A la par el organismo responsabilizó de la exclusión de los derechos LGBTIQ+ de la propuesta a todo   el espectro partidario y el proceso de reforma: a los bordes constitucionales definidos por el Congreso Nacional, al Anteproyecto de la Comisión Experta y al texto final evacuado por el Consejo Constitucional.

En el marco del Día Nacional de la Diversidad, y a un mes del plebiscito constitucional, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) dio a conocer hoy su postura de rechazo a la propuesta de Carta Magna a votar el 17 de diciembre próximo calificándola como “un caballo de Troya que amenaza la igualdad de derechos y la no discriminación”

En un análisis de 7 de páginas, abajo expuesto, el Movilh ahondó en diversas razones a saber para rechazar el texto a votar en diciembre:

1.- La propuesta no menciona en igualdad de condiciones a los diversos sectores que deben ser protegidos de la discriminación arbitraria,  dejando afuera a las personas LGBTIQ+, entre otros grupos, decidiendo arbitrariamente a cuales incorporar.

2.- La propuesta está cruzada por el binarismo, garantizando derechos exclusivamente a hombres y mujeres, en vez de a todas las personas, dejando afuera a quienes no se identifican con esas categorías.

3.- La propuesta violenta el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, entregando un amplísimo poder a los adultos para que les impongan su moral, ideología y religión, así como para decidir qué tipo de enseñanza deben recibir y donde deben educarse, en un contexto donde aún persisten corrientes en Chile que consideran a las personas LGBTIQ+ como personas enfermas, pecadoras, inmorales o peligrosas.

4.- La propuesta resta poder al Estado para implementar o garantizar sistemas de enseñanza-aprendizaje inclusivos y preventivos de la discriminación.

5.- La propuesta resta valor al principio de la no discriminación, considerándolo como un derecho de menor rango en comparación a otros.

6.- La propuesta tiene un amarre mucho mayor que la actual Constitución para poder modificarla.

7.- La propuesta restringe el respeto a los tratados y estándares internacionales de derechos humanos, dando paso a una interpretación paralela y discrecional de los mismos.

8.- La propuesta refleja en buena parte de sus artículos la ideología exclusiva de la ultraderecha y le otorga en bandeja un mayor poder, pese a ser un sector político que por sí solo, y en todo el mundo, ha sido un peligro para los derechos humanos de grupos vulnerables o históricamente desaventajados.

Finalmente, el Movilh acusó que “este segundo intento para dotar a Chile de una nueva Constitución fue, en términos concretos y reales, indiferente e insensible durante toda su tramitación a la realidad LGBTIQ+,  desde el momento mismo que se generaron las bases constitucionales, hasta pasar por la Comisión Experta y terminar con el texto evacuado por el Consejo Constitucional”. Por tanto, en relación a la exclusión LGBTIQ+ la responsabilidad es de todo el espectro político-partidario.

Declaración completa del Movilh con análisis y argumentos sobre las 8 razones para rechazar.

El pasado 7 de noviembre el Consejo Constitucional, 22 de cuyos 50 integrantes son de extrema derecha y abiertos opositores/as a los derechos LGBTIQ+, entregaron al presidente Gabriel Boric su propuesta de Carta Magna [1], la cual deberá ser votada en Chile en el plebiscito del próximo 17 de diciembre.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) valora los esfuerzos de quienes intentaron generar una propuesta constitucional representativa, no excluyente, que respetara la universalidad de los derechos humanos; al margen de cualquier  ideología o interés político-partidario; y muy especialmente aplaudimos al escaso puñado de autoridades o personas que propusieron mencionar explícitamente en la Carta Magna a todos los sectores discriminados, incluida la población LGBTIQ+.

El resultado, pese a los esfuerzos, no está a la altura de las transformaciones culturales y sociales experimentadas por el país y, en el caso específico de los derechos LGBTIQ+ es una apuesta regresiva que constituye un peligro. De haber estado vigente la Constitución que se propone, poco o nada hubiesen avanzado los derechos LGBTIQ+ en Chile.

Nos posicionamos, en consecuencia, en contra de la propuesta, y llamamos a las personas LGBTIQ+, a sus familiares, amigos/as y conocido/as a leer detenidamente el proyecto y a votar informado/a, en conciencia, solidaridad y empatía con cada persona que habita este país. La Constitución debe representar y garantizar derechos a todas las personas y la propuesta que se someterá a votación está muy distante de ese fin.

En nuestro análisis de la propuesta constitucional no levantamos fantasmas o mitos o recurrimos a falsedades, como aquella que señala que dicho proyecto no menciona o no incluye el derecho a la no discriminación, pues si lo incorpora, pero en medio de otros artículos limitantes y regresivos.

Tampoco pretendemos responsabilizar de la invisibilidad de los derechos LGBTIQ+ exclusivamente a la ultra derecha. Como organismo totalmente autónomo, independiente, sin presencia en el aparato estatal, ni interferencias partidarias, podemos concluir, en función de sólidos antecedentes, que la responsabilidad, al menos en lo referente a  la exclusión de la diversidad sexual y de género, es transversal y atraviesa todo el proceso y a todos los sectores políticos-partidarios que participaron del mismo.

Este segundo intento para dotar a Chile de una nueva Constitución fue, en términos concretos y reales, indiferente e insensible durante toda su tramitación a la realidad LGBTIQ+,  desde el momento mismo que se generaron las bases constitucionales, hasta pasar por la Comisión Experta y terminar con el texto evacuado por el Consejo Constitucional.

Vamos por paso.

El 17 de enero del 2023 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.553 “para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República”.

En su artículo 154 dicha ley enumeró las bases institucionales y fundamentales de la que sería la nueva Carta Magna según lo aprobado por el Congreso Nacional. Se trató de 12 puntos considerados los bordes o límites sobre los cuales la Comisión Experta debería redactar un Ante-Proyecto.

Ninguna de las bases mencionó siquiera el derecho a la  no discriminación, mientras que sí estableció como un borde excesivamente amplio el “derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos”, lo cual abrió la puerta para que el proyecto constitucional final virara hacia graves limitaciones contrarias a la autonomía progresiva y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes (NNA), con posibilidades ciertas de ser usado contra las personas LGBTIQ+ y otros sectores vulnerables o desaventajados.

El amplísimo poder cedido a adultos para imponer su moral, ideología o religión; planos donde la orientación sexual, identidad de género o expresiones de género diversas suelen ser denostadas; inhabilita, o si se quiere dificulta,  las facultades del Estado para generar planes educacionales inclusivos, prohibitivos de la homo/transfobia y que garanticen el igualitario acceso a derechos de todos/as los/as NNA.

“Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones, la libertad de conciencia y de culto, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la libertad de enseñanza y el derecho-deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos, entre otros” señalaba el punto 9 de las bases constitucionales. En otras palabras, más relevante que el derecho a la no discriminación, fueron para las bases constitucionales el derecho de propiedad o la libertad de conciencia o de culto.

La Comisión Experta, y muy en particular la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, no lo hizo mejor.

La Comisión Experta de 24 miembros sesionó entre el 6 de marzo y 30 de mayo del 2023, caracterizándose por una composición transversal,  solo en el sentido de que representaba con equilibrio a las fuerzas partidarias del Congreso Nacional, siendo 12 integrantes designados por la Cámara de Diputadas y Diputados y 12 por el Senado. Leer más…

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Alegando que no son homo/transfóbicos, los miembros del Partido Republicano llegaron  al extremo de cuestionar a otros congresistas por invitar al Movilh al trámite legislativo de la reforma a la Ley Zamudio. El Movilh repudió la arremetida, calificándola de “tan homo/transfóbica, como absurda y ridícula”.

Una insólita y nueva arremetida propinaron congresistas del Partido Republicano contra el quehacer del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), a un punto que cuestionaron a otros congresistas por invitar a la organización a  la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio y solicitaron que se cite al colectivo LGBTIQ+ al Congreso Nacional para que explique porque distintas autoridades de extrema derecha son calificadas como homo/transfóbicas.

La arremetida se expresó ayer en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, presida por Jaime Naranjo (PS), en momentos cuando se tramitaba la reforma a la Ley Zamudio y el Movilh gestionaba que se prohibieran en esa norma las terapias reparativas de la homo/transexualidad.

Por un lado, el diputado republicano Cristián Araya pidió a la Comisión que cite al Movilh para que explique el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, donde se identifica a varios miembros de su partido como discriminadores.

“Solicitamos (…) que en la próxima sesión pueda participar el Movimiento de Liberación Homosexual, el Movilh, (….) toda vez que ellos sacaron un Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género en Chile, en el cual establece un Ranking de personas homofóbicas y transfóbicas. (…) sería interesante que pudiesen plantear, a razón de los intereses de esta Comisión, los alcances de este Ranking, cuáles fueron los criterios (…) Hay varios integrantes de esta Comisión, incluso algunos presentes en la Sala, que han sido incorporados. Entonces sería muy interesante saber a qué se refieren con una mención en segundo lugar de algunos parlamentarios presentes aquí en la sala, entre los que se incluyen algunos colegas”, dijo Araya.

Añadió que “estamos discutiendo un proyecto contra la discriminación. Y evidentemente si se ha confeccionado un ranking en el que se identifican personas o instituciones, eso nos podría dar luces de algún comportamiento o alguna cosa que se quiera sancionar. Aparte Presidente, creo que es muy grave que se les señale como homofóbicos o transfóbicos”.

En respuesta, el presidente de la Comisión, Naranjo, y la diputada Lorena Pizarro (PC) señalaron no tener inconvenientes para citar al Movilh,  pero aclararon que ello debería ser después de tramitada la reforma la Ley Zamudio, acordándose finalmente ello.

“Motivados por su homo/transfobia los republicanos no solo han hecho una insólita petición, sino que claramente buscaban citarnos con el fin de demorar aún más la tramitación de la Ley Zamudio. Valoramos que la Comisión tuviera conciencia de eso, y no cediera a las intenciones de Araya, dejando nuestra citación para después de la tramitación de la reforma a la Ley Zamudio”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Con todo, añadió Jiménez, “lo repudiable es que los republicanos usen y a abusen del tiempo del Congreso Nacional para que nuestra organización les explique porque los consideramos homo/transfóbicos. Lejos de intimidar, los republicanos dejan en evidencia que quieren usar al Congreso Nacional para fines personales y corporativistas. Llamamos a los seguidores o simpatizantes del Partido Republicano a tomar nota sobre dónde invierten su tiempo estos congresistas, en vez de estar preocupados de los problemas que afectan al país”.

El dirigente finalizó, que esta petición es “tan ridícula como absurda, pues al mismo tiempo que piden que nos citen, los republicanos han cuestionado a diversas autoridades por invitarnos al Congreso Nacional a participar de trámites legislativos vinculados al sector que representamos, y así quedó reflejado ayer. Es decir quieren que solo por decisión de ellos, y no de otros, podamos pisar el Congreso Nacional. Es simple, están obsesionados con vetarnos y al unísono quieren citarnos”.

En efecto, en la misma sesión de ayer, el diputado republican Johannes Kaiser Barents-Von Hohenhagen pidió que “nos pudiesen informar qué parlamentario ha sido el que invitó a participar al Movilh en esta reunión”

“Hay varios diputados y yo me sumo a que también los invité”, le señaló el senador Naranjo, a lo que el republicano contestó  “solo quería tenerlo presente en razón de que las listas negras son de otra época y aquí tengo una en la mano generada por esa organización”.

Lo que el diputado tenía en la mano era el Ranking Anual de la Homo/Transfobia que elabora cada año el Movilh para denunciar e identificar a las personas e instituciones que a lo largo de los años han discriminado en razón de su orientación sexual o identidad de género

“A los homo/transfóbicos no les gusta ser calificados como discriminadores. Es más niegan serlo. Por ello, y por otras muchas razones, es que deben existir Informes de DDHH, como el nuestro. Solo así se puede saber quienes discriminan. Además de un registro, es una iniciativa a favor de las víctimas de la homo/transfobia. Por cierto, esta arremetida de odio de los republicanos, solo da fuerza a la elaboración del  Ranking de la Homo/Transfobia”, finalizó el Movilh.

Video de la arremetida republicana aquí: 

Fuente MOVILH

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La denominada División de Igualdad y No Discriminación será tramitada en el marco de la reforma a la Ley Zamudio. Estará conformada por un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria y tendrá un costo anual de 677.413 millones de pesos anuales. El Subsecretario de DDHH se reunió ayer con el Movilh para abordar los alcances de la iniciativa.

El Gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó esta semana a tramitación una indicación al Proyecto de Ley que Reforma la Ley Zamudio con miras a crear una División de Igualdad y No Discriminación, una antigua demanda impulsada desde el año 2012 por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para dotar al país de una entidad estatal que haga frente a las exclusiones arbitrarias.

Los alcances División de Igualdad y No Discriminación fueron hoy expuestos en la Comisión de DDHH de la Cámara, que preside del diputado Jaime Naranjo (PS), por el Ministerio de Justicia y DDHH, Luis Cordero, en compañía del subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano, quien ayer conversó con el Movilh sobre los alcances de la propuesta en cita sostenida en dependencias gubernamentales.

“Estamos esperanzados con este paso dado por el Ejecutivo, pues con una institucionalidad antidiscriminatoria todas las políticas públicas y leyes contra las exclusiones arbitrarias aprobadas desde la recuperación de la democracia tendrían efectivo seguimiento y podrían ser perfeccionadas o actualizadas. Con una institucionalidad estatal se avanzará decididamente para que el derecho humano a la no discriminación deje de depender de las autoridades de turno”, señaló el histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

Jiménez añadió que “si bien la institucionalidad propuesta por el Gobierno no tiene la densidad económica e institucional que hubiésemos querido, y le falta mayor autonomía del Gobierno de turno, bien se puede perfeccionar en el Congreso Nacional. Con todo, en caso de ser aprobada, sin duda este será un primer paso para luego ir fortaleciendo la institucionalidad en función del trabajo y demanda que vaya teniendo”.

La División de Igualdad y No Discriminación, de acuerdo a la indicación gubernamental, quedará radicada en la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y tendrá como fines promover “planes, políticas y programas” contra las excusiones , “prestar apoyo a los órganos del Estado”,  “propender a la coordinación del sector privado con el sector público”, “diseñar y ejecutar programas de capacitación y promoción”, “difundir contenidos” favorables a la diversidad social, “orientar” a las víctimas de la discriminación y “celebrar convenios”.

La División de Igualdad y No Discriminación contará con un/a Jefe/a de División y 13 profesionales a nivel central, siendo su presupuesto anual proyectado de $856.058 millones para su primera etapa y de  $677.413 millones anuales desde el segundo año en adelante

La entidad contempla además un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria compuesto por el/a Subsecretario/a de Derechos Humanos, que será su presidente/a,  y un/a representante de la Subsecretaría General de Gobierno, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; del Poder Judicial, del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados, del INDH y de la Defensoría de la Niñez. A estos se añadirán seis representantes de organizaciones de la sociedad civil.

A su vez, tendrán derecho a voz, un representante del sector empresarial y otro del  campo laboral.

El Consejo, señala la indicación sesionará cada seis meses. Sus recomendaciones “serán de carácter público y deberán recoger  la  diversidad de opiniones existentes en el cuando no haya unanimidad respecto de estas”.

Entre otras labores, el Consejo recomendará políticas públicas, evacuará informes y requerirá antecedentes a otros órganos estatales.

Fuente MOVILH

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La Ley Tamara, que incluye la derogación del artículo 365 del Código Penal, fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, solo falta que el Presidente promulgue la ley. Para el Movilh, “hoy cerramos un ciclo histórico en la lucha por la igualdad para las personas LGBTIQA+”

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer por 116 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones la Ley Tamara, norma que entre otros puntos iguala en 14 años la edad de consentimiento sexual para parejas de igual y distinto sexo al derogar el artículo 365 del Código Penal, la última ley homofóbica vigente en Chile.

El histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, quien desde 1999 luchó por la derogación de artículo 365, sostuvo que “definitivamente hoy cerramos un ciclo en la lucha por la igualdad legal legal para las personas LGBTIQA+, pues se ha eliminado del ordenamiento jurídico la última ley que discriminaba en razón de la orientación sexual de las personas”.

“Podemos concluir que Chile ha entrado en el listado de países cuyos Estados más garantizan derechos LGBTIQA+, al menos en lo formal. Y es que a la derogación del 365 del Código Penal, sumamos las existencia de otras 15 leyes protectoras de los derechos de las personas LGBTIQA+, así como políticas públicas inclusivas en Salud, Trabajo y Educación que hemos conseguido en las últimas tres décadas”, añadió el encargado de derechos humanos del Movilh, Ramón Gómez.

En tanto, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga apuntó que “desde ahora la lucha no será si incluir o no a las categorías de orientación sexual, identidad o expresión de género en las leyes o políticas públicas, una etapa supera que nos costó sangre sudor y lágrimas. Ahora la inclusión de esas categorías no es polémica. La lucha que sigue es perfeccionar o ampliar derechos ya conquistados, sobre bases sólidas ya conseguidas. Estamos felices por cerrar este ciclo”

Junto con derogar el artículo 365 del Código Penal la Ley Tamara Refuerza la Protección Penal de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Solo porque la ley incluía la derogación del artículo 365 los congresistas del Partido de la Gente, Yovana Ahumada, Karen Medina y Víctor Pino votaron en contra. “No es posible haber utilizado la loable ley Tamara, (…) introduciendo una indicación que nada tiene que ver con esta ley. Votamos en contra para forzar una comisión mixta, que permitiera dejar fuera ese artículo impropio”, señalaron en un comunicado.

Por la misma razón se abstuvieron los republicanos Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Gonzalo de la Carrera, Juan Irarrázaval, Johannes Kaiser, José Carlos Meza, Benjamín Moreno, Agustín Romero, Cristóbal Urriticoechea, más Renzo Trisotti (UDI), Sara Concha (PCC),  Francesca Muñoz (RN), y los independientes Harry Jurgensen (IND) y  Mauricio Ojeda (IND).

Fuente MOVILH

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El Senado aprobó la derogación, igualando así la edad de consentimiento sexual para homosexuales y heterosexuales. Si bien el proyecto de ley iniciará un tercer trámite en la Cámara, la derogación del 365 ya es un hecho, pues este avance había sido previamente aprobado por diputadas y diputados.  Tras luchar desde 1999  por la derogación de la ley, el Movilh  calificó de histórico el avance.

El Senado aprobó hoy en segundo trámite la derogación del artículo 365 del Código Penal, hecho calificado como “histórico” por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pues “se trata de la eliminación de nuestro ordenamiento jurídico de la última ley explícitamente homofóbica vigente en Chile”, señaló la organización que hoy asistió al Congreso Nacional para gestionar los respaldos a la iniciativa.

La derogación del artículo es parte del Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal para Reforzar la Protección Penal de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, más conocido como Ley Tamara.

La derogación del 365 del artículo del Código Penal fue aprobada tras rechazarse, por 29 votos contra 15  y 1 abstención, una indicación homofóbica que buscaba mantener la norma. Tal indicación fue presentada por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Iván Moreira (UDI),  Rafael Prohens (RN), Enrique Van Rysselbergue (UDI), Juan Castro  Prieto (Ind) y Francisco Chahuán (RN), entre otros.

En lado contrario, la senadora Isabel Allende (PS)  leyó en Sala un mensaje del Movilh a favor de la derogación. En la ocasión, también se pronunciaron  contra la vigencia de la homofóbica norma los/as senadores/as Matías Walker (DC), Felipe Kast (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Rodrigo Galilea (RN).

El Movilh, que desde 1999 viene luchando por la derogación del 365 y toda esta jornada gestionó los respaldo de senadores/as, sostuvo que con el proyecto “aprobado hoy en el Senado se terminará con el estigma que pesa sobre los jóvenes homosexuales, cuya orientación y prácticas sexuales son consideradas un delito pese a no existir abusos o atropellos de por medio contra terceras personas y pese a la ausencia de cualquier otro delito ya sancionado por nuestra legislación”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “al eliminarse esta anacrónica norma,  la lucha por la igualdad LGBTIQA+ cierra un ciclo, donde ya nadie nunca más será sancionado por amar o desear alguien de su mismo sexo, lo cual a su vez se enmarca en otros derechos ya conquistados y que mediante leyes o políticas públicas prohíben o previenen la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Hoy dimos un paso contundente y decisivo hacia la plena igualdad legal, un derecho ya garantizado en la Constitución, pero que históricamente ha sido tan esquivo para las personas LGBTIQA+”.

Movilh presente en la discusión en el Senado.

La opinión fue compartida por el activista del Movilh, Felipe Castillo, un joven de 18 años a quien el 365 del Código Penal lo ha afectado de manera directa. “Hoy se hizo justicia, hoy quedó lapidada la última ley abiertamente homofóbica que lo único que hacía era estigmatizar y establecer personas de primera y segunda categoría en base a su orientación sexual».

«Agradecemos a todos/s/as los/as senadores//as que hicieron posible este cambio. Con la derogación del artículo 365 se  iguala la edad de consentimiento sexual para homosexuales y heterosexuales”. añadió el Movilh.

Si bien el proyecto de ley pasará a tercer trámite “lo concreto es que la derogación del 365 del Código Penal ya es un hecho, pues había sido previamente aprobada por la Sala de la Cámara de de Diputadas y Diputados, la cual deberá ver en tercer trámite solo aquellos puntos en los cuales el Senado introdujo cambios.

En 2016, y en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de DDHH, Çhile se comprometió a derogar el artículo 365 del Código Penal,

El Movilh valoró, por último, el excelente trabajo desarrollado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en torno al proyecto de ley donde su presidente Matías Walker (DC), jugó un rol de primer orden para la derogación del artículo 365 del Código Penal, contando con los respaldos de los/as parlamentarios/as Luz Ebensperger (UDI),  Pedro Araya (IND) y Alfonso De Urresti (PS).

Apoyaron hoy con su voto la derogación del 365 del Código Penal, los/a senadores/as Isabel Allende, Pedro Araya, Karim Bianchi, Fabiola Campillai, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Luciano Cruz-Coke, Alfonso De Urresti, Luz Ebensperger, Alvaro Elizalde, Fidel Espinoza, Rodrigo Galilea, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Paulina Nuñez, Daniel Núñez, Ximena Órdenes, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Jaime Quintana,  Ximena Rincón, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda, Jorge Soria, Esteban Velásquez y Matías Walker

En contra se pronunciaron los/as senadores/as Carmen Gloria Aravena, Juan Castro Prieto, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Sergio Gahona, José Garría Ruminot,  María José Gatica, Carlos Kuschel, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, David Sandoval, Gustavo Sanhueza y Enrique Van Rysselberghe. En tanto, Rafael Prohens se abstuvo.

Fuente MOVILH

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Luego de el legislador solicitara al Congreso Nacional que impidiera el ingreso del Movilh por luchar por la derogación del artículo 365 del Código Penal, acusando a activistas LGBTIQA+ de promover la pedofilia.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó hoy a  la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara “investigar y sancionar al diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, quien ha emitido dichos homofóbicos que dañan la dignidad de las personas LGBTIQA+ y de los/as defensores/as de derechos humanos que luchamos por la plena igualdad legal”

En carta dirigida a todos/as los congresistas de la Comisión de Ética y Transparencia, el Movilh acusó que Urriticoechea “ha asociado nuestra lucha por la derogación del artículo 365 del Código Penal con la promoción de la pedofilia, un discursos homofóbico e injurioso a todas luces. Por ello, anunciamos ya una masiva marcha por la derogación del articulo 365 y contra los dichos de Urruticoechea para el sábado 25 de junio a las 14:00 horas en la Plaza de la Dignidad”.

“Además de asociar la lucha por la igualdad legal de las personas LGBTQA+, con la pedofilia, en una clara muestra de homofobia, Urriticoechea ha solicitado que se impida el ingreso de Movilh al Congreso Nacional, un veto tan dictatorial, como abusivo, que transforma a la Cámara en un escenario permisivo con discursos de odio”, apuntó el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez.

“Recordamos a ustedes que el artículo 365 fija en 18 años la edad de consentimiento sexual para parejas del mismo sexo, en circunstancias que para heterosexuales es de 14 años. Lo que buscamos con la derogación del mencionado articulo es igualar la edad de consentimiento sexual entre parejas homosexuales y heterosexuales, antes que bajarla o subirla”, señaló el Movilh a la Comisión de Ética

Añadió que “ha sido el Congreso Nacional el que determinó la edad de consentimiento sexual en 14 años para heterosexuales y ello, en ningún caso por lo demás, ha sido considerado por la legislación chilena como una promoción de la pedofilia.  Urriticoechea nada ha  dicho sobre esta edad de consentimiento para heterosexuales, resultando entonces más que obvio que sus discursos y acciones contra la derogación del artículo 365 y el quehacer de nuestra organización solo están motivados por la homofobia”.

“El articulo 365 del Código Penal es una abierta discriminación que el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido a Chile revisar. Más aún, Chile se comprometió a eliminar este artículo en un Acuerdo de Solución Amistosa firmado ante la Comisión Interamericana de DDHH con nuestra organización, pues vulnera la igualdad ante ley solo en razón de la orientación sexual de las personas. En otras palabras, es un compromiso de Estado que toda autoridad debe velar porque se cumpla”, apuntó el Movilh.

Los dichos de Urriticoechea

Urriticoechea señaló este martes 31 de mayo  que derogar el artículo 365 del Código Penal es  “permitir la pedofilia, y es lo que han tratado de hacer hace mucho tiempo ONGs, a través de sus lobbies ideológicos con el amparo de algunos diputados. Es nuestro deber proteger a las familias, y sobre todo a los niños”, expresó el republicano.

“No es posible que quienes concuerdan con la ideología de género, especialmente el Movilh, quieran permitir de manera oculta la pedofilia, alegando una falsa discriminación”, dijo

“Solicito a usted, presidente, que se evalúe el ingreso de aquellas personas que no son diputados ni tienen ninguna relación laboral con el Congreso y quieren permitir este tipo de monstruosidades en nuestro país”, manifestó el diputado en su intervención en la Cámara Baja.

Fuente MOVILH

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El Movilh, que impulsó la incorporación de niños, niñas y adolescentes (NNA) LGBTIQA+ en la ley; consideró que la norma “se transforma en la principal y más importante herramienta jurídica para hacer frente a los abusos que sufre este grupo humano desde la infancia”.

El Congreso Nacional aprobó ayer la Ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia”, lo cual fue calificado de histórico por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), pues es la primera norma que protege explícitamente y de manera integral a niños, niñas y adolescentes (NNA) LGBTIQA+, además de reconocer la doble maternidad o paternidad.

Luego de que el presidente Sebastián Piñera retirara el veto a  seis de sus siete observaciones, la Sala de la Cámara aprobó la ley por 101 votos a favor y 2 en contra y, horas más tarde,  el Senado lo ratificó por 33 votos a favor y 1 abstención.

“Durante su último período de  tramitación los derechos de NNA LGBTIQA+  y de las familias homoparentales no estuvieron en juego, pues los cambios de Comisión Mixta y el veto de Piñera no apuntaban a modificar esos temas, todos aprobados en el primer trámite en la Cámara tras propuestas impulsadas por nuestra organización”, señaló el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez.

“Estamos muy felices por este paso histórico que abre mejores condiciones de vida para todos/as los/as NNA al margen de su orientación sexual, identidad o expresión de género, o de la composición de sus familias. Los/as NNA LGBTIQA tienen ahora, desde que nacen protección jurídica garantizada. Esto es revolucionario y único. El desafío, sin duda ahora, es avanzar en mejor protección para los adultos/as mayores LGBTIAQ+, uno de los sectores más abandonados del país”, apuntó Gómez.

Los artículos aprobados ayer de mayor relevancia para los derechos  de los/as niños/as LGBTIQA+  son el 8 y el 26, precisó el Movilh.

El  artículo 8 establece que “ningún niño, niña o adolescente podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su (…) sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales”, entre otras categorías, ni tampoco por  la “actividad o estatus suyo o de sus padres y/o madres, familia, representantes legales o de quienes lo tengan legalmente a su cuidado”.

En tanto, el artículo 6 se señala que todo/a NNA “tiene derecho a conocer la identidad de sus padres y/o madres, su origen biológico, a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género, conforme a la legislación vigente”.

“A lo expuesto se añade que el proyecto de ley reconoce la diversidad familiar al enfatizar la existencia de “padres y/o madres” en los artículos 26, 27, 39, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 56, 59, 62, 66, 70, 72, 80”, explicó Gómez.

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El Movilh, que inició la recolección de firmas a favor del matrimonio y de la reforma a la Ley Zamudio, acusó que la mayoría congresista pro-LGBTIQ+ “no ha pasado del discurso a la práctica, provocando el mismo efecto que desean los homofóbicos: aún no hay igualdad legal para las parejas del mismo sexo, ni para las familias homoparentales.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) envió hoy una misiva a todos/as los congresistas exigiendo la rápida aprobación del matrimonio igualitario, al tiempo que inició una campaña a favor de los derechos LGBTIQ+ que, entre otros puntos, contempla la recolección de firmas a favor de la mencionada ley y de una reforma a la ley Zamudio.

El encargado de Derechos Humanos del Movilh, Ramón Gómez, precisó que “en el Congreso Nacional hay dos sectores. Uno minoritario que rechaza al matrimonio igualitario y uno que hace más de una década es mayoría y dice apoyar esta ley, pero aún  no la aprueba. Por tanto, la responsabilidad de que aún las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales no cuenten con igualdad legal es tanto de los que se declaran pro-LGBTIQ+, pero no llevan su discurso a la práctica, como de quienes se oponen a esta ley, pues el efecto que provocan es, en términos prácticos, el mismo”.

En tal sentido, el Movilh inició hoy en redes sociales una campaña donde consulta a los congresistas “¿Este Congreso Nacional se irá sin haber aprobado el matrimonio igualitario? ¿Dónde está el apoyo que hace casi más de una década manifiesta la mayoría de los congresistas a esta ley? Apoyar la causa LGBTIQ+ no es un discurso. Debe ser una acción”.

Junto a ello, el Movilh comenzó un proceso de recolección de firmar a favor del matrimonio igualitario y de la reforma a la Ley Zamudio, al tiempo que envió una carta a todos los congresistas exigiendo el avance de ambas normas.

Puedes sumarte a esta petición firmando aquí

Fuente MOVILH

General Chile, Congreso Nacional, Ley Zamudio, Matrimonio igualitario, MOVILH, Ramón Gómez, Recogida de firmas

El máximo tribunal rechazó además las pretensiones del oficialismo para que se privilegie a parejas heterosexuales, calificando  de inconstitucional tal postura. El Movilh, festejó el informe de la Suprema 

En un informe dirigido al Congreso Nacional, la Corte Suprema se mostró totalmente partidaria de la adopción homoparental, además de calificar como inconstitucional los intentos del oficialismo por privilegiar a parejas heterosexuales para la crianza, siendo el pronunciamiento celebrado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En un informe de 55 páginas y firmado por el presidente del máximo tribunal, Haroldo Brito, la Suprema señaló que el proyecto de ley que en la actualidad tramita el Congreso Nacional “permite que dos personas, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género, puedan solicitar la adopción de un niño, niña o adolescente (NNA), según se desprende de los artículos 1°, 5°, 28° y 35°, lo que constituye un avance hacia la plena igualdad ante la ley y dignidad de todas las personas”.

La Suprema fue más lejos y rechazó incluso una indicación aprobada en la Cámara de Diputados e impulsada por el oficialismo donde se establece que   “si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo de forma preferente”.

“La restricción consistente en que la consideración preferente solo existirá respecto del NNA que desea ser adoptado por una madre y un padre, no concuerda con la garantía de igualdad ante la ley, reconocida en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues al resto de los NNA no se les otorgará dicho trato preferente. Asimismo, se infringe lo dispuesto en el artículo 2° de la Convención de Derechos del Niño, la cual prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos”, señaló la Suprema.

Para la Suprema  en la indicación del oficialismo “trasunta el deseo de favorecer a las parejas constituidas por un hombre y una mujer, generándose un espacio de privilegio respecto a parejas que se conforman de forma distinta, lo cual desconoce el derecho de los NNA, reconocido en el proyecto a vivir en una familia sin importar su composición”.

Pese a ello, representantes de la UDI y RN persistieron hoy con su homofobia

“Siempre hemos considerado que, cuando hablamos de adopción de un niño, niña o adolescente, debe primar que se les restituya lo que el niño perdió, porque el derecho es del niño. Y el menor tiene derecho a tener el padre y la madre que perdió. Por lo mismo, mantenemos nuestra indicación, que va en la lógica correcta, de escuchar al niño, en especial, cuando quiere un padre y una madre”, dijo a La Tercera el diputado Juan Antonio Coloma (UDI)

En una postura similar manifestó el diputado Diego Schalper (RN). “Me cuesta entender que en momentos en que estamos valorando el complemento de hombres y mujeres en el mundo de la academia, en el mundo de lo público, en el mundo de los emprendimientos, no seamos capaces de ver que este complemento hombre-mujer es tan importante en la formación de un niño. Entonces, yo siento que, si un niño quiere expresar ese sentir, no solo no es una discriminación, sino que además es una legítima aspiración de cara a su interés superior”, dijo.

Reacción del Movilh

El Movilh, organismo que impulsó junto a parlamentarios las indicaciones favorables a la adopción homoparental, consideró que “la definición de la Suprema es bastante clara y favorable a los derechos de niños o niñas a ser criados por la mejor familia posible, sea cual sea la orientación sexual de sus padres o madres. Esto se enmarca en los estándares internacionales de derechos humanos y lo valoramos totalmente”.

El informe, “se enmarca además en el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y nuestra organización firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) justamente para el avance de la adopción homoparental. Es un deber de todos los poderes del Estado, respetar este acuerdo”, señaló la vocera del Movilh Daniela Andrade.

En tal sentido, Andrade llamó a los opositores a la adopción homoparental a “cesar con su persistente homofobia que vulnera los derechos de los niños y niñas. Esperamos además que tras el Informe de la Suprema, el Ejecutivo desista de su idea de privilegiar a heterosexuales para la adopción, Esta es una señal homofóbica intolerable, pues viene a decir que la orientación sexual determina la calidad de la paternidad y la maternidad, lo que solo es un prejuicio y una falsedad”

Historia de la tramitación en la Cámara

La Cámara de diputados aprobó y despachó al Senado el pasado 8 de mayo la reforma a la ley de adopciones.

La inclusión de las parejas del mismo sexo en el proyecto de ley se dio en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh asumieron ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH). En dicho acuerdo el Estado de Chile comprometió la adopción homoparental.

En tal contexto, el pasado 24 de enero la Comisión de Familia y del Adulto Mayor despachó el proyecto de reforma integral al sistema de adopción en Chile, tras aprobar diversas indicaciones impulsadas por diputados/as y el Movilh luego de que la propuesta de ley original privilegiará a parejas heterosexuales para la adopción.

En efecto, el 13 de junio del 2018 la Comisión de Familia aprobó la adopción homoparental, al establecer que la crianza puede desarrollarse en el seno de una familia, ‘cualquiera sea su composición’, superando así la redacción original que llamaba a dar prioridad a uniones compuestas por una madre y un padre.

En tanto, el 26 de septiembre del 2018 la Comisión de Familia aprobó expresamente la adopción por integración para parejas de igual y distinto sexo, fueran de hecho o con unión civil, mientras el 12 de diciembre dio luz verde a un artículo que protege  de la discriminación a todas las categorías contempladas en la Ley Zamudio, incluida la orientación sexual y la identidad de género.

Además en noviembre del 2018 fracasó un intento de diputados evangélicos por incluir un homofóbico artículo en la ley de adopciones, mientras el 24 de enero del 2019 se aprobó el procedimiento para que los convivientes civiles puedan adoptar a los hijos/as biológicos/as de sus parejas y el 24 de abril anterior la Comisión de Hacienda aprobó el informe financiero del proyecto

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Adopción Homoparental, Congreso Nacional, Corte Suprema, Daniela Andrade, MOVILH

En caso de que los padres o madres se opongan, el tema será definido por un juez. Movilh valoró el avance y espera que próximamente la Comisión también permita a menores de 14 años cambiar su nombre y sexo legal.

La Comisión Mixta del Congreso Nacional que analiza el proyecto de ley de identidad de género aprobó ayer que los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años puedan cambiar su nombre y sexo legal en un Tribunal de Familia, aún cuando sus padres, madres o representantes se opongan, lo cual fue valorado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En concreto se aprobó una indicación del diputado DC Matías Walker donde se establece que “a falta de autorización del representante legal o de quien lo tenga bajo su cuidado personal, o si este no es habido, el menor de 18 y mayor de 14 podrá solicitar la intervención del juez para que constate la correcta fundamentación de la solicitud y que cuenta con las condiciones necesarias para formular la solicitud”,

La iniciativa fue aprobada con 5 votos de los senadores Juan Latorre (RD) y Adriana Muñoz (PPD), y de los diputados Walker, Raúl Saldívar (PS) y Natalia Castillo (RD). En contra estuvieron los senadores Felipe Kast (Evópoli), Jacqueline van Rysselberghe (UDI) y el diputado RN Diego Schalper, mientras que Jaime Bellolio (UDI) se abstuvo.

Con anterioridad la Comisión Mixta ya había aprobado que los mayores de 18 años puedan cambiar su nombre y sexo legal con un trámite simple en el Registro Civil, “faltando ahora solo que se fije postura en torno a los menores de 14 años”, sostuvo el Movilh, organismo que ayer asistió a la sesión de los senadores y diputados.

“Al permitirse que un adolescente pueda al menor tramitar el cambio de su nombre y sexo legal sin autorización de sus representantes, se está privilegiando el interés superior del niño, y muy especialmente, el Congreso Nacional se está haciendo cargo de que las familias en muchas ocasiones son las responsables de la discriminación contra sus parientes trans debido a la ignorancia y prejuicios”, sostuvo el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

El dirigente aplaudió “esta humana indicación del diputado Walker. Esperamos que la voluntad a favor de los menores de 18 años, también se traspase a todos los niños y niñas. En Chile, hoy un niño o niña de 4 o 5 años puede cambiar su nombre y sexo legal en tribunales civiles. Sería absurdo, y atentatorio contra los derechos humanos, que una ley sobre identidad de género viniera a cercenar un derecho ya existente”.

En otro ángulo, el Movilh participó ayer de una jornada temática denominada “Adopción e Interés superior del niño, nuevos enfoques”, que organizó la comisión de familia y adulto Mayor de la Cámara de Diputados. En tal lugar, el movimiento LGBTI se pronunció a favor de la adopción homoparental.

Fuente MOVILH

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