades locales y estatales. El fiscal general, sin embargo, no creía tener atribuciones para ordenar la emisión de licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, para lo cual remitía a la decisión del gobernador del estado.

El mismo día, el gobernador Earl Ray Tomblin comunicaba a su vez que no actuaría en contra de las decisiones de los tribunales, y que había dado órdenes a los departamentos estatales correspondientes para que facilitasen el cumplimiento de esas decisiones. Según el gobernador, “nuestro estado es conocido por su amabilidad y hospitalidad para con los residentes y visitantes por igual. Animo a todos los residentes de Virginia Occidental -con independencia de sus creencias personales- a defender nuestra tradición estatal de tratarnos unos a otros con dignidad y respeto”.

Con esta nueva incorporación, la lista de estados donde se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo asciende ya a 27: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington y Wisconsin. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y a 10 jurisdicciones tribales.

Además, están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario en los estados de Florida, Kentucky, Michigan, Misuri, Ohio, Tennessee y Texas. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana. En Arkansas, es la Corte Suprema del estado la que debe revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. En Idaho, el juez del Tribunal Supremo Anthony M. Kennedy ha  dictado una suspensión temporal de la sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito en espera de que la apelación sea atendida por el panel completo de jueces.

Fuente Dosmanzanas

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Confirmado: el Tribunal Supremo de los Estados Unidos discutirá el 29 de septiembre si por fin acepta estudiar las apelaciones a las sentencias que hasta el momento han emitido tres diferentes Cortes de Apelaciones considerando que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se abren diversas posibilidades, pero cada vez parece más claro que el destino del matrimonio igualitario en todo el país se decidirá antes de lo que nadie preveía hace solo un año.

Hasta el momento son tres las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) que han fallado: la del 10º Circuito (que ha emitido dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma), la del 4º Circuito (que ha emitido una sentencia referida a Virginia) y la del 7º Circuito, que hace pocos días emitía una sentencia referida a Indiana y Wisconsin. El ponente de esta última fue Richard Posner, uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, que en un impactante texto llegaba a ridiculizar los argumentos de los contrarios al matrimonio igualitario. En todos los casos las sentencias han sido emitidas por un panel de tres jueces (en los tres primeros por dos votos a uno, y en el tercer caso por unanimidad de los tres).

Curiosamente en todos los estados afectados los recurrentes (en la mayoría de los casos sus fiscales generales) han renunciado al derecho que tenían a ser escuchados por el pleno de cada una de las Cortes de Apelaciones y han apelado directamente al Tribunal Supremo, al que han pedido que aclare definitivamente la cuestión. Ahora es pues el turno de los nueve jueces de la más alta instancia judicial de los Estados Unidos.

Diversas posibilidades

En su reunión del 29 de septiembre, los jueces del Supremo pueden decidir que admiten uno, varios o todos los casos. Lo previsible es entonces que se prolongue la suspensión cautelar de las sentencias hasta que haya una decisión definitiva, muy probablemente ya en 2015. Decisión que según los términos en los que se planteara podría afectar a todo el país, si establece claramente que la prohibición del matrimonio igualitario es efectivamente inconstitucional. En caso contrario, la situación quedaría como ahora: cada estado podría decidir si celebrar o no matrimonios. Podría haber incluso decisiones intermedias, si el Supremo decide ser selectivo y resolver en primer lugar el problema del reconocimiento de los matrimonios celebrados en un estado por otro.

El Supremo podría optar por el contrario por rechazar los casos, lo que de facto supondría dar validez inmediata a las sentencias de las Cortes de Apelaciones y que las bodas entre personas del mismo sexo pudieran comenzar en aquellos estados en los que ya hay un pronunciamiento judicial… y en el resto de estados sometidos a la jurisdicción del correspondiente circuito. En el caso del 10º Circuito, por ejemplo, también en Colorado (donde de hecho ya se ha producido otra sentencia favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez federal), Kansas o Wyoming.

En definitiva, las posibilidades teóricas son diversas, aunque cada vez parece más claro que la avalancha judicial a la que dio origen el propio Tribunal Supremo hace pocos más de un año al declarar inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo) solo puede culminar con una decisión clara, sea en un sentido o en otro.

Se prevén incluso más sentencias…

Todo ello sin olvidar que ni mucho menos la avalancha ha cesado: están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas en Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas.

De hecho, el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, ya ha escuchado a las partes. Y también lo ha hecho el 9º Circuito, que debe decidir sobre Idaho y Nevada (en este último estado la situación es algo diferente, ya que el caso ha llegado a la Corte de Apelaciones por otra vía jurídica, sin que exista una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario).

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

Fuente Dosmanzanas

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Suma y sigue. El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 7º Circuito, con sede en Chicago, ha fallado por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en los estados de Indiana y Wisconsin viola el derecho al debido proceso y a la igual protección garantizados por la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Se trata del tercer circuito federal que se pronuncia contra la prohibición del matrimonio igualitario, con una sentencia en la que además el que está considerado uno de los juristas más prestigiosos del país, Richard Posner, ridiculiza los argumentos contrarios a que las parejas del mismo sexo puedan casarse…

Uno de los principales argumentos de los opositores al matrimonio igualitario en Indiana y Wisconsin era el interés legitimo del estado en proteger la función reproductiva. Un argumento que Posner, ponente de la sentencia (que puedes descargar aquí) derriba al recordar que el estado de Indiana prohíbe casarse a los primos hermanos de distinto sexo… hasta que tienen 65 años, una vez que ya resulta imposible concebir hijos. “Indiana ha inventado una insidiosa forma de discriminación: favorecer a los primos hermanos, siempre que no sean del mismo sexo, sobre los homosexuales. Los primos, cuando son mayores, se pueden casar porque ya no pueden producir niños. A los homosexuales se les prohíbe casarse porque no pueden producir niños”, argumenta el juez.

“El gobierno de Indiana piensa que las parejas heterosexuales tienden a ser sexualmente irresponsables, produciendo un montón de hijos no deseados, de forma que hay que presionarles (en forma de estímulo gubernamental del matrimonio a través de una combinación de palos y zanahorias) para casarse. Pero las parejas homosexuales, incapaces como son de tener hijos, sean deseados o no, son padres modelo -ciudadanos modelo- así que no necesitan el matrimonio”, ironiza después Posner. “Los heterosexuales se emborrachan y se embarazan, produciendo hijos no deseados. Su recompensa es que se les permite casarse. Las parejas homosexuales no producen hijos no deseados. Su recompensa es que se les niega el derecho a casarse. Figúrense”, añade…

“La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional”

Lo cierto es que la sentencia de Posner, un conservador propuesto como juez federal por Ronald Reagan en 1981 y que está considerado como uno de los juristas más prestigiosos de Estados Unidos, es rotunda, y expone de forma muy clara las desventajas que a las parejas del mismo sexo y a sus familias (porque Posner deja bien claro que pese a no engendrar hijos biológicos comunes las parejas del mismo sexo sí tienen hijos) les supone el no poder acceder al matrimonio. “La discriminación contra las parejas del mismo sexo es irracional, y por tanto inconstitucional, sin necesidad de considerarla sujeta a mayor escrutinio”, escribe en un momento determinado Posner.

El “mayor escrutinio”, o “heightened/strict scrutiny”, es un término propio del sistema constitucional estadounidense, según el cual en ciertas situaciones la deliberación judicial no debe basarse solo en un mero argumento racional, sino en un análisis del conflicto entre los supuestos intereses legítimos del Gobierno -que podrían justificar incluso la vigencia de una disposición discriminatoria- y los principios constitucionales.

Cuarta sentencia favorable en una Corte de Apelaciones

La decisión unánime del 7º Circuito, contraria a las apelaciones formuladas contra sentencias favorables al matrimonio igualitario en Indiana y en Wisconsin, está en cualquier caso en la línea de las tres ya emitidas por otras dos Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo): dos por el 10º Circuito (referidas a Utah y Oklahoma, cuyos casos se fallaron separadamente) y una por el 4º Circuito (referida a Virginia).

El fallo establece además un plazo de 21 días, transcurridos los cuales, si no media una petición de suspensión cautelar hasta que una instancia superior decida una posible apelación, comenzarían a celebrarse bodas en Indiana y Wisconsin. Aunque dados los antecedentes de los sucedido en los otros circuitos es muy posible que dicha suspensión se pida y sea concedida (ya sea por la propia Corte de Apelaciones o por el propio Tribunal Supremo).

Están pendientes de ser estudiadas también por las correspondientes Cortes de Apelación sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por jueces federales de Colorado, Florida, Idaho, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee o Texas (el 6º Circuito, que debe decidir sobre los recursos a las sentencias de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee) ya ha escuchado por ejemplo a las partes.

También ha habido sentencias favorables en Oregón y Pensilvania, pero en estos dos casos adquirieron firmeza al no presentarse apelación, por lo que se han sumado ya a la larga lista de estados que permiten el matrimonio igualitario. Por el momento, como informábamos por cierto hace un día, solo ha habido un estado en el que un juez federal haya considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana.

El Supremo, cada vez más cerca…

Lo cierto es que poco más de un año después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), punto de origen de todo este proceso, muy pocos esperaban que se hubiera avanzado tan rápido. Los analistas ven de hecho muy probable que el Tribunal Supremo acuerde revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Por lo pronto, Utah y Oklahoma ya lo han solicitado.

Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país. Una expectativa que se vio reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”.

El Supremo también podría optar por no aceptar ninguno de los casos que le lleguen, lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones. Pero no es por lo que apuestan los analistas políticos. Un escenario que además sería difícilmente sostenible si se producen sentencias contradictorias entre diferentes circuitos, algo que aún no ha sucedido pero que es un escenario más que posible.

Fuente Dosmanzanas

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La batalla judicial por el matrimonio igualitario en Estados Unidos ha llegado a un punto en el que no hay día que no se produzcan novedades. Hacemos hoy una recapitulación de lo sucedido esta semana. En Florida, son ya cuatro los jueces que consideran inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado. En el nivel federal, la Corte de Apelaciones del 6º Circuito ha comenzado a estudiar las sentencias favorables al matrimonio igualitario en cuatro estados (Michigan, Ohio, Kentucky y Tennessee) mientras que las sentencias apeladas que ya han sido confirmadas llegan a las puertas del Tribunal Supremo. Una de cuyas integrantes, por cierto, ha vaticinado una próxima resolución…

Florida: ya hay cuatro sentencias

En Florida, la batalla ha comenzado a librarse en la justicia estatal. La última vez que hacíamos alusión a ese estado comentábamos que ya eran dos los jueces, en los condados de Miami-Dude y Monroe, los que habían declarado inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario, aunque habían dejado sus sentencias en suspenso en previsión de que fueran apeladas. Pues bien, ya hay dos jueces más que han fallado en el mismo sentido. Un tercer juez lo hacía el lunes, en el condado de Broward, y una cuarta jueza lo hacía el martes, en el condado de Palm Beach. En este último caso, a diferencia de los otros tres, el fallo se refiere en exclusiva al demandante, el viudo de un hombre con posesiones en Florida. La pareja se casó en Delaware, donde sí es legal el matrimonio igualitario, pero Florida no reconoce esta boda, por lo que pone impedimentos al cónyuge viudo para actuar en representación del fallecido. La jueza Diana Lewis le ha dado la razón al demandante (puedes descargar aquí la sentencia) y ha ordenado a Florida reconocer este matrimonio. En este caso, además, la jueza no ha considerado necesario dejar en suspenso la sentencia.

Habrá que ver qué sucede en el ámbito de la justicia estatal de Florida, aunque en cualquier caso también aquí la discusión llegará a la justicia federal. Ya hay, de hecho, un caso pendiente de juicio, referido a una pareja gay casada en Canadá en 2009 a la que Florida no reconoce su matrimonio.

Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee, en el alero

Si ascendemos ya al nivel federal, y en concreto al nivel de las Cortes de Apelaciones (el escalón intermedio entre la justicia federal a nivel de los estados y el Tribunal Supremo) esta semana está siendo noticia el proceso de audiencia abierto por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati (Ohio), y que debe decidir sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales en Kentucky, Michigan, la propia Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligan a reconocer matrimonios celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias permanece en suspenso mientras se decide la apelación.

La decisión será tomada, como ya ha sucedido en otros circuitos, por un panel de tres jueces: Martha C. Daughtrey, Deborah L. Cook y Jeffrey S. Sutton. Se espera que la decisión, favorable o desfavorable, sea adoptada por dos votos contra uno. Tras analizar las preguntas, comentarios y actitudes mostradas por los jueces durante la audiencia, se espera que sea Sutton el que desempate. A día de hoy no hay fecha prevista para conocer el fallo, aunque no se espera una gran demora.

A día de hoy, además de estos cuatro estados, están pendientes de ser revisadas por las Cortes de Apelaciones sentencias ya emitidas y favorables al matrimonio igualitario en Texas, Arkansas, Idaho, Indiana y Colorado. Ligeramente diferente es la situación en Nevada, donde el 9º Circuito debe pronunciarse sobre la materia, aunque aquí no existe una sentencia anterior que declare inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario. Y en muchos otros estados hay ya demandas presentadas ante la justicia federal, por lo que es previsible que esta lista aumente.

Utah y Oklahoma, a las puertas del Supremo

Pase lo que pase en el 6º Circuito, lo que está ya claro es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está obligado a pronunciarse más pronto que tarde. Y es que, no lo olvidemos, ya hay dos Cortes de Apelaciones que han ratificado sentencias a favor del matrimonio igualitario: las del 10º Circuito (dos sentencias referidas a Utah y Oklahoma) y del 4º Circuito (una sentencia referida a Virginia).

Utah ha sido de hecho el primero en apelar al Supremo (puedes descargar aquí el documento de apelación, firmado por el gobernador y el fiscal general del estado). El “estado mormón” podía haber solicitado la revisión del caso por el pleno de todos los jueces que integran la Corte de Apelaciones, pero ha optado por acudir directamente al Supremo.

Pero la petición de Utah no es la única. Oklahoma también ha optado por ignorar al pleno de la Corte de Apelaciones y dirigirse directamente al Supremo. En este caso, el documento de apelación (que puedes descargar aquí) está firmado por una funcionaria judicial del condado de Tulsa. Por lo que se refiere a Virginia, ni gobernador ni fiscal general tienen intención de apelar, pero una funcionaria judicial ya ha solicitado que la suspensión cautelar de la sentencia se prolongue hasta que el Tribunal Supremo aclare la cuestión (y teniendo en cuenta los antecedentes es muy probable que la obtenga).

¿La decisión final, en 2015?

Sea por la sentencia de Utah, sea por la Oklahoma o sea por la de cualquier otro estado, todos los analistas ven ya probable que el Tribunal Supremo acepte revisar la cuestión en la próxima ronda de aceptación de casos, que tendrá lugar este otoño. Ello haría posible una sentencia ya en 2015, que en caso de ser favorable haría extensivo el matrimonio igualitario a todo el país.

Una expectativa que se ha visto reforzada tras las recientes declaraciones de Ruth Ginsburg, una de las nueve magistradas del Tribunal Supremo, que se mostraba convencida de que el asunto quedará resuelto como muy tarde en junio de 2016, “y posiblemente un año antes”. El Supremo podría optar por no aceptar ninguno de los casos (de hecho, así hace con la inmensa mayoría de los procesos que le llegan), lo que supondría dar validez a las sentencias de las Cortes de Apelaciones, pero no parece que este vaya a ser el caso.

En sus declaraciones, Ginsburg establecía un paralelismo entre este caso y la prohibición del matrimonio interracial, que no se declaró inconstitucional hasta 1967, para aclarar que en este caso el Supremo no se demoraría tanto como entonces. Una comparación que parece por cierto muy oportuna, y que hace sospechar que ella misma será una de las magistradas que se pongan del lado del matrimonio igualitario.

De hecho, cuando el Supremo declaró inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía el reconocimiento por parte de la administración federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo), antecedente que puede considerarse punto de origen de todo este proceso, Ginsburg fue una de las que se posicionó a favor (entonces fueron 5 votos contra 4. Y a día de hoy, la composición del Supremo sigue siendo la misma que entonces).

Fuente Dosmanzanas

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