La Corte de Apelaciones del 8º Circuito ha emitido un mandato el pasado 29 de abril, por el que paraliza el procedimiento en los casos de sentencias favorables al matrimonio igualitario sobre cuyo recurso debe decidir. La paralización continuará hasta que decida sobre el mismo asunto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, decisión que se espera sea tomada a finales del próximo mes de junio. Por su parte, los legisladores opuestos al matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Texas preparan la batalla legal para impedirlo.

La Corte de Apelaciones del 8º Circuito había iniciado el procedimiento de las apelaciones presentadas contra las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur y Misuri. Los argumentos orales estaban programados para que dieran comienzo el 12 del presente mes de mayo, momento a partir del cual se iniciarían los turnos de réplica y contrarréplica de demandantes y demandados. Dado que en el Tribunal Supremo ya se ha iniciado el procedimiento sobre el mismo asunto, y habiendo tenido lugar la presentación de argumentos orales en el alto tribunal el pasado 28 de abril, la Corte de Apelaciones ha decidido esperar al fallo del más alto tribunal, cuya emisión se espera para finales del próximo mes de junio. Como en el caso de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito respecto a Puerto Rico, se trata sobre todo de un problema de calendario.

Idéntica resolución tomó la Corte de Apelaciones del 11º Circuito respecto a los casos de Florida y Alabama, aunque con la diferencia de que las sentencias de los jueces federales de esos dos estados no están suspendidas, mientras que en Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur y Misuri sí que lo están hasta que se resuelva la apelación. Aunque los representantes de las parejas del mismo sexo afectadas han solicitado reiteradamente a la Corte de Apelaciones del 8º Circuito que levante la suspensión cautelar de las sentencias favorables, las peticiones han sido siempre denegadas, aún cuando otras Cortes de Apelaciones, y el mismo Tribunal Supremo, habían tomado recientemente la decisión de no suspender sentencias.

En otros de los estados pertenecientes al 8º Circuito, Dakota del Norte, la demanda contra la prohibición del matrimonio igualitario fue paralizada por el juez del tribunal federal, también hasta la resolución del Tribunal Supremo. El juez pudo hacerlo, precisamente, porque su Corte de Apelaciones no había decidido aún al respecto.

En cuanto a otros estados del mismo circuito de apelaciones, en Arkansas existe otro procedimiento judicial sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero de ámbito estatal, con una sentencia favorable en suspenso hasta que decida la Corte Suprema del estado. Aunque se había iniciado el procedimiento de apelación estatal, gran parte de él debe repetirse al haber cambiado varios de los integrantes de la Corte Suprema a principios de año, lo cual hará que se demore largamente cualquier resolución. En Misuri, por su parte, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

Tan solo resta una Corte de Apelaciones por pronunciarse, la del 5º Circuito, que debe deliberar sobre las sentencias favorables al matrimonio igualitario en Mississippi, Texas y una contraria al mismo de Luisiana. Aunque los argumentos orales fueron presentados el pasado 9 de enero, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito aún no ha emitido resolución alguna. Tampoco ha aceptado las reiteradas solicitudes de levantamiento de la suspensión cautelar en que se encuentran todas las sentencias apeladas.

Texas prepara la rebelión contra el matrimonio igualitario

Precisamente en uno de estos estados, Texas, los opuestos a los derechos LGTB se preparan para impedir la aplicación de una supuesta decisión favorable al matrimonio igualitario, incluso aunque parta de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito o del mismo Tribunal Supremo.

El pasado 22 de abril, el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Texas daba luz verde a un proyecto de ley en el que se amenaza con el despido de los funcionarios y personal del estado que faciliten licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, aun cuando el matrimonio igualitario sea declarado legal por los tribunales.

Presentado por el republicano Cecil Bell Jr., el Proyecto de Ley 623 establece que “los fondos estatales o locales de los contribuyentes no pueden ser utilizados para una actividad que incluya la concesión de licencias o el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo”.  Prosigue con la prohibición a los empleados públicos de cumplir con su obligación de respetar los derechos de los ciudadanos, al señalar que “ningún funcionario local o del estado reconocerá, concederá o emitirá licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Si un funcionario viola esta subsección, no podrá seguir recibiendo un salario, pensión o beneficio alguno a expensas de los contribuyentes de este estado”.

Incluso supera el absurdo legal cuando estipula que ”este estado no estará sujeto a ajustar su legislación de conformidad con la Undécima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para poder cumplir con las disposiciones de esta sección, independientemente de un fallo de una corte federal en contra”. Es decir, aunque el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictamine que es inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, el estado de Texas no adaptará la legislación estatal que lo prohíbe, y los funcionarios que acaten el fallo del más alto tribunal del país serán despojados de sueldos y pensiones.

Evidentemente, el proyecto de ley es inconstitucional, y no deja de sorprender que haya obtenido la aprobación del Comité de Asuntos Estatales para que prosiga su tramitación. Pero, al parecer, proyectos de este tipo, destinados a entorpecer derechos constitucionales reconocidos, son frecuentes en el conservador estado de Texas.  Según Dan Quinn, portavoz del grupo de la organización progresista Texas Freedom Network, sin duda son “una rabieta” de quienes “se niegan a asimilar lo que está pasando”, pero también son una estrategia.

Quinn recuerda lo sucedido en Texas tras la decisión del Tribunal Supremo de 1973, que establecía que la decisión de abortar era un derecho constitucional de las mujeres que los estados no podían prohibir. Los legisladores de Texas intentaron repetidamente restringir ese derecho hasta prácticamente anularlo, obligando a acudir a los tribunales federales para impedir la continuidad de las leyes. Tras cada victoria legal, se sucedía una nueva ley restrictiva que de nuevo debía ser desafiada judicialmente. Dan Quinn teme que ese sea también el destino del matrimonio igualitario en el estado de Texas.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte Suprema de Alabama ha emitido un mandato judicial que prohíbe a los juzgados de familia del estado proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. La orden llega después de que un tribunal federal dictaminara que la prohibición del matrimonio igualitario en Alabama viola la Constitución de los Estados Unidos, y de que la juez que la dictó tuviera que reiterar el ámbito de su sentencia para obligar a los jueces de familia a acatarla. Los expertos claman por la barbarie legal que se está cometiendo, pues ni la Corte Suprema de Alabama tiene competencia para contradecir a un tribunal federal, ni puede decidir sobre un caso que no ha sido primeramente decidido en un tribunal estatal de rango inferior, ni tiene autoridad directa sobre los funcionarios de los juzgados de familia.

Las primeras bodas entre parejas del mismo sexo se celebraron en Alabama el pasado 9 de febrero, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez federal Callie V. S. Granade cuando dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. La administración de Alabama había solicitado tanto a la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, como posteriormente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que la sentencia quedase cautelarmente en suspenso mientras se decidía sobre la apelación presentada. Ambos tribunales rechazaron la petición, por lo que la sentencia federal era efectiva y de obligado cumplimiento. Lo que sí decidió la Corte de Apelaciones de 11º Circuito es dejar en suspenso el proceso de apelación hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario, proceso ya iniciado y que probablemente se resolverá el próximo mes de junio.

Aunque el gobernador del estado, Robert Bentley, comunicó su intención inequívoca de acatar el proceso judicial y aceptar la autoridad del tribunal federal al respecto, quien no quiso hacerlo fue el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore. Emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. Todos los expertos coincidían en que no tenía autoridad ni competencia para dictar una orden así, pero creó la suficiente confusión como para que en muchos de los condados se dejasen de proporcionar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo.

La juez federal Callie V. S. Granade se vio obligada a reiterar que su sentencia era de obligado cumplimiento. Tras ello, la mayoría de los jueces de familia de los condados empezaron a facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demandaban, con la excepción de algunos que decidieron no emitir licencia a pareja alguna, fuera del mismo o distinto sexo.

Pero ni el juez Moore, ni la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Alabama parecieron dispuestos a acatar la legalidad. Admitieron a trámite una petición del grupo homófobo Liberty Counsel, que solicitaba que los jueces de familia cesasen la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, amparándose en “el bien común”. Una vez más se señaló la improcedencia de esa actuación, incluso así lo hizo algún juez disidente, pues una organización privada no está legitimada para solicitar a la Corte Suprema un mandato semejante. Sin embargo, se inició el proceso y los jueces de familia se vieron obligados a informar sobre cada una de las licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo que emitían.

Sirva de ejemplo del grado de intolerancia de los miembros de la Corte Suprema de Alabama, la opinión particular de uno de ellos, Glenn Murdock. Cuando el juez de familia del condado de Mobile consultó a ese tribunal sobre si debía acatar la sentencia federal, consulta que se desestimó, el juez Murdock hizo constar en la respuesta que, de permitirse el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la institución quedaría sin contenido y por lo tanto debería abolirse.

El mismo presidente del tribunal, el juez Moore, ya había instado en su día al gobernador de Alabama, mediante una misiva, a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”.

La agresividad contra los derechos de las personas LGTB por parte del tribunal estatal de más alta instancia de Alabama, ha culminado con la orden emitida este 3 de marzo, en la que esa Corte Suprema establece que “como lo ha hecho durante aproximadamente dos siglos, la ley de Alabama solo permite el matrimonio entre un hombre y una mujer. Los jueces de Alabama tienen el deber de no emitir ninguna licencia de matrimonio en contra de esta ley. Nada en la Constitución de los Estados Unidos altera o anula este deber”. Por tanto, les ordenan no facilitar licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las demanden.

Para fundamentar su decisión, la Corte Suprema alude a viejos argumentos, como que ”a lo largo de toda su historia, Alabama ha elegido la definición tradicional del matrimonio. Ese hecho no cambia simplemente porque una nueva definición del matrimonio haya ganado ascendencia en algunos sectores del país, aunque uno de esos sectores sea el poder judicial federal. El matrimonio siempre ha tenido lugar entre miembros del sexo opuesto. La razón obvia para esta característica inmutable es la naturaleza. Los hombres y las mujeres se complementan entre sí biológica y socialmente. De manera aún más obvia, la unión sexual entre hombres y mujeres produce hijos.  En resumen, el gobierno tiene un interés evidente en los hijos y las consecuencias que se derivan de la procreación”.

La orden ha sido aprobada con el voto favorable de seis de los siete jueces firmantes. Aunque el juez Moore, en su calidad de presidente, no ha tenido que intervenir con su voto, a nadie se le escapa que su mano está en el fondo y forma de la decisión. El juez disidente, Greg Shaw, dejaba muy clara su postura contraria por motivaciones estrictamente legales: “En su intento de reducir la confusión y restaurar el orden, la opinión mayoritaria se ha desviado de ciertos principios del derecho que socavan su razón para asumir esta competencia. En particular, esta Corte no tiene jurisdicción sobre este caso, no solo porque no proceda de un tribunal inferior, sino también porque trata de instruir a un funcionario del estado sin capacidad judicial sobre cómo realizar un acto ministerial”. Es decir, se han tratado de utilizar acrobacias legales para dictaminar sobre algo sin tener competencia para ello.

La actitud de los miembros de la Corte Suprema de Alabama está siendo comparada inevitablemente con la parte más negra de la historia reciente del estado. Concretamente con la actitud del gobernador George Wallace, que en 1963 se plantó ante las puertas de la Universidad de Alabama para impedir la inscripción de estudiantes de raza negra, como obligaban las leyes antisegregacionistas aprobadas por el gobierno del John F. Kennedy.  El ominoso discurso de Wallace en su toma de posesión como gobernador, en el que incluyó la deleznable frase “segregación ahora, segregación mañana, segregación siempre”, parece haberse convertido ahora, mediante la orden de la Corte Suprema, en un “matrimonio tradicional ahora, matrimonio tradicional mañana, matrimonio tradicional siempre”, con el que continuar la historia de la intolerancia en Alabama.

Sarah Warbelow, directora de asuntos legales de Human Rights Campaign, declaraba con contundencia que “la Corte Suprema del estado de Alabama no tiene autoridad para interferir con una orden judicial federal. Esta orden es indignante y desconcertante, y ninguna jerga legal puede ocultar la animosidad que está en la base de esta sentencia extralegal”.

Shannon Minter, directora jurídica de National Center for Lesbian Rights estima por su parte que “la Corte Suprema de Alabama no solo ha concedido un mandamiento solicitado por grupos privados, sino que se ha excedido aún más al estimar que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en Alabama es constitucional, cuestión que ninguna de las partes le había pedido que abordase. Es profundamente lamentable que, mientras el matrimonio igualitario para todo el país está en el horizonte, la Corte Suprema de Alabama esté decidida a permanecer en el lado equivocado de la historia. La actuación de la Corte muestra un cruel desprecio por el impacto de esta decisión arbitraria en las parejas del mismo sexo y sus familias, pero estas familias deben animarse, porque esto es tan solo un tropiezo en el camino hacia la igualdad. Ya han cambiado para siempre la historia de su estado. La cuestión  no es si el matrimonio igualitario volverá a Alabama, sino cuán rápido lo hará”.

David Kennedy, uno de los defensores que consiguió la victoria en el tribunal federal, estima que los jueces de familia que acaten esta orden pueden arriesgarse a demandas por parte de las parejas a quienes no faciliten licencias. “Cuando las leyes del estado entran en conflicto con las leyes federales, las federales ganan”, afirma convencido.

Otros expertos, sin embargo, no son tan optimistas, y opinan que la Cláusula de Supremacía estipulada por la Constitución de los Estados Unidos, que hace regir los dictámenes federales sobre los estatales, se aplicaría caso a caso, lo que obligaría a las parejas a demandar (o unirse a demandas existentes) para que el tribunal federal obligase a un juez de familia en concreto a facilitar la licencia de matrimonio pertinente.

La Corte Suprema de Alabama, por su parte, ha dado a entender que únicamente acatará una orden dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sin atender a lo que dicten tribunales de rango inferior, por lo que la batalla judicial parece que va a prolongarse.

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Este lunes 9 de febrero empezaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama, una vez que había finalizado la suspensión temporal dictada por la juez Granade cuanto dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes estatales que las prohibían. Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema del estado, el fundamentalista cristiano Roy Moore, ha decidido rebelarse contra los tribunales federales y ha ordenado a los jueces de familia que no emitan licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Debido a la controversia legal generada, gran parte de los condados han decidido no facilitar licencias de matrimonio a ninguna pareja, sean del mismo o de distinto sexo. Por su parte, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha decidido dejar en suspenso el proceso de apelación de los casos de Florida y Alabama, hasta la decisión definitiva del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario.

La juez Callie V. S. Granade dictaminó el pasado 23 de enero sobre el caso de la pareja formada  por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La juez falló a favor de las demandantes, resolviendo que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo establecida por las leyes de Alabama, violaba el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. En el fallo también se recogía su suspensión cautelar hasta el 9 de febrero, con el fin de dar tiempo a la Fiscalía a preparar una posible apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

El lunes 26, la misma juez resolvió sobre la demanda presentada por James Strawser y John Humphrey contra la administración de Alabama, por no permitirles contraer matrimonio. El fallo recogió los mismos argumentos que la sentencia previa, estableciendo la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de Alabama. Al igual que en el fallo precedente, la sentencia fue suspendida cautelarmente hasta el lunes 9 de febrero.

La administración de Alabama presentó inmediatamente una moción de suspensión permanente de ambas sentencias ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, que fue denegada mediante una escueta resolución que no ofrecía explicaciones. La Fiscalía procedió entonces a interponer la misma moción ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, específicamente ante la oficina del juez Clarence Thomas, uno de los miembros más conservadores del alto tribunal y encargado de supervisar el 11º Circuito de apelaciones.

El juez Thomas decidió someter al pleno del Tribunal Supremo la moción, que fue desestimada el mismo día 9, cuando vencía la suspensión temporal de la juez Granade. La resolución contó con los votos en contra, como en casos anteriores, del propio juez Thomas y del juez Antonin Scalia. Como en el caso de Florida, el alto tribunal denegaba por segunda vez suspender una sentencia favorable al matrimonio igualitario antes de que se haya resuelto su recurso por la Corte de Apelaciones correspondiente.

Rebelión del presidente de la Corte Suprema de Alabama

Por lo tanto, el 9 de febrero comenzaron a celebrarse las primeras bodas entre parejas del mismo sexo en el estado de Alabama. Aunque previamente había tenido lugar una controversia con la asociación mayoritaria de jueces de familia, que se había mostrado reacia a acatar la sentencia de la juez Granade. Incluso su portavoz había declarado que estimaba que el fallo solo era aplicable a las parejas demandantes. Ello hizo que la juez Granade, a instancia de las partes, emitiera una orden en la que clarifica su sentencia, en la que dejaba claro que era la misma Constitución de los Estados Unidos la que obligaba a la emisión de licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras la clarificación, la Asociación de Jueces de Familia rectificó su postura, y su presidente declaró que se emitirían licencias de matrimonio a las parejas que las solicitasen en cuanto la suspensión temporal de la sentencia de la juez Granade concluyese.

Pero el presidente de la Corte Suprema de Alabama, Roy Moore, tras conocer que las mociones de suspensión habían sido rechazadas, decidió actuar en contra de la decisión de la justicia federal. El mismo lunes emitió una resolución en la que ordenaba que “ningún juez de familia expedirá o reconocerá una licencia de matrimonio que sea incompatible con el artículo 1, sección 36.03, de la Constitución de Alabama”. Dicho artículo es el que describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y una mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado.

El juez Moore ya había hecho llegar, en cuanto tuvo conocimiento de la sentencia del tribunal federal, un escrito al gobernador de Alabama en el que le instaba a “seguir defendiendo y apoyando la Constitución de Alabama con respecto al matrimonio, tanto por el bienestar de este estado como para nuestra posteridad. Tenga en cuenta que yo estoy con usted para detener la tiranía judicial y las opiniones ilegales emitidas sin autoridad constitucional”. Por esta misiva, en la que se rebelaba claramente contra la autoridad federal, se le interpuso una queja ante el Comité Judicial de Ética.

El gobernador Robert Bentley, sin embargo, declaraba que no pondría ningún impedimento para que se cumpliera la sentencia de la justicia federal, aparte de presentar las correspondientes apelaciones. Bentley recordaba el ominoso pasado de Alabama, cuando el estado se rebeló contra las decisiones judiciales que ponían fin a las leyes de segregación racial: “No quiero que Alabama sea vista como lo que era hace 50 años, cuando una ley federal fue desafiada. No voy a hacer eso”.

La carrera del juez Roy Moore ha estado salpicada de polémica por su afán de imponer sus creencias cristianas en el ejercicio de sus cargos. También es conocido por su implacable oposición a la igualdad de derechos de las personas LGTB. En 2003 tuvo que cesar en el cargo de presidente de la Corte Suprema, que retomó en 2012, por oponerse a que se retirara del edificio del alto tribunal un monumento dedicado a los Diez Mandamientos de la religión cristiana, que él mismo había ordenado instalar subrepticiamente una noche. En 2014, declaraba en una conferencia ante un grupo antiabortista que la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege el derecho a la libertad religiosa y de expresión, solo debe aplicarse a los cristianos. En el mismo discurso afirmó que el matrimonio entre personas del mismo sexo ocasionará “la destrucción definitiva de nuestro país”.

La beligerancia del juez Moore contra los derechos LGTB ha sido aclamada por organizaciones fuertemente LGTBfobas como National Organization for Marriage (NOM), Focus On The Family o el Ku Klux Klan, que califican las acciones del magistrado de “alzamiento contra la tiranía judicial”.

División en los condados

La inaudita orden del juez Moore ha ocasionado una fuerte controversia legal. En los condados más poblados, como Montgomery y Jefferson, se acataba la sentencia del tribunal federal y se celebraban las primeras bodas, como la de Kelli y Lisa Day, que se unían en matrimonio en el condado de Montgomery tras 20 años de convivencia y cuatro hijos en común.

Sin embargo, las parejas del mismo sexo no han sido tan afortunadas en la mayoría de los condados. En un principio, en 51 de los 67 condados que componen el estado de Alabama se ha rehusado emitir licencias de matrimonio a estas parejas. Uno de ellos ha sido Mobile, cuya denegación ha ocasionado la presentación de una demanda ante el tribunal de la juez Granade, que ha  establecido la audiencia preliminar para este 12 de febrero. Según U. W. Clemon, antiguo juez de distrito, “si un tribunal [federal] cursa una orden y alguien se niega a cumplirla, entonces se puede dictaminar el desacato al tribunal, lo que podría suponer una multa o el encarcelamiento hasta que se acate la orden”.

Quizás por temor a estas repercusiones, algunos de los condados han cambiado su decisión inicial, en un lento goteo, y han empezado a cumplir con el mandato judicial. Llevados por el mismo temor, según señala la organización de defensa de los derechos LGTB Equality Alabama, gran número de los condados “rebeldes” han suspendido la emisión de licencias de matrimonio a todas las parejas, sean del mismo o distinto sexo, con el fin de cumplir con la orden del juez Moore pero evitando las posibles demandas por discriminación.

Al finalizar la jornada de este miércoles 11 de febrero, desde la web de Human Right Campaign se ofrecían los siguientes datos: 23 condados cumplían con la ley y expedían licencias de matrimonio a las parejas del mismo o distinto sexo que las solicitaban; 18 condados desobedecían el mandato judicial y rehusaban facilitar licencias únicamente a las parejas del mismo sexo; finalmente, en 26 condados no se emitía ninguna licencia de matrimonio.

Suspendido el proceso de apelación en Florida y Alabama

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha cursado una orden por la que establece la suspensión del proceso de apelación de las sentencias favorables al matrimonio igualitario de Florida y Alabama. Según la orden, el proceso no continuará hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decida al respecto, tras darse a conocer su decisión de considerar en este periodo de sesiones las sentencias desfavorables de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito.

Se prevé, según los expertos, que el alto tribunal falle sobre el matrimonio igualitario a finales de junio. Mientras tanto, debido a la decisión de no suspender las sentencias de los correspondientes tribunales federales, se seguirán celebrando matrimonios entre parejas del mismo sexo tanto en Alabama como en Florida.

Fuente Dosmanzanas

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El matrimonio igualitario sigue avanzando con paso firme por los territorios del “Profundo Sur”. La juez federal Callie V. S. Granade ha dictaminado este viernes 23 de enero que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, establecida por las leyes de Alabama, viola el derecho a la igual protección y al debido proceso recogidos en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La juez ha dictado la suspensión temporal de su sentencia de 14 días, para que la Fiscalía pueda solicitar una suspensión durante el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito.

La juez Granade debía resolver sobre la demanda presentada por Cari Searcy y Kimberly McKeand, que habían contraído matrimonio en California pero residen actualmente en Alabama. Cari quería adoptar a la hija de Kimberly, amparándose en las leyes estatales que permiten la adopción del hijo del cónyuge, pero el estado sureño ni reconocía su matrimonio ni les permitía contraerlo, debido a la prohibición expresa que figura en su propia Constitución.

La pareja decidió denunciar a la administración de Alabama por lo que consideraban una grave discriminación. La Fiscalía General del estado, por su parte, defendía la enmienda 774, o de “Santidad del Matrimonio”, de la Constitución de Alabama, que en 2006 fue aprobada en referéndum con un 81 % de votos favorables. La enmienda describe el matrimonio como la unión sagrada de un hombre y un mujer y prohíbe expresamente tanto el matrimonio como las uniones civiles entre personas del mismo sexo en el estado. También impide el reconocimiento de los enlaces contraídos en otros estados donde son legales.

La juez finalmente ha fallado a favor de la pareja demandante, al encontrar que “el fiscal general no ha explicado por qué el permitir o reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo entre dos adultos que consienten va a impedir que los padres heterosexuales u otros parientes biológicos cuiden de sus hijos biológicos”.  La magistrada señala en su dictamen que ”Alabama no excluye del matrimonio a las parejas que no quieren o no pueden procrear biológicamente. No existe una ley que prohíba casarse a las parejas infértiles, a parejas de ancianos o a parejas que no deseen procrear. El estado tampoco prohíbe el reconocimiento de los matrimonios de esas parejas de otros estados”.

La sentencia se fundamenta tanto en el fallo del caso Windsor, en el que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional que la administración federal no reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos legalmente, como en los dictámenes de la mayoría de las Cortes de Apelaciones. Para la juez Granade, “los niños que actualmente están criados por padres del mismo sexo en Alabama son tan dignos de protección y de reconocimiento por parte del Estado como lo son los niños que son criados por padres de sexos opuestos. Sin embargo, la ley de ‘Santidad del Matrimonio’ de Alabama perjudica a los hijos de las parejas del mismo sexo por las mismas razones que el Tribunal Supremo consideró que la Ley de Defensa del Matrimonio perjudicaba a los hijos de las parejas del mismo sexo”.

Por todo ello, la juez ha dictaminado que estas leyes violan el derecho a la igual protección y al debido proceso que ampara la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. No ha incluido ninguna suspensión ni demora en la ejecución de su sentencia, por lo que los matrimonios entre personas del mismo sexo en Alabama podrán comenzar en cuanto las secretarías de los condados abran sus puertas este lunes. No obstante, el representante legal de la Asociación de Jueces de Familia de Alabama, ligado al ultraconservador Tea Party, ha declarado que “no hay nada en la sentencia de la juez Granade que obligue a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, excepto a la demandante”. A pesar de ello, los jueces de familia de los condados de Montgomery y Jefferson (el más poblado del estado) ya han comunicado que facilitarán licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las soliciten, puesto que “nuestro análisis es que la prohibición ha sido declarada inconstitucional. Nosotros no violamos las sentencias judiciales federales“.

El fiscal general, Luther Strange, ha solicitado inmediatamente la suspensión cautelar del fallo durante el proceso de apelación, que ya ha comunicado que presentará. La juez emitió un mandato en el que establecía un suspensión temporada de la sentencia de 14 días, tiempo en el que la Fiscalia podrá solicitar una suspensión permanente durante el proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. Parece poco probable, no obstante, que una petición semejante sea concedida, pues la Corte de Apelaciones del 11º Circuito denegó una solicitud de suspensión semejante en el caso de Florida, que también fue rechazada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando se presentó a su instancia. El equipo legal de la pareja demandante, por su parte, presentó ante tribunal de la juez Granade un pliego en el que se oponen  a la suspensión permanente de  la sentencia solicitada por la Fiscalía General y piden que clarifique sin lugar a dudas el alcance de la misma.

El gobernador de Alabama, el republicano Robert Bentley, ha expresado su “decepción” con la sentencia y ha confirmado que la apelará. Más allá ha ido el presidente de la cámara de representantes del estado de Alabama, Mike Hubbard, que ha declarado que “es indignante que un solo juez federal no electo e irresponsable pueda anular la voluntad de millones de residentes de Alabama, que apoyaron firmemente la enmienda de ‘Santidad del Matrimonio’. La Legislatura fomentará con vigor el proceso de apelación y seguirá defendiendo los valores conservadores cristianos que hacen de Alabama un lugar especial para vivir”. Lo cierto es que ese abultado 81 % de votantes favorables a la discriminación de las parejas del mismo sexo en el referéndum de 2006 sumaban algo menos de 700.000 votos en un estado de casi cinco millones de habitantes.

Uno a uno, los estados se van sumando

Con la incorporación de Alabama, el matrimonio igualitario es ya completamente legal en 37 de los 50 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 220 millones de personas. Se trata de Alabama, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 21 jurisdicciones tribales (se van sumando aquellas que ligan sus leyes sobre el matrimonio a las del estado donde están ubicadas).

En el resto de estados existen situaciones diversas, que configuran un escenario judicial complejo que, a la espera del pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Supremo, va decantando la situación hacia una extensión generalizada del matrimonio igualitario.

Hacemos a continuación un balance de la situación. En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennessee, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Tras el recurso presentado por los equipos legales de las parejas demandantes de los cuatro estados ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, este ha decidido que en el próximo período de sesiones considerará estas sentencias contrarias a los derechos LGTB. Por el contrario, su crietrio respecto a las apelaciones de sentencias que han sido favorables a esos derechos ha sido el de no admtirlas a trámite. La decisión del Tribunal Supremo, que se espera para el mes de junio de este mismo año, podría suponer el final de largo viaje del matrimonio igualitario en los Estados Unidos.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Mississippi y Texas (ambos del 5º Circuito) y Arkansas, Dakota del Sur y el ya citado Misuri (los tres del 8º Circuito). En Arkansas, además, la Corte Suprema estatal deberá revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Por el momento solo hay un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito). En este estado, sin embargo, otro juez federal falló pocas semanas después en sentido contrario, declarando inconstitucional la prohibición. Habrá que esperar a ver cómo resuelve el 5º Circuito esta contradicción.

Finalmente, en uno de los estados donde aún no hay sentencia, Dakota del Norte, el juez federal que debe dictaminar al respecto ha decidido aplazar la continuidad del juicio hasta conocer la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los otros dos estados donde hay procesos abiertos pendientes de sentencia son Georgia y Nebraska.

Podéis comprobar el avance del matrimonio igualitario en los Estados Unidos en este mapa (pinchad en él para verlo en mayor resolución):

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alabama, Callie V. S. Granade, Corte de Apelaciones del 11º Circuito, Discriminación, Estados Unidos, Luther Strange, Matrimonio, Mike Hubbard, Robert Bentley, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Se emiten las primeras licencias de matrimonio gay en Miami-Dade

Tras cumplir el plazo establecido en la sentencia del juez federal Robert L. Hinkle, este 6 de enero se han celebrado matrimonios entre personas del mismo sexo a largo de todo el estado de Florida, aunque en el condado de Miami-Dade comenzaran un día antes, debido a una decisión de una juez de un tribunal de ámbito local. La espera hasta esta fecha, sin embargo, no ha estado exenta de controversia, dada la renuencia de la Asociación de Secretarios de Condados de Florida a aplicar la sentencia, hasta el punto de que fue necesaria una clarificación del juez Hinkle para hacer constar que su ejecución era ineludible. Florida se ha convertido, de esta manera, en el 36º estado de los Estados Unidos en legalizar el matrimonio igualitario.

Desde la medianoche de este 5 de enero el matrimonio igualitario ya es una realidad en Florida, que se ha convertido en el estado número 36 en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. De hecho, ya se han registrado los primeros enlaces, celebrados en el condado de Miami-Dade.

En el 2008, el 62 por ciento de la Florida aprobaron enmendar la Constitución de la Florida para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El matrimonio entre personas del mismo sexo es ya legal en la Florida dese este 6 de enero, cuando expiró una suspensión en el caso federal del estado presidido por el juez de distrito federal Robert L. Hinkle de Tallahassee. La defensa de la procuradoría general en el caso mencionó la votación del 2008 y dijo que el juez debería respetar la voluntad de los votantes del estado. El pasado mes de julio, la jueza Sarah Zabel declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo que estaba vigente desde 2008. Lo mismo hizo, en agosto, el juez federal Robert L. Hinkle. El 21 de agosto, Hinkle declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio gay en la Florida, lo mismo que jueces de circuito en los condados Monroe, Miami-Dade, Broward y Palm Beach. A principios de diciembre, el Tribunal Supremo de EEUU y el Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito en Atlanta se negaron a extender la suspensión de Hinkle, con cuya expiración en la noche del lunes se permitirá que el matrimonio entre personas del mismo sexo se certifique y reconoce en la Florida. Y el 1 de enero los secretarios de corte que expiden licencias de matrimonios han ratificado que todos los condados de Florida deben acatar la norma y no prohibir los enlaces entre personas del mismo sexo.

Cuando se puso de manifiesto que el matrimonio gay se haría legal en la Florida el 6 de enero, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, el secretario del juzgado del condado Osceola, Armando Ramírez y el juez de circuito Bob LeBlanc dijeron que llevarían a cabo el matrimonio gay en el centro de Florida.

Este mismo jueves, seguirán los enlaces, algo que no ha sido bien recibido por la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, que ha declarado en un comunicado que “estaba profundamente decepcionado porque la naturaleza conyugal del matrimonio entre un hombre y una mujer ha proporcionado durante milenios las bases para lograr familias estables, algo necesario para la prosperidad de los seres humanos”.

Primeros matrimonios

Algunas de las secretarías de los condados han abierto desde la madrugada para poder oficiar las primeras bodas de parejas del mismo sexo, mientras otras han preferido continuar con su horario habitual. Y en una ciudad tan importante como Orlando, su propio alcalde ha querido oficiar una masiva ceremonia en la que han participado 45 parejas.

Pero la primera pareja del mismo sexo en contraer matrimonio fue la formada por Catherina Pareto y Karla Arguello, que lo hizo el 5 de enero en el condado de Miami-Dade, pues la juez de ese distrito, Sarah Zabel, levantó con esa fecha la suspensión de la sentencia que había dictado meses atrás.

La propia juez fue quien ofició la ceremonia, dedicando las siguientes palabras a la feliz pareja: “compartir el amor es un noble propósito de la vida. El amor no es para ser conservado; debe compartirse. Tiene un significado más amplio que los meros sentimientos personales hacia el otro. El amor es como la justicia y la belleza; es difícil de explicar y de describir, pues el amor es el ingrediente de la vida que nos motiva y nos impulsa hacia objetivos más allá de nuestras propias ambiciones. Los votos que estáis a punto de tomar son una confirmación pública de vuestra confianza y amor por el otro”.

En total, tres jueces de distrito ya habían dictado sentencias declarando inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario en Florida, aunque todas ellas estaban en suspenso en espera de que la apelación fuera resuelta por la Corte Suprema del estado. Cuando el juez federal Hinkle dictó el levantamiento de la suspensión de su sentencia, los jueces locales hicieron lo propio con las suyas. La juez Zabel, como hemos visto, se anticipó en un día al resto de sus compañeros.

Una espera rodeada de polémica

Pero la espera desde que el Tribunal Supremo denegó la suspensión de la sentencia del juez Hinkle hasta este 6 de enero ha estado rodeada de polémica. El bufete legal Greenberg Traurig, representante de la Asociación de Secretarios de Condado de Florida, comunicaba a sus afiliados que facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo podría suponerles una sanción económica e incluso pena de prisión de un año. Se fundamentaban en que la ley de Florida castiga a quienes facilitan licencias a parejas cuyo matrimonio está prohibido por la ley estatal.

Para la firma legal, las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo aún estaban vigentes, pues la sentencia del juez Hinkle estaba recurrida. Según su comunicado, tan solo el condado que aparecía como demandado en la sentencia del juez federal tenía la obligación de facilitar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo el día 6 de enero.

Tras este comunicado, la mayoría de los secretarios de los condados declararon que se negarían a facilitar licencias de matrimonio a estas parejas. Las asociaciones LGTB se mostraban sorprendidas, pues una sentencia de un juez federal tiene ámbito estatal, y además en este caso tanto la Corte de Apelaciones como el Tribunal Supremo habían rehusado suspenderla. Sus portavoces comunicaron a su vez que demandarían a los secretarios de los condados que impidieran la ejecución de la sentencia.

La secretaria del condado de Washington decidió presentar una moción de emergencia ante el tribunal del juez Hinkle solicitando que clarificara cuál era la aplicación de su sentencia. El día 1 de enero, el juez federal emitía una orden al respecto. En ella mostraba su sorpresa por que los secretarios de los condados ignorasen que una declaración de inconstitucionalidad les obligaba a todos ellos a acatar la sentencia. También advertía que cualquier secretario que se negase a aplicarla podría ser incluido en la demanda y ser condenado al pago de las costas procesales y de las abultadas minutas de los abogados defensores.

La amenaza de esta sanción económica fue suficiente para que la Asociación de Secretarios comunicase que todos sus afiliados cumplirían con lo establecido en la sentencia del juez Hinkle a partir del 6 de enero. En todas las secretarías, por lo tanto, se emitirán licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo que las soliciten, como obliga la ley. Pero los secretarios también están autorizados a oficiar matrimonios en sus dependencias, aunque no es una exigencia legal. Para no verse obligados a celebrar estas ceremonias para las parejas del mismo sexo, un total de 14 de los secretarios de los condados han declarado que, debido a sus creencias religiosas, dejarán de facilitar esta prestación a todo tipo de parejas.

Por otra parte, días antes de que el matrimonio entre personas del mismo sexo se haga legal en el estado de Florida, la cadena de supermercados Publix anunció a sus empleados que las parejas gays y lesbianas que se hayan casado legalmente en otros estados serán elegibles para cobertura de grupo y otras coberturas de salud.

“A partir del 1° de enero del 2015, Publix expandirá la cobertura de beneficios de seguro de salud, dental y óptica para cónyuges a los asociados que se hayan casado en cualquier estado donde el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal, sin importar el estado de residencia de dichos asociados”, reza un memorándum interno enviado por el departamento de comunicaciones corporativas de la compañía de supermercados. “Los planes de beneficios de Publix ofrecen cobertura a los cónyuges legales, y hasta hace poco los estados en que opera Publix no reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo como una unión legal”.

Hasta ahora, Publix no ofrecía beneficios de seguro a las parejas del mismo sexo, estuvieran casadas legalmente o no. “La mayoría de las empresas de Fortune 500 — 66 por ciento — ofrecen beneficios médicos equivalentes para cónyuges y parejas”, según el principal grupo de activismo por los derechos LGBT de la nación, Human Rights Campaign (HRC), radicado en Washington, D.C.

Publix, con sede en Lakeland, es propietaria de 1,095 tiendas de abarrotes en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee. Unos 35 estados, además del Distrito de Columbia, reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluyendo Carolina del Norte, donde se hizo legal en octubre, y Carolina del Sur, donde se hizo legal en noviembre.

La empresa dijo que habrá un período especial de inscripción de 30 días para los empleados casados con personas del mismo sexo a partir del 1° de enero. Luego de ese plazo, los cónyuges del mismo sexo recibirán los mismos beneficios de seguro de salud que los matrimonios tradicionales. Para inscribirse, los empleados de Publix tendrán que entregar certificados de matrimonio, formularios de inscripción universal y declarar si ellos o sus cónyuges usan productos de tabaco, de acuerdo con un empleado corporativo de recursos humanos.

“Esta es una tremenda noticia”, dijo Nadine Smith, directora ejecutiva de Equality Florida, importante grupo estatal de derechos LGBT. “Publix es una marca icónica, tan asociada con la Florida como las playas y el sol. Esta medida reconoce que el matrimonio está llegando y reconoce la imposibilidad de mantener leyes separadas y desiguales en algunas partes de nuestro estado y nuestro país”. “En el momento de nuestro anuncio, docenas de negocios consideran la posibilidad de hacer un llamado a acabar con la prohibición del matrimonio”, agregó Smith.

Compañías nacionales entre las cuales se encuentran Target, Amazon.com, Delta y Marriott han presentado cartas de amicus curiae llamando a acabar con la prohibición del matrimonio gay en la Florida.

Una lista cada vez mayor y una situación cada vez más decantada

Con la incorporación de Florida, el matrimonio igualitario es completamente legal en 36 estados de los Estados Unidos, cuya población sobrepasa ya los 220 millones de personas. En el resto de estados existen situaciones diversas, que configuran un escenario judicial complejo que, a falta de un pronunciamiento definitivo por parte del Tribunal Supremo, poco a poco va decantando la situación hacia una extensión generalizada del matrimonio igualitario. Hacemos a continuación un balance de la situación.

En Kansas, aunque ya ha habido una sentencia favorable de un tribunal federal, y su suspensión ha sido denegada en la última instancia, la Fiscalía del estado, en una actuación torticera, ha dado instrucciones a las secretarías de los condados de que no faciliten licencias de matrimonio a las parejas del mismo sexo, excepto en aquellos que pertenezcan a la jurisdicción del juez federal. Sin embargo, asociaciones LGTB aducen que los jueces federales tienen jurisdicción en todo el estado, por lo que la medida de la Fiscalía debe tomarse como un acto desesperado de dilación de lo que ya es no solo inevitable sino completamente legal.

En Ohio, Michigan, Kentucky y Tennesse, las sentencias favorables dictadas por los jueces federales han sido revocadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, la única en dictaminar en contra de la igualdad de derechos de las personas LGTB. Este dictamen ya ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos por los equipos legales de las parejas demandantes en los cuatro estados.

En Misuri, aunque existe una sentencia federal en suspenso hasta que se decida su apelación, sí que es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo en los condados de Saint Louis, el más populoso del estado, y Jackson, según han establecido jueces de ámbito local. Como Misuri sí reconoce los matrimonios de parejas del mismo sexo celebrados en otras jurisdicciones donde es legal, los enlaces celebrados en estos dos condados son válidos en todo el estado.

En otros estados existen sentencias favorables de jueces federales que aún están pendientes de ser revisadas por las correspondientes Cortes de Apelación, como es el caso de Texas (5º Circuito), Arkansas  y el del ya citado Misuri (ambas del 8º Circuito). En Arkansas, además, la Corte Suprema estatal deberá revisar una decisión favorable al matrimonio igualitario emitida por un juez estatal, no federal. Por el momento solo ha habido un estado en el que un juez federal ha considerado constitucional prohibir el matrimonio igualitario: Luisiana, sentencia que debe ser revisada por la Corte de Apelaciones (también, en este caso, la del 5º Circuito).

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha comunicado que el próximo 9 de enero considerará si acepta para el siguiente grupo de casos a resolver las apelaciones contra las sentencias contrarias al matrimonio igualitario de Ohio, Michigan, Kentucky,  Tennesse y Lousiana.

Los estados donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está plenamente vigente son, en este momento, Alaska, Arizona, California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Utah, Virginia, Virginia Occidental, Vermont, Washington, Wisconsin y Wyoming. A ellos hay que sumar el Distrito de Columbia y 21 jurisdicciones tribales (se van sumando aquellas que ligan sus leyes sobre el matrimonio a las del estado donde están ubicadas).

Foto | Twitter Hatzel Vela
Fuente| El Nuevo Herald, vía AmbienteG y Miami Herald, vía SentidoG y Dosmanzanas

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Rechazan moción que impide que entre en vigor matrimonio gay en Florida

A pesar de todos los esfuerzos de quienes se oponen a la unión entre parejas del mismo sexo, Florida podría sumarse a los 33 estados en donde este tipo de uniones son legales a partir del 6 de enero.

La Corte de Apelaciones del 11º Circuito ha denegado la solicitud de la administración del estado de Florida de prorrogar la suspensión provisional de la sentencia que permite el matrimonio igualitario en el estado hasta que se decida sobre su apelación. La citada sentencia permanece suspendida cautelarmente hasta que finalice la jornada del próximo 5 de enero de 2015, fecha a partir de la cual las parejas del mismo sexo de Florida podrán celebrar sus matrimonios aunque persista el proceso de apelación, si bien la administración del estado aún puede recurrir la decisión de la Corte de Apelaciones ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

El juez federal Robert L. Hinkle dictó sentencia el 21 de agosto de este año, dictaminando que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la legislación de Florida violaba los derechos al debido proceso y a la igual protección amparados por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

En la sentencia se incluida una medida cautelar que obligaba al estado de Florida a no aplicar las leyes que prohíben el matrimonio igualitario mientras se resolviera una posible apelación, por considerar el matrimonio un derecho fundamental y la orientación sexual digna de ser protegida con el más alto nivel de escrutinio. Esta medida cautelar, sin embargo, quedaba en suspenso hasta 91 días después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolviera sobre la apelación pendiente por parte de la fiscal general del estado, Pam Bondi, contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito en el caso de la apertura del matrimonio igualitario en Virginia.

El Tribunal Supremo rehusó admitir a trámite tanto esta apelación como las presentadas en los casos de Utah, Oklahoma, Indiana y Wisconsin, permitiendo que las sentencias favorables al matrimonio igualitario en esos estados adquirieran efecto inmediato. Esa decisión se tomó el 6 de octubre, fecha a partir de la cual se iniciaba la cuenta de 91 días de suspensión de la medida cautelar del juez Hinkle, plazo que la misma Corte de Apelaciones del 11º Circuito da por finalizado al concluir la jornada del 5 de enero de 2015.

La administración de Florida apeló la sentencia del juez Hinkle el pasado mes de noviembre, y solicitó a la Corte de Apelaciones que suspendiera su ejecución hasta que se resolviera el recurso presentando. Esta petición, sin embargo, ha sido denegada y se ha establecido que a partir del 6 de enero el estado de Florida no podrá aplicar las leyes que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Según los expertos, esta decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito es un signo positivo respecto a su futura decisión sobre la apelación, si bien tampoco es una garantía absoluta. Los mismos expertos estiman también que un posible recurso ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene pocas opciones de prosperar, visto que sus últimas resoluciones confirman las decisiones de las Cortes de Apelaciones.

La decisión de este miércoles de la Corte de Apelaciones del Circuito 11 de denegar la petición de Florida “declaró efectivamente que el estado no tiene una probabilidad de tener éxito en su apelación”, aseguró Daniel Tilley, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Florida. “Un alivio por fin está por llegar para las parejas del mismo sexo casadas, quienes sufren debido a la negativa de la Florida para reconocer sus uniones legales”, señaló en un comunicado Tony Lima, director ejecutivo del grupo defensor de los derechos de homosexuales SAVE, tras conocer la noticia.

En noviembre pasado, el juez Hinkle señaló que la suspensión sería levantada el 5 de enero de 2015 y que implementaría su decisión de poner fin a la prohibición del matrimonio gay a partir del 6 de enero.

ACLU había presentado el pasado 7 de octubre una moción en la que pidió al juez Hinkle que levantara la suspensión de su propio fallo, a la luz de una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos hecha el día anterior y que había allanado el camino para los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país.

Dicha instancia federal rechazó el pasado 6 de octubre las apelaciones de los estados de Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin e Indiana, que buscaban prohibir las bodas entre personas del mismo sexo.

Si así fuera, y no se anticipa ningún otro, un estado de la relevancia de Florida, el cuarto en población de los Estados Unidos, podría convertirse en el 36º en permitir el matrimonio igualitario.

Fuente: EFE , vía Dosmanzanas y SentidoG

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