Así lo informó la Contraloría, luego de que el Movilh denunciara que el Plan propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vulnera un Acuerdo de Solución Amistosa, así como la ley que creó la Subsecretaría de Derechos Humanos.

La Contraloría General de la República informó que considerará para su evaluación sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos los diversos antecedentes otorgados por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organismo que acusa al mencionado programa de violentar los acuerdos internacionales alcanzados por el Estado.

“Este organismo de control ha tomado conocimiento de los planteamientos formulados por el recurrente y los ponderará durante el examen de legalidad” del Plan Nacional de DDHH elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos , señaló la Contraloría al Movilh

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, sostuvo que “esperamos un pronunciamiento justo y coherente de la Contraloría, pues el Plan Nacional de DDHH eliminó el compromiso de “impulsar” el matrimonio igualitario y habla solo de “monitorear” ese proyecto de ley”.

Explicó que ello “es abiertamente contrario al Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado de Chile firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), donde se comprometió el impulso del matrimonio igualitario. El ASA ha sido declarado legal y vinculante por la Contraloría, por lo que es esperable un pronunciamiento en ese línea a la hora de analizar el Plan Nacional de DDHH”.

Además de violentar el ASA, el Plan Nacional de DDHH contraviene “la Ley 20.885 que crea la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde se establece como un deber de dicha instancia dar cumplimiento a los cuerdos internacionales del Estado de Chile”, finalizó Rementería.

Fuente MOVILH

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Uno regula el cambio de nombre sexo legal de las personas mayores de 18 años y solteras y el otro el programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) publicó hoy en su web dos reglamentos de la Ley de Identidad de Género elaborados por el Gobierno y que el pasado 28 de junio fueron ingresados a la Contraloría General de la República para su revisión.

Uno de los reglamentos, elaborado por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, regula el cambio de nombre sexo legal de las personas mayores de 18 años y solteras. El segundo reglamento, de autoría del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, regula el programa de acompañamiento para niños, niñas y adolescentes trans.

“En términos generales, y salvo algunas deficiencias que esperamos sean resueltas y superadas por la Contraloría,  los reglamentos van en la línea de lo trabajado y sugerido por la sociedad civil y se ajustan a la ley. Esperamos que el proceso sea rápido en la Contraloría para que ley efectivamente entre en vigencia en octubre próximo”, indicó el presidente del Movilh, Gonzalo Velásquez.

Reglamento para mayores de 18 años y solteros

Las personas mayores de 18 años y solteras podrán solicitar por un máximo de dos veces la rectificación de su partida de nacimiento en cualquier Registro Civil del país.

La solicitud escrita debe contener.

a.- Nombres, apellidos y rut de las persona solicitante.

b.- Declaración de que es una persona mayor de 18 años sin vínculo matrimonial vigente

c- Petición para rectificar la partida de nacimiento

d.- El sexo y los nombres de pila que reemplazarán a la identidad asignada al nacer

e.- Nombre apellidos y rut de dos testigos

f.- Identificación del medio preferente (correo electrónico, carta certificada, etc) para recibir notificaciones del Registro Civil

g.- Firma del solicitante

Tras ello, estipula el reglamento, un oficial del Registro Civil reservará un día y una hora para que la persona solicitante y sus dos testigos asistan a una audiencia especial. En dicha audiencia los testigos deberán declarar que el solicitante es mayor de 18 años y soltero/a y que conocen los efectos jurídicos de cambiar el nombre y sexo legal

En un plazo máximo de 45 días se aceptará la solicitud si se cumplen con los requisitos

Un vez aceptada la solicitud, el Registro Civil rectificará la partida de nacimiento y, 15 días hábiles después de ello, se emitirán los nuevos documentos y se citará a la persona para que los retire.

El Registro Civil informará de la nueva identidad a otros organismos a objeto de que también efectúen los cambios correspondientes.

El Registro Civil deberá resguardar que todo el trámite, y la pasada identidad del solicitante, se mantengan en reserva.

Reglamento del Programa de Apoyo para niños, niñas y adolescentes (NNA) trans.

El Programa de Acompañamiento para NNA trans y sus familias garantiza orientación profesional multidisciplinaria “que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial” para que las personas “puedan desarrollar integralmente sus potencialidades, de acuerdo a su identidad de género, edad y grado de madurez”

Si bien los NNA “deberá contar con la autorización de al menos uno de sus representantes legales para acceder a los programas de acompañamiento profesional”, “todo NNA podrá acceder a información clara y objetiva sobre el contenido del programa de acompañamiento profesional y las prestaciones ofrecidas, sin que sea necesaria la autorización” de uno de sus representantes.

Los prestadores de programas de acompañamiento profesional pueden ser órganos estatales o entidades sin fines de lucro con acreditación vigente ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaria de la Niñez

Todo prestador debe contar con al menos un/a psicólogo/a y un trabajador/a social, y, en casos necesarios, de un psiquiátra. De no contar con este último, la alternativa es un convenio de colaboración con otros organismos para derivar.

Cada profesional debe contar con formación y experiencia acreditable de al menos dos años en trabajo de niñez y familia.

Antes de ofrecer sus servicios, los prestadores de programas de acompañamiento profesional deberán rellenar un formulario de acreditación, así como presentar documentos legales que acrediten la vigencia de la personería jurídica. En un plazo de 30 días, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia brindará o no la acreditación, la que dura solo dos años, pudiendo tras ello renovarse.

Los prestadores de programas de acompañamiento profesional deben respetar en todo momento los derechos humanos de los NNA trans y no tratarlos jamás como personas enfermas. En concreto, deben garantizar el pleno respeto al interés superior del niño, al derecho a ser oído, a la autonomía progresiva, a la no patologización, a la no discriminación arbitraria, a la confidencialidad, a la dignidad en el trato y al derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos.

De igual manera, los prestadores deberán entregar el registro de atenciones a los NNA en caso de que quieran cambiar de programa o por otra situación que lo amerite. Si los NNA o sus familias piden un estado de avance, éste debe otorgarse en un plazo máximo de 30 días.

Se consideran como acciones mínimas de los programas de acompañamiento a la evaluación psicosocial (que incluya la psico-emocional y socio-emocional de los NN), análisis familiar y del entorno escolar, visitas domiciliarias, consultas con psicólogos, intervención en las familias y, en casos necesarios, acompañamiento psiquiátrico.

Fuente MOVILH

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Así lo manifestó por redes sociales en el marco del Día del Orgullo

La Contraloría General de la República conmemoró hoy el Día Internacional del Orgullo enfatizando que Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado por el Estado y el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) para impulsar el matrimonio igualitario es “legal y vinculante”.

“Este 28 de Junio se celebra el día del orgullo LGBTIQ+ y te contamos que Contraloría se ha pronunciado respecto a la legalidad del Acuerdo de Solución Amistosa (…) declarándolo legal y vinculante para el Estado de Chile

En tal sentido, la entidad difundió una gráfica donde recuerda que “en el año 2012 el Estado de Chile fue denunciado por la organización Movilh en la CIDH por la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental”.

Debido a esto, añadió la Contraloría, “el 2016 el Estado decidió subscribir un Acuerdo de Solución Amistosa para solucionar el conflicto. Este acuerdo se basó principalmente en el compromiso del Estado de promover leyes, política y programas a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bi, trans, intersexuales, queer y otras identidades LGBTIQ+”.

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Entre otras leyes comprometidas se encuentran la adopción homoparental, el matrimonio igualitario y reformas a la Ley Zamudio y el Acuerdo de Unión Civil

La Contraloría explicó que en el año 2018 la fue “consultada acerca de la legalidad de este acuerdo determinando finalmente que era “legal y vinculante”. Esto, puesto que Chile firmó previamente compromisos internacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos que la obligan este tipo de acuerdos”.

El Movilh valoró que “la Contraloría enfatice el carácter lega y vinculante de los compromisos asumidos. El Estado lo componen tres poderes el Estado, y todos ellos tienen la obligación internacional de cumplir con el ASA, el cual para la Contraloría es obligatorio”.

Fuente MOVILH

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El Movilh, que junto al concejal Pedro Muñoz denunció públicamente las bases en diciembre pasado, valoró la determinación.

La Contraloría General de la República instó al municipio de Valdivia a modificar las bases del concurso de belleza “Reina de los Ríos”, el cual en diciembre pasado fue denunciado públicamente por el concejal Pedro Muñoz Leiva y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) por ser transfóbico.

En concreto, el Movilh había señalado que el concurso al exigir sexo femenino de nacimiento “discriminaba a las personas trans en razón de su identidad de género, lo que infringía la Ley Zamudio”, mientras que la activista independiente Constanza Valdés recurrió a la Contraloría para que se pronunciara al respecto

Si bien, el municipio argumentó que pese a las bases no había impedido la postulación de ninguna persona en razón de su edad, sexo o identidad de género, “la Contraloría estimó que ello no era suficiente, instando a modificar también los reglamentos y a adecuarlos a la Ley Zamudio. Aplaudimos esta justa determinación, que esperamos sea un referente para todos los municipios del país”, indicó el Movilh.

En el dictamen del lunes pasado, la contralora subrogante de Los Ríos, Paula Martínez Zelaya, sostuvo que “es necesario hacer presente a la municipalidad de Valdivia que en lo sucesivo deberá tener en consideración la normativa referente a la no discriminación al momento de elaborar las bases respectivas, a fin de no incurrir en infracciones a aquella cuya determinación- en todo caso- se encuentra entregada a los tribunales de justicia.”.

Para el vocero del Movilh, Oscar Rementería, “el municipio no solo incurrió en discriminación en las bases, también en un bochorno, pues se negó a modificarlas, pese a que lo solicitamos al municipio, y ahora se verán en la obligación de hacerlo. Le deben una explicación a toda la comuna, así como el ofrecimiento de disculpas”.

Fuente MOVILH

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Acusan que se está “adoctrinando” a los niños y que se da “exacerbada” importancia a la discriminación contra escolares LGBTI.

La Comisión Nacional Evangélica por la Familia (Confamilia) y el concejal de Concepción, Héctor Muñoz (RN), llegaron hasta la Contraloría General de la República para solicitar que se declare ilegal la circular 768 del Ministerio de Educación por exigir el respeto a la identidad de género de los escolares transexuales, recibiendo la acción el rechazo inmediato del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

A juicio de la coordinadora de Confamilia, Francesa Muñoz, “no debe darse una importancia exacerbada” a la discriminación padecida por niñas, niños y adolescentes trans en los establecimientos educacionales, mientras que para Muñoz con la circular 768 “las organizaciones de la diversidad sexual está utilizando al Ministerio, ideologizando y adoctrinando a los niños en algo que es responsabilidad de los padres”.

“Esto se hizo a la medida del mundo homosexual”, dijo Muñoz al diario El Sur al explicar su presentación ante la Contraloría, la cual también se fue en picada contra el manual “Orientaciones para la inclusión de las personas LGBTI en el sistema educacional chileno”, del Mineduc.

Para el presidente de Movilh Biobío, Esteban Guzmán, “Confamilia, con Muñoz a la cabeza, están en la práctica oponiéndose a que se generen mejores condiciones de igualdad y de calidad de vida para niñas, niños y adolescentes, lo cual es una abierta vulneración al interés superior del niño y a los derechos humanos”.

Añadió que “esta no es la primera vez que Muñoz recurre a la Contraloría. Ya lo hizo el año anterior para oponerse a la Ordenanza Municipal por la Diversidad aprobada en Concepción, sólo porque dicho texto protege a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), entre otros muchos grupos excluidos. En esa oportunidad Muñoz perdió. Ahora estamos seguros, ocurrirá lo mismo”.

Guzmán puntualizó que “si no fuera por su rechazo a las personas LGBTI Muñoz sería prácticamente invisible en el debate público de Concepción. Es repudiable y vergonzoso que, a falta de una agenda propia, esta persona busque figurar a través de la promoción del odio”.

Fuente MOVILH

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Al recordar acuerdo que el Estado selló con el Movilh, organismo que ayer envió misivas los presidentes de todos los partidos y la ministra Paula Narváez para que las temáticas de la diversidad sexual integren las prioridades legislativas.

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, enfatizó ayer los compromisos sobre el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, al referirse al acuerdo de solución amistosa que el Estado selló con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En relación al matrimonio igualitario sostuvo que “estamos en eso dentro del tiempo establecido, para luego enviar el proyecto de ley al Parlamento, así que ahí no hay incumplimiento”.

Sobre la Ley de Identidad de Género, sostuvo que “entendemos que se ha presentado una serie de indicaciones de parte de la Oposición. Nosotros entendemos que las indicaciones son absolutamente legítimas desde el punto de vista del proceso legislativo, y el Gobierno seguirá adelante, respetando el trámite legislativo como el de cualquier proyecto de ley”.

Ayer el Movilh envió una misiva a la Nueva Mayoría y a la ministra Narváez donde solicitó que la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario sean incorporados en la lista de prioridades legislativas que definirán el próximo 1 de diciembre.

La carta fue enviada a los/as presidentes/as del PS, Isabel Allende, de la DC, Carolina Goic; del PPD, Gonzalo Navarrete; del PC, Guillermo Teillier; del PRSD, Ernesto Velasco; del Mas, Cristián Tapia, y de IU, Francisco Parraguez.

Y es que el diputado Kast pidió a la Contraloría que anule acuerdo entre el Estado y el Movilh por el matrimonio igualitario.  La odiosa arremetida es respaldada por los diputados Squella y Coloma. El Movilh acusó a Kast de utilizar los derechos de la diversidad sexual para posicionar su debilitada pre-candidatura presidencial.

El diputado José Antonio Kast (ex UDI) solicitó hoy a la Contraloría General de la República que declare ilegal el acuerdo de solución amistosa sobre el matrimonio igualitario que sellaron el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La homofóbica acción es respaldada por los diputados UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, y el ultraconservador movimiento Comunidad y Justicia, el mismo que entre el 2014 y 2015 perdió en tribunales todos los recursos que buscaban anular sentencias de los tribunales a favor de las familias homoparentales y del cuento “Nicolás tiene dos papás”.

Tras presentar la acción, Kast explicó a “Opine Chile” que “hemos levantado una solicitud a la Contraloría para que revise la legalidad de un acto de gobierno firmado por varios ministros junto con el Movilh que pasa a llevar las sentencias de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema”.

Añadió que “el gobierno ha vulnerado, a nuestro juicio, el Estado de derecho que nos rige, ha desconocido sentencias del máximo tribunal, frente a una presentación que hacen particulares a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana planteando que sus derechos fueron vulnerados en Chile al no permitir que dos hombres fueran casados frente a un oficial del Registro Civil”.

El parlamentario redondeó que “ellos presentan esta reclamación y el Estado no se defiende. Perdón, primero sí se defiende y después llega a un acuerdo extrajudicial, siendo que ello no está dentro de las facultades de los ministros. Por tanto, esto sería como si Chile después de una demanda en La Haya por parte de Bolivia, llegara a un acuerdo extrajudicial y entregara el río Silala. Eso es inaceptable y aquí ocurrió lo mismo”.

Para Kast “se vulneran los derechos de cualquier chileno si es que no se respetan los tribunales de nuestro país. Aquí por así decirlo, el gobierno se dejó ganar, y eso no puede ser porque le resta seguridad a todas las personas en Chile. Cualquiera podría ver vulnerado sus derechos: si no queda conforme con las sentencias de la Corte Suprema, va a un tribunal internacional, reclama, demanda al gobierno y el gobierno le da la razón por una vía extrajudicial. Eso atenta contra la igualdad ante la ley, atenta contra el Estado de derecho y es una forma en que el gobierno ha ido manejándose en temas de derechos humanos. Cuando algo no le gusta, busca una manera de soslayar la ley y hacer acuerdos de este tipo”.

Puntualizó que “doy un defensor de los derechos humanos de las personas, soy un defensor de la legalidad y creo que todos deberían estar en contra de este tipo de situaciones. Son los activistas de ciertas causas los que están dispuestos a romper con la ley, para llegar a su fin. Aquí priman las ideologías más que las leyes”

Utilización política

En respuesta, el Movilh acusó a Kast “de utilizar los derechos humanos de las personas lesbianas, gays,, bisexuales, transexuales e intersexuales para publicitar su debilitada y a claras luces fracasada pre-candidatura presidencial”. “No somos ingenuos. No creemos que Kast desconozca sobre competencias para firmar soluciones amistosas y, por tanto debe saber, que los firmantes si están habilitados. También Kast debe saber que el Estado no cedió en nada que no solicitáramos y que el acuerdo no fue fácil. Si está usando argumentos que se caen por su propio peso, es claro que su único objetivo es figurar, antes que conseguir que sus homofóbicas posturas sean aceptadas por la Contraloría”, dijo el Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “Kast debería tener la decencia de dedicarse 100% a su labor parlamentaria, en vez de andar preocupado de su campaña presidencial, que también sabe no prosperará. Sus aleteos homofóbicos están destinados al fracaso, al igual que sus aspiraciones presidenciales”.

“Esperamos que el Gobierno haga una férrea defensa del acuerdo ante esta arremetida, pues el lo que corresponde hacer a la luz del compromiso firmado”, puntualizó el Movilh.

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