9 de abril: Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas

9 de abril de 2024. El 9 de abril se erige como una fecha trascendental en el calendario colombiano, en virtud a que se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, según lo establecido por la Ley de Víctimas (artículo 142 de la Ley 1448 de 2011. Este día adquiere un significado de profundo respeto y reflexión, por cuanto se rinde homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas en el conflicto armado en Colombia, en especial, a las víctimas LGBTIQ+, quienes, históricamente, han enfrentado múltiples formas de discriminación y violencia debido a su orientación sexual, identidad de género y expresión de género (OSIGEG) diversa.

De acuerdo con datos oficiales, a corte del 31de marzo de 2024, el Registro Único de Víctimas (RUV) reconoce a 9.681.288 personas como víctimas del conflicto e incluidas en el RUV, de las cuales 6.548 corresponden a personas LGBTIQ+. No obstante, es claro que el subregistro es imperante, por lo que esta cifra puede incrementar exponencialmente y cuya razón puede obedecer a la falta de capacitación del funcionariado que recibe las solicitudes al preguntar por estar categorías y/o asumir la orientación sexual e identidad de género de las víctimas LGBTIQ+ con base en estándares heteropatriarcales. Así mismo, porque las violencias aún persisten, por lo que muchas víctimas con OSIGEG diversa no han rendido su declaración, ante el temor de malos tratos o discriminación por parte de la institucionalidad, o la decisión misma de mantener en secreto su sexualidad por los prejuicios que aun rodean a las experiencias de vida LGBTI en Colombia.

A pesar de tal rezago, de acuerdo con la Ley de Víctimas, la aplicación del enfoque diferencial de género es un mandato tendiente al análisis y otorgamiento de medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral, con observancia de los impactos diferenciales de las violencias, entre otras, en personas con OSIGEG diversa. Ante este imperativo, también surgió la necesidad de la tramitación del proyecto de reforma de la Ley de Víctimas que se encuentra en etapa de divulgación en audiencias públicas en diferentes zonas del país, y cuyo objetivo es la inclusión de un enfoque de soluciones efectivas y la garantía en la financiación de las medidas de reparación, para así superar el rezago imperante para tantas víctimas en todo el país.

Bajo este entendido, sin duda alguna, no solo este día nacional resulta ser conmemorativo, sino la misma Ley de Víctimas como tal, ya que se constituye en una herramienta importantísima para garantizar el derecho de las víctimas LGBTIQ+ a la reparación integral y a las garantías de no repetición, dado que busca no solo reparar el daño material y emocional causado, sino también generar acciones concretas que contribuyan a prevenir la repetición de violaciones a sus derechos en el futuro. De esta manera, la Ley se convierte en un instrumento fundamental para promover la justicia, la inclusión y el respeto hacia la diversidad sexual y de género en Colombia.

Ahora, lo que nos corresponde es seguir haciendo veeduría para la debida financiación y entrega de los recursos, por la aplicación efectiva del enfoque diferencial de género y el reconocimiento de los impactos diferenciales en personas LGBTIQ+, así como seguir trabajando en la superación del alto subregistro, que invisibiliza las violencias en contra de personas LGBTIQ+. Ante tal circunstancia, hacemos un llamado a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para que, en el marco de la tramitación de la reforma de Ley, cumpla sus promesas y continue con la revisión de las declaraciones de las víctimas, y así poder determinar la orientación sexual e identidad de género real de las mismas.

De igual modo, para que se siga trabajando en el reconocimiento prioritario de sujetos de reparación colectiva LGBTIQ+ en diferentes territorios del país, tal y como sucedió con el reconocimiento de la Casa Diversa de la Comuna 8 de Medellín, el Colectivo Crisálida de San Rafael (Antioquia) y el Colectivo LGBTIQ+ de El Carmen de Bolívar (Bolívar).

De este modo, si bien la Ley de Víctimas representa un avance significativo en la protección de los derechos de las víctimas LGBTIQ+ en el contexto del conflicto armado, aún persisten desafíos importantes por abordar. Aunque gradualmente se ha dado mayor visibilidad al tema LGBTQ+ de género y al enfoque diferencial en las agendas de paz, aún queda mucho por hacer. El subregistro de casos y la impunidad siguen siendo cuentas pendientes para la plena justicia y reparación de estas víctimas.

Así las cosas, desde Caribe Afirmativo, aprovechamos la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas para exaltar su coraje y valía, y reafirmar nuestro compromiso por la paz y la reparación en favor de las víctimas LGBTIQ+, insistiendo en la necesidad de visibilizar ante la sociedad las violencias cometidas en el marco del conflicto armado, para garantizar el derecho a la memoria y a la verdad, permitiendo así el decrecimiento de las violencias. Es a través de este esfuerzo que podemos contribuir a un proceso de reconciliación y justicia duraderos, en que las personas LGBTIQ+ puedan ejercer una ciudadanía plena y con igualdad de derechos para todas, todos y todes.

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El conflicto armado colombiano ha marcado la historia de este país por más de 50 años. En medio de esta situación han estado las personas LGBTI, quienes resultan doblemente afectadas. Primero, por la exclusión social en la que viven y segundo, porque al no ser reconocidas como tal, no son parte de los programas de ayuda de reparación a las víctimas. A esto se suma que las desigualdades generadas empujan -en muchos casos- a estas personas a caer en redes criminales de trata de personas. 

En Colombia las personas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI) se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad, debido a que -además de formar parte de un sector social excluido- esta marginación los convierte en presa fácil para la trata de personas y víctimas no reconocidas dentro del conflicto armado.

A esta conclusión llegó un estudio realizado por la Secretaria de Planeación de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), difundido recientemente por el diario colombiano El Tiempo.

Según este estudio 77 % de personas de la comunidad LGBTI están en riesgo de caer en redes criminales dedicadas al tráfico de personas. Aunado a ello 8 de cada 10 que fueron victimizadas durante el conflicto armado colombiano no hacen parte del Registro Único de Víctimas, por lo cual, les es más difícil el acceso a los programas de ayuda.

“No son datos estadísticos ni indicadores de ciudad, sino que permiten identificar tendencias. Por ejemplo, que existe una alta relación entre su condición sexual y el riesgo de ser víctimas de trata de personas o de haber sido víctimas del conflicto”, indicó el director de Diversidad de la Secretaría, Juan Carlos Prieto.

El estudio está centrado en Bogotá, la capital de Colombia, a donde llegan la mayoría de las personas en busca de una mejor calidad de vida. “Cuando usted llega a una ciudad como Bogotá es muy susceptible de caer en una red de ese tipo. Por ejemplo, de ser objeto de prostitución por no encontrar más opciones de sustento. Incluso, por carecer de afecto, familia y apoyo, trabajar sexualmente para comprar ese cariño”, destacó Prieto.

Peligroso fenómeno social

Otro aspecto alarmante que arrojó esta investigación es el hecho de que la trata de personas no es un fenómeno exclusivo de exportación, sino que también se produce dentro del país, como es el caso de las personas que son llevadas del interior del país hacia la capital para prostituirse y ser explotadas sexualmente.

Entre los modus operandi utilizados por la red de criminales destaca el aspecto económico, como son préstamos hechos a las víctimas u ofertas laborales que luego no se concretan. El 29% de las víctimas afirmó haber recibido ofertas asociadas a un excelente sueldo. El 12 % relacionadas con préstamos, compra de tiquetes o facilidad de trámites; el 16 % a dinero o viajes a cambio de una relación sentimental, y el 30% a cambio de relaciones sexuales.

El objetivo del estudio es contar con herramientas para la toma de decisiones y exhortar a los Gobiernos locales y el nacional a “hacer un reconocimiento de la comunidad LGBTI como víctimas a priorizar”, destacó el entrevistado.

Fuente  El Tiempo , vía Universogay

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