Esperemos que esta vez no se vayan de rositas…

Por posible delito de odio y “humillados” por el ataque a la ley

Acusa a los obispos de hacer un llamamiento a la insumisión y al incumplimiento de la ley

Arcópoli rechaza que la homosexualidad se pueda “sanar” como dice el escrito de estos obispos, una visión que la asociación califica de “estigmatizadora” y “culpabilizadora”.

Según sostiene el Observatorio en un comunicado difundido hoy, que la nota de Juan Antonio Reig (Alcalá) y de Joaquín María López, (Getafe) vulnera el artículo 510 del Código Penal.

El Observatorio Español contra la LGBTfobia ha llevado a los obispos de Getafe y Alcalá de Henares, Joaquín María López de Andújar y Juan Antonio Reig Plá, respectivamente, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Odio, al considerar que “incitan al odio y a la discriminación contra el colectivo LGBT”, a través de la carta que han difundido contra la nueva ley contra la LGTBIfobia.

Además, el observatorio ha indicado que están estudiando interponer una querella penal contra los obispos, a los que acusa de “incitación a la insumisión ante la ley”, lo que, recuerda, “es delito” y, por lo tanto, “también debería verificarse por parte de la Justicia”.

El presidente del Observatorio, Paco Ramírez, ha mostrado su temor ante un discurso que “vuelve a destilar odio y humillación” contra la lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y califica el escrito de “infame”. Por otro lado, el colectivo ha anunciado que solicitarán a los plenos de los Ayuntamientos de Getafe y de Alcalá de Henares y a otros de la Comunidad de Madrid que reprueben la misiva de los obispos.

Como reacción ante los obispos, que consideran que la ley vulnera la libertad educativa, Ramírez sostiene que dicha libertad también tiene límites “sobre todo cuando fomentan actitudes y comportamientos discriminatorios o incitan hacia el odio”, según recoge el comunicado, que critica la llamada a la insumisión a la ley. Asimismo, ha hecho un llamamiento al ministro de Justicia, Rafael Catalá, y al Consejo General del Poder Judicial a que se pronuncien “sobre la incitación a la insumisión de leyes proclamada por los obispos”.

En el mismo sentido, ha instado “a la totalidad de la sociedad civil y a todos los partidos políticos a que condenen y denuncien sin paliativos este discurso de odio, que tanto daño sigue haciendo a la sociedad, incitando la discriminación, la injusticia y hasta incluso la violencia”.

Desde el Observatorio Español contra la LGBTfobia se han declarado “consternados, insultados y humillados con esta nueva grave injerencia de una parte de la jerarquía católica en la Comunidad de Madrid“.

El colectivo reprocha a los obispos que califiquen la ley de “ataque a la libertad religiosa y de conciencia” y, en palabras del director del Observatorio, Paco Ramírez, “la libertad religiosa y la libertad de expresión son ampliamente respetadas en el país, cuando no son infinitas y tienen límites cuando afectan a las otras personas“.

Por otro lado, critica que los obispos alerten de que se quiere imponer la ‘ideología de género’ y un ‘pensamiento único’, “cuando la Iglesia Católica lleva dos milenios imponiendo la suya”. Además, el Observatorio rechaza que la ley, que busca contrarrestar la discriminación que sufre el colectivo LGTB, suponga la implantación de un “pensamiento único”, cuando, según Ramírez, es lo que hace los obispos “con su visión fundamentalista de la moral católica”.

En el mismo sentido se ha pronunciado Arcópoli, que rechaza que la homosexualidad se pueda “sanar” como dice el escrito, una visión que la asociación califica de “estigmatizadora” y “culpabilizadora“.

En un comunicado Arcópoli indica que los prelados ignoran con su escrito el “consenso médico mundial” que despatologizó la homosexualidad como enfermedad mental y alimentan el “tormento” de quienes sufren “acoso” por pertenecer al colectivo LGTB.

 Arcópoli denuncia el acoso escolar y la homofobia que sufren los jóvenes gays y lesbianas y acusa a los obispos de Getafe y Alcalá de esconderse el “mal entendido” derecho a la libertad educativa, para “imponer” su ideología en las aulas de la región.

Los obispos Juan Antonio Reig, de Alcalá de Henares y Joaquín María López, de Getafe, han hecho hoy un llamamiento a los católicos a actuar contra la Ley contra la LGTBIfobia de Madrid, considerada por ambos prelados un “atentado” contra la libertad religiosa y de conciencia.

A juicio de los obispos, la ley, que contempla la obligación de educar en la diversidad sexual en los colegios públicos y concertados, representa “un ataque y censura al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias creencias y convicciones”

La Asamblea de Madrid aprobó el 14 de febrero por unanimidad la ley contra la LGTBIfobia, para combatir las agresiones físicas y las discriminaciones a personas del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Fuente Cáscara Amarga

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Enrique López, magistrado del Tribunal Constitucional muy cercano al PP, ha anunciado que presentará su dimisión este lunes después de haber sido imputado por un posible delito contra la seguridad vial. López fue interceptado por la policía mientras conducía una moto ebrio (cuadruplicaba el nivel de alcoholemia legalmente permitido) y sin casco. Fue a las 07:30 de la mañana en el Paseo de la Castellana, principal arteria de Madrid, y después de haberse saltado un semáforo en rojo. Enrique López, recordemos, ha sido en el pasado uno de los azotes contra el matrimonio igualitario.

Enrique López, un personaje muy próximo a Federico Trillo y colaborador habitual de FAES (fundación conservadora vinculada al PP) era miembro del Consejo General del Poder Judicial en la época en que se discutía la aprobación del matrimonio igualitario. Desde ese puesto defendió un informe que lo descalificaba de forma rotunda, llegando a compararlo con la zoofilia o los tríos (la comparación fue eliminada de la versión final del informe ante las protestas). López también defendió en su momento a la jueza homófoba Laura Alabau.

Pese a su perfil fuertemente politizado, el PP no dudó en colocarlo en el Tribunal Constitucional hace un año, cuando se produjo su última renovación parcial y loa conservadores se hicieron con el control del organismo. El PP, de hecho, llevaba años queriendo convertirlo en miembro del Constitucional. Ya en junio de 2010 la mesa del Senado rechazó su candidatura al no tener por aquel entonces los 15 años de experiencia que exige el cargo, tras lo cual el PP, a regañadientes, propuso otro candidato.

Enrique López no es (o no era, una vez se consume la dimisión) el único miembro del Constitucional con un pasado explícitamente opuesto a la igualdad LGTB. Ya desde 2011 formaba parte del alto tribunal Francisco Hernando, también a propuesta del PP, y que también votó a favor del referido informe. Hernando, eso sí, actuó con gran honestidad profesional al renunciar voluntariamente a participar en la discusión del recurso del PP contra el matrimonio igualitario, resuelto en noviembre de 2012 tras siete años de espera, por ese mismo antecedente.

Posible pena de prisión

Según explica el abogado Gonzalo Boye en eldiario.es, Enrique López será juzgado por el Tribunal Supremo, al ser aforado. Cualquier otro ciudadano no aforado sorprendido con su cifra de alcoholemia hubiera sido detenido y puesto a disposición judicial, siguiéndose los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los juicios rápidos (procedimiento simplificado para conductas penalmente relevantes, pero de sencillo enjuiciamiento).

En cualquier caso, López se enfrenta a entre 3 y 6 meses de prisión o multa o trabajo en beneficio de la comunidad y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Pero si conducía, como se presume, a una velocidad superior a 60 kilómetros por hora por la Castellana, la pena podría ser de hasta 6 meses y 2 años de cárcel y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 y hasta 6 años.

También según Gonzalo Boye, aunque Enrique López no hubiera tomado la decisión de dimitir el Tribunal Constitucional le hubiera tenido que cesar, si bien existía la posibilidad de una suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia. López también tendrá muy complicado incorporarse de nuevo a la carrera judicial si es condenado.

Fuente Dosmanzanas

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Colectivos LGTB protestan ante el nombramiento de un juez homófobo como miembro del Tribunal Supremo

El ultraconservador José Luis Requero (fotografía dcha), que a lo largo de su trayectoria como jurista no ha dudado en comparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con la zoofilia y ha maniobrado contra la adopción homoparental, ha sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo con el voto de los once miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afines al Partido Popular, entre ellos el del juez Fernando Grande-Marlaska. Un voto que sorprende especialmente en este caso por el hecho de ser Grande-Marlaska abiertamente gay, (fotografía izda) estar casado con otro hombre y haber defendido públicamente los derechos LGTB.

El propio José Luis Requero fue vocal del CGPJ entre 2001 y 2008, también a propuesta del PP (como lo es hoy Grande-Marlaska). Durante ese periodo Requero elaboró un borrador de informe que defendía que aplicar el término “matrimonio” a la unión de dos personas del mismo sexo era como “llamar matrimonio a la unión de más de dos personas o la unión entre un hombre y un animal”. Ante la polémica generada por esta frase, el CGPJ decidió eliminarla del texto final, aunque mantuvo el informe contrario al matrimonio igualitario (se trataba, como en la actualidad, de un consejo controlado por los conservadores). Más tarde, al elaborar otra propuesta de informe sobre la ley de adopción internacional de 2007, Requero propuso que las agencias que tramitan estas adopciones pudieran negarse si los adoptantes son una pareja homosexual. Nada sorprendente, si se tiene en cuenta que Requero había defendido meses antes que jueces y funcionarios pudieran negarse a tramitar expedientes matrimoniales entre personas del mismo sexo, una propuesta que el CGPJ finalmente rechazó.

“Si mi hijo fuera homosexual, yo jamás iría a su boda”, es otra de las perlas homófobas ha salido de la boca de Requero, miembro por cierto del Opus Dei. Precisamente por su oposición al matrimonio igualitario, el ahora juez del Supremo fue premiado en 2007 por la organización ultraconservadora HazteOír (recomendamos la lectura de la entrevista que HazteOír le hacía en 2006, en la que Requero desgranaba su pensamiento y llegaba incluso a acusar a la derecha de estar “presa de complejos” por no oponerse con más fiereza al matrimonio igualitario o al aborto).

El nombramiento de José Luis Requero se ha producido además de forma inesperada. Desde que el pasado noviembre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba pactaran la renovación del CGPJ con una mayoría conservadora de 11 votos contra 10, los nombramientos de puestos judiciales se habían producido en el marco de un acuerdo “no escrito” entre los dos bloques que reservaba cierto número de cargos para jueces de sensibilidad progresista. Se evitaba así transmitir la sensación de que el sector conservador hacía valer sistemáticamente su mayoría. Una ficción que ha durado apenas unos meses, hasta que la pasada semana, cuando entre otros nombramientos el CGPJ debía elegir dos nuevos magistrados del Tribunal Supremo, el nombre de Requero permaneció oculto hasta el último momento (aunque según explica el diario El País, los dos miembros “progresistas” de la Comisión Permanente del CGPJ sí conocían la jugada pero no la comunicaron a sus compañeros). Los conservadores conseguían así que varios progresistas votaran a favor de Antonio Vicente Sempere (que consiguió 15 votos) para la primera de las vacantes, para después imponer a Requero en lugar del candidato que supuestamente había sido pactado antes, Ángel Arozamena.

El voto de Grande-Marlaska, decisivo

En cualquier caso, con independencia de cómo se produjera la elección de Requero, llama la atención que Fernando Grande-Marlaska, que no ha dudado en visibilizarse públicamente como gay y que ha defendido siempre los derechos LGTB, haya avalado con su voto a una persona que ha maniobrado contra esos mismos derechos. De hecho, según cuenta también El País, algunos de los miembros del sector progresista del CGPJ no se explican cómo “algunos vocales del grupo conservador que han demostrado una gran sensibilidad hacia el matrimonio homosexual le han apoyado para este cargo” (el artículo no menciona explícitamente a Grande-Marlaska, aunque se adivina que es a él a quien se refiere esta frase).

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha emitido este lunes un comunicado en el que muestra su indignación por la elección de Requero, aunque sin mencionar a Grande-Marlaska. Resulta paradójico, por cierto, que en 2012 Grande-Marlaska fuera reconocido por la FELGTB con uno de sus premios Pluma, cuando cinco años era Requero el que era distinguido con uno de los Premios Látigo…

Entristece que Grande-Marlaska, cuyo voto contrario hubiera bastado para vetar a Requero, haya antepuesto su servidumbre política a la defensa de los derechos civiles del colectivo al que él mismo pertenece, permitiendo que una persona que ha hecho ostentación de su homofobia se convierta en miembro de la más alta magistratura judicial del país.

Fuente Dosmanzanas

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