(Jesús Bastante/Agencias).- El Gobierno está dispuesto a trabajar sobre “cualquier reforma” de la Ley de Libertad Religiosa, vigente en España desde 1980. En su respuesta a una pregunta de Unidos Podemos en el Senado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó la norma de “modelo” para muchos países de Europa y Latinoamérica.

En el trasfondo del debate, la necesidad de acabar con la “confesionalidad encubierta” del Estado, tal y como han denunciado en infinidad de ocasiones parlamentarios de todos signo. Sin embargo, dicha reforma, que en varias ocasiones estuvo a punto de consensuarse, sigue encerrada en un cajón. Y es que el fenómeno religioso en España continúa siendo centro de conflicto.

Funerales de Estado, presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o corporaciones municipales en procesiones, condecoraciones a Vírgenes o patronos… son algunos de los temas a tratar, aunque el fondo de la cuestión estaría en la progresiva laicización del Estado, y en la igualdad de trato entre la confesión principal (la católica) y las minoritarias.

Así, Catalá resaltó que “cualquier reforma que ustedes consideren que es necesario llevar a cabo en nuestra Ley de Libertad Religiosa, que insisto es modelo para muchos países de nuestro entorno, nosotros estaremos encantados de trabajarla siempre desde esos principios: el articulo 16.3 y 9.2 de la Constitución, y del desarrollo de una Ley que ha dado un extraordinario aval a la puesta en marcha de una realidad sociológica de enorme riqueza cultural y religiosa en España como es la que tenemos en este momento”.

Catalá respondía de este modo al senador de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Joan Comorera, quien preguntó si el Gobierno garantiza adecuadamente la aconfesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución, que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

El parlamentario morado ha denunciado casos como el hecho de que en la sede central del Ministerio de Defensa la bandera ondeara a media asta durante la Semana Santa, o que se haya condecorado a una cofradía “que poco aporta a la seguridad del Estado”.

Del mismo modo Comorera ha indicado que el presidente del Gobierno y varios de los ministros juraron el cargo “ante un crucifijo”, o que “en las prisiones también priman las religiones” cuando a la sociedad civil y a las ONG se les están “cerrando las puertas”. “Es llamativo que el número de programas religiosos sea mucho más elevado que el resto de programas”, apuntó.

El senador de Unidos Podemos, además, considera que los funerales de Estado “católicos” son otra de las “asignaturas pendientes”. En su opinión, estos hechos “ponen en entre dicho la aconfesionalidad del Estado”, que “a muchos les retrotrae a la etapa franquista”.

Por su parte, el ministro de Justicia considera que el Gobierno garantiza “adecuada y plenamente” la aconfesionalidad del Estado prevista en la Constitución, y ha señalado que, desde la llegada de la democracia, España ha ratificado “todos los convenios internacionales” que garantizan el derecho fundamental de conciencia, pensamiento y religión.

En este sentido, Catalá ha defendido que “nada” dice el ordenamiento jurídico respecto a qué elementos religiosos deben estar presentes en la toma de posesión de un alto cargo. “Es la decisión individual de la persona la que hace que pueda haber un crucifijo o no”, ha explicado, para agregar que se está ejerciendo el derecho de libertad religiosa. De esta forma, el ministro ha apuntado que prohibirlo sería violentando la neutralidad. “Hay que respetar la opción individual y personal de cada ciudadano”, ha enfatizado.

Además, ha puesto de relieve que otras confesiones religiosas han firmado acuerdos y convenios con el Estado y se benefician “por tanto de algún tipo de reconocimiento”. También ha destacado que existe una Comisión asesora de libertad religiosa que permite un “sincero” diálogo interconfesional que sirve para mantener la estabilidad y resolver controversias.

En concreto, Catalá se ha referido al caso de las cofradías y ha dicho que tienen una “labor social, de beneficencia y de atención a los más necesitados” por lo que, desde su punto de vista, merecen el reconocimiento público.

Del mismo modo, el ministro señaló que la libertad religiosa está “íntimamente” relacionada con los principios de la aconfesionalidad del Estado y ha asegurado que “ninguna confesión tiene carácter Estatal”, y que la aconfesionalidad está garantizada “al máximo nivel” por el ordenamiento jurídico.

No obstante, el ministro ha defendido que el hecho religioso está presente en la sociedad española. “Hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que sí quieren ese sentimiento y es una obligación, un mandato a los poderes públicos crear y desarrollar políticas que permitan reconocer esas creencias y esos sentimientos en un contexto de aconfesionalidad, por su puesto”, ha zanjado.

Finalmente, Rafael Catalá ha abogado por “mejorar en la medida de lo posible” el marco jurídico, seguir trabajando con todas las confesiones religiosas y “hacer efectivo el respeto a la libertad religiosa que la Constitución consagra“.

Fuente Religión Digital

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