Informa Dosmanzanas de que la fiscal general de Nevada (Estados Unidos) ha comunicado que no defenderá la prohibición del matrimonio igualitario recogida en la Constitución del estado ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que deberá decidir acerca de la demanda interpuesta por ocho parejas del mismo sexo contra el estado de Nevada por prohibirles el derecho a contraer matrimonio.

Catherine Cortez Masto, la fiscal general de Nevada, ha experimentado un cambio radical en su postura sobre la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. En enero causó gran polémica el informe que hizo llegar a la Corte de Apelaciones en defensa de la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo recogida en la Constitución de Nevada desde 2002 mediante referéndum. La fiscal general argumentaba que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era comparable a la prohibición de la poligamia o del incesto, argumento muy criticado por las organizaciones de defensa de los derechos LGTB.

Sin embargo, pocos días después se dio a conocer una sentencia de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco, en la que se dictaba que no se puede rechazar a un miembro de un jurado por razones de su orientación sexual. La sentencia otorgaba el mismo grado de protección a la orientación sexual que la establecida para el sexo o la raza, el más alto. Este grado de protección otorgado por la Corte de Apelaciones a la orientación sexual sirvió para que la fiscal general de Nevada reflexionara sobre sus argumentos acerca de la constitucionalidad de la prohibición del matrimonio igualitario. “La reciente decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito parece afectar a los argumentos sobre el derecho a la igual protección y debido proceso realizados en nombre del Estado”, comunicaba Cortez Masto, añadiendo que evaluaría cuál sería la nueva posición de la Fiscalía General del estado de Nevada respecto al matrimonio igualitario.

Finalmente, el pasado 10 de febrero la Fiscalía General de Nevada comunicó la retirada de todos los informes presentados ante la Corte de Apelaciones y su renuncia a defender la prohibición del matrimonio igualitario. El gobernador de Nevada, el republicano Brian Sandoval, apoyaba la decisión de la fiscal general, declarando que le parecía evidente que los argumentos a favor de la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo no eran defendibles ante los tribunales.

La fiscal general de Nevada se equipara así a los fiscales de Virginia y Pensilvania, que también han rehusado defender ante los tribunales la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en sus estados. En el caso de Pensilvania, sin embargo, el gobernador Tom Corbett decidió contratar los servicios de un bufete privado para defender la prohibición estatal del matrimonio igualitario ante la justicia federal.

El matrimonio igualitario en Nevada

Con la renuncia de la Fiscalía de Nevada ha crecido el optimismo respecto a la derogación de la prohibición del matrimonio igualitario en el estado, sin dejar de ser prudentes acerca de la decisión de la Corte de Apelaciones, que es imprevisible.

Un dictamen favorable acortaría un proceso, el de la igualdad matrimonial de las parejas del mismo sexo en Nevada, que en todo caso parece inevitable. A principios de 2013, tanto el Senado como la Asamblea de Nevada aprobaron iniciar el proceso para eliminar la prohibición constitucional del matrimonio igualitario. Se trata sin embargo de un proceso de largo recorrido, ya que debe ser aprobado en dos periodos legislativos consecutivos antes de ir a referéndum en noviembre de 2016.

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Leemos en Dosmanzanas que Mike Turner, congresista republicano de la Cámara de Representantes de Oklahoma, ha presentado un proyecto de ley para prohibir cualquier forma de matrimonio en el estado. El objetivo del proyecto sería impedir que los enlaces entre personas del mismo sexo tengan lugar en Oklahoma si la Corte Federal de Apelaciones suscribe la sentencia del juez Terence C. Kern, que el pasado 14 de enero declaró inconstitucional la limitación del matrimonio a las parejas del mismo sexo recogida en las leyes del estado.

Crece el temor entre las filas más conservadoras a que la Corte Federal de Apelaciones de Denver, que debe decidir sobre las sentencias, ahora en suspenso, que abrieron el matrimonio igualitario en Utah y Oklahoma, sea favorable a los derechos LGTB. La decisión de la Corte Federal de Apelaciones de San Francisco respecto a la ilegalidad de rechazar a un jurado por razón de su orientación sexual, otorgando a esta el mismo grado de protección contra la discriminación que al sexo o la raza, no ha hecho más que aumentar esa inquietud.

Pero lo que no cabía esperar es que el grado de fanatismo homófobo llegara al punto de querer erradicar la figura misma del matrimonio antes que permitir su disfrute a las parejas del mismo sexo. Así lo ha hecho el republicano Mike Turner, presentando en la Cámara de Representantes de Oklahoma un proyecto de ley que prohibiría la celebración y reconocimiento de cualquier matrimonio en el estado. La iniciativa tiene el formato denominado “shell bill”, es decir, un proyecto de ley sin apenas contenido que puede enmendarse en cualquier momento según las circunstancias. El objetivo de Turner, pues, sería modificarlo a conveniencia, o incluso retirarlo, según lo que dicte la Corte Federal de Apelaciones de Denver en su momento.

Según Mike Turner, sus electores “están dispuestos a discutir acerca de si el matrimonio debe ser regulado por el estado”, estimando además que la opción de abandonar en Oklahoma el reconocimiento del matrimonio civil es “sin duda una opción realista y algo que debería formar parte del debate”. Turner afirma tener el apoyo de otros representantes conservadores, que mantendrían idéntico punto de vista.

Para Ryan Kiesel, director ejecutivo de ACLU (American Civil Liberties Union, organización de defensa de los derechos civiles de las minorías) en el estado, estos representantes “están totalmente fuera de contacto con los ciudadanos de Oklahoma”, y cree que en el futuro este tipo de reacciones serán cada vez más escasas. Según Kiesel, la ACLU ha sido incapaz de encontrar un estado que haya erradicado completamente el matrimonio.

En todo caso, la idea de arrebatar a todos los ciudadanos un derecho con el fin de que una minoría no pueda disfrutarlo no sería novedosa en Oklahoma. Cuando la autoridad federal obligó a los estados a que ofrecieran a los miembros de la Guardia Nacional legalmente casados con una persona de su mismo sexo los mismos beneficios establecidos para cualquier matrimonio, la gobernadora Mary Fallin decidió suprimir todos esos beneficios para todas las parejas casadas, incluidas las de distinto sexo, antes de verse obligada a ofrecérselos a los miembros de un matrimonio homosexual.

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