La Resistencia es uno de los grupos de ultraderecha que ataca a organizaciones de derechos humanos, feministas y periodistas. Por qué continuan impunes.

Fuente Agencia presentes

Verónica Ferrari

Junto a “Los Combatientes” y “La Insurgencia”, la Resistencia formó el autodenominado “Frente Popular Democrático”, una agrupación de corte fascista (algunos de sus integrantes han adoptado incluso el saludo fascista) para oponerse al gobierno de Pedro Castillo (2021-2022). Estos grupos fueron quienes intentaron llegar al Palacio de Gobierno el 6 de junio de 2021, antes la asunción de Castillo. Alineados con el Fujimorismo, a pesar que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori negó tener vinculación con ellos, realizan acciones aún impunes.

“Este grupo se encubre en un uso indebido de la libertad de expresión”, explica a Presentes la abogada de derechos humanos María Ysabel Cedano. “La Policía, el Ministerio Público, los Juzgados Penales de turno deberían accionar porque hay delito de acoso, difamación, alteración de la tranquilidad pública. Estos son delitos contra la integridad, la libertad, la vida, el cuerpo y la salud. Pero para el Estado, la ley y sus instituciones ellos son una organización que ejerce su derecho a la libertad de expresión”.

Antecedentes

Según una investigación del portal Ojo Público, el antecedente más antiguo fue el protagonizado por el exmilitar Pedro Rejas Tataje, cercano al expresidente Alberto Fujimori. En 2007 Rejas Tajate ingresó por la fuerza a Palacio de Justicia con un grupo de Carapintadas.

En 2012, la exsecretaria de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, sufrió un ataque televisado en donde la escupieron. Ella es una de los tantos políticos, líderes, periodistas y activistas que han sido acosados por La Resistencia y sus ramificaciones. Autoridades como el presidente del Jurado Nacional de Elecciones Jorge Salas Arena han sido blanco de sus ataques, con contínuos plantones en la puerta de su casa. También han vandalizado eventos de organizaciones de derechos humanos, como la irrupción en un evento de Amnistía Internacional, en mayo del año pasado. Allí se iba a presentar un informe sobre las violencias en el marco de las protestas contra la asunción del gobierno de Dina Boluarte. Boluarte reemplazó a Castillo tras los intentos destituyentes del Congreso y el intento de autogolpe.

Tampoco han dudado en atacar espacios infantiles, como la feria para recaudar fondos que realizó la Biblioteca Miguelina Acosta, el primer antecedente de ataque a menores de edad, en mayo de 2022. También atacaron a periodistas como Gustavo Gorriti o Rosa María Palacios, yendo a sus casas y a sus lugares de trabajo.

Contra la memoria

La escultura El ojo que llora, situado en La Alameda de la Memoria, ha sido uno de sus puntos predilectos de ataque. Actualmente, y con el apoyo del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, buscan demoler la efigie que simboliza a todas las víctimas del conflicto armado interno y que es Patrimonio Cultural de la Nación.

Gisela Ortiz, vocera de los familiares de víctimas de la Masacre de la Cantuta (1992) presenció varios de estos ataques al Ojo que Llora. Señala que agrupaciones como La Resistencia tienen detrás personas y organizaciones poderosas que los protegen. Por eso no tienen temor por las denuncias.

“Hay una ‘incapacidad’ para identificar quiénes son los que operan por detrás de los que hacen el trabajo sucio. No sabemos quiénes los financian, a quiénes obedecen. Detrás de ellos hay partidos políticos pero también jefes policiales que los están protegiendo. Por eso es que en flagrancia no detienen a nadie”, dijo a Presntes.

Otro blanco de ataques fue la exposición “De qué color son tus muertos”, una muestra fotográfica sobre la masacre a 49 manifestantes por parte de la las Fuerzas Armadas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. que las Fuerzas Armadas asesinaron a 49 manifestantes que protestaban contra el régimen de Dina Boluarte. Las dos veces que se realizó la muestra, fueron atacados por La Resistencia.

“Había como ocho personas de La Resistencia dentro de la casa que habíamos alquilado para el evento. Las empezamos a arrear hacia afuera. Pero esta gente comenzó a invadir el estacionamiento golpeando los vidrios de la puerta, nos pusieron un parlante, estuvieron una hora y media así”, cuenta a Presentes Mario Colán, fotógrafo de la muestra.

Sus banderas son antidemocráticas, pues no permiten el disenso ni el diálogo. Atacan a todo aquel que piense diferente a ellos. Defienden los crímenes cometidos en tiempos de Alberto Fujimori. Y son antigénero, ya que se oponen al enfoque de género en el currículo acompañando campañas de desinformación como “Con mis hijos no te metas”.

Las denuncias judiciales

María Ysabel Cedano representa a las víctimas de esterilizaciones forzadas (miles de mujeres andinas durante el régimen de Fujimori) y fue testigo de varios ataques. El 28 de septiembre de 2021 la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas realizó un plantón pacífico frente al Poder Judicial e integrantes de la Resistencia las atacaron.

«Ellas estaban ejerciendo sus libertades políticas de expresión. Hicieron la denuncia, la congresista Ruth Luque las acompañó, el Ministerio de la Mujer también, incluso identificaron al agresor, pero no lograron que la investigación prospere”, dijo a Presentes.

El agresor de estas mujeres fue Ricardo Alvarado Arias, miembro de una de las ramas de La Resistencia denominada Los Insurgentes, y quien cuenta con múltiples denuncias de agresión. A pesar de ello, sigue libre.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron en 2023 una denuncia contra La Resistencia y sus derivados ante la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía de Crimen Organizado. Definieron a La Resistencia como «una organización criminal constituida por multiplicidad de personas, con carácter estable, permanente y organizada en el tiempo, donde sus miembros tienen tareas repartidas y cuyas actividades se orientan a cometer diversos ilícitos como el marcaje con la finalidad de dañar, lesionar, obstaculizar su libertad de accionar de algunas autoridades, personas o colectivos civiles”.El Ministerio Público investigó al colectivo pero esas 11 denuncias de acoso fueron archivadas.

«Por más que uno los denuncie ante la comisaría no hay una investigación que avance, que te identifique a los responsables cuyos nombres son públicos, cuyas caras ya se conocen, porque es gente identificada no solo por medios de comunicación, sino por diversas denuncias públicas que salen”, dijo Gisela Ortiz.

En febrero de 2024, Juan José Muñico Gonzales, alias Jota Maelo, líder de La Resistencia, fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por el delito de difamación en agravio del Instituto de Defensa Legal. Luego, la jueza dispuso que la pena se transforme en 70 jornadas de servicio comunitario.

Complicidad del Estado

La abogada Cedano señala que hay varios factores que permiten el accionar impune de La Resistencia: su vínculo con el Fujimorismo; con el partido político Renovación Popular, con altos mandos de la PNP y del Gobierno:

“Actúan así porque la ley y las instituciones no se les aplica. A pesar de que son una organización criminal que anuncia la comisión de sus delitos. La Fiscalía de Prevención del Delito, las Fiscalías Penales y la PNP no actúan. No son casos de desidia o negligencia, sino que son una organización protegida. Son una versión propia para este contexto del Grupo Colina o del Comando Rodrigo Franco (grupos paramilitares de los gobiernos de Fujimori en los 90 y García en los 80). Básicamente atentan contra la integridad, la salud emocional y mental e instalan el miedo y el terror», dice Cedano a Presentes.

A pesar de saber de su accionar, instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura se han reunido con estos grupos señalando que “todos deben ser escuchados en democracia”.

«Sirven a los objetivos de partidos políticos y al Estado, atacando a instituciones y personas que les son incómodas y que ponen en riesgo la corrupción y la violación de derechos humanos que obran en este país”, agregó Cedano.

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Nosotros añadimos esta imagen para que se conozca a estos fascistas:

De izquierda a derecha: Ricardo Alvarado, José Luis García, Flor de los Milagros Contreras, Roger Ayachi y Álvaro Subiria, miembros de ‘La Resistencia‘ o ‘La Insurgencia‘. (Foto: Twitter)

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El Movilh expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expuso ayer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, presidida por la parlamentaria Camila Valderrama, respecto a los proyectos de ley que buscan garantizar la inclusión integral de las temáticas de la sexualidad y de la afectividad en el sistema de enseñanza-aprendizaje.

En concreto, el Movilh propuso que desde la etapa parvularia se sensibilice y eduque en las “distintas formas de ser, amar y sentir y de construir familia de manera de prevenir y erradicar miradas hetero-normadas que presentan solo a la heterosexualidad cómo válida, normal o natural, mientras que otras orientaciones sexuales o identidad de género son marginadas o abordadas desde la ignorancia o los prejuicios”.

El vocero del Movilh, Óscar Rementería, añadió que tal demanda “es parte de los compromisos internacionales de Chile, como es el caso del Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) que el Estado firmó en 2016 con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

En efecto, en el ASA el Estado chileno se comprometió a “resguardar que el Plan de Formación Ciudadana y el Programa de Sexualidad, Afectividad y Genero, junto con los protocolos y cartillas sobre inclusión y no discriminación, incluyan contenidos que aborden la diversidad sexual y de género, complementarios a la base curricular nacional y los planes de estudios para los niveles de educación parvularia y escolar”.

El Movilh también propuso a la Comisión que toda educación en sexualidad, afectividad o género sea abordada con una perspectiva que garantice “la universalidad de los derechos humanos, lo cual debe ser el denominador común y obligatorio de todo programa sobre la materia, a objeto de evitar que ciertas ideologías, creencias o religiones se impongan sobre otras, dañándose de paso la dignidad de personas”.

Junto a Valderrama, integran la Comisión de Educación los/as diputados/as Jaime Bellolio, Sergio Bobadilla, Cristina Girardi, Rodrigo González, María José Hoffman, Luis Pardo, Hugo Rey, Juan Santana, Diego Schalper, Camila Vallejo, Mario Venegas y Gonzalo Winter

En la misma jornada expusieron contra los derechos LGBTI y contra la educación en sexualidad desde la etapa parvularia los grupos “Chile Marcha por la Vida y la Familia” y la “Red Evangélica de Unidad Nacional”, los cuales asociaron a la diversidad sexual y  de género con la pedofilia y la zoofilia, apreciaciones que fueron lamentadas por el Movilh. En tanto, las diputadas Valderrama y Vallejo solidarizaron cn los activistas LGBTI ante los discursos de odio.

Compartieron los mensajes discriminatorios de los grupos religiosos descritos los colectivos  “Con Mis Hijos No Te Metas”. Del Ministerio Cristiano Comunitario Somos Padres y Confamilia los cuales también expusieron ayer.

Fuente MOVILH

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El Tribunal Constitucional de Perú deberá decidir sobre la demanda de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, a los que un tribunal reconoció su derecho a ver inscrito su matrimonio, celebrado en México, algo a lo que se niega el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). El pasado miércoles los magistrados del alto tribunal peruano escucharon los argumentos de la pareja.

Ugarteche (ciudadano peruano) y Aroche (ciudadano mexicano) se casaron en 2010 en Ciudad de México. En enero de 2012 Ugarteche solicitó al RENIEC la inscripción de su matrimonio en Perú, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que si hubiese sido entre personas de distinto sexo. Sin embargo, en su caso, el RENIEC la consideró improcedente. Óscar Ugarteche recurrió judicialmente, al considerar que la negativa violaba sus derechos constitucionales a la  igualdad y la no discriminación. Y es que Ugarteche sabe bien lo que tiene entre manos: se trata de un destacado economista, que ejerce la docencia universitaria tanto en Perú como en otros países, y que fue uno de los fundadores del histórico Movimiento Homosexual de Lima (MHOL).

El asunto recayó en el 7º Juzgado Constitucional de Lima, que en diciembre de 2016 emitió una importantísima sentencia de la que nos hicimos eco en su momento. La sentencia (a la que puedes acceder aquí) detallaba 35 considerandos según los cuales la demanda estaba plenamente fundada y ordenaba al RENIEC la inscripción del matrimonio. El RENIEC, sin embargo, recurrió la sentencia. Hace unos meses, la 4ª Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la anulaba argumentando que Ugarteche había presentado su demanda de amparo contra el RENIEC seis días después de vencer el plazo legal (el 12 de diciembre de 2012 en lugar del 6 de diciembre). Pese a que Ugarteche argumentó que no pudo hacerlo hasta ese día debido a que se encontraba fuera del país y que la persona que recibió la notificación correspondiente no era su apoderado legal ni tenía poder para intervenir en su nombre, la Corte Superior de Justicia de Lima aprovechó para dar carpetazo al proceso sin molestarse en dar argumentos.

Finalmente, la defensa de Ugarteche ha llevado el caso al Tribunal Constitucional, para que este se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. «No se está pidiendo que se celebre un matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que se está pidiendo el reconocimiento de un matrimonio que ya se celebró en un país donde esto es legal, y por tanto tiene que inscribirse aquí y generar los derechos correspondientes», ha insistido el abogado de la pareja, Javier Mújica. El pasado miércoles presentaron los alegatos ante el alto tribunal, que deberá decidir sobre el caso en próximas semanas.

Una decisión favorable marcaría un precedente de gran importancia, dado que el avance de los derechos LGTB en Perú se encuentra estancada a nivel político. Sucesivos intentos de reconocer jurídicamente las parejas del mismo sexo han fracasado. Es cierto que en diciembre de 2016 los diputados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Semanas después, un grupo aún más amplio de diputados (entre ellos también Bruce y Belaunde) presentaron proyecto de ley matrimonio igualitario. Pero ninguno de los dos parece contar con posibilidades de aprobación en la actual coyuntura política peruana, donde la presión de los grupos religiosos (tanto Iglesia católica como los minoritarios pero pujantes grupos evangélicos) contra cualquier iniciativa que suponga un mínimo avance de los derechos LGTB es muy fuerte. Buen ejemplo de ellos son las movilizaciones del movimiento «Con mis hijos no te metas» contra cualquier iniciativa que suponga la inclusión de de un enfoque de género en las aulas peruanas.

Otro factor a tener en cuenta es la opinión consultiva que hacía pública en enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a requerimiento de Costa Rica, y que considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. Perú es uno de los estados que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, y aunque la opinión de esta no marca plazos de obligado cumplimiento resulta obvio que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional de Perú contrario al reconocimiento del matrimonio de Ugarteche y Aroche supondría todo un desafío.

Estaremos muy atentos a lo que suceda.

Fuentes Dosmanzanas

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