Diplomática llamada de atención del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (CdE) a los Estados miembros de este organismo supranacional que abarca casi todo el continente. Nils Muižnieks insta a aquellos que aún discriminan a las parejas del mismo sexo que pongan fin a esa situación y recomienda el matrimonio igualitario como la mejor opción para garantizar la equiparación completa de derechos.

Muižnieks publicó sus reflexiones el pasado martes en un artículo de la página oficial del organismo que preside. Comienza haciendo un repaso a los importantes avances en el reconocimiento de las parejas del mismo sexo que se han producido en los últimos años, con 13 países miembros del Consejo de Europa (no confundir con la Unión Europea) que cuentan con matrimonio igualitario y otros 14, con leyes de uniones civiles. Por el contrario, los restantes 20 Estados, entre ellos Polonia, Rusia, Turquía o Ucrania, carecen de cualquier reconocimiento legal.

El representante enumera también la injusticia de varias situaciones específicas a las que tienen que hacer frente los ciudadanos LGTB por culpa de las leyes discriminatorias. A continuación cita las dos recomendaciones que el Consejo ha emitido en el pasado: en 2000, para animar a los Estados europeos a introducir leyes de uniones civiles y en 2010, para combatir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), uno de los órganos que conforman el CdE, también se ha pronunciado en el mismo sentido en varias ocasiones.

Con respecto al matrimonio igualitario, Muižnieks mide sus palabras, aunque el mensaje es claro. Recuerda que el TEDH dictaminó en 2010 que la Convención Europea de Derechos Humanos no obliga a los Estados miembros del Consejo de Europa a implementar una definición inclusiva del matrimonio. Pero por otra parte, el comisario insta a los Gobiernos a, al menos, considerar la igualdad matrimonial como la mejor forma de garantizar que todas las parejas tienen acceso a los mismos derechos.

En definitiva, las medidas que propone Muižnieks son tres. En primer lugar, que los países que aún carecen de instituciones que incluyan a las parejas del mismo sexo empiecen a reconocerlas, al menos bajo la figura de las uniones civiles. En segundo lugar, que se revisen las legislaciones ya existentes para asegurar que no discriminan a ningún tipo de parejas. Y por último, que se promueva el respeto a la diversidad afectivo-sexual, especialmente en el ámbito educativo. El comisario no hace ninguna mención en este documento a las personas transgénero.

El Consejo de Europa es una organización internacional diferente de la Unión Europea, que agrupa a la práctica totalidad de los Estados europeos, incluidos Rusia, Turquía y las repúblicas caucásicas. Sus objetivos son la promoción de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, encargado de hacer cumplir la Convención Europea de Derechos Humanos, forma parte del CdE. Los informes del comisario de Derechos Humanos, aunque carecen de carácter vinculante, intentan orientar las políticas de los Estados miembros hacia la promoción de los valores y derechos recogidos en la Convención. El predecesor de Muižnieks en el cargo, Thomas Hammarberg, también defendió los derechos LGTB, así como la despatologización de la transexualidad y la lucha contra la homofobia y la transfobia durante su mandato.

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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Rusia por vulnerar el derecho de reunión al prohibir dos Marchas del Orgullo LGTB en San Petersburgo y otro acto en Moscú. El Tribunal ha considerado demostrado que la prohibición ilegal fue motivada por la orientación sexual de los convocantes. A pesar de estas condenas, las autoridades rusas persisten en la discriminación, pues este mismo año ya han sido prohibidas las Marchas del Orgullo LGTB en nueve ciudades, en aplicación de la ley contra la llamada “propaganda homosexual”.

En junio de 2010, los activistas LGTB de San Petersburgo comunicaron a las autoridades de la ciudad la convocatoria de la Marcha del Orgullo LGTB, que debía transcurrir por el emblemático Campo de Marte de la ciudad. La administración municipal decidió rechazar el recorrido elegido, alegando motivos de seguridad. Los convocantes plantearon una nueva ubicación, que también fue rechazada, anulándose definitivamente la convocatoria. Sin embargo, los miembros de la Joven Guardia, el grupo juvenil del partido de Vladimir Putin, convocaron con el mismo recorrido y las mismas fechas una manifestación “en defensa de los valores tradicionales de la familia”, que fue debidamente autorizada.

Al siguiente año se volvió a repetir la situación. Los activistas LGTB de San Petersburgo solicitaron el permiso para celebrar la Marcha del Orgullo, y este fue repetidamente rechazado por las autoridades, alegando siempre motivos de seguridad. En este caso, además, varios activistas decidieron hacer caso omiso de la prohibición, y se manifestaron el 25 de junio en conmemoración del Orgullo LGTB. Fueron detenidos y tuvieron que enfrentarse a una sanción administrativa por realización de actos públicos sin autorización.

En 2009, un grupo de activistas LGTB solicitaron a las prefecturas de los distritos Norte y Centro de Moscú la autorización para celebrar una reunión pública de protesta contra las posturas discriminatorias del prefecto el distrito Norte “en relación a sus esfuerzos por incitar al odio y la enemistad hacia diversos grupos sociales, y su incumplimiento de las leyes electorales”. Las solicitudes fueron denegadas en ambas ocasiones con todo tipo de irregularidades.

En todos los procesos, tanto los de San Petersburgo como el de Moscú, las decisiones administrativas fueron recurridas judicialmente, siendo rechazadas. También sufrieron el mismo rechazo las correspondientes apelaciones en instancias más altas, por lo que solo quedó la vía de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Este 7 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano dependiente del Consejo de Europa, ha decidido sobre una larga lista de demandas contra las autoridades rusas por violación de derechos como el de reunión o manifestación. Entre ellas, ha dilucidado las demandas presentadas por los activistas LGTB de San Petersburgo y Moscú.

Los demandantes de San Petersburgo han sido los activictas Yuri Gavrikov, Alexander Sheremetyev, Dmitry Milkov y Maria Yefremenkova (solicitud 19700/11 Yefremenkova y otros contra Rusia). El Tribunal ha considerado que se violó el derecho de reunión en ambos casos, así como ha dado por probado que el motivo fue la orientación sexual de los solicitantes. Por ello, ha condenado al Gobierno ruso a indemnizar a los demandantes con 27.500 euros (29.260 dólares) por daños y perjuicios, más 7.500 euros (7.980 dólares) por gastos judiciales. La sanción debe hacerse efectiva en el plazo de tres meses.

En el mismo plazo, el Gobierno ruso deberá indemnizar con otros 7.500 euros a Kirill Nepomnyashchiy, el activista demandante en el caso de Moscú (solicitud 51169/10 Nepomnyashchiy contra Rusia), en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enumerado con contundencia el cúmulo de irregularidades y arbitrariedades cometidas por la administración rusa, convalidadas por su estamento judicial. La sentencia da por probado que se vulneró el derecho de reunión de los activistas, y que la motivación fue el contenido de la protesta.

Yuri Gavrikov, uno de los demandantes en los dos casos de discriminación de San Petersburgo, declaraba que “después de 7 años hemos alcanzado este importante hito para el Orgullo de San Petersburgo, que confirma que las autoridades violaron nuestro derecho de reunión. Pero la situación en Rusia es mucho más restrictiva en términos de libertades. Las marchas y reuniones son prohibidas en su mayoría por el Ayuntamiento cada año, para muchos grupos de personas, no solo para el colectivo LGTB. Los únicos acontecimientos permitidos son los de los partidarios del partido Rusia Unida del presidente Putin”. El activista también afirmaba que donará el importe de la sanción a la organización del Orgullo de San Petersburgo.

Poca efectividad de las sanciones

No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Gobierno ruso por sus prohibiciones a los activistas LGTB. En 2010 falló a favor de las demandas presentadas por la prohibición de la Marcha del Orgullo de Moscú en 2006, 2007 y 2008, estableciendo una sanción total de 29.510 euros (31.400 dólares) en concepto de indemnizaciones por daños y perjuicios, así como de satisfacción de los gastos judiciales. Como se puede comprobar, las sanciones de poco han servido, más allá de lo simbólico, pues en la práctica las celebraciones del Orgullo en las distintas ciudades rusas siguen siendo prohibidas año tras año.

Este mismo año ya se ha dado a conocer la prohibición de nueve Marchas del Orgullo en otras tantas ciudades rusas: Salejar (que hubiese celebrado el primer Orgullo Polar en territorio ruso, al estar ubicada en el Círculo Polar Ártico), San Petersburgo, Arcángel (o Arkhangelsk), Ekaterimburgo, Cheliábinsk, Sarank, Tula, Tver y Vladimir. El activista y abogado ruso Nikolai Alekseev se ha ofrecido a los distintos colectivos para impulsar las correspondientes demandas, asegurando que está dispuesto, una vez más, a recurrir hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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El Parlamento de Lituania ha aprobado por mayoría eliminar del orden del día de la cámara la votación de una ley contra la llamada “propaganda homosexual”, similar a la vigente en Rusia. La aprobación de una norma semejante dentro de un país de la Unión Europea hubiera sentado un precedente muy preocupante, aunque Lituania ya dispone de alguna normativa en vigor que impide la libre información sobre la orientación sexual. Los activistas LGTB temen, sin embargo, que la iniciativa pueda ser votada en cualquier otro momento, y critican que los derechos humanos básicos estén permanentemente cuestionados.

La iniciativa que se presentaba a consideración del Parlamento partía de Petras Gražulis, diputado lituano de conocidas convicciones homófobas, que ha hecho de la persecución de los derechos LGTB el eje de su acción política. Se trataba de una enmienda al Código de Faltas Administrativas, que castigaría con fuertes multas cualquier acto público que atentase contra los valores familiares tradicionales, tal y como se recogen en la Constitución de Lituania. Las multas oscilarían entre los 300 y los 900 euros (entre 325 y 970 dólares), pero podrían llegar hasta los 1.800 euros (1.940 dólares) en caso de reincidencia (en un país con un salario medio que no llega ni a la mitad del español). En definitiva, cualquier evento en defensa de los derechos LGTB (como congresos, reuniones, discursos, manifestaciones, etc.) vería muy dificultada su celebración.

Pero el diputado liberal Eligijus Masiulis presentó el pasado día 12 una moción para eliminar la votación de la normativa LGTBfoba del orden del día del Parlamento. Para Masiulis, el proyecto de ley es una afrenta a la democracia y a la reputación internacional de Lituania. La moción recibió el apoyo de 64 parlamentarios, el voto contrario de 10 y 25 abstenciones. La votación sobre la ley discriminatoria se pospone una vez más, aunque sigue pendiendo sobre los derechos LGTB como una espada de Damocles permanente.

Una ley repetidamente pospuesta pero siempre amenazante

Ya en marzo de 2014 se había suspendido indefinidamente la votación sobre este mismo proyecto de ley, tras consultarse si debía ser sometido a consideración de la cámara. A favor votaron 39 diputados, 34 lo hicieron en contra y 20 se abstuvieron. Aunque dispusieron de mayoría simple, a los partidarios de que se votara la norma les faltaron 5 votos para que, según el reglamento parlamentario, esta pudiera ser votada. Un subterfugio procedimental que muy posiblemente escondía el delicado equilibrio entre los deseos de aprobar la norma y el temor a las consecuencias diplomáticas que la decisión acarrearía.

En agosto de 2013 había sido finalmente bloqueada una iniciativa de referéndum para aprobar otra norma contra la “propaganda homosexual”. De hecho, un proyecto similar al vetado ahora en el Parlamento ya fue propuesto en 2010. La respuesta de la presidenta Dalia Grybauskaite (antigua comisaria europea) y la protesta del Parlamento Europeo actuaron entonces como freno al proyecto.

Y es que la eliminación del calendario de sesiones del proyecto de ley no implica su rechazo, sino simplemente que por ahora no se pone a consideración del Parlamento, pero puede hacerlo en el siguiente período parlamentario. Tomas V. Raskevičius, coordinador de políticas de la Liga Gay Lituana (LGL), expresa su preocupación al respecto en los siguientes términos: “A pesar de que el proyecto de ley ha sido retirado del orden del día del Parlamento esta mañana, puede ser sometido a votación final en cualquier momento. Esta amenaza permanente sirve como recordatorio persistente de que los derechos humanos LGTB siguen siendo una herramienta para la manipulación política y el chantaje. Como defensores de los derechos humanos, a veces nos desalienta el que incluso los derechos básicos de las personas LGTB estén siendo cuestionados”.

Por ello, el lema oficial de la próxima Marcha del Orgullo Báltico, que tendrá lugar en el mes de junio, será “Somos personas, no propaganda”.

Lituania: un discurso de odio muy poco disimulado

Lo cierto es que Lituania lleva un tiempo avanzando de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intransigentes con la realidad LGTB, y de ello hemos dado cuenta en dosmanzanas. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre del año pasado informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de este año, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas contra la asociación LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de “excéntrica” la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

Lituania se enfrentaba a una votación que puede resultar crucial para el futuro del colectivo LGTB. Ante esta delicada situación, Robert Biedron, portavoz en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ha recomendado al país que no tome la misma senda que sus vecinos rusos.

¿Acercarse a la LGTBfobia rusa o abrazar la empatía que se vive en Europa? Lituania se debatíA entre dos caminos que pueden marcar su futuro más cercano. El país gobernado por la independiente Dalia Grybauskaite vive una encrucijada que se tiene que resolver en estos días y lo hace bajo una seria incertidumbre.

El país báltico vive enmarcado en una realidad a dos velocidades. En el lado más brillante nos encontramos con los datos elaborados anualmente por Amnistía Internacional que sitúan a Lituania en el puesto número 28 a nivel mundial en igualdad de género (superando a países como España), en el puesto número 32 en libertad de prensa (superando así a países como EEUU), y el puesto número 43 a nivel mundial en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Amnistía Internacional, encontrándose así en mejor situación que países como Italia o Grecia.

Pero también nos encontramos con un lado mucho más turbio. La eterna influencia de Rusia en la zona y la deriva discriminatoria que ha tomado el país gobernado por Putin están calando entre la clase política lituana que el próximo viernes votarán si aceptan una ley similar a la que se aprobó en Rusia en 2013 y que en la práctica supone condenar al colectivo LGTB al vagón de cola de la sociedad: ciudadanos de tercera clase y con sus derechos pisoteados.

Contra la criminalización de la Diversidad

Ante esta situación, el Consejo de Europa ha decidido actuar y ha pedido al Parlamento de Lituania que rechace un cambio en la ley, que podría imponer multas administrativas por mostrarse a favor de los derechos LGTB, una medida que han calificado como ‘”una violación inaceptable de los derechos humanos”.

Robert Biedron se ha pronunciado sobre el tema y ha indicado que el posible resultado de la votación de mañana sobre un proyecto de enmienda al Código de Violaciónes Administrativas que busca introducir la responsabilidad de “desafío público de los valores familiares constitucionalmente establecidos” de Lituania es un motivo de grave preocupación para el continente europeo.

Las declaraciones del político polaco han sido inflexibles en una cuestión que atañe a los DDHH:

Hago un llamamiento urgente a los miembros del Parlamento lituano, para defender los valores de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho, y asegurarse de que Lituania respete sus obligaciones internacionales, en particular en el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La reforma propuesta representaría una violación inaceptable de los derechos humanos y llevaría a Lituania lejos del camino que el país ha compartido con el resto de Europa en las últimas décadas.”

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Han pasado ya más de ocho años y medio desde que entrase en vigor la ley española de identidad de género. Una norma que en aquel momento supuso un enorme paso adelante sobre la situación previa, que exigía un proceso judicial, y que incluso hoy día sigue colocando a España por delante de muchos países de nuestro entorno, pero que sigue manteniendo la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que presume –cada vez con menos razón– de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB debe ya replantearse.

Países como Irlanda, Argentina, Dinamarca o Malta han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la muy católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, dio a conocer hace pocos meses sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales (puedes descargar aquí el documento).

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. A lo largo de estos últimos meses hemos visto también como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia emitía un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que también sería extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, país donde los avances conseguidos en la anterior legislatura quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque después leyes más recientes, como la ley integral de transexualidad de Andalucía  y la de Canarias, o las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporen ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo.

Una demanda que nació en los márgenes

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una demanda marginal de los colectivos, aunque no está de más mantener viva la memoria histórica y recordar que fue la presión de los grupos más radicales (en su acepción más literal: aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que mantuvo viva la reivindicación y la hizo crecer hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado cuatro años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo.

Instituciones, todo sea dicho, que por el momento poco han hecho a la hora de forzar a los estados a actualizar sus legislaciones.

Los colectivos se movilizan

Así lo exigen los diferentes colectivos LGTB y de personas trans con ocasión de la celebración, el 24 de octubre, del Día Internacional por la Despatologización Trans. El Grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha convocado, por ejemplo, una marcha que partirá desde la madrileña Plaza de Chueca, a las 19:00 horas de la tarde. Entre las demandas de la FELGTB para este día se encuentra la inmediata y definitiva retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales. Por lo que se refiere a España, la FELGTB pide que se adecúe la legislación a esta realidad, “cejando en su empeño de exigir diagnósticos médicos para reconocer los derechos de las personas transexuales”. El Grupo de Políticas Transexuales de la FELGTB exige también medidas referentes a luchar contra la transfobia en el ámbito laboral, la protección de las trabajadoras sexuales y el reconocimiento los derechos de las personas transexuales menores e inmigrantes. Puedes descargar su manifiesto para este día pinchando aquí.

Demandas similares a las de Fundación Triángulo, para la que, sin negar los avances obtenidos, es necesaria “la adopción a nivel estatal de una Ley de identidad de género que reconozca este derecho fundamental de todos los ciudadanos, el derecho a ser y desarrollarse libremente y sin presiones; la  defensa de los menores transexuales, de sus derechos sanitarios y educativos”. Fundación Triángulo reclamará hoy la identidad de género como un derecho fundamental bajo el lema “Mi identidad es mi derecho” (#MiIdentidadEsMiDerecho en Twitter).

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, por su parte, ha hecho público un manifiesto en el que niega cualquier tipo de reconocimiento a la American Psychiatric Association (APA) ni a la Organización Mundial de la Salud para “decidir sobre nuestras identidades ni las de nuestras hijas e hijos”. “No toleramos ningún tipo de tutela psiquiátrica o psicológica encaminada a coartar nuestra autonomía, rechazamos el rol paternalista del Estado y sus intentos de control sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, no identificamos ni la disforia ni la incongruencia como definiciones válidas de la transexualidad, no avalamos la supuesta ‘especificidad’ de los tratamientos, que determina el poder político sobre nuestros cuerpos convirtiéndonos en objetos de la medicina”, prosigue el texto.

La plataforma reivindica, en este sentido, la eliminación de todas las categorías diagnósticas que afectan de una u otra manera a las personas trans, el derecho a recibir una atención sanitaria “que no implique segregación ni praxis patologizantes” y un acceso a dicha atención sanitaria que supere el modelo de las clásicas “UTIG” (unidades de trastornos de identidad de género), “encaminadas a las modificaciones corporales, las cuales siguen siendo concebidas, intolerablemente, como el ‘tratamiento’ indicado para un padecimiento diagnosticado, y nunca como un modo de atención armonizadora de expresión del ser”.

Por cierto que la convocatoria de Madrid arriba mencionada no es ni mucho menos el único acto convocado con motivo de este día. En la web de la Campaña Stop Trans Pathologization podrás encontrar información sobre diversas convocatorias tanto en el resto de España como  en otros países de África, América Latina, Asia y Europa.

Petición en change.org

Por cierto que sigue viva una petición promovida desde hace tres años por Carla Antonelli en la plataforma change.org a favor de la despatologización de la transexualidad y que lleva reunidos más de 90.000 apoyos. Si aún no lo has hecho, puedes sumarte aquí.

Fuente Dosmanzanas

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El secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, ha hecho un llamamiento a “erradicar” el odio y la violencia contra las personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales, al tiempo que ha subrayado que sus derechos están protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.

En un comunicado hecho público con motivo del Día Internacional contra la homofobia y la transfobia, que se celebra este domingo, Jagland ha afirmado que se han hecho “progresos significativos” en las últimas décadas en este campo. “No podemos dar marcha atrás. Debemos hacer todos los esfuerzos para responder a la violencia y la discriminación contra las personas LGTB”, ha dicho.

En su opinión, hay que poner “estructuras legales y políticas sólidas, dar formación y garantizar que las víctimas son conscientes de sus derechos”. “No son derechos especiales sino derechos universales garantizados por la Convención Europea de Derechos Humanos”, ha señalado.

Jagland ha indicado que el Consejo de Europa está preparado para ayudar a los estados miembros para que superen los “estereotipos” y refuercen la defensa de los “Derechos Humanos para todos”. En este sentido, ha asegurado que la recomendación de su organismo sobre medidas para combatir la discriminación por orientación sexual o identidad de género aprobada hace cinco años representa “el primer instrumento político específicamente centrado en la orientación sexual y la identidad de género”.

Para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, el Consejo de Europa y su Representación Permanente en Chipre celebraron un acto el 21 de mayo por la mañana en el Palacio de Europa. “El principal orador será Alexandros F. Modinos, un activista chipriota por los derechos de las personas LGTB que fundó la primera organización de homosexuales en Chipre en 1988, una organización que tuvo un papel fundamental para lograr revocar la prohibición de la homosexualidad en el país”, ha contado el Consejo de Europa

El 17 de mayo fue elegido como Día Internacional contra la Homofobia porque fue en esa fecha cuando se sacó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en 1990.

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El comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha denunciado hoy que la UE “ignora las dolorosas historias personales de las personas intersexuales y de las violaciones constantes de derechos humanos a que se enfrentan”. En concreto, la Comisión está realizando un estudio sobre los derechos humanos y las personas intersexuales, que contempla un total de seis capítulos en los que se abordan los obstáculos médicos, legales y administrativas a que se enfrentan estas personas y que impiden el pleno disfrute de sus derechos humanos.

Así, ha explicado el comisario que algunas de estas personas fueron calificadas de “hermafroditas” lo que conlleva obstáculos a la plena realización de sus derechos. En este contexto, la Comisión busca “proporcionar una guía detallada para abordar este problema de vulneración de los derechos humanos”, añadió Muiznieks.

El Consejo de Europa ha publicado un informe en el que recomienda a los Estados acabar con las intervenciones de cirugía irreversibles y los tratamientos médicos a las personas intersexuales sin su consentimiento ante una situación que califica de “violación de los derechos humanos” de estas personas. Una iniciativa similar a las directrices que Malta ya había puesto en marcha. Con el documento que elabora la Comisión se pretende informar a los gobiernos y los profesionales sobre las líneas éticas actuales en relación a las personas intersexuales, así como las mejores prácticas globales ya adoptadas para protegerlas, como, por ejemplo, a través de reformas de las legislaciones sobre igualdad de trato. También contiene recomendaciones sobre la manera de avanzar, particularmente, en los ámbitos jurídico y médico.

“Los países europeos han sido lentos en reconocer y defender los derechos humanos de las personas intersexuales y la diversidad de género que representan. Es urgente acabar con el tratamiento médico y cirugía innecesaria de individuos intersexuales sin su consentimiento; a respetar su derecho a no someterse a tratamiento asignación de sexo; a revisar las clasificaciones médicas que tratan a las variaciones en las características sexuales como una patología; y a garantizar el derecho de las personas intersexuales a la libre determinación, facilitando su reconocimiento legal en los documentos oficiales “, afirma el comisario. “Los europeos siguen sin darse cuenta de las dolorosas historias de personas intersexuales y de las violaciones de derechos humanos a las que se enfrentan. Los estereotipos y las normas fundadas en la clasificación binaria mujer-hombre han llevado a la práctica de intervenciones médicas y quirúrgicas en bebés intersexuales y a un clima de incomprensión en la sociedad. Es momento de hacer frente a esta situación inaceptable”, ha subrayado este martes el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, durante la presentación del informe ‘Derechos Humanos y personas intersexuales’.

El documento de seis capítulos, titulado ‘Derechos Humanos y personas intersexuales’, aborda los obstáculos médicos, legales y administrativos que impiden a las personas intersexuales, “llamadas en el pasado ‘hermafroditas'”, del disfrute de sus derechos, y pretende servir como guía para los Estados.

Entre otras recomendaciones, pide “respetar el derecho de las personas intersexuales a no someterse a un tratamiento de asignación de sexo; revisar las clasificaciones médicas que tratan las variaciones en las características sexuales como una patología; y asegurar su derecho a la autodeterminación facilitando su reconocimiento legal en documentos oficiales”.

Concretamente, sobre la asignación de sexo, el Consejo de Europa cita investigaciones recientes para afirmar que, a menudo, los padres de niños intersexuales son “mal informados” y los médicos les proponen rápidamente cirugías “correctivas” y tratamientos para “normalizar” el sexo del niño cuando, en realidad, “esas intervenciones son innecesarias y meramente cosméticas”. Además, el documento apunta que estas cirugías y tratamientos, con frecuencia, afectan al bienestar físico y psíquico de la persona o tienen consecuencias negativas de por vida como “la esterilización, la cicatrización severa, infecciones en el tracto urinario, reducción o pérdida de la sensación sexual o la eliminación de las hormonas naturales”.

En este sentido, el estudio advierte de que el género de una persona intersexual no se desarrolla necesariamente conforme al sexo asignado al nacer pues se estima que “entre un 8,5 y un 40%” de las veces se asigna el sexo erróneo.

Por otro lado, acerca del reconocimiento de las personas intersexuales en documentos oficiales, el informe propone a los gobiernos facilitar este reconocimiento legal pues, según apunta, todos los países de la UE tienen limitado a ‘F’ (Female, mujer) ó ‘M’ (Male, hombre) la identificación del género en los documentos, excepto Alemania que omite la referencia al sexo.

Sin embargo, según recuerda el Consejo de Europa, en lo que se refiere a los pasaportes, la Organización Internacional de Aviación Civil permite desde 1945 identificar el sexo de la persona con una ‘F’, una ‘M’ o una ‘X’ (no especificado). Además, apunta que Australia, Malasia, Nepal, Nueva Zelanda y Sudáfrica permiten asimismo la ‘X’.

El Consejo de Europa también recomienda medidas como garantizar a las personas intersexuales el acceso pleno a sus registros médicos, sensibilizar a la población, llevar a cabo una formación profesional sobre los problemas encontrados por estas personas y mejorar el asesoramiento a los niños intersexuales y a sus padres.

“Los países europeos han sido lentos en reconocer y defender los derechos humanos de las personas intersexuales y la diversidad de género que representan”, ha criticado el Comisario.

El texto también informa a los gobiernos y a los profesionales sobre los desarrollos éticos y de DDHH, incluyendo las buenas prácticas ya tomadas para proteger y empoderar a las personas intersexuales, por ejemplo, a través de reformas en la legislación sobre igualdad de trato.

Así, propone varios ejemplos de países o comunidades que han avanzado en la lucha contra la discriminación de estas personas en sus legislaciones, entre ellos, el País Vasco que adoptó en 2012 una ley de no discriminación por motivos de identidad de género y para el reconocimiento de las personas transexuales que recoge el derecho de las personas intersexuales a información, guía y asesoramiento legal e insta a luchar contra toda clase de discriminación contra ellas.

Paralelamente, el Consejo de Europa ha publicado un Manual de jurisprudencia del TEDH sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en la que analiza los artículos clave de la Convención en la materia, al tiempo que expone las soluciones aplicables a nivel europeo, centrándose en las decisiones adoptadas por los Estados en materias relacionadas, por ejemplo, con las adopciones o los matrimonios.

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Ampliamos la noticia que ya publicamos:

El Parlamento de la República de Macedonia vota a favor de definir constitucionalmente el matrimonio como una “unión entre un hombre y una mujer”, con el objetivo de vetar el acceso a esta institución a las parejas del mismo sexo. Por si no fuera suficiente, la cámara plantea un escollo constitucional ante una posible ley de parejas de hecho. En la votación de septiembre de 2013, el Parlamento rechazó enmendar la Constitución para impedir los matrimonios homosexuales en un futuro. Entonces, los socialistas del SDSM, principal grupo de la oposición, se opuso a la iniciativa de los ultranacionalistas y conservadores de VMRO-DPMNE, pero no por convicción igualitaria sino porque “los ciudadanos tienen problemas mucho más graves”. Sin embargo, en esta ocasión solo se han sumado 4 votos contrarios frente a 72 homófobos.

La enmienda explicita que el “matrimonio será una unión de vida exclusivamente de una mujer y un hombre”. Asimismo, el segundo punto recoge que “las relaciones jurídicas en el matrimonio, la familia y las uniones civiles serán reguladas por una ley adoptada por un mayoría de dos tercios del número total de los miembros del Parlamento”. Aunque todavía se precisa la confirmación final parlamentaria y la aprobación presidencial, por el resultado de 72 votos homófobos frente a 4 se intuye que la ley será finalmente sancionada.

Cabe recordar que Macedonia es un país candidato a la adhesión en la Unión Europea y esta legislación, contraria a las líneas comunitarias, debería dificultar la integración comunitaria de esta república balcánica. De hecho, el Comité de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa en aspectos constitucionales) criticó, en un informe fechado en octubre de 2014, que la enmienda “no debería excluir a proporcionar a las parejas del mismo sexo el mismo nivel de reconocimiento legal, que ya proporciona a parejas de diferente sexo”.

Para el director adjunto de Amnistía Internacional en Europa, Gauri van Gulik, la votación homófoba en Macedonia va “a contracorriente europea”, ya que la Unión tiende a la adopción del matrimonio entre personas de mismo sexo y a la igualdad en materia de derechos. En este sentido, el veto constitucional se suma, según van Gulik, “a la discriminación, la violencia y la intolerancia por motivos de orientación sexual o identidad de género en Macedonia”. De igual manera se expresaba la europarlamentaria Tanja Fajon, quien declaró que “en lugar de la institucionalización de la discriminación contra las parejas del mismo sexo, yo llamo al gobierno a aumentar la protección, de conformidad con las normas europeas”.

Por su parte, la también europarlamentaria Sophie in ‘t Veld ha asegurado que “el gobierno de Macedonia debe darse cuenta que la diversidad es la fuente de la prosperidad y la estabilidad social, no un obstáculo para ello. A la inversa, la homofobia nunca ha creado un solo puesto de trabajo ni ha resuelto ningún otro problema. Macedonia haría mejor siguiendo la tendencia de un número creciente de países de Europa y América, donde las parejas del mismo sexo están legalmente reconocidas y protegidas”.

Creciente homofobia social e institucional

El proyecto homófobo de modificación constitucional viene en realidad gestándose desde 2011. La iglesia ortodoxa macedonia se posicionó entonces a favor de las tesis del VMRO-DPMNE. Petar, uno de sus jerarcas, llegó a asegurar que “si se permite el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres, entonces habría que permitir también matrimonios con ovejas, vacas y otros animales”. Tras conseguir la reválida en las elecciones de abril de 2014 y mejorar sus resultados, el partido gobernante VMRO-DPMNE activaba de nuevo el procedimiento para aprobar una enmienda a la Constitución que blinde el matrimonio como una institución reservada solo a parejas del mismo sexo.

Entretanto, la presión homófoba en los ámbitos político y religioso se traduce en un incremento de los actos de violencia LGTBfóbica en las calles. Representantes del Comité de Helsinki denunciaban que el ataque homófobo contra activistas LGTB en un local de Macedonia era el sexto en dos años y exigieron “una condena pública del Primer Ministro y del Ministro del Interior con respecto a la violencia de odio homófobo contra las personas LGBT”. Sin embargo, el populista y ultranacionalista VMRO-DPMNE no parece demasiado interesado en los derechos de las personas LGTB, dada su proactiva actividad parlamentaria contra la igualdad de derechos del colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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Mar Cambrollé, presidenta de ATA

“Se habla de trato igualitario, y nos segregan, se dice garantizar la no discriminación, y nos convierten a priori en sospechosos de ser enfermos mentales, se habla del derecho a la libre expresión del género, y dependemos de diagnósticos médicos que autentifiquen nuestra condición de mujeres u hombres transexuales”, denuncian.

El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 23 de octubre por unanimidad una proposición de ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, planteada de manera conjunta por todos los grupos parlamentarios y promovida por colectivos LGTB de Canarias. Sin embargo, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera considera que esta ley es “una auténtica puesta en escena que la historia del movimiento trans condenará como el acto más ruin, hipócrita y bipolar políticamente hablando“.

Este colectivo se refiere específicamente al artículo número 2 de la ley, que dispone:

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

 1. Esta ley será de aplicación a todas las personas con residencia efectiva en cualquiera de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tengan la “condición de personas transexuales” de conformidad con lo dispuesto en el apartado siguiente.

 2. Por personas transexuales, a efectos de esta ley, se entiende toda aquella persona que acredite ante las administraciones públicas canarias, mediante informe de un/a psicólogo/a colegiado/a:

 a) Que carece de patologías que le induzcan a error en cuanto a la identidad de género que manifiesta y pretende le sea reconocida, manifestando una voluntad estable, indubitada y permanente al respecto; y

 b) Que presente una disonancia igualmente estable y persistente durante al menos seis meses, entre el sexo morfológico de nacimiento y la identidad de género sentida por el/la solicitante.

“Se habla de trato igualitario, y nos segregan, se dice garantizar la no discriminación, y nos convierten a priori en sospechosos de ser enfermos mentales, se habla del derecho a la libre expresión del género, y dependemos de diagnósticos médicos que autentifiquen nuestra condición de mujeres u hombres transexuales”, denuncia Mar Cambrollé, presidenta de esta asociación.

Cambrollé considera que en esta ley, que “nos devuelve a la patologizante Ley de rectificación registral de 2007“, se vulneran declaraciones internacionales de derechos humanos como los Principios de Yogyakarta (2007), el informe temático Derechos humanos e identidad de género del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2009) y la Resolución del Consejo de Europa 1728 (2010) sobre discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, en la que se afirma que “el derecho al reconocimiento legal del género no debería ser restringido por ningún procedimiento médico obligatorio“.

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige claramente a los estados no sólo que proporcionen la posibilidad de someterse a cirugía de reasignación de género a las personas trans, sino también que los protocolos de atención sanitarias cubran en general los tratamientos “médicamente necesarios”, de los que forma parte la transición al género sentido.

“Las personas transexuales, al contrario de lo que nos ha hecho creer el discurso biomédico, no necesitamos tratamientos específicos. Todos los tratamientos que recibimos, desde los tratamientos hormonales a los quirúrgicos, son usados en numerosas ocasiones, en más de las que creemos, por el resto de la población no transexual“, afirma Cambrollé, quien pone como comparativa los siguientes ejemplos: una mujer que tiene el síndrome premenopáusico necesita estrógenos, los mismos que necesita una mujer transexual; una mujer con hirsutismo, exceso de vello facial o corporal, es tratada por la sanidad pública con antiandrógenos, los mismos que usan las mujeres transexuales; un hombre que desarrolla ginecomastia, que es aumento de mama, se enfrenta a los mismos problemas que un hombre transexual. “En ninguno de estos casos, para obtener estos servicios sanitarios, la gente es segregada en una unidad especial ni sospechosa de ser enferma mental, por lo tanto, esta ley rompe el principio de igualdad y de no discriminación“.

“La psiquiatría debe apartarse y no intervenir en los procesos de transición de las personas transexuales. Nos ha hecho muchísimo daño el discurso biomédico que ha patologizado la transexualidad, difundiendo conceptos que han perpetuado la discriminación y nuestra consideración como subhumanos: ‘personas que viven en un cuerpo equivocado’, ‘error de la naturaleza’, ‘hombres atrapados en el cuerpo de una mujer y viceversa’… ‘personas discordantes, disonantes…’. Todos estos conceptos difundidos por el discurso biomédico y reproducidos e interiorizados en los discursos por “activistas” y entidades LGtB, niegan la transexualidad como una expresión de la diversidad humana“, condena la presidenta de la asociación andaluza.

“Lo que es una incongruencia, disonancia y discordancia es pedir la despatologización de las identidades trans y al mismo tiempo, patologizarla por ley”, declara Cambrollé, quien añade que “es sorprendente cómo las mas altas esferas el movimiento LGTB del Estado Español, han aplaudido y apoyado la Ley Canaria, que nace ya obsoleta, y que en el caso de la Ley Andaluza, que sí fue promovida y consensuada por colectivos de personas transexuales y que es la Ley más avanzada de toda Europa, hayan hecho ‘mutis por el foro'”. “Desde una perspectiva de derechos humanos en lo relativo a la atención sanitaria, no es necesario que se realice ningún diagnóstico para descartar patologías mentales para dar acceso al tratamiento de una situación que requiere asistencia médica“.

Fuente Cáscara amarga

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) condena de forma contundente la esterilización forzada de personas transexuales e intersexuales en un documento que señala las líneas maestras de lo que es admisible o no por lo que a este procedimiento quirúrgico se refiere. Además de la OMS, el documento lleva la firma de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, ONUSIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas e Unicef.

El documento, “Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization. An interagency statement” (que puedes descargar aquí) hace un repaso de las diversas situaciones en las que en algún momento de la historia reciente se ha producido la esterilización forzada: mujeres con VIH, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y/o indígenas, personas discapacitadas… El posicionamiento incide en que en ningún caso este tipo de intervenciones, sin duda útiles como método anticonceptivo, pueden ser llevados a cabo contra la voluntad de las personas, en ausencia de un consentimiento libre e informado o en el contexto de programas impuestos a la fuerza por los gobiernos. En este sentido, la OMS y el resto de organizaciones señalan que la esterilización forzada es una violación a los derechos humanos fundamentales.

Por lo que se refiere a las personas transexuales e intersexuales, el documento subraya como en numerosos países se las obliga a procedimientos quirúrgicos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva. Ello ocurre como requisito previo a ver reconocida legalmente la identidad de género (personas transexuales) o con el objetivo estético de asignar a una persona intersexual un sexo “normalizado” a edades muy tempranas sin esperar a que sea ella misma la que decida si desea someterse a este tipo de cirugía y en qué sentido. Según la OMS, obligar a someterse a este tipo de procedimientos atenta contra los derechos de las personas y puede ser en sí mismo una causa que perpetúa la discriminación. El documento pide que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas.

Por lo que se refiere a aquellas intervenciones que no se realicen con un objetivo estético o de apariencia física sino por motivos de salud, sobre todo en el caso de los menores intersexuales, el documento advierte que en numerosas ocasiones se proponen en base a una evidencia científica débil y sin discutir soluciones alternativas que mantendrían intacta la capacidad reproductiva. En este sentido, la OMS hace un llamamiento a reforzar el proceso de consentimiento informado, intentando en todo momento retrasar procedimientos quirúrgicos irreversibles hasta una edad en la que la persona es lo suficientemente madura como para participar de forma razonada en el proceso de toma de decisiones. El documento también hace un llamamiento a que los profesionales de la salud sean adecuadamente formados en diversidad sexual.

Procedimientos habituales, también en países desarrollados

Recomendaciones muy importantes que esperemos sean asumidas cuanto antes por los estados. Y es que este tipo de procedimientos siguen por desgracia a la orden del día en numerosos países, entre ellos muchos desarrollados. Suecia, por ejemplo, no eliminó hasta hace poco más de un año la esterilización de las personas transexuales como requisito previo a ver reconocida su identidad, y fue gracias a un pronunciamiento judicial. Francia, por mencionar otro ejemplo aún más cercano, carece de una legislación específica que regule la modificación registral sin necesidad de someterse a cirugía de reasignación, por lo que la decisión debe pasar a la fuerza por las manos de un juez.

En España, aunque la situación es mucho más favorable, la ley 3/2007 hace necesario todavía un diagnóstico de “disforia de género” y exige (aunque con excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Un marco legislativo que debería ser actualizado para acercarse, por ejemplo, al modelo de Argentina, que en 2012 aprobó una avanzada ley de identidad de género que permite la rectificación registral sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

Por lo que se refiere a la intersexualidad, la situación jurídica es ambigua y en la mayoría de los casos se siguen tomando decisiones basadas en planteamientos médicos tradicionales. Hace menos de un mes, de hecho, El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, urgía a los gobiernos a revisar la legislación y las prácticas médicas para proteger a los ciudadanos intersexuales. Muižnieks calificaba las intervenciones practicadas en bebés con intencionalidad estética de “traumáticas y humillantes” y las criticaba precisamente por realizarse sin el consentimiento de la propia persona. “El sexo asignado a un bebé puede no corresponder con su identidad futura y la cirugía no respeta su derecho de autodeterminación y su integridad psíquica”, explicaba.

Fuente Dosmanzanas

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La organización internacional pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha emitido una comunicado alertando de los planes del Gobierno de la república centroasiática de Kirguizistán (o Kirguistán) contra la libertad de expresión de los ciudadanos LGTB y quienes los apoyen. El proyecto de ley establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre la homosexualidad.

En la iniciativa legal, que se encuentra en fase de discusión pública desde el pasado día 26, se definen las “relaciones no tradicionales” como “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional”. Las penas para el ambiguo “delito” de “crear una actitud positiva hacia orientaciones sexuales no tradicionales” ascienden a seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 67 euros), que se incrementarían hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (80 euros) si los destinatarios de la información son menores.

Según el borrador, sería ilegal transmitir “nociones distorsionadas de equivalencia social entre relaciones sexuales tradicionales y no tradicionales” o “información sobre relaciones sexuales no tradicionales que despierte interés en dichas relaciones”. De aprobarse, el proyecto de ley restringiría también la participación en “asambleas pacíficas que intenten divulgar públicamente cualquier información sobre cualquier forma de relación sexual no tradicional”. Sus autores justifican la necesidad de la reforma para “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Para conseguir su objetivo, el Gobierno del país prevé modificar las leyes sobre libertad de prensa y de asociación, algo que según el director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, va en contra de la Constitución kirguís y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por Kirguizistán. Williamson ha animado, además, al Consejo de Europa a “enviar un mensaje firme” a la exrepública soviética, que aspira a firmar un acuerdo de asociación con el órgano internacional. “Intentar excluir a las personas LGTB como ‘no tradicionales’ es cínico y peligroso, y pretende deshumanizarlas”, añadió el portavoz de HRW, que calificó la ley de “draconiana” e instó a sus promotores a “retirarla inmediatamente”.

La dura realidad del colectivo LGTB

La situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es muy dura, como demuestra otro informe de Human Rights Watch, del que nos hicimos eco el pasado mes de febrero. Los testimonios recogidos hablan de tormentos diarios como amenazas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de estos hombres se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte.

La escena política también añade leña al fuego de la estigmatización social de gays, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación. Asimismo, según informa HRW, el partido nacionalista Kalys había convocado dos manifestaciones contra lo que ellos llaman “propaganda homosexual”. Kirguizistán se convierte en el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero de estos ha entrado plenamente en vigor la ley.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. Armenia, Consejo de Europa, Hugh Williamson, Human Rights Watch, Kalys, Kazajistán, Kirguizistán, Lituania, Moldavia, Rusia, Ucrania