Comentarios desactivados en La Mesa del Congreso permite por fin el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género
La Mesa del Congreso de los Diputados ha desbloqueado por fin dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB: la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (propuesta por la FELGTB y presentada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género” (propuesta por el PSOE). La decisión de Ciudadanos de marcar una ruptura parlamentaria selectiva con el PP (partido con el que tiene un acuerdo de legislatura y junto al que dispone de mayoría en la Mesa del Congreso) ha resultado clave.
La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI fue registrada el pasado mes de mayo, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.
Desde entonces la Mesa del Congreso ha decidido una docena de veces ampliar el plazo de presentación de enmiendas, generando una situación de bloqueo que se ha prolongado varios meses. El PP decidía finalmente presentar una enmienda a la totalidad y proponía como alternativa una ley “florero”, consistente en una mera declaración de intenciones sin medidas efectivas ni capítulo sancionador. El pasado día 22 el pleno del Congreso rechazaba la enmienda popular por 207 votos contra 131. Se abría entonces un nuevo plazo de enmiendas al articulado que finalizaba este martes y que la Mesa del Congreso ya no ha prolongado. La proposición queda por fin lista para su discusión.
Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.
Posteriormente, y de la misma forma que describíamos antes, la Mesa del Congreso ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso). Hasta este martes, cuando se ponía fin a este periodo sin que se haya presentado ninguna enmienda a la totalidad, abriéndose ahora el plazo de enmiendas al articulado que finaliza el 6 de marzo. Un plazo que en buena lógica no debería ampliarse más, dado que se trata de una proposición de ley más sencilla que la anterior. Así lo destacaba en Twitter Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y que lleva más de un año batallando por la aprobación de esta reforma:
Hoy #Extremis con la presión de colectivos x fin se ha cerrado plazo enmiendas a totalidad #ReformaLeyTrans2007, paralizada en 1º fase con 5 ampliaciones, ahora se abre plazo enmiendas articulado hasta 6 marzo, tiempo + q sobrado para Ley 3 paginas, menores no pueden esperar + ¡ pic.twitter.com/hXLroWkWfQ
En definitiva, después de meses de espera ambas proposiciones de ley encaran su recta final. Las dos iniciativas consiguen por fin zafarse del bloqueo legislativo que sufre el Congreso, facilitado por la composición de la Mesa: tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, este órgano, que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.
En definitiva, ante la negativa del PP a permitir que se discutan numerosas iniciativas de la oposición, es Ciudadanos quien tiene la llave. La decisión de los de Albert Rivera de marcar en este momento distancias con el PP, permitiendo el desbloqueo de varias proposiciones (como por ejemplo la de la reforma de la conocida como “ley mordaza”) ha sido clave.
Seguiremos con atención la próxima evolución de ambas iniciativas (que por cierto no deben confundirse con otra proposición más reciente, la de ley integral de transexualidad registrada la pasada semana por Unidos Podemos, y de la que hablaremos en una próxima entrada).
Comentarios desactivados en La marca internacional de HazteOír promueve en Kenia una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales
CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.
Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.
La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.
Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.
HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP
HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”. Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.
Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.
Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.
Comentarios desactivados en La Mesa del Congreso decide este martes si cierra el plazo de enmiendas para la reforma de la ley de identidad de género
ACTUALIZACIÓN (23/02/2018)
Finalmente, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido volver a ampliar el plazo de enmiendas de la reforma de la Ley 3/2007 hasta el 27 de febrero. Es ya el quinto aplazamiento desde el pasado mes de noviembre. Recordamos que, mediante dicha reforma, se permitirá la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, se modificarán las exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo (despatologizando la transexualidad) y se posibilitarán medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España (página 11 del PDF publicado por el Congreso). La diputada madrileña y activista trans Carla Antonelli insiste en la idea del “secuestro para una ley de dos páginas de artículos”, con los votos del PP y Ciudadanos (que tienen mayoría en la Mesa del Congreso). Antonelli también remarca que “los menores trans no pueden esperar un día más”.
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Este martes, 20 de febrero, la Mesa del Congreso de los Diputados debe pronunciarse sobre el cierre del plazo de enmiendas para la reforma de la anacrónica Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género”. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó iniciar la reforma de la citada norma con la oposición del PP. Desde entonces, como denuncia Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el proceso está encallado y la Mesa del Congreso no acaba de fijar un plazo de cierre para la presentación de enmiendas y que, de este modo, la reforma pueda seguir el correspondiente proceso parlamentario. Según alega Antonelli, la reforma “se encuentra secuestrada” por el PP y Ciudadanos, a pesar de que “tiene cuatro páginas solamente”.
Como recogíamos en noviembre, una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente su identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). Pero hasta llegar ahí debe superar una serie de trámites y procesos parlamentarios (tanto en el Congreso como en el Senado).
En palabras de la socialista Carla Antonelli, “los menores transexuales no pueden esperar ni un día más esta agónica dilación interesada por parte de los componentes de los grupos parlamentario Ciudadanos y Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han manifestado que están de acuerdo en cerrar ya el plazo de enmiendas para una reforma que consta solo de cuatro páginas, de las cuales ni dos corresponden al articulado.
En este sentido, la activista alega que “no puede pasar ni una sola semana más sin que la Mesa del Congreso de los Diputados cierre el plazo de enmiendas para que la reforma de la Ley 3/2007 continúe con su trámite parlamentario y poder entrar finalmente en vigor”. Y aunque dice que “del Partido Popular poco o nada se puede esperar”, la cuestión es, a su juicio, por qué “el Grupo Parlamentario Ciudadanos es participe de este secuestro y boicot a una normativa que solo respeta los derechos humanos de las personas transexuales, cuando ellos en su toma en consideración votaron a favor de la misma”.
Tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso, órgano que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.
Despatologización de la transexualidad e inclusión de menores
La proposición de ley elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.
Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.
La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.
Registro de la proposición de ley integral de transexualidad
Por otra parte, Unidos Podemos registrará en el Congreso este viernes (23 de febrero) otra propuesta legislativa a favor de las personas trans. Se trata de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal. “Esta ley es una propuesta robusta, nacida del consenso y del respaldo de 150 organizaciones, y es una respuesta integral. Aunque siempre es positivo que se aprueben leyes de igualdad, en este caso, nosotros necesitamos no solo reconocimiento y garantías, sino también comer. La exclusión laboral y precariedad extrema que viven muchos transexuales es también una forma de violencia, que no debemos consentir”, argumenta en una entrevista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans.
Cambrollé considera que “en esta ley destaca la presencia de un marco jurídico que fomenta políticas públicas encaminadas a favorecer la inserción laboral porque los transexuales sufrimos exclusión laboral y necesitamos políticas activas de empleo. A este respecto, la ley propone reservar un cupo laboral del 1% en empleo público y privado”. La activista explica, además, que la nueva norma es igual de importante que la reforma de la Ley 3/2007, ya que la legislación todavía vigente “atenta contra los derechos humanos, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico y excluye a los menores e inmigrantes”.
Comentarios desactivados en Veintiséis organizaciones y sindicatos exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI
El plazo de enmiendas ha sido ampliado hasta la fecha en once ocasiones
Amnistía Internacional, Comisiones Obreras (CCOO), la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Confederación Intersindical, el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), la Fundación Cepaim, la Fundación ONCE, la Fundación Secretariado Gitano, Mensajeros de la Paz, Movimiento Contra la Intolerancia, Movimiento por la Paz (MPDL), la Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado, Plena inclusión, RAIS, Red Acoge, Save the Children, la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) han suscrito un documento en el que exigen la urgente aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI, actualmente en proceso de tramitación parlamentaria.
“Como organizaciones de la sociedad civil, estamos comprometidas a trabajar para la erradicación de todas las barreras que suponen una discriminación y una vulneración de los derechos humanos. Confiando en que el compromiso es compartido, instamos a que los diputados y diputadas del Congreso hagan todo lo que esté en su mano para que la Ley de Igualdad LGTBI pueda entrar en vigor lo antes posible”, han asegurado las organizaciones y sindicatos que suscriben el documento.
Asimismo, piden a las diputadas y los diputados del Congreso que, “durante el actual proceso de tramitación, hagan enmiendas que busquen mejorar el articulado, pero respetando al máximo la esencia del texto −impulsado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y consensuado con numerosas entidades− ya que es el que emana de los colectivos directamente afectados”.
Comentarios desactivados en El Congreso admite a trámite la ley de Igualdad LGTBI con la oposición del PP
Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI
El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.
El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.
El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.
Un poco de historia
El pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.
La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.
No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.
Las líneas generales del proyecto
El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.
Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.
Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.
La discusión en el pleno
Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.
Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.
Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:
El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:
Una organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN, Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.
Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:
Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.
Comentarios desactivados en El Gobierno de España se escuda en el “Estado de derecho” para no retirarle a HazteOír el estatus de utilidad pública y sus consiguientes beneficios
El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.
En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.
Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.
El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.
Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”
HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”. Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.
Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.
Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.
Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”
Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:
De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.
Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.
Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.
Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.
De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.
Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).
HazteOír se felicita por la posición del Gobierno
En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.
La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos. No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.
En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.
Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.
Comentarios desactivados en El ministro del Interior explicará en el Congreso si HazteOír debe ser de utilidad pública
El ministro comparecerá el martes pero no creemos que sirva para nada.
Tras el anuncio, ERC y Unidos Podemos han retirado su petición para que Zoido explicara este despropósito.
La “utilidad pública” de HazteOír está puesta en duda por muchos, muchísimos sectores de la sociedad además de los partidos políticos de la oposición. Y es que no se entiende que desde el Gobierno se apoye a una institución tan homófoba, tránsfoba y contraria a los derechos humanos.
Tras el revuelo causado hace unos meses por su famoso autobús tránsfobo, se inició una campaña para solicitar que se les retirase la consideración de “utilidad pública”. Seis meses después, Juan Ignacio Zoido ha decido ir al Congreso para explicar tal disparate. Y nosotros estamos deseando escuchar sus explicaciones porque, si el asunto no fuera tan serio, iban a ser muy divertidas.
No obstante, las esperanzas de que el Gobierno revoque dicho título son escasas. Ya el pasado mes de marzo, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo dijo que la declaración de utilidad pública se mantedría “hasta que no exista una resolución judicial que ordene lo contrario”. Y claro, en HazteOír dicen que ellos fueron declarados de utilidad pública en 2013 y que si cumplían con la ley entonces… ahora también porque en 2013 ya eran igual de ignorantes que ahora.
A esas declaraciones hay que sumar que en agosto el Gobierno retiro la categoría de “utilidad pública” a diversas entidades manteniendo el de HazteOír…
Fundada en 2001, HazteOír se hizo famosa a partir de 2004 convocando misas multitudinarias en Colón o realizando manifestaciones “a favor de la familia”. De la heterosexual claro. En su momento llegaron a tener el apoyo de la Conferencia Episcopal, que ahora parece haberse alejado de la asociación, y siempre se les ha relacionado con los Legionarios de Cristoy la asociación secreta El Yunque.
En 2013, el entonces ministrio del Interior Jorge Fernández Díaz, que en su momento dijo que “el matrimoniogay no garantiza la supervivencia de la especie”, declaró de utilidad pública a la organización presidida por Ignacio Arsuaga. Esta distinción, según la ley, debe ofrecerse a asociaciones cuyes fines “tiendan a promover el interés general, y sean de carácter cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos…”Algo que nos cuesta ver en HazteOír. Disfrutar de esta categoría les permite acogerse de ventajas fiscales como no pagar el IBI, buena parte del Impuesto de Bienes Inmuebles y la exención tributaria de los ingresos obtenidos sin tener que realizar una contraprestación.
Comentarios desactivados en El respaldo a la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI, compromiso principal para sumarse a la manifestación del WorldPride
FELGTB ha invitado al Gobierno y a todos los partidos políticos a estar en la cabecera.
23 de junio de 2017, Madrid.- La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización convocante, junto con COGAM, de la manifestación del Orgullo LGTB de Madrid, ha hecho llegar a todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados una invitación para que el máximo representante de cada uno de ellos se sume a la pancarta de cabecera de la manifestación del próximo 1 de julio. En representación del Gobierno, FELGTB ha invitado a la manifestación a Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad.
España acoge por primera vez el WorldPride, el Orgullo Mundial, y la organización confía en que se logre transmitir internacionalmente una imagen de unidad, compromiso y respaldo de los derechos de la población LGTBI.
En la invitación trasladada a los partidos políticos FELGTB ha explicado cuáles son las medidas que la organización considera más urgentes para lograr la igualdad real, y que siguen haciendo necesaria la convocatoria de la manifestación del Orgullo LGTB. Con su presencia en la cabecera, los representantes de los partidos políticos estarán mostrando su firme respaldo a ellas.
La principal es apoyar la tramitación de la Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, popularmente conocida como Ley de Igualdad LGTBI, y que será debatida en el Congreso de los Diputados previsiblemente en septiembre. Se ha instado a los grupos políticos a que impulsen que, en términos generales, el texto final sea lo más cercano posible al registrado ya que es la proposición de ley resultante del trabajo y consenso de la mayoría del movimiento LGTBI español.
Asimismo, FELGTB les ha pedido que se comprometan a desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional, así como a impulsar que España establezca como prioridad en sus negociaciones con terceros países la despenalización plena de cualquier orientación sexual y de las identidades trans. Esto incluye el compromiso de denunciar ante cualquier instancia, nacional e internacional, la vulneración de derechos hacia las personas LGTBI, instando a los organismos correspondientes al desarrollo de medidas de protección y regulación.
Por último, FELGTB también considera necesario que se comprometan a facilitar las condiciones de refugio y asilo por persecución por orientación sexual o identidad de género, y que trabajen por el consenso con el resto de fuerzas políticas para alcanzar un Pacto de Estado frente al VIH, el estigma y la discriminación, garantizando medidas específicas para las personas más vulnerables.
“Es el Orgullo es la mayor celebración de la diversidad, pero insistimos en la necesidad de no olvidar que es nuestra mayor herramienta para reivindicar los cambios jurídicos que consideramos imprescindibles para acabar con la discriminación histórica que el colectivo LGTB seguimos sufriendo”, ha explicado Jesús Generelo, presidente de FELGTB.
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La manifestación del WorldPride tendrá lugar el próximo 1 de julio en Madrid. Dará comienzo a las 17.00 horas y transcurrirá desde Atocha hasta Colón. La pancarta de cabecera llevará por lema ‘Por los derechos LGTBI en todo el mundo’, y, dada la gran afluencia de representantes del ámbito político, sindical y social que se esperan, habrá una segunda pancarta de cabecera con el lema ‘Despatologización Trans ¡Ya!’.
La manifestación del Orgullo LGTBI tiene carácter local y estatal. COGAM es la organización responsable de la invitación de los representantes de ámbito local y autonómico, mientras que FELGTB se encarga de los representantes de ámbito estatal. En esta ocasión y por primera vez en España, la manifestación también tendrá carácter mundial, hecho que llevará a contar con personalidades de varios países e instituciones internacionales.
Comentarios desactivados en El Congreso pide al Gobierno español que tome la iniciativa en la ONU en favor de una Convención Internacional de Derechos LGTBI
La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, a propuesta del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha aprobado de forma casi unánime la propuesta de que España lidere una iniciativa en el marco de Naciones Unidas que dé lugar a una Convención Internacional de Defensa y Protección de los Derechos LGTBI en el mundo. Ojalá que el Gobierno tome nota y las buenas intenciones de los grupos políticos allí representados (incluido el PP) se transformen en hechos.
“Hoy hemos logrado algo inédito en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso: aprobar por 35 votos a favor y una sola abstención (del representante de Unión del Pueblo Navarro) nuestra proposición para adoptar en el marco de Naciones Unidas una Convención Internacional de Derechos LGBTI”, se felicitaba el grupo parlamentario de UP-ECP-EM, cuyo portavoz en la Comisión es Pablo Bustinduy, coordinador de la secretaría internacional de Podemos. Ello ha sido posible tras negociar con el resto de grupos la siguiente enmienda transaccional (reproducimos literalmente):
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
Tomar la iniciativa a nivel internacional y promover, en el ámbito de las Naciones Unidas, la adopción de una “Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género” basada en los Principios de Yogyakarta de 2006 y que sirva para amparar y proteger al colectivo frente a las concretas discriminaciones y violaciones que sufren.
Promover que la Unión Europea en sus relaciones exteriores, en particular con los países de nuestra vecindad y con aquellos países que disfrutan de un estatuto privilegiado en su relación con la Unión, adopte un papel mucho más activo e impulse medidas tendentes a hacer que se respete, que se protejan y se hagan efectivos los derechos de las personas LGBTI.
Incluir, en coherencia con las prioridades de España en materia de derechos humanos, los derechos de la población LGBTI en sus relaciones bilaterales, en particular con aquellos países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo.
Apoyar a las defensoras y defensores de los derechos del colectivo LGBTI frente a la persecución que sufren en muchos países en defensa de los derechos humanos.
Defender y promover el apoyo internacional al nuevo y primer Experto Independiente de Naciones Unidas sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género.
Reforzar el mandato del Embajador en Misión Especial para los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho para incidir más en la defensa y promoción de los derechos humanos del colectivo LGBTI.
Los promotores de la iniciativa buscan ahora crear un grupo específico de trabajo y presionar al Ministerio de Asuntos Exteriores para que dé los pasos necesarios. “Nos ponemos a disposición de todos los grupos parlamentarios y del Gobierno para conseguirlo: queremos que este sea un empeño de Estado, que España dé un paso adelante en la escena internacional y que -liderando los trabajos de esta Convención- nos haga sentir orgullosos de nuestro país, poniéndose a la altura de nuestra sociedad”, han expresado.
El experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género, recordemos, es el tailandés Vitit Muntarbhorn, un prestigioso profesor de Derecho Internacional, que fue nombrado hace solo unos meses para ese puesto. Un nombramiento que fue recibido con gran satisfacción por las organizaciones de defensa de los derechos humanos y del colectivo LGTB. Muntarbhorn, de hecho, fue uno de los juristas que participaron en la elaboración de los mencionados Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).
Una oportunidad de que España recupere protagonismo en materia LGTBI
La aprobación de esta propuesta casi por unanimidad es una muy buena noticia. Falta, sin embargo, que el Gobierno de España recoja el guante y aproveche la oportunidad para devolver a nuestro país a la primera línea en defensa de los derechos LGTBI, una posición que no fue fácil conseguir y que en los últimos años se ha debilitado debido a la inacción del Gobierno de Mariano Rajoy y a la parálisis legislativa.
Un protagonismo internacional que España puede lograr, si hay voluntad, pero que debe acompañarse como mínimo de la aprobación del proyecto de ley por la igualdad y contra la discriminación de las personas LGTBI promovido desde el activismo y de una actualización de la legislación de identidad de género, propuesta que presentó el PSOE que acabe con cualquier rastro de patologización de las identidades trans de las leyes estatales. Iniciativas todas ellas para las que supuestamente hay mayoría suficiente en el Congreso y en las que, con independencia de la actitud que finalmente decida adoptar el PP, partidos favorables a los derechos LGTBI como el PSOE, Podemos o Ciudadanos deberían converger, más allá de las legítimas diferencias que mantienen en otros aspectos.
Comentarios desactivados en El Congreso votará la Ley de Igualdad LGTBI a la vuelta del verano
Pasado el plazo para emitir un informe contrario a su proceso de aprobación, la proposición de ley impulsada por FELGTB continúa su trámite parlamentario.
La Ley de Igualdad LGTBI, presentada el 4 de mayo en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea y respaldado por el resto de grupos parlamentarios con la excepción del popular, ha sido creada e impulsada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y supone la gran reivindicación del colectivo LGTBI español de los últimos años.
El Gobierno tenía de plazo hasta el 17 de junio de 2017 para analizar que la tramitación de la proposición de ley no suponía ninguna carga presupuestaria no prevista ni ningún otro aspecto que impidiese continuar con su proceso parlamentario. Ahora es la mesa del Congreso la que debe buscar una fecha en la que presentar en el pleno la Ley de Igualdad LGTBI; a partir de ese momento empezará el proceso en el que los grupos parlamentarios podrían proponer enmiendas. Antes del verano no habrá cupo para llevarla a pleno, pero FELGTB tiene constancia de que existe un claro compromiso por parte de los grupos políticos que la sustentan para que se realice a la vuelta del parón de verano, a poder ser en el mes de septiembre.
Jesús Generelo, presidente de FELGTB, ha declarado que “como no podía ser de otro modo, nuestra proposición de Ley de Igualdad LGTBI sigue su curso, hecho que supone una buenísimo noticia. Ahora instamos a todos los grupos parlamentarios a que debatan en el Congreso cuanto antes la ley con la confianza de que podrán continuar enriqueciéndola, pero sin cambiar el sentir general de la misma”. Generelo ha añadido que “esta es la ley del colectivo LGTBI español, hemos trabajado durante más de un año para que fuese lo más inclusiva y participa posible. Ahora es preciso que esta ley se apruebe con el apoyo de todo el arco parlamentario para visualizar ese apoyo generalizado de la ciudadanía española”.
FELGTB espera que tanto el WorldPride que se celebra en Madrid del 23 de junio al 2 de julio, como su acto central, la manifestación del Orgullo LGTBI, que tendrá lugar el próximo 1 de julio, sirvan para continuar reivindicando la importancia de esta ley, así como para celebrar el gran respaldo social con el que cuenta.
Comentarios desactivados en Bélgica actualiza su ley: ya no exigirá la esterilización ni un “diagnóstico” médico para reconocer legalmente la identidad de las personas trans
El Parlamento federal belga ha aprobado una nueva ley que pone punto final a la necesidad tanto de un diagnóstico médico como de un procedimiento de esterilización para que las personas transexuales puedan ver reconocidas su identidad. Bélgica se suma, de esta forma, al grupo de países que han adaptado su legislación de identidad de género al paradigma despatologizador, si bien la ley contiene todavía disposiciones que siguen sin ser del agrado de los colectivos LGTB. ILGA Europe ha saludado lo que considera un muy importante avance, aunque matiza que la ley, en su redacción actual, no supone el punto final en la lucha por los derechos de todas las personas trans.
Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas transexuales a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, según un informe de Transgender Europe de noviembre de 2016, 21 estados europeos seguían hacíendolo a fecha noviembre de 2016. La mayoría, del Este de Europa, pero también había algunos occidentales. Otros han eliminado ese requisito hace poco (Suecia, por ejemplo, no lo hizo hasta 2013, mientras que Noruega actualizó su ley en 2016). Y no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenaba hace pocas semanas a Francia por haber obligado a hacerlo (el país vecino, de hecho, modificó su legislación en 2016, eliminando dicho requisito, aunque sigue manteniendo el proceso en manos de los jueces).
Bélgica se suma ahora a la lista de países que no solo eliminan ese requisito, sino que tampoco exigen ya la necesidad de un diagnóstico médico o psicológico de “disforia de género” o similar. La ley integra, en este sentido, el principio de autodeterminación de género, que hace además extensivo a los menores por encima de los 12 años. El texto ha recibido un apoyo abrumador de la Cámara de Diputados de Bélgica: de los 123 diputados presentes, 117 han votado a favor, mientras que 6 se han abstenido. No ha habido votos contrarios. Se trata, además, de una ley que no precisa de la intervención del Senado, por lo que entrará en vigor en el plazo de unos pocos días, en cuanto reciba la rúbrica real y sea publicada oficialmente.
En cualquier caso, pese a suponer una evidente mejora y ser más avanzada que las de otros países europeos, la nueva ley belga es consideraba mejorable por los colectivos LGTB. Obliga, por ejemplo, a que las personas que solicitan la modificación tengan que hacer la solicitud en dos pasos, y permite a la fiscalía poder denegarla en un plazo de hasta tres meses. Por lo que respecta a los menores de 12 años, podrán ver reconocido su nuevo nombre pero no la modificación completa de los datos registrales, que tendrá que esperar a que cumplan esa edad. Entre los 12 y los 16 años, además, deberán contar con la conformidad de sus padres o tutores y sí que se les obligará a consultar previamente con un psiquiatra. Por último, la ley solo permitirá utilizar el procedimiento administrativo una sola vez. Si por alguna circunstancia quisiera modificar su sexo legal una segunda vez deberá acudir a los tribunales.
“Se trata de un paso fundamental hacia el pleno reconocimiento de los derechos de las personas trans, aunque no es el paso final”, ha declarado la directora ejecutiva de ILGA Europe, Evelyne Paradis, que ha lamentado que las autoridades belgas se hayan quedado a medio camino, adoptando un procedimiento coherente al 100% con el principio de autodeterminación de género, situandose aún por detrás de países como la ya mencionada Noruega o Malta, que por ejemplo permiten que los menores puedan acceder sin apenas cortapisas.
Por delante de España
Por delante de quien sí se sitúa es de España, cuya ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura. De hecho, cada vez es más numeroso el grupo de países que ya han incorporado el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, además de los ya mencionados, de Irlanda y Dinamarca, en Europa. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.
En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.
En España seguimos a la espera de que el Parlamento decida dar el paso (el grupo socialista del Congreso registró en febrero una propuesta de actualización de la ley). Mientras tanto, sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.
Comentarios desactivados en El proyecto de ley de igualdad y no discriminación presentado por la FELGTB, prueba del algodón de la voluntad real de los partidos en materia LGTB
Ampliamos la noticia en la que, el pasado viernes, hacíamos mención a este registro en el Congreso de los Diputados:
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba este jueves 4 de mayo, en el Congreso de los Diputados, una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTB. El proyecto cuenta a día de hoy con el apoyo expreso de todos los grandes partidos salvo el PP, hoy sin mayoría absoluta en el Congreso. Sobre el papel, la ley no debería tener problema para ser tramitada con celeridad y ser aprobada. Veremos qué sucede.
Solo unos pocos días después de que la FELGTB haya celebrado su 25º aniversario (nació oficialmente el 28 de abril de 1992), esta organización avanza hacia un nuevo hito con el registro en el Congreso de una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo ha hecho tras más de un año de trabajo en su elaboración y después de meses de negociaciones con los grupos políticos con representación parlamentaria.
La propuesta, que puedes descargar íntegramente en este enlace, fue sido registrada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con las firmas de toda la oposición, para acelerar la tramitación parlamentaria, por lo que el proyecto cuenta con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya fue presentado el pasado marzo en la Comisión de Igualdad por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.
Sus líneas generales
La norma registrada es muy ambiciosa, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.
Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.
Mención especial merece el capítulo sancionador, que incluye multas que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar hasta los 45.000 euros, además de las suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de dos años, la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta dos años (de cinco, en caso de reincidencia o reiteración) o la inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos, por mencionar solo algunas otras posibles sanciones.
Un proyecto que debería ser aprobado sin grandes problemas
El proyecto debería ser aprobado sin problema, al contar con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y sus aliados, Ciudadanos y partidos nacionalistas. En la actual coyuntura política española, aunque el PP y sus satélites regionales se opusieran frontalmente, no disponen de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sí la tienen en el Senado, pero el Congreso puede levantar un hipotético veto de la Cámara alta.
Ahora bien, no está de más matizar que el Gobierno del PP sí tiene la capacidad de bloquear aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que ya los analistas han anticipado que Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso. Todo dependerá, en último término, de la voluntad política de Mariano Rajoy, y de a qué otorgue más peso el presidente del Gobierno: si al sector más ultraconservador de su partido (hoy en horas bajas ante la opinión pública, pero no por ello privado de poder e influencia) o al deseo de no verse implicado en polémicas que socaven la imagen “moderada” que con la ayuda de radios, prensa escrita y buena parte de las televisiones ha construido de sí mismo.
Tampoco debemos pasar por alto que una cosa es dar apoyo a la tramitación del proyecto y otra muy distinta apoyar al 100% la redacción propuesta por la FELGTB en todos y cada uno de sus apartados. La trampa, en este caso, podría venir de posibles juegos de alianzas entre varias fuerzas políticas (PP incluido) para introducir enmiendas que descafeinasen o rebajasen el alcance del proyecto. Estaremos muy atentos.
Comentarios desactivados en Tras denegarlo en 2014, el Congreso aprueba cambiar la ley para que las personas con VIH no puedan ser discriminadas por las aseguradoras
El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la toma en consideración de una proposición no de ley del Parlamento de Navarra por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el fin de declarar nulas o no vinculantes todas aquellas cláusulas que excluyen a una de las partes por tener VIH. En caso de aprobarse la modificación, ello supondría que se pone fin a una de las discriminaciones históricas de las que son objeto las personas con VIH en nuestro país: el acceso a las pólizas de seguro.
La proposición del Parlamento navarro ha sido defendida por tres de sus diputados: el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Sergio Sayas; el de Geroa Bai, Koldo Martínez, y la diputada del PSOE, Nuria Medina. En esta ocasión, la propuesta navarra ha recibido el apoyo de todos los grupos del Congreso, después de que en dos ocasiones anteriores fuese rechazada. En 2011 se cerró la legislatura sin que el asunto pudiese quedar resuelto, mientras que en 2014, ya con la mayoría absoluta del Partido Popular, fue rechazada. Parece que a la tercera va la vencida, aunque hasta que la modificación no se produzca no se debería dar por segura. En esta ocasión el PP ha decidido sumarse a la petición en lugar de oponerse, como hizo en la ocasión anterior.
Según la proposición de ley cuya toma en consideración ha sido ahora aprobada (a la que puedes acceder aquí) “es necesario erradicar del ordenamiento jurídico todos aquellos aspectos que pongan trabas a la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación por cualquier motivo, en este caso por ser personas portadoras del VIH/sida en lo que respecta al ámbito de las cláusulas discriminatorias contenidas en determinados contratos, negocios jurídicos, prestaciones o servicios”. “Este tipo de cláusulas discriminatorias acentúan el estigma social y la discriminación legal de las personas seropositivas. La legislación actual obliga a declarar esta enfermedad a la hora de, por ejemplo, contratar un seguro. Un marco que no hace sino acrecentar la estigmatización”, continúa.
El texto reconoce que “son infinidad las asociaciones, organizaciones e instituciones las que han denunciado este tipo de cláusulas excluyentes y discriminatorias, que conllevan además graves consecuencias para el normal desarrollo de la vida de las personas afectadas”. “La libertad que reconoce el derecho privado a las partes para establecer pactos y realizar contratos no puede ser utilizada para discriminar a colectivos de algunos ámbitos por el solo hecho de tener una enfermedad. Por tanto, es necesaria una ley que declare la invalidez de cualquier cláusula que discrimine o excluya a una de las partes por ser seropositiva”, añade.
El apoyo de los populares a la propuesta navarra incluye, en cualquier caso, alguna matización. La proposición aprobada añade una disposición final a la ley por la que se pide Gobierno que en el plazo de un año presente un proyecto de ley por el que se determine la aplicación de esta medida a otras enfermedades sobre las que se aplican los mismos efectos excluyentes que al VIH en las relaciones jurídicas. Algo sobre la que la portavoz popular en materia de Consumo, María Eugenia Romero, ha mostrado sus dudas, argumentando que elaborar “una lista cerrada” de enfermedades puede tener los mismo efectos excluyentes que actualmente afectan a las personas con VIH.
Comentarios desactivados en La Confederación Católica de Padres de Alumnos reclama que “la ideología de género esté fuera de las aulas”
Ellos hablan de adoctrinamiento… El mundo al revés.
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero, ha reclamado a los grupos parlamentarios en la Comisión de Educación que, de cara al pacto educativo, se respete la libertad de elección de los centros educativos por parte de las familias, que en los contenidos que se impartan en la escuela impere la neutralidad ideológica y que la asignatura de Religión sea de oferta obligatoria, evaluable y se imparta dentro horario lectivo e instando a las instituciones públicas a no permitir que se eduque sobre el respeto a la diversidad sexual y sobre las diferentes orientaciones sexuales e ideologías de género existentes en los centros educativos.
Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), ha participado en una audiencia de la Comisión de Educación del Congreso para reclamar a los parlamentarios españoles que “la ideología de género esté fuera de las aulas”.
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) ha reclamado a los parlamentarios españoles en su intervención ante la Comisión de Educación del Congreso que la asignatura de religión católica que se imparte en los colegios españoles srea de oferta obligatoria (lo que ya es) y evaluable, haciendo que la misma cuente para la nota que hará que los jóvenes pasen de curso o tenga que repetirlo.
La organización de familias católicas también ha indicado que no quiere que los jóvenes reciban educación en materia de sexualidad, orientaciones sexuales e identidad de género, expresando que “la ideología de género esté fuera de las aulas”.
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos considera que “la ideología de género” es “un tema conflictivo” que no debe tener cabida en la aulas españolas, alegando que se debe respetar una “neutralidad ideológica” que, en el caso de la asignatura de religión católica, no están tan interesados en hacer prevalecer.
Las declaraciones del presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA) hacen uso de la misma condena que distintos responsables de la Iglesia Católica siguiendo a pies juntillas las orientaciones de Francisco, tanto en España como en el resto del mundo, han emitido hacia lo que denominan “ideología de género”.
Comentarios desactivados en El PSOE propone actualizar la ley de identidad de género para despatologizar la transexualidad y hacerla extensiva a menores
El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans
La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.
La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.
El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.
La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.
Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.
Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.
La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.
En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.
La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.
La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.
En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan “que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español”, aseguran.
Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso “no es suficiente” y consideran necesario que se aborde urgentemente “una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía”. También reivindican en el plano educativo que los centros “respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo”.
“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.
Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.
Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.
Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.
Una ley ya envejecida
Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.
En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.
España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.
La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.
En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.
Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.
Comentarios desactivados en El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz nombró comisario “honorífico” a un juez del Constitucional que rechazó el matrimonio igualitario con argumentos ultraconservadores
Y se habló de nombrarlo embajador en El vaticano aunque parece que allí dijeron que “nones”… Y el PSOE le ha dado un buen bofetón vetándole para que presida cualquier comisión.
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los políticos del Partido Popular que con más ahínco se han opuesto al avance de los derechos LGTB en España, nombró comisarios de honor del Cuerpo Nacional de Policía a siete personas que nada tienen que ver con este cuerpo polícial. Una de ellas ya era conocida: el director del diario La Razón Francisco Marhuenda, afín al PP. Estos días hemos sabido además que otro de los “merecedores” de este premio político fue Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Tribunal Constitucional, uno de los que se opuso al fallo que en 2012 consideró constitucional el matrimonio igualitario y que utilizó en su voto particular buena parte de los argumentos que suelen utilizar los ultraconservadores en esta materia.
Ramón Rodríguez Arribas fue, de hecho, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España entre 2011 y 2013, formando por entonces parte de la mayoría conservadora que desde hace años domina el alto tribunal. Su intervención posiblemente más destacada en aquellos años consistió en la de ser uno de los tres magistrados que se opusieron al que el matrimonio igualitario fuese considerado constitucional. Rodríguez Arribas era partidario de aceptar el recurso que en su momento fue planteado por el PP, y emitió de hecho un voto particular discrepante plagado de “perlas”. Aseguró, por ejemplo, que la interpretación que la mayoría de sus compañeros hacían de la institución matrimonial era “un tanto enrevesada y poco eufónica” y realizaba “una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino“. “Con esta formulación se prescinde absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio desde que apareció el ser humano en el planeta y que como institución precedió a la tribu”, añadía.
“En efecto, además de todos los componentes jurídicos del matrimonio, éste es también una unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana y aunque este fin natural pueda satisfacerse fuera del matrimonio y también aunque no sea el único fin de la institución que permanece si cumple los demás fines, no puede desconocerse sin incurrir en un salto ilógico imposible de admitir”, argumentaba con una lógica bastante difícil de comprender. “Y no se diga – que se dice– que entonces las parejas estériles o voluntariamente abstenidas de cumplir el fin reproductivo, quedarían excluidas del matrimonio, porque es la posibilidad genérica, la potencia en sentido ontológico, de servir al fin respecto de la especie humana y no el acto concreto o el efecto cierto, lo que caracteriza a cualquier institución colectiva“, añadía.
Rodríguez Arribas también exponía sus reservas sobre el hecho de permitir a las parejas del mismo sexo adoptar (recordemos que ese constituía el supuesto cuarto motivo de inconstituiconalidad que el PP argumentaba) al argumentar que “si nada puede oponerse a que una persona homosexual, sea hombre o mujer, pueda adoptar individualmente a un menor, la cuestión está en que desde el punto de vista del niño, que es lo único importante, no resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre o sólo un padre o sólo una madre, para sustituir la pérdida o abandono de los naturales, se encuentre con que tiene dos padres y ninguna madre o dos madres y ningún padre o haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre”. Una argumentación más propia de la barra de un bar que de una sentencia legal.
Tres comisarios honoríficos “secretos”
Según cuenta eldiario.es, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha conseguido que se revele la identidad de cuatro de los siete comisarios “honorarios” nombrados por Fernández Díaz. Además de Marhuenda y Rodríguez Arribas, lo son el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. Pero quedan tres personas a las que el Ministerio se niega a identificar (uno de ellos, según aseguraba en junio El Plural, podría ser el confesor del ministro, el sacerdote Silverio Nieto)
Fernández Díaz, ¿presidente de la Comisión de Exteriores?
La salida del gobierno de Jorge Fernández Díaz ha sido una excelente noticia en clave LGTB. Se trata, recordemos, de uno de los políticos del PP más cercanos al integrismo católico (“Dios es el gran legislador del universo”, aseguraba en diciembre de 2011 en una entrevista). Tras conocerse el fallo desestimatorio del recurso de su partido contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente, él fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo, y de hecho ha llegado a afirmar que el matrimonio igualitario “amenaza la pervivencia de la especie” (declaraciones sobre las que declinó pedir disculpas).
Fernández Díaz también concedió en 2013 el reconocimiento como “asociación de utilidad pública” a HazteOír, una organización ultraconservadora ferozmente opuesta a los derechos LGTB, y más recientemente adjudicaba la formación de los futuros policías nacionales a una universidad de ideario católico.
Mariano Rajoy, en cualquier caso, pretende asegurarle a su exministro un “retiro dorado” como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Una decisión que muestra la supuesta comodidad absoluta con la que el PP se mueve en esta cámara, pese a no disponer de mayoría absoluta, y para la que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, necesitaba también la abstención de alguno o del resto de partidos, pero el PSOE ha vetado que presida cualquier comisión y los populares aseguran que abren un “periodo de reflexión”.
Comentarios desactivados en El Congreso insta a actualizar la ley de identidad de género a propuesta de Ciudadanos y con la abstención del PP
La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que ha preferido abstenerse, una proposición no de ley que insta al gobierno a modificar la legislación que regula la rectificación del sexo registral de las personas trans y adecuarla al principio de autodeterminación de género. La proposición, presentada por Ciudadanos y que ha recibido aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pide eliminar el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo, así como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.
1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de las personas transexuales menores de edad, atendiendo a su interés superior, independientemente de su edad y sin necesidad de someterse a tratamientos médicos obligatorios y a un previo diagnóstico de salud mental.
2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.
3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.
4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:
a. Se elimine el límite de edad establecido para poder solicitar la rectificación de la mención registral del sexo.
b. Eliminar la obligatoriedad de recibir tratamiento médico para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado como requisito para acordar la rectificación.
Una redacción que era bien recibida por los colectivos trans, que aun así la consideraban mejorable. Es el caso de la Plataforma por los Derechos Trans, que en una nota de prensa hecha pública antes de su aprobación pedía que se modificase el apartado 4.b, para el que proponía la siguiente redacción: “Eliminar la obligatoriedad del informe médico y todos los requisitos mencionados en el artículo 4 de la mencionada Ley”.
Finalmente, y según nos han confirmado desde la propia plataforma, la solicitud de modificación era atendida y tramitada mediante enmienda transaccional acordada entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Así ha quedado el texto definitivo:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de los menores.
2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.
3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.
4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:
a. Se permita la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, teniendo en cuenta el interés superior del menor.
b. Eliminar la obligatoriedad de los requisitos mencionados en el artículo 4.
5. Permita el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia de los migrantes trans.
En definitiva, una proposición muy positiva, que esperamos sea atendida. En la actual coyuntura política española, conviene precisarlo, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo no dispone de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que si las fuerzas que ayer aprobaron esta proposición se ponen de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado.
Ahora bien, y como en estos últimos días muchos analistas han destacado al hilo de una supuesta “capacidad del Congreso” para legislar en contra del Gobierno, este debe dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso, en el que a priori parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.
Ley integral de transexualidad a nivel estatal
Desde la Plataforma por los Derechos Trans, en cualquier caso, no dejan de insistir en que la aprobación de una reforma de este tipo no invalida la más que necesaria aprobación de una ley integral de transexualidad a nivel estatal. “Es una medida urgente que esperamos que el gobierno asuma y entienda, aunque desde esta federación de entidades trans pedimos de nuevo no meter en el cajón del olvido la propuesta de una ley trans estatal, que esta federación puso en la mesa de todos los partidos políticos, para poner fin a las desigualdades que se dan de unas comunidades con respecto a otras”, ha declarado a este respecto su presidenta, Mar Cambrollé.
Comentarios desactivados en IU lleva al Congreso una batería de medidas contra las agresiones homófobas
La iniciativa registrada, busca también impulsar la “elaboración de una Ley estatal integral de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones y la discriminación” que sufre el colectivo LGTBI en todas sus expresiones.
Entre el 60 % y el 90 % de las personas que sufren delitos de odio no denuncian.
Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que sea debatida lo antes posible en el Pleno de la Cámara para hacer frente de forma contundente a las agresiones contra lo/as integrantes del colectivo LGTBI, ante el grave incremento de las mismas en los últimos meses, así como para impulsar la “elaboración de una Ley estatal integral de Igualdad de Trato que luche contra las agresiones y la discriminación” que sufre este colectivo en todas sus expresiones.
La iniciativa de IU plantea de forma clara en su parte propositiva que la Cámara Baja inste al Gobierno a desarrollar “un protocolo de actuación integral para tratar adecuadamente a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, así como para perseguir estos delitos de odio de forma contundente”. Es imprescindible que este protocolo esté “dotado de recursos económicos y personales que puedan hacer frente a estas situaciones de violencia y discriminación”.
Firman esta proposición no de ley los diputados de Izquierda Unida Alberto Garzón, Eva García Sempere, Ricardo Sixto y Joan Mena. Todos ellos coinciden en advertir de que en “los últimos años estamos recogiendo datos escalofriantes sobre los delitos de odio ocurridos en España (aquellos que se ejecutan contra una persona por su pertenencia a una etnia, raza, discapacidad, religión, orientación o identidad sexual), con un importante peso de aquellos dirigidos contra la orientación sexual e identidad de género. Estas agresiones van desde amenazas, robos o agresiones, hasta abusos y violaciones”. De ahí que la iniciativa de IU pretenda también “promover la denuncia por parte de las víctimas por orientación sexual, identidad de género o expresión de género”.
En el análisis hecho, los ponentes de Izquierda Unida muestran una especial sensibilidad con algunos aspectos particularmente graves detectados. De esta forma, basándose en estudios realizados por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) se ha constatado que “el número de personas menores de edad pertenecientes al colectivo LGTB que informan haber sufrido acoso, agresiones y tratamiento intimidatorio se ha duplicado con respecto al año anterior, alcanzando un 15 % del total recogido en 2015”.
Al mismo tiempo, “en 2015 se ha registrado que un 16 % de los agresores tenían menos de 18 años”. Esta situación, en una opinión que comparten IU y la FELGTB, “muestra la necesidad de formar y sensibilizar a los menores contra la LGTBfobia con el fin de frenar y prevenir este tipo de actuaciones”.
Por ello, en el iniciativa que se debatirá en el Congreso se plasma de forma práctica que se pongan en marcha “planes de formación y sensibilización para el profesorado de colegios e institutos en diversidad afectivo sexual puesto que los/as menores se encuentran más desamparados/as al no poder denunciar. Programas que den herramientas al personal docente para atender y prevenir los casos de LGTBIfobia”.
La proposición no de ley se completa con un punto en el que se reclama “elaborar y poner en marcha planes de formación y sensibilización en materia de diversidad afectivo sexual a los/as agentes de policía y guardia civil, que den herramientas para prevenir, detectar y atender casos de delitos por LGTBIfobia”.
Izquierda Unida quiere hacer frente así a datos tan preocupantes y decisivos como aquellos de los que advierte la Agencia Europea de Derechos Fundamentales: entre el 60 % y el 90 % de las personas que sufren delitos de odio no denuncian ni a las organizaciones ni a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Y no lo hacen -detalla la iniciativa- por miedo a represalias, sensación de vulnerabilidad, desconfianza en las fuerzas de seguridad o porque tienen la convicción de que no cambiará nada”.
Comentarios desactivados en Orgullo LGTB 2016: reivindicación activista y celebración se dan la mano en la que ya es la “fiesta mayor” de la ciudad de Madrid
Más de un millón de personas en la marcha del Orgullo en Madrid
La manifestación pidió una ley de Igualdad LGTB, ley Integral de Transexualidad, pacto por la Educación y pacto frente al VIH, el estigma y la discriminación.
La alcaldesa, Manuela Carmena, puso el colofón a la cita: “Que acaben los brotes de homofobia y la intolerancia”, manifestó.
Un año más hemos vivido un maravilloso Orgullo. La confirmación definitiva, además, de que la reivindicación de los derechos LGTB ha acabado por dar lugar a la más importante festividad de Madrid. Con todas las incomodidades que ello conlleva, sin duda, pero que quedan compensadas por la alegría que rebosa la ciudad y por el caudal de visibilidad que nos aporta. En un año, además, en el que la implicación institucional, muy singularmente del Ayuntamiento de Madrid, ha sido por fin la que merece, aunque haya todavía mucho recorrido para mejorar. Es hora de disfrutar de lo conseguido, hacer balance de aciertos y errores y planificar con tiempo el que en 2017 puede ser el mejor World Pride de los habidos hasta la fecha.
Cientos de miles de personas, más de un millón según los organizadores, se han manifestado este sábado en Madrid reclamando una igualdad real de derechos entre las personas sin importar su identidad de género y, especialmente, han pedido que la bisexualidad se haga visible.
La manifestación en favor del Orgullo LGTB 2016 dio comienzo en la Glorieta de Atocha con numerosos políticos sujetando la pancarta que encabezó la protesta y con alrededor de un millón de asistentes que se repartieron a lo largo del Paseo del Prado.
La marcha pidió la aprobación de cuatro leyes que el colectivo LGTBI reclama para lograr una igualdad plena en la sociedad. Cerca de 30 carrozas —de partidos políticos, empresas y asociaciones sociales— han recorrido el Paseo del Prado (desde Atocha a Colón) al ritmo de canciones icónicas como A quién le importa lo que yo haga de Alaska y Dinarama.
Dos eran este año los lemas o motivos principales de reivindicación. Al igual que en 2015, “Leyes por la Igualdad Real ¡Ya!” era uno de ellos. Porque ha pasado ya otro año y a nivel legislativo el Parlamento español nada ha hecho por avanzar hacia una ley integral de transexualidad que acabe de una vez por todas con la patologización y que incluya de forma efectiva a los menores, ni por aprobar una ley de igualdad de trato y contra la discriminación, ni por conseguir un pacto de estado frente al VIH, ni por combatir el acoso LGTBfóbico en las aulas o en el mundo virtual… Pero tampoco por mejorar la situación de las personas LGTB migrantes y solicitantes de asilo, ni por recuperar el papel perdido de España como avanzadilla de los derechos LGTB en el mundo.
El otro gran campo de reivindicación era este año la visibilidad del colectivo bisexual, tantas veces despreciado, rechazado o minusvalorado incluso dentro del propio colectivo LGTB. No en vano este 2016 ha sido declarado por la FELGTB “Año de la Visibilidad Bisexual”.
En la pancarta de cabecera, este año repetían muchos de los representantes políticos y sociales que ya estaban el año pasado (aunque sin la presencia esta vez de “números uno” de partidos nacionales). Allí se encontraban Clara Alonso (secretaria de Comunicación de Izquierda Unida), José María Álvarez (secretario general de UGT), Carla Antonelli (activista LGTB y diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid), Javier Blanco (secretario general de USO Madrid), Purificación Causapié (portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid), Jaime Cedrún (secretario general de Comisiones Obreras de Madrid), Iñigo Errejón (secretario de Política y portavoz de Podemos en el Congreso), Ignacio Fernández Toxo (secretario general de Comisiones Obreras), Ángel Gabilondo (portavoz socialista en la Asamblea de Madrid), Ibán García (secretario de Movimientos Sociales del PSOE), Jesús Generelo (presidente de la FELGTB), Jesús Grande (presidente de COGAM), Marta Higueras (primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid), Carlos Izquierdo (consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid), José Manuel López (portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid), Juancho López de Uralde (coportavoz de Equo y diputado en el Congreso), Luis Miguel López (secretario general de UGT Madrid), Rita Maestre (concejala de Ahora Madrid y portavoz del Ayuntamiento de Madrid), Ana Meluska (activista transexual), José Luis Pazos (presidente de CEAPA), Alexandra Pérez (miembro de la Junta Directiva de CESIDA), Shakira Rodrigo (representante de CEAR), Amanda Rodríguez (portavoz bisexual de la FELGTB), Begoña Villacís (portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid) y César Zafra (portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid).
Tras la pancarta de cabecera se manifestaron las delegaciones de los diferentes colectivos y organizaciones sociales y políticas participantes (puedes ver una completa galería fotográfica más abajo) y ya cerrando marcharon las 29 carrozas, entre ellas dos del colectivo COGAM y una de Son Nuestros Hijos y las de los partidos PSOE, Podemos, Ciudadanos y Convergencia de la Izquierda. Cerraban la marcha las carrozas de las diversas empresas y negocios participantes (puedes ver aquí el listado).
Pese a la multitud congregada, la manifestación fue poco a poco avanzando. Las mejoras organizativas respecto a años anteriores eran evidentes (también el mayor número de voluntarios), lo que permitió que la pancarta de cabecera llegase sin problemas a la Plaza de Colón, donde tuvo lugar la lectura del manifiesto, que puedes leer en su integridad aquí. Por segundo año consecutivo, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiso estar presente en el escenario, con el consiguiente alborozo de los asistentes. Cómo no felicitarse por el contraste con la anterior alcaldesa… Hubo recuerdo, cómo no, al inolvidable Pedro Zerolo, así como a las víctimas de la masacre homófoba de Orlando y a la celebración en Madrid el año próximo del World Pride (considerado el evento LGTB internacional más importante del mundo). Se echó en falta sin embargo la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que excusó su presencia y estuvo representada en el escenario por el consejero de Presidencia, Ángel Garrido
Cristina Cifuentes no acudió
Un año más, la manifestación ha estado marcada por la polémica.En esta ocasión, por que el PP se ha quejado del “veto” que, en su opinión, le impusieron a su partido, al no invitarle a encabezar la manifestación. Según explicó el presidente del Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (COGAM) —uno de los organizadores junto a la FELGBT—, Jesús Grande, los populares no han estado comprometidos con la defensa de sus derechos. “No vale venir, hacerse la foto y olvidarse del tema”, sentenció. Cristina Cifuentes fue invitada en calidad de presidenta de la Comunidad, pero no como presidenta de la Gestora del PP de Madrid, lo que vio “una terrible equivocación y una contradicción”. “Si se quiere dar normalidad, integración, eso no tiene sentido excluyendo a algunos”, apuntó. Por su parte, el consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo (PP), ha explicado que la presencia de su partido en la manifestación evidencia la apuesta importante por “la tolerancia y la igualdad de oportunidades para todos” de la formación.
Por lo que se refiere a la propia Cristina Cifuentes, justo es reconocerlo, ha mostrado su apoyo al Orgullo 2016 y ha colocado la bandera arcoíris en la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Respecto al papel que su partido está desempeñando en la Comunidad de Madrid en materia LGTB hay sin embargo diversidad de opiniones. Pudo haber apoyado la ley integral de transexualidad que fue aprobada por los tres grupos de la oposición (con mayoría en la Asamblea de Madrid) y que contaba con el apoyo expreso de los colectivos LGTB, pero prefirió abstenerse. Y en estos momentos, una vez aprobado en comisión el dictamen de la futura ley contra la LGTBIfobia tras conseguir los grupos de la oposición introducir todo un repertorio de enmiendas pactadas con los colectivos LGTB, está retrasando su aprobación final por el pleno de la Asamblea (como lleva denunciando estas últimas semanas Carla Antonelli). Bien parece que en esta cuestión el PP de Madrid rechaza lo que simplemente no puede controlar… Pese a todo no dejamos de reconocer la sensibilidad de Cifuentes hacia las reivindicaciones del colectivo LGTB y creemos un error que no acudiese al Orgullo. Ojalá recapacite en años venideros.
Éxito organizativo y mayor implicación institucional
Por lo que se refiere a la asistencia, resulta imposible hacer cálculos: fue una inmensa marea humana la que este sábado inundó todo el área central de la ciudad. Como en años anteriores se habla de cifras claramente superiores al millón de participantes. Es imposible saberlo en un evento en el que el tipo y grado de participación es múltiple. Sí que nos pareció (repetimos aquí lo que ya dijimos hace un año) que el número de personas en las calles fue superior al de años anteriores, tanto antes como durante y después de la manifestación. El hecho de que las propias fiestas del Orgullo hayan rebasado los límites de Chueca y se hayan extendido a todo el centro de Madrid (con escenarios festivos, además de en Colón, en la Puerta de Alcalá, la Plaza del Rey y la Plaza de España) tiene sin duda mucho que ver: a partir de un cierto momento de la tarde-noche manifestación reivindicativa y celebración festiva se fusionan en un magma indistinguible.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado que hay que “trabajar mucho para que la ciudad de Madrid sea la ciudad de la libertad y la igualdad los 365 días del año”.
El portavoz del grupo Podemos en el Congreso de los Diputados, Iñigo Errejón, ha querido recordar la importancia de “convencer a la gente y resistir” ante la opresión que sufren estos colectivos. Por eso, ha señalado que la intención de la formación morada es desarrollar una ley contra la LGTBFobia y centrarse en espacios más opacos como “el ámbito laboral o el mundo del deporte”. Ha insistido en que siente “orgulloso” por el recorrido hecho y con ganas de seguir “construyendo” el futuro.
También estuvo presente, acompañado de un nutrido grupo de militantes, Juantxo López de Uralde, portavoz de Equo, que ha comentado en declaraciones a Cáscara amarga que “no vamos a dejar de reivindicar y celebrar la diversidad. Es importante mantener la presencia en la calle porque vivimos un año de agresiones homófobas graves en la ciudad de Madrid, a pesar de ser una ciudad con mucha libertad”.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, que sujetaba la pancarta por segunda vez, ha querido remarcar el “apoyo a la libertad de la ciudad de Madrid”. “Toca celebrar y divertirse”, ha manifestado ante los medios, recordando también los ataques homófobos que han ocurrido a lo largo del año en la capital, exigiendo “no olvidarlos”.
El presidente de la asociación COGAM, Luis M. Grande, ha declarado en favor de las víctimas de agresiones y asesinatos homófobos, denunciando los países en los que ser “gay” se castiga con la pena de muerte.
El Orgullo LGTB de Madrid es reivindicación, pero también es ya la “fiesta mayor” de la ciudad. No hay otra que la iguale. Lo decíamos ya el año pasado: a este respecto, el Ayuntamiento debe asumir la parte que le corresponde en un fenómeno que aporta millones de euros a la ciudad y le da una visibilidad internacional impresionante. Y nos alegra decir que por fin parece estar haciéndolo. A este respecto, la declaración la pasada semana del Orgullo como “bien de interés general”, a propuesta de Ahora Madrid y del PSOE y apoyada por Ciudadanos (el PP se abstuvo…) es un buen comienzo.
Por lo que se refiere a lo que pudimos constatar con nuestros propios ojos, ya en 2015 vimos avances organizativos por lo que se refiere a infraestructuras de soporte, pero este año han sido aún mayores: más amplia (o desde luego más visible) red de asistencia sanitaria, mayor número de urinarios portátiles (aunque insuficientes), una mejora importante de la movilidad (por segundo año consecutivo se habilitó una vía lateral rápida por la que ambulancias y coches de policía podían circular sin alterar la dinámica de la manifestación, y por primera vez se estableció un carril de seguridad a lo largo de la Gran Vía durante la noche)… Mejoras que no evitan ciertas inconveniencias, comunes a otras fiestas multitudinarias de España, como el gran botellón en que numerosas calles del centro se convierten ya entrada la madrugada o la gran cantidad de residuos que se generan. Se impone, y también nos repetimos en esto, una reflexión calmada sobre el giro que debería ir adoptando la programación de ocio vinculada al Orgullo para intentar reconducir esta situación. Seamos en cualquier caso realistas, y no olvidemos que el hecho de que la mayor fiesta de la ciudad provenga de una reivindicación de derechos y no de una conmemoración religiosa (por muy respetables que sean estas para muchos ciudadanos) es digno de orgullo. Nunca mejor dicho…
Por lo que se refiere a lo gestual, resulta imposible recoger todo lo que se ha podido ver estos días en Madrid. Banderas arcoíris en Ayuntamiento, Juntas de Distrito, Comunidad de Madrid, monumentos de la ciudad (nos imaginamos la rabia que debieron sentir muchos enemigos de la libertad al ver iluminado de arcoíris el franquista “arco de la victoria” por decisión de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca), pasos de peatones… Pero sin duda la imagen de la semana ha sido la de la fachada del Congreso de los Diputados iluminada con los colores del arcoíris. Ojalá que esa imagen sea premonitoria de los avances que en materia LGTB se aprueben en su interior en esta próxima legislatura (numéricamente, ya lo decíamos esta semana pasada, es posible, si hay voluntad…)
Reportaje audiovisual…
Por segundo año consecutivo hemos elaborado nuestro propio reportaje audiovisual sobre la Manifestación Estatal del Orgullo 2016. Este año contamos con declaraciones de Carla Antonelli, Iñigo Errejón (sin duda la estrella de la pancarta por lo que a atención mediática se refiere), Ángel Gabilondo, Begoña Villacís, Juancho López de Uralde y nuestra Boti García Rodrigo. Damos gracias a todos ellos por su amabilidad y disposición a atender a nuestro micrófono bajo el sofocante calor. También hay un resumen de lo sucedido en el escenario, lectura de manifiesto e intervención de Manuela Carmena incluida. ¡Esperamos que os guste!
Galería de fotos
Finalmente, como en años anteriores (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) insertamos una galería fotográfica de lo acontecido este sábado en Madrid, como siempre en el caso de dosmanzans con especial atención a la parte más reivindicativa de la manifestación. Intentamos recoger en ella instantáneas de todos los colectivos participantes, aunque pedimos disculpas si se nos escapó alguno. Puedes acceder a ella pinchando aquí.
Comentarios desactivados en El PP se opone a una ley integral de delitos de odio, que apoya el resto de los grupos, al considerar que lo hecho en la pasada legislatura es “suficiente”
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha aprobado, con los votos a favor de todos sus integrantes salvo los representantes del PP, una proposición no de ley presentada por el PSOE que insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley integral contra los delitos de odio.
En su exposición de motivos, la proposición reconoce los avances que se han producido en esta materia, como la reforma del artículo 510 del Código Penal para incluir como agravante la motivación homófoba o tránsfoba, la creación de Fiscalías para delitos de odio y discriminación o la puesta en marcha del registro de delitos de odio en el Ministerio del Interior y de un protocolo de intervención para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aún así, la iniciativa busca seguir avanzando en esa dirección e incorporar al ordenamiento jurídico español los conceptos establecidos por los organismos internacionales sobre esta materia, tales como “delito de odio” y “discurso de odio”.
Por ello se propone que el Gobierno adopte un plan de intervención contra el lenguaje y el discurso del odio, así como que presente un proyecto de ley integral que incluya, entre otras diversas medidas, mecanismos de prevención, sensibilización y detección en todos los ámbitos (incluyendo internet y redes sociales); la garantía de una asistencia jurídica integral, con el fin de facilitar la denuncia y la persecución del delila tutela judicial efectiva; incorporar en los planes educativos la diversidad; apoyar el esfuerzo del tejido asociativo frente al delito de odio y las conductas de intolerancia y discriminación o la formación a todos los miembros de la Fiscalía, judicatura, funcionarios judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado acerca de la tipología, características y necesidad de combatir la discriminación y los delitos de odio.
La propuesta socialista ha recibido el apoyo de todos los grupos representados en la Comisión de Igualdad del Congreso, salvo el Popular. La diputada popular María Luz Bajo justificaba su negativa en que después de las últimas reformas aprobadas en la pasada legislatura el Código Penal es “suficiente” para combatir este tipo de delitos, que ella misma calificaba por cierto como “abominables y repugnantes”.
Delitos de odio
Recientemente el Ministerio del Interior presentaba su informe 2015 sobre delitos de odio en España (puedes descargarlo aquí) El total de casos registrados en 2015 fue finalmente 1.328. De ellos, 169 (un 12,7%) lo fueron por orientación sexual o identidad de género, cifras que fuera de contexto podrían llevar a pensar que ha habido un descenso de las agresiones por LGTBfobia respecto a 2014. Sin embargo, el cambio metodológico en el sistema de contabilización de las denuncias impulsado en 2015 impide hacer una comparación precisa con los datos de años anteriores (un cambio que la propia FELGTB bendijo al considerar que era más preciso).
El mayor porcentaje de delitos de odio fue el correspondiente a los casos de racismo y xenofobia (505, un 38% de los casos), seguido de la ideología (308 casos, el 23’2%) y en tercer lugar la discapacidad (226 casos, un 17%). Los delitos por orientación sexual o identidad de género constituyen el cuarto grupo más numeroso, seguido de los delitos por creencias o prácticas religiosas (70, un 5,3%), por sexo o género (24 casos, un 1,8%), por aporofobia u odio a las personas “pobres” que se encuentran en situación de exclusión social (17 casos, un 1,3%) y por antisemitismo (9 casos, un 0,7%):
Recordemos, en cualquier caso, que según los especialistas la mayor parte de las agresiones motivadas por LGTBfobia continúan sin denunciarse. Más de un 70%, según la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “La cifra de agresiones, por tanto, si extrapolamos datos, superaría el medio millar. El miedo a salir del armario o la sensación de que no habrá consecuencias para sus agresores, entre las principales razones para no acudir a la policía”, expresaba esta organización en febrero, cuando se hizo público el adelanto del informe. “Aunque se está trabajando en la recogida de datos y en la aproximación de los cuerpos y fuerzas del estado a las víctimas, seguimos hablando de un colectivo bastante invisibilizado y expuesto a grave riesgo de sufrir violencia”, añadía la FELGTB, que reclamaba precisamente una ley integral en este sentido.
Habrá que ver cómo evoluciona la coyuntura política en próximas semanas para saber qué futuro espera a la iniciativa socialista, que pese a contar con el apoyo de toda los grupos salvo el PP en este momento es poca cosa más que una declaración de intenciones al no haberse llegado a un acuerdo para la formación de un nuevo Gobierno. Y si finalmente se convocan nuevas elecciones en junio, será la nueva composición del Congreso la que marcará el paso.
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La Mesa del Congreso de los Diputados ha desbloqueado por fin dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB: la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (propuesta por la FELGTB y presentada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género” (propuesta por el PSOE). La decisión de Ciudadanos de marcar una ruptura parlamentaria selectiva con el PP (partido con el que tiene un acuerdo de legislatura y junto al que dispone de mayoría en la Mesa del Congreso) ha resultado clave.
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