Triunfa la infancia trans: sobreseen querella contra juez que autorizó cambio de nombre y sexo legal de una niña

Se trata del más significativo triunfo judicial a favor de los niños y niñas trans tras el fallo del valiente juez Luis Fernández. La sentencia será clave para la tramitación de Ley de Identidad de Género

Nueva derrota en los tribunales para la ultraderechista organización cristiana Comunidad y Justicia. Una vez más, esta entidad ha fracasado en su cruzada LGTBfóbica. El juez Luis Fernández, contra el que presentaron una querella después de que este autorizara el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años (a instancia de sus propios padres), ha sido absuelto por la Justicia de Chile. Fernández fue acusado de prevaricación, ya que la asociación Comunidad y Justicia sostenía que su resolución fue “ilegal” e “imprudente”. Hace unas semanas, el Senado chileno despachaba la ley de identidad de género, que no contempla los derechos de los menores trans. Por ello, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) confía en poder mejorar ahora el texto en el Congreso. Entretanto, el tristemente conocido autobús tránsfobo de HazteOír anuncia su llegada al país el próximo lunes.

Mario Cayul, juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de Chile, ha sobreseído una querella por supuesta prevaricación, presentada por la organización cristiana Comunidad y Justicia contra el magistrado Luis Fernández. La mencionada asociación ultraderechista le llevó ante los tribunales por haber autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años. Para el MOVILH, que ha llevado la defensa del juez Fernández a través de su abogado Jaime Silva, se trata del “más significativo triunfo judicial a favor de la infancia trans”.

En una audiencia de casi tres horas el abogado del Movilh y defensor del juez, Jaime Silva (en la segunda fotografía), enfatizó que Fernández sólo promovió el interés superior de la infancia al autorizar la rectificación de la partida de nacimiento y que para ello tuvo a la vista variados antecedentes, incluida las declaraciones del padre y la madre de la niña.

Silva, por su parte, ha explicado que en la actualidad “existe un vacío legal en relación a la realidad de las personas trans, pero las cortes de apelaciones y jueces valientes como mi representado han ido subsanado este tema permitiendo el cambio de nombre y sexo legal de las niños y niños”. Durante la audiencia judicial, que se alargó dos horas, el abogado del MOVILH defendió que el juez Fernández únicamente promovió el interés superior de la infancia al autorizar la rectificación de la partida de nacimiento y que para ello tuvo a la vista variados antecedentes, incluida las declaraciones del padre y la madre de la niña.

Se da la circunstancia de que, el pasado mes de junio, el Senado de Chile aprobaba el cambio legal de sexo en el Registro Civil, aunque patologizando la transexualidad y excluyendo a los menores de edad y a las personas casadas. La ignorancia sobre la realidad del colectivo LGTB (muy especialmente de las personas trans) hacía que la acción parlamentaria de los senadores Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Hernán Larraín, Ena Von Baer y la archiconocida LGTBfóbica Jacqueline Van Rysselberghe entorpeciera el desarrollo de aspectos esenciales para la asunción de derechos igualitarios. No obstante, la absolución del juez Fernández puede suponer un balón de oxígeno para mejorar la legislación de identidad de género en el Congreso.

Fuente MOVILH

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El Senado de Chile aprueba el cambio legal de sexo en el Registro Civil, pero patologiza la transexualidad

Aunque el debate y la aprobación de la Ley de Identidad de género de Chile no ha finalizado (proseguirá el próximo martes), solo quedan aspectos menores por abordar. La legislación, que comenzó su tramitación en mayo de 2013, sigue su curso en el Senado de este país, con un perfil bajo en relación a los avances y derechos que se otorga a las personas trans. Es cierto que ahora se permitirá el cambio legal de sexo en el Registro Civil, pero se exigirán informes médicos con carácter obligatorio. Esta medida patologiza la transexualidad y ha generado el rechazo del activismo LGTBI, encabezado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH). Asimismo, la ley excluye a los menores de edad y a las personas casadas. Sirva como muestra de la ignorancia de algunos senadores conservadores el argumento esgrimido por Juan Antonio Coloma. Su señoría ha defendido en la Cámara Alta que “solo” los hombres nacen con pene y las mujeres con vagina, el mismo discurso simplista y vacuo que prodigan organizaciones radicales como HazteOír. Sobre el texto de la ley, el portavoz del MOVILH Rolando Jiménez deja claro que “haremos todos los esfuerzos necesarios para mejorarlo en la Cámara de Diputados”, donde tendrá que ser discutido tras su aprobación en el Senado.

Los debates que el Senado de Chile está acogiendo con motivo de la aprobación de la Ley de Identidad de Género están permitiendo que sus señorías se retraten. En algunos casos, como aplaude el MOVILH, a favor de los derechos igualitarios de las personas trans. Es el caso de las senadoras Isabel Allende y Lily Pérez, así como de sus homólogos masculinos Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Juan Pablo Letelier, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro y Patricio Walker. Además de su apoyo parlamentario, Guido Girardi ha leído una declaración igualitaria redactada por el MOVILH. Este senador ha acusado de “reduccionistas” a quienes suponen que la masculinidad o feminidad se define solo por los genitales, tal y como ha reiterado Juan Antonio Coloma en sus alocuciones.

Además de Coloma, en la bancada de la intolerancia se han sentado los senadores Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Alberto Espina, Hernán Larraín, Ena Von Baer y la archiconocida LGTBfóbica Jacqueline Van Rysselberghe. Todos ellos han tratado de limitar los derechos para las personas trans en la norma, logrando algunos de sus cometidos. Mientras el cambio de nombre y sexo legal para mayores de 18 años en el Registro Civil ha sido aprobado por 17 votos contra 13, el Senado acordaba exigir exámenes médicos para acceder a dicho derecho, ganando esta patologizante medida por 12 votos contra 7. A la par, el proyecto impide a niños, niñas y personas casadas la rectificación de la partida de nacimiento.

El veto a los menores en la Ley de Identidad de Género de Chile dará alas a grupos LGTBfóbicos para seguir luchando en contra de los derechos de las personas más vulnerables y contribuyendo a su estigmatitación desde edades tempranas. Recordemos que, tan solo hace unas semanas, la organización ultraconservadora chilena Comunidad y Justicia denunciaba al juez Luis Fernández por autorizar el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años.

El MOVILH ha expresado que “lamentamos profundamente que el proyecto que hoy se discute deje fuera de su amparo a los niños y niñas trans. Ello violenta el interés superior del niño. También lamentamos que este proyecto impida a las personas casadas cambiar su nombre y sexo legal, aun cuando la legislación actual sí lo permite”. No obstante, a pesar de todos los aspectos negativos que no se conseguido arrancar de la futura legislación, la organización igualitaria sostiene que “hoy marcamos un hito en la tramitación de esta norma, tras el primer proyecto de ley sobre la materia que ingresamos al Parlamento en 2008. Hoy pedimos el cese de los obstáculos, la agilidad en el trámite y el despacho en breve de este proyecto para continuar su segundo trámite y así avanzar por nuevos caminos hacia la igualdad y el real respeto a los derechos humanos”.

Esta es la declaración completa que el senador Guido Girardi ha leído en nombre del MOVILH:

Lectura del senador Girardi

A continuación se reproduce el mensaje leído del Movilh, leído por el senador Girardi en el hemiciclo:

“Constituye tortura tratar a las personas con un nombre y sexo que no las identifica, obligándolas desde pequeñas a desarrollar una vida que no es la suya, sino las proyecciones o deseos de otros.

Senadores, senadoras, los invitamos a pensar como se sentirían si hubiesen sido obligados a vivir según un sexo que nos los identifica. Si naciendo hombres, les asignaran una identidad legal femenina o, si siendo mujeres, las obligaran a usar los baños de hombres y a exponer su intimidad. Vivirían abusos y desconsuelos permanentes.

Si ustedes estuvieron seguros a temprana edad sobre si eran hombres o mujeres no fue por sus gentitales.  Fue porque así lo sintieron, así les fluyó, sin que nadie les dijera nada. La naturaleza no recibe órdenes.

Sentir, fluir y ser es lo que negamos a las personas trans cada vez que las tratamos con un nombre y sexo ajeno a su identidad. El problema se acrecienta cuando existen barreras estatales para recuperar legalmente la naturaleza arrebatada al nacer por prejuicios o ignorancia.

Si alguien nace con pene o vagina, asumimos automáticamente que es hombre o mujer, en forma respectiva, y comenzamos, queriéndolo o no, a dirigir su forma de vida hacia lo masculino o femenino, sin cuestionamientos, sin peguntarnos si con ello violentamos la dignidad humana.  Pero si la persona nacida con pene verbaliza que es mujer, asumimos que es un error que debe corregirse o que el futuro podría variar.

Genitalizar a la persona implica ver sus sentimientos, raciocinios y deseos sólo a partir de lo que está entre las piernas.  Tal mirada reduccionista provoca daños concretos, estando en el extremo los asesinatos transfóbicos.

Lamentamos profundamente que el proyecto que hoy se discute deje fuera de su amparo a los niños y niñas trans. Ello violenta el interés superior del niño. También lamentamos que este proyecto impida a las personas casadas cambiar su nombre y sexo legal, aún cuando la legislación actual si lo permite.

Pese a todo, hoy marcamos un hito en la tramitación de esta norma, tras el primer proyecto de ley sobre la materia que ingresamos al Parlamento en 2008. Hoy pedimos el cese de los obstáculos, la agilidad en el trámite y el despacho en breve de este proyecto para continuar su segundo trámite y así avanzar por nuevos caminos hacia la igualdad y el real respeto a los derechos humanos”.

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Ante la inédita arremetida transfóbica, el juez Luis Fernández será representado por Jaime Silva, abogado colaborador del Movilh.

En un hecho inédito el magistrado del Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Luis Fernández, autorizó el 2016 cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años, sin embargo una ONG ultra-conservadora demandó el mes pasado al juez, por lo que será representando por el abogado colaborador del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Jaime Silva (en la fotografía).

Desde ya Silva adelanta que “el juez falló en base a sus atribuciones y de la aplicación de los tratados internacional vigentes que propenden a la protección de los derechos del niños. Lo que se oponen a la sentencia de Fernández, buscan instrumentalizar el Poder Judicial para inhibir a los jueces”

En tanto, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, explicó que “estamos en presencia de dos hitos, uno favorable y otro lamentablemente motivado por la transfobia, la discriminación, los prejuicios y la ignorancia. El juez Fernández actuó en estricto cumplimiento de las leyes y del interés superior del niño y no permitiremos que su nombre sea manchado con calumnias surgidas del odio y del desprecio a la diversidad social”.

Fue el 22 de agosto del 2016, cuando el juez Fernández Espinosa, aceptó el cambio de nombre y sexo legal de una niña trans de 5 años, previa petición formulada por su madre, una psicóloga, y su padre, un ingeniero mecánico.

En su presentación, los padres relataron que a temprana edad su hija se presentó como una niña y que cuando se respetaba su identidad de género su felicidad era evidente. Argumentaron que llamarla y tratarla por un nombre y sexo no acorde a su identidad, violenta la Convención de los Derechos del Niño.

Teniendo a la vista certificados psiquiátricos y sicológicos, así como informes del Servicio Médico Legal, el juez sentenció que la niña “cumple con los criterios necesarios para el diagnóstico de disforia de género infantil, mostrando una marcada identidad de género femenina y presentando un rechazo permanente a la vestimenta, juegos y actitudes socialmente asociadas al género masculino”

En un fallo hasta ahora desconocido públicamente, el juez argumentó que “resulta evidente” que las personas trans “sufren a través de su vida, tanto íntima como social, un sinnúmero de conflictos y discriminaciones que le impiden desarrollarse y llevar una vida normal, siendo vulnerados sus derechos a la educación, al trabajo, a la salud y a la participación en la vida ciudadana, siendo por ello absolutamente necesario abordarlo y generar las condiciones para salvaguardar la integridad física, emocional y social de quienes viven esta situación”.

“Sólo cabe concluir que debe ser acogida la solicitud de rectificación de la partida de nacimiento”, pues en caso contrario se “vulneran los derechos de la menor, los que se encuentran garantizados por la Constitución Política de la República”, concluyó el juez.

La arremetida transfóbica

Tras conocer la sentencia, la ONG Comunidad y Justicia presentó en abril pasado una querella por prevaricación judicial contra Fernández Espinosa, considerando que el magistrado falló contra las leyes y violentó la Convención de los Derechos del Niño.

“La directiva del juez en orden a modificar el nombre y sexo del menor para que sea conocido y tratado como mujer hacia el futuro es una actuación tanto ilegal como imprudente, que pone en riesgo la integridad física y psíquica del menor, y no es unívoco que conduzca al resguardo de su bien superior.

A juicio de Comunidad y Justicia no hay claridad en las ciencias respecto a como debe diagnosticarse la identidad de género trans, ni como debe hacerse la transición de hombre a mujer o de mujer a hombre.

“Al aceptar sin más la petición de los padres del menor, es el juez el que incurre en una violación de derechos humanos como agente del Estado de Chile (y es el Estado el obligado por la Convención a proteger el derecho del niño), pues facilita –en exceso de sus competencias– la violación del derecho del menor a preservar su identidad (específicamente al dejar de tener su nombre), siendo irrelevante que sean los padres del infante los que lo hayan solicitado, pues ellos también pueden errar y contribuir a la violación de los derechos de su hijo, aún con la mejor de las intenciones”, apuntó. “Actuar de esta forma no sólo es contrario a derecho, sino que contrario a la ética, pues expone imprudentemente a un menor a sufrir mayor daño y angustia a futuro”, puntualizó la ONG Comunidad y Justicia.

Junto con anunciar que “nuestro abogado, Jaime Silva, representará al juez ante estas calumnias de Comunidad y Justicia, el Movilh señaló que “resulta alarmante como un movimiento anti-derechos llega al extremo de querer perpetuar el dolor de una niña, poniéndose incluso sobre la decisión de su padre y madre”.

“Comunidad y Justicia, la misma ONG que ha perdido todos y cada uno de las querellas que ha presentado contra los derechos de las personas LGBTI, ha cruzado esta vez todos los límites éticos, poniéndose al lado de la inmoralidad, de la intromisión en la vida privada y de la vulneración de los derechos de una niña y su familia, usando argumentos falsos y motivados por la ideología del odio. Esperamos en tribunales un triunfo a favor de los/as niños/as trans, de las familias que los protegen y de los jueces que hacen justicia, así como un fracaso rotundo de esta perjudicial ONG”, finalizó el Movilh.

Fuente MOVILH

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El Movilh festejó el avance resaltando que “respeta el interés superior del niño, la no discriminación y la igualdad”

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de Ley de Garantías y Derechos de la Niñez, incluidos los artículos que protegen y reconocen la igualdad y la no discriminación para menores de 18 años que son lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), hecho que fue festejado por el Movimiento deI Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

En concreto fueron aprobados los artículos 9 y 19 del proyecto de ley, los cuales consideran a la orientación sexual y a la identidad de género como categorías protegidas.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, expresó que ayer se dio “un nuevo paso hacia el reconocimiento de la dignidad y derechos de niñas, niños y adolescentes que históricamente ha sido discriminados en razón de su orientación sexual e identidad de género. Ha prevalecido el interés superior del niño y esperamos que así siga ocurriendo en los pasos que vienen, durante la tramitación de este proyecto en el Senado”.

El dirigente añadió que “muchos niños y muchas niñas LGBTI sufren la discriminación o incomprensión de sus familias, de sus escuelas o liceos, lo que altera su pleno desarrollo y una infancia feliz, con daños irreparables en la edad adulta. Con este proyecto se aminora este problema, lo cual nos tiene felices”.

En el artículo 9 el proyecto de ley establece que “ningún niño podrá ser discriminado en forma arbitraria en razón de su raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus migratorio, carácter de refugiado o asilado, idioma, opinión política o ideología, afiliación o asociación, religión o creencia; situación de discapacidad, socioeconómica, de maternidad o paternidad; nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales; estado civil, edad, desarrollo intrauterino, filiación, apariencia personal, salud, estar o haber sido imputado, acusado o condenado por aplicación de la ley N° 20.084, o en razón de cualquier otra condición, actividad o estatus suyo o de sus padres y/o madres, familia, representantes legales o quienes lo tengan legalmente a su cuidado”.

En tanto, el artículo 19 señala que “todo niño tiene derecho, desde su nacimiento, a tener un nombre, una nacionalidad y una lengua de origen; a conocer la identidad de sus padres y/o madres; a preservar sus relaciones familiares de conformidad con la ley; a conocer y ejercer la cultura de su lugar de origen y, en general, a preservar y desarrollar su propia identidad e idiosincrasia, incluida su identidad de género”.

El avance fue rechazado por los ultraconservadores Advocate Chile, Comunidad y Justicia y la Red por la Vida y la Familia, entre otros, los cuales se pronunciaron contra la inclusión de los niños/as LGBTI, con fuertes críticas hacia al Movilh

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Advocate Chile, Cámara de Diputados, Chile, Comunidad y Justicia, Ley de Garantías y Derechos de la Niñez, Menores LGTBI, MOVILH, Red Por la Vida y la Familia, Rolando Jiménez

Al recordar acuerdo que el Estado selló con el Movilh, organismo que ayer envió misivas los presidentes de todos los partidos y la ministra Paula Narváez para que las temáticas de la diversidad sexual integren las prioridades legislativas.

La ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, enfatizó ayer los compromisos sobre el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género, al referirse al acuerdo de solución amistosa que el Estado selló con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En relación al matrimonio igualitario sostuvo que “estamos en eso dentro del tiempo establecido, para luego enviar el proyecto de ley al Parlamento, así que ahí no hay incumplimiento”.

Sobre la Ley de Identidad de Género, sostuvo que “entendemos que se ha presentado una serie de indicaciones de parte de la Oposición. Nosotros entendemos que las indicaciones son absolutamente legítimas desde el punto de vista del proceso legislativo, y el Gobierno seguirá adelante, respetando el trámite legislativo como el de cualquier proyecto de ley”.

Ayer el Movilh envió una misiva a la Nueva Mayoría y a la ministra Narváez donde solicitó que la ley de identidad de género y el matrimonio igualitario sean incorporados en la lista de prioridades legislativas que definirán el próximo 1 de diciembre.

La carta fue enviada a los/as presidentes/as del PS, Isabel Allende, de la DC, Carolina Goic; del PPD, Gonzalo Navarrete; del PC, Guillermo Teillier; del PRSD, Ernesto Velasco; del Mas, Cristián Tapia, y de IU, Francisco Parraguez.

Y es que el diputado Kast pidió a la Contraloría que anule acuerdo entre el Estado y el Movilh por el matrimonio igualitario.  La odiosa arremetida es respaldada por los diputados Squella y Coloma. El Movilh acusó a Kast de utilizar los derechos de la diversidad sexual para posicionar su debilitada pre-candidatura presidencial.

El diputado José Antonio Kast (ex UDI) solicitó hoy a la Contraloría General de la República que declare ilegal el acuerdo de solución amistosa sobre el matrimonio igualitario que sellaron el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La homofóbica acción es respaldada por los diputados UDI Arturo Squella y Juan Antonio Coloma, y el ultraconservador movimiento Comunidad y Justicia, el mismo que entre el 2014 y 2015 perdió en tribunales todos los recursos que buscaban anular sentencias de los tribunales a favor de las familias homoparentales y del cuento “Nicolás tiene dos papás”.

Tras presentar la acción, Kast explicó a “Opine Chile” que “hemos levantado una solicitud a la Contraloría para que revise la legalidad de un acto de gobierno firmado por varios ministros junto con el Movilh que pasa a llevar las sentencias de la Corte de Apelaciones, del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema”.

Añadió que “el gobierno ha vulnerado, a nuestro juicio, el Estado de derecho que nos rige, ha desconocido sentencias del máximo tribunal, frente a una presentación que hacen particulares a la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana planteando que sus derechos fueron vulnerados en Chile al no permitir que dos hombres fueran casados frente a un oficial del Registro Civil”.

El parlamentario redondeó que “ellos presentan esta reclamación y el Estado no se defiende. Perdón, primero sí se defiende y después llega a un acuerdo extrajudicial, siendo que ello no está dentro de las facultades de los ministros. Por tanto, esto sería como si Chile después de una demanda en La Haya por parte de Bolivia, llegara a un acuerdo extrajudicial y entregara el río Silala. Eso es inaceptable y aquí ocurrió lo mismo”.

Para Kast “se vulneran los derechos de cualquier chileno si es que no se respetan los tribunales de nuestro país. Aquí por así decirlo, el gobierno se dejó ganar, y eso no puede ser porque le resta seguridad a todas las personas en Chile. Cualquiera podría ver vulnerado sus derechos: si no queda conforme con las sentencias de la Corte Suprema, va a un tribunal internacional, reclama, demanda al gobierno y el gobierno le da la razón por una vía extrajudicial. Eso atenta contra la igualdad ante la ley, atenta contra el Estado de derecho y es una forma en que el gobierno ha ido manejándose en temas de derechos humanos. Cuando algo no le gusta, busca una manera de soslayar la ley y hacer acuerdos de este tipo”.

Puntualizó que “doy un defensor de los derechos humanos de las personas, soy un defensor de la legalidad y creo que todos deberían estar en contra de este tipo de situaciones. Son los activistas de ciertas causas los que están dispuestos a romper con la ley, para llegar a su fin. Aquí priman las ideologías más que las leyes”

Utilización política

En respuesta, el Movilh acusó a Kast “de utilizar los derechos humanos de las personas lesbianas, gays,, bisexuales, transexuales e intersexuales para publicitar su debilitada y a claras luces fracasada pre-candidatura presidencial”. “No somos ingenuos. No creemos que Kast desconozca sobre competencias para firmar soluciones amistosas y, por tanto debe saber, que los firmantes si están habilitados. También Kast debe saber que el Estado no cedió en nada que no solicitáramos y que el acuerdo no fue fácil. Si está usando argumentos que se caen por su propio peso, es claro que su único objetivo es figurar, antes que conseguir que sus homofóbicas posturas sean aceptadas por la Contraloría”, dijo el Movilh.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, añadió que “Kast debería tener la decencia de dedicarse 100% a su labor parlamentaria, en vez de andar preocupado de su campaña presidencial, que también sabe no prosperará. Sus aleteos homofóbicos están destinados al fracaso, al igual que sus aspiraciones presidenciales”.

“Esperamos que el Gobierno haga una férrea defensa del acuerdo ante esta arremetida, pues el lo que corresponde hacer a la luz del compromiso firmado”, puntualizó el Movilh.

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