La firma del nuevo tratado de libre comercio norteamericano dejaba el viernes pasado un desagradable cambio de última hora. La versión final rebaja el carácter vinculante de la protección frente a la discriminación laboral basada en la orientación sexual y la identidad de género, presente en el texto inicial. Ni siquiera con la nueva formulación, más laxa, se ha dado por contenta la administración Trump. Ante la amenaza de varios congresistas republicanos de rechazar el tratado si se hacía referencia a la realidad LGTB, Estados Unidos se ha autoexcluido de la medida con una nota al pie en la que especifica que el país no va a tomar nuevas medidas en esa dirección.

El pasado 30 de noviembre, el ya expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau firmaban el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio en vigor desde 1994. Era el resultado de dos años de negociaciones y ahora deberá superar la ratificación parlamentaria en cada uno de los Estados signatarios. En el ámbito LGTB, la administración Trump ha conseguido, tras diluir su carácter vinculante, autoexcluirse de una ambiciosa formulación contra la discriminación laboral tras las presiones de los republicanos.

El texto original, en su artículo 23, instaba a los tres países a apoyar «políticas que protejan a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo, inclusive con relación al embarazo, acoso laboral, orientación sexual e identidad de género». Pero ya a mediados de noviembre, un grupo de más de cuarenta congresistas republicanos escribieron una carta al presidente urgiéndolo a no firmar el acuerdo si antes no se borraba esta mención. En el trasfondo, la amenaza de rechazar el tratado durante su ratificación en el Congreso de Estados Unidos.

Para sortear este posible veto, la nueva formulación del artículo 23 anima a los países firmantes a fomentar «políticas que consideren apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo (inclusive con relación al acoso laboral), embarazo, orientación sexual, identidad de género y cuidado de personas allegadas». Una formulación, la de «que consideren apropiadas», que rebaja el carácter vinculante del mandato. Aun así, Estados Unidos se autoexcluye de esta recomendación con una nota al pie en la que asegura que las normas existentes en el país ya «son suficientes para cumplir las obligaciones» que impone el tratado en materia de discriminación laboral y «por tanto, no requieren ninguna acción adicional» por parte de la administración estadounidense.

Sin una ley federal contra la discriminación laboral

La realidad es que, a diferencia de Canadá y México, Estados Unidos carece en la actualidad de una ley federal de protección de las personas LGTB frente a la discriminación en el ámbito laboral. La legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado.

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, una posibilidad que por ahora no se ha materializado. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la «libertad religiosa» que la convertiría en papel mojado. Los tribunales, por su parte, han dictaminado que la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964 cubre la protección frente a la discriminación laboral de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Ya es oficial. Jeff Sessions, senador republicano por el estado de Alabama, es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, cargo de gran importancia en la administración de ese país (equivalente al de ministro de Justicia en otros gobiernos). Tras ser propuesto por el nuevo presidente, Donald Trump, este miércoles recibía la confirmación del Senado. Sessions, uno de los políticos en activo más abiertamente anti-LGTB, releva en el cargo a Loretta Lynch, que por el contrario demostró ser una activa defensora de la igualdad. Un cambio que simboliza lo profundo del viraje político que Estados Unidos ha experimentado. Para mal. 

Jeff Sessions no es precisamente un desconocido en la política estadounidense. Durante los ochenta fue fiscal en el sur de Alabama. Fue incluso propuesto como juez, pero tras ser acusado de realizar una serie de comentarios de tipo racista hacia los negros no logró ser confirmado. Ello no truncó su carrera política: en 1994 fue elegido fiscal general del estado de Alabama y desde 1996 es senador por ese estado, uno de los más socialmente conservadores de todo el país.

Ello hace que se conozcan perfectamente todos sus posicionamientos en materia LGTB durante las últimas tres décadas. Y aunque podrían resumirse en una sola frase (opuesto frontalmente a cualquier avance), no está de más repasarlos:

• En primer lugar, la posición que posiblemente mejor define su homofobia: Jeff Sessions se ha opuesto públicamente y de forma reiterada a la célebre sentencia de 2003 del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Lawrence vs. Texas. Para los que no la conozcan, se trata de la sentencia que despenalizó las relaciones homosexuales en Estados Unidos (hace ahora un año hablamos de ella con cierta extensión, al referirnos a la muerte de Antonin Scalia, uno de los jueces del Supremo que se opuso). No es de extrañar: siendo fiscal general de Alabama, el propio Sessions recurrió en 1996 a la legislación que castigaba las relaciones homosexuales en ese estado. Lo hizo con el objeto de impedir la celebración de una reunión de estudiantes LGTB (no lo consiguió: un juez federal acabó permitiendo que tuviera lugar).
• Siendo senador, Jeff Sessions se opuso reiteradamente a la derogación de la política de “Don’t Ask, Don’t Tell”, que prohibía a las personas LGB ser miembros del Ejército a no ser que mantuviesen en secreto su orientación sexual.
• Sessions también ha sido uno de los enemigos más encarnizados del matrimonio igualitario. Hasta el punto de que en 2004 fue uno de los promotores de una iniciativa de reforma constitucional para prohibirlo. De haber tenido éxito (hoy parece imposible, pero en aquel momento la opción estuvo realmente sobre la mesa) hoy día la Constitución de los Estados Unidos tendría una enmienda que hubiera definido el matrimonio como una institución estrictamente heterosexual. Por supuesto, en 2015, después de que el Tribunal Supremo declarase inconstitucional la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio, Sessions criticó duramente la sentencia, que calificó como un acto de “suprema arrogancia” de los cinco jueces que votaron a favor por oponerse a las convicciones “que han definido el curso de la civilización occidental”.
• Por supuesto, Sessions se ha opuesto sistemáticamente a cualquier iniciativa contra la discriminación de las personas LGTB, incluyendo la mera inclusión de los delitos por orientación sexual o identidad de género en la categoría de crímenes de odio a nivel federal (algo que no se consiguió hasta 2009, con la aprobación de la “Matthew Sephard Act”. A la que Sessions se opuso con su voto).
• Jeff Sessions también se ha opuesto activamente a cualquier iniciativa de financiación con fondos federales de programas de educación sexual para prevenir la infección por VIH y otras ITS.

Todos los senadores republicanos y un demócrata votan a favor

Este es el nuevo fiscal general de los Estados Unidos, propuesto por Donald Trump (que incluso llegó a barajar su nombre como uno de los posibles candidatos a la vicepresidencia) y confirmado por el Senado, con el voto de todos los senadores republicanos (incluso los supuestamente “moderados”) y del senador por Virginia Occidental Joe Manchin, de convicciones conservadoras pese a su adscripción oficialmente demócrata.

Si ya el perfil de Sessions es fuertemente homófobo, su nombramiento adquiere un valor especialmente simbólico de la era Trump si se tiene en cuenta que su antecesora Loretta Lynch, primera mujer afroamericana en desempeñar ese cargo, trabajó activamente en favor de los derechos de las personas LGTB. La rotundidad de su posicionamiento frente a la ley anti-LGTB de Carolina del Norte marcó, en este sentido, un antes y un después. Lynch, de hecho, presentó una demanda federal por violación de los derechos civiles contra Carolina del Norte y su entonces gobernador, Pat McCrory, entre otras instituciones del estado. Una demanda a la que mucho nos tenemos espera un futuro oscuro con Sessions como fiscal general.

Fuente Dosmanzanas

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Fue un momento que numerosos medios han destacado como uno de los de mayor simbólico del pasado martes en el Capitolio. Por primera vez en la historia, un presidente de los Estados Unidos ha pronunciado las palabras “bisexual” y “transgénero” en un discurso del estado de la Unión, un evento cargado de liturgia política en el que cada mes de enero el presidente presenta su agenda política ante el Congreso. Barack Obama también dedicó una frase al matrimonio igualitario, al que consideró ya un “derecho civil” más, pocos días después de conocerse que el Tribunal Supremo se pronunciará por fin este año sobre el asunto.

“Como americanos, respetamos la dignidad humana, incluso cuando somos amenazados. Es por eso que defendemos la libertad de expresión, abogamos por los presos políticos y condenamos la persecución de las mujeres, de las minorías religiosas o de las personas que son lesbianas, gais, bisexuales o transgénero”, expresó Obama.

La frase de Obama ha sido merecedora de elogios por parte de colectivos LGTB, especialmente de organizaciones que luchan por los derechos de las personas transgénero, como el Transgender Law Center. “El reconocimiento público de las personas transgénero en su discurso del estado de la Unión fue histórico. Puede parecer algo muy simple, decir la palabra ‘transgénero’ en un discurso, pero el pronunciamiento del presidente Obama representa un progreso significativo para las personas transgénero y para el movimiento en favor de la igualdad”, declaraba su director ejecutivo, Masen Davis.

El uso de las palabras “bisexual” y “transgénero” en el que posiblemente es el acto político más importante del año en Estados Unidos tiene, sin duda, un alto valor simbólico. Lo que no se pronuncia no se visibiliza. Y si poco a poco palabras como “gay” y “lesbiana” han ido adquiriendo carta de naturaleza en el lenguaje de los más poderosos, a estos todavía les cuesta trabajo referirse expresamente a bisexuales, transexuales y transgéneros, colectivos muy a menudo ignorados y en el mejor de los casos ya subsumidos en las siglas “LGTB”.

Conviene precisar, en este punto, que las palabras originales utilizadas en inglés por Obama fueron “bisexual” y “transgender”. Esta última se utiliza en Estados Unidos de forma más extendida que en España la que es su traducción literal, “transgénero”. En contextos en los que en España se usaría posiblemente “transexual”, por ejemplo, allí se prefiere “transgender” en lugar de la también existente en inglés “transsexual”. En este caso, al redactar la frase de Obama en castellano, nos hemos decantado por “transgénero”, que además de ser la traducción literal creemos que se corresponde mejor con el espíritu inclusivo del original (no todas las personas transgénero se identifican a sí mismas como transexuales).

Apoyo al matrimonio igualitario en un momento clave

En otro momento del discurso, en el que el presidente echaba la vista atrás sobre lo ya conseguido, Obama expresó que “he visto cómo el matrimonio gay pasaba de ser un tema divisivo, utilizado para distanciarnos de la historia de libertad de nuestro país, a convertirse en un derecho civil que ya es legal en los estados que siete de cada diez americanos llaman su hogar”. Obama reiteraba de esta forma su apoyo al matrimonio igualitario y lanzaba, de forma implícita, un guiño a los que esperan que el Tribunal Supremo de Estados Unidos establezca definitivamente la inconstitucionalidad de prohibir casarse a las parejas del mismo sexo caso, después de que la más alta instancia judicial del país por fin se haya decidido a examinar la cuestión.

Un posicionamiento que Obama ha expresado de forma más explicita en otros escenarios. Este mismo jueves Obama respondía en una entrevista que “tengo esperanza en que [el Tribunal Supremo] dará un paso adelante y reconocerá lo que creo que ya la mayoría del pueblo americano reconoce. A dos personas que se aman la una a la otra, que se respetan, que no molestan a nadie más… ¿Por qué la ley les debe tratar diferente? Espero que el Supremo tome la decisión correcta”.

Fuente Dosmanzanas

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Se veía venir. La tramitación de la Ley de No Discriminación en el Empleo (ENDA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es prohibir la discriminación en el acceso a un puesto de trabajo por razón de orientación sexual o identidad de género, ha entrado en vía muerta en el Congreso de Estados Unidos. El Comité de Normas de la Cámara de Representantes la ha excluido de los proyectos pendientes para el actual periodo de sesiones, que expira a finales de año, y tras el cual ambas cámaras legislativas estarán dominadas por los republicanos.

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género es una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares es legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual.

La ENDA ha sido presentada ante el Congreso de formas diversas en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla. Entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales. Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo expreso, entre ellos el presidente Barack Obama.

Como ya entonces aclarábamos, lo cierto es que la aprobación de la ENDA no depende solo de la voluntad del presidente, decidido a firmar la ley en cuanto llegue a su despacho. Lo que cuenta en realidad es el juego de mayorías en el Congreso, dividido hasta las elecciones del pasado noviembre entre un Senado de mayoría demócrata y una Cámara de Representantes controlada por los republicanos. De ahí la importancia de que el Senado aprobara hace algo más de un año el proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, un aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense.

La ENDA, sin embargo, se enfrentaba tras el visto bueno del Senado a la prueba más difícil: la aprobación por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. La iniciativa es rechazada de plano por el speaker John Boehner. A pesar de eso, el representante demócrata y abiertamente gay Jared Polis lideró un último esfuerzo para introducirla como parte de un paquete de medidas de defensa (no es inhabitual que se incluyan enmiendas con poca relación con el proyecto de ley principal), que constituye la última iniciativa legislativa prevista antes de que expire el actual periodo de sesiones a finales de año. El Comité de Normas, organismo encargado de determinar el orden de tramitación de los proyectos de ley en la Cámara, ha rechazado esta inclusión por siete votos en contra y tres a favor. Ahora, con la nueva mayoría republicana en el Senado y ampliada en la Cámara, la ENDA queda condenada al fracaso, al menos hasta las elecciones de 2016.

Impulsar su aprobación, aunque no estuviera solo en sus manos, era por otra parte una de las promesa electorales de Barack Obama. En junio de 2013 recogíamos como una activista lesbiana interrumpía un discurso de Michelle Obama, para reclamárselo. Lo que sí ha hecho el presidente estadounidense este año ha sido firmar una orden ejecutiva para prohibir a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal han visto reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias tras la entrada en vigor de la orden, que ha sido saludada por los activistas LGTB como un logro histórico que palia parcialmente el fracaso de la ENDA.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado martes Estados Unidos celebró de nuevo elecciones legislativas. Como cada dos años, los electores renovaron la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado. Tuvieron lugar además elecciones locales de diversa índole en numerosos estados. El resultado, una victoria global republicana, que obviamente no puede interpretarse como una buena noticia en clave LGTB, pero cuyo análisis en profundidad arroja también algunos aspectos que pueden considerarse positivos.

Una reflexión general, en primer lugar. Curiosamente, pese a la acumulación de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario, se ha tratado de la primera vez en muchos años que el tema ha quedado fuera del debate político a nivel nacional. Entre otras razones, por la propia voluntad de los republicanos de evitar una oposición frontal. Una decisión que parece haberles beneficiado electoralmente, y cuya lectura resulta positiva: los republicanos ya no necesitan hacer bandera de la oposición al matrimonio igualitario para ganar elecciones. De hecho, entre los analistas cada vez está más extendido el convencimiento de que el establishment republicano da por hecho que la vía judicial acabará por extender el matrimonio igualitario a todo el país y ha decidido pasar página. Otra cosa, por supuesto, es lo que opinen sus bases más extremistas.

Buen ejemplo de que la oposición al matrimonio igualitario y a otros derechos LGTB ya no es necesariamente definitoria de lo que significa ser republicano es que -como ha destacado los medios LGTB estadounidenses- por primera vez en la historia una legisladora republicana que durante su último mandato se ha mostrado abiertamente favorable al matrimonio igualitario y ha actuado en favor de los derechos LGTB ha sido reelegida. Se trata de Susan Collins, senadora por Maine, cuya participación fue decisiva en la derogación del “Don’ ask, don’ tell”, la ley que prohibía a los militares homo y bisexuales hacer visible su orientación sexual.

Otro dato interesante es que pese a la victoria republicana por primera vez en la historia las encuestas a pie de urna muestran que entre los que acudieron a votar hubo más partidarios del matrimonio igualitario (49 %) que opositores al mismo (48 %). Hace cuatro años, en las últimas elecciones legislativas de “medio término” (aquellas que no coinciden con elecciones presidenciales) los porcentajes fueron del 41 % (favorables) frente al 53 % (opositores). Este tipo de encuestas sobre preferencias paralelas de los votantes son habituales en Estados Unidos y permiten hacerse una idea ajustada de hasta qué punto cambia la importancia que los votantes dan a unos aspectos sobre otros. En este caso, parece confirmarse la idea de que el matrimonio igualitario ha dejado de marcar una línea divisoria clara entre los votantes demócratas y republicanos.

La misma encuesta muestra otro dato ya conocido: las nuevas generaciones han pasado ya la página de esta discusión. El 66 % de los votantes de menos de 30 años son ya favorables al matrimonio igualitario. Hace cuatro años este porcentaje, aunque ya mayoritario, solo llegaba al 52 %.

Lo malo…

El pleno control republicano del Congreso impedirá casi con total seguridad que durante los próximos dos años tengan lugar avances en materia LGTB por vía legislativa a nivel federal. En la práctica, sin embargo, la situación no será muy distinta a la de los últimos cuatro años, durante los cuales los republicanos ya han controlado la Cámara de Representantes y bloqueado iniciativas como la ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo), aprobada por el Senado hace ahora un año.

El nuevo Congreso contará además con varios legisladores republicanos fuertemente homófobos, como Glenn Grothman (nuevo representante por Wisconsin) o Jody Hice (nuevo representante por Georgia), que se unirán a otros ya presentes en Washington. En cualquier caso, parece previsible que durante los próximos dos años los republicanos dediquen su esfuerzo a horadar los logros legislativos de la presidencia Obama, y en este terreno -el estrictamente legislativo- lo cierto es  en materia LGTB poca marcha atrás puede haber porque pocos avances han tenido lugar. Y no parece probable que a estas alturas logros como la derogación del “Don’t ask, don’t tell” o la ”Matthew Shepard Act”, la ley que permitió la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en las categorías contempladas por la legislación federal de crímenes de odio, puedan tener marcha atrás (las dos contaron además con apoyo de una parte de los republicanos).

Más probable parece que, en el actual escenario político, la lucha contra los derechos LGTB se repliegue de nuevo al escenario de los estados, donde los republicanos más conservadores pueden considerarse más legitimados para promover “exenciones” de tipo discriminatorio.

El nombre propio: Maura Healey

Desde el punto de vista LGTB, si debe destacarse un nombre propio, y para bien, es el de la abogada demócrata Maura Healey, elegida nueva fiscal general del estado de Massachusetts con el 63 % de los votos. Healey, abiertamente lesbiana, se convierte en la primera persona LGTB en ocupar este cargo en cualquiera de los 50 estados del país.

Healey, que durante los últimos años ha trabajado como asistente de la anterior fiscal general, Martha Coakley, fue de hecho la persona que lideró el primer desafío legal de un estado (Massachusetts) contra la sección tercera de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Fue en 2009. El desafío dio lugar a la que fue primera sentencia de inconstitucionalidad de la DOMA emitida por un juez federal.

Fuente Dosmanzanas

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La representante republicana por Minnesota Michele Bachmann ha vuelto a hacer gala de su homofobia durante una entrevista el pasado miércoles al afirmar, sin ningún reparo, que la comunidad LGTB persigue la derogación de las leyes sobre la edad de consentimiento o, lo que es lo mismo, legalizar la pederastia.

Bachmann, uno de los rostros más conocidos del movimiento Tea Party, declaró para la página ultraconservadora Faith and Liberty que los activistas LGTB “quieren abolir las leyes sobre edad de consentimiento”, lo que tendría como consecuencia que “acabaríamos con las leyes sobre abuso de menores, con lo que los adultos podrán abusar sexualmente de los niños pequeños”. Sin aportar ningún dato que avalara su grave acusación, la congresista remachó que “esta es la aberración que nuestra cultura está aceptando hoy en día”.

La candidata a la nominación presidencial por el partido republicano en 2012 (no descartó volver a intentarlo en 2016), también atacó duramente la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2013 que obliga al Gobierno federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde ello es legal. Bachmann calificó el fallo de “negación de la cláusula sobre protección igualitaria” recogida en la Constitución estadounidense y de “revolución”, y afirmó que “durante todos los miles de años de historia humana escrita, no hay ningún ejemplo de una cultura, nación o tribu que haya establecido un estándar de matrimonio diferente al de hombre y mujer”.

La política republicana podría incluso preferir la poligamia al matrimonio igualitario, por lo que se infiere de su razonamiento “histórico”: “Puede haberse tratado de varias mujeres y un hombre, puede haber sido algo de eso, pero siempre ha sido entre hombres y mujeres”, añadió. Eso sí, según Bachmann los homófobos que dedican sus fuerzas a intentar socavar los derechos de las personas LGTB solo buscan “difundir bondad y alegría y plenitud y curación” mediante un “Dios amoroso con un mensaje que libera a las personas”.

Representante republicano a favor de la igualdad matrimonial

Por suerte, mientras una parte del Partido Republicano se enroca en sus posiciones más reaccionarias, todavía hay unos pocos capaces de dar un paso en público a favor de la igualdad LGTB. Es el caso del representante por Florida David Jolly, quien en una entrevista para The Washington Post el pasado lunes juzgó “completamente apropiado” que un estado reconozca los matrimonios entre personas del mismo sexo junto con los “tradicionales”. El político republicano respondía a una pregunta sobre la decisión judicial de declarar inconstitucional el veto al matrimonio igualitario en Florida.

A pesar de afirmar que “por mi fe cristiana, creo en el matrimonio tradicional”, Jolly añadía que “por principio constitucional, creo en una forma de gobierno limitada que proteja la libertad personal”. Para el congresista, definir la “santidad” de un matrimonio está en manos de las organizaciones religiosas y no de la Administración, que puede perfectamente “reconocer tanto el matrimonio tradicional como el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Jolly se convierte así en el octavo congresista y el cuarto representante republicano en activo en apoyar el matrimonio igualitario, tras los senadores Susan Collins, Rob Portman, Lisa Murkowski y Mark Kirk y los representantes Ileana Ros-Lehtinen, Richard Hanna y Charlie Dent. Una toma de posición que, por otra parte, le ha valido un aluvión de peticiones de retractación por parte de sus compañeros de filas en Florida, que lo acusan de ceder a la “intimidación de los activistas homosexuales”.

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El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha firmado este lunes 21 de julio la esperada orden ejecutiva que prohibirá a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Como explicamos hace ahora un mes, cuando la Casa Blanca anticipó la noticia, la decisión no fue tomada hasta que no ha quedó meridianamente claro que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no validará la ENDA, el proyecto de ley contra la discriminación de personas homosexuales y transexuales que el Senado aprobó en noviembre.

Unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal verán reforzada desde ahora su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias por razones de orientación sexual o identidad de género tras la entrada en vigor de la orden, que ha sido saludada por los activistas LGTB como un logro histórico. Dos circunstancias han merecido especiales alabanzas: por un lado, la administración Obama ha optado por modificar la anterior orden ejecutiva que prohibía la discriminación por raza, color, religión, sexo u origen nacional, firmada por Lyndon B. Johnson en 1965, para añadir “orientación sexual” e “identidad de género” en lugar de emitir una orden ejecutiva independiente. Como ha señalado en un comunicado la organización Human Rights Campaign, ello hace “virtualmente imposible” que una futura administración dé marcha atrás (resultaría obvia entonces la voluntad de discriminar expresamente a los trabajadores LGTB, lo que sería difícil de vender incluso para los republicanos). El segundo aspecto que ha merecido el elogio de los activistas LGTB es que no se hayan contemplado en este caso exenciones de tipo religioso como grupos conservadores habían pedido.

Este último aspecto cobra especial importancia pocas semanas después de conocerse una polémica sentencia del Tribunal Supremo que por 5 votos a 4 daba la razón a Hobby Lobby, una cadena de tiendas propiedad de un multimillonario evangélico que reclamaba su derecho a no costear una serie de tratamientos anticonceptivos como parte del seguro médico de sus trabajadoras, tal y como obligaba la reforma sanitaria de Obama. El Supremo falló a favor de Hobby Lobby, considerando que dicha obligación violaba la libertad religiosa de sus propietarios y que el Gobierno federal estaba obligado a buscar otra solución que permitiera a las empleadas de la empresa acceder a contraceptivos.

La sentencia sobre Hobby Lobby ha generado gran preocupación en los sectores más progresistas de la sociedad estadounidense, incluyendo los colectivos LGTB, al considerar que podría ser utilizada como precedente para justificar otro tipo de “exenciones religiosas” a leyes federales.

Una orden que palía el fracaso de la ENDA

Aún considerándose histórica, el hecho de que Obama haya retrasado la orden ejecutiva en espera de que el Congreso pudiera aprobar antes el más ambicioso proyecto de ley federal de no discriminación en el empleo (ENDA, Employment Non-Discrimination Act) y de que haya decidido firmarla en este momento no deja de ser la constatación de que una legislatura más la ENDA quedará sin aprobar.

La ENDA ha sido presentada ante el Congreso en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla (solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales). Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo. Impulsar su aprobación era de hecho una de las promesa electorales del presidente Barack Obama.

El Senado, de mayoría demócrata, sí que dio su visto bueno a la ENDA en noviembre, logrando además el voto de diez senadores republicanos. Pero quedaba lo más difícil: que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la validase también. Ya entonces el speaker de la Cámara, John Boehner, expresaba su oposición frontal al proyecto. Y ello a pesar de que el proyecto aprobado por el Senado sí contemplaba significativas exenciones (solo era aplicable a empresas con 15 o más trabajadores y excluía a las organizaciones religiosas).

Y en efecto, el proyecto ha quedado en vía muerta y sin horizonte de que se discuta antes de las elecciones de noviembre de 2014. Es por eso que la Casa Blanca ha decidido por fin mover ficha y prohibir la discriminación laboral de homosexuales y transexuales allí donde tiene competencias para hacerlo: en la administración federal. Os dejamos con las imágenes del histórico momento, precedidas del discurso de Barack Obama:

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitirá una orden ejecutiva que prohibirá a todas aquellas empresas que tengan o aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. La decisión, largamente reclamada por los colectivos LGTB, no se ha tomado hasta que no ha quedado meridianamente claro que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no validará la ENDA, el proyecto de ley contra la discriminación de personas homosexuales y transexuales que el Senado aprobó en noviembre.

La ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo) ha sido presentada ante el Congreso en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla. Entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales. Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo expreso. Impulsar su aprobación era de hecho una de las promesa electorales del presidente Barack Obama (el propio presidente reclamaba hace meses al Congreso, en una apasionada carta publicada por The Huffington Post, que aprobara el proyecto).

El Senado, de mayoría demócrata, le daba su visto bueno en noviembre, logrando además el voto favorable de diez senadores republicanos. Pero quedaba lo más difícil: que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la validase también. Ya entonces el speaker de la Cámara, John Boehner, expresaba su oposición frontal al proyecto, que según él solo serviría para aumentar las “litigaciones frívolas” y perjudicar al empleo. Y en efecto, el proyecto ha quedado en vía muerta y sin horizonte de que se discuta antes de las elecciones de noviembre de 2014. Es por eso que la Casa Blanca ha decidido por fin mover ficha y prohibir la discriminación laboral de homosexuales y transexuales allí donde tiene competencias para hacerlo: en la administración federal. “Hemos esperado algunos meses para que la cámara baja tomara medidas, y desafortunadamente no hay indicios particularmente sólidos de que el Congreso vaya a actuar”, justificaba el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.

La noticia tiene un sabor agridulce: por un lado, una vez que la orden ejecutiva sea emitida (no se ha comunicado aún la fecha concreta) unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal verán reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias por razones de orientación sexual o identidad de género. Supone, sin embargo, la constatación de que el Congreso se niega a aprobar una vez más una ley que garantice de una forma más amplia que esto no suceda (y ello a pesar de que en su forma actual el proyecto ya contempla significativas exenciones. Solo es aplicable a empresas con 15 o más trabajadores, lo que deja fuera a las pequeñas empresas de ámbito familiar, y excluye a las organizaciones religiosas).

Y se amplían beneficios laborales para matrimonios del mismo sexo

También esta semana la administración Obama ha anunciado su intención de ampliar los beneficios de los que gozan los matrimonios entre personas del mismo sexo, en esta ocasión reconociéndoles el derecho a permisos laborales por enfermedad de un familiar.

La medida es consecuencia de la derogación hace un año de la sección 3 de la DOMA (la ley que impedía que la autoridad federal reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo) por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ya ha llevado al gobierno federal a impulsar que los matrimonios del mismo sexo puedan acceder por ejemplo a los beneficios establecidos para las parejas casadas en materia de hacienda, justicia, inmigración o empleo público civil y militar. Beneficios que pertenecen al ámbito federal, y que por tanto son aplicables con independencia de que la pareja establezca su residencia en un estado que no reconoce el matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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