Comentarios desactivados en El Pacto social frente a los discursos de odio pide al Congreso que legisle para acabar con estos discursos
Las organizaciones celebran la reciente creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados para abordar los discursos de odio
Las organizaciones que componen el Pacto Social frente a los discursos de odio contra los grupos en situaciones de vulnerabilidad, Federación Estatal LGTBI+, CERMI, Fundación ONCE, CESIDA, El Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, Hogar Sí, Fundación Secretariado Gitano, CCOO, UGT, Chrysallis, Fundación Triángulo y Oxfam Intermón, han pedido hoy a los partidos políticos que legislen lo antes posible para reducir, limitar y acabar con los discursos de odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad.
Las organizaciones firmantes consideran una oportunidad que el Congreso haya creado una subcomisión para abordar la lucha contra los discursos de odio y piden que comience a funcionar cuanto antes, porque la situación que se vive con el aumento de los discursos de odio contra los grupos en situación de vulnerabilidad es cada vez más peligrosa.
En este sentido, han calificado lo sucedido este verano como “un auténtico verano del odio”, en el que la ultraderecha ha multiplicado sus bulos y difusión de discursos de odio, en especial contra las personas migrantes, buscando deliberadamente generar odio para romper la convivencia y la paz social.
La estrategia de la ultraderecha para agitar, señalar y generar violencia está generando un peligroso caldo de cultivo
Las organizaciones firmantes del Pacto alertan de que la estrategia de la ultraderecha para agitar, señalar y generar violencia, está generando un peligroso caldo de cultivo para legitimar la criminalización de determinados colectivos, lo que al final lleva a las agresiones o disturbios, como ha ocurrido recientemente en Reino Unido.
Además, han señalado que los promotores de los discursos de odio están haciendo un uso intensivo de redes sociales como X (antes Twitter) y Telegram para difundirlos, haciéndolos hipervisibiles en detrimento de los discursos que apuestan por la empatía, la convivencia, la moderación y la tolerancia, manipulando a la opinión pública con bots e información falsa, constituyendo un auténtico peligro para nuestra democracia y para la cohesión social.
Por todo ello, las organizaciones exigen la actuación decidida y efectiva del Estado para combatir los discursos de odio y proteger así a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Comentarios desactivados en Organizaciones de DDHH aplauden la creación de la subcomisión para el desarrollo de un Pacto de Estado contra los discursos de odio
La iniciativa de los colectivos se ha aprobado este jueves 20 de junio en la Comisión de Igualdad
Las organizaciones estatales que trabajan por la defensa de colectivos en situación de vulnerabilidad celebran la aprobación este jueves en la Comisión de Igualdad de la creación de la subcomisión para el desarrollo de un Pacto de Estado contra los Discursos de Odio hacia los grupos vulnerables por 34 votos a favor y tres en contra, todos los grupos parlamentarios a favor excepto Vox. Las organizaciones han aplaudido la aprobación, considerándola un ejemplo de consenso político contra el odio.
La Federación Estatal LGTBI+; CERMI; Fundación ONCE; CESIDA; El Consejo de la Juventud de España; Red Acoge; Cear; Hogar Sí; Fundación Secretariado Gitano; CCOO; UGT; Chrysalis; Fundación triángulo y Oxfam Intermón son las entidades integrantes del Pacto Social contra los Discursos de odio contra los grupos en situaciones de vulnerabilidad y las impulsoras de esta iniciativa. Así, aplauden este primer paso, aprobado tras la conmemoración del Día Internacional contra los discursos de odio (18 de junio) y piden a todos los partidos que escuchen las demandas de la sociedad civil organizada y recojan las propuestas del documento base con el que han impulsado el pacto.
Uno de los objetivos del Pacto es reforzar el consenso social y político en defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad y rechazar los discursos de odio que señalan a estos colectivos, para que estos ataques no sean aceptables, ni rentables, ni a nivel social, ni político. También persigue impulsar la acción desde el Estado para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad, víctimas de los discursos de odio e informar a dichas víctimas sobre sus derechos y las herramientas que tienen para poder ejercerlos y defenderlos.
Las entidades impulsoras del Pacto exigen una respuesta social y política frente a la violencia verbal contra los grupos en situación de vulnerabilidad. Así, solicitan que el pacto incluya medidas de protección en el ámbito laboral; mejoras estadísticas y medición de los discursos de odio y sus efectos; formacion y sensibilizacion a los operadores jurídicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad funcionariado educativo y persona general de la administración; control de la aplicación de las herramientas jurídicas para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad; evaluación y seguimiento del pacto y una adecuada coordinación de la acción para evitar cualquier retroceso en derechos humanos de los colectivos en situación de vulnerabilidad.
Pacto Social contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables
Más de una decena de organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos más representativos suscribieron en 2023 un texto consensuado que definía un Pacto Social contra los discursos de odio ante la proliferación de este tipo de mensajes en la esfera pública. El trabajo institucional para convertirlo en Pacto de Estado arrancó en enero de 2024 y este jueves se vota en la Comisión de Igualdad la creación de una subcomisión para su elevación a Pacto de Estado.
Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa denuncian que los discursos de señalamiento y odio contra grupos en situación de vulnerabilidad son el origen de la violencia que los colectivos sufren en las calles.
Hoy debatimos un gran Acuerdo de País contra los Discursos de Odio.
Buscamos el mayor consenso posible, incluido el del @ppopular. Luchar contra los discursos de odio es una cuestión que debería estar por encima de los colores políticos.
Comentarios desactivados en Informe del Defensor del Pueblo: uno de cada diez españoles asegura haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad
(El Defensor del Pueblo entrega el informe a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francima Armengol.)
El 0,6% de las víctimas fueron abusadas por clero católico, y un 1,13% en el ámbito religioso
Ángel Gabilondo entregó el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica’, Una respuesta necesaria a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El estudio incluye una macroencuesta, encargada a GAD3, con una muestra de 8.013 personas
El 3,36% de los abusos se produjo en el ámbito familiar, mientras que el 0,6% afirma que “ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso”
El informe, de 777 páginas, indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública”
Entre las recomendaciones del informe, el Defensor del Pueblo apunta la posibilidad de celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas
Se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos
Uno de cada diez españoles (el 11,7%) afirma haber sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años, según una encuesta realizada por GAD3 para el Defensor del Pueblo, y que se incluye en el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica’, Una respuesta necesaria, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de presentar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y que entregará el día 2 al ministro de la Presidencia.
Los datos de la encuesta, la primera muestra metodológica y numérica significativa en este campo (8.013 personas) señalan cómo el 3,36% de los abusos se produjo en el ámbito familiar, mientras que el 0,6% afirma que “ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico, y un 1,13% que la agresión se registró en el ámbito religioso”. Cualquier extrapolación de los datos a la realidad estadística española daría, en todo caso, cientos de miles de casos. 440.000, según extrapola El País, aunque Gabilondo ha querido dejar claro que él no es quién para hacer dicha extrapolación.
Los datos de la CONFER son 1.430 víctimas, y sin embargo la diferencia es de unos 400 con los obispos, destacó Gabilondo. “La CEE ha encontrado menos que nosotros”, incidió Gabilondo, quien añadió que El País habla de 2.223. “Cuantificar estos asuntos es poco fecundo, es importante cada caso, y que no se deje ningún caso fuera de la contabilidad”, recalcó el Defensor del Pueblo. “¿Por qué no hemos extrapolado nosotros? Porque pensamos que no se debe extrapolar”.
En la encuesta, además, se refleja cómo “el 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron de bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema”.
El informe, de 777 páginas, indica que “los abusos sexuales en la Iglesia católica constituyen un grave problema social y de salud pública”, un problema, añade, que “ha causado mucho daño. La gravedad del fenómeno deriva de la intensidad del daño que han sufrido las víctimas, de la cantidad de personas afectadas y de la defraudación de la confianza depositada por ellas, y por una parte muy importante de la sociedad, en una institución que ha tenido un poder innegable en España y una autoridad moral en la sociedad”.
Un fondo estatal de compensaciones
Entre las recomendaciones del informe, el Defensor del Pueblo apunta la posibilidad de celebrar un acto público de reconocimiento a las víctimas, crear un fondo estatal para pagar compensaciones, que la Iglesia ponga medios para ayudar a las víctimas en el proceso de recuperación, y reformas normativas para prevenir abusos y reparar a las víctimas.
El Defensor del Pueblo con la comisión asesora que estudia los abusos sexuales en la Iglesia
El informe ve la luz (a falta de que se conforme la comisión parlamentaria en la nueva legislatura, momento en que Gabilondo regresará al Congreso a explicar su contenido, y será la Cámara Baja la que tome decisiones al respecto de las recomendaciones) 15 meses después de que el organismo público recibiera la encomienda.
A lo largo de los meses, el Defensor del Pueblo ha mantenido reuniones con asociaciones de victimas, más de 80 encuentros con la dirección de la Conferencia Episcopal Española, Conferencia Española de Religiosos, Tribunal de la Rota, institutos de vida consagrada, y con la Comisión Asesora y Foro de Asociaciones de Víctimas.
La Iglesia y la negación del problema
Sobre la respuesta de la Iglesia católica, el informe resalta cómo “al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada durante mucho tiempo por la negación o la minimización del problema”, y lamenta cómo algunas víctimas “han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos”, según señala en nota de prensa la Oficina del Defensor del Pueblo.
El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Omella entregó la documentación al Defensor del Pueblo CEE
No obstante, el estudio reconoce que la Iglesia católica “es una institución plural y que la Comisión Asesora, creada ad hoc, pudo detectar buenas y malas prácticas“. Y el Informe reconoce “el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida”.
En lo tocante a la actuación de los poderes públicos, la nota de prensa recalca que “carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica”. Sólo muy recientemente, el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada. “La mayoría de casos que han llegado a ser denunciados, pese a ser una muy pequeña parte de la realidad del problema, no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial”.
Kermán López, en la inauguración de la muestra
Una veintena de recomendaciones
El informe concluye con una veintena de recomendaciones concretas, entre las que destaca la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020. Asímismo, el Defensor del Pueblo propone la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial -creado para la ocasión- sea el que instaurare un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica.
Entre las recomendaciones se incluye que la Iglesia católica debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciendo tratamiento a las víctimas o familiares, cuando lo requieran. Y que las diócesis y los institutos de vida consagrada abran a los investigadores la información contenida en sus archivos, algo a lo que, por el momento, no están obligados.
“El Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”
“A la Iglesia católica cabe pedir ejemplaridad (…). En muchos casos, la respuesta ha sido insuficiente, incluso dilatoria” “La Iglesia ha tomado conciencia de que nada dañaría más a la Iglesia que callar sobre este asunto (…). Las víctimas ya no pueden esperar más”
“Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”
“La reciente instrucción de la CEE ha supuesto un importante avance normativo, pero aún insuficiente, ya que las víctimas siguen sin formar parte del proceso penal canónico”, criticó Gabilondo
“Este es un informe necesario para dar respuesta a una situación de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio”. Con semblante serio, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el informe en el Congreso. Un informe que “no pretende ser un punto final, sino que aspira a generar una toma de conciencia, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue habiendo la necesidad para dar una respuesta a las víctimas”.
“Las víctimas son el sentido primero, el sentido último y el sentido central de este Informe”, aseguró en su comparecencia, en la que puso énfasis en las víctimas: “Escucharlas es encontrarse con la voz y la experiencia de un dolor. Y lo sucedido es para ellos y para la sociedad un verdadero desastre”. Y resalta, “el Defensor del Pueblo no tiene como misión juzgar, no es juez. No tiene como misión legislar, no es el legislador. Más bien analiza, pregunta, estudia, investiga y recomienda y sugiere”.
La Unidad de Atención a las Víctimas, también creada para abordar los trabajos del Informe, ha recogido información relevante sobre 487 víctimas, en entrevistas realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital. De ellas, la inmensa mayoría (84%) fueron hombres. Las víctimas recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Y un tercio de éstas señalaron haber tenido síntomas de estrés postraumático y, algunas de ellas, habían experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida. “Los abusos sexuales han tenido un impacto devastador en generaciones completas”.
Los testimonios recogidos de la escucha respetuosa a las víctimas revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en sus vidas. “En ningún caso el número de testimonios pretende dejar determinado el alcance cuantitativo del problema. Lo importante, cuando se ofrece un determinado número de testimonios de víctimas, es tener presente la singularidad personal de cada una de ellas y la inviabilidad de reducirla a una cifra en una contabilidad”, subrayó el Defensor del Pueblo.
No hay estimación de víctimas
“Pretender hacer una estimación de víctimas supondría pasar por delante la voluntad de las víctimas, e ignorar también que algunas ya han desaparecido” en todo caso, a lo largo del ilnforme se reúnen los números de la propia Iglesia católica, no siempre coincidentes entre ellos (entre los aportados por la CEE y las congregaciones), así como la investigación de El diario El País.
“Los testimonios recogidos revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas”, frente a los cuales había “la necesidad de responder a tantas personas que han sufrido estos abusos en su infancia“, en especial “por parte de la Iglesia Católica, de la que cabe esperar ejemplaridad”.
Además de los testimonios directos recogidos para elaborar el Informe se ha tenido en cuenta otras fuentes provenientes de organismos oficiales, de la propia Iglesia y de investigaciones de medios de comunicación. Especial mención requiere la colaboración del diario El País, que inició sus investigaciones periodísticas en octubre de 2018 y que ha entregado hasta en cuatro ocasiones sus archivos a la institución Defensor del Pueblo para completar los trabajos.
“La comisión asesora ha conocido el sentimiento de soledad que han experimentado muchas víctimas cuando al dado el paso de denunciar. Hasta el punto de tener que hacer frente a un nuevo daño, la victimización causada por la repuesta de la Iglesia, la sociedad y la Justicia“, añadió.
“La respuesta [de la Iglesia] ha sido insuficiente, dilatoria, las víctimas pocas veces han sido atendidas […] los procedimientos canónicos muchas veces han tenido déficit con las víctimas”. Además, “la pura aplicación del Derecho Canónico ha conducido no pocas veces a la soledad, el silenciamiento, el secreto o la indefensión. Durante muchos años ha predominado cierta voluntad de negación de los abusos, o de ocultamiento o de protección de los abusadores […] Conductas como el traslado de los abusadores a otros centros u otros países, han sido un ejemplo de mala práctica en muchas instituciones de la Iglesia. Esta práctica no permitía responder al problema”.
“Los pocos casos que han llegado a ser enjuiciados, con sentencias condenatorias, no siempre garantizan que las víctimas hayan visto satisfecho su derecho a la reparación con las cantidades de indemnización, ya que no han llegado a ser satisfechas. Los casos en los que se ha condenado a las diócesis han sido una minoría”, añadió, subrayando que algunas cosas han cambiado
Conclusiones y recomendaciones
En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, “no pretenden ser una última palabra. Y menos aún una solución definitiva o un punto final, ante un daño tan grande que ha afectado y que afecta a tantas personas desde hace tanto tiempo”. Más bien, añadió, “aspiran a contribuir a la toma de conciencia iniciada hace unos años por parte de la sociedad española, recordando y requiriendo a la Iglesia católica y a los poderes públicos que sigue abierta la necesidad de dar una respuesta a las víctimas“.
Ángel Gabilondo concluyó subrayando que “el Informe aporta claridad, datos y argumentos ante una cuestión que a todos resulta difícil de abordar, pero que es imprescindible hacerlo. Se trata de que se asuman responsabilidades, lo que implica responder de, responder ante y responder a. Y esta respuesta necesaria exige que el Informe que hoy entregamos a la Cortes Generales, a través de su presidenta, contribuya a la toma de mayor conciencia de la cuestión, y a dar efectivamente una respuesta a las víctimas, una respuesta exigida por ellas con buenas razones”.
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Pedro Sánchez se compromete a dar una respuesta institucional a la lacra de los abusos a menores en la sociedad
El PSOE impulsará reformas tras conocer el ‘informe Gabilondo‘ sobre la Iglesia española
El presidente del Gobierno en funciones ha querido mostrar su empatía y reconocimiento a las personas que han puesto voz a las “cientos de miles de víctimas” de abusos sexuales en la Iglesia
Ha asegurado que este no es el último día sino el primero de otros muchos que tienen que ver, si no con la reparación, que es imposible, al menos con un ejercicio de empatía de la sociedad española y las instituciones públicas
Por su parte, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha anunciado que su grupo se basará en las recomendaciones del informe presentado por del Defensor del Pueblo para impulsar las reformas necesarias
Ha sugerido una subcomisión para la evaluación, la valoración y la adopción de medidas, que se puede crear en el seno de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, integrada por diputados y senadores
| RD/Agencias
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido mostrar su empatía y reconocimiento a las personas que han puesto voz a las “cientos de miles de víctimas” de abusos sexuales en la Iglesia, tras conocer el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’ presentado por el Defensor del Pueblo en el Congreso. El jefe del Ejecutivo se ha comprometido también a estudiarlo y a resarcirlos.
Según una encuesta de GAD3 recogida en el informe, un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso y en total 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas. Estas proyecciones se acompañan con los testimonios 487 víctimas de abusos.
Sánchez se ha comprometido con ellos a seguir trabajando desde el poder ejecutivo y legislativo para poder resarcir “al menos mínimamente todo el sufrimiento que han vivido durante todos estos años de silencio”.
“No existe de lo que no se habla y ha habido durante muchos años mucha gente que ha sufrido por no poder denunciar, explicarse, visibilizar dramas humanos”, ha subrayado.
A su juicio, la presentación del informe hace “muy importante” este día para España porque se convierte en un país “un poco mejor”. “Somos un país un poco mejor porque se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años, pero de la cual nadie hablaba o no hablaba en los términos que se ha empezado a hablar hoy”, ha recalcado.
Además, ha definido el trabajo del Defensor como de “genuina regeneración democrática”, “respetuoso con las víctimas”, “profesional”, y que ha entregado a la institución de la cual es comisionado, que es el Congreso de los Diputados.
“Lo que tenemos que hacer el resto de instituciones, en este caso en lo que a mí me corresponde como poder ejecutivo, es estudiar este informe y efectivamente ver y analizar las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo para actuar en consecuencia”, ha añadido para asegurar que este no es el último día sino el primero de otros muchos que tienen que ver, si no con la reparación, que es imposible, al menos con un ejercicio de empatía de la sociedad española y las instituciones públicas.
Finalmente, Sánchez ha admitido que las agresiones sexuales a menores son uno de los graves problemas que tuvo y tiene la sociedad y ha recordado la aprobación en la pasada legislatura de la Ley de Protección a la Infancia. “Hoy nuestra democracia es una democracia mejor y nuestro país es un poquito mejor y eso creo que si hay que reconocérselo a alguien es precisamente a las víctimas de estas agresiones y comprometernos desde las instituciones públicas en darles una respuesta”, ha concluido.
🔴DIRECTO | Sánchez, sobre el informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia: “Se ha dado a conocer una realidad que todo el mundo sabía desde hace muchos años”https://t.co/8smz11c7V3pic.twitter.com/nf6L14HszF
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha anunciado este viernes que su grupo se basará en las recomendaciones del informe que el Defensor del Pueblo ha presentado sobre abusos sexuales en la Iglesia para impulsar las reformas necesarias.
“Los socialistas vamos a hacer que nuestro grupo parlamentario sea impulsor de las propuestas y de las iniciativas necesarias, legislativas o no, para corregir los déficits que hemos tenido hasta la fecha y para prevenir e impedir que estos abusos vuelvan a suceder”, ha apuntado López.
Tras recordar que el informe le fue solicitado al Defensor del Pueblo por el Congreso, a iniciativa del PSOE y el PNV y con la única oposición de Vox, hace un agradecimiento especial “a las víctimas que han aportado su testimonio”, el cual “no habrá sido nada fácil”.
La Iglesia ha minimizado y negado los abusos sexuales ocurridos en su seno.
Han presionado y culpabilizado a las víctimas, que han tenido que ocultarse. Muy pocos acusados por abusos han sido juzgados por las autoridades civiles.
Las víctimas serán “el centro” de sus acciones, tanto para adoptar medidas de resarcimiento y de determinación de responsabilidades como “para introducir las reformas necesarias para que algo así no vuelva a suceder”, ha añadido López.
El portavoz parlamentario del PSOE ha indicado además que “el informe apunta a que la respuesta de la Iglesiase ha caracterizado durante demasiado tiempo por la negación y por la minimización del problema que tenía en su seno”.
“El informe también dice que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a estos abusos a menores hasta el año 2021″, ha subrayado López.
Y ha sugerido que la evaluación, la valoración y la adopción de medidas se haga en una subcomisión que se puede crear en el seno de la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, integrada por diputados y senadores.
Comentarios desactivados en El Congreso español aprueba definitivamente la ley trans que avala la autodeterminación de género
La norma impulsada permitirá el cambio de sexo legal de las personas trans sin necesidad de requisitos médicos y establece un marco integral de medidas contra la LGTBIfobia
El PP y Vox retratados como los únicos partidos que se han opuesto a la Ley Trans y LGTBI. En 10 años, cuando la sociedad normalice este asunto les oiremos decir que están con las personas trans y sus votantes LGTBI dirán que no le deben nada a la izquierda por los avances.
La ley ha superado hoy su último paso, el definitivo, en el Congreso, que en una misma sesión ha respaldado también la reforma del aborto. Conocida popularmente como Ley Trans, la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cuyo corazón y punto más polémico es la autodeterminación de género, ha sido respaldada por la mayoría de grupos.
La norma ya fue aprobada en la Cámara Baja el pasado diciembre y tras pasar por el Senado los grupos han votado solo las enmiendas que quedaban vivas. El visto bueno se produce cinco años después del primer intento de dar luz verde a la autodeterminación, en ese caso impulsada por el PSOE, y tras dos años desde que el Ministerio de Igualdad presentara un primer borrador de texto, del que el ala socialista del Gobierno se distanció al momento. El debate sobre si las personas trans deben poder modificar su sexo legal sin requisitos se enquistó en el seno del Ejecutivo, pero finalmente acabó imponiéndose la versión legislativa defendida por Irene Montero y la autodeterminación, una lucha histórica de las personas trans, será una realidad en España.
“La Ley Trans es ley”, ha terminado su intervención la ministra de Igualdad dirigiéndose a los colectivos y activistas, visiblemente emocionados, que aplaudían desde la tribuna. Para Montero se trata de “una de las leyes más importantes de la legislatura” que “amplía las posibilidades de felicidad” de la gente, parafraseando a José Luis Rodríguez Zapatero durante la aprobación en 2005 del matrimonio igualitario. “Esta ley lo que permite es que todo el mundo pueda ser quien es sin culpa, sin miedo y sin discriminación” y que el Estado “se lo reconozca”, ha añadido antes de pedir perdón por “no haber podido evitar” que “los bulos y los discursos tránsfobos y LGTBIfóbicos se abrieran paso” en el debate.
La mayoría de la cámara ha defendido el texto aprobado como un avance de derechos para las personas LGTBI y especialmente para las personas trans que aún hoy enfrentan elevados niveles de discriminación, algo que han recordado varios grupos. Un 63% de ellas en España ha sufrido discriminación en su vida cotidiana y cuatro de cada diez se han encontrado con obstáculos a la hora de buscar un empleo, según la última macroencuesta europea. Además, otros datos apuntan a que un tercio de las personas LGTB no va a algunos lugares por miedo y la mitad de quienes tienen pareja evita darse la mano en público.
“Un hito histórico en la lucha para los derechos de las personas trans”, se ha referido a la norma Bel Pozueta, de Bildu. “Un país donde las personas LGTBI pueden ser sin miedo es un país mejor, debemos tenerlo claro. Y es también una lucha feminista, antirracista y por la justicia social”, ha añadido Mar García Puig, diputada de En Comú Podem. Para el peneuvista Joseba Agirretexea se trata de una ley que “va a dotar de derechos a gente que no los tenía” y que “no va contra nadie, no resta sino que suma, no divide sino que pretende multiplicar a pesar de lo que digan algunas personas y colectivos”.
Y es que la aprobación de la norma se ha producido entre la celebración de los colectivos LGTBI y parte del feminismo, que ven en ella una conquista social histórica, y la oposición de otra parte del movimiento, que argumenta que colisiona con los derechos de las mujeres. Una idea cuyos ecos solo los defienden hoy como partido en el Congreso el Partido Popular y Vox y que rechazan de plano los aliados parlamentarios.
Para el PSOE, en palabras de la diputada Raquel Pedraja ha utilizado su turno para celebrar que la ciudadanía “ve hoy mejorados sus derechos y que España es un país mejor, más justo y más igualitario”. La socialista ha enumerado varias medidas de la norma, entre ellas el estudio del sexilio o el sinhogarismo LGTBI o la obligación de que las empresas cuenten con planes de igualdad, incluidas “gracias al trabajo del PSOE” vía enmiendas, ha añadido Pedraja, que no ha hecho ninguna referencia al cambio de sexo legal.
Ésta ha sido la votación en el congreso rechazando las enmiendas a la ley trans .
El procedimiento que establece la nueva legislación cambiará en España. Si hasta ahora, en base a la ley de 2007, las personas trans debían aportar un informe que les diagnosticara disforia de género y que acreditara dos años de hormonación obligatoria para poder modificarlo, ahora estos requisitos se eliminarán. Y se regulará en tres tramos: sin condiciones para los mayores de 16 años, con consentimiento de sus progenitores entre los 14 y 16 y con aval judicial para los que tienen entre 12 y 14. El proceso dependerá de una doble comparecencia, ya que la solicitud debe repetirse a los tres meses.
Una regulación que ha desatado enormes diferencias entre los socios del Gobierno hasta el punto de parecer irreconciliables. Los socialistas defendían que la norma debía dotarse “de mayor seguridad jurídica” y llegaron a proponer que el proceso se llevara a cabo con testigos, pero al final aceptaron la autodeterminación de género sin condiciones. Las cesiones de Igualdad pasaron por circunscribir el cambio de sexo legal a los mayores de 12 años, pues en su primer borrador no había límite de edad, y que los que tienen entre 12 y 14 necesiten la autorización del juez, así como vetar el reconocimiento de las personas no binarias que también se contemplaba tímidamente en el texto que salió del departamento de Irene Montero.
Estas son algunas de las “cuestiones pendientes” que han reclamado algunos partidos como ERC o Junts, para los que la norma se queda corta en este sentido. “No ha servido de nada recordar que los convenios internacionales piden que no haya límites de edad en la autodeterminación”, ha lamentado la parlamentaria de Junts Pilar Calvo.
Tanto PP como Vox han sido claros en su oposición a la ley, que la extrema derecha ha prometido derogar “si Dios quiere” desde el Gobierno, ha asegurado la diputada María de la Cabeza Ruiz, que ha advertido de que la nueva regulación “destrozará para siempre la vida de muchas personas, niños y familias” y ha acusado al Ejecutivo de “fomentar la transexualidad” y empujar a los menores a “mutilar su cuerpo”. Un punto al que ha respondido después Irene Montero: “Dejen de decir que vamos a obligar a los niños a hormonarse, es mentira, precisamente lo que hace esta ley es desvincular el reconocimiento de la identidad de esta obligación, que es lo que exigimos ahora a las personas adultas”.
Por su parte, los populares también han advertido de las “consecuencias graves” que a juicio de María Jesús Moro conllevará la norma cuando entre en vigor y ha apelado a “mirar a Escocia”, donde la primera ministra Nicola Sturgeon ha dimitido tras caer su popularidad entre otras cosas por la aprobación de la ley de autodeterminación de género en el país, donde las quejas han arreciado tras el caso de una mujer trans condenada por violar a dos mujeres trasladada a una prisión femenina. “Y su dimisión ¿para cuando ministra?”, le ha lanzado Moro a Montero, que ha definido la norma como “un remake de la ley del sólo sí es sí” que traerá consigo “un nuevo e insoportable conteo de víctimas”.
Además del cambio de sexo legal, la legislación despliega un marco integral de medidas. Entre ellas, el fin del matrimonio obligado para parejas de mujeres que quieran filiar a sus hijos e hijas, la prohibición de las terapias de conversión, protocolos para las personas trans e intersexuales en el ámbito de la salud, la obligación de impulsar planes de igualdad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores o el fomento de encuestas y estudios sobre la situación de las personas LGTBI.
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FELGTBI+, Triángulo y Chrysallis: “La Ley Trans y LGTBI+ es solo el primer paso para acabar con el odio”
“Debemos celebrar la Ley Trans y LGTBI+ como un avance histórico”
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans* y Fundación Triángulo, entidades de personas trans y LGTBI+ que han liderado la negociación del texto con los partidos, celebran la aprobación definitiva de la Ley Trans y LGTBI+, pero aseguran que “es solo el primer paso para acabar el odio hacia el colectivo LGTBI+ y con los discursos de odio”. Así, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, insiste en que “es fundamental que lo reflejado en la ley, que nos sitúa como uno de los países con una legislación más avanzada en materia de derechos LGTBI+, se traduzca en derechos reales”.
En este sentido, asegura que “debemos celebrar la Ley Trans y LGTBI+ como un avance histórico imprescindible para blindar derechos, sobre todo con la ultraderecha gobernando en algunas autonomías”. No obstante, recuerda que “la lucha no termina aquí porque tenemos que garantizar una buena implementación y seguir trabajando por la ampliación de derechos, como se ha seguido haciendo desde la aprobación del matrimonio igualitario”.
Por su parte, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, explica que “el siguiente reto es conseguir que se haga una buena reglamentación y que se forme tanto al personal de las administraciones como a la ciudadanía, para que la gente sepa cómo reclamar los derechos que tienen por ley cuando en algunos territorios se los nieguen”. “Tenemos que hacer mucha pedagogía porque, aunque tengamos ley, la LGTBIfobia va a seguir existiendo en las calles, en las escuelas y en las administraciones y hay que seguir combatiéndola”, declara.
Violencia contra las personas trans
La presidenta de Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans*, Ana Valenzuela, ha celebrado que esta legislación sitúe a España a la cabeza de los países con más derechos reconocidos para las infancias trans. Sin embargo, denuncia la extrema violencia a la que los bulos y la desinformación difundidos durante la tramitación han expuesto a las personas trans en general y a los menores en particular.
“Los menores trans y sus familias hemos sufrido muchísimo al escuchar las mentiras que se han dicho sobre nosotras. Quiénes lanzan estos discursos deberían plantearse que su odio va dirigido a personas reales, a menores con nombres y apellidos que los escuchan desde sus casas y sufren”, alerta.
En este sentido, Sangil señala que “la violencia y los discursos de odio se han cebado también con las personas trans adultas que, por muy empoderadas que estemos, hemos estado expuestas a un bombardeo inhumano de barbaridades que se han dicho sobre nosotras”. “Eso nadie lo va a resarcir. Y ahora necesitamos un proceso de reparación porque hemos sufrido mucho”, declara.
Comentarios desactivados en La Federación LGTBI+, Triángulo y Chrysallis aplauden el apoyo a los derechos trans de la mayoría de la Cámara
Uge Sangil, presidenta de la FELGTBI+,
“Estamos convencidas de que la ley se aprobará por justicia social”
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+); Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans* y Fundación Triángulo aplauden el apoyo a los derechos trans y LGTBI de la mayoría de la Cámara durante el debate previo a la votación en el Congreso de los Diputados de la Ley Trans y LGTBI+, que tendrá lugar este jueves, 22 de diciembre.
En este sentido, la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Uge Sangil, se presenta optimista de cara a la votación porque considera que “España es una de las democracias más avanzadas en cuanto a derechos sociales se refiere. Por tanto, el Estado no puede seguir permitiendo discriminaciones y violencias como las que hasta ahora ampara contra las personas trans y LGTBI+, una de las minorías más vulnerables”.
Ya hay países, como Argentina, en los que los derechos trans se reconocen desde hace más de 10 años
“Además, ya hay países, como Argentina, en los que los derechos trans se reconocen desde hace más de 10 años y, tal y como la Federación Argentina LGTBI+ explicó recientemente a Pedro Sánchez, no se ha producido ninguna controversia al respecto”, asegura. Así, defiende que “estamos convencidas de que la ley se aprobará por justicia social. La mayoría de los partidos han respondido hoy positivamente en este sentido, como miembros dignos de un estado de derecho que son”.
Por su parte, la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela, ha reiterado que se trata de un texto sólido a nivel jurídico y ha recordado que “somos las familias las que mejor conocemos a nuestros hijas, hijos e hijes, quienes sabemos sus miedos y les consolamos cuando sufren acoso, soledad e incomprensión”. “Por tanto, pedimos a determinados partidos que no hablen en su nombre sin conocer nuestra realidad y que cesen en su campaña de difamación y desinformación puesto que de lo único que estamos hablando es de que cambien su género en su DNI, ¿a quién puede hacer daño eso?”, ha reiterado.
En este sentido, el presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, ha condenado que “aún haya discursos en las instituciones públicas que legitimen y alimenten el odio y la discriminación, ya que son más propios de eras pasadas”. No obstante, ha celebrado el apoyo mayoritario de los partidos a los derechos de las personas trans y LGTBI+ que entiende que se traducirá en un resultado positivo de cara a la votación.
Comentarios desactivados en La Ley Trans supera los intentos de veto del PP y Vox. La FELGTBI+, Chrysallis y la Fundación Triángulo, celebran el apoyo abrumador del Congreso a la tramitación de la Ley.
La cámara rechaza las enmiendas a la totalidad de las derechas, que se muestran contrarias a la autodeterminación de género de las personas trans
La llamada Ley Trans sigue adelante. La mayoría del Congreso ha rechazado rotundamente este jueves las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox, que pedían devolver el texto al Gobierno. Así se ha dado el pistoletazo de salida a la tramitación legislativa por la vía de urgencia de una norma que se prevé muy agitada. A ella no solo se oponen la derecha y extrema derecha, también un sector del movimiento feminista transexcluyente.
El punto más polémico es la autodeterminación de género de las personas trans, es decir, el derecho a modificar el sexo legal en base a su libre voluntad. Actualmente, ya hay en España desde 2007 una ley sobre identidad de género y que permite el cambio en el DNI, la diferencia es que impone como requisitos dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género. Condiciones que la nueva norma, oficialmente llamada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, elimina.
La diputada sociaLISTA Raquel Pedraja ha reconocido que la ley “entra en el Congreso con una vocación de mejora y a nosotras nos encontrarán ahí, trabajando para que sea garantista” y ha reivindicado al PSOE como “el partido que ha protagonizado los avances en materia LGTBI de los últimos 40 años” y “el partido feminista de las grandes reivindicaciones de las mujeres” y ha nombrado varias de las cuestiones que aborda la norma, entre ellas las tasas de desempleo de las personas trans o el acoso escolar.
La ley ha sido defendida desde la tribuna por la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que en 2019, una reforma que también reconocía la libre autodeterminación de género estuvo a punto de ser aprobada en el pleno y cuyo dictamen “fue firmado por todos los partidos”. “Señores del PP, ¿qué ha cambiado hasta ahora?”, ha cuestionado a la bancada de la derecha. “Que han sido devorados ideológicamente por la extrema derecha”, se ha respondido.
La titular de Igualdad ha advertido a PP y a Vox de que “somos más quienes queremos que el Estado reconozca de una vez a las personas trans y a las personas LGTBI” y que “han perdido el debate antes de empezarlo”. Además, ha llamado a la “mayoría feminista” de la cámara a “expresar diferencias y posibilidades de mejora”, pero “sin dejar una sola puerta abierta a los discursos de odio y la transfobia”. “La derecha quieren un país lleno de armarios, de soledad, de clandestinidad. Son menos. Les estamos ganando”, ha cerrado su intervención.
El PP y Vox comparten argumentario, consideran que se trata de un “texto ideologizado” y “contrario a la evidencia científica” y ambos se refieren a la identidad de género como si fueran “deseos”, pero la intervención más dura ha venido de la bancada de la extrema derecha. Con una camiseta que rezaba “biology is real” (la biología es real, en inglés), la diputada de Vox Carla Toscano ha calificado la norma de “labor de ingeniería social” que “fomenta la transexualidad”. “Hoy es el día de gritar los niños tienen pene y las niñas vagina, la biología es real, el sexo es binario y la ideología de género es un cáncer”, ha afirmado.
Toscano considera que legislar sobre “deseos y autopercepciones genera fraudes de ley” y cree que “veremos hombres que tendrán acceso a espacios de mujeres”, ha añadido antes de comparar este tipo de leyes para despatologizar la transexualidad con “legislar sobre autopercepción de edad, nacionalidad o estado civil. ¿Se imaginan un mundo en el que todos estén obligados a tratarnos como nos sintamos? Esta ley supone una discriminación sobre personas que se pueden sentir un ornitorrinco o Lady Gaga”, ha dicho ridiculizando a las personas trans.
El PP, por su parte, ha centrado su discurso en criticar especialmente el tratamiento de los menores que hace el proyecto y ha reivindicado el papel “de los padres y profesionales” que, asegura la diputada María Jesús Moro, “se deja de lado”. El texto permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con autorización de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial. “¿A ustedes les parece un avance que convirtamos el Registro Civil en una oficina de recepción de deseos y arrepentimientos? No es como ir a cambiar el modelo de consola, es muy serio”, ha añadido.
Otra de las líneas argumentales de los populares entronca con lo que defiende también varias organizaciones feministas que se oponen a la norma, entre ellas la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que se ha reunido esta mañana con Feijóo y que considera que la Ley Trans puede suponer una merma de derechos para las mujeres. “Nos pronunciamos contrarias al borrado de la mujer”, ha dicho en el pleno Moro, que ha interpelado a las socialistas asegurando que el partido “quiere purgar” a las feministas socialistas críticas.
Sin ambages han respaldado la autodeterminación de género el resto de formaciones que han intervenido en la cámara. Bildu, el BNG, PNV, ERC y Ciudadanos han cargado también contra las enmiendas de las derechas y ha querido censurar los debates “que en vez de aportar luz están suponiendo un obstáculo para reconocer la diversidad”, en palabras de la diputada de Bildu, Bel Pozueta, que ha defendido la libre determinación de la identidad asegurando que “nadie de esta cámara va a decirles a las personas trans quiénes son ni quiénes pueden ser”.
En la misma línea se expresado María Carvalho, de ERC: “No hay una lucha entre el feminismo y las mujeres trans”, ha clamado la parlamentaria antes de recordar que los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género han crecido un 67% desde 2019, según el Ministerio del Interior. Los republicanos se han comprometido a proponer las enmiendas que piden los colectivos, entre ellas, posibilitar el cambio de sexo legal “sin limite de edad”, reconocer a las identidades no binarias y “posibilitar que las personas trans migrantes puedan cambiar sus documentos”.
Por su parte, Sara Giménez, de Ciudadanos, se ha mostrado también a favor de la autodeterminación de género, pero ha criticado al Ministerio de Igualdad por reclamar la tramitación de la ley por la vía de urgencia. Algo que la diputada ha calificado de “irresponsable” porque “necesitaría la comparecencia de expertas e informes preceptivos”. Es esta una de las reclamaciones que también han hecho las organizaciones feministas críticas, que consideran que este trámite “busca ocultar a la sociedad las consecuencias prácticas para la infancia y los derechos de las mujeres”.
Las enmiendas a la totalidad contra la ley Trans y LGTBI defendidas por los dos grupos parlamentarios han sido rechazadas en la votación, por lo que la Ley continuaría su tramitación parlamentaria. Durante el debate, las diputadas de PP y Vox, María Jesús Moro y Carla Toscano, han intentado defender su postura desde un argumentario poco riguroso y plagado de prejuicios, que solo demuestra el escaso conocimiento de la realidad del colectivo LGTBI, especialmente de las personas trans.
“Seguiremos negociando con los grupos parlamentarios para lograr el enriquecimiento y crecimiento del texto, sin dar ningún paso atrás”
Las tres entidades LGTBI+, que han seguido el acto desde la tribuna, exigen respeto hacia los colectivos vulnerables y que no se utilicen estos debates para banalizar la existencia de las personas trans. Uge Sangil, presidenta de FELGTBI+, señala que “es muy duro tener que escuchar discursos de odio contra las personas trans, que tratan de presentar nuestros derechos como una amenaza. Esperamos que este debate concluya pronto y que no se pongan más ‘palitos en las ruedas’ a una ley que necesitamos para vivir”. Por su parte, José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo, afirma que “se ha mentido mucho sobre esta Ley, ni borra a las mujeres, ni plantea nada que el Constitucional o el CGPJ no hayan avalado con anterioridad. Es una ley justa y necesaria, en la línea de las aprobadas por PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos en muchas Comunidades Autónomas. Debe ser realidad en esta legislatura, inexcusablemente, es de justicia para las personas Trans y LGBTI”.
Igualmente, FELGTBI+, Fundación Triángulo y Chrysallis, demandan celeridad en la tramitación para que la norma pueda estar aprobada antes de final de año, aunque, tras el debate de hoy, confían en que la Ley Trans y LGTBI+ “va a salir sí o sí”. Asimismo, recuerdan que “seguiremos negociando con los grupos parlamentarios para lograr el enriquecimiento y crecimiento del texto, sin dar ningún paso atrás”. Los derechos de las personas trans migrantes, menores trans y personas no binarias son los principales focos de estas negociaciones, según Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis, “necesitamos con urgencia esta ley para avanzar en derechos, abrazar a quienes sufren discriminación y exclusión y hacer frente a quiénes, con sus discursos basados en el odio a la diferencia, perpetúan la LGTBIfobia”.
Comentarios desactivados en “Lilith, Clara Campoamor y Pedro Guerra”, por Juan José Tamayo
Clara Campoamor
El pasado 1 de octubre se conmemoraba el 90 aniversario del reconocimiento del voto a las mujeres en España
Durante mis largos años de estudios de Filosofía, Teología y Sagrada Escritura nunca oí hablar de Lilith. Mi descubrimiento fue muy tardío. La ignorancia sobre este personaje de la mitología hebrea -antes, babilónica- es casi enciclopédica
Quien sí conocía, y muy bien, el mito de Lilith era Clara Campoamor (Madrid, 1888-Suiza, 1972). Lo citó en su memorable discurso del 1 de septiembre de 1931 en el Congreso de los Diputados, en defensa del voto de las mujeres
“Esta historia de la guerra de los dos sexos es tan vieja como el mundo. La vieja leyenda hebraica del Talmud nos dice que no fue Eva la primera mujer de Adán, sino Lilith, que se resistió a acatar la voluntad exclusiva del varón y prefirió volver a la nada. Entonces, en la esplendidez del paraíso, surgió Eva, astuta y dócil para sumisión de la carne y del espíritu”
“El 1 de octubre de 1931 se aprobaba en la Constitución de la República el artículo 36 que reconocía a las mujeres el derecho al voto con 161 votos a favor y 121 en contra. Era la primera vez que en la historia de España se lograba tamaña conquista”
Lilith, desde mi interpretación feminista, ella es hoy uno de los símbolos más luminosos de la lucha contra el patriarcado. Quebranta lo establecido y niega el orden social de las cosas
En 2003, poco más de setenta años después del discurso de Clara Campoamor, y quizá inspirándose en él, el cantautor canario Pedro Guerra dedicó una canción a Lilith en su disco “Hijas de Eva” en la que le reconocía como la primera mujer que se negó a someterse al varón, a dejarse gobernar por él, y se decidió a volar
Durante mis largos años de estudios de Filosofía, Teología y Sagrada Escritura nunca oí hablar de Lilith. Mi descubrimiento fue muy tardío. La ignorancia sobre este personaje de la mitología hebrea -antes, babilónica- es casi enciclopédica.
Cuando explicaba la asignatura de “Las mujeres en el judaísmo” en un curso de Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid -lo hice durante diez años con una numerosa asistencia, mayoritariamente de alumnas-, acostumbraba a preguntar el primer día de clase: “¿Quién fue la primera mujer de Adán?”. La respuesta era casi unánime: “Eva”. Pero siempre había una alumna que disentía y respondía: “Lilith”. Ella llevaba razón en contra de la mayoría, influida sin duda por la imagen de Eva como la primera mujer de Adán, muy presente en el imaginario social.
Quien sí conocía, y muy bien, el mito de Lilith era Clara Campoamor (Madrid, 1888-Suiza, 1972), abogada y política madrileña y una de las tres diputadas de las Cortes Constituyentes de la II República Española, quien lo citó en su memorable discurso del 1 de septiembre de 1931 en el Congreso de los Diputados, en defensa del voto de las mujeres.
En aquel discurso calificó de acto de profunda piedad y de profunda ternura “estatuir el divorcio en España, porque no hay matrimonios deliciosos, y es insensato querer condenar a la indisolubilidad del vínculo cuando no haya manera de que se soporten dos en la vida, arrastrando uno de los cónyuges, o tal vez los dos, el peso de esa cadena, a la manera que arrastraban antiguamente los presidiarios aquellas bolas de hierro que marcaban la perpetuidad de su pena”.
Había diputados que se oponían al divorcio alegando que supondría un ataque a las ideas y los sentimientos religiosos. Su respuesta no pudo ser más respetuosa, al tiempo que más coherente. Les reconoció de buen grado el derecho a que la sociedad respete sus creencias y a proteger el sacramento del matrimonio, pero les dijo que a lo que no tienen derecho es a imponer a todos su criterio y su voluntad.
Lilith
A su vez, a los diputados que se oponían al divorcio apelando a razones de fe cristiana es recordó que, en vez de cumplir la doctrina de Cristo, lo que hicieron fue “un pacto con el trono, y los pactos del altar con el trono…se han hecho siempre en beneficio del trono y con desdoro del altar”, y que la bandera de las causas humanitarias, “no de caridad”, que ellos no recogieron, es la que se quiere llevar al proyecto de Constitución. Les echó en cara que incumplieron su mandato de conciencia, se alistaran con los poderosos y sirvieran al trono. Y les dirigió esta pregunta: “¿cómo podéis quejaros ahora de que nosotros recojamos esa bandera olvidada y caída y tratemos de levantarla para instaurar de una vez…lo que es deber de ternura hacia los hermanos de todos los órdenes y en todas las esferas”.
Es en este momento del discurso en el que se refiere a Lilith como prueba de lo vieja que es “la lucha de los sexos” y la presenta como paradigma de mujer que se niega a acatar la voluntad del varón. En dicho mito descansa una parte fundamental de la argumentación de Clara Campoamor en favor del divorcio. Este es su razonamiento:
“Solo voy a haceros un pequeño recuerdo. Esta historia de la guerra de los dos sexos es tan vieja como el mundo. La vieja leyenda hebraica del Talmud nos dice que no fue Eva la primera mujer de Adán, sino Lilith, que se resistió a acatar la voluntad exclusiva del varón y prefirió volver a la nada, a los alvéolos de la tierra; y entonces, en la esplendidez del paraíso, surgió Eva, astuta y dócil para sumisión de la carne y del espíritu. De las diecisiete Constituciones dadas después de la guerra, solo tres niegan o aplazan el voto de la mujer. Los hombres de esos países han reconocido que Adán no ganó nada con ligarse, en vez de a la mujer independiente, de voluntad propia y de espíritu amplio, a la Eva claudicante y sumisa” (cf. Isaías Lafuente, La mujer olvidada. Clara Campoamor y su lucha por el voto femenino, Temas de Hoy, 2011).
El 1 de octubre de 1931 se aprobaba en la Constitución de la República el artículo 36 que reconocía a las mujeres el derecho al voto con 161 votos a favor y 121 en contra. Era la primera vez que en la historia de España se lograba tamaña conquista: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales con forme determinen las leyes”.
Volviendo a Lilith, desde mi interpretación feminista, ella es hoy uno de los símbolos más luminosos de la lucha contra el patriarcado. Es una mujer insubordinada y rebelde. Osa afirmar su propia identidad, cuestiona el rol dominante del varón y reclama paridad con él. Abandona a su compañero desobedeciendo a Dios, que le manda someterse a él. Se atreve a invocar el nombre de Dios, algo que estaba prohibido en el judaísmo, porque invocar su nombre era conocer su esencia y se consideraba un acto de soberbia.
Virginia Woolf
Quebranta lo establecido y niega el orden social de las cosas. Aparece como mujer peligrosa por insumisa, en oposición a la mujer buena y sumisa asociada con la maternidad (Eva) y con la pureza (María). Abre la puerta a la transgresión e instiga el deseo prohibido. Es apátrida, extraña, autoexiliada. Creo que le es aplicable lo que dice Virginia Woolf de sí misma: “En mi condición de mujer, no tengo patria. Como mujer no quiero patria. Como mujer, mi patria es el mundo entero”.
A esta afirmación la teóloga feminista Jane Schaberg añade: “Como mujer, no tengo religión. No soy judía o cristiana o musulmana o pagana. Como mujer soy judía y cristiana, musulmana y pagana”. Igualmente puede aplicarse a Lilith la descripción que hace Virgnia Woolf de su amiga Ethel Smyth, compositora inglesa y dirigente del movimiento sufragista: “Pertenece a la raza de las pioneras, de las que van abriendo camino. Ha ido por delante, y talado árboles, y barrenado rocas, y construido puentes, y así ha ido abriendo camino para las que van llegando tras ella”.
En 2003, poco más de setenta años después del discurso de Clara Campoamor, y quizá inspirándose en él, el cantautor canario Pedro Guerra dedicó una canción a Lilith en su disco “Hijas de Eva”, en la que le reconocía como la primera mujer que se negó a someterse al varón, a dejarse gobernar por él, y se decidió a volar.
“¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó del Eden?
¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue?
Ni heroina, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter.
¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán?
¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el se*o sin libertad?
Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter.
Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer.
¿Quién fue la mujer que cansada de vivir infeliz y atrapada se decide a volar?
¿Quién fue la primera mujer que independiente en su forma de ser no se dejó gobernar?
Ni heroina, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter.
Lilith fue la primera mujer, Lilith fue la primera mujer, la primera mujer”.
Ahora se entenderá el porqué del título de este artículo en efemérides tan significativa.
Juan José Tamayo es teólogo feminista de la liberación y autor de ‘Religión, género y violencia’ (Dykinson, 21019, 2ª ed.)
Comentarios desactivados en Respuesta de Anabel Alonso a diputada de VOX que quiere que vayamos a terapias de conversión
Anabel Alonso interpretó uno de los primeros papeles lésbicos de nuestra televisión y es abiertamente lesbiana.
Bien es cierto que durante muchos años la homosexualidad de Anabel fue un secreto a voces, algo sobre lo que jamás se pronunció, desde que se ha casado y que es madre, es todo un referente de visibilidad lésbica.
Anabel visibiliza a través del humor, como cuando invitó a la actriz Charlize Theron a «probar» con mujeres, en sus redes sociales, pero también se pone seria, como cuando dio una respuesta contundente a los ataques lesbófobos hacia su familia y maternidad lesbomarental.
Ahora Anabel Alonso ha decidido parar los pies a los homófobos de VOX, este partido de extrema derecha que tiene una cruzada contra la homosexualidad en nuestro país.
Hace unos días Ciudadanos presentó una ley para prohibir las terapias de conversión para gays, lesbianas y bisexuales, y que se sancione drásticamente a cualquier persona u organismo que ofrezca «curarnos» de nuestra orientación sexual.
La moción fue secundada por todos los partidos excepto por VOX, que por declaraciones anteriores ya sabíamos que estaban a favor de que los padres sometieran a estas torturas a sus hijos.
La diputada Macarena Olona, al negarse a apoyar la ley, afirmó: “Cualquier persona, sea o no homosexual, tiene que acudir a un especialista a que le ayude a encontrar su identidad”.
Por supuesto una oleada de rechazo a sus palabras se ha producido en redes sociales. Y destacamos en especial la de Anabel Alonso: “La única que debe ir a terapia, a un especialista que le ayude a respetar a los demás es usted”, ha escrito Anabel Alonso en su cuenta oficial de Twitter.
La única que debe ir a terapia, a un especialista que le ayude a respetar a los demás es usted. https://t.co/gYsPZrxiYw
En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…
En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).
En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.
No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.
“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas
La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.
En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.
Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.
Comentarios desactivados en Cinismo: Abascal se vende como defensor de los derechos de los homosexuales
Cínica intervención del presidente de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso a cuenta de los homosexuales. El dirigente subió al atril de la Cámara Baja para defender su voto en contra de la prórroga del estado de alarma pero ha usado su tiempo para lanzar reproches al Ejecutivo que nada tenían que ver con su gestión del coronavirus, para acabar respondiendo a Pedro Sánchez por unas acusaciones vertidas en el pleno anterior del 22 de abril, en el que el presidente acusó a la formación de extrema derecha de “calificar la homosexualidad como una enfermedad”.
Cualquiera que haya visto este miércoles la intervención del líder ultraderechista Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados se habrá sentido totalmente perdido. En un debate sobre la continuidad del estado de alarma, en medio de la mayor emergencia sanitaria mundial de nuestra época, habló de comunismo, de Chekas, de Paracuellos y hasta del Che Guevara. Lo suyo no es amor, se llama obsesión.
Pero quizá la mejor parte de todas ha sido cuando se ha puesto a hablar del “odio histórico de la izquierda hacia los homosexuales” ante un atónito Pedro Sánchez (el actual líder del partido político que sacó adelante la ley del matrimonio homosexual en nuestro país). Ante el pasmo generalizado, Abascal ha vendido a su partido comoejemplo del respeto a los homosexuales.
Abascal, a Sánchez: “Nos podrá etiquetar e insultar como quiera, pero a nosotros nos importan los españoles independientemente de su color, edad, sexo y orientación sexual. Le ruego que abandone ese odio histórico de la izquierda hacia los homosexuales”https://t.co/kA04F6MSwzpic.twitter.com/T3RnErp4J1
El líder de Vox se ha quejado de que, “sin venir a cuento”, Sánchez le afeara ese trato a los homosexuales. Fue en una intervención en el Congreso en el que tildó a Abascal de “Torquemada” y le afeó que “homenajee a la dictadura en sus actos públicos”, después de que el líder de extrema derecha cuestionara al presidente si “respalda las llamadas de Pablo Iglesias a un cambio de régimen democrático en España y sus críticas a la monarquía parlamentarias realizadas el 14 de abril”.
Este miércoles, Abascal se ha tomado la réplica ante la sorpresa de Sánchez, que incluso ha dirigido la mirada hacia la vicepresidenta Calvo y el vicepresidente Iglesias al ver cómo el líder de Vox de erigía en defensor del colectivo. “Nos podrá etiquetar e insultar como quiera, pero a nosotros nos importan los españoles independientemente de su color, edad, sexo y orientación sexual. Le ruego que abandone ese odio histórico de la izquierda hacia los homosexuales”, reclamó Abascal.
Pero no se detuvo aquí: “Aléjense de ídolos como el Che Guevara, que los encarcelaba, y anime a sus socios de Gobierno, que ahora no parece querer escuchar, a alejarse de ideologías que catalogaban a las personas en función de su condición sexual”. Porque según Abascal, “la gente debe poder amar a quien quiera, y debe ser muy duro para los homosexuales que sigan rindiendo homenaje a sus perseguidores y asesinos”, ha opinado.
La defensa de Abascal ha culminado con una aseveración sobre los principios de sus partido al respecto: “En Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual” y “en Vox no tendrán que soportar ver a una exministra que se sentaba a su lado y ahora fiscal general, les insulta gravemente como hacía con otros compañeros de la bancada azul”, ha comentado en referencia a Dolores Delgado y su supuesto comentario sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Si, es ese mismo partido, recordemos, que pidió enviar el Orgullo Gay a la Casa de Campo, y que aseguró que “impregnan el centro de la ciudad de un hedor insalubre e insoportable”. El mismo político que comparó el matrimonio gay con “dos hermanas viudas” que se van a vivir juntas” y que preguntado por la adopción por parejas homosexuales argumentó que lo aplaudía si adoptaban a “un niño al que no quiere nadie”. Por no hablar de otras salvajadas pronunciadas por representantes de esta formación.
Como es lógico, las redes sociales han ardido ante semejante provocación…
Abascal con chaqueta y corbata: “A nosotros nos importan los españoles independientemente de su color, edad, sexo y orientación sexual”
Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.
Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:
5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.
Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:
Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.
Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.
También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.
Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.
Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces su presidenta, Uge Sangil.
Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.
Comentarios desactivados en Las víctimas demandan que la prescripción de los abusos contra menores comience a partir de los 50
Con la nueva ley, las diez víctimas del caso Montserrat no podrían denunciar
Cuatrecasas, Hurtado y Peter Saunder se reúnen con los grupos parlamentarios en el Congreso
“Cambiando la ley el Congreso no solamente conseguirá castigar los delitos pasados sino prevenir los delitos futuros. Pedimos al Congreso que no falle a los niños españoles”
(Jesús Bastante).- Cuando Juan Cuatrecasas, Miguel Ángel Hurtado y Peter Saunders llegaron al Congreso de los Diputados, no pensaron que estaban haciendo algo que siempre habían deseado hacer. Los tres, víctimas de abusos sexuales por parte del clero (uno como padre, los otros dos más directamente aún), trabajan porque alguien, un clérigo, rompió su vida y la de su familia. Y quieren evitar que eso vuelva a suceder.
Por eso esta semana, estos tres luchadores se están reuniendo con distintos grupos parlamentarios e instituciones como Save The Children, y este jueves presentarán, en la Cámara Baja, 520.000 firmas para exigir que antes de que finalice la legislatura se reforme el Código Penal, ampliando los plazos de prescripción en los delitos de pederastia.
Una tarea titánica, pues la legislatura parece agonizar, y porque el Parlamento acaba de aprobar una reforma de la Ley de Violencia contra el menor, donde ya se habla de ampliar el plazo de prescripción a partir de los 30.
“Tras años de demora innecesaria, el ministerio de Justicia por fin ha terminado el estudio jurídico técnico. Se han considerado tres opciones, que el plazo de prescripción comience a contar a partir de los 30 años (la víctima podría denunciar hasta los 35 años para los delitos leves y 45 años en los delitos graves); que el plazo comience a los 50 años y la imprescriptibilidad”, apunta el escrito que se entregará este jueves en el Congreso.
Finalmente, el plazo será el primero, lo que las víctimas consideran “una medida profundamente decepcionante por su falta de ambición y porque inclumple compromisos previos”. Así, argumentan que la propia vicepresidenta, durante su reunión con el cardenal Parolin, manifestó la intención de que estos dellitos fueran imprescriptibles.
Tras estallar el ‘caso Montserrat’, esta demanda se hace más actual pues, con la propuesta aprobada por el Ejecutivo, “si en el futuro volviera a estallar un caso similar, el pederasta en serie tampoco sería castigado. En el caso Montserrat la víctima más joven tiene 36 años y con la propuesta del Gobierno este tipo de delitos prescribirán a los 35 años”.
Por ello, las víctimas instan a que el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores debe comenzar a contar a partir de que la víctima cumpla los 50 años. De esta forma los supervivientes tendrían hasta los 55 años para denunciar en los delitos más leves y hasta los 65 años en los delitos más graves.
En opinión de Hurtado, “esta reforma del Código Penal garantizará que España se une al pelotón de cabeza de los países más avanzados en protección a la infancia. En la última década ha habido una tendencia global a eliminar o aumentar significativamente los plazos de prescripción en los delitos de pederastia“.
“Si el Congreso sigue negándose a modificar la ley, la Justicia seguirá sin poder identificar ni castigar de forma efectiva a un elevado número de pederastas en serie que trabajan en instituciones infantiles (escuelas, iglesias, clubes deportivos). La evidencia científica demuestra que a diferencia de otros delitos, el riesgo de reincidencia de los pederastas en serie no disminuye con la edad. Por este motivo este tipo de delincuentes continúan siendo un peligro para nuestros niños a día de hoy independientemente de cuando cometieron sus crímenes. Cambiando la ley el Congreso no solamente conseguirá castigar los delitos pasados sino prevenir los delitos futuros. Pedimos al Congreso que no falle a los niños españoles”.
Estados donde los delitos de pederastia no prescriben:
a) Países anglosajones (common law): Australia; Nueva Zelanda; Sudáfrica; Reino Unido; Irlanda; Canadá; Estados Unidos a nivel federal (2006) y en 41 estados.
b) Países Latinoamericanos: Argentina (2015), El Salvador (2015), México (2015), Chile (en proceso de aprobación), Ecuador (2018).
c) Países europeos: Suiza (2008) y Holanda (2013 – de forma parcial solo para los delitos castigados con más de 8 años de prisión).
Comentarios desactivados en Las mentiras para ser invitado al World Pride, otra vez en evidencia: el PP quiere mantener la patologización de las identidades trans en la reforma de la ley de identidad de género
Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.
Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.
Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):
La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.
El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».
La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.
Las mentiras de Maroto y Levy
Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.
En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:
Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.
UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización
No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.
Comentarios desactivados en El PP quiere que las personas trans sigan declarándose enfermas para cambiar nombre y sexo legal
Maroto y Levy prometiendo lo que no hacen…
Hace unos meses, el PSOE propuso una reforma de la Ley Trans para introducir dos conceptos que la anterior ley de 2007 no reflejaba y que son de extrema importancia para las personas trans: la despatologización de la transexualidad y el derecho a la autodeterminación de género. O, lo que es lo mismo: que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal sin necesidad de presentar un informe médico. Hasta ahora las personas trans necesitaban que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder comenzar los trámites legales (si querían, obviamente) para hacer los cambios oportunos en el registro; una normativa claramente anticuada, aunque solo sea porque la propia OMS aclaró que la transexualidad no es una enfermedad, aunque la llamen “incongruencia de género” por varios motivos .
Ya en su momento el Partido Popular, votó en contra de la tramitación de esa reforma; así que era de esperar que ahora volvieran a ponerse en contra. Pero como ellos son así han decidido ir un paso más allá y llevarle también la contraria a la OMS.
Actualmente la reforma de la ley está paralizada en la Comisión de Justicia porque hay una “sobrecarga de leyes”. Pero lo que sí se ha completado es el periodo de presentación de enmiendas, que luego se debatirán en sede parlamentaria, y entre las que el PP ha colado una de traca.
La propuesta del Partido Popular es mantener la obligatoriedad de presentar un informe médico con un diagnóstico de disforia de género (aunque la OMS haya dicho que eso no se puede diagnosticar ya) para poder acceder a los cambios registrales porque, según el PP, “la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares“.
En el PP creen que la identidad de género de una persona trans es algo que puede variar según cómo se levante esa persona cada día y claro, hay que pedirle a un médico que certifique que está enferma, no sea que le cambiemos el nombre y dentro de dos años quiera recuperar el antiguo. Sí, es un nivel intelectual a la altura de los republicanos yankis que decían que las personas trans eran hombres con peluca que iban a entrar a los lavabos públicos a violar mujeres y niñas.
“Esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos que nos coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que demostrar lo que realmente decimos ser“, ha explicado Leo Mulió a ElDiario.es. Leo es un activista trans, psicólogo del equipo psicosocial de la asociación Transdiversa. Y añade: “Esta idea parte de un prejuicio y de esa mirada patologizante de entender la identidad trans como algo diferente al resto. A las personas trans se nos pone continuamente bajo sospecha de estar mintiendo, de que se nos pueda pasar, de que vayamos a aprovecharnos de alguna forma perversa de la ley. Yo tengo el mismo derecho a que no se me cuestione mi identidad que las personas cis“.
Natalia Aventín, presidenta de la Asociación de Familias de Menores Transexuales Chrysallis también ha valorado la enmienda presentada por el PP y ha explicado que el cambio de nombre y sexo es “una cuestión que no ocasiona perjuicio a terceras personas ni debe ser de adjuciación externa. Nadie más que tú puede saber quién eres, porque todavía podemos pensarnos y sentirnos como queramos“.
El Partido Popular, por cierto, también propuso en su momento eliminar de la Ley Integral LGTBI que desde la FELGTB dijeron que se iba a aprobar antes del World Pride la disposición que proponía acabar con la obligatoriedad de presentar un informe médico para que las personas trans puedan cambiar su nombre y sexo legal.
Luego tienen la poca vergüenza de decir que no son un partido LGTBfóbico, y alguno aún va y se lo cree.
Comentarios desactivados en El Ministerio de Justicia de España ordenará a los registros civiles facilitar el cambio de nombre legal de los menores trans mientras se reforma la ley de identidad de género
Tras reunirse con representantes de Chrysallis, asociación de familias de menores trans, el Ministerio de Justicia ha anunciado que prepara una instrucción para que los registros civiles faciliten el cambio de nombre a los menores transexuales. Una medida transitoria (así los esperamos…) al menos hasta que las Cortes aprueben la reforma de la vigente ley de identidad de género propuesta por el grupo socialista y que lleva más de año y medio de tramitación parlamentaria.
«La medida se adoptará de manera transitoria para dar una solución a estas familias mientras se tramita en el Parlamento la reforma de la Ley 3/2007 cuya aprobación extendería la posibilidad de rectificar la mención registral relativa al sexo a los menores de edad», asegura el comunicado de prensa del Ministerio de Justicia, que alude también a la reunión mantenida entre representantes de Chrysallis, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro. Se trata de agilizar y de alguna forma automatizar el proceso “para facilitar la vida de los menores trans”, ha dicho Natalia Aventín, representante de Chrysallis, la Asociación de Familias de Menores Transexuales, que ha señalado que este avance ha sido fruto del compromiso de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, tras una reunión celebrada esta semana.
En esta reunión, Chrysallis ha recordado al Ministerio que el Gobierno de España no ha atendido todavía la Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados el 11 de octubre de 2016, que instaba al Ejecutivo a dictar una instrucción que facilitara el cambio de nombre en el caso de los menores trans, cuya realidad no contempla la legislación. En resultado es que en muchas ocasiones ese cambio se deniega con el argumento de que el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 prohíbe la imposición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo de la persona.
Tras la reunión, el director general de los Registros y del Notariado ha reconocido que la actual regulación vulnera derechos fundamentales de los menores trans y lastra su desarrollo personal, aspectos que tratará de evitar tanto la instrucción que ya se prepara como la reforma legal en tramitación parlamentaria.
Fuentes del ministerio de Justicia han explicado que la instrucción es un parche para facilitar los trámites de los menores mientras se tramita la Ley 3/2007 de rectificación registral de la mención en cuanto al sexo y al nombre, con el objetivo de que pueden inscribirse “en un viaje de fin de curso, recoger un paquete en correos o hacer infinidad de gestiones sin tener que exponer su intimidad”. De momento, la instrucción se limita solamente al nombre y no al sexo.
El último de los casos que ha saltado a la opinión pública ha sido el de Gabriel, un chico trans de 15 años al que el Registro Civil de Calatayud ha denegado el cambio, y ello pese a contar con el respaldo unánime de familia y escuela. Este mismo viernes, de hecho, Gabriel y su familia han entregado en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas de apoyo que han recogido a través de su campaña en Change.org.
Retrasos intolerables en la tramitación parlamentaria
En efecto, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.
No debe confundirse esta proposición con la que a su vez el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ha sido necesaria una huelga de hambre de un grupo de activistas trans (entre los que se encontraba la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) para que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que la mantenía «en el congelador», tomase la decisión de impulsarla en el contexto de sus recientes acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.
Comentarios desactivados en El Registro Civil de Calatayud niega a un adolescente trans el cambio de nombre pese a su inequívoca identidad masculina y al apoyo unánime de padres, amigos y escuela
El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) ha denegado la solicitud de cambio de nombre de Gabriel, un adolescente trans de 15 años cuya identidad de género es masculina, que cuenta con el respaldo unánime de su familia y amigos, así como de sus compañeros de instituto y profesores, pero al que un auto niega precisamente su derecho a ver reconocido legalmente su nombre por tratarse de un nombre inequívocamente masculino. Lo sucedido con Gabriel pone de manifiesto la cada vez más vergonzosa situación española por lo que al reconocimiento de la identidad de género se refiere, así como la hipocresía de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados, a las que se les llena la boca a la hora de hablar de derechos LGTB pero que llevan toda la legislatura impidiendo el avance de diferentes proposiciones de ley que de ser aprobadas impedirían esta y otras situaciones absurdas.
«Ni me planteaba que lo iban a rechazar», explicaba a El Heraldo de Aragón Pilar Suárez, madre de Gabriel, que hasta el momento no había encontrado dificultad a la hora de que su hijo pueda vivir la vida a la que tiene derecho. Gabriel ya tiene, por ejemplo, la tarjeta sanitaria a su nombre, gracias a la avanzada ley de identidad de género que hace unos meses aprobaron las Cortes de Aragón. De la misma forma, ha iniciado el tratamiento hormonal con bloqueadores de la pubertad, lo que por el momento impedirá que desarrolle caracteres sexuales femeninos, no deseados. Y pronto empezará tratamiento hormonal, lo que facilitará que desarrolle caracteres sexuales masculinos.
Pero la normativa autonómica de nada sirve cuando se trata de la rectificación registral de la mención al sexo. En este caso entra en juego la anacrónica normativa estatal, que no contempla la realidad de los menores transexuales o de las personas migrantes, y que incluso para los mayores de edad mantiene como requisito un diagnóstico de «disforia de género» y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Todo queda a criterio del juez de turno. Y lo mismo sucede con el mero cambio de nombre, pese a que en este caso los jueces son algo más generosos. No ha sido el caso, por desgracia, de la jueza del Registro Civil de Calatayud, que pese a la abundante documentación aportada por la familia (incluyendo un informe del instituto donde estudia Gabriel que acredita que ese es su nombre habitual y así es tratado en clase por compañeros y profesores) ha denegado el cambio.
La razón que da la jueza, según explica la petición que la familia ha lanzado en la plataforma change.org, es que «el nombre solicitado, Gabriel, remite única e inequívocamente al sexo masculino, y no es un nombre neutro», algo que en su opinión viola la normativa actual sobre cambios de nombre en el Registro Civil, que no admite aquellos que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre) ni los que induzcan a error sobre el sexo. Sin tener en cuenta que en este caso nos encontramos con la realidad de que quien solicita el cambio es un chico con identidad masculina, no una chica ni una persona no binaria. «Gabriel se llama Gabriel. Y queremos ese nombre en su titulo de la ESO que obtendrá en junio y en su DNI. Y así creemos que debe entenderlo la juez encargada del Registro Civil que lleva el caso. Cuanta más gente firmemos esta campaña, mayor será la presión y más fácil se lo pondremos a otros niñes como mi hijo», finaliza la petición.
Responsables, los partidos representados en el Congreso
En este momento, se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). La iniciativa fue registrada en febrero de 2017 por el grupo socialista del Congreso (¡hace ya más de año y medio!), si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma de la ley de identidad de género y despatologizar la transexualidad, con la oposición del PP. La Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso) y no ha sido hasta febrero cuando la Mesa del Congreso desbloqueó su avance. Estamos ya en octubre, y la proposición sigue sin ser aprobada.
Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea registró en marzo en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades. Sin embargo, ni siquiera el propio grupo parlamentario que la presentó ha querido llevarla más allá (en teoría hasta tener amarrados suficientes apoyos parlamentarios). Ello ha motivado que un grupo de activistas trans (entre los que se encuentra la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé) hayan iniciado una huelga de hambre exigiendo a Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que proceda a llevarla al pleno.
Por último, otra proposición de ley que permanece atascada es la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, registrada en mayo de 2017 tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español». Aún así, la Mesa del Congreso de los Diputados no desbloqueó su avance hasta febrero de este año, al igual que con la propuesta socialista de reforma de la ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Al igual que con esta, estamos en octubre y sigue sin ser aprobada.
Comentarios desactivados en Las Cortes aprueban de forma definitiva, a propuesta del Parlamento navarro, que las personas con VIH no puedan ser discriminadas por las aseguradoras
Magnífica noticia: las Cortes Generales han aprobado por fin la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que declara nulas o no vinculantes todas aquellas cláusulas que excluyen a una de las partes por tener VIH. La modificación pone fin a una de las discriminaciones históricas de las que eran objeto las personas con VIH en España: el acceso a las pólizas de seguro. La reforma tiene su origen en una proposición presentada en su momento ante las Cortes por el Parlamento de Navarra.
La proposición del Parlamento navarro recibió en 2017 el apoyo de todos los grupos del Congreso, después de que en dos ocasiones anteriores fuese rechazada. En 2011 se cerró la legislatura sin que el asunto pudiese quedar resuelto, mientras que en 2014, entonces con mayoría absoluta del Partido Popular, fue rechazada. A la tercera ha ido la vencida. En esta ocasión, además, el PP ha decidido sumarse a la petición en lugar de oponerse, como hizo en la ocasión anterior.
La propuesta fue aprobada hace unas pocas semanas por la Comisión de Sanidad del Congreso. Al aprobarse de forma unánime, además, se hizo innecesaria la votación por el Plen del Congreso. Quedaba sin embargo pendiente la ratificación por el Senado, que se ha producido este miércoles. Se han registrado 242 votos a favor y no han habido ni votos negativos ni abstenciones.
Tras la reforma aprobada de forma unánime, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añade una disposición adicional con el siguiente texto:
«Disposición adicional única. Nulidad de determinadas cláusulas.
1. Serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud.
2. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud.»
También quedará modificada la Ley del Contrato de Seguro, a la que se añade otra disposición adicional con el siguiente texto:
«Disposición adicional quinta. No discriminación por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud.
No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente.»
La iniciativa acabará, por cierto, por tener efectos sobre personas que padecen otro tipo de enfermedades y se ven sometidas da discriminaciones parecidas, al añadirse además una disposición final a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios según la cual el Gobierno, en el plazo de un año, deberá presentar un proyecto de ley en el que determinará «la aplicación de los principios de esta Ley a otras enfermedades respecto a las que pueda considerarse que se aplican los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas».
La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), que ya mostró su satisfacción cuando la reforma fue aprobada por la Comisión de Sanidad del Congreso, ha expresado su alegría en redes sociales por la noticia:
Aprobada por unanimidad la reforma de ley para eliminar discriminaciones por VIH 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/OYyMnOnL3F
Comentarios desactivados en La salida del PP del Gobierno de España debería facilitar avances para el colectivo LGTBI pendientes desde el inicio de la legislatura
Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno de España es revocado de su cargo por el Congreso de los Diputados. El PP de Mariano Rajoy pierde la Moncloa al prosperar la moción de censura presentada por el PSOE, como consecuencia de la sentencia de la trama Gürtel (en la que se reconoce la financiación ilegal del PP). Pedro Sánchez se ha convertido en presidente gracias a los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, PDeCat, Esquerra Republicana, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias. Desde el punto de vista LGTB, el desalojo del PP del Gobierno de España debería contribuir a impulsar el avance de las futuras leyes de igualdad LGTBI y de reforma de la ley de identidad de género. Esperamos además asistir a la retirada del estatus de «utilidad pública» y sus consiguientes beneficios a la organización ultra HazteOír, tras la negativa del PP de Rajoy hace solo unos meses. También se espera poder tumbar la ley mordaza, impulsar políticas feministas o hacer cambios en RTVE, entre otras cosas.
Mariano Rajoy deja de ser presidente del Gobierno de España y, sin ambages, podemos decir que no hay absolutamente nada que agradecerle ni por lo que recordarle en materia LGTB. Todo lo contrario. El historial LGTBfóbico del PP de Rajoy es extenso y conocido, a pesar de los intentos reiterados de Javier Maroto de blanquear la imagen de su partido y de su líder. En dosmanzanas lo hemos dicho por activa y por pasiva cada vez que Maroto ha repetido esta misma mentira: el recurso del PP contra el matrimonio igualitario no se refería solo «al nombre».
Mariano Rajoy, y con él su partido, sobre el que ha ejercido desde que es su presidente el máximo control, son quienes más daño han hecho a los derechos LGTB en nuestra reciente historia. En 2005, y tras apoyar una brutal campaña en su contra desencadenada por los sectores más reaccionarios de la sociedad española, Rajoy asumía como propia la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. También buscaba, por ejemplo, despojar a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar hijos conjuntamente, tal y como expresaba el «cuarto motivo de inconstitucionalidad» defendido en el recurso, según el cual esta posibilidad resultaba contraria al mandato constitucional de protección integral de los hijos. Rajoy, incluso después de haber acudido como invitado a la boda del propio Maroto, se negaba a reconocer como un error la presentación de aquel recurso.
Por otra parte, el retroceso experimentado por nuestro país en las clasificaciones internacionales sobre derechos LGTB es consecuencia directa de la inactividad manifiesta del Gobierno del PP a la hora de seguir profundizando los cambios iniciados bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El relevo de Mariano Rajoy solo puede ser considerada, en este sentido, una magnífica noticia.
Pedro Sánchez abrazando a Pedro Zerolo
Deseable impulso a las leyes LGTB pendientes
Habrá que ver si el cambio de Gobierno contribuye al avance de las leyes pendientes en el Congreso en materia LGTB. La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI era registrada en mayo de 2017, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el entonces presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.
Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.
A finales de febrero de este año, la Mesa del Congreso de los Diputados desbloqueaba por fin estas dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB (la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como «ley de identidad de género»), y que de acuerdo a la lógica parlamentaria deberían contar con el respaldo final de la mayoría del Congreso.
Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso otra proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista sobre identidad de género, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La propuesta contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de de las leyes integrales de transexualidad arriba mencionadas. El futuro de esta norma, que se encuentra en un estadio parlamentario más precoz, es incierto.
Debemos ser conscientes de todas formas de que la Mesa del Congreso sigue controlada por PP y Ciudadanos (la posición de estos últimos, en este sentido, sigue siendo decisiva a la hora de ralentizar o no el proceso legislativo) y de que los populares siguen disponiendo de mayoría absoluta en el Senado. Esto no es una novedad: ya en los tiempos de Rodríguez Zapatero el Senado, en manos de los populares, vetó leyes como la del matrimonio igualitario, un veto que fue posteriormente levantado por la mayoría absoluta del Congreso. No hay razones para que este escenario final favorable no se repita en la actualidad.
A nadie se le esconde el hecho de que un Gobierno favorable a la igualdad de las personas LGTB, en cualquier caso, debería actuar de catalizador del avance. Esperemos que así sea. Mientras tanto, y centrándonos en el día de hoy, no podemos sino celebrar por todo lo alto que Mariano Rajoy abandone el Gobierno de España. No lo echaremos de menos ya que ha sido un presidente tóxico para los Derechos LGTBI+.
Comentarios desactivados en El Congreso de España pide prohibir la publicidad con estereotipos sexistas y homófobos
La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado unánimemente las propuestas de PP y Compromís, promoviendo el uso del lenguaje inclusivo y reclamando a las instituciones europeas trabajar para evitar anuncios sexistas en el sector del juguete.
La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados ha llegado a un acuerdo con la finalidad de solicitar al Gobierno que actúe de cara a favorecer un uso igualitario del lenguaje y para impedir la emisión de anuncios de juguetes que reflejen estereotipos sexistas.
El acuerdo alcanzado en la Comisión ha sido unánime. Se han aprobado dos proposiciones no de ley, impulsadas por el Partido Popular y Compromís, que han sido aceptadas por todos los grupos políticos.
La proposición no de ley presentada por Compromís (Grupo Mixto) ha recibido total apoyo, e insta al Ejecutivo a “garantizar, en colaboración con las comunidades autónomas, entidades del Tercer Sector Social y demás agentes implicados, una adecuada protección a la infancia, evitando la distribución de anuncios en los que haya estereotipos sexistas e imágenes homófobas”.
La idea reclama a las instituciones europeas cambiar la normativa con el fin de evitar la publicidad sexista en el sector del juguete y hacer estudios territorializados del sexismo en la publicidad especialmente dirigida a los niños.
En cuanto al uso igualitario del lenguaje, propuesta que ha sido trasladada por el PP, los grupos han mostrado acuerdo en que deben ser los representantes políticos quienes se conviertan en ejemplo del uso del idioma. También, que éste debe transmitir “una imagen equitativa y no estereotipada de las personas a las que se dirige o refiere”.
Comentarios desactivados en El Congreso aprueba de forma unánime la modificación que prohibirá a las aseguradoras discriminar a las personas con VIH
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que declara nulas o no vinculantes todas aquellas cláusulas que excluyen a una de las partes por tener VIH. La modificación, que aún debe recibir el visto bueno de Senado, pone fin a una de las discriminaciones históricas de las que son objeto las personas con VIH en nuestro país: el acceso a las pólizas de seguro. La reforma tiene su origen en una proposición presentada en su momento ante las Cortes por el Parlamento de Navarra.
La proposición del Parlamento navarro recibió hace un año el apoyo de todos los grupos del Congreso, después de que en dos ocasiones anteriores fuese rechazada. En 2011 se cerró la legislatura sin que el asunto pudiese quedar resuelto, mientras que en 2014, entonces con mayoría absoluta del Partido Popular, fue rechazada. A la tercera ha ido la vencida. En esta ocasión, además, el PP ha decidido sumarse a la petición en lugar de oponerse, como hizo en la ocasión anterior. Al aprobar la modificación por unanimidad, la Comisión de Sanidad evita además el paso por el Pleno, con lo que queda ya solo pendiente de la ratificación por el Senado.
Según la proposición de ley aprobada de forma unánime, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios añade una disposición adicional con el siguiente texto:
«Disposición adicional única. Nulidad de determinadas cláusulas.
1. Serán nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud.
2. Asimismo, será nula la renuncia a lo estipulado en esta disposición por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de salud.»
También quedará modificada la Ley del Contrato de Seguro, a la que se añade otra disposición adicional con el siguiente texto:
«Disposición adicional quinta. No discriminación por razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud.
No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente.»
La iniciativa acabará, por cierto, por tener efectos sobre personas que padecen otro tipo de enfermedades y se ven sometidas da discriminaciones parecidas, al añadirse además una disposición final a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios según la cual el Gobierno, en el plazo de un año, deberá presentar un proyecto de ley en el que determinará «la aplicación de los principios de esta Ley a otras enfermedades respecto a las que pueda considerarse que se aplican los mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas».
La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) ha elogiado en un comunicado la decisión del Congreso. Ramón Espacio, su presidente, ha recordado que la legislación actual «acrecienta el estigma social y la discriminación de personas con el VIH, lo que puede tener graves consecuencias para el desarrollo normal de su vida».
Confiemos en que la modificación de la ley reciba cuanto antes el visto bueno de la Cámara alta, en la que el PP disfruta de una cómoda mayoría absoluta. No tendría ningún sentido que un texto aprobado por unanimidad en el Congreso fuese obstaculizado en el Senado.
Comentarios desactivados en Portugal aprueba la autodeterminación de género a partir de los 16 años y se sitúa en el grupo de países más avanzados en esta materia
El Parlamento portugués reconoce el derecho a la autodeterminación de género a partir de los 16 años sin necesidad de informes médicos.
También se aprobaron mayores protecciones para las personas intersexuales.
El Parlamento portugués acaba de aprobar, con 109 votos a favor y 106 en contra, una propuesta de ley sobre el derecho a la autodeterminación de la identidad de género y la expresión de género y el derecho a la protección de las características sexuales de cada persona, que permite a las personas transgénero modificar su documentación legal acorde a su identidad de género sin necesidad de cirugías o diagnósticos psicológicos o psiquiátricos, además de prohibir a los médicos que tomen la decisión sobre la reasignación de género en los bebés intersexuales. Portugal se une al reducido grupo de países europeos en el que las personas transgénero no necesitan de ningún tipo de diagnóstico psicológico o psiquiátrico para poder modificar sus documentación legal acorde con el género con el que se identifican mediante una ley aprobada este viernes, 13 de abril, que también incluye la prohibición de las cirugías innecesarias en bebés intersexuales en caso de ambigüedad en el momento del parto, a no ser que la intervención sea estrictamente necesaria para su supervivencia.
Portugal vuelve a adelantarse a España y consigue actualizar su ley de identidad de género, incorporando a esta el principio de autodeterminación de género. Sigue así el ejemplo de otros países de nuestro entorno, como Grecia, Irlanda, Dinamarca, Malta, Bélgica o Noruega, que también han actualizado en los últimos años sus leyes y que, como explican en ILGA, separa el ámbito clínico del legal y evita a las personas trans tener que atravesar una gran barrera burocrática (la necesidad de presentar documentos médicos) asociada a prejuicios.
Con el apoyo del gobernante Partido Socialista, al que se han sumado el Bloque de Izquierda, Los Verdes y el Partido de las Personas, los Animales y la Naturaleza (PAN), el parlamento portugués ha sacado adelante una reforma legislativa que reconoce explícitamente la autodeterminación de género para mayores de 16 años, de forma que se podrá solicitar el cambio en el registro civil sin necesidad de justificaciones o informes médicos. El Partido Social Demócrata (PSD), socio europeo del PP español, ha votado en contra, junto con los democristianos del CDS. Solo la diputada socialdemócrata Teresa Leal Coelho, en las bancadas de la derecha, ha decidido romper la disciplina de voto y sumarse al «sí» de las formaciones progresistas. El Partido Comunista se ha abstenido.
El pasado mes de enero adelantábamos que el gobierno socialista de Portugal trabajaba en un proyecto de actualización de la ley de identidad de género para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” de cara a la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual solicitar la modificación. También informábamos de que el proyecto de ley contemplaba el tratamiento en las escuelas de los menores de acuerdo a su identidad y la prohibición de que los bebés intersexuales sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro. Finalmente, no ha habido sorpresas y la nueva ley, sin recortes de derechos con respecto al proyecto inicial, ha salido adelante gracias al voto favorable de la izquierda en la Asamblea de la República de Portugal (el parlamento unicameral del país luso).
Aunque el Partido Social Demócrata portugués no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de, por ejemplo, el Partido Popular español (recordemos que ambos son socios del Partido Popular Europeo), cabe destacar que solo una diputada socialdemócrata, Teresa Leal Coelho, ha roto la disciplina de voto de su partido para apoyar la reforma de la ley de identidad de género. En este sentido, y a excepción de la mencionada parlamentaria, el PSD portugués se escora más hacia la derecha y se aleja del «aperturismo» que demostró en 2010, cuando se aprobó la primera ley de identidad de género (que entraba en vigor en 2011 y que ahora se acaba de actualizar), en la que 12 de los 81 diputados de esta formación votaron a favor.
Según ha explicado la secretaria de Estado para la Ciudadanía e Igualdad de Portugal, Rosa Monteiro, el gran objetivo de este nuevo texto legislativo es «mitigar el sufrimiento» y mejorar la calidad de vida de las personas trans, «crear condiciones para que las realidades y experiencias de vida de estas personas sean más conocidas» y que «sus situaciones sean evaluadas sin ningún prejuicio». Monteiro también resalta que la ley aprobada este viernes en el parlamento luso asegura la protección de las personas intersexuales al exigir su «consentimiento expreso» para que sea realizado cualquier tratamiento o intervención quirúrgica, farmacológica o de otra naturaleza que implique modificaciones en el cuerpo o de sus características sexuales, por lo que no se podrá intervenir a bebés para escoger su sexo.
Por su parte, los activistas de ILGA Portugal se sienten muy satisfechos con el resultado de esta votación, aunque consideran que aun quedan cosas por hacer en cuanto a la atención de los menores de 16 años o las personas emigrantes y refugiadas. Según explica Daniela Bento, coordinadora del grupo GRIT de personas trans de esta asociación, “con la aprobación de esta ley, el Estado está finalmente diciendo que está del lado de las personas trans y que las reconoce en plenitud, dando señales a la sociedad de que merecen toda la dignidad en su vida diaria“. También recordó que las personas intersexuales “tienen derecho a una experiencia vital de sus cuerpos íntegra, sin mutilaciones, sin decisiones no consentidas o sin su expresa voluntad”.
España, otra vez retrasada
En España, la ley 3/2007 ha envejecido de forma prematura: sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes. Y en el caso de los menores, todo sigue a criterio del juez de turno.
Por otra parte, el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado recientemente en el Congreso una proposición de ley «sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad sexual y expresión de género». Se trata de una propuesta legislativa que va más allá de la proposición socialista, referida al proceso de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y contempla además medidas en los ámbitos sanitario, social y laboral, educativo, del deporte o de los medios de comunicación, entre otros, por lo que puede considerarse una versión estatal de algunas de las leyes integrales de transexualidad ya aprobadas en varias comunidades.
Las personas transgénero pueden decidir
Varias naciones europeas requieren que las personas transgénero se sometan a procedimientos médicos como cirugías y esterilización después de haber sido diagnósticas con algún trastorno mental que justifique la decisión de su reasignación de género, además de divorciarse en el caso de que hayan contraído matrimonio si quieren que el gobierno reconozca legalmente su derecho a cambiar de género. Leer más…
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El Defensor del Pueblo con la comisión asesora que estudia los abusos sexuales en la Iglesia
El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, Cardenal Omella entregó la documentación al Defensor del Pueblo CEE
Kermán López, en la inauguración de la muestra
La norma impulsada permitirá el cambio de sexo legal de las personas trans sin necesidad de requisitos médicos y establece un marco integral de medidas contra la LGTBIfobia
Uge Sangil, presidenta de la FELGTBI+,
se muestran contrarias a la autodeterminación de género de las personas trans
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