Importante paso adelante el que ha dado Grecia, cuyo Parlamento aprobaba a última hora de este martes la ley que permite las uniones civiles entre personas del mismo sexo. La reforma, que ha recibido el apoyo de varias fuerzas de la oposición pero a la que la se ha opuesto buena parte de los diputados de Nueva Democracia, ha sido recibida con abierta hostilidad por la influyente Iglesia ortodoxa griega.

La aprobación de la reforma pone fin a un largo proceso que se remonta a 2013, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles violaba la Convención Europea de Derechos Humanos. Grecia, recordemos, no otorgaba a las parejas del mismo sexo derecho alguno (dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados). El entonces gobierno de coalición entre Nueva Democracia y PASOK anunció que modificaría la ley para dar cumplimiento al fallo, pero el cambio nunca llegó a producirse.

Tras la victoria de Syriza en las elecciones de enero se abrieron nuevas esperanzas, y de hecho en junio pasado el Ministerio griego de Justicia presentaba por fin un proyecto de actualización de la ley de uniones civiles. La convocatoria adelantada de elecciones paralizó sin embargo el proceso, que tras revalidar Syriza su victoria el propio ministro Nikos Paraskevopoulos prometió retomar en un acto organizado por ILGA Europe, que celebró del 28 al 31 de octubre su conferencia anual en Atenas. Un par de semanas más tarde presentaba efectivamente el proyecto, ahora aprobado con los votos de Syriza, PASOK, To Potami y Unión de Centristas. Por lo que se refiere a Nueva Democracia, y pese a la promesa de su representante en el mencionado acto de ILGA Europe, solo 29 de sus 75 diputados han apoyado la ley. Mención especial merece el partido de derecha nacionalista Griegos Independientes, aliados de Syriza en el gobierno, 3 de cuyos 9 diputados han votado a favor. En total, la reforma ha sido apoyada por 194 votos a favor frente a 55 contrarios.

Botella medio llena, botella medio vacía

Sin duda la aprobación de la nueva ley, que además de ampliar las uniones civiles a las parejas del mismo sexo mejora los derechos de las parejas unidas civilmente en materia patrimonial y de herencia y los acerca a los del matrimonio, dará mucho que hablar. Los que ven la botella medio llena considerarán que se trata de un hito histórico en un país como Grecia, donde la Iglesia ortodoxa, fuertemente homófoba, conserva una gran influencia social, pese a lo cual ha sido capaz de adelantar a países como Italia, en el que aún no hay una ley que reconozca jurídicamente las parejas del mismo sexo. Los que ven la botella medio vacía se sentirán defraudados por Syriza, un partido que en su congreso de 2013 (primero que celebró como partido unitario) se había posicionado a favor de la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, una igualdad que obviamente no aporta esta ley. Las parejas del mismo sexo seguirán sin poder acceder al matrimonio (y ello a pesar de que encuestas recientes otorgan por primera vez mayoría a los partidarios de que las parejas del mismo sexo se puedan casar) ni a la adopción conjunta.

Muchos recordarán la polémica vivida poco antes de las elecciones de enero (las primeras que ganó Syriza), cuando el partido izquierdista optó por obviar el tema en su campaña. Alexis Tsipras no pudo sin embargo evitar ser preguntado sobre la adopción homoparental. Su respuesta supuso un jarro de agua fría, al responder que por el momento esta quedaría fuera de su programa de gobierno por ser un tema “difícil, que requiere diálogo” y sobre el que según él había “contradicciones en la comunidad científica”. La discusión sobre la adopción homoparental había sido introducida en el debate político griego por el anterior ministro de Justicia, Charalambos Athanasiou (Nueva Democracia), que precisamente justificaba el retraso en hacer caso al fallo del alto tribunal europeo argumentando que ello llevaría a discutir si las parejas del mismo sexo podían adoptar.

Este asunto, el de la adopción conjunta, queda por el momento aparcado. Bien es cierto que la nueva ley nada dice sobre ello (de hecho una de las quejas de Nueva Democracia ha sido el hecho de que la ley no la prohíba expresamente a las parejas del mismo sexo) pero sería necesaria una reforma de la legislación específica sobre adopción que por el momento el Gobierno griego no parece dispuesto a acometer.

Furibunda reacción de la Iglesia ortodoxa

La aprobación ha tenido lugar pese a que en las últimas semanas la influyente Iglesia ortodoxa griega ha llevado a cabo toda una campaña desde los púlpitos oponiéndose con fiereza a la reforma. Un buen ejemplo es el de Serafín, obispo metropolitano del Pireo, que un día antes de la votación acusó a judíos y estadounidenses (incluyendo a George Soros, los Rothchild y los Rockefeller…) de promover “la agenda homosexual” en su país. Peor aún ha sido la reacción de Ambrosio, obispo metropolitano de Kalavrita y Aigialeia, que directamente hizo un llamamiento a la violencia contra los homosexuales por no considerarlos “humanos”…

Dosmanzanas

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La Corte Europea de Derechos Humanos considera que Italia debería introducir reconocimiento legal para las parejas homosexuales. Los jueces condenan al país por violación de los derechos de tres parejas del mismo sexo.

Italia debe reconocer las parejas del mismo sexo. Así lo determina el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia referida a tres parejas de hombres a las que el Estado italiano ni ha permitido contraer matrimonio ni les ha ofertado una regulación alternativa, pese a que la propia justicia italiana ha demandado en repetidas veces a su Parlamento que legisle de una vez sobre la materia.

La propia Corte Constitucional de Italia dictaminó en 2010 que los derechos de las parejas del mismo sexo debían ser reconocidos bajo una forma u otra, aunque la fórmula no fuese necesariamente la del matrimonio (si bien tampoco había nada que constitucionalmente impidiese esta posibilidad, si el Parlamento lo decidía). Una línea argumentativa que han seguido después otros tribunales italianos sin que al legislativo le haya parecido urgente hacerles caso en estos últimos cinco años.

La sentencia de la Corte Constitucional italiana obedecía, de hecho, a dos requerimientos interpuestos por tribunales inferiores después de que dos parejas del mismo sexo recurrieran la negativa a celebrar su matrimonio. Una de ellas era la formada por Enrico Oliari y su novio, precisamente una de las tres parejas que han acabado recurriendo ante la justicia europea, que ahora les da la razón. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por unanimidad de los siete jueces que han participado en la sentencia, considera que el Estado italiano, al no reconocer las parejas del mismo sexo, ha violado el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que consagra el derecho al respeto a la vida privada y familiar, y le condena a indemnizar a cada uno de los demandantes con 5.000 euros (10.000 euros por pareja), además de abonarles las costas del proceso, que ascienden a 4.000 euros (en el caso de una de las parejas) y 10.000 (conjuntamente para las otras dos parejas).

El alto tribunal sugiere al Estado italiano que promueva una unión civil como la opción más apropiada para garantizar los derechos de las parejas demandantes, sin hacer referencia alguna al matrimonio igualitario. No es de extrañar, dado que ya en 2010 Estrasburgo sentenció que aunque las parejas del mismo sexo merecen protección jurídica los estados europeos no están obligados a permitir el matrimonio igualitario. El tribunal optó entonces por la interpretación mas restrictiva de la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque aclaraba que su fallo no suponía posicionamiento en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que consideraba que este asunto pertenece al ámbito de la soberanía de cada estado.

El Tribunal de Estrasburgo sostiene que “la protección jurídica actualmente disponible para las parejas del mismo sexo no sólo no garantiza las necesidades básicas para una pareja que está en una relación estable, sino que tampoco da ningún tipo de confianza”.

En concreto, la Corte condena a Italia por la violación de los derechos de las tres parejas del mismo sexo. Italia tendrá que pagar 5.000 euros por los daños morales causados “por violación del derecho al respeto de la vida privada y familiar”.

Las parejas, naturales de Trento, Mián y Liss (provincia de Milán) habían presentado un recurso al Tribunal de Estrasburgo porque sus ayuntamientos les impedían la posibilidad de unirse civilmente. La sentencia será firme si tras tres meses los solicitantes o el gobierno no impugnan y vuelven a someter a examen la cuestión.

El pasado 10 de junio, en la Asamblea del Partido Demócrata, el Primer Ministro Matteo Renzi prometió la aprobación a finales de este año de una ley de uniones civiles, tras su aprobación en la Cámara Baja del Parlamento.

Italia, una situación tercermundista en materia de derechos LGTB

Italia es, recordemos, el único gran país de Europa occidental que carece todavía de reconocimiento alguno de las parejas del mismo sexo, más allá de algunas iniciativas locales de escaso alcance real. Recientemente, tras el histórico resultado del referéndum irlandés sobre el matrimonio igualitario, el primer ministro Matteo Renzi declaraba que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”. Y ello pese a que el propio Renzi ha actuado en el pasado como freno al proyecto (el Parlamento salido de las elecciones de 2013 no debía tener, en teoría, especiales dificultades para aprobar un proyecto así).

Por el momento, existe un proyecto presentado por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocería a las parejas del mismo sexo su derecho a contraer una unión civil con derechos similares a los del matrimonio salvo la adopción conjunta (sí permitiría, bajo ciertas circunstancias, la adopción de los hijos que ya tenga la pareja) que ya ha recibido el visto bueno de la Comisión de Justicia del Senado, cámara en la que sin embargo el proyecto permanece estancado. Pero tras el referéndum irlandés Cirinnà se mostraba esperanzada y declaraba que “finalmente ha llegado el momento de que se apruebe antes del verano”.

Por el momento, no ha sido así, y de hecho lo que sucedió antes del verano fue una gran movilización de los sectores conservadores de la sociedad italiana, que a finales de junio organizaron una gran manifestación en Roma. Conviene tener en cuenta que en Italia la Iglesia católica cuenta con terminales activas en prácticamente todos los partidos. Uno de los líderes del movimiento homófobo en ese país es, por ejemplo, Mario Adinolfi, diputado del Partido Democrático –el mismo al que pertenecen Renzi y la senadora Cirinnà–.

Habrá que ver ahora si la sentencia de Estrasburgo sirve para acelerar el proyecto. Cabe recordar, en este sentido, que algo muy parecido ha pasado con Grecia, país al que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en 2013 por no reconocer las parejas del mismo sexo y le instó a modificar su ley de uniones para incluirlas, aunque no ha sido hasta la llegada de Syriza al gobierno griego cuando este ha iniciado el proceso para dar cumplimiento a la sentencia.

Foto: Matteo Renzi via FB

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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Themis Katsagiannis y Dimitris Tsambrounis que se casaron en 2008 y cuya boda fue suspendida

Insuficiente medida y muy decepcionante viniendo de un partido de izquierdas que tantas expectativas ha levatado… Primero fue no poner a ninguna mujer en el Gobierno… ahora uniones civiles descafeinadas negando el derecho a la adopción… ¿esto es democracia?

El Ministerio griego de Justicia ha presentado un proyecto de actualización de la ley griega de uniones civiles que incluye su apertura a las parejas del mismo sexo. El gobierno de Syriza busca así dar cumplimiento a una sentencia de 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el anterior gobierno había ignorado. Grecia puede convertirse de este modo en el primer país del ámbito cultural ortodoxo en otorgar reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo (con el permiso de Chipre, que tramita en estos momentos una ley similar). Queda fuera, eso sí, la adopción conjunta, tal como el primer ministro Alexis Tsipras adelantó ya antes de las elecciones. 

Como recogíamos hace un par de semanas, el Ministerio de Justicia griego había encargado a una comisión de cinco juristas elaborar una propuesta de actualización de la ley de uniones civiles con objeto de presentarla al Parlamento antes del 15 de junio, de forma que pueda ser discutida este verano. La apertura de la ley a las parejas del mismo sexo había sido anunciada semanas antes por el ministro Nikolaos Paraskevopoulos. Grecia, recordemos, no otorga a las parejas del mismo sexo derecho alguno en este momento. Dos de ellas se casaron en 2008 aprovechando un vacío legal, pero sus matrimonios fueron luego ilegalizados. Ha habido luego tímidos intentos de reconocimiento, pero nunca han prosperado, ni siquiera cuando en noviembre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretó que la exclusión de las parejas del mismo sexo de la normativa griega sobre uniones civiles viola la Convención Europea de Derechos Humanos. El entonces gobierno de coalición entre Nueva Democracia y PASOK anunció que modificaría la ley para dar cumplimiento al fallo, pero la reforma nunca llegó a producirse.

La victoria de Syriza en las elecciones de enero abrió un nuevo escenario. En el pasado (en concreto, en su congreso de 2013, primero que celebró como partido unitario) Syriza se había posicionado a favor de la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo, aunque antes de las últimas elecciones optó por silenciar el tema. Su líder, Alexis Tsipras, no pudo sin embargo evitar ser preguntado en campaña sobre la adopción homoparental, respondiendo entonces que por el momento esta quedaría fuera de su programa de gobierno por ser un tema “difícil, que requiere diálogo” y sobre el que según él hay “contradicciones en la comunidad científica”. La discusión había sido introducida en el debate político griego por el anterior ministro de Justicia, Charalambos Athanasiou (Nueva Democracia), que precisamente justificaba el retraso en hacer caso al fallo del alto tribunal europeo argumentando que ello llevaría a discutir si las parejas del mismo sexo podían adoptar.

La victoria de Syriza despertaba inevitablemente esperanzas de mejora en la situación de los derechos LGTB. La primera prueba de fuego era conocer qué sucedía con la aplicación de la sentencia de Estrasburgo. El proyecto ahora presentado no solo daría cumplimiento a esta, sino que conllevaría además una mejora general en materia patrimonial y de herencia, acercando los derechos de las parejas unidas civilmente a los del matrimonio, aunque sin equipararlos totalmente. Queda también fuera de la reforma la adopción conjunta. El proyecto, tal y como ha sido presentado, tampoco contempla el reconocimiento de los matrimonios entre ciudadanos griegos del mismo sexo realizados en el extranjero.

La noticia ha sido recibida con moderada satisfacción por el colectivo LGTB griego, aunque muchos se preguntan por qué un gobierno liderado por Syriza no tiene el arrojo de ir más allá y promover el reconocimiento del matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que encuestas recientes otorgan por primera vez mayoría a los partidarios de que las parejas del mismo sexo se puedan casar (56% frente a un 35% de opuestos). La adopción conjunta, sin embargo, sigue contando con un rechazo mayoritario (56% de contrarios frente a un 30% de partidarios).

Existe, en cualquier caso, la sensación de que se trata de un paso de gran importancia a nivel regional, más aún si se tiene en cuenta que Chipre camina en la misma dirección. Desde ILGA Europa, que el próximo octubre celebrará en Atenas su conferencia anual, también han expresado su alegría, aunque animan a mejorar el proyecto durante su tramitación parlamentaria.

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El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, ha hecho un llamamiento a “erradicar” el odio y la violencia contra las personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales, al tiempo que ha subrayado que sus derechos están protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.

En un comunicado hecho público con motivo del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, que se celebra este domingo, Jagland ha afirmado que se han hecho “progresos significativos” en las últimas décadas en este campo. “No podemos dar marcha atrás. Debemos hacer todos los esfuerzos para responder a la violencia y la discriminación contra las personas LGTB”, ha dicho.

En su opinión, hay que poner “estructuras legales y políticas sólidas, dar formación y garantizar que las víctimas son conscientes de sus derechos”. “No son derechos especiales sino derechos universales garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos”, ha señalado.

Jagland ha indicado que el Consejo de Europa está preparado para ayudar a los estados miembros para que superen los “estereotipos” y refuercen la defensa de los “Derechos Humanos para todos”. En este sentido, ha asegurado que la recomendación de su organismo sobre medidas para combatir la discriminación por orientación sexual o identidad de género aprobada hace cinco años representa “el primer instrumento político específicamente centrado en la orientación sexual y la identidad de género”.

Para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el Consejo de Europa y su Representación Permanente en Chipre celebraron un acto el 21 de mayo por la mañana en el Palacio de Europa. “El principal orador será Alexandros F. Modinos, un activista chipriota por los derechos de las personas LGTB que fundó la primera organización de homosexuales en Chipre en 1988, una organización que tuvo un papel fundamental para lograr revocar la prohibición de la homosexualidad en el país”, ha contado el Consejo de Europa

El 17 de mayo fue elegido como Día Internacional contra la Homofobia porque fue en esa fecha cuando se sacó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en 1990.

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Interesante informe que publica Dosmanzanas:

El Reino Unido celebra elecciones generales el próximo 7 de mayo. Las encuestas reflejan unos resultados ajustados, con los conservadores y los laboristas en empate técnico y un fuerte crecimiento del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) y el Partido Nacional Escocés (SNP). Analizamos las propuestas en materia LGTB de las principales formaciones en liza.

La legislatura de cinco años que ahora acaba ha contado con David Cameron a la cabeza de un Gobierno de coalición entre conservadores y liberal demócratas. En lo que a derechos LGTB se refiere, será sin duda recordada por la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Inglaterra y Gales (Escocia debatió y aprobó paralelamente una ley similar). El claro posicionamiento de Cameron a favor de este derecho, al margen de otras consideraciones, supuso un hito para el líder de un partido conservador en Europa y lo enfrentó con una parte importante de su propio partido. De hecho, en la primera votación sobre el tema en la Cámara de los Comunes, se registraron más votos tories en contra que a favor, lo que no impidió que la iniciativa saliera adelante gracias al apoyo de otros grupos parlamentarios. El matrimonio igualitario fue una realidad el 29 de marzo del año pasado.

Sin restar importancia a este trascendental avance legal, que ha colocado al Reino Unido entre los países punteros de Europa en igualdad LGTB, son muchos los retos que quedan por delante en este ámbito. Así lo entienden la mayoría de las fuerzas que concurren a los próximos comicios, según se refleja en sus programas electorales.

Conservadores y liberal demócratas “sacan pecho”

El manifiesto del partido de Cameron, en el epígrafe titulado “Ayudarte a construir la Gran Sociedad”, dedica un párrafo a los derechos LGTB (pdf):

Impulsaremos la igualdad de derechos y corregiremos errores pasados

Nuestra histórica introducción del matrimonio homosexual ha ayudado a promover la igualdad y ha fortalecido la institución del matrimonio. Pero todavía hay más cosas por hacer, y continuaremos impulsando la igualdad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Nos basaremos en el indulto póstumo del descifrador de Enigma Alan Turing […] Miles de hombres británicos todavía sufren acusaciones históricas similares […] Así que introduciremos una nueva ley que indultará a esas personas, y corregiremos estos errores.

También los liberal demócratas, cuyo paso por el Gobierno de coalición podría ser castigado por sus electores según los sondeos, consagra un capítulo de su programa (pdf) a la igualdad de derechos. El partido del viceprimer ministro Nick Clegg dedica una página entera a repasar su historial como formación pionera en la defensa de los derechos LGTB y propone siete medidas concretas en este campo, entre las que destacan la lucha contra el bullying homófobo en los centros educativos o la promoción de la despenalización de la homosexualidad en otros países.

Laboristas: combatir la homofobia

En comparación, y para lo que se esperaría de un partido de centroizquierda, la mención a los derechos LGTB en el programa electoral laborista (pdf) es bastante genérica y se centra en combatir la homofobia dentro y fuera del Reino Unido. La formación liberada por Ed Miliband también ataca a los conservadores por querer salir de la Convención Europea de Derechos Humanos:

Seguiremos avanzando en nuestra historia de liderar los derechos LGTB, abordando la homofobia con leyes más duras dentro del país y un mayor compromiso en el exterior […] Un Gobierno laborista defenderá los derechos humanos individuales, protegiendo la Ley de Derechos Humanos y reformando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en lugar de abandonarlo.

Los partidos minoritarios pueden ser decisivos

Además de las tres fuerzas que tradicionalmente han acaparado la mayoría de los votos en el Reino Unido, otros tres partidos podrían dar la sorpresa en las próximas elecciones: la derecha populista del UKIP, los Verdes y los nacionalistas escoceses del SNP. Aunque las encuestas dan cerca del 15% de los votos a los primeros, el sistema electoral mayoritario británico les impediría alzarse con una porcentaje similar de escaños, mientras que la implantación regional del SNP les podría otorgar la mayor parte de los 59 diputados escoceses; convirtiéndolos en una formación decisiva si no hay mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes.

Tanto el SNP como los Verdes son firmes partidarios de la igualdad LGTB. Los nacionalistas lo han demostrado con su apoyo a la aprobación del matrimonio igualitario en Escocia ya desde 2011, y los segundos han propuesto una amplia lista de medidas en su programa (pdf), algunas coincidentes con las de otras formaciones y otras más novedosas como: la educación sexual obligatoria, inclusiva con la diversidad y el VIH; la mejora de la política de asilo a las personas perseguidas por su orientación o identidad sexual; o la reducción del periodo de doce meses en el que los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) tienen prohibido donar sangre. El UKIP, por su parte, carece de mención alguna a los derechos LGTB en su programa (pdf), una ausencia que no debería sorprender teniendo en cuenta sus antecedentes en este tema.

En resumen, se prevé una jornada electoral apasionante y nada está aún decidido. Pero lo que sí está claro es el enorme paso adelante que ha dado el Reino Unido en materia LGTB en los últimos quince años. Unos avances que han contado con un amplio consenso social y político, que se refleja en la transversalidad del apoyo y la defensa de los mismos entre partidos de muy diferentes tendencias; los cuales también ocuparán, previsiblemente, la inmensa mayoría de los escaños en el nuevo Parlamento británico.

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Importante sentencia sobre identidad de género en el marco de la justicia europea. El Tribunal Europeo de de Derechos Humanos (TEDH), dictaminó el pasado martes que el requisito de infertilidad permanente vinculado a la cirugía de reasignación de género es una “violación del derecho a la intimidad”, garantizado por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. El artículo 40 del Código Civil de Turquía, sin embargo, estipula que las personas que se someten a cirugía de reasignación de género deben esterilizarse obligatoriamente. Las autoridades turcas, acogiéndose a esta legislación retrógrada, se negaron a conceder la autorización para la cirugía de reasignación a una persona con capacidad de tener hijos.

21 países de Europa, entre ellos 13 Estados miembros de la Unión Europea, todavía requieren la esterilización de las personas trans para que pueden tener reconocido su verdadero género. Turquía es uno de dichos países y la sentencia del TEDH pone entre las cuerdas este premisa obsoleta. Según Dennis de Jong, vicepresidente del Intergrupo LGBTI del Parlamento Europeo, “este fallo judicial debe alentar a los Estados miembros a empezar a trabajar para poner fin a esta esterilización forzada”.

Por su parte, el vicepresidente del Intergrupo LGBTI, Sirpa Pietikäinen, ha dicho que “acojo con gran satisfacción este fallo de la Corte, lo que tendrá un impacto positivo en las vidas de las personas transexuales en Turquía y en otros países”. Asimismo, ha continuado Pietikäinen, “es muy alentador el hecho de que el Tribunal haga hincapié en el aumento de la aceptación social y el reconocimiento legal de las personas transexuales en el mundo”.

La abolición de la esterilización como requisito para el reconocimiento de género ya ha sido censurada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales, previamente a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo. Este tipo de procedimientos siguen por desgracia a la orden del día en numerosos países, entre ellos muchos desarrollados. Por ejemplo, Suecia no eliminó hasta 2013 la esterilización de las personas transexuales como requisito previo a ver reconocida su identidad, y fue gracias a un pronunciamiento judicial. Francia, por mencionar otro ejemplo aún más cercano, carece de una legislación específica que regule la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación, por lo que la decisión debe pasar a la fuerza por las manos de un juez.

En España, aunque la situación es mucho más favorable, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo que debería ser actualizado para acercarse, por ejemplo, al modelo de Argentina, que en 2012 aprobó una avanzada ley de identidad de género que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

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A una semana del referéndum en el que se decidirá la independencia de Escocia o su permanencia en el Reino Unido, los derechos LGTB se hacen un hueco en el debate. La organización Equality Network ha enviado un cuestionario a varios líderes políticos del país para que expliquen cómo ven el futuro de la igualdad LGTB en cada uno de los dos posibles escenarios que se abrirán tras la votación del 18 de septiembre.

Como explican desde Equality Network, el objetivo de su iniciativa es recabar un compromiso claro de los principales partidos con las medidas que habría que afrontar en materia LGTB, tanto si triunfa la secesión como si lo hace la continuidad. La organización, que no se pronuncia como tal sobre el asunto, sí quiere mostrar a la comunidad LGTB toda la información posible para que puedan tomar la decisión más correcta a la hora de votar.

Para empezar, Equality Network recuerda las competencias que, en la situación actual, tiene Escocia como parte del Reino Unido (justicia, educación, sanidad o legislación familiar) y las que siguen perteneciendo en exclusiva al Parlamento británico de Westminster (igualdad, asuntos constitucionales, asuntos exteriores o asilo). A continuación, ha elaborado un cuestionario de 13 preguntas sobre los cambios que podrían producirse tras el referéndum en lo que, desde cada una de estas áreas, afecta a la igualdad LGTB.

Seis representantes políticos han respondido a la consulta. Tres de ellos son favorables a la independencia: Alex Salmond, ministro principal de Escocia del SNP (Partido Nacional Escocés) y los portavoces del partido verde y el socialista, respectivamente. Entre los unionistas, han enviado sus contestaciones los líderes escoceses de los laboristas (Johann Lamont), conservadores (Ruth Davidson) y liberal-demócratas (Willie Rennie). Las respuestas se pueden consultar en la página de Equality Network. Todos los partidos consultados coinciden en comprometerse con los derechos LGTB, un apoyo transversal que tuvo un antecedente en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo el pasado febrero por 105 votos a favor frente a solo 18 en contra.

Los secesionistas prometen igualdad a nivel constitucional…

Desde el sector favorable a la independencia, se centran en asegurar que la igualdad LGTB quedará reflejada en la redacción de una futura Constitución escocesa, con lo que estos derechos estarían blindados a un nivel legal más elevado que en el Reino Unido (que no dispone de Constitución escrita). El SNP se compromete, además, a que una Escocia independiente lidere a nivel europeo y global la defensa de los derechos LGTB, frente a un Gobierno británico que querría “salirse completamente de la Convención Europea de Derechos Humanos [CEDH]”.

Los Verdes, por su parte, señalan los gestos inclusivos en los Juegos de la Commonwealth recientemente celebrados en Glasgow y la inexistencia de votaciones contrarias a los derechos LGTB en el Parlamento escocés de Edimburgo como ejemplos del carácter “progresista” de la sociedad escocesa, que garantizaría el mantenimiento de la igualdad si llega la independencia.

…mientras que los unionistas temen que se detengan los avances

Entre los partidarios del unionismo británico, los laboristas prometen, como en otras áreas, la transferencia a Escocia de las competencias en materia de igualdad si gana el “no” a la independencia, y denuncian la “falta de claridad” de la propuesta constitucional del SNP. El partido dirigido por Lamont prevé que, de producirse la secesión, la CEDH dejaría de ser vigente en Escocia, poniendo los derechos LGTB fuera de la protección legislativa europea y, por lo tanto, potencialmente en peligro. Los laboristas dudan del compromiso nacionalista de incluir explícitamente la no discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Constitución y advierte que estos asuntos “quedarán fuera de la agenda durante muchos años” en el caso de que triunfe la independencia.

Los conservadores escoceses, dirigidos por la abiertamente lesbiana Ruth Davidson, hacen hincapié en la necesidad de un mercado común fuerte a nivel británico que también incluya la igualdad de oportunidades sin discriminaciones, y reivindican su defensa de los derechos LGTB a nivel global. Por último, los liberal-demócratas (en coalición con Cameron en el Gobierno británico) alertan de recortes en la financiación de los programas por la igualdad por las incertidumbres económicas que, según ellos, se abrirían en una Escocia independiente. Se comprometen, eso sí, a trabajar para incluir en la Constitución escocesa los derechos LGTB si finalmente vence la secesión.

La recta final de la campaña se presenta, sin duda, emocionante, y es de agradecer el esfuerzo de Equality Network para que los políticos se posicionen y los votantes LGTB conozcan los posibles efectos de su decisión. Nosotros estaremos pendientes de las repercusiones para la igualdad de cualquiera de los resultados que se produzcan…

Fuente Dosmanzanas

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Grave sentencia la que ha dado a conocer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que avala que una mujer transexual finlandesa se vea obligada a divorciarse contra su voluntad para ver reconocida legalmente su identidad de género. La sentencia considera que ello supondría reconocer un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, algo que no es legal en Finlandia y a lo que el tribunal de Estrasburgo no puede obligar. La sentencia argumenta además que la legislación finlandesa de uniones civiles es suficiente para garantizar aquellos derechos básicos de la pareja por los que el Tribunal de Estrasburgo está obligado a velar.

Finlandia no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pese a que las encuestas revelan que el apoyo es mayoritario en la sociedad finesa, su clase política lleva años resistiéndose a aprobarlo. La última vez hace menos de un mes, cuando una comisión parlamentaria emitía un dictamen desfavorable a una iniciativa legislativa popular en ese sentido que había conseguido más de 166.000 adhesiones (la más exitosa de las que han tenido lugar hasta el momento en Finlandia).

Ello lleva a situaciones tan descabelladas como la que vive Heli Hämäläinen, una mujer transexual casada en 1996 (siendo su sexo registral masculino) con otra mujer. El matrimonio tiene además una hija de 12 años. Pero cuando Hämäläinen, que ya consiguió el cambio de nombre en 2006, quiso acomodar el sexo que figura en sus documentos a su identidad femenina, el estado finlandés les dio dos opciones: o la pareja aceptaba voluntariamente convertir antes el matrimonio en una unión civil (abierta a las uniones del mismo sexo) o se divorciaba. La pareja se negó, argumentando por un lado sus convicciones religiosas contrarias al divorcio, y por otro que la unión civil no les garantizaba la misma protección legal que el matrimonio.

Tras agotar las instancias judiciales finesas, Hämäläinen llevó su caso a Estrasburgo, pero el alto tribunal europeo ha fallado ahora en su contra. Por un lado, la sentencia recuerda que la Convención Europea de Derechos Humanos, por cuyo cumplimiento vela el tribunal, no faculta a este para obligar a los estados que no lo quieran a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Por otro lado, el texto considera que en este caso no existen efectos legales por lo que a la responsabilidad, custodia o derechos sobre la hija del matrimonio se refiere, ya que según la legislación finlandesa estos vienen determinados por la parentalidad, con independencia del estado civil de los padres.

Hecha esta aclaración, la sentencia considera por último que la ley finlandesa de uniones civiles garantiza de forma “casi idéntica” al matrimonio los derechos por los cuales el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está obligado a velar. “Las diferencias menores entre los dos conceptos legales no son suficientes para considerar al actual sistema finlandés deficiente desde el punto de vista de la obligación positiva del estado”, argumenta.

Tres votos discrepantes

La decisión, conviene aclarar, no ha sido adoptada por unanimidad. Tres de los jueces (el húngaro András Sajó, la suiza Helen Keller y el belga Paul Lemmens) consideran que los derechos de Heli Hämäläinen si se habrían visto violados. Los jueces discrepantes argumentan además que el tribunal se ha limitado a tratar el caso como si de una pareja homosexual cisexual se tratase, sin tener en cuenta las especiales circunstancias que rodean el hecho transexual.

Puedes consultar aquí el texto íntegro de la sentencia (en inglés) así como los argumentos de los jueces discrepantes.

Colectivos LGTB lamentan la decisión

Los colectivos LGTB europeos han lamentado profundamente la sentencia. La directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, cree que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desaprovechado una oportunidad de oro “para condenar la humillación y las prácticas discriminatorias” contra las personas transexuales, a las que en numerosos países de Europa se obliga a poner fin a sus matrimonios para poder ver reconocida su identidad.

Nuestros pensamientos están hoy con Heli Hämäläinen y con su familia. El tribunal ha decidido que sus derechos como familia son inferiores”, ha expresado con rotundidad Arja Voipio, copresidenta de Transgender Europe. “El veredicto demuestra que las cuestiones que tienen que ver con la transexualidad siguen sin ser adecuadamente entendidas”, ha añadido.

“Se ha perdido una oportunidad para situar al Tribunal [Europeo de Derechos Humanos] en línea con los llamamientos de los numerosos especialistas en derechos humanos a no poner a las personas transexuales ante el dilema de tener que elegir entre el reconocimiento legal de su identidad de género y otros derechos humanos, como el derecho al matrimonio. Hoy se ha dicho a aquellos estados europeos que todavía obligan a las personas transexuales a renunciar a sus derechos más básicos que su aproximación es aceptable. Lo que no es aceptable”, ha expresado por su parte otro de los copresidente de Transgender Europe, el abogado Alecs Recher.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Convención Europea de Derechos Humanos, Discriminación, Finlandia, Heli Hämäläinen, Matrimonio, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos