El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, ha prolongado nuevamente por tres años el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, el costarricense Víctor Madrigal-Borloz. La prórroga ha contado con la fuerte oposición de los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), en cuya representación ha hablado el representante de Pakistán, nación presente en el consejo. Por supuesto, no se trata de una objeción a la persona de Victor Madrigal-Borloz, sino a la existencia misma del mandato, al considerar que la discriminación y la violencia por motivo de la orientación sexual e identidad de género no contravienen los derechos humanos.

El mandato del experto Independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue creado en junio de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por un periodo de tres años. Su primer titular fue el tailandés Vitit Muntarbhorn, que ocupó la plaza desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2017, cuando tuvo que renunciar por razones de salud. En enero de 2018 fue reemplazado, tras la pertinente votación en el consejo, por el costarricense Víctor Madrigal-Borloz, que ocupa el puesto en la actualidad.

En junio de 2019 se produjo la primera prórroga del mandato por otros tres años, que vencían en junio de este año. Por ello, el pasado 7 de julio se procedió a la votación dentro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para una nueva prolongación de tres años. Según la nota de prensa del consejo, la resolución aprobada exhorta a los estados «a que modifiquen o deroguen las leyes y políticas que discriminan a determinadas personas por su orientación sexual e identidad de género, y a que adopten medidas eficaces para prevenir los actos de violencia y discriminación; decide prorrogar por un período de tres años el mandato del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género; pide al experto independiente que siga informando anualmente sobre el cumplimiento de su mandato al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General».

Antes de su aprobación, se presentaron 13 enmiendas al texto, de las que solo se aprobó una. Durante todo el proceso y desde los días previos, se hizo evidente la encarnizada hostilidad de la Organización para la Cooperación Islámica, que defiende los intereses en Naciones Unidas de sus 57 países integrantes, todos ellos de mayoría musulmana o con una población significativa de quienes profesan esta creencia. De los 57 países integrantes de la OCI, 56 de ellos son miembros de Naciones Unidas (la excepción es Palestina) y 14 forman parte del Consejo de Derechos Humanos. Un grupo de estos países, encabezado por Arabia Saudí, Nigeria y Egipto, rechazaba expresamente la utilización de los términos «orientación sexual», «transgénero» y «hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres».

En representación de los países de la OCI (con excepción de Albania), hizo su discurso el embajador ante Naciones Unidas de Pakistán, Khalil Hashmi, que aseguraba no poder «apoyar los esfuerzos encaminados a inventar nuevos derechos sobre la base de preferencias sexuales personales». También argumentaba la no existencia de un «consenso universal sobre el concepto de orientación sexual e identidad de género, y este concepto no está reconocido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como motivo de discriminación o violencia».

A estas alegaciones, el embajador de Francia ante las Naciones Unidas, Jerome Bonnafont, respondía: «Demasiados países se escudan en el pretexto de valores específicos para mantener una legislación discriminatoria».

La votación

La resolución de prórroga del mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género fue aprobada por 23 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones.

Dieron su voto favorable: Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Corea del Sur, Cuba, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Honduras, Japón, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Montenegro, Nepal, Países Bajos, Paraguay, República Checa, Ucrania y Venezuela.

Votaron en contra: Camerún, Catar, China, Costa de Marfil, Eritrea, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gambia, Indonesia, Libia, Malasia, Malawi, Mauritania, Pakistán, Senegal, Somalia y Sudán.

Se abstuvieron: Armenia, Benín, India, Kazajistán, Namibia, Polonia y Uzbekistán.

En la votación en contra, a los 14 países pertenecientes a la OCI se unieron China, Eritrea y Malawi. El único país de la Unión Europea que no votó a favor fue Polonia, que se abstuvo.

Satisfacción y preocupación del experto independiente renovado

El reelegido Víctor Madrigal-Borloz declaró que en su campaña para renovar el mandato participaron más de 1100 organizaciones LGTBI de 174 países y el «capital político» de decenas de estados. También criticó el «posicionamiento político muy desafortunado» que niega la existencia de discriminación en todos los países, incluidos los de la OCI. Según Madrigal-Borloz, esos estados están incumpliendo con «sus obligaciones internacionales básicas en materia de derechos humanos» en cuanto a la protección de violaciones de derechos de las personas bajo su jurisdicción y de sus propios nacionales.

El renovado experto independiente afirmó que su campo de trabajo es «muy volátil», pues «cada día hay un cambio político que abre una posibilidad y cierra otra. Así que mi trabajo es mantener una visión general de esas oportunidades y asegurarme de aprovechar las que existen». En cuanto a su renovación, añadió: «Me parece que la comunidad internacional ha seguido comprendiendo hasta qué punto las personas lesbianas, gais, bisexuales o trans y de género diverso son objeto de violencia y discriminación».

En su cuenta oficial de Twitter, acompañada de una fotografía con los colores del arcoíris muy presentes, dejaba fijado un tuit con el siguiente texto: «Encantado de saber que el @UN_HRC acaba de renovar el mandato del #IESOGI; con la misma humildad y el mismo orgullo que el primer día para seguir sirviendo a las personas, comunidades y pueblos afectados por la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género».

Delighted to learn that the @UN_HRC has just renewed the mandate of the #IESOGI; as humbled & honoured as the first day to continue serving persons, communities and peoples affected from discrimination and violence based on sexual orientation and gender identity.@free_equal pic.twitter.com/qAMvbNgAWQ

— Victor Madrigal-Borloz (@victor_madrigal) July 7, 2022

También desde su cuenta oficial de la misma red social, la embajada de España en la ONU expresaba su satisfacción por la prórroga del mandato:

Hoy el @UN_HRC ha renovado el mandato del Experto Independiente sobre la orientación sexual e identidad de género de 🇺🇳.

¡Enhorabuena, @victor_madrigal! 👏

Cuentas con el apoyo de @SpainUN para seguir trabajando por la protección e inclusión de todas las personas #LGTBI 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ https://t.co/OQNFRHRDZS

— España en la ONU (@SpainUN) July 7, 2022

Funciones y trabajo realizado

Las funciones y métodos del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género, según consta en el sitio oficial del Consejo de Derechos Humanos, son las siguientes:

En el mandato del experto independiente sobre la orientación sexual y la identidad de género figura el estudio de las formas de proteger mejor a las personas que sufren violencia y discriminación por razón de su orientación sexual o identidad de género, por medios tales como los siguientes:

• La evaluación de la aplicación de las normas de derechos humanos.
• La determinación de las mejores prácticas y las deficiencias.
• La sensibilización sobre estas cuestiones.
• La identificación y el abordaje de las causas profundas de la violencia y la discriminación.
• El diálogo y la celebración de consultas con los Estados y otras partes interesadas pertinentes para fomentar la protección de las personas LGBT y de género diverso.
• La facilitación y el respaldo de la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional para combatir la violencia y la discriminación.

Métodos de trabajo

En cumplimiento de su mandato, el experto independiente:

• transmite llamamientos urgentes y cartas de transmisión de denuncias a los Estados en relación con casos de violencia y discriminación contra personas por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• realiza visitas de investigación a los países; y
• presenta informes temáticos al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre las actividades del mandato, las tendencias y los métodos de trabajo.

Los informes emitidos por el experto independiente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han sido los siguientes:

• 2017: Legislación sobre la despenalización y la lucha contra la discriminación.
• 2018: Informe del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (en castellano).
• 2019: Recogida y gestión de datos como medio para sensibilizar sobre la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual e identidad de género.
• 2020: Prácticas de las llamadas «terapias de conversión».
• 2021: El género en el derecho internacional y regional de los derechos humanos, la jurisprudencia y los procesos internacionales.

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El éxodo de activistas LGBTQ+ ha impactado en la calidad de vida de las personas de la diversidad sexual y de género que permanecen en Venezuela, pues ha mermado la posibilidad de brindarles ayuda o asistencia.

La Fundación Reflejos de Venezuela y la Iniciativa por los Derechos Sexuales reportaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la grave situación que atraviesan las personas y activistas LGBTIQ+ en ese país, la cual pasa por éxodo de activistas y limitaciones para que las organizaciones independientes al régimen puedan expresarse u obtener personería jurídica

Fue en el marco de la rendición del Examen Periódico Universal, al cual son sometidos los países por sus pares en torno a temas de derechos humanos, que la Fundación Reflejos de Venezuela y la Iniciativa por los Derechos Sexuales presentaron su investigación.

Ahí reportaron que “”el éxodo migratorio, consecuencias de la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, también ha impactado en el número de defensoras y defensores de derechos humanos que migraron a otros países, desasistiendo las necesidades de la población LGBTI+!

“Adicionalmente, la situación política y la ausencia de Estado de Derecho, impide a la ciudadanía y particularmente a integrantes y directivos de organizaciones defensoras de Derechos Humanos gozar de seguridad civil y jurídica ante persecuciones y detenciones arbitrarias por distintos motivos, incluyendo la demanda por sus derechos o por disidencia política”, señalaron

“Sumado a esto existen otras restricciones para la sociedad civil como impedimentos y requisitos de registro, inhabilitación criminalización y obstáculos para obtener recursos económicos de defensoras y defensores de los derechos humanos”, redondearon

“El contexto, económico, político y social causa la reducción alarmante del espacio cívico, donde las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las que se abocan a defender y promover los derechos de las personas LGBTI+, sufran serias limitaciones en su campo de acción”, apuntaron

Informe completo puede verse aquí.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Activistas LGBTIQ+, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Examen Periódico Universal, Éxodo LGTBI, Fundacion Reflejos, Homofobia/Transfobia, Iniciativa por los Derechos Sexuales, Venezuela

La Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmado su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y ha emitido el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, ha denegado al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia hasta que concluya el proceso de apelación, al que los mandatarios isleños insisten en acogerse. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago.

El pasado 20 de septiembre tuvo lugar una nueva audiencia respecto a la penalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago, que fue declarada inconstitucional el pasado mes de abril (aunque tomó efectos en el mes de julio, cuando el dictamen fue publicado en su formato definitivo).

En la audiencia debía decidirse quién se hacía cargo de las costas judiciales del proceso y de qué manera se reformaba el texto de los artículos del Código Penal declarados inconstitucionales. Respecto al primer asunto, la jueza Devindra Rampersad ha dictaminado que las costas deben ser sufragadas por el Gobierno. En cuanto a la reforma de los artículos del Código Penal, estos eran los textos que se han declarado inconstitucionales:

Artículo 13. Sodomía.

(1) Quien cometiere sodomía comete un delito y será penado con prisión:

(a) de cadena perpetua, si lo cometiere un adulto sobre un menor de edad;

(b) de 25 años, si lo cometiere un adulto sobre otro adulto;

(c) de 5 años, si lo cometiere un menor.

(2) En este artículo, «sodomía» significa coito anal entre dos varones o de un varón con una mujer.

Artículo 16. Indecencia grave.

(1) La persona que cometiere actos de indecencia grave sobre o hacia otra persona, comete delito y será penado con prisión:

(a) de 10 años en la primera ocasión y de quince años en caso de reincidencia, si lo comete hacia o sobre un menor de dieciséis años;

(b) de 5 años, si lo comete hacia o sobre una persona de al menos dieciséis años.

(2) El apartado (1) no se aplica a los actos de indecencia grave cometidos en privado entre:

(a) un marido y su esposa; o

(b) un varón y una mujer, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento.

(3) Un acto «de indecencia grave» es un acto distinto de las relaciones sexuales (ya sean naturales o contra natura) en el que la persona utiliza sus órganos genitales con el objetivo de excitar o satisfacer el deseo sexual.

La juez Rampersad ha comunicado que, tras la sentencia de inconstitucionalidad, la nueva redacción es la siguiente:

El apartado (2) del Artículo 13 ahora reza «En este artículo, “sodomía” significa coito anal sin consentimiento entre dos varones o de un varón con una mujer». El apartado (2) (b) del artículo 16, se refiere ahora a «personas, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento».

Es decir, ahora las relaciones sexuales entre varones solo son delito si no hay consentimiento de todos los implicados. El Gobierno ha insistido en que recurrirá esta última resolución en la Corte de Apelaciones, pero ha visto cómo se denegaba su solicitud de suspensión de la sentencia durante el período de apelación. Por tanto, en Trinidad y Tobago las relaciones homosexuales siguen sin estar castigadas por la ley.

El largo camino hasta el fin de la penalización

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus exámenes periódicos, había recomendado repetidamente al Gobierno de Trinidad y Tobago la derogación de cualquier ley que penalizara a las minorías sexuales, sin embargo, la respuesta de las autoridades isleñas siempre fue negativa. Además, como miembro de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Trinidad y Tobago suscribió todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género adoptadas por este órgano desde 2008, pero desde 2013 exigió que se anotara a pie de página que no podía sumarse al consenso, puesto que contravenía su legislación nacional al respecto.

Dada la renuencia del Gobierno a acabar con la discriminación, el activista Jason Jones decidió presentar en febrero de 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 la Ley sobre Delitos Sexuales ante la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, con sede en Puerto España. Representado por los abogados Richard Drabble, Rishi Dass y Antonio Emmanuel, en la denuncia hacía constar que «la existencia misma de estos artículos afecta continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y a abstenerse —incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento— de participar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer los actos prohibidos y, por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal». Tras la presentación de la denuncia, Jason Jones fue objeto de insultos e incluso de amenazas de muerte a través de la redes sociales. El activista, sin embargo, hizo caso omiso y continuó con su empeño.

Finalmente, el 12 abril del presente año la Corte Suprema dictaminó a su favor. Los jueces del alto tribunal opinaron que la sociedad es desafortunada cuando, de una u otra manera, valora a las personas o las identifica en función de su raza, color, sexo, edad u orientación sexual. También consideraron que negar a una minoría su derecho a la humanidad y a la dignidad humana es continuar con el tipo de pensamiento experimentado durante el apartheid en Sudáfrica y el Holocausto en Alemania. La resolución completa fue publicada y tomó efectos el 9 de julio.

Fuente Dosmanzanas

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El Movilh entregó hoy un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual es alternativo al Examen Periódico Universal (EPU) que deberá rendir el Estado de Chile.

 El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la desigualdad legal que afecta a las personas LGBTI en distintos planos, la desprotección estatal que enfrentan los activistas de la diversidad sexual y de género, el incremento de la violencia homofóbica y transfóbica en el último año y el fracaso jurídico de la Ley Zamudio.

En el marco de un informe alternativo al que presentará el Estado de Chile con motivo de su Examen Periódico Universal (el cual rinden todos los países cada 4 años) el Movilh denunció ante Naciones Unidas que desde el punto de vista jurídico, la Ley Zamudio ha resultado ser “totalmente ineficiente y por eso las personas no la están usando para defender sus derechos”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, precisó que, de “acuerdo a cifras del Poder Judicial desde el 2012 al fecha solo 319 personas han usado la Ley Zamudio. Solo 90 terminaron en sentencias, 11 de las cuales se relaciona con la identidad de género o la orientación sexual, lo cual refleja un fracaso de la norma en cuanto a su cometido”

Precisó que “esta situación es evidente al considerar que desde la promulgación de la Ley Zamudio se ha conocido de 1.528 casos y denuncias por discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género, de acuerdo a nuestro Informe Anual de DDHH. Sin embargo, apenas hay 11 sentencias de la Ley Zamudio sobre estos temas”.

En su denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Movilh precisó que “desmotiva el uso y confianza ciudadana en la Zamudio sus propias limitantes: a) La norma carece de compensación económica para las víctimas; b) obliga a las víctimas a demostrar la discriminación; c) en caso de no comprobarse discriminación el denunciante puede ser multado; d)prohíbe impugnar leyes o sentencias discriminatorias; e) no establece una institucionalidad antidiscriminatoria, ni medidas de acción afirmativa y f) su redacción (delitos “motivados” por discriminación) vuelve imposible aplicar el agravante en los crímenes o ataques de odio”.

Junto a ello, el Movilh denunció a Naciones Unidas los vacíos del Acuerdo de Unión Civil, y los negativos efectos que tienen en las personas LGBTI la ausencia de una ley de identidad de género, la prohibición del matrimonio igualitario y de la adopción homoparental y la vigencias de normas discriminatorias, como son los artículos 365 y 373 del Código Penal.

De igual manera el Movilh denunció el incremento de la violencia contra la población LGBTI en Chile, la cual subió en un 45.7% en 2017, y la desprotección estatal que afecta a activistas y organizaciones de la diversidad sexual y de género.

“En el último año activistas y organizaciones LGBI hemos sido víctimas de violentas campañas de neonazis y de grupos ultra-conservadores y hasta de detenciones arbitrarias, agresiones y montajes policiales homofóbicos, negándose incluso nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente contra estos abuso. El Estado nada hecho al respecto, ni menos ha solidarizado con las víctimas. Esto implica un empeoramiento en materia de igualdad de derechos y esperamos que la ONU haga las respectivas recomendaciones y exigencias a Chile para el cese de estos atropellos”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Acuerdo de Unión Civil, Chile, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Derechos Humanos, Examen Periódico Universal, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Naciones Unidas, Óscar Rementería

El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago declara nulas las cláusulas de la Ley de Ofensas Sexuales que penalizaban la sodomía con hasta 25 años de cárcel.

Decenas de activistas LGTB+ celebraron con cánticos el veredicto a las puertas del mismo tribunal.

Gran noticia para los derechos LGTB en el mundo. El Tribunal Supremo de Trinidad y Tobago despenalizó el pasado jueves 12 de abril la homosexualidad en el país. El alto tribunal sentenció, a través de una demanda interpuesta por Jason Jones, que la Sección 13 y la Sección 16 de la Ley de Ofensas Sexuales (que ilegalizaba el sexo anal) eran contrarias a la Constitución del país. Ahora el número de países en el mundo que criminalizan la homosexualidad es de 71. Que no son pocos.

La Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha dictaminado que los artículos de la Ley sobre Delitos Sexuales que penalizan las relaciones homosexuales son inconstitucionales. La jueza Devindra Rampersad, presidenta del tribunal, ha comunicado la decisión con gran elocuencia, llegando a comparar la negación de la humanidad y la dignidad que esos artículos representaban con el apartheid sudafricano y el Holocausto. Así culmina un proceso que comenzó a principios de 2017, cuando el activista Jason Jones decidió denunciar esos artículos de la Ley sobre Delitos Sexuales ante los tribunales, dada la renuncia del Gobierno a derogarlos.

La jueza Devindra Rampersad no ha podido ser más clara en su comunicado: «El tribunal declara que los artículos 13 y 16 de la Ley sobre Delitos Sexuales son inconstitucionales, ilegales, nulos, inválidos y sin efecto, en tanto y en cuanto tipifiquen como delito actos que constituyan una conducta sexual consentida entre adultos». Es decir, solo permancerán en vigor las estipulaciones de estos artículos que afecten a menores.

Los artículos 13 y 16 de la Ley sobre Delitos Sexuales de 1986, modificada por la Ley de Reforma sobre Delitos Sexuales (Ley 31 de 2000), establecían lo siguiente:

Artículo 13. Sodomía.

(1) Quien cometiere sodomía comete un delito y será penado con prisión:

(a) de cadena perpetua, si lo cometiere un adulto sobre un menor de edad;

(b) de 25 años, si lo cometiere un adulto sobre otro adulto;

(c) de 5 años, si lo cometiere un menor.

(2) En este artículo, «sodomía» significa coito anal entre dos varones o de un varón con una mujer.

Artículo 16. Indecencia grave.

(1) La persona que cometiere actos de indecencia grave sobre o hacia otra persona, comete delito y será penado con prisión:

(a) de 10 años en la primera ocasión y de quince años en caso de reincidencia, si lo comete hacia o sobre un menor de dieciséis años;

(b) de 5 años, si lo comete hacia o sobre una persona de al menos dieciséis años.

(2) El apartado (1) no se aplica a los actos de indecencia grave cometidos en privado entre:

(a) un marido y su esposa; o

(b) un varón y una mujer, contando ambos con al menos 16 años de edad y con mutuo consentimiento.

(3) Un acto «de indecencia grave» es un acto distinto de las relaciones sexuales (ya sean naturales o contra natura) en el que la persona utiliza sus órganos genitales con el objetivo de excitar o satisfacer el deseo sexual.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus exámenes periódicos, había recomendado repetidamente al Gobierno de Trinidad y Tobago la derogación de cualquier ley que penalizara a las minorías sexuales, sin embargo, la respuesta de las autoridades isleñas siempre fue negativa. Además, como miembro de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Trinidad y Tobago suscribió todas las resoluciones sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género adoptadas por este órgano desde 2008, pero desde 2013 exigió que se anotara a pie de página que no podía sumarse al consenso, puesto que contravenía su legislación nacional al respecto.

Curiosamente la oportunidad de denunciar esta ley ante el Tribunal Supremo surgió cuando el gobierno de Trinidad y Tobago decidió en el año 2000 incrementar las penas de cárcel por sodomía de 10 a 25 años de prisión. Cuando el país se independizó de Gran Bretaña en 1962 heredó las leyes coloniales que prohibían la sodomía. En 1986 el Parlamento reescribió la Ley para aumentar la pena de cárcel a 10 años y en 2000 la volvieron a incrementar a 25 años. Antes de eso era imposible llevar la ley ante los tribunales porque existía una “cláusula de protección” que impedía que las leyes británicas no podían ser cambiadas tras la independencia del país. Pero fue el propio gobierno al aumentar las penas el que invalidó esa “cláusula de protección” y abrió la veda para denunciarlas y derogarlas. Y así ha ocurrido.

Dada la renuencia del Gobierno a acabar con la discriminación, el activista Jason Jones decidió presentar en febrero de 2017 una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 13 y 16 la Ley sobre Delitos Sexuales ante la Corte Suprema de Trinidad y Tobago, con sede en Puerto España. Representado por los abogados Richard Drabble, Rishi Dass y Antonio Emmanuel, en la denuncia hacía constar que «la existencia misma de estos artículos afecta continuada y directamente la vida privada del demandante, al obligarlo a respetar la ley y a abstenerse —incluso en privado con parejas masculinas que dan su consentimiento— de participar en actos sexuales prohibidos a los que está inclinado en razón de su orientación homosexual, o a cometer los actos prohibidos y, por lo tanto, ser objeto de enjuiciamiento penal». Tras la presentación de la denuncia, Jason Jones fue objeto de insultos e incluso de amenazas de muerte a través de la redes sociales. El activista, sin embargo, hizo caso omiso y continuó con su empeño. “No tengo intención de hacer que el pueblo se trague una ‘agenda gay’; ni quiero atacar la religión, moral o espiritualidad“, explicó Jones que tuvo que emigrar a Reino Unido cuando su familia le repudió al salir del armario como gay; “Hago esto para mejorar nuestra nación, y por las futuras generaciones“.

Finalmente, este 12 abril la Corte Suprema ha dictaminado a su favor. Los jueces del alto tribunal opinan que la sociedad es desafortunada cuando, de una u otra manera, valora a las personas o las identifica en función de su raza, color, sexo, edad u orientación sexual. También han considerado que negar a una minoría su derecho a la humanidad y a la dignidad humana es continuar con el tipo de pensamiento experimentado durante el apartheid en Sudáfrica y el Holocausto en Alemania. La resolución completa será publicada en el plazo de tres meses.

Ante la puerta de Tribunal Supremo se concentraron decenas de activistas LGTB+ que esperaban el veredicto y que estallaron en cánticos de alegría cuando conocieron que las leyes homófobas habían sido anuladas.

Love has won in #Trinidad congz to @trinijayjay and the entire team. Thanks to the judges. @PeterTatchell @PT_Foundation @PinkNews @gaystarnews @MailOnline @Independent @guardian @TheSun pic.twitter.com/n1ZHRegGau

— Edwin Sesange (@EdwinSesange) 12 de abril de 2018

Jason Jones ha acogido el dictamen con gran satisfacción. En su cuenta de Twitter escribía: «¡Victoria! ¡Muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo! ¡Lo hemos conseguido! ¡¡¡Hemos logrado la igualdad!!!».

VICTORY! Thank you so much for everyone’s messages of support! WE DID IT! We found an EQUAL PLACE!!!! 🇹🇹🏳️‍🌈❤️🌈💗💕

— Jones v T&T (@jonesvtnt) 12 de abril de 2018

«Lo que creo que el juez señaló fue que ‘aquí todos los credos y todas las razas tienen el mismo lugar’, y creo que todos debemos unirnos ahora y abrazarnos con verdadero amor y respeto (…). Esto no se trata de LGBT, se trata de los derechos y libertades consagrados en nuestra Constitución», declara Jones que como los activistas LGBT han celebrado la decisión judicial.

La activista Kenita Placide, asesora en el Caribe de OutRight Action International, que tiene la esperanza de que otros países con leyes similares sigan el camino de la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, valoraba además la importancia que la sentencia pueda tener para los países del entorno. «Los jueces se han ubicado en el lado correcto de la historia en este caso, al anular la ley de sodomía y dictaminarla como inconstitucional. Los activistas y la defensa continuarán en Trinidad y Tobago y en todo el Caribe hasta que se garantice la igualdad para las personas LGBTIQ.», afirmaba, «con estas resoluciones positivas en Belice y Trinidad y Tobago se impulsará a otras países de la región».

El propio Fiscal General del país, Faris al-Rawi, ha declarado a la prensa: “Nuestra sociedad ha cambiado significativamente en su forma de tolerar la homosexualidad, y lo ha hecho radicalmente en la última generación.”

Sin embargo, también se han oído voces de disconformidad. Durante la mañana del día 12, en espera del dictámen, se congregaron ante el edificio de la Corte Suprema no solo las personas LGTB interesadas en la resolución, sino también miembros de grupos religiosos —cristianos y muslmanes— contrarios a la despenalización de las relaciones homosexuales.

El grupo T&T, uno de los principales grupos que exigen que el tribunal defienda la ley, ha llegado a afirmar que la derogación de las Secciones 13 y 16 podría provocar que «los derechos homosexuales prevalezcan sobre los derechos heterosexuales». Yasin Abu Bakr, líder del grupo islámico Jamaat al Muslimeen, evidenciaba su intolerancia y fanatismo con las siguientes declaraciones: «Independientemente de lo que ocurra, nuestra posición sigue siendo la misma. Hay muchos ejemplos, tanto para los que son cristianos como para los que somos musulmanes, del desagrado de Dios por este tipo de comportamiento. Si no apareciera en las Escrituras, sería una cuestión de opinión, pero no es una cuestión de opinión. Es algo que las Escrituras califican de abominación. ¿Acaso vamos a invocar el desagrado de Dios?».

Pero el juez ha rechazado estas ideas, señalando que su veredicto «no es una evaluación o negación de las creencias religiosas de nadie», sino «un reconocimiento de que las creencias de algunos, por definición, no son la creencia de todos, y, en la República de Trinidad y Tobago, todos están protegidos, según la Constitución». El tribunal se reunirá nuevamente en julio para determinar si la Ley de Delitos Sexuales debe ser eliminada en su totalidad o solo en parte.

Como bien señalaba Kenita Placide, el Tribunal Superior de Belice despenalizó las relaciones homosexuales en 2016. Sin embargo, en el continente americano aún están penalizadas en Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, en su mayor parte debido a las leyes de la herencia colonial británica. Esperemos que esta nueva resolución favorable a los derechos LGTB de pie a otras semejantes por todo el continente.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Antonio Emmanuel, Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Belice, Caribe, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Devindra Rampersad, Discriminación, Homofobia, Jason Jones, Kenita Placide, OutRight Action International, Richard Drabble, Rishi Dass, T&T, Trinidad y Tobago, Yasin Abu Bakr

Vitit Muntarbhorn, experto independiente contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, ha pedido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas acciones inmediatas para paliar la grave situación que vive la comunidad LGTB en numerosos países. “Es inconcebible que las personas con una orientación sexual real o percibida, identidad de género o expresión de género diferentes a la de una norma social particular, sean objeto de violencia y discriminación en muchas partes del mundo”, aseguró este viernes en Nueva York. 

Muntabhorn rendía cuentas ante la Asamblea General de Naciones Unidas tras ser nombrado hace un año experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB. Y el panorama que dibujó es terrorífico. Según el tailandés, “las personas LGTB sufren un crisol de violaciones atroces de sus derechos, que incluyen asesinatos, violaciones, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias, secuestros, hostigamiento y agresiones físicas y mentales. Son azotadas y sometidas a intervenciones quirúrgicas forzadas, acosadas desde la infancia, sufren incitación al odio y presiones que las conducen al suicidio”.

El experto de Naciones Unidas pidió la eliminación de las legislaciones del mundo de todas aquellas normas que penalizan las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, así como el desarrollo de medidas antidiscriminatorias efectivas que cubran tanto el ámbito público como el privado. “Incluso cuando no existe una ley que penalice las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo, en algunos países las leyes sobre la decencia pública, el orden público y la paz social se utilizan para incriminar a personas bajo el paraguas de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género”, explicó.

Muntabhorn también mostró su preocupación por el trabajo de los defensores de los derechos de las personas LGTB. “Las organizaciones no gubernamentales, los defensores de los derechos humanos y activistas, así como las instituciones nacionales independientes de derechos humanos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de una agenda inclusiva para todos, sin discriminaciones ni distinciones, incluyendo la promoción de la comprensión y el respeto de los derechos humanos y la diversidad de género “, subrayó.

Rechazo de Rusia, Bielorrusia y países musulmanes

La labor de Vitit Muntabhorn, plasmada por escrito en el que es su primer informe (un documento de 27 páginas que puedes descargar aquí en castellano), cuenta sin embargo con una fuerte oposición por parte de algunos estados. Hace algunos días, y según reporta International Service for Human Rights, un delegado de Egipto ante Naciones Unidas, otorgándose además la representación de Rusia, Bielorrusia y los países de Organización para la Cooperación Islámica (con la excepción de Albania), aseguró que “nuestra posición es clara. No reconocemos el mandato del experto independiente, y por tanto no estamos en posición de comprometernos, interactuar o cooperar”. “Aunque reiteramos nuestro firme compromiso de combatir diferentes formas de violencia y discriminación, creemos que la resolución que estableció el mandato y adoptada por un estrecho margen de voto es altamente divisiva. Es más, la introducción e imposición de nociones controvertidas más allá del marco internacionalmente aceptado sobre derechos humanos contradice la universalidad y conduce a polarización”, agregó.

Vitit Muntarbhorn, recordemos, fue nombrado hace un año primer experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB de la historia. Con anterioridad (concretamente el 30 de junio de 2016), el Consejo de Derechos Humanos de la organización había aprobado la creación del cargo con 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. La puesta en marcha de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

Un experto de reconocido prestigio

Muntarbhorn es un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Ha sido, por ejemplo, relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado. En estos momentos es miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria.

Además, fue uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (puedes descargarlos aquí).

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Estados Unidos se ha visto forzado a salir al paso de las informaciones que le acusaban de haberse opuesto a una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenaba la aplicación de la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. Lo cierto, como explicábamos hace dos días, es que ese titular descontextualizado puede ser malinterpretado. La resolución era un texto globalmente crítico con la pena de muerte, y de ahí deriva la oposición estadounidense, que no es nueva (textos similares se han votado en ocasiones anteriores y Estados Unidos también ha votado en contra). Lo importante, en este caso, es que por primera vez se incluía una mención a la aplicación de la pena de muerte a las personas que mantienen relaciones homosexuales, a la que Estados Unidos, según ha confirmado ahora, se opone. Una clarificación que colectivos en defensa de los derechos LGTB consideran oportuna, aunque no ha despejado todas las críticas.

Lo explicamos en nuestra anterior entrada (en la que detallamos además el voto de los diferentes países). La resolución A/HRC/36/L.6 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aborda la pena de muerte y condena su aplicación cuando no es garantista y supone una violación de derechos humanos fundamentales. Condena, por ejemplo, la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual, contra quienes eran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito o contra mujeres embarazadas. También “deplora” que las personas pobres o económicamente vulnerables y los extranjeros sean condenados a muerte de manera desproporcionada. Por lo que se refiere al ámbito LGTB, lo interesante de esta resolución es que por primera vez incluye la cuestión LGTB entre sus considerandos y recomendaciones. Lo hace, en concreto, en tres ocasiones:

• La primera, en su parte introductoria, al tomar nota de los informes del secretario general de Naciones Unidas sobre la cuestión de la pena de muerte, en el último de los cuales “examinó los efectos desproporcionados de la aplicación de la pena de muerte a personas pobres o económicamente vulnerables, los extranjeros, las personas que ejercen el derecho a la libertad de religión o de creencias y la libertad de expresión, y la aplicación discriminatoria de la pena de muerte contra las minorías raciales y étnicas, su aplicación discriminatoria por motivos de género u orientación sexual, y su aplicación a personas con discapacidad mental e intelectual”.
• La segunda, cuando expresamente condena “la imposición de la pena de muerte como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas, y expresando profunda preocupación por el hecho de que la pena de muerte por adulterio se imponga de manera desproporcionada a las mujeres”.
• Finalmente, la tercera mención tiene lugar cuando insta “a los Estados que todavía no han abolido la pena de muerte a velar por que esta no se imponga como sanción por determinadas formas de conducta, como la apostasía, la blasfemia, el adulterio y las relaciones homosexuales consentidas”.

Se trata, en este sentido, de un avance importante, que la propia ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales) saludaba como “histórico”. Sin embargo, mediáticamente quedó ensombrecido por el voto contrario de los Estados Unidos, que hizo que numerosos medios de comunicación señalasen en sus titulares a este país como opuesto a una condena a la pena de muerte por mantener relaciones homosexuales. También fue criticado por organizaciones defensoras de los derechos LGTB. “La embajadora Haley [en referencia a Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas] ha fallado a la comunidad LGBTQ al no pronunciarse contra el uso bárbaro de la pena de muerte para castigar a personas que tienen relaciones homosexuales”, declaró Ty Cobb, responsable del área internacional de Human Rights Campaign (la mayor organización de defensa de los derechos LGTB en Estados Unidos). “El desprecio flagrante de esta administración hacia los derechos humanos y las vidas de las personas LGBTQ en el mundo es más que vergonzoso”, añadió.

Tal ha sido el alcance de la noticia que el Departamento de Estado se ha visto obligado a desmentir que Estados Unidos apoye de alguna manera la aplicación de la pena de muerte a las personas homosexuales. lo ha hecho con una breve intervención de su portavoz Heather Nauert, ante la prensa, en la que explicó que su país votó contra la resolución debido “a más amplias reservas hacia la forma en la que la resolución condenaba la pena de muerte en todas las circunstancias”. Conviene recordar, en este punto, que Estados Unidos aplica la pena de muerte en 31 de sus 50 estados, y de hecho en 2016 se situó entre los diez países del mundo con más personas ejecutadas. “Los Estados Unidos condenan de forma inequívoca la aplicación de la pena de muerte para conductas tales como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio o la apostasía. No consideramos que tales conductas deban ser objeto de criminalización”, añadió:

.@statedeptspox comments on a vote related to the death penalty at the @UN #HumanRights Council in Geneva. #UNHRC pic.twitter.com/nSugkMrBZC

— Department of State (@StateDept) 3 de octubre de 2017

La propia embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, quiso explicar en Twitter que el voto estadounidense no podía entenderse como un refrendo a la aplicación de la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales. “Siempre hemos luchado en favor de la justicia para la comunidad LGBT”, afirmaba Haley, que insistía en que su voto era el mismo que el que en su momento ejerció la administración Obama contra una resolución similar (si bien aquella no incluía referencia alguna a las personas homosexuales):

Fact: There was NO vote by USUN that supported the death penalty for gay people. We have always fought for justice for the LGBT community.

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Fact: The vote that took place in Geneva is the same US vote that took place under the Obama admin. It was not a vote against LGBT #Fact

— Nikki Haley (@nikkihaley) 4 de octubre de 2017

Las aclaraciones de la administración Trump han sido bienvenidas, por ejemplo, Por Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, que ha querido echar en esta ocasión echarle un guante. “Sería un error interpretar su oposición a la resolución contra la pena de muerte como un cambio en sus políticas”, ha asegurado Stern, insistiendo en que su organización segurá denunciando a la administración Trump por cada uno de los pasos que dé en contra de los derechos LGTB. Desde Human Rights Campaign, por su parte, y tras la condena inicial a la que antes hacíamos mención, han agradecido la clarificación aunque siguen mostrando su preocupación por el abandono del compromiso de Estados Unidos con los derechos LGTB a nivel global.

No faltan, en cualquier caso, los activistas que consideran ingenuo pensar que no oponerse con firmeza a la pena de muerte no afecta a los derechos LGTB. “La pena de muerte es también un asunto LGTBQ. Uno puede verlo en el modo en el que se aplica en Arabia Saudí, Yemen, Sudán y otros lugares”, ha afirmado por ejemplo Ryan Thoreson, investigador en el programa de derechos LGTB de Human Rights Watch. “Cuando los Estados Unidos no están dispuestos a denunciarlo, incluso en una relsoución irreprochable como esta, envía una señal de tolerancia hacia la pena de muerte que debería preocupar mucho a las personas LGTBQ”, ha añadido.

Países que castigan la homosexualidad con la muerte

De acuerdo al último informe de ILGA sobre Homofobia de Estado, publicado en mayo, la pena de muerte para los actos sexuales entre personas del mismo sexo se aplica en 8 estados miembros de Naciones Unidas. En 4 de ellos (Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen) se aplica en todo el estado; en 2 (Nigeria y Somalia) se aplica solo en provincias específicas. En zonas de otros 2 países (Irak y Siria), es implementado por tribunales locales, vigilantes o actores no formalmente estatales (es el caso del Estado Islámico).

Hay otros 5 estados (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Catar y Mauritania) donde la interpretación de la sharía permite la pena de muerte, aunque ILGA no tiene conocimiento de que se esté invocando en estos momentos. Brunéi, un país que aprobó en 2014 una ley que debía implementarse en tres fases y que castigaba también con pena de muerte las relaciones homosexuales, queda por el momento fuera de la lista de ILGA al no haberse avanzado todavía hacia la segunda y tercera fase de implantación.

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El profesor Vitit Muntarbhorn dimite de su puesto como Experto Independiente en temas LGTBI un año después de ser designado por la ONU.

Tanto su elección como la propia creación del puesto fueron duramente criticados por los países más LGTBfóbicos de las Naciones Unidas. 

Vitit Muntarbhorn fue elegido en noviembre de 2016 como Experto Independiente en Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, un puesto que se creó a sugerencia de la ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas y Gais) y América Latina (propuesto por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay), con la intención de que la persona designada fuera la responsable de vela porque los estados pertenecientes a la ONU respetan los derechos humanos del colectivo.

La designación de Muntarbohrn no fue sencilla, porque el bloque africano (compuesto por 54 países) presentó una moción para eliminar ese puesto en base a que, para ellos, los derechos LGTBI no deben ser prioritarios para la ONU. A esa moción se sumaron otros países como Rusia, China, varios países asiáticos y árabes. Por suerte Reino Unido apoyó a varios países latinoamericanos que presentaron una enmienda a esa moción y finalmente se votó la creación de ese puesto y se aprobó con 84 votos a favor, 77 en contra (los 77 países en los que ser homosexual sigue siendo ilegal hoy en día) y 17 abstenciones.

Un año después de ser designado Muntarbohrn ha decidido dimitir de su puesto, que abandonará el próximo 31 de octubre, alegando razones familiares y de salud. “Mis funciones comenzaron en noviembre y ha sido un gran placer servir a la comunidad globlal sobre este asunto durante el último año“, ha escrito Muntarbohrn en su carta de dimisión.

Durante el tiempo en que ha estado trabajando en el puesto Muntarbohrn consiguió presentar dos informes completos sobre la situación del colectivo LGTB en el mundo; uno para el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU presentado en junio y otro para la Asamblea General que presentará en el mes de octubre antes de que abandone el cargo.

Desde la Human Rights Campaign han alabado el trabajo de Muntarbohrn. Su director, Ty Cobb, ha dicho que la decisión de crear el puesto de Experto Independiente en derechos LGTB significó “un hito significativo en el esfuerzo global por la igualdad LGTBQ” y ha asegurado que “todas las personas LGTBQ, independientemente de su lugar de procedencia, seguirán beneficiándose de sus esfuerzos por protegerlos frente a la violencia y la discriminación.”

Se espera que, cuando Muntarbohrn abandone el puesto, la ONU designe a otra persona para el puesto.

Fuente | Gay Star News, vía EstoyBailando

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“La libertad de expresión y la libertad religiosa no son derechos absolutos y se pueden limitar si es necesario”. En estos términos y con esta contundencia se ha expresado el primer experto independiente de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB. El mensaje del tailandés Vitit Muntarbhorn no cuestiona el respeto a estos derechos universales pero sí deja entrever que no deben utilizarse para el fomento impune de la discriminación, el odio y la violencia hacia personas por su orientación sexual o identidad de género. Sus palabras, en todo caso, no han caído bien a todos. De hecho, se han encendido los ánimos de los sectores religiosos más ortodoxos de varios países, así como de grupos ultraconservadores.

En una comparecencia pública, celebrada hace unos días, Vitit Muntarbhorn ha defendido que “hay algunos derechos absolutos y otros que no lo son”. Entre otros, considera el experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB, “la libertad de expresión y la libertad religiosa no son derechos absolutos y podrán ser limitados si es necesario”. Muntarbhorn, como decíamos, se refería en su alocución a la necesidad de salvaguardar la integridad y el honor de todas las personas, con independencia de su orientación sexual o de su identidad de género.

Asimismo, Muntarbhorn defiende que, para evitar actitudes de odio, violencia y discriminación LGTBfóbica es imprescindible actuar desde sectores como el de la enseñanza y la educación. En este sentido, entiende que hay que “formar a los niños en actitudes correctas desde una edad temprana”. Estos son solo algunos de los puntos que el experto de la ONU expuso en relación a los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos de la comunidad LGTB en el plano internacional.

Aunque estas tesis no coartan ningún derecho fundamental sino que, como ocurre en el ámbito del derecho, solo se habla de poner límites cuando derechos como el de la libertad religiosa o el de expresión colisionen con otros derechos fundamentales (como puedan ser el honor, la integridad o la intimidad), algunos sectores religiosos de línea dura y determinados grupos ultraconservadores (a los que preferimos no hacer publicidad en este caso) están poniendo el grito en el cielo a través de internet.

Primer experto en materia LGTB de Naciones Unidas

Dosmanzanas se hacía eco el pasado mes de octubre del nombramiento de Vitit Muntarbhorn como el primer experto de Naciones Unidas contra la violencia y la discriminación a las personas LGTB de la historia. Con anterioridad (concretamente el 30 de junio de 2016), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU había aprobado la creación del cargo con 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. Cabe recordar que la puesta en marcha de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

Muntarbhorn es un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Ha sido, por ejemplo, relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado. En estos momentos es miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria.

Además, fue uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

Budismo, Cristianismo (Iglesias), Hinduísmo, Islam, Judaísmo Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Discriminación, LGTBfobia, Naciones Unidas, Principios de Yogyakarta, Religión, Tailandia, Vitit Muntarbhorn

Importantísima votación la que tuvo lugar este lunes 21 de noviembre en la Asamblea General de Naciones Unidas. Por un estrecho margen  (84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones) este organismo puso fin al intento del grupo de Estados africanos de impugnar el nombramiento del primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. El papel de los Estados latinoamericanos fue clave en la neutralización del movimiento homófobo, que en cualquier caso puso de manifiesto la división en dos grandes bloques por lo que al respeto a los derechos LGTB en el mundo se refiere.

Lo recogimos en su momento, como noticia de especial relevancia en el ámbito de los derechos LGTB a nivel internacional. El pasado 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. La creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó. La decisión del Consejo de Derechos Humanos (un órgano de Naciones Unidas con sede en Ginebra y formado por 74 miembros rotatorios) fue adoptada por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones.

Semanas después conocíamos el nombre de la persona elegida: el tailandés Vitit Muntarbhorn, un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de las Naciones Unidas. Ha sido relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado en el pasado. En el momento de ser elegido era miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria. Muntarbhorn fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí). Un antecedente que fue especialmente aplaudido, como comentamos entonces, del activismo LGTB internacional.

Pero ni siquiera así los representantes de los Gobiernos contrarios a los derechos de las personas LGTB se dieron por vencidos. A principios de noviembre, el embajador ante Naciones Unidas de Botsuana presentó en nombre de los 57 países del grupo de Estados africanos una propuesta de resolución para pedir la suspensión de las actividades del experto independiente. Y ello hasta que se dirimiese la legalidad de la creación de un cargo para defender la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, unas “nociones” sobre cuya mera existencia, según los proponentes, “no hay un acuerdo internacional”. Para los representantes de los países africanos (ver texto) objetivos más importantes como el derecho al desarrollo y la lucha contra el racismo se verían relegados por el incremento de la vigilancia frente a los abusos contra la población LGTB. Una postura por otra parte habitual entre los estados contrarios al reconocimiento de esta realidad, que suelen luchar de forma denodada contra la inclusión de las minorías afectivo-sexuales en los acuerdos para promover los derechos humanos de todos los individuos.

América Latina frena el intento

La propuesta de los países africanos se votó finalmente este lunes 21 de noviembre en el tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas (el encargado de los asuntos sociales, culturales y humanitarios), que debía pronunciarse sobre el informe que el Consejo de Derechos Humanos había elaborado y en el cual se incluía la propuesta de nombramiento de un experto independiente. En contra de la propuesta africana, un grupo de países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay) presentaron una enmienda, que fue aprobada por un estrecho margen  84 votos a favor, 77 en contra y 17 abstenciones. Hay que recordar, en este punto, que la propuesta de nombramiento de un experto independiente partió precisamente de los países latinoamericanos.

El informe final, ya sin la retirada de la propuesta de nombramiento, fue aprobado en una segunda votación por 94 votos a favor, 3 en contra y 80 abstenciones.

A favor y en contra

Resulta especialmente interesante echar un vistazo a la lista de estados que votaron en contra de la creación de esta importante figura, y que conforman lo que ya podemos considerar el “bloque homófobo”. Puedes consultar la lista completa aquí. Pero no resulta demasiado complicado hacer un resumen: la mayoría de los africanos (pero no Sudáfrica); la inmensa mayoría de los países de mayoría islámica, desde, por supuesto Arabia Saudí hasta Azerbaiyán o Indonesia (pero no Albania ni Turquía); China y por supuesto Rusia, el país que en años recientes ha hecho de la LGTBfobia uno de los ejes de su política interior. También votaron en contra Jamaica, cuya sociedad se considera una de las más homófobas del mundo, Singapur o Corea del Norte.

Entre los países que votaron a favor, la inmensa mayoría de los latinoamericanos (Cuba no estuvo presente y Paraguay se abstuvo), los países occidentales y los países de Europa del Este y numerosos países asiáticos y estados insulares del Pacífico. Entre las abstenciones, además de la mencionada Paraguay y de algunos países africanos que prefirieron no sumarse abiertamente a la negativa (como Ruanda o Somalia), nos llamó la atención la de la muy cristiana Armenia.

Colectivos LGTB y de defensa de los derechos humanos, como Human Rights Watch, se han felicitado por el resultado de la votación, que consideran una muy importante victoria para los derechos de las personas LGTB. Habrá que ver, no obstante, si  los intentos de bloqueo continúan. Sin tener en cuenta, en cualquier caso, que la falta de colaboración de muchos de los países que han votado en contra de la creación de su cargo con Vitit Muntarbhorn se da por segura…

Las funciones del nuevo cargo

El mandato de Vitit Muntarbhorn, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente), es el siguiente:

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Charles Ntwaagae (izda) y Vitit Muntarbhorn (Dcha)

De los 193 países miembro de la ONU, 73 tienen legislaciones que condenan la homosexualidad como un crimen. De estos países 33 son africanos, entre ellos Uganda, Nigeria, Sudán y Mauritania.

La labor del primer experto de las Naciones Unidas independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género está en peligro. Una coalición formada por 54 países africanos demandan la destitución del experto en discriminación al colectivo LGTB y la desaparición de tal cargo vinculado a la ONU que, según ellos, no debe “ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual”. El grupo de Estados africanos, formado por 54 miembros, ha emitido un comunicado pidiendo que se revise la decisión de crear este nuevo alto cargo, que está llamado a jugar un importante papel en la evaluación de los derechos LGTB en el mundo.

Hace un mes que recogíamos el nombramiento del tailandés Vitit Muntarbhorn por un periodo de tres años para ser el titular inicial del puesto de experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. El 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había aprobado por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones la creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina. El proceso no fue precisamente fácil y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

Pero los representantes de los Gobiernos contrarios a los derechos de las personas LGTB no se han dado por vencidos. El viernes pasado, el embajador ante la ONU de Botsuana presentó en nombre de los 57 países del grupo africano una resolución para pedir “la suspensión de las actividades del experto independiente”. Y ello hasta que se dirima la legalidad de la creación de un cargo para defender la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, unas “nociones” sobre cuya mera existencia “no hay un acuerdo internacional”, según los firmantes.

Con este argumento de que su misión no tiene relación con los derechos humanos, varios países africanos solicitaron el viernes, 4 de noviembre, la suspensión de Vitit Muntarbhorn, como experto designado por un período de tres años por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo evaluar las implementaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos para que llevara a cabo investigaciones sobre las discriminaciones y la violencia contra las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero y aumentar la concienciación sobre la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Anteriormente había sido designado enviado especial de la ONU en Corea del Norte, además de haber trabajado en la investigación de la Comisión Internacional Independiente sobre Siria.

Charles Ntwaagae, embajador de Botswana, se expresó en nombre de 54 países africanos miembros de la ONU, afirmando ante una comisión de la Asamblea General que el Consejo “no debe ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual (…). Estas dos nociones no son y no deberían estar vinculadas a los instrumentos internacionales existentes para la protección de los derechos humanos”, explicó al pedir la suspensión del mandato de Muntarbhorn. Este grupo ha presentado una resolución, cuya votación estaba prevista para el martes, 8 de noviembre. El texto pide la realización de consultas sobre la legalidad del mandato del experto LGBT y a la espera de ello exige la suspensión de su nominación.

El derecho al desarrollo y la lucha contra el racismo son, para los representantes de los países africanos, objetivos más importantes que se verían supuestamente relegados por el incremento de la vigilancia frente a los abusos contra la población LGTB. Una postura habitual para algunos de los Estados más contrarios al reconocimiento de esta realidad, que suelen luchar denodadamente contra la inclusión de las minorías afectivo-sexuales en los acuerdos para promover los derechos humanos de todos los individuos.

La propuesta de los países africanos se podría votar este martes en el tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargado de los asuntos sociales, culturales y humanitarios. Si sale adelante, el pleno de la Asamblea deberá adoptar una decisión definitiva antes de fin de año. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra.

Alrededor de un 40 % de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 73 países en concreto, tienen leyes que condenan la homosexualidad, 33 de los cuales pertenecen al continente africano. La resolución del Consejo de Derechos Humanos por la que designaba el nombramiento de un experto LGTB fue aprobada por 23 votos contra 18, en la que hubo 6 abstenciones, lo que refleja las profundas divisiones internas en materia de derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales.

Las funciones del nuevo cargo

Muntarbhorn es un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

El experto cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays exige a los países de la ONU que rechacen la moción del Grupo Africano para eliminar la recién creada figura del experto en cuestiones LGTBI.

Los grupos LGTB aplaudieron en su momento la designación de Muntarbhorn como experto en temas LGTBI de la ONU. La creación de ese puesto fue sugerida directamente por la ILGA (la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays) que se mostró muy satisfecha con la elección de este profesor de derecho internacional para “abordar las formas múltiples e interrelacionadas de violencia y discriminación que sufren las personas con respecto a su orientación sexual e identidad de género“. Su nombramiento se produjo el pasado 1 de noviembre para un periodo de 3 años que podían ser renovados.

La moción se votará esta mañana, en Nueva York. Y algunos temen que debido a las elecciones americanas (que son también mañana) esta problemática no sólo no reciba la atención necesaria sino que se cree el clima perfecto para que ganen los países que quieren cargarse (figuradamente) a Muntarbhorn -que, literalmente, no lleva en el cargo ni una semana- y con ello la lucha contra la LGTBIfobia desde la propia ONU.

Es por eso que desde la ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays que se fundió en 1978 y engloba a 1.200 asociaciones de todo el mundo, se exige a los gobiernos que no apoyen la moción del Grupo Africano y mantengan la figura del Experto en cuestiones LGTBI para seguir avanzando en el respeto a los derechos del colectivo.

Jordi Petit, ex secretario general de la ILGA explica que espera y confía en que la votación ofrezca “un resultado positivo para este primer defensor de la comunidad LGTBI mundial, sin precedentes en la ONU.” Y recuerda al recién formado gobierno español que todos esperamos su “voto negativo a la moción de los países de la intolerancia.”

No olvidemos que, actualmente, hay 77 países en el mundo en el que ser gay es ilegal y que 33 de esos países están en África. Y no nos olvidemos de los países en los que la homosexualidad no es ilegal pero tampoco se persiguen los delitos de odio. A eso súmale la escalada en los delitos de odio que vemos por todo el mundo, la masacre de Orlando, los graves problemas de la comunidad en países de América Latina o el Caribe, las agresiones homófobas en España y en Europa y las terribles ejecuciones de homosexuales que perpetra el Estado Islámico y que son difundidas por las redes sociales.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha hecho de la promoción de los derechos de las personas LGBT una de sus prioridades. “La marea está girando” a favor de los derechos LGTB, declaraba Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al recibir un premio de la Elton John AIDS Foundation contra el Sida. El diplomático surcoreano se convertía en el centro de críticas muchos miembros de la ONU, particularmente de Rusia, cuando decidía en 2015 extender beneficios sociales a las parejas del mismo sexo de los empleados de la ONU. “Quiero recordar a otros que las personas LGBT son sólo eso, personas (…) Ellos valen tanto como cualquier otra persona. Y han nacido con los mismos inalterables derechos que cualquier otra persona”, declaraba en sus discurso de aceptación del premio.

Fuente Agencias, ILGA, vía Cáscara Amarga/Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Se acumulan las informaciones negativas procedentes de Indonesia en relación al colectivo LGTB. La radicalización política del país se está transformando en un hostigamiento hacia cualquier expresión igualitaria. En este sentido, la policía ha informado de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor. Las autoridades, sin embargo, han calificado las imágenes como “pornografía”. A estos hechos se suman el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela para personas trans de Indonesia y la persecución de webs LGTB y apps de contactos gais, entre otras cosas.

Aunque ya han sido puestos en libertad, la pareja gay que fue detenida en Indonesia por subir a Facebook unas fotografías afectivas se enfrenta a una posible pena de prisión de hasta siete años. Para las autoridades, estas imágenes representan un fomento de la “pornografía LGTB, al mostrar dos hombres besuqueándose”. En el país de mayoría musulmana más poblado del mundo la “lascivia pública” está perseguida por la ley y cualquier muestra de diversidad suele considerarse una “ofensa a la moralidad”.

Los dos jóvenes, de 22 y 24 años (en la fotografía superior), aparecen con los torsos desnudos compartiendo besos y otras muestras de cariño, junto al texto “nuestro amor durará para siempre”. Taufik, que publicó las imágenes, ya las ha retirado de su muro, disculpándose y asegurando que “no se volverá a repetir”. Una postura comprensible al pensar que su juicio puede convertirse en un escarnio público. De hecho, muchos usuarios le han escrito mensajes ofensivos y homófobos y aún así dice que seguirá pidiendo perdón.

Desgraciadamente, las tropelías LGTBfóbicas se acumulan en Indonesia. Por ejemplo, el gobierno de Indonesia publica una anuncio en el que busca una persona para cubrir un puesto de embajador de la juventud entre cuyos requisitos indica que tiene que demostrar que no pertenece a la comunidad LGTB. Concretamente, el Gobierno está buscando jóvenes con “creatividad” para ocupar una plaza como embajador y, al parecer, solo las personas heterosexuales cuentan con este talento. La convocatoria de la administración incluye, de matera textual, la exigencia de que los candidatos sean “mentalmente sanos, que no sean promiscuos ni con comportamiento sexual desviado, incluyendo personas LGTB, que debe probar mediante certificado médico”, dice el anuncio publicado por el Gerakan Nasional Pemuda Kreatif (Movimiento Nacional creativo para jóvenes), que pretende atraer candidatos, de entre 20 y 27 años de edad, siempre que sean estrictamente heterosexuales, para cubrir un puesto para un programa del Ministerio de Juventud y Deportes que tiene como objetivo buscar a jóvenes creativos en todos los campos que generen proyectos para ayudar al país a reducir el desempleo juvenil.

Desde las redes sociales o han tardado en criticar la ironía de esta convocatoria que busca personas creativas que no sean gays, algo tradicionalmente asociado, precisamente, a las personas de la comunidad LGTB. Un defensor de la igualdad del colectivo LGTB se ha preguntado retóricamente: “¿no saben que [la comunidad LGTB] es la columna vertebral de las artes y la industria creativa?”.

Asimismo, grupos en defensa de los derechos humanos no han dejado de resaltar la fuerte atmósfera de discriminación hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales a pesar de la legalidad de las relaciones entre personas del mismo sexo, una discriminación que no ha dejado de incrementarse en los últimos meses.

 No obstante, además del apoyo de algunas personas jóvenes hacia las personas LGBT, algunos funcionarios han advertido de que el creciente aumento del sentimiento homófobo perjudicará las posibilidades de detener el aumento de las infecciones de VIH en el país. Entre 2007 y 2015, el VIH entre hombres que mantuvieron relaciones con otros hombres en Indonesia pasó del 5,4% al 25,8%, en contraste con la caída de las tasas globales. En parte, el miedo a la discriminación influye en una reducción de las pruebas de detección y, a su vez, esto ocasiona que las personas infectadas no tomen las oportunas medidas de prevención.

Cierra la única escuela musulmana para personas trans

Hace tan solo unos días la única escuela musulmana de toda Indonesia que admitía  a alumnos trans se ha visto obligada a cerrar sus puertas al ser señalada como promotora de la “inmoralidad”. Hasta el momento de su cierre, este centro ha sido uno de los referentes de tolerancia de la comunidad LGTB en el mundo musulmán. Para Agnes Dwi Rusjiyati, coordinadora local del grupo activista Bhinneka Tunggal, “por desgracia, en los últimos años los grupos intolerantes han ido imponiendo sus creencias rígidas en las personas”.  Y en marzo se clausuró la única mezquita que admitía personas transexuales…

La estigmatización del colectivo LGTB en el ámbito educativo se ha intensificado en Indonesia, especialmente, desde principios de este año. En enero, Muhammad Nasir, ministro de Estudios Superiores de este país asiático apelaba a “normas morales” para perseguir a los alumnos LGTB en la universidad. Pero el sentimiento de odio se ha propagado como un virus en el resto de niveles educativos.

Muhammad Nasir, a la sazón ministro de Investigación, Tecnología y Estudios Superiores, aseveraba que el colectivo LGTB representa “una grave amenaza para la nación”. Nasir, además, negaba que las universidades sean el marco para la “discusión” o la elaboración de “trabajos científicos” relacionados con la comunidad LGTB, una circunstancia que calificaba de “grave”, por ser contraria a la “moral”.

Prohibición de apps de contactos gais y castración química

En febrero, las autoridades indonesias anunciaban su intención de solicitar que Facebook y WhatsApp eliminaran los emojis que aludían a la comunidad LGBT y bloquearan ciertas cuentas de Tumblr por su contenido. Desde el pasado mes de septiembre, por orden del Gobierno de Indonesia, se ha bloqueado Grindr y otras 80 aplicaciones (apps) de contactos gais, así como webs LGTB que, supuestamente, contribuyen a la “propaganda desviada”. Líderes musulmanes iniciaban una campaña contra el colectivo LGTB, poniendo en peligro incluso destinos turísticos como Bali, para posteriormente retener un cargamento de preservativos cuyo único objetivo era el de luchar contra el aumento del VIH en Indonesia y el mes pasado bloqueaban tres aplicaciones de citas

Pero Indonesia no es el único país con homofobia de estado que censura webs LGTB o que prohíbe o utiliza las apps de contacto para perjudicar a hombres gais. En países como los Emiratos Árabes tampoco está permitida la descarga de Grindr y en Egipto la policía utiliza estas apps para “cazar” homosexuales y enjuiciarlos.

Los detractores de los derechos LGTB en Indonesia han construido un peligroso discurso público de asociación de la pedofilia y la homosexualidad, algo similar a lo ocurrido en Rusia con los mensajes de grupos ultras como Occupy Pedofilyaj. Precisamente, por esta acientífica e injusta equiparación, resulta especialmente preocupante la denuncia que hace unas horas ha realizado Amnistía Internacional: el Gobierno empezará a aplicar la castración química a “pedófilos” y “violadores”.

Nadie defiende la impunidad de las personas que abusen de menores o de otros adultos. Según ha explicado Papang Hidayat, investigadora en Indonesia de Amnistía Internacional, “el abuso sexual de los niños es indescriptiblemente horrible. Pero someter a los delincuentes a la castración química o a ejecuciones no es justicia sino que es la adición de una crueldad a otra”. Algunos grupos de médicos han adelantado que se niegan a aplicar estas prácticas porque violan la ética médica. Y también violan el derecho internacional sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que figura en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), del que Indonesia es uno de los estados firmantes.

Sin embargo, a pesar de la crueldad de estas medidas para cualquier condenado, la castración química puede ser una peligrosa arma incluso para personas completamente inocentes. Falsas acusaciones o malentendidos por la ignorancia de la realidad LGTB pueden provocar la privación de la sexualidad física a personas que únicamente tengan una orientación sexual o una identidad de género diversa o contraria a la heteronormatividad.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

No se puede negar la belleza natural de Indonesia, un país de postal que oculta en su interior un infierno para la comunidad LGTB. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero dosmanzanzanas publicaba un post recogiendo cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada ver más a la población LGTB.

Recordemos que la provincia autónoma de Aceh (en la zona norte de Sumatra) aprobó en septiembre de 2014 una penosa ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015. Ese mismo mes nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción es Aceh, donde desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. Pero la influencia islamista se deja sentir también en otros lugares de Indonesia. La de Aceh es desde luego la peor situación, puesto que como decíamos arriba la homosexualidad no es formalmente delito en el resto del país. Ello no significa que en otras partes sea buena. En 2004, las autoridades municipales de Palembang, en Sumatra Meridional, dictaron por ejemplo una regulación en la que aglutinaban la actividad de las personas LGTB como “prostitución”. En virtud de ese reglamento, todas las personas acusadas de cometer cualquiera de esas actividades se enfrentan a la perspectiva de un máximo de seis meses de prisión o 5.000.000 de rupias (360 euros, 380 dólares) de multa.

En otras zonas existe una actitud algo más tolerante, especialmente en zonas urbanas como Yakarta. Con todo, la influencia de los islamistas más radicales se hace sentir cada vez más.En la propia Yakarta, la capital, las autoridades prohibieron en 2012 un concierto de Lady Gaga,  abanderada de los derechos LGTB, por considerarla un personaje diabólico y antirreligioso.

Los fundamentalistas también han obligado a cancelar una reunión de la división asiática de la ILGA (International Lesbian and Gay Association) en Surabaya y han amenazado a los organizadores del Q! Film Festival, un festival de cine LGTB, por mencionar otros dos ejemplos.

En marzo de 2015, el Consejo de Ulemas de Indonesia dictó una fetua en la que se exigía que los actos homosexuales sean castigados con la pena de muerte. Aunque el Consejo de Ulemas no tiene ningún poder legislativo o ejecutivo en Indonesia, su influencia social es elevada.

Indonesia también votó el pasado 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays/Universogay

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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha nombrado al tailandés Vitit Muntarbhorn experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. Muntarbhorn, un prestigioso profesor de Derecho Internacional, tiene una trayectoria dilatada al servicio de Naciones Unidas. Su nombramiento ha sido recibido con satisfacción por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTB. 

Lo recogimos en su momento como noticia de especial relevancia. El pasado 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobaba por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. La creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina, no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. La propia votación para aprobar la creación de este puesto lo demuestra, de hecho: se opusieron Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

Tres meses después de que se aprobara la creación de esta figura se ha conocido por fin el nombre de la persona que la encarnará. Se trata del tailandés Vitit Muntarbhorn, un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Ha sido, por ejemplo, relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática de Corea (Corea del Norte), por mencionar solo dos de las posiciones que ha ocupado. En estos momentos es miembro de la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas de Investigación sobre Siria.

Muntarbhorn fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

ILGA, “encantada” con el nombramiento

Un nombramiento que ha sido celebrado por organizaciones LGTB y de defensa de los derechos humanos. Valga como ejemplo la reacción de ILGA (Asociación Internacional de Gais, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales), la organización “paraguas” de colectivos LGTB más importante del mundo, que se ha mostrado literalmente “encantada”. “Es particularmente apropiado que él sea nombrado para este cargo en el décimo aniversario de los Principios de Yogyakarta, que él ayudó a escribir en 2006”, han declarado Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA.

“Tenemos muchas ganas de trabajar con el profesor Muntarbhorn en los próximos años. Nunca ha habido una necesidad más urgente de salvaguardar los derechos humanos de las personas LGBTI en todo el mundo. Atacadas, discriminadas, dirigidas y invisibilizadas, nuestras comunidades necesitan un aliado como el profesor Muntarbhorn para asegurar que el que ‘todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos’, como la Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente, sea una realidad y no solo un sueño”, ha expresado por su parte Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA.

¿Cuáles serán sus funciones?

Vitit Muntarbhorn cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esperamos de todo corazón que el nombramiento de Muntarbhorn, primero de este tipo que aprueba Naciones Unidas, sirva para mejorar de forma efectiva la situación de las personas LGTB en todo el mundo. Hace mucha falta.

Fuente Dosmanzanas

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