El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución histórica que pide el fin a la discriminación, la violencia y prácticas que violan los derechos humanos de las personas intersex.

La resolución, informó ILGA Mundo, fue presentada por Finlandia, Sudáfrica, Chile y Australia, y busca que los Estados garanticen el derecho a la salud física y mental de las personas intersex. Para ello pide a la Oficina del Alto Comisionado que elabore un informe mundial en el que se revisen las leyes y políticas discriminatorias, actos de violencia y prácticas que violan sus derechos humanos; incluidas las intervenciones médicas innecesarias, que pueden ser irreversibles y se realizan sin el consentimiento pleno, libre e informado de las personas intersex, sobre todo las infancias.

También la resolución busca que se analicen las buenas prácticas y mecanismos de protección jurídica y recursos legales que tienen los Estados para garantizar el derecho a la salud física y mental de las personas intersex.

Qué es la intersexualidad

La intersexualidad es una forma de diversidad corporal. No es una patología, no es una orientación sexual, no es una identidad de género y no es un “tercer género”.

De acuerdo al informe Violencia contra personas LGBTI en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), “la violencia contra las personas intersex se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino”.

Según el primer Informe de Mapeo Legal Intersex de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) sólo seis países prohíben intervenciones médicas innecesarias a personas intersex.

Un hito para la defensa de los derechos humanos intersex

La votación fue aprobada por el Consejo con 24 votos a favor, 23 abstenciones y cero en contra. Votaron a favor Albania, Alemania, Argentina. Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, Finlandia, Francia, Ghana, Honduras, India, Japón, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Países Bajos, Rumania, Sudáfrica, Estados Unidos y Vietnam.

En tanto, se abstuvieron, Argelia, Bangladesh, Benín, Burundi, Camerún, China, Costa de Marfil, Eritrea, Gambia, Georgia, Indonesia, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Malawi, Malasia, Maldivas, Marruecos, Paraguay, Qatar, Somalia, Sudán, Emiratos Árabes.

Foto de la votación. ILGA Mundo (pincha para ampliar la imagen)

La resolución de la ONU

“Esta resolución marca otro hito en la forma en que los organismos internacionales contemplan los derechos de las personas intersex», afirmaron 35 organizaciones intersex sobre la resolución. “A lo largo de los años, el trabajo tanto de la sociedad civil como de los Estados ha cobrado un enorme impulso, pero esta vez las cosas podrían dar un giro aún más decisivo. Gracias a esta votación, el primer informe oficial de las Naciones Unidas que aborda la situación de los derechos humanos de las personas con variaciones innatas en las características sexuales aumentará la concienciación sobre esta cuestión de un modo que los Estados ya no podrán ignorar y sobre el que tendrán que actuar2, dijeron.

El texto de la ONU parte reconociendo que “las personas con variaciones innatas en las características sexuales; es decir, las personas que nacen con características sexuales que no se ajustan a las definiciones típicas de los cuerpos masculinos o femeninos, como la anatomía sexual, los órganos reproductivos y los patrones hormonales o cromosómicos (también conocidas como personas intersexuales); existen en todas las sociedades”

Añade que “a lo largo de su vida, las personas con variaciones innatas en las características sexuales pueden ser objeto de formas múltiples e interseccionales de discriminación en todos los ámbitos de la vida, como el acceso a la educación, la salud, el empleo, el deporte y la seguridad social, así como de restricciones en el ejercicio de la capacidad jurídica y en el acceso a recursos legales y a la justicia”

En tal sentido, expresó “gran preocupación por la violencia y las prácticas nocivas a las que se enfrentan las personas con variaciones innatas en las características sexuales, incluidos los niños, en todas las regiones del mundo, entre ellas intervenciones innecesarias o aplazables desde el punto de vista médico, que pueden ser irreversibles, con respecto a las características sexuales, realizadas sin el consentimiento pleno, libre e informado de la persona en cuestión y, en el caso de los niños, sin cumplir las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño”

Por tanto, el Consejo de la ONU solicitó a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que prepare un informe  “en el que se examinen detalladamente las leyes y políticas discriminatorias, los actos de violencia y las prácticas nocivas contra las personas con variaciones innatas en las características sexuales, en todas las regiones del mundo, así como sus causas fundamentales; y en el que se examinen también las mejores prácticas —como los mecanismos de protección jurídica y los recursos legales— , especialmente en relación con la efectividad del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Dicho informe deberá ser presentado en el 60º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Además pidió al Ato Comisionado que organice la celebración de “una mesa redonda” para abordar “las leyes y políticas discriminatorias, los actos de violencia y las prácticas nocivas contra las personas con variaciones innatas en las características sexuales, en todas las regiones del mundo, así como sus causas fundamentales, entre ellas las ideas erróneas y la información inexacta, y en la que se examinen también las mejores prácticas, especialmente en relación con la efectividad de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

Finalmente alentó a los Estados “a que, en colaboración con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, intensifiquen la lucha contra la discriminación, la violencia y las prácticas nocivas hacia las personas con variaciones innatas en las características sexuales y aborden sus causas fundamentales, como los estereotipos, la difusión de ideas erróneas e información inexacta, la estigmatización y los tabúes, y trabajen para que esas personas puedan hacer efectivo el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”

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Estalla la polémica en los Estados Unidos al alinearse con países como Iraq, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos al votar en contra de una resolución de la ONU que condena la pena de muerte a personas homosexuales, entre otros casos.

Presentada por ocho países: Bélgica, Benin, Costa Rica, Francia, México, Moldavia, Mongolia y Suiza, el pasado 28 de septiembre se votaba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una resolución llamada The question of the death penalty (La cuestión de la pena de muerte, en español), en Ginebra, que era aprobada con 27 votos a favor, 7 abstenciones y 13 votos en contra. Se trata de una resolución que condena la imposición de la medida capital cuando «se aplica de manera arbitraria o discriminatoria», condenando específicamente «la imposición de la pena de muerte como una sanción para formas específicas de conducta, como apostasía, blasfemia, adulterio y relaciones consensuadas con personas del mismo sexo». China, Iraq, Qatar, Japón, India, Egipto, Burundi, Botswana, Etiopía, Bangladesh, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos a los que se ha unido igualmente los Estados Unidos, suscitando la polémica entre activistas y grupos en defensa de los derechos del colectivo LGBT.

«Los titulares, informes y comunicados de prensa sobre este tema son engañosos. Como nuestro representante ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra dijo el viernes, los Estados Unidos están decepcionados de tener un voto en contra en esta resolución. Esperábamos una resolución equilibrada e inclusiva que reflejara mejor las posiciones de los estados que continúan aplicando la pena de muerte legalmente, como lo hace Estados Unidos», explica el martes, 3 de octubre, Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que se veía obligada a explicar los motivos que les habían llevado a votar «no» contra esta resolución tras las protestas de numerosas asociaciones LGBT.

«Votamos en contra de esa resolución debido a preocupaciones más amplias con respecto al enfoque de la resolución para condenar la pena de muerte en todas las circunstancias (…). Los Estados Unidos condenan inequívocamente la aplicación de la pena de muerte por conductas como la homosexualidad, la blasfemia, el adulterio y la apostasía. No consideramos que dicha conducta sea apropiada para la criminalización», explica la portavoz.

Uno de los primeros en condenar este voto era Human Rights Campain, desde donde han agradecido las explicaciones de Nauert, lo que no impide que sigan preocupados «por el compromiso de Gobierno de Trump/Pence sobre los derechos humanos de las personas LGBTQ en el extranjero (…). Es preocupante que el liderazgo en esta administración no haya discutido esta posición en su explicación original para el voto ‘no’». Por su parte, Renato Sabbadini, director ejecutivo de ILGA, afirma que «es inconcebible pensar que hay cientos de millones de personas que viven en estados donde alguien puede ser ejecutado simplemente por según a quien ama. Este es un momento monumental en el que la comunidad internacional ha destacado públicamente que estas horrendas leyes simplemente deben terminar».

Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, una organización global de derechos humanos LGBTQ, reconoce que el voto de los Estados Unidos sobre la resolución de los Estados Unidos puede haber sido malinterpretado, dado que según afirma «los Estados Unidos siempre se oponen a esta resolución sobre la pena de muerte, porque hace referencia a una moratoria global de la pena de muerte. Tanto Obama como Trump, siempre que la pena de muerte sea legal en los Estados Unidos, han tomado esta posición (…). OutRight reclamará a la administración de Trump por sus numerosas violaciones de derechos, sus muchos abusos de poder desde violaciones a LGBTI hasta la xenofobia, pero esta instancia en particular no es un ejemplo de una contracción del apoyo a los derechos LGBTI (…). Sería un error interpretar su oposición a una resolución de pena de muerte a un cambio en la política»

Ante la polémica suscitada por el voto negativo contra esta resolución, la propia embajadora de los Estados Unidos en la ONU, Nikky Haley, defendía al día siguiente, 4 de octubre, a través de su cuenta de Twitter que «no hubo un voto por parte de los representantes de los Estados Unidos en la Naciones Unidas que apoyara la pena de muerte para los homosexuales. Siempre hemos luchado por la justicia para la comunidad LGBT». En un segundo tuit recordaba que «la votación que tuvo lugar en Ginebra es la misma votación que tuvo lugar en la administración de Obama. No fue un voto en contra del colectivo LGBT», añadiendo el hashtag Fact (Hecho, en español). Solo una semana después, este martes, 9 de octubre, Haley anuncia su intención de abandonar el cargo que ocupará solamente hasta final de año.

Fuente Universogay

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Niños soldado de Sudán del Sur (Foto: IRIN)

Cuando un gobernante no tiene vergüenza, pues no la tiene. Y punto.

Y vergüenza es justo lo que no tienen los gobernantes de Sudán del Sur, que han dicho que dejarán de usar niños soldado sólo si se les sigue permitiendo matar personas gays.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entregó a finales del año pasado un informe a Sudán del Sur en el que le decían al país que ya iba siendo hora de que aterrizaran en el siglo XXI y abandonaran prácticas la mutilación genital femenina, el uso de niños en conflictos armados y que, ya que estaban, despenalizaran la homosexualidad. En Sudán del sur, si te pillan manteniendo una “relación carnal contra el orden de la naturaleza” se te puede castigar con hasta 10 años de prisión, pero las leyes locales de cada territorio permiten aplicar la pena de muerte en casos de homosexualidad.

Amnistía Internacional ya explicó hace un tiempo que ser gay de forma abierta en Sudán del Sur es “virtualmente imposible“ tanto por las leyes como por la LGTBfobia que impera en la propia sociedad: “Hay tal desorden que es el tipo de lugar en el que podrías acabar fácilmente muerto por tu sexualidad, real o percibida” explicaba la investigadora Elizabeth Deng en una entrevista, “Estoy segura de que hay mucha gente gay en Sudán del Sur que sufren en silencio. Conociendo como conocen la hostilidad cultural, sería un riesgo tremendo si salieran del armario. No espero que el informe de las Naciones Unidas tenga mucho impacto en las políticas del gobierno.” Pues Deng tenía razón: no lo ha tenido.

El gobierno de Sudán Del Sur ha dicho que no pueden eliminar la pena de muerte como castigo por la homosexualidad porque eso forma parte de su “cultura tradicional“. El Ministro de Justicia llegó a decir que el informe de la ONU, que sólo aconsejaba despenalizar la homosexualidad, quería obligar al país a aprobar el matrimonio igualitario. Así que desde Sudán del Sur han dicho que lo de dejar de matar gays entra en conflicto con sus leyes y políticas nacionales, y que a partir de ahora sólo aceptarán consejos de la ONU que respeten sus “tradiciones culturales“.

Fuente: Pink News, vía EstoyBailando

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El experto llegará a Buenos Aires el uno de marzo para una visita de diez días y se reunirá con representantes del Gobierno federal, de los gobiernos provinciales y de ONG del ámbito LGTB.

El experto en derechos humanos de las Naciones Unidas Vitit Muntarbhorn realizará su primera visita oficial a Argentina la próxima semana para evaluar los avances en la eliminación de la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) en el país.

Muntarbhorn, primer experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual y la identidad de género nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, investigará en ese país suramericano diferentes formas de violencia y discriminación.

“Estoy particularmente interesado en las reformas y políticas legislativas que se han implementado en Argentina para proteger a las personas que son objeto de violencia y discriminación debido a su orientación sexual o identidad de género, y para crear un ambiente inclusivo”, señaló en un comunicado.

El experto llegará a Buenos Aires el uno de marzo para una visita de diez días y se reunirá con representantes del Gobierno federal y de los gobiernos provinciales, así como con individuos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas relacionados con los derechos de las personas LGBT en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

“La visita me permitirá identificar no sólo buenas prácticas, sino también problemas existentes para los que daré recomendaciones concretas con el objetivo de combatir la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género“, agregó Muntarbhorn.

Fuente Cáscara Amarga

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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aconseja que las escuelas de todo el mundo incluyan educación sobre orientación sexual e identidad de género como método para luchar contra el acoso escolar al colectivo LGTB.

Para mayor disgusto del Papa Francisco y más allá del nombramiento de un experto en la comunidad LGTB en la ONU, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se suma a la lista de organismos que incluyen una agenda inclusiva hacia la comunidad LGTB y lo hace recomendando la inserción de materiales LGTB en los planes de estudios de las escuelas públicas en todo el mundo como medida para luchar contra el acoso escolar a los miembros más jóvenes y desvalidos de la comunidad LGTB.

El pasado mes de mayo, UNESCO lanza Out in the Open, una primera encuesta sobre «respuestas del sector educativo a la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género». Apoyado por el gobierno de Holanda, este informe afirma que los estudiantes LGBT son más vulnerables a ser víctimas de la violencia en la escuela que otros colectivos. En particular, los autores argumentan que «los estudiantes que son percibidos como no conformes con las normas sexuales y de género predominantes, incluyendo aquellos que son lesbianas, gays, bisexuales o transexuales (LGBT), son más vulnerables». El objetivo con esta propuesta es el de conseguir una normalización en el comportamiento hacia el colectivo LGBT más allá de Holanda, tal y como proclaman en su página web: «El gobierno holandés defiende los derechos de los homosexuales en todo el mundo».

La orientación sexual y la identidad de género no están reconocidas ni protegidas por el derecho internacional, y varios estados miembros de la ONU consideran que la homosexualidad es inmoral, algunos hasta todavía la consideran ilegal. Por eso precisamente el informe solicita que tutores y profesores proporcionen a los niños «información sin prejuicios y exacta sobre la orientación sexual y la identidad de género a través de campañas de información y asociaciones con la sociedad civil y la comunidad escolar en general». «UNICEF también reconocen los derechos de los niños LGBTI», aunque ni UNICEF ni ningún tratado de derechos humanos de la ONU menciona el tema.

El informe de INESCO utiliza como portada uno de los controvertidos «sellos LGBT de la ONU» y recomienda que «los planes de estudio y los materiales de aprendizaje estén basados en pruebas y sean incluyentes con respecto a la orientación sexual y la identidad de género, incluyendo representaciones en contenido e ilustraciones». Desafía los «uniformes y reglamentos de pelo específicos de género» como una forma de «violencia implícita homofóbica y transfóbica».

Fuente Universogay

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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó el pasado jueves, por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, el nombramiento durante un periodo de tres años de un experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género.

La creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Su aprobación no fue precisamente fácil, y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

El Consejo de Derechos Humanos es una organización dependiente de Naciones Unidas y formada por 47 miembros elegidos por la Asamblea General cada tres años. Su legitimidad ha sido puesta en entredicho en numerosas ocasiones, debido a que habitualmente forman parte de él países escasamente respetuosos con los derechos humanos. A pesar de ello no deja de tener gran relevancia diplomática, y ya en dos ocasiones anteriores ha aprobado, no sin esfuerzo, una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género.

La votación en este caso fue la siguiente:

• A favor: Albania, Alemania, Bélgica, Bolivia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, Francia, Georgia, Holanda, Letonia, Macedonia, México, Mongolia, Panamá, Paraguay, Portugal, Reino Unido, Corea del Sur, Suiza, Venezuela y Vietnam.
• En contra: Arabia Saudí, Argelia, Bangladesh, Burundi, Catar, China, Congo, Costa de Marfil, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Indonesia, Kenia, Kirguistán, Maldivas, Marruecos, Nigeria, Rusia y Togo.
• Abstenciones: Botswana, Ghana, India, Namibia, Filipinas y Sudáfrica.

El experto independiente cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada (reproducimos literalmente):

• Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
• Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
• Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
• Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
• Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
• Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

El experto independiente deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

América Latina, su gran impulsora

Como hemos dicho más arriba, la creación de este mandato fue propuesta por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. Recibió además el apoyo de Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Panamá y Venezuela, los cinco miembros latinoamericanos presentes en este momento en el Consejo. Resulta evidente que sin el impulso de América Latina la medida hubiera tenido mucho más complicado salir adelante.

Es obligado destacar también la contribución de organizaciones LGTB que bajo el paraguas de ILGA han trabajado codo con codo con los estados proponentes, como las chilenas Organizando Trans Diversidades y MOVILH, por mencionar a dos que han trasladado directamente a dosmanzanas su satisfacción por el logro. En la web de ILGALAC, la división latinoamericana de ILGA, puedes acceder al listado de todas ellas.

Sin duda, una razón más para estar orgullosos de nuestros compañeros de América Latina.

Fuente Dosmanzanas

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Es un tema del que ya hemos hablado pero nunca está de más darle una vuelta y ver cómo ha evolucionado. El drama de los refugiados sigue más vivo que nunca, aunque las televisiones ya no hablen tanto de ello como hace un año.

Pero dentro de esos refugiados se enconden miles y miles de realidades que complican aún más el asunto. Uno de ellos es, sin duda, el de los refugiados LGBT. ORAM es la Organización para el Refugio, Asilo y Migración que trabaja con refugiados en situación aún más vulnerable que huyen de países en guerra para salvar la vida.

Esta asociación ha descubierto que muy pocos refugiados deciden salir del armario con ellos, que esconden su identidad porque en sus países la homosexualidad está condenada con penas terribles, desde prisión a la propia pena de muerte. Por lo tanto, viven una mentira en un lugar en el que se deberían sentir seguros.

La asociación trabaja mano a mano con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para proteger la identidad de todos los refugiados y que los países no puedan conocer cuáles de estos refugiados son abiertamente homosexuales. Este tema destapa que países que ahora están en guerra, cuando dejen de estarlo seguirán con políticas homófobas y que no respetan los Derechos Humanos.

Fuente Cromosomax

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La comunidad gay representa una “amenaza” y para combatirla hay que utilizar “técnicas de guerra moderna” insistió esta semana el ministro de Defensa Ryamizard Ryacudu.

La homosexualidad es un tema tabú en Indonesia, país musulmán más poblado del mundo.

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El abogado camerunés Walter Atoh denuncia la indefensión en que se encuentra su cliente Cornelius Fonya, condenado en 2013 a nueve años de prisión por mantener relaciones sexuales con un joven de 19 años, en un juicio plagado de irregularidades. Cornelius se enfrenta ahora al proceso de apelación sin prácticamente ayuda legal, por su abogado se ha visto obligado a abandonar el país tras recibir continuadas amenazas de muerte por defender a personas LGTB.

Walter Atoh es uno de los pocos abogados cameruneses que defienden a personas LGTB, dada la enorme presión social a que se ven sometidos quienes lo hacen. Uno de sus clientes es Cornelius Foya, detenido en octubre de 2012 tras ser atrapado por una multitud furiosa que le acusaba de haber mantenido relaciones homosexuales con un niño de catorce años. La turba le condujo hasta la comisaría de policía, donde prestó declaración y permaneció bajo arresto.

Durante el juicio se demostró que en realidad el joven con quien había mantenido relaciones tenía 19 años, y que todos los encuentros habían sido consensuados. Sin embargo, la madre del joven declaró en comisaría que su hijo padecía desórdenes mentales debido a esos encuentros sexuales. Esa afirmación bastó en su día para que Cornelius perdiera la libertad condicional en espera de juicio, y también fue suficiente después para que el tribunal fallara en su contra con enorme dureza. Mientras que la pena máxima en Camerún para las relaciones homosexuales consentidas entre adultos es de cinco años, el castigo puede llegar a doblarse cuando se trata de relaciones entre un adulto y un joven entre dieciséis y veintiún años. Cornelius fue finalmente condenado a nueve años de prisión.

Su abogado, sin embargo, se acogió a la sección tercera del la Ley de Procedimiento Penal camerunesa, que establece la nulidad del juicio si no se han seguido correctamente todos los procesos legales, para presentar la debida apelación. Según Atoh, cuestiones como la introducción por los testigos de la acusación de informes médicos, sin que previamente se hubieran presentado durante la investigación, pueden invalidar todo el procedimiento seguido. “He instado a los jueces de la Corte de Apelaciones a que revisen el caso y dicten sentencia por sus méritos. Esto es lo permisible, apropiado y admisible en derecho”, afirmaba con contundencia.

Pero todo el trabajo legal llevado a cabo por Atoh puede terminar en saco roto, debido a las enormes presiones a que se ha visto sometido. El abogado denuncia las continuas amenazas que han recibido tanto él como su familia por su defensa de personas LGTB. En una llamada telefónica se le amenazaba gravemente: “Te eliminaremos a ti y a toda tu familia si te sigues empeñando en defender o apoyar actos abominables”. Por ello, en marzo de este año decidió trasladar su residencia a un hotel, mientras su esposa se instalaba en Londres. Poco después se reunió con ella en la capital británica, donde ahora mismo permanece.

“A pesar de las amenazas de muerte contra mí y mi familia, voy volver a Camerún para continuar con mi labor como abogado LGBT “, afirma Atoh, esperando estar pronto en el país para proseguir con la apelación del caso de Cornelius, que, según el abogado, debe tratarse como un caso de derechos humanos. “Cornelius no tiene dinero para pagar a más abogados y su caso es muy complicado”, asevera Atoh, “por lo tanto necesita ayuda humanitaria”. El defensor solicita que las organizaciones humanitarias presten a Cornelius toda la ayuda posible.

La dura realidad camerunesa para las personas LGTB

A finales de 2012, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaba su preocupación por la situación de las personas LGTB en Camerún, realmente complicada. Y es que cada poco tiempo se producen noticias de detenciones, algunas de las cuales hemos recogido a lo largo de los últimos años.

En febrero de 2012 informamos de la detención de al menos tres mujeres lesbianas. Poco antes, en enero de 2012, eran cuatro hombres los detenidos. En noviembre de 2011 tres hombres fueron condenados a cinco años de cárcel acusados de mantener relaciones homosexuales en un coche (una de las pruebas que el juez tuvo en cuenta fue que los acusados hubieran estado bebiendo Baileys, un licor considerado típicamente femenino. Por fortuna este caso fue luego reconsiderado). En octubre de 2011 se condenó a tres años de cárcel a Jean-Claude Roger Mbédé por declararse a otro hombre por SMS, pena que fue confirmada en diciembre de 2012. Lamentablemente, en enero de 2014 Jean-Claude fallecía, abandonado por su familia, por las complicaciones derivadas del maltrato sufrido.

En abril de 2011 se detuvo a otros tres jóvenes acusados de homosexualidad. En marzo de 2011 un nuevo detenido fue condenado a 36 meses de cárcel, motivo por el cual Amnistía Internacional llevó a cabo una acción. En octubre de 2010 dos jóvenes sufrían una detención y un trato degradante por parte de la Policía. En mayo de 2010 dos detenidos fueron luego condenados a cinco meses de cárcel. En marzo de 2010 otra detención se mezcló con un intento de extorsión por parte de la Policía a un ciudadano australiano. En diciembre de 2009 un joven fue finalmente liberado tras permanecer varios días en prisión en condiciones miserables. En julio de 2013, se conoció la sentencia a prisión de dos hombres detenidos dos años antes por mantener relaciones homosexuales. Más recientemente, en junio de 2014, se dio a conocer la historia de una pareja homosexual que se vio obligada a huir de su localidad tras ser ataca por sus vecinos y detenida por la policía.

Uno de los sucesos más terribles tuvo lugar en julio de 2013, cuando fue brutalmente torturado y asesinado en su domicilio el activista LGTB Eric Ohena Lembembe, conocido por su labor en apoyo a los enfermos de sida y por sus continuas denuncias de las leyes homófobas del gobierno de Camerún y su pasividad ante la violencia desatada contra la población LGTB.

Y estos son solo los casos que trascienden a los medios internacionales. Según Human Rights Watch, al menos 28 personas han sido detenidas por delitos relacionados con la homosexualidad en los últimos tres años.

Además de todos estos episodios de LGTbfobia,  también nos hemos hecho eco de la serie de vídeos “Homosexuales en Camerún: gentes como tú y yo”, breves reportajes que recogen testimonios de personas LGTB perseguidas por su orientación sexual en el país africano.

En Camerún, como citábamos anteriormente, las relaciones homosexuales están penadas con hasta cinco años de cárcel, pero según la activista LGTB Alice Nkom solo se puede detener a una persona si se la encuentra en situación de “flagrante delito”. Desgraciadamente, tal y como corrobora Human Rights Watch, son cada vez más los casos en los que la Policía ignora este requerimiento. Hace ahora dos años las autoridades políticas de Camerún rehusaron de hecho seguir las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de despenalizar la homosexualidad y actuar contra la violencia homofóbica.

Fuente Dosmanzanas

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Las Naciones Unidas acordaron el pasado domingo el contenido de la agenda de desarrollo sostenible para los próximos quince años, que se votará el próximo mes de septiembre. El texto consensuado enumera diecisiete objetivos entre los cuales, a pesar de los esfuerzos de países como Brasil y Reino Unido, no habrá ninguna mención a la lucha contra la discriminación de las personas LGTB.

Decepción en la ONU. Tras una maratoniana discusión de dos días de duración sobre los puntos que se deberían incluir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, los derechos LGTB han quedado finalmente excluidos. Según recoge la web de una organización “pro-familia” de Estados Unidos, el representante brasileño Guilherme de Aguiar Patriota habría presionado para conseguir “una redacción más progresista” de la lista de compromisos que incluyera, aunque fuera de manera implícita, los derechos LGTB.

La propuesta inicial era incluir la “sexualidad” como categoría merecedora de protección contra la discriminación. Si ello no se aceptaba, la frase a añadir sería la de “grupos sociales”, un término lo suficientemente amplio como para incluir a la comunidad LGTB sin mencionarla directamente. También se intentó sustituir el término “sexo” por el de “género” para reconocer a las personas trans.

Finalmente, ninguna de estas propuestas ha llegado a buen puerto. El texto acordado en las negociaciones lideradas por el embajador keniano Macharia Kamau contiene diecisiete objetivos. El décimo de ellos, en su segundo punto, insta a los Estados miembros a:

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

En la redacción final habría sido determinante la postura intransigente de la delegación nigeriana, cuyo representante Usman Sarky exigió un texto “limpio” de referencias a la población LGTB o al aborto. El secretario general de la ONU Ban Ki-moon no hizo ningún comentario sobre este asunto, pero se felicitó por la próxima aprobación de una “agenda de desarrollo sostenible valiente, ambiciona y transformadora para los próximos quince años”.

Derechos LGTB en las Naciones Unidas: un complicado equilibrio

A pesar de algunos estancamientos como el que hoy recogemos, la ONU ha dado pasos muy importantes en los últimos tiempos en el reconocimiento de la realidad LGTB y la lucha contra la discriminación. Ya en 2011 fue aprobada una histórica resolución del Consejo de Derechos Humanos de condena de los actos de violencia y discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, que fue ratificada el año pasado.

Hace dos meses se publicó un informe sobre los derechos de las personas LGTB en el mundo que puede marcar un antes y un después, por el amplio alcance de sus recomendaciones. En 2014, Ban Ki-moon amplió el reconocimiento de las uniones del mismo sexo de los empleados de la organización independientemente de su lugar de origen. Una medida que provocó una disputa con Rusia (que se oponía a la misma) y en la que finalmente se impuso el criterio del secretario general.

Entre los acontecimientos negativos destaca el nombramiento en junio de 2014 del homófobo ministro de Exteriores de Uganda como presidente de la Asamblea General, o la exclusión de las personas LGTB en una resolución sobre la protección a la familia. Un difícil equilibrio entre los países más avanzados en esta materia (entre los que sorprende positivamente el compromiso de los latinoamericanos) y los más virulentamente contrarios a la igualdad LGTB complica muchas veces las discusiones, pero poco a poco se van logrando avances bastante significativos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ban Ki Moon, Brasil, Consejo de Derechos Humanos, Estados Unidos, Guilherme de Aguiar Patriota, Kenia, Macharia Kamau, Naciones Unidas, Nigeria, Reino Unido, Rusia, Usman Sarky

Siempre es una magnífica noticia que un estado despenalice las relaciones homosexuales, y hoy podemos darla. La República de Palaos, formada por más de 300 pequeñas islas de la Micronesia con una población de unos 20.000 habitantes, retiró hace meses de su Código Penal la criminalización de las relaciones sexuales entre varones. Sin embargo la noticia no había trascendido hasta esta semana.

Antes de la reforma, las relaciones sexuales entre varones estaban castigadas en Palaos con penas de hasta 10 años de cárcel (las relaciones entre mujeres no eran tomadas en consideración ni siquiera a efectos penales). Una circunstancia que colocaba a esta pequeña república en la infame lista de países que de una forma u otra consideran ilegal la homosexualidad. Pero, siguiendo las recomendaciones que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo a Palaos en julio de 2011, el Olbiil era Kelulau (Congreso de la República de Palaos) aprobaba en abril su despenalización, que el presidente Tommy Remengesau sancionaba poco después y cuya entrada en vigor se produjo el pasado 23 de julio. A pesar de su relevancia, la noticia no ha trascendido hasta esta misma semana.

Se trata de hecho de la primera despenalización de las relaciones homosexuales que tiene lugar en la región de Asia-Oceanía-Pacífico desde que Fiji hiciera lo propio en 2010, un avance que ha sido saludado por ejemplo por la organización LGTB australiana Kaleidoscope Australia. “Es una noticia maravillosa, que da un gran ímpetu al proceso de reformas en el Pacífico”, ha declarado su presidenta, Paula Gerber.

Sugerencia de Francia, Noruega… y España (en 2011)

Como detalle curioso, nos parece oportuno destacar que la recomendación a Palaos de que despenalizara las relaciones homosexuales fue introducida a iniciátiva de España, Francia y Noruega en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal de la situación de los derechos humanos en ese país elaborado en julio de 2011. Una fecha, conviene recordar, en la que España era todavía un estado respetado en el mundo por sus avanzadas políticas en materia LGTB.

Reproducimos a continuación el texto en castellano de la respuesta a dicha recomendación:

Criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo:

Posición de Palau: Palau acepta estas recomendaciones. Palau adoptará las medidas adecuadas para enmendar la legislación actual de conformidad con las normas internacionales:

62.38 Confirmar su compromiso con la no discriminación despenalizando las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y derogando las disposiciones discriminatorias contra las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales (Francia);

62.39 Armonizar su legislación nacional con su compromiso con la igualdad y la no discriminación, derogando la disposición del Código Penal palauano que sigue penalizando las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo (Noruega);

62.40 Derogar todas las disposiciones de la legislación nacional que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y luchar contra la discriminación de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales mediante medidas políticas, legislativas y administrativas (España).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Consejo de Derechos Humanos, Discriminación, España, Francia, Islas Fiji, Kaleidoscope Australia, Micronesia, Naciones Unidas, Noruega, Palaos, Paula Gerber, Tommy Remengesau

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas adoptó el pasado jueves una resolución de protección a la familia de la que, tras la intervención de Rusia, ha quedado excluida toda mención a la diversidad de realidades familiares. La iniciativa puede sentar un peligroso precedente de amparo a la homofobia de estado.

La idea de crear un comité especial para la protección de la familia dentro del CDH a partir de septiembre surgió de Egipto y Sierra Leona, que, junto con otros 23 países, presentaron el pasado lunes un borrador de resolución cuyo párrafo primero instaba a:

convocar, en su 27º período de sesiones, una mesa redonda sobre la protección de la familia en la que se aborde la cuestión del cumplimiento por los Estados de las obligaciones dimanantes de las disposiciones pertinentes del derecho internacional de los derechos humanos y se debata sobre los retos y las mejores prácticas en esta esfera.

Un día después, un grupo de 32 países liderados por Uruguay propuso una enmienda a este punto que añadiera al final las palabras:

teniendo en cuenta que, en los diferentes sistemas culturales, políticos y sociales, existen diversas formas de familia.

El añadido no fue del agrado de Rusia, copatrocinador de la primera versión del borrador y que amenazó con vetar todo el proceso; la enmienda propuesta por Uruguay ni siquiera se llegó a debatir. Mientras tanto, Arabia Saudí junto con los Emiratos Árabes Unidos y Pakistán presentaron otra enmienda que añadiera al preámbulo de la resolución que:

los hombres y mujeres mayores de edad, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, tienen derecho a casarse y a fundar una familia, teniendo presente que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

Por fortuna, los representantes saudíes retiraron esta versión cuando se supo que la enmienda inclusiva uruguaya no prosperaría. La resolución inicial fue votada y aprobada por 26 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones. Del lado de la propuesta de Egipto y Sierra Leona votaron, además de sus promotores: Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, China, República del Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Gabón, India, Indonesia, Kazajistán, Kenia, Kuwait, Maldivas, Marruecos, Namibia, Pakistán, Filipinas, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y Vietnam.

Contra la moción se posicionaron Austria, Chile, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Japón, Montenegro, Corea del Sur, Rumanía, el Reino Unido y los Estados Unidos. Se abstuvieron Argentina, Brasil, Costa Rica, México, Perú y Macedonia. El resultado de la votación fue recibido con aplausos por los representantes de los países favorables a la versión excluyente de la resolución sobre protección a la familia.

Se trata sin duda de un triunfo diplomático de los países más férreamente opuestos a los derechos de las personas LGTB, con Rusia a la cabeza. Según un interesante artículo de la web estadounidense The Daily Beast, nos encontramos ante una ofensiva en toda regla para incluir los llamados “valores tradicionales” en la categoría de derechos humanos; lo cual podría traer como consecuencia la primacía de la defensa de esos valores tradicionales (hostiles a las mujeres o a los ciudadanos LGTB) sobre los derechos individuales e inalienables de cada persona. Un objetivo camuflado además bajo la conocida excusa de la protección a la familia, que tacha automáticamente de contrario a la misma a quien se oponga a su homófoba agenda.

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