Nueva agresión homófoba en el contexto de unas fiestas locales, en esta ocasión en Picassent (Valencia). Una pareja de chicos que iban cogidos de la mano fueron golpeados con saña entre insultos homófobos por varios chicos. Los agredidos, aunque confiesan sentirse atemorizados por lo sucedido, no han dudado sin embargo en denunciar los hechos y hacerlos públicos ante los medios de comunicación como forma de resistencia ante el odio.

David y Javier, de 27 y 22 años, han narrado lo sucedido, por ejemplo, a Las Provincias. Los dos chicos salían cogidos de la mano de un local en la madrugada del sábado cuando los agresores les llamaron “maricones de mierda” y casi sin darles tiempo a reaccionar se abalanzaron sobre ellos y les golpearon con los puños y dándoles patadas. “No paraban de repetir ‘te voy a matar hijo de puta, te voy a matar’. Tuvimos suerte de que algunos de nuestros amigos estaban cerca”, explican.

La intervención de otras personas les salvó de lo que posiblemente hubiera sido una tragedia mayor, pese a lo cual sufren secuelas físicas (cortes y contusiones en rostro, antebrazos y manos) y emocionales. Sin embargo, pese al temor y a la ansiedad, los dos han cursado la correspondiente denuncia por un delito de odio ante la Guardia Civil de Picassent y han querido hacer público lo sucedido como la mejor forma de combatir la homofobia. “Son cuatro niñatos pero no pienso permitir que nadie me insulte. No voy a esconderme por ser gay. ¿No puedo ir cogido de la mano con mi pareja? (…) Ya está bien”, declaraba David a Levante, otro diario local valenciano.

Los agresores han sido ya identificados. Algunos de ellos cuentan por antecedentes por agresiones y dos de ellos son menores. No se trata, por desgracia, de la primera agresión por LGTBfobia de la que nos hacemos eco que se produce en el contexto de celebraciones o fiestas locales. A finales de junio, una pareja de mujeres era agredida en Arbeca (Lleida), durante la noche de San Juan. En mayo, un chico trans era agredido en la Feria de Jerez. Son solo dos de las más recientes.

La alcaldesa de Picassent, la socialista Conxa García, ha expresado su repulsa por lo sucedido mediante un comunicado oficial del Ayuntamiento. En la misma línea se ha pronunciado el Partido Popular de Picassent. Compromís per Picassent, por su parte, ha pedido al Ayuntamiento que además de expresar su repulsa adopte un papel activo y ponga en marcha medidas para evitar que hechos así se repitan en el futuro, como una campaña de concienciación contras las agresiones homófobas en las próximas fiestas.

Comunidad Valenciana, la quinta en número de incidentes por LGTBfobia

Según el el informe 2016 sobre Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en España, recientemente hecho público por el Ministerio del Interior, la Comunidad Valenciana, con 17 incidentes, fue la quinta en el número total de incidentes por orientación sexual o identidad de género de los que hubo constancia oficial en 2016, por detrás de Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Andalucía. Por provincias, la de Valencia, con 9 incidentes, fue también la quinta, tras Barcelona, Madrid, Vizcaya y Navarra.

En cualquier caso, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos ni siquiera llega a denunciar. Algo que confirman, por ejemplo, los datos de los observatorios promovidos desde el colectivo LGTB. En Cataluña, por ejemplo, según el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia, la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia, frente a las 60 oficialmente recogidas. Más divergencia se produce incluso en el caso de la Comunidad de Madrid: el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, en su primer informe anual, referido precisamente a 2016, recogió un total de 240 incidentes de odio motivados por LGTBfobia, un número considerablemente mayor a los 42 incidentes recogidos por las cifras oficiales.

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La Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT en el País Valenciano (FeSP-UGT PV) ha lanzado “Visibilitzar en els Serveis Públics”, una campaña que busca “sensibilizar y dar a conocer la diversidad sexual y las formas en que debemos luchar para eliminar la LGTBIfobia de nuestros lugares de trabajo”. Se trata de la primera campaña vídeo-publicitaria de sensibilización sobre la discriminación del colectivo LGTBI dirigida expresamente a trabajadores del sector público.

La iniciativa parte, en concreto, de la Secretaría de Movimientos Sociales Socials de la FeSP-UGT PV, coordinada y dirigida por Maripau García. “Nuestra labor como representantes de las trabajadoras y los trabajadores incluye la defensa de las personas más vulnerables en el ámbito laboral por tanto debemos garantizar que no hay ningún tipo de discriminación hacia las personas LGTBI , ya sea mediante el uso de un lenguaje homófobo, actitudes excluyentes , acoso y cualquier otra circunstancia. Nuestro objetivo es convertir los servicios públicos en espacios libres de LGTBIfobia y lograr un ambiente de trabajo en el que las personas se sientan libres de poder expresar su sexualidad sin temor a las consecuencias. Una persona que no visibiliza su sexualidad estará excluida de determinados derechos laborales como el pedir permisos familiares que implican visibilizar a su pareja. Tenemos que garantizar la igualdad de trato y la visibilidad que conlleva la normalización y la aceptación de la diversidad”, explican desde este sindicato.

Para ello, se han elaborado inicialmente tres vídeos, que forman parte de una serie de acciones que comenzaron con la elaboración de un primer díptico (que puedes descargar aquí) y que tendrán continuidad con una serie de jornadas en diversos puntos de la geografía valenciana.

Insertamos a continuación los tres vídeos de la campaña (en valenciano, pero creemos que muy fácilmente comprensibles para un castellanoparlante). Cada uno de ellos cuenta una historia de LGTBIfobia que tiene lugar en tres ambientes laborales distintos: la sanidad, la educación y los cuerpos de seguridad (bomberos, en este caso). Más abajo, insertamos un cuarto vídeo explicativo de los promotores de la campaña en la que estos explican (en castellano, en este caso) cómo se fraguaron las tres historias y sus razones:

Si deseas saber más sobre la campaña, descargar material relacionado o contribuir a difundirla puedes acceder a toda la información en la web www.visibilitzar.org

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Nacho Carratalá, Jorge Planells y Ana Penades. Estos son los nombres de los tres ediles del Partido Popular del municipio valenciano de Torrent que han votado a favor de una propuesta de Compromís en favor del colectivo LGTB.

La propuesta presentada por Compromís se formulaba para que, entre otros asuntos, se colocase la bandera del arcoíris en la fachada del ayuntamiento los días 17 de mayo y 28 de junio.

Los anteriormente mencionados votaron a favor de esta moción de Compromís que defendió Víctor Medina, mientras que el resto de su grupo parlamentario se abstenía. El voto de los tres concejales resultó ser toda una sorpresa en la sesión, generando asombro entre las filas del PP.

La proposición realizaba, además, un recordatorio de hechos históricos del siglo XX en los que hubo acciones públicas graves contra el colectivo LGTB. En la moción también se reconoce que “desde el fin de la dictadura, son muchos los hitos conseguidos por el colectivo LGTB pero la reparación de las víctimas de la represión franquista nunca llegó de forma efectiva y valiente por parte del Estado”.

En el mismo documento se incluye que, aunque la discriminación ha evolucionado hacia formas menos explícitas, la exclusión sigue dándose. “El ámbito escolar o el de las personas que no responden a los cánones heteropatriarcales occidentales son los espacios donde la LTGBfobia aún tiene cabida de una forma más evidente”, dice textualmente la moción, para señalar a colectivos aún más vulnerables como el de las personas con diversidad funcional o las inmigrantes, que sufren una doble exclusión, por su condición y por “amar o tener una forma de expresar o sentir su género”.

La problemática del sida también ha quedado registrada en el texto, denunciando la falta de campañas, la dejadez institucional para evitar y combatir la enfermedad, lo que genera “una grave escalada en contagios del virus especialmente en hombres que tienen sexo con otros hombres”.

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El Front contra la LGTBIfòbia, colectivo LGTB surgido en las comarca valencianas de La Safor y Valldigna, celebró el pasado 20 de mayo un homenaje a Javier Abil, joven homosexual asesinado en mayo de 2014 en Gandía y cuyo cádaver fue luego desacuartizado. Pese a que el primer jurado que juzgó el caso sí que apreció la motivación homófoba, finalmente ni al asesino ni a los que le ayudaron a deshacerse del cádaver se les ha aplicado la correspondiente agravante. Una historia terrible, que en su momento no recibió la atención mediática que merecía, que hoy rescatamos y que debería hacernos reflexionar sobre lo mucho que nos queda por hacer.

Javier Abil, de 44 años, desaparecía un 5 de mayo de 2014 en la playa de Gandía. Mes y medio después, su cadáver aparecía troceado y semienterrado en bolsas de basura en un paraje del término municipal de Pego, una localidad vecina. La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil acabó identificando a los responsables de la barbarie: tres jóvenes de nacionalidad lituana a los que Javier conoció en un local de Gandía y con los que estuvo tomando copas hasta ya bien entrada la madrugada. Posteriormente Javier y los tres individuos se marcharon al apartamento de uno de ellos a continuar lo que parecía una noche más de fiesta.

Ya en el apartamento, según las posteriores sentencias consideran probado, Javier se insinuó a uno de los jóvenes. Presa de un arranque de homofobia, este lo mató a cuchilladas (hasta 13 lesiones por arma blanca se contabilizaron en la autopsia. De hecho, el cuchillo se partió y parte de la hoja quedó alojada en su cabeza). Con Javier ya fallecido, los tres individuos decidieron trocear su cádaver en la bañera de la vivienda. Trasladaron el vehículo del fallecido a otro lugar, para alejar las sospechas, y a lo largo de la mañana del 5 de mayo, tras contactar con un cuarto colaborador (al que le pidieron que consiguiese otro vehículo), se desprendieron del cádaver.

El asesino confeso

En junio de 2o16, tras un juicio con jurado popular, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Aivaras Franskiavicius, que se confesó autor del apuñalamiento y exculpó al resto, a 16 años y 3 meses de prisión. El tribunal apreció la agravante de odio por orientación sexual (concurrió, por otra parte, la atenuante de embriaguez), Curiosa resulta, en este sentido, la argumentación del magistrado presidente del jurado, que entre líneas no parecía muy conforme con la apreciación del jurado: “Cierto que esto pudo ser el desencadenante del desgraciado suceso. Pero no parece más que la muerte de una persona que era homosexual; no parece que estemos ante la muerte de una persona por ser homosexual ni está acreditado motivo de odio alguno por parte de A. hacia J., con el que estuvo tomando copas y en el coche del cual se montó para seguir bebiendo. Parece que una mala interpretación de una acción de Javier obtuvo una respuesta exagerada fatal para su vida”.

La sentencia también condenó a los tres individuos que le ayudaron a deshacerse del cadáver y a limpiar el escenario del crimen (Vaclovas Janavicius, Raimondas Masolas y Giedrus Gaizauskas) como autores de un delito de encubrimiento a penas que oscilaron entre los cinco meses y el año de prisión. Los tres quedaron en libertad, de hecho, al haber cumplido ese tiempo en prisión preventiva.

Pero si leves parecen las primeras condenas por esta barbarie, más indignante es lo que sucedió después. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rebajó 1 año y tres meses la pena de cárcel a Aivaras Franskiavicius al no tener el cuenta la agravante de homofobia. Su abogado defensor alegó que la agresión no se debió a motivos de odio por la condición de homosexual de Javier, sino por las insinuaciones que realizó al condenado, “al tocarle la pierna y los genitales”. La sorprendente sentencia argumentó que no quedaba acreditado que el condenado supiera que Javier Abil era homosexual y daba por buena la versión de que “la mala interpretación de una acción de Javier obtuvo una respuesta exagerada y fatal para su vida”.

Al eliminar el agravante de odio, que sí había considerado en su momento el jurado, la condena quedó rebajada a 15 años.

Un caso que no ha recibido la atención que merecía

“La homofobia se merecía un titular”, escribía en marzo en Mèdia.cat el periodista y activista Vicent Canet. Un análisis muy crítico del papel que los medios de comunicación jugaron en su momento a la hora de no destacar el componente homófobo del asesinato de Abil. Resulta evidente que tampoco los colectivos LGTB se movilizaron entonces como debieron hacerlo. Nosotros mismos, una web elaborada por voluntarios que tratamos de rastrear las noticias más significativas relacionadas con el ámbito LGTB, no fuimos conscientes de la historia. Nadie la puso en nuestro conocimiento. Demasiados errores, demasiados fallos, de los que todos deberíamos aprender.

De ahí que agradezcamos especialmente al Front contra la LGTBIfòbia su empeño por mantener vivo el recuerdo de Javier. Este colectivo reclama que el Ayuntamiento de Gandía le reconozca en su callejero como víctima de la homofobia y exige que el agravante de odio por LGTBfobia se aplique de forma efectiva por los tribunales de justicia.

Insertamos, para finalizar esta entrada, las declaraciones de Mercé Orpegui, madre de Javier, al periodista Daniel Ardid, que en su canal de YouTube hace además un repaso de lo sucedido. Su testimonio (que entremezcla valenciano y castellano) resulta realmente desgarrador.

Fuente Dosmanzanas

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Sin el trabajo de las entidades LGTB, las víctimas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género estarían especialmente desprotegidas. Hoy nos hacemos eco de una nueva iniciativa en ese sentido, que surge del colectivo alicantino Diversitat y que tiene como ámbito de actuación la Comunidad Valenciana. Se trata del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Según datos de Diversitat, en la Comunidad Valenciana se cometen cerca de un centenar de incidentes relacionados con delitos de odio por LGTBfobia al año, muchos de los cuales no se denuncian por miedo a revelar la identidad o a recibir represalias. “Solo en Alicante, durante 2016 se registraron 22 agresiones a personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. En lo que va de año llevamos 11 consultas por agresión”, explican. Son datos, desde luego, superiores a los oficialmente registrados. Según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2015 (último año del que hay datos completos publicados), en la provincia de Alicante se registraron solo 5 incidentes (1 en la de Castellón y 11 en la de Valencia). Una discordancia que ya han puesto de manifiesto otras entidades en la Comunidad de Madrid o en Cataluña.

Una realidad ante la cual Diversitat han decidido poner en marcha un Observatorio similar a los existentes, por ejemplo, en esas dos comunidades. De carácter autonómico, asistirá a las personas que hayan sufrido una agresión o incidente de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Valenciana. El acceso será a través de un teléfono y medios telemáticos, como correo electrónico e internet, y pondrá en contacto directo a las víctimas con un equipo de atención psicológica y jurídica especializada que brindará atencion ininterrumpida. El equipo de asistencia, formado por un psicólogo y una abogada experta en delitos de odio, realizará un acompañamiento integral a las víctimas a lo largo de todo el procedimiento policial como, llegado el caso, judicial. Según Toño Abad, “lo que nos encontramos a la hora de realizar el acompañamiento son personas destrozadas que sienten que parte de la culpa de la agresión es debido a ellas, a su aspecto, expresión, orientación o identidad (…) Nuestro trabajo es recomponer a estas personas y darles herramientas, sensación de acogimiento y acompañamiento para que puedan denunciar sin miedo ni temor”.

Según el director del Observatorio, Toño Abad, Diversitat pretende “luchar contra el fenómeno de la infradenuncia”. “La situación que se produce con el miedo a denunciar por no sentir comprensión por parte de los funcionarios, la normalización de la violencia que sufren las personas LGTBI, el sentimiento de culpa muy asociado a la vítima del delito de odio o no querer ser públicamente reconocido por tu orientación o identidad, provocan que muchas víctimas tengan miedo a denunciar”, explica. Esta situación da lugar a que haya delitos penales “que en su mayoría quedan impunes, reforzando precisamente el agresor frente a la víctima”.

Según los datos que maneja Diversitat, la mayor parte de las agresiones son verbales y físicas, pero también psicológicas, de discriminación en entornos laborales o en centros educativos, de acoso, hostigamiento y amenazas. Según Abad, “a veces la violencia es de baja intensidad pero mantenida en el tiempo, lo que a la larga produce crisis de ansiedad, depresión y situaciones emocionales cuya reparacion es muy complicada”. Por ello el asesoramiento psicológico es esencial y formará parte de todo el proceso a través de la atención especializada.

El Observatorio estará compuesto, además del área de asistencia a las víctimas, por una mesa de delitos de odio, en la que participarán todas las entidades e instituciones que quieran sumarse y que coordinará las acciones, políticas y actividades propuestas, así como por un área de análisis, docencia e investigación, que estará coordinada por la Universidad de Alicante (en concreto, por el vicerrectorado de Responsabilidad Social, Igualdad e Inclusión y la Unidad de Atención a la Diversidad). El objetivo de esta última es el de documentar, sistematizar y analizar los datos de agresiones.

Futuro convenio con el Colegio Provincial de Abogados

Según explican desde Diversitat, la iniciativa ha sido ya presentada al decano del Colegio de Abogados de Alicante, Fernando Candela, que ha mostrado sun interés por establecer una colaboración con el Observatorio. En palabras de Toño Abad, “es muy importante tener de nuestro lado a las instituciones públicas y a los representantes de la sociedad, y en este caso, el Colegio de Abogados es un gran aliado, tanto a la hora de realizar formación específica en materia de delitos de odio a colegiados y profesionales del derecho como en difundir el servicio que prestamos a sus colegiados de forma que todos los abogados de Alicante tengan conocimiento de que hay entidades que trabajamos específicamente con la víctima de delitos de odio”.

Ambas entidades, de hecho, se han comprometido a elaborar próximamente un convenio de colaboración.

Seguiremos con atención la evolución del Observatorio valenciano contra los delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género. Por lo pronto, puedes seguirlo en su cuenta de Twitter.

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Continuación de las barrabasadas de esta concejala…

“¿Y esta cosa con bigote de dónde ha salido? Qué hartazgo, por Dios”, rezaba el texto con el que la concejala del Partido Popular en Paiporta (Valencia), Amparo Ciscar, se refería en Facebook a Cassandra Vera, la joven tránsgenero condenada por la Audiencia Nacional por difundir en Twitter chistes sobre Carrero Blanco. “No sé qué hay de despectivo llamando Ramón a un señor que se llama Ramón. Su DNI da fe de ello? Y decir que tiene bigote, si lo tiene…”, se defendía después, una vez empezó a recibir los primeros reproches. Ciscar, representante del PP en el Consejo de la Mujer de Paiporta, acabó pidiendo disculpas tras la oleada de críticas.

El propio gobierno municipal de Paiporta consideró “muy graves” la afirmaciones de Ciscar, a la que pidió la retirada de los mensajes tránsfobos y una disculpa pública. Según expresó el equipo de gobierno, “las diferentes opciones sexuales e identidades de género tienen que contar con el respeto y la comprensión de todas y todos pero, especialmente, de los cargos políticos que ostentan una responsabilidad pública”. El gobierno municipal también lamentó la imagen que se ha dado “de una localidad que muy mayoritariamente es respetuosa con las diferentes opciones sexuales y las identidades de género, y se mantiene firme en su lucha por la igualdad y contra la homofobia y la discriminación de las personas transexuales”.

Pero las críticas a Ciscar llegaron incluso de su propio partido. El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Paiporta, Vicente Ibor, reclamó a su compañera que pidiera disculpas públicas por lo que consideró un “comentario desafortunado”. De hecho, Ciscar acabó por retirar de su perfil de Facebook los comentarios tránsfobos y dejar, en su lugar, la siguiente disculpa:

En relación a la polémica que ha tenido lugar, con motivo de mi comentario en FB, quiero hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, reconocer que ha sido un comentario realmente desafortunado, pero que en modo alguno mi intención ha sido ofender a nadie, y muchísimo menos por su condición sexual.

Quiero ante todo hacer constar, que no soy una persona homófoba.
Que respeto profundamente la diversidad y las diferentes maneras de vivir y de sentir de TODAS las personas.

Quienes me conocen, saben que mi actitud, tanto en mi vida política como personal, siempre se ha basado en el respeto y las buenas maneras.
Por eso creo que mis palabras se han malinterpretado, y algo que pretendía ser meramente anecdótico se ha convertido en ofensivo muy a mi pesar.

Por tanto, pido a Casandra que acepte mis disculpas, así como al colectivo LGBT y a cualquier persona a la que he podido ofender sin pretenderlo.
Gracias.

Lambda critica muy duramente al PP y pide la dimisión de Císcar

El colectivo valenciano Lambda ha reaccionado con firmeza ante la transfobia de Amparo Císcar. “Desde Lambda, entendemos que la señora Ciscar piense que, por el hecho de que Cassandra sea una persona trans, tiene el poder de robarle la dignidad humana y por este motivo su partido votó que no a una ley que nos igualaba con el resto de la ciudadanía [la ley integral de transexualidad recientemente aprobada en las Cortes Valencianas con la oposición del PP]. Quizás si estos comentarios se hubiesen realizado en referencia a la señora Ciscar, o hacia alguien de su familia o partido, serían considerados una enorme ofensa e incluso un hecho delictivo contra el honor”, expresa Lambda en su comunicado. “Parece ser que la edil del PP aún no se ha enterado que muchas mujeres, o personas que se sienten e identifican como mujeres, sean trans o no-trans, tienen bigote y no por ello dejan de ser mujeres”, llega a añadir.

En su comunicado, Lambda crítica de forma muy dura al partido de Císcar y a su actitud hacia las personas LGTB. “Como personas trans estamos hartas de que el PP nos considere ciudadanas de segunda. No podemos continuar tolerando que el PP anteponga los derechos de la ideología católica a nuestros derechos fundamentales, tal y como hicieron con la defensa de ciertas enmiendas el pasado jueves 30 de marzo en la votación sobre la Ley Integral del reconocimiento del derecho a la Identidad y Expresión de Género de la Comunidad Valenciana. Es inadmisible que el PP siga defendiendo, como de nuevo hizo a través de la serie de comparecientes que participaron las diferentes sesiones de debate sobre la ley trans, que se nos aplicaran terapias de aversión para revertir nuestra identidad y deseo”, expresa la nota.“Desde Lambda todavía recordamos las votaciones de la ley de 2007, que nos facilitaba el cambio registral de nombre y sexo, y a la bancada del PP en el Congreso de los Diputados, votando en contra de aquella ley sin inmutarse, sin padecer ni un solo instante por las vidas que estaba menospreciando y más de uno, tras apretar el botón del no, siguió leyendo el periódico como si nada”, añade con amargura.

“Señora Amparo Ciscar, con sus comentarios no solo ha discriminado a Cassandra sino a todo el colectivo de personas trans. Así pues, desde Lambda, le exigimos una disculpa pública y que retire todo comentario que fomente el discurso del odio hacia las personas trans. Además, le exigimos, la dimisión inmediata del cargo público que ostenta, ya que sus declaraciones de odio la incapacitan para defender el interés y el bien común que como política está obligada a defender y a hacer cumplir. Como dice la investigadora, escritora y directora Susan Stryker, ‘la mayoría de las personas tienen grandes dificultades para reconocer la humanidad de otra persona si no pueden reconocer el género de esa persona’. Señora Císcar, ese es su problema y el de su partido, problema que se hace evidente cada vez que les vemos votar en contra de cualquier propuesta que dignifique nuestras vidas”, finaliza el comunicado.

Un caso que merece reflexión

En cualquier caso, ya al margen de la transfobia demostrada por el PP valenciano, lo que está sucediendo en torno a Cassandra Vera merece una reflexión profunda. Los múltiples comentarios surgidos tras su condena están dejando al descubierto una transfobia latente que resulta preocupante. No nos referimos ya a los habituales perfiles difusores de odio LGTBfobo en redes sociales, sino a personas que en otras circunstancias se lo pensarían dos veces antes de hacer un comentario tránsfobo (como ha sido, quizá, el caso de Amparo Ciscar). Es en estos casos, precisamente, en los que se pone a prueba la solidez de principios de muchas personas. Basta que se hayan conocido comentarios que aún siendo adolescente dejó Cassandra Vera en sus redes sociales y que muchas personas han considerado reprobables o de mal gusto para que “se relaje” la vara de medir de la transfobia y se abra la veda del comentario insultante.

Por no hablar de la confusión reinante sobre el derecho a la libertad de expresión y sus límites, incluso entre personas con sensibilidad progresista. Como el periodista Antón Losada señalaba muy acertadamente en la columna que hace pocos días publicó sobre el caso en el diario.es, “otra curiosa manera de defender la libertad de expresión estos días ha sido equiparar la condena a Cassandra con la prohibición de circular al autobús de Hazte Oír, tratándolos como si fueran ejemplos similares de idénticas amenazas para la libertad y la tolerancia. ‘Yo no hubiera condenado a Cassandra, pero tampoco habría prohibido el autobús de Hazte Oír’, repiten muchos convencidos. Como si fuera lo mismo publicar tus ideas en un medio donde acceder supone una acto voluntario, que ocupar una calle y un espacio público obligándonos a todos a leerlas y escucharlas, nos guste o no. Como si a Hazte Oír la hubieran prohibido usar Twitter, o publicar una web, o editar sus ideas; no simplemente abusar de manera ilegitima de un espacio público”.

Nosotros mismos destacábamos la que consideramos diferencia de trato entre lo sucedido con Cassandra Vera y con la campaña de HazteOír. Los que en sus comentarios nos han reprochado nuestra postura argumentan que no es posible criticar la condena de Cassandra y pedir que se persiga legalmente la campaña de los ultraconservadores. Como si fuera lo mismo una campaña planificada de incitación al odio tránsfobo (financiada, programada, publicitada con dinero obtenido gracias a beneficios fiscales y acompañada de edición de material escrito enviado a los colegios, de cartelería con mensajes de odio, etc.) que la publicación en redes sociales de personas desconocidas de tuits, chistes u opiniones provocativas o políticamente incorrectas, por desgradables que nos puedan parecer. Flaco favor nos hacemos a nosotros mismos si no somos capaces de ver la diferencia, o si la vemos pero preferimos pasar de puntillas sobre el caso temerosos de que ello nos haga antipáticos ante cierta opinión pública.

Fuente Dosmanzanas

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La sensibilidad del Partido Popular frente a la transfobia va por barrios, o mejor dicho por comunidades autónomas… Mientras en Madrid el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Madrid se sumaba al resto de grupos para condenar la campaña contra los niños y niñas transexuales del colectivo HazteOír, sus compañeros catalanes han rechazado hacer lo mismo en el Parlament de Catalunya.

El pasado jueves, antes incluso de que cundiera la alarma social tras las últimas agresiones homófobas ocurridas en Cataluña estos últimos días, el Parlamento catalán votaba una moción del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC) que exigía el despliegue efectivo de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ante la campaña del colectivo ultraconservador HazteOír negando la existencia de la realidad transexual infantil, que había sido noticia los días anteriores, la moción incluyó un último punto. “El Parlamento condena la campaña de la entidad ultracatólica HazteOír con mensajes transfóbicos y se compromete a condenar explícitamente los actos contra las personas LGTBI que puedan tener lugar en el futuro”, rezaba literalmente el punto 13º de la moción.

La condena fue aprobada por 122 votos a favor (de Junts Pel Sí, Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y la Candidatura d’Unitat Popular) y 9 abstenciones (de 9 de los 11 diputados con los que cuenta el Partido Popular en el Parlamento catalán).

Una posición, la de los populares catalanes, que contrasta con la que ese mismo día mantenían sus compañeros madrileños, que sí se sumaban al resto de grupos de la Asamblea de Madrid para condenar la campaña de HazteOír y pedir que se le retire la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades. Parece que los populares catalanes, en este sentido, han preferido alinearse con las voces que desde ese partido han surgido a favor de “respetar todas las posiciones”, como la de la presidenta del partido en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig.

El PP catalán, poco amigo de las medidas contra la LGTBfobia

Lo cierto es que pese a lo decepcionante de la postura popular, esta no nos parece especialmente sorprendente. Los populares catalanes nunca han destacado precisamente por su entusiasmo en favor de las medidas contra la LGTBfobia. Hace solo unas semanas los populares catalanes eran también los únicos que no quisieron estampar su firma en un escrito de los portavoces de todos los grupos políticos en la Comisión de Igualdad de la cámara catalana que mostraba el rechazo a la organización de una charla homófoba por parte del arzobispado de Barcelona.

El PP catalán también rechazó en 2014 la ley contra la LGTBfobia, a cuyo proceso de aprobación se opuso con uñas y dientes (llegando a retrasarla más de dos meses al recurrirla ante el Consejo de Garantías Estatutarias, que finalmente le dio su visto bueno).

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La Presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, pide “respeto y libertad” para que el bus tránsfobo de HazteOir pueda circular por España y “expresar su opinión”.

Empiezan a hacerse notar los primeros apoyos políticos a HazteOír, la organización ultraconservadora que ha promovido una campaña de promoción del odio tránsfobo. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, se ha desmarcado de la que parecía posición unánime de su partido contra la campaña, simbolizada de forma muy particular en la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bonig ha reclamado “libertad” para que el autobús de HazteOír, cubierto de mensajes que niegan el derecho de los menores trans a la libre expresión de su identidad de género, pueda circular libremente.

El autobús de HazteOír permanece por el momento retenido en Madrid por orden de la Fiscalía. Una orden emitida después de que en la tarde del martes el Ayuntamiento de la capital lo inmovilizase por incumplimiento de la normativa municipal. En concreto, el Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero, ordenaba la apertura de diligencias para investigar si la campaña puede incurrir en un posible delito de odio y remitía un escrito a la Sección de Delitos de Odio de la Fiscalía Provincial, que ha pedido al juez inmovilizar el vehículo en tanto “no se retiren los mensajes discriminatorios que exhibe”.

No está de más recordar en este punto que el artículo 510 del Código Penal español considera delito lesonar la dignidad de las personas “mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

No todos parecen estar de acuerdo, sin embargo, con el hecho de que se inmovilice un autobús con mensajes ofensivos hacia los menores transexuales. Es el caso de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, que considera que hay que respetar “todas las posiciones”. “Hay que dejar libertad. En este país estamos muy acostumbrados a atacarnos unos a otros”, ha declarado la dirigente popular, partidaria de dejar circular al autobús de HazteOír en base, a su juicio, a la libertad religiosa, de expresión y de pensamiento que reconoce la Constitución. “Igual que unos defienden una postura, hay que respetar también el derecho de los demás a ser escuchados en libertad”, ha insistido Bonig, colocando con sus palabras en el mismo plano a los menores transexuales y a sus familias y a quienes les niegan su misma existencia: “Los niños tienen pene. Las niñas tienen vagina. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”, luce el autobús fletado por HazteOír.

“Que decidan los tribunales, pero hay que respetar todas las opiniones y ocuparse también de lo que le preocupa a la gente”, ha añadido Bonig. Parece, a tenor de sus declaraciones, que la líder de los populares valencianos no considera que la realidad de los menores trans, a los que la actual legislación estatal no reconoce expresamente derecho alguno, sea un asunto del que merezca la pena preocuparse.

Se da la circunstancia de que si el autobús de HazteOír no permaneciese inmovilizado en Madrid hubiese llegado ya a Valencia, ciudad que tenía previsto recorrer los días 1 y 2 de marzo.

Hay que tener narices para venir a hablar de respeto a las ideas y principios de otras personas cuando esas ideas y esos principios son pura apología de la transfobia. Evidentemente puede uno imaginar cuál sería el argumento a utilizar contra esta tontería, el mismo que la concejala de Protección Ciudadana de Valencia, Anaïs Menguzzato, le ha hecho llegar vía tweet:

Si el autobús llevase un mensaje racista, incitando al odio contra las personas negras se atrevería a decir esto? Mira q lo llevan dentro… https://t.co/xe43oaNVaN

— Anaïs Menguzzato (@anaismenguzzato) 1 de marzo de 2017

Isabel Bonig, particularmente activa en la defensa de los promotores de la LGTBfobia

No es, lamentablemente, la primera vez que nos hacemos eco de las posiciones de la presidenta de los populares valencianos en favor de las posiciones contrarias a la igualdad de las personas LGTB. En mayo de 2016 recogíamos como Bonig se solidarizaba con el cardenal y arzobispo de Valencia Antonio Cañizares después de que este hiciera un llamamiento expreso a la desobediencia civil de las leyes inclusivas y asegurase que la “ideología de género” (el término que la jerarquía católica más conservadora utiliza para referirse, entre otras cosas, a la reivindicación de los derechos LGTB) es “la ideología más insidiosa y destructora de la humanidad de toda la historia”.

La reacción por parte de colectivos sociales y defensores de los derechos LGTB llevó a Bonig a salir en defensa del cardenal y pedir que se firmase una petición  en change.org para que cesase “la campaña en contra del cardenal Cañizares”.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal había convocado a primera hora de la mañana a los medios para un “canutazo” acerca de la primera reunión de la “Mesa Eclesial para el Diálogo Educativo“, en la que participarán los representantes de instituciones de la Iglesia católica implicadas en el campo de la educación, y que esta mañana debaten una posición común.

Sin embargo, a pesar de lo que afirmó su presidente Ricardo Blázquez,  el jefe de prensa de la CEE, Josetxo Vera, interrumpió una pregunta sobre si en dicha reunión se abordaría la enseñanza de la ideología de género y, en ese sentido, las protestas del autobús tránsfobo de HazteOír, retirado de la circulación por el Ayuntamiento de Madrid.

No hubo tiempo siquiera de terminar la pregunta, pues Vera reclamó al portavoz, José María Gil Tamayo, que dejó a los periodistas con la palabra en la boca. Tan sólo atinó a esbozar un “todas esas cosas me imagino que saldrán“, antes de salir de la sala de prensa.

Fuente Dosmanzanas/Religión Digital

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A lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.

Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concentración este miércoles en Valencia

Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.

Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

Demà, us esperem a totes i tots davant les Corts a partir de les 19 hores. #ConLaVozBienAlta #Transfobia pic.twitter.com/CJne8dKstk

— Lambda (@lambdavalencia) 28 de febrero de 2017

Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente

En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.

ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús

A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.

Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Fuente Dosmanzanas

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Foto blog MoonMamas

La Direccion General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia ha fallado a favor de María José Torres y Brenda Kelleher, el matrimonio de mujeres al que el Registro Civil de Denia negó la inscripción de su tercer hijo por no aportar una proueba documental de cómo se había gestado, algo que jamás se le pide a las parejas de distinto sexo. Así lo han anunciado María José y Brenda en su blog, en el que además adelantan que la resolución, tal y como está redactada, abre las puertas a otros matrimonios de mujeres con hijos, con independencia de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida.

Seguramente ya conocéis la historia: Lennon, tercer hijo del matrimonio, nació en junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron al Ayuntamiento de Benidoleig, donde ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió las remitió al Registro Civil de Denia.

Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Como consecuencia de la negativa, la unidad familiar pasó a tener dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con los dos primeros hijos. Otro, solo de Brenda con el tercer hijo, con la consecuente desprotección que ello supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos.

La situación era kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha una petición en change.org que consiguió el respaldo de más de 100.000 firmas y que hace pocos días presentaron ante la propia Dirección General de Registros y Notariado.

Finalmente, la respuesta ha sido positiva, como la propia pareja narra en su blog, MoonMamas. Según explican, la resolución cita el artículo 44 de la Ley del Registro Civil de 2011 (según el cual “También constará como filiación matrimonial cuando la madre estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer y esta última manifestara que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”). La resolución, en este caso, asegura que “cabe colegir que la intención del legislador ha sido facilitar la determinación de la filiación de los hijos nacidos en el marco de un matrimonio formado por mujeres, independientemente de que hayan recurrido o no a técnicas de reproducción asistida”.

En palabras de María José Torres, “ésto, como me ha dicho uno de los abogados que ha seguido de cerca nuestro caso, es un ladrillo en la historia de la igualdad LGTB en este país. Abre las puertas de otras opciones de embarazo que hasta ahora no eran una opción para las parejas de mujeres en España”. “Esto realmente era uno de nuestros mayores deseos cuando nos lanzamos a mover nuestra reivindicación y realmente nos llena de alegría que no solo se haya arreglado nuestra situación familiar sino que se haya abierto un nuevo camino para muchas otras mujeres y sus bebés“, añade. Si esto es así, se trata sin duda, de una novedad sobre cuyo desarrollo estaremos expectantes.

¡Nuestra enhorabuena a la pareja!

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Más de cien mil firmas, recogidas a través de la plataforma change.org, han sido entregadas este lunes en la Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia para pedir que Lennon, el tercer hijo de María José Torres y Brenda Kelleher, pueda ser inscrito como hijo de ambas. Algo que el Registro Civil de Denia se ha negado a hacer si Brenda no demuestra cómo se quedó embarazada. Una petición que jamás se hace a parejas de distinto sexo a la hora de inscribir a sus hijos.

Ya en octubre recogíamos la historia. Lennon, tercer hijo del matrimonio formado por María José y Brenda, nació el 30 de junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron a las oficinas del Ayuntamiento de Benidoleig, la localidad en la que ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos). Sin embargo, la funcionaria que les atendió no quiso hacer el trámite y y las envió al Registro Civil de Denia. Allí se encontraron con la negativa del juez encargado, que consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda, que en este caso fue la gestante, se había sometido a inseminación. Algo que la pareja considera que viola su intimidad, motivo por el cual han recurrido la negativa.

La unidad familiar que conforman María José, Brenda y sus hijos está, en este momento, partida en dos. Tienen dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con sus dos primeros hijos. Otro, de Brenda con el tercer hijo, que por el momento solo tiene reconocida una madre legal, con la consecuente desprotección que ello le supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos. La pareja, por supuesto, se ha negado en redondo a iniciar un proceso de adopción de Lennon por parte de María José, la alternativa que les propusieron si no presentaban la documentación que acredite que Brenda se sometió a reproducción asistida.

La situación es kafkiana, si se compara con lo sucede con parejas de distinto sexo, a las que cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro no se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre y que la mujer no ha recurrido a otro varón para quedarse embarazada. Se trata, pura y simplemente, de un ejercicio de discriminación por razón de orientación sexual. Ejercida en este caso, además, sobre un matrimonio, algo dificil de entender si se tiene en cuenta que el artículo 7.3 de la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida estipula que “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”.

Es por eso que María José y Brenda pusieron en marcha la petición en change.org, que ya ha conseguido el respaldo de más de 100.000 firmas, que esta mañana han presentado ante la Dirección General de Registros y Notariado junto a representantes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que las están respaldando en el proceso. Esperamos que se resuelva pronto su caso y se marquen, de una vez por todas, unas directrices claras, no discriminatorias y de obligado cumplimiento para el registro de los hijos de familias homoparentales por parte de jueces y funcionarios, con independencia de sus opiniones o creencias.

Os dejamos con un vídeo, en el que la propia familia de María José y Brenda explica su historia:

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Año Nuevo ¿Vida nueva? No lo parece a tenor de las declaraciones del “pequeño” Cardenal, que sigue con su raca raca… y es que le sale gratis… Pero esto es una intolerable injerencia política de quien no ha sido votado que pisotea el poder legislativo nacido de la soberanía popular. Luego protestan cuando se les dice que respeten los derechos humanos de mujeres y personas LGTBI diciendo que no se respeta la “libertad religiosa”… Mucha cara dura es la que tienen… Para estos jerarcas la libertad religiosa consiste en discriminar a quien les da la gana e imponer sus opiniones al poder polítco mientras siguen cobrando su dinerito de todos los españoles…

“La lucha contra la discriminación no llegará a través de este tipo de legislación”, afirma

“En defensa de la democracia que nos dimos (…) pido con la mano tendida que no actúen por imposición”

“Los considero auténticos demócratas, y no me gustaría que se convirtiesen en dictadores o tiranos.”

La Generalitat Valenciana advierte a Cañizares: no permitirán que los colegios se salten la ley de transexualidad

Este viernes diversos medios de comunicación reproducían en grandes titulares la última andanada de odio del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, contra la aprobación por parte de la Generalitat Valenciana de nuevas normas contra la discriminación de las personas LGTB, y muy en especial de las personas transexuales. Nada especialmente sorprendente: la jerarquía católica reproduce ahora en la Comunidad Valenciana el mismo comportamiento que hace solo unos meses en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, nos llama la atención que la frase que más titulares copó, sobre la “maldad” que supone, según Cañizares, “adoctrinar a los niños en la ideología de género”, no se atribuya al que realmente la pronunció por primera vez, y de quien el arzobispo de Valencia simplemente se hacía eco: el papa Francisco.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha pedido a las instituciones autonómicas valencianas que “repiensen” la aplicación de la Ley sobre ideología de género, que en estos momentos se encuentra para su tramitación y aprobación en Les Corts.

La andanada de odio de Cañizares adquiere esta vez forma de carta pastoral, titulada La gran urgencia: salvar a la familia, y adelantada por Paraula, publicación dependiente del propio arzobispado de Valencia. En ella, y ante la inminente aprobación de la nueva ley integral de transexualidad valenciana (asunto que hace pocos días saltaba de nuevo a la actualidad al adelantar la Generalitat Valenciana su protocolo para garantizar el derecho del alumnado trans de los centros públicos a su identidad de género), Cañizares arremete directamente contra los avances en materia LGTB que se están dando en diferentes comunidades autónomas. “Las cosas son así también en nuestra Comunidad Valenciana que, como otras ocho comunidades autonómicas españolas, pretende imponer, a modo colonizador de las conciencias y aún por la fuerza, esta ideología mediante una legislación inicua que se encuentra en estos momentos en las Cortes Valencianas para su tramitación y su aprobación si no lo remedian los que deberían remediarlo”, asegura.

“Por eso, en defensa del hombre y de la familia, también de la democracia que nos dimos en España con sus derechos y libertades que tutela, la cual no es posible sin la verdad del hombre y de la familia, y, precisamente, en nombre de los hombres y de la familia, y en nombre de Dios garante del hombre y de la familia, pido, con mano tendida y apertura, a quien corresponda que no actúen por imposición repiensen las cosas y no vayan contra el hombre ni contra la familia. Todavía estamos a tiempo. Los considero auténticos demócratas, y no me gustaría que se convirtiesen en dictadores o tiranos. Mi esperanza y así lo imploro es que se repiensen con responsabilidad, sosiego y prudencia de gobierno las cosas”, añade en otro momento del texto.

“Tenemos que luchar por la dignidad de las personas y contra todo tipo de discriminación, pero negar la diferencia biológica entre varón y mujer no es ir a la solución, y por tanto, cuestiona que los proyectos legislativos que fomentan la ideología de género eviten la discriminación de los colectivos vulnerables a los que se dirigen”.

El Arzobispo ha destacado que “no actúo reactivamente en contra de nadie, ni de ninguna legítima Institución o rechazando a nadie, actúo únicamente a favor y únicamente en defensa del ser humano y de la familia en coherencia con la fe que anima a la Iglesia”.

Además, la Iglesia defiende la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y promueve las garantías para que las mujeres no sean víctima de abusos físicos, sexuales o de orden moral. Esa lucha contra la discriminación se extiende a todos los colectivos, porque la Iglesia enseña la dignidad de todo ser humano“.

De igual modo, el cardenal ha añadido que “la lucha contra la discriminación no llegará a través de este tipo de legislación” y ha manifestado que, “como Obispo y como Pastor, apelo a la libertad religiosa en virtud de la cual actúo, a la objeción y libertad de conciencia, y a la libertad de expresión. No es sólo una cuestión de fe confesional lo que defendemos, es una cuestión de razón humana, en la que todos nos sentimos concernidos.

Por otra parte, el cardenal Cañizares se ha referido a “una necesaria política familiar y una genuina educación en todo lo que contribuya a fortalecer la familia” y ha insistido en que “se requiere urgentemente conjuntar e impulsar múltiples iniciativas aportando ideas, propuestas, instrumentos operativos al servicio de la promoción de la verdad y el bien de la familia y de la vida”.

A este respecto “son necesarias muchas cosas”, y a ellas apunta el papa Francisco, por ejemplo a propósito de la ideología de género, que ve como un desafío a la familia, cuando dice en su Exhortación sobre la familia, que “esta ideología presenta una sociedad sin diferencia de sexo, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promuevan una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre un hombre y una mujer”. El Papa Francisco también la ha definido como una “colonización ideológica” aseverando que el adoctrinamiento de la ideología de género es una maldad. Y cita textualmente al Papa dirigiéndose a finales de julio de este año a los Obispos de Polonia: “En  Europa,  América,  América  latina, África, en algunos países de Asia hay verdaderas colonizaciones ideológicas. y una de éstas -lo digo claramente con nombre y apellido- ¡es la ideología de género!. Hoy a los niños – a los niños!- en la escuela se les enseña esto: que el sexo cada uno lo puede elegir. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Esto es terrible”. Y en el vuelo de regreso de Azerbaiyán a Roma señaló que “las personas se deben acompañar como las acompaña Jesús. Cuando una persona que tiene esta condición llega hasta Jesús, Jesús no le dirá seguramente ´vete porque eres homosexual`. No. Lo que yo he dicho es esa maldad que hoy se hace en el adoctrinamiento de la ideología de género” (Papa Francisco). Consecuentemente adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad.

El Cardenal ha pedido que “educadores, escritores, políticos y legisladores, no pueden dejar de tener en cuenta que gran parte de los problemas sociales como la delincuencia juvenil, la droga, la prostitución o la violencia contra la mujer, tiene sus raíces en los fracasos o carencias de la vida familiar. Por tanto, animo a que acabemos con las contradicciones que en este sentido se han producido en nuestra sociedad agravando estos problemas, cuando casi han buscado el descrédito y el deterioro de la institución familiar, basada en el matrimonio único e indisoluble entre un hombre y una mujer, o trivializar y desfigurar la verdad y grandeza de la sexualidad, y la unión esponsal del hombre y de la mujer, es cuando menos una ligereza y en todo caso una contradicción y una desfiguración de lo verdadero. Son muchas, tal vez demasiadas, las ligerezas y contradicciones que en este sentido se han producido en nuestra sociedad durante bastante tiempo y parece que existe el empeño por parte de algunos en seguir incurriendo en ellas, agravándolas, con la difusión de modelos, concepciones o formas de vida que se difunden y aun con nuevas legislaciones que atentan a la entraña de la familia.“.

De igual modo, ha invitado a “las asociaciones que tienen que ver con la familia, a políticos, a comunicadores y periodistas, a educadores, y a quienes quieran implicarse, que nos adentremos en la lectura fiel del magisterio de la Iglesia, sobre el hombre y la familia, y que con lucidez, libertad, respeto y decisión lo apliquemos en su extensión y hondura”.

Asimismo, ha destacado que “nuestra posición es defender la Doctrina Social de la Iglesia sobre la familia, y por tanto, promover los derechos de la familia, el derecho a la vida y difundir la verdad de la sexualidad humana”.

Texto íntegro aquí:

Recapitulando, Cañizares utiliza las palabras de Francisco

La base de la argumentación de Cañizares no es otra que las propias palabras del papa Francisco sobre lo que la jerarquía católica ha dado en llamar “ideología de género”, y su pastoral reproduce literalmente dos momentos en los que el papa hizo declaraciones sobre el tema. Las dos las recogimos, de hecho, en dosmanzanas. La primera fue este pasado verano, en un encuentro con obispos polacos, en el que Francisco aseguró: “Quisiera concluir aquí con este aspecto, porque detrás de esto hay ideologías. En Europa, América, América Latina, África, en algunos países de Asia, hay verdaderas colonizaciones ideológicas. Y una de estas —lo digo claramente con «nombre y apellido»— es el gender [ ‘gender’ o ‘ideología de género’ es la expresión que el ámbito más conservador utiliza para denigrar tanto al feminismo como a buena parte de las reivindicaciones del colectivo LGTB, muy especialmente en los últimos tiempos la lucha en favor de los derechos trans]. Hoy a los niños —a los niños— en la escuela se enseña esto: que cada uno puede elegir el sexo. ¿Por qué enseñan esto? Porque los libros son los de las personas y de las instituciones que dan el dinero. Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también por países muy influyentes. Y esto es terrible”.

Otras declaraciones que Cañizares reproduce literalmente en su pastoral tuvieron lugar este otoño, cuando al regreso de un viaje a Georgia en el que tuvo palabras muy duras sobre la “guerra mundial” contra el matrimonio y las supuestas maldades de la “teoría de género”, los periodistas le pidieron aclarar sus palabras. “Aquello sobre lo que hablé es esa maldad que hoy se hace con el adoctrinamiento de la teoría de género. Me contaba un papá francés que en la mesa estaba hablando con sus hijos, y le preguntó al hijo de 10 años: “¿Tú qué vas a ser de grande?” “¡Una chica!”. Y el papá se dio cuenta de que en los libros de escuela se enseñaba la teoría de género, y esto va contra las cosas naturales”, explicó entonces Francisco. “Consecuentemente adoctrinar a los niños en ideología de género es una maldad”, concluye Cañizares, ya con sus propias palabras.

Desde Cristianos gays venimos tiempo refiriéndonos a este aspecto. El papa Francisco, pese a algunos gestos mediáticos amables hacia personas concretas (como Diego Neria, el hombre transexual español al que recibió privadamente en 2015 tras conseguir este hacerle llegar una carta) sigue dando alas a la discriminación de las personas trans. Y es que el argentino, a diferencia de sus predecesores, parece haber escogido a las que al fin y al cabo constituyen el colectivo más vulnerable dentro de este grupo como objeto primordial de sus ataques en materia LGTB. En su ya famosa encíclica “ecologista” Laudato si’, Francisco vertía de hecho el que posiblemente ha sido el más importante ataque a las personas transexuales surgido del ámbito católico en los últimos años. Es, en concreto, en el punto 155 de la encíclica, donde el papa aprovecha para considerar que el respeto a la ecología incluye “la aceptación del propio cuerpo como don de Dios” y su “valoración en su femineidad o masculinidad” para “reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente”. Según aseguraba el papa, “cancelar la diferencia sexual” no es una actitud sana.

Y es que si  echamos la vista aún más atrás y nos remontamos a la época en que Jorge Bergoglio era  arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la iglesia católica argentina cuando el tono apocalíptico del que es ahora papa aparece en todo su esplendor:  “No se trata de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo sino de una movida del Padre de la Mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios”. Así se expresaba en el verano de 2010 Bergoglio, en plena discusión sobre el proyecto de ley de matrimonio igualitario en su país… Y este Bergoglio que llegó a calificar al matrimonio igualitario, que entonces se discutía en Argentina, como “pretensión destructiva al plan de Dios” movida por el mismo demonio, sin movérsele el solideo, aseguraba después, siendo ya papa, que ”no es necesario estar hablando sin cesar” del tema.

En fin, pocos signos de esperanza…

Compromís critica la “obstinación casi enfermiza” de Cañizares contra la igualdad de género

“Este escrito del Arzobispo nos parece un arenga enfurecida hacia los católicos valencianos que él mismo sabe que mayoritariamente no piensan como él”. El portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha criticado la “obstinación casi enfermiza” que a su juicio tiene el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, “contra la libertad e igualdad de género”. Según el diputado, “ataca con virulencia la ley de transexualidad impulsada por el Consell, que se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria… , llegando a acusar a esta iniciativa legislativa de una maldad con la que se quiere adoctrinar a los niños y destruir a las familias”,”.

A su juicio, el arzobispo “utiliza un lenguaje apocalíptico y belicoso totalmente fuera de lugar para referirse a esta ley, haciendo continuas referencias a colonizaciones, guerras, dictaduras y tiranías, con lo cual Cañizares evidencia que no acepta el marco de libertades en que convivimos”. “Este escrito del Arzobispo nos parece un arenga enfurecida hacia los católicos valencianos que él mismo sabe que mayoritariamente no piensan como él”, señala Ferri.

El diputado de Compromís añade que en la sociedad valenciana “hay un consenso casi unánime en conseguir la igualdad de derechos entre todas las personas, en el marco de una sociedad diversa donde cada uno pueda amar a quien considere oportuno, sin ser considerado ni un peligro ni una amenaza y esto parece que no gusta a algunos. Desde Compromís sabemos que el trabajo para conseguir que todo el mundo pueda vivir en libertad no sólo se puede realizar a través de la labor legislativa, sino también con la pedagogía pública hacia el conjunto de la sociedad“, indica. Por eso, agrega, “emplazamos a Cañizares a realizar una reflexión profunda sobre las consecuencias hacia el fomento del odio que pueden tener sus palabras”.

Fran Ferri ha destacado que la Ley de Identidad de Género es un “paso muy importante porque garantizará que la transexualidad no sea considerada como un trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana”. Además, la ley “regula los derechos del colectivo transexual en ámbitos tan diversos como el educativo, el sanitario, el social o el administrativo para garantizar el derecho de autodeterminación de género de las personas que manifiestan una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento de su nacimiento”. “Queremos lamentar también el posicionamiento contrario del PP valenciano a esta ley que ya hizo público su portavoz, Isabel Bonig, lo que demuestra que el PPCV en general, y la señora Bonig en particular, anteponen su ideología ultraconservadora a los derechos de las personas“, según Ferri.

Y por último,

La Generalitat Valenciana advierte a Cañizares: no permitirán que los colegios se salten la ley de transexualidad

La Administración avisa al Cardenal de que sancionarán a los colegios que no cumplan con la ley.

El Cardenal Cañizares, a través de su carta pastoral no sólo atacaba las leyes LGTB que se están aprobando en distintas comunidades autónomas  sino también  llamando a la “objeción de conciencia” pero José de Lamo, director general de Igualdad en la Diversidad ha salido al paso recordando que “cuando se apruebe la ley, todos los centros educativos, concertados o privados, estarán obligados a cumplir la norma. Si no, evidentemente, se sancionará al centro por no cumplir la ley”.

En el caso de infracciones muy graves el texto recoge multas de hasta 45.000 euros y la posibilidad de perder las ayudas públicas por un período de hasta tres años en el supuesto de “la elaboración, utilización o difusión en centros educativos de la Comunitat Valenciana de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su identidad o expresión de género, o que inciten a la violencia por este motivo” así como la realización de actos que supongan “aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de personas por causa de identidad o expresión de género”.

Fuente Achidiócesis de Valencia/ Levante, vía Religión Digital/Dosmanzanas/EstoyBailando/Cristianos Gays/Cáscara Amarga

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Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia

Hasta ahora se derivaban a Málaga, con una lista de espera de seis o siete años.

La Unidad de Transexualidad del Peset, Valencia, ha atendido a 24 menores en 2016.

La Unidad de Atención a la Transexualidad del Hospital Peset, en Valencia, practicará a finales de enero la primera vaginoplastia en una mujer transexual, algo que los médicos valencianos consideran “un hito por el que llevaban mucho luchando”.

Hasta ahora, este tipo de operaciones de cirugía genital se derivaban a Málaga, con una lista de espera de seis o siete años, o tenían que recurrir a la privada, donde las operaciones tienen un coste de unos 22.000 euros.

Esta unidad, centro de referencia en Valencia y Castellón, atendió en 2016 a 68 casos, de los que 24 eran menores de hasta 17 años, el 35,2 por ciento. Además, a finales de enero practicará la primera vaginoplastia a cargo del sistema sanitario público en una mujer trans, que se realizará en el hospital La Fe.

Así lo han anunciado los responsables de esta unidad, el sexólogo y psicólogo Felipe Hurtado y el endocrino Marcelino Gómez, que han participado en el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género de la Conselleria de Educación, que entró en vigor el pasado martes, y en la nueva Ley Integral de Reconocimiento del Derecho a la Identidad y Expresión de Género, pendiente de aprobación por las Corts.

Al respecto, Hurtado ha destacado que los casos atendidos se han duplicado en los dos últimos años debido a la “mayor visibilidad” de las personas transexuales ante los trabajos preparatorios de la nueva ley y gracias al trabajo de asociaciones de padres y de este colectivo.

Esta unidad se creó en 2008 como referencia para la Comunidad Valenciana y desde 2012 se centra en Valencia y Castellón ya que Alicante cuenta con una propia. Así, en 2012 atendió 18 casos nuevos, de los que siete eran menores de hasta 17 años, el 38,8 % de los atendidos; en 2013 asistió a 28 casos nuevos, de los que cinco eran menores, el 17,8 %, y en 2014 a 25 casos, cinco de ellos menores, el 20%.

En cambio, a partir de 2015 los nuevos casos se duplicaron y el número de menores supone ya más de un tercio de la población atendida. En concreto ese año se prestó asistencia a 56 nuevos casos de los que 27 eran menores, el 48,2 % y en 2016 a 68 casos, 24 de ellos tenía menos 17 años, el 35,2 %.

Al respecto, ha explicado que en su consulta ha atendido a niños de hasta tres y cuatro años y este año a un chico de seis si bien es con el inicio de la pubertad, a partir de los 12 años, cuando más se manifiesta la disforia, el malestar con el desarrollo de su cuerpo.

De hecho, de los 27 menores tratados en 2015 ocho eran menores de 12 años y los 19 restantes tenían entre 12 y 19 mientras que en 2016 de los 24 menores que asistió cuatro tenían menos de 12 años y los 20 restantes entre 12 a 17 años.

El problema, explica, es que muchos padres y algunos de los menores “notan cuando comienzan a desarrollarse que son diferentes pero piensan en la homosexualidad y no en la transexualidad”. Por eso ha destacado la importancia del protocolo de Educación para “eliminar al máximo” las “burlas y rechazo social”.

Hurtado ha explicado que la estigmatización de los niños transexuales es mucho menor en la infancia que en la adolescencia, cuando los jóvenes son “más crueles”. “De pequeños entienden que igual que hay niños pelirrojos pero que son menos frecuentes que los morenos hay niños transexuales que son diferentes pero que son iguales al resto”, ha explicado.

Se echa en falta una explicación de la transexualidad en los libros de texto. Este es uno de los mensajes que traslada en las charlas de orientación sexuales que da en los colegios, sobre todo al profesorado y los padres de los centros en los que hay un niño transexual. Hurtado ha apuntado que no ha notado diferencias entre los colegios públicos y los concertados o religiosos.

“No hay dificultades para que lo traten bien el problema se da con algunos padres que por ejemplo no entiende que un menor transexual use el vestuario con el que se sienta identificado y ha habido casos, aunque son la minoría, que han tenido que sacar al chaval del colegio”, ha comentado.

Por eso, ha considerado muy importante que este protocolo se aplique también en los colegios concertados y privados aunque no sea obligatorio. Además, ha echado en falta una explicación de la transexualidad en los libros de texto.

Con todo, ha destacado el cambio social que se ha producido. Así, si hace 20 años a su consulta acudían ya pasados los 20 años, cuando llevaban años autohormonándose y con fuertes depresiones e incluso con intentos de suicido porque no podían someterse a un tratamiento. De hecho, muchas veces ejercían la prostitución para obtener fondos con el que costearlo.

Sin embargo, desde que se aprobó la atención en 2008 el perfil ha cambiado. Desde entonces son jóvenes que ya no tienen “tanto sufrimiento” porque pueden someterse a un tratamiento y solucionar “su conflicto de identidad sexual” y además vienen apoyados por sus familias. Los mayores problemas se dan en casos de padres separados cuando uno de los dos no acepta el género que siente su hijo.

Asimismo, ha explicado que aunque históricamente había más demanda de cambio de hombre a mujer, en una proporción de cuatro a uno, en los últimos años se han igualado. Así, si en 2012 se atendió a 16 casos de hombre a mujer frente a dos de mujer a hombre en 2016 se atendieron 30 casos de hombre a mujer y 38 de mujer a hombre. Hurtado ha explicado que esta evolución es consecuencia de la gran mejora de los tratamientos.

Al respecto, el endocrino Marcelino Gómez ha destacado que el proyecto de ley aumenta la cartera de servicios en la sanidad pública valenciana. Así, se incluyen los tratamientos quirúrgicos de exéresis de mama y genitales y reconstructiva de genitales y otros tratamientos requeridos para la modificación corporal.

Así, a finales de enero se practicará la primera vaginoplastia en una mujer transexual. En estos momentos, hay una bolsa histórica de cerca de medio centenar de mujeres transexuales pendientes de someterse a esta cirugía, que se realizará en el Hospital La Fe. En el Peset seguirán prestando las terapias sexológicas, farmacológicas y hormonales, así como las masectomias y la implantación de prótesis mamarias. Gómez ha explicado que la cirugía genital para un hombre transexual sigue sin estar recomendada por ninguna unidad por las “complejas complicaciones” que genera.

Del mismo modo, ha resaltado que la ley prevé un cambio en la atención ya que “la edad administrativa y la naturaleza no siempre coinciden”. En ese sentido, ha constatado que era “una barbaridad” tener que esperarse a los bloqueos puberales hasta los 16 años cuando había chicas que llevaban años con la regla y “el cuerpo ya es definitivo”, y hasta los 18 para aplicar los tratamientos hormonales.

Por contra, ahora, siguiendo las indicaciones de las guías internacionales, se actuará conforme a la edad biológica. De este modo, si cuando comienza la pubertad, a los 12 o 13 años, tiene clara “su identidad de género y cuenta con el apoyo familiar” se comienza el tratamiento para bloquear con fármacos el desarrollo corporal y si a los 14 o 15 años “el menor es lo suficientemente maduro se comienza el tratamiento hormonal cruzado“. La cirugía no se aplica hasta los 18 años.

En los casos en los que hay una negativa de uno de los padres que pueda suponer “un claro perjuicio” al menor se lleva el caso a Fiscalía de menores. No obstante, estos casos son muy escasos.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado este martes el protocolo de acompañamiento para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos, desarrollado por la Consejería valenciana de Educación. El protocolo, que se activará en los centros educativos públicos, y al que se podrán acoger todos los demás centros que lo deseen, se adelanta a la próxima aprobación de la ley integral de transexualidad valenciana, en tramitación parlamentaria.

La finalidad del protocolo, según asegura la propia Consejería valenciana de Educación, es “favorecer la inclusión educativa, asumir la igualdad y la diversidad como valores capitales e irrenunciables, de manera que todas las personas que conformen la comunidad educativa respeten y hagan respetar los derechos humanos. Por eso, será imprescindible facilitar la construcción de su identidad y la participación activa en la vida del centro, de manera que sienta la pertenencia real al grupo de iguales, en el centro y el entorno”. El protocolo facilitará a los equipos directivos y los orientadores de los centros tratar la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad en los centros educativos como opciones sociales normalizadas y ayudará a prevenir casos de acoso.

Desde el punto de vista estrictamente organizativo, los centros adecuarán la documentación administrativa al nombre y al género con los que se sienta identificado el alumno, que será también el nombre y el género por el que el personal del centro se dirigirá a este. Mientras el alumno sea menor de edad o no esté emancipado, la petición deberá realizarla quien ejerza su tutoría legal. La documentación oficial, sin embargo, no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil. Un proceso que a día de hoy continúa regulado por la legislación estatal. En cuanto al uso de las instalaciones del centro, incluyendo lavabos y vestuarios, estas serán utilizadas según la identidad de genero manifestada.

El coordinador de igualdad y convivencia de centro será la persona encargada de supervisar todas estas actuaciones, en colaboración con el equipo directivo, el equipo orientador y el tutor, especialmente durante el proceso de transición de género que efectúe una persona durante su estancia en el centro educativo.

Son solo algunas de las medidas previstas en el protocolo, que puedes descargar en su integridad aquí. Los centros educativos públicos de la Comunidad Valenciana intentarán de esta forma garantizar a sus alumnos trans un clima de seguridad, de manera que su actividad se desarrolle en espacios libres de acoso, agresión o discriminación por cualquier motivo.

Valencia se pone al día

La puesta en marcha de este protocolo para centros públicos aún debe completarse con la aprobación por las Cortes Valencianas de su ley integral de transexualidad, presentada en sociedad el pasado septiembre y aún en tramitación, y cuyo anteproyecto fue consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas regionales. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Eso sí, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la ya obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Fuente Dosmanzanas

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Consternación. No se nos ocurre otra palabra después de conocer el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y los dos acusados por la muerte de Lyssa da Silva, una mujer transexual que falleció a consecuencia de la brutal paliza que le propinaron. El acuerdo rebaja la pena del principal de los acusados a solo diez años (pedía inicialmente quince) y prácticamente anula la del otro, para el que inicialmente la Fiscalía solicitaba otros quince años pero que será liberado en próximos días al sustituirse la imputación por homicidio por la de simple encubrimiento.

Precisamente antes de ayer nos hacíamos eco del inicio del juicio por la terrible muerte de Lyssa da Silva, ocurrida en julio de 2015. Lyssa, de nacionalidad brasileña, fue encontrada en el ascensor de un edificio del barrio alicantino de la Albufereta después de haber sufrido una brutal paliza a manos de dos turistas franceses de 32 y 21 años. Según la investigación, la mujer y uno de los imputados se conocieron en un local cercano y se fueron juntos al apartamento en el que los agresores pasaban las vacaciones. Según la versión del fiscal, llegaron a mantener relaciones sexuales y la discusión se inició por una cuestión de dinero. Sin embargo, el acusado argumentó en su momento que la discusión se inició porque él “se negó” a mantener relaciones al descubrir su condición transexual y que Lyssa ejercía el trabajo sexual. Alegó también que fue la propia mujer la que se dio golpes en la cabeza contra la pared, cuando lo cierto es que según la autopsia la causa de la muerte fue la hemorragia interna que sufrió debido a las patadas que recibió en el abdomen.

Siguiendo con la versión de la Fiscalía habia sostenido hasta ahora, cuando Lyssa y uno de los imputados se encontraban en plena discusión apareció el segundo imputado. Habría sido ahí donde se desencadenó la agresión en toda su crudeza. Lyssa fue brutalmente golpeada en todas las partes de su cuerpo (tenía múltiples contusiones y los dientes rotos). Tras dejarla semiinconsciente, los dos imputados la vistieron (aún se encontraba desnuda cuando fue agredida) y abandonaron su cuerpo en el ascensor del edificio, donde fue finalmente descubierta por una vecina sin que se pudiera ya hacer por salvar su vida. Los agresores, entretanto, intentaron borrar cualquier rastro de la agresión: fregaron los restos de sangre; metieron la colcha, también manchada de sangre, a la lavadora… No pudieron evitar que horas después los detuviera la Policía. Ingresaron en prisión provisional, donde permanecen desde entonces.

Pues bien, pese a que la Fiscalía pedía quince años de prisión a cada uno de los dos imputados por un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, así como una indemnización de 200.000 euros para el marido de la víctima por los daños morales, el acuerdo alcanzado con los acusados rebaja considerablemente esas penas. En el caso de Ilan Laouni R.M., la condena queda rebajada a diez años, a cambio de declararse culpable de un delito de homicidio. Daoud D. se libra de la acusación de homicidio y queda como simple encubridor del crimen, aceptando a cambio una pena de un año y casi cinco meses de cárcel: precisamente el tiempo que lleva en prisión preventiva. Saldrá, por tanto, de la cárcel una vez que este miércoles se celebre el juicio. Y es que pese al acuerdo, al ser la pena solicitada mayor de seis años, el juicio debe celebrarse. En la sesión está previsto que declaren el viudo de la víctima, dos policías y los médicos forenses. Se tratará, no obstante, de un mero formalismo, ya que en este caso el jurado popular deberá ceñirse a la calificación fiscal.

Indignación del marido de la víctima y del colectivo Diversitat

Como es natural, la noticia ha causado indignación tanto al marido de la víctima, para el cual ya la petición inicial de quince años de cárcel era “irrisoria” como al colectivo alicantino Diversitat, que esta misma mañana había convocado una concentración frente a la Audiencia Provincial de Alicante para reclamar que la muerte de Lyssa fuese considerada un delito de odio, de acuerdo a la declaración inicial del principal acusado.

Para Toño Abad, su secretario general, el acuerdo alcanzado se trata de “un auténtico insulto” para la víctima, para su familia y para el propio colectivo LGTB. “Nos hace sentirnos desprotegidos y desprotegidas por las instituciones del Estado, que deberían de velar por el respeto y la garantía de nuestros derechos. Se cierra un caso sin tener las consecuencias penales que debía tener, como otros tantos casos en los que la Fiscalía no aprecia delito de odio, los jueces ponen multas irrisorias por agresiones homófobas o agresiones quedan sin juzgar porque no se consideran que atenten contra nuestra dignidad como colectivo o minoría”, ha declarado. “Así de barato sale asesinarnos. 10 años para uno y libertad para el otro”, rezaba esta tarde el perfil de Twitter de Diversitat:

Así de barato sale asesinarnos. 10 años para uno y libertad para el otro. #transfobia #lgtbfobia #delitodeodio Escándalo! pic.twitter.com/WUbzF9XJNg

— Diversitat Alacant (@diversitat) 12 de diciembre de 2016

General, Homofobia/ Transfobia. Alicante, Asesinatos, Comunidad Valenciana, Daoud D., Delitos de Odio, Diversitat, Ilan Laouni R.M., Lyssa da Silva, Transexualidad, Transfobia

(Foto: EuropaPress)

El partido España 2000 presentó una denuncia por la presencia de un bus de la Policía Municipal en la manifestación.

Este año la Policía Municipal de Valencia participó por primera vez en el recorrido del Orgullo de la ciudad. En muchas otras ciudades esto ni siquiera sería una novedad, pero cuando el ayuntamiento lo gobernaba el PP hubiera sido imposible.

Las cosas, han cambiado y en la última edición del orgullo se pudo ver un autobús de la Policía Municipal decorado y con el lema “Ante el odio, denuncia“. Con esta presencia se quería recordar la importancia de denunciar todas las agresiones homófobas que se produzcan, algo que sólo ocurre en uno de cada cuatro casos. El Ayuntamiento participó también con otro autobús de la EMT.

Todo era alegría, buen rollo y diversión en esta manifestación con esos autobuses tan bonitos. Alegría para todo el mundo menos para el partido España 2000, un partido de ultraderecha que sorprendentemente, tiene votantes y hasta algún concejal por ahí perdido. En realidad, ellos dicen que no son de izquierda ni de derecha, que son españoles pero los españoles que les gustan son muy blanquitos, muy de derechas y muy heteros.

José Luis Roberto, el responsable de la organización en la Comunidad Valenciana, presentó dos denuncias contra el Ayuntamiento por supuestos delitos de exhibicionismo y de malversación de fondos públicos, argumentando que éste era un acto privado y en sus distorsionadas cabecitas no entra que la Policía participa para recordar a una parte minoritaria, y en peligro, de la población que pueden contar con ellos para denunciar las agresiones.

Lo más triste no es que un grupo de ultras pusiera esta denuncia con motivos absurdos contra la manifestación, sino que fuera admitida a trámite. En todo caso, ya ha sido archivada y la jueza dice bien claro en su sentencia que no hay elemento alguno del delito que solamente ven en España 2000. También dice que no hubo daño al patrimonio municipal y que la presencia del autobús, sin ocultarse y sin intención de obtener beneficio estaba claramente justificada en una manifestación autorizada por el Ayuntamiento que suponía un acto de reinvidicación de derechos.

Y después de esta denuncia absurda que acabó como tenía que hacerlo, nos hace aún más felices ver a Sandra Gómez, concejala de protección ciudadana de Valencia, anunciando el pasado agosto en su perfil de Facebook que los de España 2000 ya pueden ir preparando la demanda del año que viene porque la Policía estará de nuevo en la marcha para que quede claro de lado de quién está y que su trabajo es proteger a los ciudadanos.

General, Homofobia/ Transfobia. Ayuntamiento de Valencia, Comunidad Valenciana, España 2000, Homofobia/Transfobia, José Luis Roberto, Policía Municipal, Valencia

El colectivo LGTB Alicante Entiende ha denunciado públicamente lo que considera no es más que una campaña de falsedades promovida por el Partido Popular en relación a una charla sobre “sexo seguro” que tuvo lugar dentro de la programación de la Setmana Jove 2016, un evento organizado por el Consejo de la Juventud de Alicante. Desde Alicante Entiende consideran que el PP alicantino no pretende otra cosa que atacar a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante (cuya titular es Marisol Moreno, concejala de Guanyar Alicant y activista LGTB).

A lo largo de los últimos días, numerosos medios de comunicación conservadores, tanto locales como nacionales, se hacían eco del “escándalo”: un actor porno había sido contratado para impartir una charla sobre sexo seguro a jóvenes, algo que la concejala popular María Luisa Gayo consideraba “una falta de respeto hacia nuestros jóvenes”. Gayo también criticaba a la Concejalía de la Juventud de Alicante, que según ella se ha tomado este asunto “a la ligera” y sin importarle que los jóvenes “reciban una formación adecuada”.

Una polémica mediática que Alicante Entiende ha querido aclarar mediante un comunicado en el que critica la utilización “manipulada” que según ellos el PP alicantino está haciendo del tema. Alicante Entiende también ha tenido palabras muy duras contra aquellos medios que se han limitado a recoger “las declaraciones mailintencionadas del PP alicantino, con la poca credibilidad que tiene dicho partido en la vida pública y política de España”.

Una charla impartida por un actor porno que además es médico

Foto twitter Satiago Noguera

Alicante Entiende ha querido aclarar, en primer lugar, que la charla objeto de la polémica fue impartida por Santi Noguera, licenciado en Medicina, que además es actor porno “como hobbie”, y que sus contenidos fueron sobre infecciones de transmisión sexual y prevención de riesgos, “con lo cual entendemos que un médico es la persona más idónea para hablar de enfermedades, y con su faceta como actor porno, para hablar de prácticas de riesgo y de prevención”. Nogueira, además, impartió la charla de forma “voluntaria y altruista”, sin cobrar dinero alguno por ello.

En segundo lugar, el colectivo alicantino ha querido dejar claro que la charla fue organizada directamente por Alicante Entiende, entidad que forma parte del Consejo de la Juventud de Alicante, y no por el Ayuntamiento. La charla, según expresa el comunicado, “se organizó en la sede universitaria” y estaba dirigida “al público en general, especialmente a jóvenes, no para ‘adolescentes’, como se pretende manipular con la noticia”. Efectivamente, tal y como se puede ver en la programación de la Setmana Jove, la charla tuvo lugar el jueves 27 en la sede Ramón y Cajal de la Universidad de Alicante, a las 20:15 de la tarde.

De todas las maneras, continúa la nota, “los contenidos de la charla, sobre información y prevención de las ITS, es una materia que debería recibir cualquier adolescente y joven, como parte de su formación en materia afectivo-sexual, que el gobierno del Partido Popular se ha encargado de eliminar de los institutos”.

“Quizás para el Partido Popular hubiera sido mejor que la charla la hubiera impartido un médico ‘sacerdote’”, añade el comunicado, que denuncia, en último término, la existencia de una campaña que no dudan en calificar directamente como homófoba.

Los medios conservadores siguen con sus críticas pese a las aclaraciones

La aclaración de Alicante Entiende no parece haber amilanado a los medios conservadores. En ABC, por mencionar solo un ejemplo, podemos seguir leyendo un artículo que casi parece despreciar la cualificación de Noguera, al incidir en que su país de origen es Colombia y que su campo es la Medicina Estética, y asegurar además que “en su foto de perfil en Twitter luce su físico en ropa interior y en otras imágenes difundidas en esta red social aparece desnudo”. El artículo sigue además jugando a la confusión sobre los destinatarios y el lugar en los que ha tenido lugar la charla, al asegurar que “el Consejo de la Juventud de Alicante -dependiente de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento- ha recurrido a un actor porno para ofrecer una charla sobre ‘sexo seguro’ dirigida fundamentalmente a adolescentes dentro de su Semana Joven, en la que se han desarrollado actividades en institutos de Secundaria”.

El Consejo de la Juventud de Alicante es un organismo que agrupa a diferentes entidades juveniles de la ciudad, y aunque recibe subvenciones de Generalitat Valenciana y Ayuntamiento (de las que luego ha de rendir cuentas) organiza sus actividades de forma independiente. Se trata, en este sentido, de una entidad con un funcionamiento similar al de otros consejos de la juventud locales.

Estamos en la charla sobre sexo seguro #SetmanaJove2016 pic.twitter.com/3V2yuAIcvj

— Consell Joventut (@cjAlacant) 27 de octubre de 2016

Fuente Dosmanzanas

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El matrimonio junto a dos de sus hijos Brenda y María José, con sus hijos. | Change.org

El juez del Registro Civil lo deniega porque no han certificado que fue concebido con reproducción asistida.

Afirma que otros dos hijos de la pareja ya están inscritos y figuran como hermanos.

“A ningún matrimonio heterosexual que acuda al Registro Civil se le solicita papel alguno”.

El juez encargado del Registro Civil de Dénia (Alicante) ha rechazado la solicitud de un matrimonio de mujeres para inscribir a nombre de ambas el hijo que dio a luz una de ellas, al no certificar que fue concebido tras un proceso de reproducción asistida.

Más de diez años después de la aprobación del matrimonio igualitario, la discriminación contra las parejas del mismo sexo sigue muy presente en nuestro sistema jurídico, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la parentalidad. Así lo demuestra el calvario por el que están atravesando María José Torres y Brenda Kelleher, un matrimonio de mujeres, a cuyo tercer hijo el juez encargado del Registro Civil de Denia ha denegado inscribir como hijo de ambas.

El niño, tercero de la pareja, nació el pasado 30 de junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron a las oficinas del Ayuntamiento de Benidoleig, la localidad en la que ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos mediante este procedimiento). Sin embargo, la funcionaria que les atendió no quiso hacer el trámite y y las envió al Registro Civil de Denia. Allí se encontraron con la negativa del juez encargado. “Nos pidieron que si queríamos inscribir a Lennon con sus dos mamás, igual que están sus hermanos, debíamos demostrar cómo Brenda, mi mujer, se había quedado embarazada. Es un requisito que no reclaman a ninguna pareja heterosexual. Imagínate qué cara se le quedaría a un padre si le preguntaran cómo ha sido concebido a su hijo”, ha declarado María José al diario Levante.

José María Zaragozá, juez encargado del Registro Civil de Denia, consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda había sometido a inseminación. Algo que la pareja considera que viola su intimidad. “Ninguna pareja heterosexual tiene que pasar por esto. A ningún hombre se le reclama que pruebe su paternidad biológica ni que revele que su mujer se ha sometido a técnicas de reproducción asistida”, asegura María José.

Así consta en un auto del juez, de fecha 22 de agosto, en la que el juez concluye que el niño “únicamente” debe figurar en el registro Civil con el nombre de la madre gestante, al no haber acreditado la otra miembro de la pareja que haya sido engendrado como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida.

En el auto, se detalla que la solicitante acudió al registro a inscribir al bebé como del matrimonio, aunque sin la “certificación o informe de centro autorizado que acreditase el alumbramiento ha sido fruto de un proceso de reproducción asistida”.

Según el auto, la mujer se negó a aportarlo esgrimiendo tres argumentos: el artículo 44/5 de la Ley de Registro Civil, las “presunciones de paternidad de los hijos matrimoniales” y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Dado traslado del expediente al fiscal, se mostró disconforme con la solicitud.

El juez explica que a Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida regula específicamente la filiación de los hijos nacidos mediante este proceso, y establece que cuando una mujer esté casada con otra, esta última podrá manifestar que consiente que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge.

En el auto, el juez señala que este apartado, introducido por la disposición adicional de la Ley 3/2007, trató de salir al paso de problemas que se planteaban hasta ese momento ya que, según la resolución de la Dirección General de 2008, “aun partiendo del principio incuestionable de que las parejas del mismo sexo no deben ser objeto de discriminación, los efectos atribuidos a las mismas no podían llegar, en ausencia de tal reforma, al extremo de que se estableciese doblemente, por la sola declaración de las interesadas, la maternidad tanto respecto de la mujer que hubiese dado a luz como respecto de la mujer casada con ella”.

Según el juez, lo que se hace entonces es introducir “una ficción legal (en cuanto no basada en la realidad biológica)” en la legislación “cuando la inseminación es heteróloga” y añade que para que la ficción “pueda entrar en juego” y “ser aplicable”, deben concurrir “todos los requisitos necesarios para ello, entre los que indudablemente se encuentra que la gestación haya sido consecuencia del uso de técnicas de reproducción asistida, lo cual, obviamente, deberá acreditarse“. Asimismo, considera que no son aplicables las presunciones del Código Civil porque “responden a un esquema normativo distinto” ni la negativa puede tener cobertura en la Ley de Registro Civil, ni existe la discriminación invocada “pues se trata de supuestos de hecho distintos”.

Por su parte, el matrimonio -formado por Brenda y María José, casadas desde 2007- ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org en la que explican que sus otros dos hijos ya están inscritos legalmente a nombre de las dos en su libro de familia hace ya siete años. Sin embargo, en el caso del tercer hijo, nacido el 30 de julio, explican que ha tenido que ser inscrito por decisión del Registro Civil de Dénia solo a nombre de una, la madre gestante, “como si se tratara de una madre soltera y en un libro de familia diferente del de sus otros dos hermanos”.

Así lo explica también la pareja en la petición que ha puesto en marcha en la plataforma change.org:

La decisión del Registro Civil de Denia se basa en que no hemos entregado un papel que pruebe que el niño fue gestado empleando técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, a ningún matrimonio heterosexual que acuda al Registro Civil se le solicita papel alguno que pruebe o bien la paternidad biológica (prueba de ADN) o, en el caso en que el marido no sea el padre biológico, como puede ser cuando un marido es infértil, el certificado que demuestre que la esposa se ha sometido a técnicas de reproducción asistida. Así pues, en pos de la igualdad de género y la igualdad de derechos entre matrimonios homosexuales y heterosexuales, pedimos que se nos apliquen las mismas presunciones de filiación matrimonial que se les aplican a los matrimonios heterosexuales. Somos una familia y mientras L. esté legalmente inscrito con solo una de sus madres estará desprotegido, ya que esta situación legal niega sus vínculos con su madre María José, sus dos hermanos, así como con toda esa parte de su familia. En caso que le pasara algo a Brenda, L. quedaría como un niño sin progenitores, cuando en realidad tiene dos madres”.

La pareja, además de la petición en change.org, ha presentado ya el correspondiente recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.

Por lo pronto, la unidad familiar que conforman María José, Brenda y sus hijos está partida en dos. Tienen dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con sus dos primeros hijos. Otro, de Brenda con el tercer hijo, que por el momento solo tiene reconocida una madre legal, con la consecuente desprotección que ello le supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos. La pareja se niega en redondo a iniciar un proceso de adopción de Lennon por parte de María José, la alternativa que les han propuesto si no quieren presentar la documentación que demuestre que Brenda se sometió a reproducción asistida (conviene recordar, en este punto, que el artículo 7.3 de la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida estipula que “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”).

Entendemos que la petición de María José y Brenda es perfectamente lógica. ¿Qué preocupación tiene el juez? ¿Acaso quiere descartar qué el hijo gestado por Brenda haya podido ser fruto de una relación sexual heterosexual? En este caso, ¿a las parejas casadas heterosexuales de Denia, cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro, se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre? Si la respuesta a esta segunda pregunta es no, queda claro que la intromisión en la intimidad de esta familia obedece pura y simplemente una discriminación por razón de orientación sexual.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara amarga/Change.org

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La Comunidad Valenciana dispondrá en breve de una ley integral de transexualidad. Este miércoles ha sido presentado en sociedad el anteproyecto, consensuado con los principales colectivos trans y LGTB valencianos, y que si todo marcha según lo previsto será ley en pocas semanas, tras su aprobación por el pleno de las Cortes Valencianas. La nueva ley consagra el principio de autodeterminación del género, sin necesidad de prueba psicológica o médica alguna, en todo el ámbito normativo y competencial valenciano. 

El texto plantea la posibilidad de que la Generalitat Valenciana conceda a las personas trans documentación administrativa adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas y reconoce el derecho de los menores trans al acceso a los tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad, para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad.

El servicio sanitario público de la Comunidad Valenciana, de hecho, ofertará a las personas trans una completa cartera de servicios que incluya la terapia sexológica, farmacológica y hormonal en el proceso de tránsito hacia el género sentido, así como apoyo psicológico durante las fases de hormonación y cirugías. Quedarán incluidos por ley los tratamientos quirúrgicos de cirugía de exéresis de mama y genitales, la cirugía reconstructiva de genitales y otros tratamientos médicos y quirúrgicos requeridos para la modificación corporal, que aseguren su congruencia con la identidad de género de las personas.

En el terreno educativo, el anteproyecto prevé que los centros escolares de la Comunidad Valenciana deberán garantizar que la documentación administrativa de exposición pública (como las listas de clase o la información publicada en los tablones de anuncios) recojan la identidad de género escogida, siempre que los menores cuenten con el consentimiento de sus tutores legales. El protocolo establece, además, que se respetará la imagen física, así como la libre elección de la indumentaria, el acceso y el uso de las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida (incluyendo aseos y vestuarios) y que la comunidad educativa del centro se dirija a las personas trans por el nombre que hayan elegido.

En el terreno laboral, el colectivo trans pasará a estar formalmente reconocido entre aquellos que tienen mayor dificultad para acceder a un empleo por lo que en materia de formación, orientación e inserción laboral se trata. Las personas trans también verán reconocida su circunstancia específica en el ámbito social: la Generalitat elaborará un programa marco de actuación para su inclusión a través de los servicios sociales, que además velarán por su protección en el caso de los menores de edad. El anteproyecto de ley también hace referencia a la protección especial en el caso de personas trans jóvenes, mayores, dependientes o con diversidad funcional e incluye medidas en el ámbito del ocio, la cultura, el deporte, la cooperación, la comunicación y la seguridad y emergencias. Por último, el anteproyecto dispone de un título sobre la tutela administrativa, con el objetivo de proteger a las personas trans frente a cualquier violación de su derecho a la igualdad, para lo que se establece una serie de infracciones y sanciones por la realización de acciones u omisiones contrarias a los derechos recogidos en el texto.

Mònica Oltra: “un cambio estructural en la sociedad”,

El anteproyecto ha sido elaborado por el equipo de la Vicepresidencia y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya titular es Mònica Oltra. En su presentación, Oltra ha asegurado que esta ley “va a representar un cambio estructural en la sociedad”. “Leyes como la que presentamos, representan un cambio social de profundidad, que atiende una demanda social ampliamente reclamada”, ha afirmado, añadiendo que el nuevo marco normativo abre un camino de cambio “que habla de derechos y de libertades, y seguro que a quien moleste no lo ha entendido, o vive o quiere vivir, en otra época”.

La Comunidad Valenciana, recordamos, está gobernada en este momento por una coalición entre el PSOE valenciano y Compromís, que cuenta además con el sostén parlamentario de Podemos. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las últimas elecciones autonómicas, arrastrado por la corrupción galopante y el saqueo de las arcas públicas. Pocos meses antes, el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Insertamos a continuación unas imágenes del acto, en el que además de Oltra estaban presentes, entre otras personalidades, la consejera socialista de Sanidad, Carmen Montón, el consejero de Economía Sostenible, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, o el diputado en las Cortes Valencianas y activista LGTB Fran Ferri. José de Lamo, actual director general de Igualdad en la Diversidad de la Generalitat y también activista LGTB (fue coordinador del colectivo Lambda) estaba también presentes, y d ehecho fue uno de los intervinientes. Y junto a ellos, numerosos representantes del colectivo trans valenciano:

Y seguimos a la espera de una ley estatal…

La próxima aprobación de la ley valenciana es sin duda una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades) o la madrileña.

Queda pendiente, sin embargo, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (el propio Tribunal Supremo ha cuestionado su constitucionalidad por ese motivo). Una nueva norma que debería incluir además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal.

Fuente Dosmanzanas

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“Esta parroquia seguirá acogiendo a todas las personas, independientemente de su credo, color, raza o condición sexual”

“El verdadero problema es la pobreza y contra ella seguiré trabajando”, afirma el cura

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