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La Federación Estatal LGTBI+ aplaude la aprobación del Conjunto Planificado de medidas para la diversidad LGTBI+ en la empresa 8 octubre, 2024

Jueves, 10 de octubre de 2024
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto por el que se desarrollarán los acuerdos alcanzados en junio por los sindicatos, la patronal, Trabajo y entidades LGTBI+ como la Federación Estatal LGTBI+ 

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) aplaude la aprobación del Real Decreto por el que se desarrollará el Conjunto Planificado de medidas relativas a la igualdad y no discriminación LGTBI en las empresas. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, este martes, al decreto que formaliza el acuerdo suscrito el pasado junio por los sindicatos, la patronal, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y entidades LGTBI+, como la Federación Estatal LGTBI+; Fundación Triángulo; COGAM y Fundación 26 de diciembre.

La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, señala que “se trata de otro hito histórico alcanzado en favor de los derechos del colectivo”. “Esta medida mejorará la vida de miles de personas LGTBI+ porque contribuirá a la generación de espacios seguros libres de LGTBIfobia en los entornos laborales. En esos en los que tantas horas pasamos y que tan importantes son para garantizarnos una vida digna” recuerda.

Además, incide en que “volvemos a ser vanguardia, porque este paso histórico convierte a España en el primer país del mundo en legislar para combatir la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral”.

Agradecemos a Trabajo que el Real Decreto haya incluido las reivindicaciones trasladadas por los colectivos LGTBI+

Sangil, que dejará su cargo como presidenta de Federación el próximo 20 de octubre tras el X Congreso de la Federación Estatal LGTBI+, asegura que “este paso es un motivo más para dejar mi última y segunda legislatura consecutiva orgullosa de los logros compartidos”.

“Agradecemos a Trabajo que el Real Decreto haya incluido las reivindicaciones trasladadas por los colectivos LGTBI+. No obstante, insistimos en la necesidad de concretar y aprobar, el protocolo para el acompañamiento laboral a las personas trans al que la ministra se comprometió en el Orgullo 2024, a petición del activismo LGTBI+”, manifiesta.

El Real Decreto aprobado este martes incluye la obligatoriedad para las empresas de disponer de cláusulas de igualdad de trato y no discriminación en los convenios colectivos; medidas para garantizar un acceso al empleo sin discriminación; mandatos de criterios para la clasificación y promoción profesional que no supongan discriminación directa o indirecta; medidas de sensibilización y formación; un protocolo de actuación para la atención del acoso y la violencia contra las personas LGTBI; acceso a los derechos laborales de todas las familias LGTBI+ e infracciones y sanciones contra comportamientos discriminatorios o que atenten contra la libertad sexual, la orientación e identidad sexual.

NOTA. Conjunto planificado de medidas -OCT 2024

Fuente FELGTBI+

 

 

 

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El Ministerio de Igualdad del Gobierno de España llevará la ley LGTBI al Consejo de Ministros antes del verano

Miércoles, 26 de febrero de 2020
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leyigualdadlgtbiEl Ministerio de Igualdad pretende llevar al Consejo de Ministros la Ley LGTBI antes del verano. Así lo ha asegurado Irene Montero en su primera comparecencia en la Comisión de Igualdad en el Congreso, celebrada este lunes. La ministra ha definido esta norma integral, que establece medidas en todos los ámbitos, como “fundamental” para terminar “con la discriminación y el estigma” al que se enfrentan las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans.

Esta primera ley LGTBI estatal forma parte del acuerdo de Gobierno suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos y pretende establecer un marco de medidas contra la homofobia, la bifobia y la transfobia. La norma ya tuvo su recorrido en el Congreso la pasada legislatura, donde inició su trámite parlamentario con la abstención del PP. La norma, ha asegurado Montero, será una normativa que “garantice la igualdad” y que termine con los desequilibrios que actualmente existen entre comunidades autónomas, pues dependiendo de si han aprobado leyes LGTBI propias, sus ciudadanos tienen más o menos derechos.

En la práctica, esto implica la reforma de la Ley de Identidad de Género de 2007, en base a la cual las personas trans todavía deben cumplir determinados requisitos médicos para poder cambiar su nombre y sexo legal en sus documentos oficiales: haberse hormonado durante un mínimo de dos años y contar con un diagnóstico psiquiátrico de disforia de género. Acabar con estos condicionantes es el objetivo de esta reforma, que ya fue debatida y casi aprobada en el Congreso en la pasada legislatura a raíz de una proposición de ley presentada por el PSOE. La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance cuando ya se disolvían las Cortes…

En este sentido, la ministra ha recordado que su ministerio cuenta con una dirección específica para tratar este tema y ha insistido en que la discriminación por orientación sexual e identidad de género “está enquistada en la sociedad” porque el colectivo LGTBI “sigue sufriendo violencia en todos los ámbitos”. “Hay que acabar con la discriminación y el estigma que históricamente ha sufrido”, ha zanjado. En este sentido, ha puesto como ejemplo los delitos de odio y el acoso en las aulas por este motivo o la situación de exclusión laboral que sufren las mujeres trans que les “aboca a una situación de extrema vulnerabilidad”.

Montero ha explicado también parte de los contenidos de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha confirmado que irá al Consejo de Ministros el próximo 3 de marzo. Un proyecto que equipara a las víctimas de violencia sexual a las de género, acaba con la distinción entre agresión y abuso sexual y establece un abanico de medidas de prevención, atención y reparación. Entre ellas, una red de centros de crisis 24 horas, concebidos para atender en momentos de emergencia, y que Montero ha calificado de “esencial para la recuperación de las víctimas”.

Al hilo de ello, ha marcado como prioridad el reconocimiento de las violencias machistas como tal más allá de las que se dan en el seno de la pareja o expareja. Ello, frente a la “existencia de un retroceso discursivo y práctico en materia de derechos humanos que afecta especialmente a las mujeres”, ha esgrimido sin nombrar a Vox. En esta ampliación del concepto de violencia machista, el ministerio “está trabajando” para afinar los indicadores y obtener “datos más precisos”, es decir, que aglutinen cifras de otros tipos de violencia como las agresiones sexuales.

En este sentido, Montero se ha comprometido a “acompañar y garantizar los derechos” de todas las mujeres que sufren violencia, independientemente de que denuncien o no, y en ello se centrará la próxima Conferencia Sectorial del Ministerio de Igualdad, que se celebrará en marzo. La reunión sentará las bases para que la llamada acreditación de las víctimas, es decir, su reconocimiento oficial para acceder a determinados derechos, deje de depender de que acudan al sistema judicial, sino que sirva con informes médicos, de Servicios Sociales o de recursos especializados.

Esta medida está contenida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sobre el que ha apuntado a una “mejora” de los mecanismos de coordinación y de “seguimiento de los proyectos” ejecutados con cargo a este acuerdo.

Tras el inicio del trámite de la Ley de Libertad Sexual, el Ministerio de Igualdad “iniciará los trabajos” para la elaboración de la Ley Integral contra la Trata, que también forma parte del acuerdo de Gobierno. A este respecto, la ministra ha querido pronunciarse sobre la prostitución y el debate que mantiene el feminismo a este respecto asegurando que “a este Ministerio y a esta ministra le gustaría abolir la prostitución” y apelando al mismo tiempo a que este debate “no nos divida y separe” porque “hay compañeras feministas que no lo son [abolicionistas], pero con las que comparto camino, lucha y objetivos”.

Respecto a la gestación subrogada, la titular de Igualdad se ha mostrado contundente contra lo que ha llamado una forma de “explotación reproductiva de las mujeres” y ha señalado que el ministerio estudiará “las medidas que permitan frenarla”, entre ellas, lo relativo a la publicidad de una actividad que “en España no es legal”, ha dicho sin aportar más detalles pero refiriéndose a las agencias intermediarias que ofrecen en nuestro país el acceso a vientres de alquiler en otros en los que esta práctica sí está permitida.

Fuente El Diario

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El Gobierno de España acuerda eliminar el VIH como motivo de exclusión para el acceso a cualquier empleo público

Sábado, 1 de diciembre de 2018
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whatsapp-image-2018-11-30-at-13-29-16Isabel Celáa, ministra de Educación y Portavoz del ejecutivo socialista.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo aplauden la medida aprobada por el Consejo de Ministros de revisar todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público

Madrid, 30 de noviembre de 2018.- Las organizaciones sociales CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo  en un comunicado conjunto han calificado el día de hoy como un momento histórico para el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH en España sin ningún tipo de discriminación. El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros celebrado esta mañana, ha acordado la revisión de todos los cuadros de exclusiones médicas vigentes en la actualidad para el acceso a cualquier empleo público.

Los cuadros actuales, vinculados fundamentalmente con los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, cuentan con una antigüedad entre 10 y 30 años y contemplan la exclusión de personas con VIH y otras enfermedades, a pesar de que existen numerosas evidencias científicas que avalan la capacidad de estos colectivos para realizar las funciones inherentes a estos puestos de trabajo. En el caso concreto de las personas con VIH, el Acuerdo plantea la “eliminación del VIH de cualquier cuadro de exclusión médica vinculada con todo el empleo público, tanto en el ámbito civil como militar”.

CESIDA, FELGTB y Trabajando en Positivo señalan que aunque desde las organizaciones sociales reivindicábamos una medida dirigida a garantizar el derecho de las personas con VIH a poder acceder a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, este Acuerdo también interpela a otras ocupaciones sobre las que la opinión pública tiene dudas en cuanto a si una persona con VIH puede desempeñarlas, como las relacionadas con profesiones sanitarias, de manipulación de alimentos o de atención al público. Por tanto, se trata de una declaración rotunda, que no deja lugar a dudas sobre el derecho de las personas con VIH para acceder a cualquier ocupación o función pública de acuerdo a sus competencias profesionales, sin que el VIH sea, por sí solo, un impedimento para ello.

Para el presidente de CESIDA, Ramón Espacio, “Nunca tuvo sentido discriminar a las personas con VIH para desempeñar cualquier tipo de ocupación, pero mucho menos sentido tiene en la actualidad tras los importantes avances médicos que se han producido durante las últimas dos décadas”. Gracias a estos avances, se han producido importantes cambios tanto en la mejora del estado de salud como en la esperanza de vida de las personas con VIH.

“Consideramos que este acuerdo puede suponer el comienzo de una nueva época en la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo para los y las trabajadoras con el VIH, después de muchos años en los que podríamos considerar la respuesta al VIH en España como un éxito en el ámbito médico y clínico pero un fracaso en cuanto a la imagen social existente sobre esta enfermedad y sobre las personas afectadas por la misma”, señala Espacio.

Julio Gómez, director de Trabajando en Positivo, comenta que “recibimos este acuerdo con una gran satisfacción por el importante impacto que tiene para el reconocimiento de los derechos laborales de todas las personas con VIH, especialmente para aquellas que quieren desarrollar su trayectoria profesional en el ámbito público y que hasta ahora se encontraban con impedimentos no acordes a la evidencia científica. Además, es una buena noticia que recibimos el día previo a conmemorar el Día Mundial del Sida, como reconocimiento a nuestra labor -y a la de las diversas entidades sociales y sindicales con las que hemos compartido esfuerzos- a la hora de generar cambios sociales, políticos y legislativos con el fin de mejorar la vida de las personas con VIH”

Para Juan Diego Ramos, coordinador del grupo de VIH de FELGTB “se abre nueva época en la que también tendrá un especial protagonismo el reciente Pacto Social por la no discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH, presentado esta misma semana por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como una iniciativa que incluye medidas para favorecer la igualdad de oportunidades para las personas con VIH en los ámbitos laboral, sanitario, educativo, de servicios sociales o jurídicos, de vivienda o de prestaciones y seguros”.

No obstante, las tres organizaciones sociales quieren hacer hincapié en que el trabajo en este sentido no ha terminado aún, puesto que la aprobación del acuerdo no significará automáticamente que cambien las ideas y actitudes hasta ahora existentes hacia las personas con VIH. Por ello, se deberá continuar trabajando para conseguir que el reconocimiento de los derechos laborales de las personas con VIH, que se recoge en el acuerdo del Consejo de Ministros de hoy, se traslade con igual rotundidad al resto de partes implicadas en la función pública.

Finalmente las organizaciones de VIH esperan que este Acuerdo sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que limitan el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad o  los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas que padezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros.

Adecuar la norma al conocimiento científico

Cabe señalar, como hemos hecho en anteriores entradas referidas al tema (la última hace escasas semanas, cuando recogimos la decisión de la Generalitat Valenciana de actualizar su cuadro de exclusiones para acceder a la Policía Local), que acabar con la discriminación de las personas con VIH en el acceso a determinados empleos no es un gesto voluntarista, sino que simple y llanamente supone adecuar una norma anacrónica a la evidencia científica.

Los propios especialistas médicos así lo han venido reclamado desde hace años. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH lo reclamaron también de forma repetida a anteriores gobiernos, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad había recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

En definitiva, una medida que llega con retraso, pero de la que nos felicitamos. Esperamos ahora que se plasme cuanto antes «negro sobre blanco» y que además, como han pedido también las organizaciones antes mencionadas, que sirva como precedente para modificar otras referencias normativas existentes en España que siguen limitando el acceso de las personas con VIH a determinadas ocupaciones, «tales como el Real Decreto 2487/1998, que no admite como apta para el desempeño de servicios de seguridad privada a ninguna persona con el VIH, independientemente del estadio de la enfermedad, o los decretos de las comunidades autónomas, que excluye para el ejercicio de la profesión de taxista a aquellas personas quepadezcan una enfermedad infecto-contagiosa, entre otros».

Fuente FELGTB/D0smanzanas/Cristianos Gays

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Hoy hace 10 años que se aprobó el matrimonio igualitario en España.

Martes, 21 de abril de 2015
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Es uno de los días más felices de mi vida y lo viví en directo… junto a Pedro, Beatriz, Boti, José María, Jordi y tantos compañeros y compañeras activistas LGTB. Aún se me humedecen los ojos…

Tal día como hoy, el 21 de abril de 2005, el Congreso de los Diputados daba luz verde al matrimonio igualitario, reformando el Código Civil para aprobar el proyecto de ley de la unión entre parejas del mismo sexo. Fue un gran paso hacia delante para conseguir lo que hoy tenemos, pero no fue el primero ni el último.

El proyecto de ley sobre el matrimonio homosexual fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de octubre de 2004. Fue enviado a las Cortes Generales el 31 de diciembre y aprobado por el Congreso el 21 de abril de 2005.

De hecho, aunque el proyecto de ley se aprobó un 21 de abril, aún tendría que pasar por el Senado y regresar al Congreso para su aprobación definitiva. Pero las estimaciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar en aquella época, era que antes del verano podría haber en España bodas entre personas del mismo sexo. Y solo se retrasó hasta julio.
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Sin embargo el 22 de junio, el texto fue rechazado por el Senado, en el que el principal partido de la oposición (Partido Popular) poseía la mayoría de los escaños. El texto retornó al Congreso, que levantó el veto del Senado y aprobó el texto finalmente el 30 de junio de 2005, con 187 votos a favor, 147 en contra y cuatro abstenciones. Con la aprobación definitiva de la ley el 2 de julio de 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario después de los Países Bajos y Bélgica; Canadá lo haría pocos días después.
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La norma modificó el Código Civil en 16 artículos, aunque principalmente los cambios se basaban en sustituir las palabras “marido” y “mujer” por “cónyuges”, y las palabras “padre” y “madre” por “progenitores”. Además, amplió el artículo 44 con la siguiente afirmación: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. En aquel año todavía no existía Cristianos Gays en el formato actual, pero así lo contaba  El País .
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Y aquí el excepcional discurso de José Luis Rodriguez Zapatero al aprobarse definitivamente la ley el 30 de junio de 2005… mientras Rajoy hacía el ridículo votando en contra. Esta vez no pude estar… pero mi marido sí…
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