El gobierno conservador británico financia a grupos religiosos anti-LGBTQ+ en Uganda, según un informe: “No es un error aislado”
El gobierno británico está ayudando a financiar la labor de una organización religiosa virulentamente homófoba en Uganda, cuyos líderes han respaldado una propuesta de ley que tipificaría como delito penal la identificación como homosexual, según ha revelado un informe.
Analizando los datos oficiales facilitados a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI, por sus siglas en inglés), el informe del Instituto de Periodismo y Cambio Social (IJSC, por sus siglas en inglés) descubrió un número “asombroso” de conexiones entre organizaciones anti-LGBTQ+ de Uganda y donantes de ayuda internacional, incluido el Reino Unido.
Según la IATI, el Inter-Religious Council of Uganda-Consejo Interreligioso de Uganda (IRCU, por sus siglas en inglés), un organismo interreligioso, es receptor directo de fondos de ayuda del Reino Unido en su calidad de “socio ejecutor” de un programa cuyo objetivo es hacer realidad la “ambición de una sociedad abierta en Uganda” del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En febrero, miembros de la IRCU, entre ellos la Iglesia de Uganda y varias iglesias evangélicas, firmaron una declaración en la que expresaban su “gran preocupación” por “la creciente propagación de la homosexualidad” en Uganda, y el efecto de “la agenda LGBTQ” en el bienestar de los niños.
Dos semanas después, se presentó en el parlamento el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023, en un esfuerzo por ampliar la legislación antigay del país, y el mes pasado fue aprobado por el parlamento ugandés, con el voto a favor de 387 de los 389 diputados.
La propuesta de ley, que fue condenada como “probablemente una de las peores de su clase en el mundo” por el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, impone penas de capital y cadena perpetua por mantener relaciones homosexuales, hasta 14 años por “intento” de homosexualidad, y 20 años de cárcel por “reclutamiento, promoción y financiación” de “actividades” homosexuales.
Cualquier persona que se identifique como “lesbiana, gay, transexual, queer o cualquier otra identidad sexual o de género contraria a las categorías binarias de hombre y mujer”, podría ser condenada a una pena de prisión de hasta 10 años.
El proyecto de ley se encuentra en el limbo después de que el Presidente Yoweri Museveni -que este mes calificó la homosexualidad de “amenaza… para la raza humana”– se negara a firmarlo para convertirlo en ley y solicitara al Parlamento que lo examinara de nuevo.
Museveni ha recibido presiones de Estados Unidos para que vete la ley, y un funcionario del gobierno advirtió de que, si se convertía en ley, la administración de Biden estudiaría posibles “repercusiones… quizá económicas”. Estados Unidos proporciona más de 950 millones de dólares (770 millones de libras) al año a la nación africana.
En 2014, la administración Obama habría retirado la ayuda gubernamental a la IRCU después de que la organización apoyara la precursora del proyecto de ley 2023, la Ley contra la Homosexualidad, que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional.
Después de que el Parlamento ugandés aprobara por abrumadora mayoría el proyecto de ley de 2023, el ministro británico de Desarrollo, Andrew Mitchell, declaró que Gran Bretaña estaba “profundamente decepcionada” por la decisión. Pero el dinero de la ayuda sigue fluyendo hacia la IRCU.
Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, la organización ha recibido hasta la fecha 134.900 libras en el marco de un programa denominado Uganda – Sociedad Abierta, que comenzó en junio de 2021 y se prolongará hasta marzo de 2024.
Claire Provost, autora del informe del IJSC, ha declarado: “Esta investigación ha revelado un número realmente asombroso de conexiones entre organizaciones religiosas anti-LGBT en Uganda y donantes de ayuda internacional y agencias de desarrollo. Los donantes y las agencias de desarrollo, así como los defensores de los derechos humanos, deben examinar más ampliamente la financiación en todos los países y asegurarse de que estas prácticas no están socavando los derechos humanos en ninguna parte”.
Nana Darkoa Sekyiamah, escritora feminista ghanesa que ha participado en el informe, ha declarado: “Se ha financiado a organizaciones que han hablado públicamente y han defendido el odio a las comunidades queer”: “Se ha financiado a organizaciones que han hablado públicamente y han defendido el odio a las comunidades queer. Creemos que esto tiene que acabar. No creemos que se deba financiar a organizaciones que promueven el odio”.
La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda
Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.
La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.
Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.
Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.
Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.
Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.
En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…
En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.
En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.
En agosto de 2022, el Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…
La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.
En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.
Fuente Pink News/Cristianos Gays/
General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas
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