El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha calificado de «histórica»la sentencia dictada por el Juzgado de Menores nº 2 de Alicante que condena a cuatro menores que en 2017 agredieron a una pareja gay en las fiestas de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Desde la entidad valenciana se felicitan especialmente por las medidas de recuperación de los menores, al entender, al igual que las propias víctimas, que estos pueden cambiar su actitud. 

La agresión, de la que en su momento nos hicimos eco, ocurrió en la madrugada del 23 de julio de 2017 en el racó fogueril «Las Acacias» de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Según considera probado la sentencia conocida este viernes, los jóvenes comenzaron a increpar a la pareja después de que esta se diera un beso, con expresiones como «maricones» e «hijos de puta», y diciéndoles que se marcharan. Una de las víctimas respondió levantándose de la mesa donde se encontraban sentados con otros amigos, dando un golpe a la misma al tiempo que preguntaba si pasaba algo. En ese momento varias personas, entre las que se encontraban los menores ahora juzgados, le golpearon con una silla en la cabeza, como consecuencia de lo cual cayó al suelo, donde continuaron propinándole patadas, causándole erosiones y hematomas en cabeza, cara y piernas. Su pareja, también agredida, sufrió también erosiones y hematomas diversos, a demás de dolor cervical y de cabeza, mareos y ansiedad.

Los cuatro menores participantes en la agresión han sido finalmente condenados como autores responsables de dos delitos leves de lesiones y un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas (artículo 510 2 a). En este sentido, la sentencia considera probada la existencia de homofobia como desencadenante de la agresión. «El Tribunal Constitucional ha mantenido que, en este tipo de delitos, a falta de prueba directa de cargo, la prueba indiciaria es hábil para sustentar un pronunciamiento de condena siempre que parta de datos fácticos plenamente acreditados y que de los hechos en que se basa el delito se deduzcan los indicios necesarios, a partir de un proceso mental razonado acorde con las reglas del criterio humano y de la lógica. Los insultos homófobos son uno de esos indicios, palabras que denotan claramente un prejuicio, siendo indicadores claros de esa actitud de vulneración de los derechos y libertades que, debe insistirse, fue la que desencadenó la agresión al protestar Manuel [una de las víctimas] porque ya no podía soportar más los insultos que estaban recibiendo», expresa la jueza.

A tres de los menores se les impone una pena de 100 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad y una tarea socioeducativa con una duración máxima de doce meses, con contenido en educación en valores y resolución pacífica de conflictos, para uno de ellos. Al cuarto menor, en atención a sus circunstancias específicas, se le impone una pena de seis fines se semana en centro educativo, además de una tarea socioeducativa con una duración máxima de doce meses, con contenido en educación en valores y resolución pacífica de conflictos. Los menores y sus padres han sido además condenados a abonar a cada una de las víctimas 160 euros por las lesiones y a una de ellas 600 euros por las secuelas causadas.

«Es una sentencia histórica porque reconoce el delito de odio, por la orientación sexual de las víctimas y porque las víctimas y la acusación particular motivamos que a esos menores se les pudiera recuperar realizando formación en valores y trabajos en beneficio comunidad», se ha felicitado en Twitter el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que junto a las víctimas había solicitado precisamente la aplicación de medidas de este tipo al considerar que los menores pueden cambiar su actitud. Confiemos en que así sea.

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Dos personas han sido detenidas y se encuentran ya en prisión como presuntas responsables de la muerte de una mujer trans, cuyo cuerpo sin vida apareció la semana pasada en un huerto cercano a Castellón. Colectivos LGTB valencianos habían pedido una rápida respuesta, además de condenar el tratamiento informativo que por enésima vez recibió la noticia en los primeros momentos por parte de algunos medios de comunicación.

El cadáver de la mujer, de 49 años, fue encontrado el viernes, 1 de marzo, en un huerto cercano a la ermita de Sant Jaume de Fadrell, en las cercanías de la capital castellonense, una zona en la que al parecer se ejerce de forma habitual la prostitución. Según las primeras investigaciones murió asfixiada. Tras investigar al entorno de la víctima y lo que había hecho durante sus últimas horas de vida, agentes de la Policía Nacional detuvieron un día después a dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 46, que ya se encuentran en prisión como presuntos responsables de su muerte. Uno de los detenidos había salido recientemente de prisión.

A la indignación por lo sucedido se sumó, en los primeros momentos, la condena por el trato que algunos medios de comunicación, como El Periódico Mediterráneo, hicieron del caso, llegando a referirse a la víctima como «un varón disfrazado de mujer». En este sentido, además de expresar su condena y solicitar, como «lo principal»,determinar quién o quienes habían sido los agresores y que fueron puestos a disposición judicial cuanto antes, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, Castelló LGTBI y el Colectivo LGTBIQ Queer Fest de Castelló hicieron público un comunicado en el que insistieron, una vez más, en que este tratamiento informativo «caricaturiza a la víctima, la revictimiza y vulnera su dignidad». «Negar la identidad a la víctima es revictimizar a las personas, someterlas a un señalamiento público innecesario y desinformar, alentar el prejuicio y el estereotipo», señalaron.

«Hay que seguir trabajando por la erradicación de toda violencia que sufren las personas trans, especialmente las mujeres, y recuerda que hay que desarrollar la ley trans del País Valenciano de forma que se proteja a las personas trans, formar a los cuerpos policiales y evitar que se trate la información de estos casos de forma estereotipada», declaró Pastora de Florencio, presidenta de Castelló LGTBI. «En un momento en el que el odio contra las mujeres y personas LGTBI centra el discurso de la extrema derecha insistimos en la necesidad de alargar la acción protectora de la legislación contra la violencia machista, no segregando por concepciones biologicistas. Decimos no al terrorismo machista y a la violencia contra las mujeres trans», añadió por su parte María de Castro, miembro de la ejecutiva de LGTBIQ Queer Fest de Castelló.

Estado de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana

El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, por su parte, recordó que a lo largo de 2018 la entidad ha registrado 91 incidentes y delitos de odio contra personas por su orientación sexual y su identidad o expresión de género, desde agresiones leves, insultos, amenazas, acoso y hostigamiento hasta lesiones graves y discapacitantes. El perfil del agresor sigue siendo un adulto varón de entre 25 y 40 años, mientras que la mayoría de las víctimas oscilan entre edades que van desde los 18 a los 30 años. La evolución más notable se ha producido en la provincia de Castellón, que han aumentado el registro de incidentes y delitos de odio de 8 registrados en 2017 a 21, lo que supone triplicar la cifra.

«Es imprescindible desarrollar la ley LGTBI de la Comunitat Valenciana aprobada en noviembre de 2018, que contiene medidas para erradicar la LGTBIfobia, su prevención y condena, como son la formación a los cuerpos de las policías locales de la Comunitat en ciudades de más de 50.000 habitantes», ha declarado Toño Abad, director de Observatorio, que ha reclamado muy especialmente formar a los agentes de la Policía Local, «la más cercana a la ciudadanía y la que más habitualmente acude cuando se ha sufrido una agresión homofóbica o tránsfóbica». «Exigimos implicación del Ministerio del Interior para que haya agentes de enlace en Guardia Civil y Policía Nacional, formados y especializados,  a quien poder acudir en caso de que tengamos constancia de una agresión discriminatoria, lo que ya se hace en otros tipos de crímenes (xenofobia, por ejemplo). Las organizaciones que defendemos los derechos de las personas LGTBI nos sentimos muy desamparadas en el trato con aquellos que tienen que cuidar de que no se vulneren nuestros derechos y que se proteja nuestra seguridad», ha añadido Abad.

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El pasado miércoles 16 de enero fue por fin detenido el sospechoso del brutal asesinato del activista valenciano Fernando Lumbreras, uno de los fundadores del colectivo Lambda. Se trata de un joven de 23 años, natural de Georgia, que habría acudido al domicilio de Lumbreras con la excusa de mantener un encuentro sexual pero con la intención de robarle. El testimonio de un vecino ha resultado clave para la detención.

Aunque fue el 5 de diciembre de 2018 cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Fernando Lumbreras (en su momento dimos cuenta de la noticia), el asesinato se produjo dos días antes, el lunes 3. Ese día un vecino vio entrar en el portal al presunto asesino pasadas las nueve de la noche. Un testimonio que ha resultado clave para la detención del georgiano, de 23 años de edad y con antecedentes, que desde hace aproximadamente un año residía en alquiler en un domicilio cercano. Según asegura el diario Levante, el vecino reparó en él porque no lo conocía, y además escuchó la voz de Lumbreras cuando este le abrió la puerta.

La hipótesis que desde un principio ha manejado la policía es que el joven acudió a casa de Lumbreras con la excusa de un encuentro sexual pero que en realidad su intención era la de robarle. De hecho, se rastrearán casos similares por si el sospechoso hubiera robado con anterioridad a otros a hombres utilizando la misma táctica. Una situación cuya frecuencia real se desconoce, ya que en muchos casos ni siquiera se presenta denuncia por pudor o vergüenza.

Un activista valiente

Fernando Lumbreras fue uno de los fundadores de Lambda, uno de los colectivos LGTB más importantes de nuestro país. Nacido en Melilla, de padre legionario, Lumbreras acabó ganándose su respeto, «porque entendió que nadie me iba a hacer agachar la cabeza por la calle». Así lo cuenta en el siguiente vídeo documental, realizado por Crudo Producciones, un grupo de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia, que entrevistaron al activista hace unos meses. Os dejamos con él:

Fuente Dosmanzanas

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El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado las cifras definitivas de matrimonios celebrados en España en 2017, además del adelanto provisional correspondiente a los primeros seis meses de 2018. Los datos confirman lo que adelantábamos en junio: 2017 fue el año en el que más bodas entre personas del mismo sexo se han celebrado en España, tanto en números absolutos como relativos. En total, 4.637 enlaces, el 2,7% del total (173.626). De ellas, 2.323 (el 50,1%) fueron entre varones y 2.314 (el 49,9%) entre mujeres. Un «empate» casi absoluto que en 2018 podría romperse, por primera vez en toda la serie histórica, en favor de las parejas de chicas. 

Según estos datos, en 2017 aumentó en un 7,4% el número de bodas entre personas del mismo sexo respecto al año anterior (pasando de 4.320 a 4.637). Un aumento que contrasta con un descenso de la cifra global de enlaces, que pasó de 175.343 a 173.626. Como consecuencia, la proporción de bodas entre personas del mismo sexo se incrementó del 2,5% al 2,7% del total.

Se trata, por lo que a las bodas entre personas del mismo sexo respecta, de la cifra más alta de la serie histórica, superando los números de 2016 (4.320 enlaces) y de 2006, primer año completo en que se pudieron celebrar estas bodas (entonces se celebraron 4.313). Se encadenan además cuatro años de repunte, desde que en 2013 el número de bodas entre personas del mismo sexo conoció su punto más bajo (3.071).

Por comunidades autónomas, Cataluña repitió un año más como la comunidad con más matrimonios entre personas del mismo sexo en números absolutos (1.030), aunque en términos porcentuales es Canarias la que mayor proporción de bodas entre personas del mismo sexo contabiliza (4,32%). Le siguen Baleares (3,79%), Cataluña (3,51%), Madrid (3,22%) y la Comunidad Valenciana (3%). El porcentaje más bajo corresponde a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde solo se celebraron 6 de estas bodas (3 en cada ciudad).

Primeros seis meses de 2018: sorpasso de las bodas entre mujeres

Los datos provisionales de los primeros seis meses de 2018, por su parte, arrojan un total de 2.198 entre personas del mismo sexo. Son un 3,2% del total, cuyo número ascendió a 69.777 matrimonios. De confirmarse la tendencia, continuaría el incremento porcentual de matrimonios entre personas del mismo sexo respecto al total de matrimonios.

Además, por primera vez se produciría un sorpasso de las bodas entre mujeres a las bodas entre hombres, De acuerdo con estos datos provisionales, en los primeros seis meses del año se han dado el «sí quiero» 1.130 parejas de mujeres (el 51,4%) frente a 1.068 parejas de hombres (48,6%).

Cerca ya de las 50.000 bodas desde que se aprobó la ley

Sumando los datos provisionales de 2018 a los definitivos de 2005 (1.269), 2006 (4.313), 2007 (3.193), 2008 (3.194), 2009 (3.082), 2010 (3.193), 2011 (3.540), 2012 (3.455), 2013 (3.071), 2014 (3.275), 2015 (3.738), 2016 (4.320) y 2017 (4.637), más de 46.000 parejas del mismo sexo habían contraído matrimonio desde que entró en vigor la ley que lo hace posible en España (3 de julio de 2005)  hasta la mitad del presente año: 46.478, en concreto.

Fuente Dosmanzanas

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Las Cortes Valencianas han aprobado este miércoles, con el apoyo de todas las formaciones políticas allí representadas salvo el Partido Popular, la ley valenciana de igualdad LGTBI. La Comunidad Valenciana, que ya en 2017 aprobó una ley integral de transexualidad, se suma así al grupo de comunidades que en el ámbito legislativo autonómico protegen a las personas LGTBI contra la discriminación y promueven políticas de igualdad. 

La ley incluye medidas en los ámbitos social, sanitario, educativo, cultural y familiar. Como elementos especialmente destacados, recoge de forma explícita la prohibición de las «terapias» de conversión y la creación de un Consejo Valenciano LGTBI como órgano consultivo y de participación ciudadana, así como de un Espacio de la Memoria LGTBI, un servicio cuyo objetivo sera promover y favorecer el conocimiento, estudio e investigación sobre la historia del colectivo LGTBI.

El texto también recoge medidas de atención a las víctimas de violencia por LGTBIfobia, el desarrollo de un servicio público de información, orientación y asesoramiento a personas LGTBI y sus familias y de un servicio de acogimiento residencial para personas LGTBI en situación de especial vulnerabilidad o exclusión. También recoge en su articulado medidas contra la violencia familiar, así como de atención y ayuda a víctimas de la violencia en parejas formadas por personas del mismo sexo.

La ley incluye un capítulo sancionador, con multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros, en función de la gravedad de las infracciones. Otras posibles sanciones son la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Generalitat Valenciana, así como de contratar con esta, sus organismos autónomos o entes públicos por un período que puede ir desde el año hasta los tres años. También la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos.

En definitiva, una magnífica ley que sigue la estela de otras ya aprobadas en comunidades como Andalucía, País Vasco, Baleares, Cataluña, Extremadura, la Comunidad de Madrid, Murcia , Canarias, Aragón o Navarra. Leyes frente a las que el PP ha mantenido todas las posiciones posibles: las ha apoyado, por ejemplo, en Andalucía o Madrid, mientras que se ha opuesto en Cataluña (con una especial fiereza) o Navarra. En el caso valenciano ha decidido abstenerse, frente al voto positivo de PSPV-PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos. De hecho, la única ley de este tipo aprobada en una comunidad gobernada con mayoría absoluta de los populares fue de Galicia, precisamente la más pobre de todas al haberse negado el PP gallego a incluir el capítulo sancionador que sí contempla el resto de leyes y que la oposición gallega planteó en su momento.

En cualquier caso, que la abstención de los populares valencianos supone un avance respecto a lo sucedido el año pasado con la ley integral de transexualidad, a la que se opusieron. El Partido Popular valenciano, pese a ser la fuerza con más parlamentarios, perdió la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015, arrastrado por una gestión que convirtió la la Comunidad Valenciana en el estandarte de la corrupción y el saqueo de las arcas públicas. De hecho, solo unos pocos meses antes el grupo popular en las Cortes Valencianas había rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada entonces por el grupo socialista.

Esperemos que ahora la ley, recibida con satisfacción por los colectivos LGTB valencianos, se acompañe del necesario desarrollo reglamentario, y que su implementación sea efectiva y no quede únicamente, como a veces da la sensación que esta sucediendo en algunas de las comunidades en las que se han aprobado leyes similares, en una hermosa declaración de intenciones.

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La noticia la ha divulgado El Periódico de Aquí, diario local valenciano, que ha tenido acceso a la denuncia. Cinco jóvenes fueron víctimas, en la madrugada de este domingo, de una agresión homófoba en Valencia, a manos de un grupo más numeroso de individuos que antes les preguntaron si eran homosexuales. 

Los jóvenes se encontraban en las inmediaciones del mercado de Russafa, en el barrio del mismo nombre, una de las zonas tradicionalmente consideradas «de ambiente» de la capital valenciana. Los agresores, un grupo que les doblaba en número, se les acercaron y les pidieron un cigarrillo. Tras recibir una negativa, les preguntaron si eran homosexuales. Al responder los jóvenes que sí lo eran comenzaron los insultos homófobos (del tipo de «qué asco, os la metéis por el culo, cómo os puede gustar esas cosas, maricones de mierda»), las amenazas y finalmente la agresión física. Dos de los jóvenes acabaron en el suelo, recibiendo golpes y patadas. Uno de los agresores intentó además robarle la riñonera a una de las víctimas.

Por fortuna, uno de los chicos se zafó de los agresores y pudo pedir auxilio a otras personas que se encontraban en la zona, así como avisar a la policía. En el momento en que las otras personas se acercaron los agresores huyeron, aunque ya en un primer momento la policía consiguió identificar a tres de los agresores cuando patrullaron la zona junto a una de las víctimas. Posteriormente, tras ser acompañados por la policía a un centro sanitario para ser atendidos de las contusiones, las víctimas consiguieron identificar a otros dos agresores.

Agredido tras quedar con dos hombres mediante una aplicación de citas

Aunque no tiene relación con la noticia anterior, se da la circunstancia de que pocos días antes se había producido otra agresión de tintes homófobos en la capital valenciana. En esta ocasión la víctima fue agredida por dos individuos con los que había contactado a través de una aplicación de citas y a los que invitó a su casa para mantener relaciones (y que se presentaron en su casa acompañados de un tercero).

Según recoge el diario Levante, la agresión tuvo lugar el pasado miércoles. Por respeto a su intimidad, no ha trascendido ni el barrio en el que ocurrió ni por supuesto la identidad de la víctima, de 41 años de edad, que invitó a su casa a dos hombres con los que contactó mediante una aplicación de citas (tampoco ha trascendido cuál). Cuando estos se presentaron lo hicieron acompañado de un tercero, pese a lo cual la víctima confió y los dejó pasar. Apenas entraron en la vivienda le propinaron una brutal paliza, además de robarle el teléfono móvil.

La víctima, por fortuna, pudo llamar al 112 y pedir ayuda. Fue atendido en su casa por los servicios de emergencias pero precisó atención hospitalaria y varios puntos de sutura en la cabeza. Expertos informáticos de la Policía Nacional tratan ahora de identificar a los agresores, que bien podrían haber cometido otras agresiones del mismo tipo (muchas víctimas de este tipo de agresiones a manos de individuos con los que se ha contactado para mantener relaciones no denuncian lo sucedido, por vergüenza, desconfianza hacia la policía, por encontrarse en el armario, etc.).

Repunte de la LGTBfobia en Valencia

Ya este verano el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia denunciaba un repunte de las agresiones registradas contra personas LGTB en la Comunidad Valenciana, cuyas víctimas son básicamente hombres jóvenes, gais o bisexuales, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, mientras que el perfil del agresor es sobre todo el de varones, solos o en grupo, de mediana edad.

Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la actividad del Observatorio Valenciano, que nació el año pasado impulsado por el colectivo alicantino Diversitat, es más reciente que la de sus homólogos madrileño o catalán. El pasado mes de abril publicó su primer informe anual, referido al año 2017. Según dicho informe, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte de Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación. Todo apunta a que este 2018 la cifra será significativamente mayor.

Fuente Dosmanzanas

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La Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera que permite a las personas con VIH que reúnan las condiciones físicas adecuadas optar a una plaza de Policía Local. El mero hecho de ser seropositivo ya no forma parte del cuadro médico de exclusiones, tal y como queda tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del Decreto 180/2018.

«Tras cinco años de intenso activismo político del Comité Antisida de València y CALCSICOVA, en el marco de la campaña ‘Eliminando Obstáculos, Construyendo Empleo’ de la coordinadora estatal Trabajando en Positivo, se ha modificado por primera vez en el Estado Español el Decreto que restringe el acceso de las personas con VIH a la Policía Local», se felicitan estas organizaciones en un comunicado. «Las diferentes reuniones de incidencia política llevadas a cabo desde 2016 por el Comité Antisida de València y CALCSICOVA con la Subdirección General de Seguridad, dependiente de Presidencia [de la Generalitat Valenciana], han puesto de manifiesto la necesidad de modificar el cuadro de restricciones médicas por el que se regía el protocolo de acceso a los cuerpos de policía, aludiendo al VIH como una enfermedad infecto-contagiosa. Una medida discriminatoria, sin base científica, dado que el ejercicio de esta profesión, y de cualquier otra, no supone ningún riesgo de transmisión del VIH», continúa.

La Generalitat Valenciana da así un paso importante contra la estigmatización de las personas con VIH. No se trata, en cualquier caso, de un gesto voluntarista, sino de la adecuación de una norma anacrónica a la evidencia científica. Los propios especialistas médicos así lo han reclamado en el pasado. Diferentes organizaciones vinculadas al VIH han reclamado también de forma repetida al Gobierno español la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público, recordando tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. El propio Ministerio de Sanidad ha recomendado revisar los cuadros de exclusiones.

Confiemos en que el Gobierno de Pedro Sánchez, sobre el papel más sensible a los derechos de las personas con VIH, actúe en ese sentiod cuando antes. Desde Trabajando en Positivo, que coordina entidades de acción frente al VIH de toda España por la inclusión laboral, han expresado su voluntad de continuar trabajando para que la actualización del cuadro de exclusiones en la Comunidad Valenciana «sirva de precedente en otras comunidades autónomas, así como para la Dirección General de la Policía, dependiente del Ministerio de Interior, que aún mantiene barreras explícitas para el acceso de las personas con VIH a las Fuerzas y Cuerpos Nacionales de Seguridad del Estado».

Fuente Dosmanzanas

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El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha denunciado un repunte de las agresiones registradas contra personas LGTB en la Comunidad Valenciana a lo largo de las últimas semanas. Episodios como el ocurrido en Santa Pola, o las más recientes agresiones en Villajoyosa y en Festival Arenal Sound en Burriana, ponen de manifiesto lo vulnerable que siguen siendo las personas LGTB, especialmente cuando se visibilizan abiertamente como tales.

«Durante el mes de julio, se ha producido un repunte de las agresiones LGTBI, registrándose 11 incidencias graves en un solo mes», ha declarado Toño Abad, director del Observatorio. Según el comunicado emitido por la entidad valenciana, las víctimas de este repunte son básicamente hombres jóvenes, gais o bisexuales, de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años, mientras que el perfil del agresor es sobre todo el de varones, solos o en grupo, de mediana edad.

Por lo que se refiere al total acumulado en lo que llevamos de 2018, «hasta la fecha han aumentado las agresiones a personas LGTBI en un 20% con respecto a las registradas en el mismo periodo de 2017», explican desde el Observatorio. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que la actividad del Observatorio Valenciano, que nació el año pasado impulsado por el colectivo alicantino Diversitat, es más reciente que la de sus homólogos madrileño o catalán. El pasado mes de abril publicó su primer informe anual, referido al año 2017. Según dicho informe, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte de Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

No obstante, más que el aumento en el número de incidentes registrados (que en parte podría justificarse por el mejor conocimiento de los mismos) lo que ha despertado las alarmas es la virulencia de algunos de los ataques más recientes. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Santa Pola, donde una pareja gay fue salvajemente agredida en la piscina de una urbanización por un vecino, en Villajoyosa, donde el Observatorio Valenciano ha prestado asistencia jurídica a un hombre gay que fue agredido al grito de «maricón, te voy a matar» y que sufrió lesiones en boca, cuello y brazos, o en el Festival Arenal Sound en Burriana, donde un joven ha denunciado que dos individuos que ha identificado como de origen marroquí le golpearon (provocándole entre otras lesiones un hematoma en la región ocular) y le dirigieron insultos homófobos.

Como explica Toño Abad, estas agresiones suponen solo «la punta del iceberg, porque las víctimas tienen miedo a denunciar y tan solo nos llega entre el 10 y el 20% de las agresiones e incidentes que ocurren». Es por ello que el director del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia ha exigido que se apruebe ya la ley autonómica contra la discriminación de las personas LGTBI «y se generen, se impulsen y se activen los mecanismos necesarios para frenar la creciente tendencia de odio y discriminación», así como que se articule un régimen sancionador «para terminar de una vez con todas con la gratuidad hacia la LGTBIfobia». Abad considera en este sentido imprescindible que la ley autonómica contemple aspectos como la formación de las policías locales en la atención a las víctimas y la aprobación de planes municipales de atención a la diversidad, ya que «la administración más cercana a la ciudadanía es la local y tiene un importante papel en la prevención de la LGTBIfobia, a través de campañas o de acciones específicas así como en la atención a la víctima».

Toño Abad también reclama que se incorpore a la ley el deber de intervención para que los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat Valenciana tengan herramientas para la denuncia de todos aquellos casos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, haciendo así posible que se visibilice una discriminación que sucede «de forma oculta».

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Una pareja de hombres ha denunciado una agresión homófoba ocurrida en una piscina de una urbanización en Santa Pola (Alicante). Los dos se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja, cuando un vecino les llamó «maricones de mierda», les forzó a salir de la piscina y agredió salvajemente a uno de ellos. El pasado viernes varias decenas de personas protestaron por lo sucedido organizando una besada frente al castillo de la localidad.

Según relata el diario Información, la agresión tuvo lugar el jueves, 12 de julio, al filo de la medianoche. Fran, de 44 años, se encontraba con su novio haciendo uso de la piscina de la urbanización en la que reside desde hace dos años. No eran los únicos: un grupo de adolescentes disfrutaban también de la instalación en ese momento. Como cualquier otra pareja en su situación, Fran y su novio se encontraban en actitud cariñosa, dándose besos. Algo que al parecer irritó al agresor, un vecino que apareció, les gritó «maricones de mierda» y los forzó a salir de la piscina, amenazándolos con arrojarles una piedra. Ya fuera de la piscina el individuo golpeó a Fran en la boca con la piedra, además de darle varias patadas, según la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil esa misma madrugada tras ser atendido en el consultorio médico de Santa Pola. Según el parte de lesiones presentaba heridas en el labio, rotura de un incisivo, lesiones en el hombro y dolor en el tobillo. La víctima refiere además sentir miedo de salir de casa después de lo sucedido.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que está acompañando a la víctima en el proceso. Desde el Observatorio dan la voz la alarma, al considerar que este tipo de agresiones sigue ocurriendo, entre otras razones, debido a la sensación de impunidad de los agresores, ya que «en el ámbito de la tramitación judicial es complicado que un juez encuentre el agravante de homofobia, no son sensibles a la realidad y queremos que se agraven las penas», en palabras de Toño Abad, director del Observatorio. Confiemos en que este no sea caso, y por el contrario la justicia actúe de forma similar a como hizo recientemente en Denia, también en la provincia de Alicante, donde un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, fue condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras insultarles y amenazarles.

Besada de protesta

Lo sucedido a Fran ha encendido las alarmas en Santa Pola, cuyo concejal de Igualdad y Diversidad, Samuel Ortiz, ha expresado su más absoluto rechazo y se ha mostrado además preocupado por el hecho de que esta no sea la primera agresión homófoba que llega a conocimiento del Ayuntamiento, y ello a pesar de las iniciativas en favor de la diversidad que el Ayuntamiento ha desarrollado. «Quizás los ataques de odio de ciertas personas sean una especie de respuesta a esta visibilidad, y es que las raíces heteropatriarcales todavía están muy arraigadas, y ante eso solo nos queda visibilizar las medidas en favor de la diversidad», ha declarado a eldiario.es. En concreto, el concejal menciona una agresión que sufrió otra pareja gay en la zona de Playa Lisa, que se suma a otra agresión que sufrió un miembro del colectivo juvenil Chronos Teatre cuando el pasado 30 de junio participaba en una performance en la calle con motivo del Orgullo LGTBI. Y hace varios meses fue el bar Eccolo, un local regentado por una pareja de chicas y frecuentado por clientela LGTB, el que fue objeto de un ataque a su fachada. 

De ahí que Chronos Teatre, la plataforma feminista Voces de Santa Pola y el propio bar Eccolo convocasen el pasado viernes una concentración ante la fachada principal del castillo-fortaleza de Santa Pola, en el centro de la localidad, a la que acudieron varias decenas de personas. 

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, ante las Cortes Valencianas

Precisamente este lunes comparecía ante la Comisión de Igualdad de Género y LGTBI de las Cortes Valencianas Toño Abad, directos del Observatorio y presidente de Diversitat, para mostrar los datos de su primer informe anual y reclamar la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos discute el parlamento regional. «La discriminación, el odio y la violencia conforman un continuo que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, el trabajo, la familia, los círculos sociales. Llamamos a esta discriminación continua LGTBIfobia básica de fondo, que no es más que un continuo discriminatorio que nos lanza el mensaje de que somos peores personas por ser LGTBI», ha expresado Abad ante los miembros de la Comisión.

«La diversidad se penaliza, y este es un hecho que hay que reconocer para avanzar y ser mejores como sociedad, y es una obligación ética visibilizar esta situación para poder combatirla, independientemente de nuestra ideología, por eso invito al Partido Popular a votar a favor», ha añadido Abad, que ha propuesto incorporar a la futura ley una serie de medidas como consecuencia del análisis comparativo de otras normas, como el deber de intervención de la administración pública autonómica en la detección y erradicación de la violencia o la incorporación de planes de atención a la diversidad en la administración pública valenciana, incluyendo a los Ayuntamientos. Por su parte, Visitación González, responsable de Educación de Diversitat y coordinadora del área de Educación de la FELGTB, que también intervino ante la Comisión, resaltó la importancia que tiene para los docentes una ley que respalde el trabajo en la atención a la diversidad en las aulas.

Tas numerosas alusiones  de la diputada popular Blanca Garrigues a que la ley nacía como una mera declaración de intenciones, innecesaria por existir una ley de mayor rango como la Constitución, Toño Abad contestó que «los cambios sociales, las mejoras como sociedad y como democracia nacen también de las declaraciones de intenciones, de las buenas declaraciones de intenciones». La diputada, en su turno de preguntas, insistió en que las leyes vigentes actualmente ya consagran la igualdad. «La igualdad hay que crearla, no somos todos iguales cuando no recibimos el mismo trato, no conozco a ninguna persona heterosexual que haya sido dicriminada por su orientación sexual o su identidad de género ni tampoco que le hayan puesto las maletas en la puerta sus padres por ser quien es», le respondió Abad, que también se refirió a las acusaciones de «adoctrinamiento» por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad valenciana. «Nadie puede adoctrinar en las aulas para modificar la orientación sexual o la identidad de género en las personas, dado que si esto fuera posible todos seríamos heterosexuales, ya que estamos socializados y educados en la discriminación y la visión negativa de la realidad LGTBI. Si esto fuera posible, no habría ni lesbianas, ni gais, ni bisexuales ni personas trans», explicó Abad.

Fuente Dosmanzanas

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Un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, ha sido condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras llamarles «maricones de mierda» y amenazarles con «cortarles el cuello». La propia Policía Nacional fue testigo, en este caso, de la virulencia del acoso homófobo. Ha ocurrido en Denia (Alicante). 

Según recoge el diario Información, el acoso del individuo a la pareja gay venía produciéndose desde hace meses, después de que las víctimas se quejaran por los continuos ladridos de su perro. En la madrugada del pasado 4 de julio, la pareja decidió por fin llamar a la Policía. El agresor no solo les había insultado y amenazado, sino que incluso les había saboteado la conexión a internet. Al llegar los agentes al exterior del edificio, el individuo se asomó al balcón y, pese a la presencia policia, siguió insultando a sus vecinos: «Maricones de mierda, os váis a enterar; me da igual que llaméis a la Policía», gritó.

Las víctimas denunciaron ante los agentes el acoso homófobo que estaban viviendo por parte de su vecino, quien según ha informado la propia Comisaría Provincial de Alicante «enfilaba todos los insultos y amenazas en torno a la orientación sexual de la pareja». Un acoso del que los propios agentes fueron testigos, ya que ante su presencia y mientras lo trasladaban a dependencias policiales el individuo continuó llamando a sus vecinos «maricones de mierda» y amenazó con «cortarles el cuello». Los agentes le incautaron además un arma blanca.

Cabe destacar que desde la propia Comisaría de Denia se puso en marcha de forma inmediata un protocolo de actuación ante este tipo de delitos, dando una protección inmediata a las víctimas, informándoles de sus derechos y de las medidas que podrían tomar hacia el presunto autor del delito, motivo que llevó a la pareja a solicitar una orden de protección. Por lo que se refiere al detenido, tras ser puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de odio, ha sido condenado en un juicio rápido a ocho meses de cárcel por amenazas y a cumplir una orden de alejamiento de 500 metros de la pareja.

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Fuente Dosmanzanas

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Parece el argumento de una mala película, pero ha ocurrido en realidad. Según informa el diario Levante, un pastor evangélico ha sido detenido en Valencia acusado de intentar secuestrar al que había sido su amante para obligarle a grabar un desmentido de su relación y conseguir así que su congregación, que lo había expulsado, lo readmitiese. También han sido detenidos los dos individuos a los que presuntamente contrató para ayudarle a llevar a cabo el delito.

Los hechos sucedieron a finales de marzo, pero ha sido ahora cuando se han producido las últimas detenciones y la historia ha trascendido a los medios. Un joven hondureño denunció que dos individuos habían intentado obligarle a subir por la fuerza a un coche que se detuvo a su altura mientras caminaba por la Avenida del Cid de la capital valenciana. Al menos tres testigos auxiliaron a la víctima al tiempo que llamaban a la Policía Nacional. Los secuestradores, al comprobar la imposibilidad de completar su plan, se dieron a la fuga, no sin arrebatarle antes dos teléfonos móviles que llevaba encima.

La víctima pudo ver en cualquier caso que al volante del vehículo se encontraba el que había sido su amante, un pastor evangélico al que pocos días antes su congregación había expulsado al conocer sus feligreses que mantenía una relación extraconyugal con otro hombre. La Policía lo detuvo a los pocos días, tras llevar a cabo diversas comprobaciones. Su plan era secuestrar al que había sido su amante, quitarle los teléfonos móviles en los que este guardaba fotografías y conversaciones que habían intercambiado y obligarlo a grabar una declaración en la que desmintiese que la relación hubiera existido, con la esperanza de ser readmitido así como pastor.

Para ello, el hombre alquiló un coche y contrató a dos sicarios con los que al parecer contactó en un bar, uno de ellos menor de edad. En un primer momento les ofreció 200 euros por ayudarle a llevar a cabo el plan, aunque finalmente solo les pagó 140. Estos dos individuos fueron detenidos los días 13 y 15 de junio y puestos a disposición judicial. Son, según informa Las Provincias, de nacionalidad española y carecen de antecedentes. Se encuentran ya en libertad, acusados de presuntos delitos de robo con violencia y detención ilegal en grado de tentativa.

Fuente Dosmanzanas

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El colectivo Lambda convocó una besada en señal de protesta contra la LGTBfobia y como muestra de apoyo a dos mujeres que en la tarde del domingo sufrieron una agresión lesbófoba en Valencia. El agresor justificó su agresión ante los agentes que lo detuvieron en que las dos mujeres se habían estado besando en la calle.

Recordemos que la agresión tuvo lugar en el barrio de Patraix de la capital valenciana. Al ver a las dos mujeres besarse, el agresor, un individuo de 50 años de origen argelino, les preguntó si podía participar. Las mujeres le pidieron que las dejara en paz, tras lo cual comenzó a llamarlas «guarras» y «asquerosas» y las agredió físicamente, golpeándoles la cara, tirándoles del pelo y escupiéndolas. La Policía Nacional se personó en el lugar tras una llamada que alertaba de que estaba teniendo lugar una pelea. Los agentes separaron al agresor de las víctimas, y pudieron comprobar que estas presentaban arañazos diversos. El agresor les argumentó que «dos mujeres no se pueden besar en la calle» y que es obligación de los mayores «decir a los jóvenes lo que está bien y lo que está mal». El individuo, que carece de antecedentes, fue detenido como presunto autor de un delito de odio.

Como respuesta a lo sucedido, el colectivo Lambda convocó una concentración este martes, 26 de junio, en la Plaça de Patraix de Valencia, barrio donde ocurrió la agresión a las dos mujeres que se besaron en un espacio público el pasado domingo, a las 20:00 horas, e incorporó una «besada LGTB». Decenas de personas acudieron a la concentración para rechazar la violencia contra el colectivo LGTBI y los delitos de odio.

El acto se abrió con la lectura de un manifiesto de repulsa que dio paso a la besada. Visitando su Facebook pude verse un resumen en imágenes de la #BesadaLGTB. El acto buscaba mostrar la solidaridad del colectivo con las víctimas y denunciar una vez más los delitos de odio de los que son objeto las personas LGTB. «Pedimos que las instituciones públicas y la justicia sean inquebrantables contra los delitos de odio. No podemos tolerar ningún tipo de violencia contra el colectivo LGTBI. Por ello instamos a la ciudadanía de Valencia a que se una a la concentración en la que mostraremos nuestra repulsa a los delitos de odio mediante una besada pública», ha declarado su coordinadora general, Fani Boronat.

Boronat ha recordado que el propio colectivo Lambda ofrece un servicio gratuito de atención a víctimas de delitos de odio, con el que se puede contactar a través del teléfono 96 334 21 91 o enviando un correo electrónico a: denuncia@lambdavalencia.org

Fuente Lambda/Cristianos Gays

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Este sábado, 19 de mayo tuvo lugar en Alicante la entrega de los premios Angie Simonis, que se otorgan desde 2014 en memoria de la escritora, investigadora, activista LGTBI y feminista y presidenta del colectivo Diversitat entre 2005 y 2007, fallecida en 2013. Un galardón que se consolida como un importante reconocimiento a instituciones, entidades y personas que trabajan por la igualdad y en contra de la discriminación de las personas LGTBI de toda España. Entre los premiados este año se encuentra el Observatori contra l’Homofòbia y la activista Boti García Rodrigo.

Hay vida fuera de Madrid, también en el campo de los galardones que reconocen a personas e instituciones que en diferentes ámbitos han contribuido de forma decisiva a mejorar la situación de las personas LGTBI y a profundizar en las políticas de igualdad y lucha contra la discriminación. Buen ejemplo de ellos son los premios Angie Simonis, que entrega el colectivo Diversitat y que en ediciones anteriores han recibido, por ejemplo, Jose Luis Rodríguez Zapatero Amnistía Internacional, Gaylespol (Asociación de Policías Gais y Lesbianas) Mónica Oltra o Ulrike Lunacek.

Este año 2018 los premiados han sido:

• El Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya (OCH), que «ha constituido desde su creación una herramienta fundamental en la lucha contra la LGTBIfobia y la discriminación, registrando las agresiones producidas en Cataluña, prestando atención jurídica y psicológica a las personas que han sufrido algún tipo de incidente y/o delito de odio por motivos de orientación sexual y/o identidad de género. El Observatori realiza informes que exponen la situación de la LGTBIfobia y visibilizan la situación de la discriminación en Cataluña. El Observatori, además, ha sido un agente fundamental en la elaboración de la Ley 11/2004 del Parlamento de Cataluña, ley pionera en el reconocimiento de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans. El Observatori constituye un referente para muchas entidades que, como Diversitat, trabajan los delitos de odio».
• Jose María Álvarez (Pepe Álvarez), secretario general confederal de UGT desde 2016, que «ha dado un vuelco a la política sindical de la Unión General de Trabajadores, incorporando la igualdad entre hombres y mujeres, los principios de la lucha feminista y la dignidad de las personas LGTBI en la agenda sindical, poniendo en marcha políticas concretas de igualdad en la diversidad para la defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y trans en la propia organización e impulsando medidas para hacer visible a los y las trabajadoras LGTBI».
• Guillermo Rodríguez, cantante de rap alicantino conocido artísticamente como Arkano, que «ha puesto la justicia social, la defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y trans, y la lucha feminista en en el centro del rap. Su música, reivindicativa y combativa, y dirigida principalmente a jóvenes, es ante todo igualitaria, y promueve valores en defensa de los derechos humanos, del feminismo y de la lucha LGTBI».
• Daniel Moltó, periodista y coordinador de la web de El Mundo en Alicante: «Sus crónicas y artículos de corte social muestran una enorme sensibilidad con las realidades discriminadas y las minorías, tanto si se tratan de diversidad cultural, étnica, funcional como en el caso de la diversidad sexual, familiar y de género». El jurado de los premios Angie Simonis ha querido destacar «su labor profesional poniendo voz a quienes, históricamente, han sido invisibilizados en la prensa».
• La Asociación de Familias contra la Intolerancia por Género, antes conocida como AMPGYL (Asociación de Madres y Padres de Gais, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales), «una entidad que reúne a familiares de personas LGTBI y que reivindican, desde la perspectiva de nuestras familias, derechos para las personas LGTBI». Diversitat ha querido premiar «la trayectoria de una entidad muy cercana a la nuestra y que siempre ha demostrado un enorme cariño, respeto, apoyo y solidaridad acogiendo, escuchando, apoyando y ayudando a no silenciar nuestros sentimientos».
• Boti García Rodrigo. «Sus amplios conocimientos, experiencia y capacidad de comunicación la han convertido en un verdadero referente estatal en el que se fijan muchas y muchos activistas de todo el Estado. Su claridad en los planteamientos, su empeño, lucha, cariño y tesón conforman una personalidad que ha dejado una gran huella en la lucha por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans en España, en momentos claves como la aprobación del matrimonio igualitario».

El premio a Boti García Rodrigo se produce en un año en el que la activista madrileña está recibiendo por fin el reconocimiento que merece, después de tanto años de lucha. Boti fue presidenta de COGAM, formó parte de la ejecutiva de la “FELG” tras su refundación en el año 2000 (cuando aún no había incorporado a su nombre ni la “B” ni la “T”), acompañando a Pedro Zerolo, y posteriormente asumió su presidencia, ya como FELGTB, entre 2012 y 2015. Tras dejar la presidencia ha sido vocal y responsable de Relaciones Institucionales hasta su reciente congreso. Este próximo lunes, por cierto, Boti García Rodrigo recibirá también de una de las Plumas 2018, el mayor galardón que otorga la FELGTB. Un homenaje que se suma, por cierto, a la reciente concesión por parte de Ayuntamiento de la Medalla de Oro de la ciudad.

El Observatori contra l’Homofòbia entregó el miércoles sus propios premios

Una de las entidades premiadas, el Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya, había hecho entrega precisamente tres días antes, en el Ayuntamiento de Ripollet, de sus propios premios «17 de mayo», con los que reconoce la tarea, la trayectoria y las acciones encaminadas a combatir la LGTBIfobia en Cataluña. Las personas y entidades premiadas por el Observatori fueron:

• Armand de Fluvià: «Pionero del movimiento de emancipación gay desde la última etapa de la dictadura franquista, fundó el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) en 1974. También, ha sido fundador y primer secretario del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) y presidente del instituto Lamba. El año 2000 recibió la Cruz de Sant Jordi y en 2008 la Medalla de Honor de Barcelona».
  • Chrysallis: «La importante tarea de la asociación de familias de menores transexuales lo ha convertido actualmente en el máximo referente del movimiento transexual de los menores y sus familiares».
  • Antoni García, diputado de Igualdad y Ciudadanía de la Diputación de Barcelona, que recibió el galardón en representación de toda la Diputación como «reconocimiento a la voluntad política en el apoyo a las entidades y el desarrollo de políticas LGTBI. También se quiere premiar el plan de políticas LGTBI locales que se está implementando en todos los ayuntamientos».
  • Ayuntamiento de Ripollet: «Por su proactividad en las políticas LGTBI y haber instaurado el primer monumento en reconocimiento a los activistas el verano de 2017».
  • Oh My Goig: «programa educativo de betevé [canal de televisión del Ayuntamiento de Barcelona] pensado para informar, sensibilizar y empoderar adolescentes (y no tan adolescentes) sobre la sexualidad».

Armand de Fluvià, recordemos, ya fue especialmente homenajeado en la edición 2017 de los Plumas y Látigos de la FELGTB, un acto en el que advirtió que «queda lo más difícil». Fluvià se mostró entonces especialmente preocupado por el hecho de los más jóvenes parezcan ignorar nuestra historia y antecedentes y no ser conscientes de todo el sufrimiento acumulado por el colectivo LGTB en décadas pasadas.

Fuente Dosmanzanas

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El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia ha publicado su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recoge el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

El informe, según apuntan sus responsables, «es el resultado del trabajo solidario y desinteresado de voluntarios y voluntarias del Observatorio y de otras entidades que, durante su tiempo libre han acudido, de forma altruista, a cada una de las personas que han sufrido una agresión y que han necesitado la mano de una persona amiga para reponerse, denunciar y exigir justicia, respeto y dignidad». Su interés ha ayudado a articular un registro y seguimiento de la violencia, que ha dado como resultado un «verdadero mapa de la discriminación», añaden. El Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Las personas son atendidas por el Observatorio a través de diferentes vías (bien por su oficina técnica, por el teléfono de atención continuada, por vía telemática o derivados por las entidades integrantes). En todos los casos se rellena una ficha con fines estadísticos y una autorización para el tratamiento de datos personales. Es el paso previo a una atención personalizada que incluye acompañamiento, asesoramiento jurídico y asesoramiento psicosocial. Paralelamente, se rastrean prensa y redes sociales y se consulta con Fiscalía y los Cuerpos de Seguridad para registrar agresiones que no hayan sido comunicadas al Observatorio.

De los 79 incidentes registrados por el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia, se ha prestado asesoramiento e información en 39 ocasiones. Esto quiere decir que en el 49,4% de los casos se informó a la víctima de sus derechos y de los servicios disponibles. Del total de consultas, 14 derivaron en actuaciones del servicio jurídico del Observatorio, entre los que se incluyen asesoramiento para interponer la denuncia penal o la demanda judicial, personación en la causa como acusación particular o asesoramiento letrado. En 32 ocasiones se prestó atención psicosocial.

Agresiones verbales y amenazas, las mása frecuentes

De los 79 incidentes registrados por el Observatorio, la mayor parte (21, un 39,3%) corresponden a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 han sido catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela:

El mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual:

Por lo que se refiere a la edad de las víctimas, el mayor número (21) corresponde a la franja de edad de 18 a 25 años. Le sigue la franja de edad de 26 a 35 años (17). Uno de los casos registrados corresponde a una menor trans de solo cuatro años, cuyo padre niega su identidad de género. En el otro extremo, un hombre gay de 79 años denunció pintadas obscenas en su propiedad:

Por provincias, es Alicante en la que el Observatorio ha recogido un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8). Hay que recordar, no obstante, que el colectivo promotor del Observatorio, Diversitat, tiene su sede precisamente en Alicante. Habrá que dar un mayor margen de tiempo al registro para discernir si este mayor número de incidentes registrados en Alicante es el resultado de un sesgo o responde a una tendencia real.

Un recuerdo a Javer Abil y Lyssa da Silva

Puedes descargar el informe en su integridad en este enlace. Es, sin duda, un comienzo prometedor para una entidad que sin duda tiene mucho recorrido por delante.

Un documento que por cierto se abre con el más que merecido recuerdo a dos víctimas de la LGTBIfobia en la Comunidad Valenciana: Javier Abil, un chico gay brutalmente asesinado en Gandía en 2014, y Lyssa da Silva, una chica trans que murió en 2015 a consecuencia de una brutal paliza y a la que sus asesinos abandonaron moribunda en un ascensor. En ambos casos, además, la justicia se mostró complaciente con sus verdugos (al asesino de Abil se le retiró la agravante de homofobia, mientras que los de Lyssa llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por el que vieron reducidas sus penas). Que su recuerdo sirva para darnos fuerzas y continuar la lucha.

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La UPV ya atendía situaciones relacionadas con la “identidad sentida” y, de hecho, ya hay siete personas con acreditaciones acordes a su nombre común o sentido manifestado.

La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha aprobado su Protocolo de Atención a la Identidad y Expresión de Género, que garantiza el derecho del alumno transexual que manifiesta una identidad de género sentida diferente a la asignada en el momento del nacimiento.

Además, el Protocolo aprobado por el Consejo de Gobierno de la UPV establece que los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, según un comunicado de la iniversitad.

Antes de la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, la UPV ya atendía situaciones relacionadas con la “identidad sentida” y, de hecho, ya hay siete personas con acreditaciones acordes a su nombre común o sentido manifestado.

En este sentido, la Universitat facilitaba la acomodación entre el nombre de inscripción en Registro Civil y el nombre de uso común o sentido, según ha explicado la vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación, Rosa Puchades, quien ha indicado que con el Protocolo se pretende “establecer el marco de atención en la UPV”.

El documento aprobado viene avalado por los Estatutos; por el principio de igualdad y no discriminación, establecido en la Constitución y por la citada Ley Integral, de 7 de abril de 2017.

En su aplicación, las universidades “adaptarán el protocolo educativo para atender al alumnado trans, incluyendo medidas de seguimiento y de coordinación con los centros de acceso”.

El texto establece que los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, y que la institución se comprometerá a mantener la confidencialidad sobre las solicitudes y procesos de modificación de uso de nombre.

“El Código ético supone un paso más en la concreción de los valores que inspiran la actuación de la Universidad Politécnica de Valencia”, ha declarado la vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación, Rosa Puchades.

La finalidad de este documento, aprobado también por el Consejo de Gobierno de la UPV es “crear una cultura ética compartida y una organización responsable donde las personas actúen con profesionalidad, integridad y justicia; y contribuyan con ello a la construcción de una mejor sociedad”.

Para su redacción se ha llevado a cabo un amplio proceso de participación en el que han colaborado los tres colectivos de la comunidad universitaria (alumnado, personal docente e investigador y personal de la administración y los servicios).

El trabajo ha contado con el asesoramiento de expertos externos como Adela Cortina y Domingo García-Marzá.

Durante la sesión, se dieron a conocer las cuentas anuales de 2017 y el gerente de la UPV, Salvador Navarro, destacó la implantación de la normativa de I+D+i y formación no reglada y la venta del edificio de Blasco Ibáñez, “que ha producido un ingreso de 14 millones y medio”.

De cara al futuro, subrayó la puesta en marcha de un plan plurianual de financiación que permita a la universidad “tener un nuevo escenario presupuestario que permita hacer mayores cambios”.

Además, se presentó la propuesta de modificación de crédito, dado que hay un remanente de tesorería positivo, que permitirá el pago del 100 % de la carrera profesional del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica de Valencia.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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La Guardia Civil ha identificado y detenido al autor de una brutal agresión contra una mujer trans ocurrida el pasado 31 de julio en el Forn d’Alcedo, una pedanía del sur de Valencia. La mujer, a la que el agresor golpeó, intento estrangular y dejó finalmente inconsciente, tuvo que ser hospitalizada en la Unidad de Reanimación del Hospital La Fe durante tres días.

Según cuenta el diario Levante, la víctima y el agresor (un joven de 19 años y nacionalidad rumana) contactaron a través de una red social de citas. Ya habían mantenido, de hecho, un primer encuentro días antes de la agresión. En esta segunda ocasión, tras mantener relaciones sexuales, el joven comenzó a golpearla en la cabeza. Después intentó estrangularla. La mujer quedó inconsciente, y de hecho ella piensa que él huyó de la vivienda pensando que la había matado. La mujer, que según el diario Levante sufrió graves lesiones en los ojos, fue hospitalizada durante tres días en la Unidad de Reanimación del Hospital La Fe. De hecho, no pudo prestar declaración hasta cinco días después de la agresión.

No ha sido hasta esta semana, sin embargo, cuando la Guardia Civil de Alfafar ha podido finalmente detener al presunto autor de la agresión. La identificación fue más complicada de lo previsto porque que el joven utilizó una identidad falsa para contactar con la víctima. El jues de guardia ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza, acusado de un delito de lesiones que podría llegar a ser calificado de homicidio en grado de tentativa.

A falta de conocer más detalles (el detenido se ha acogido a su derecho a no declarar), poco podemos añadir sobre el transfondo de la agresión. No parece descabellado pensar, de todas formas, que nos encontramos una vez más ante la letal combinación de machismo y transfobia, que convierte a las mujeres trans en un colectivo especialmente vulnerable. “Prisión por agredir gravemente a una mujer trans. Ninguna agresión sin respuesta. Basta de LGTBfobia. Exigiremos que caiga todo el peso de la ley sobre el agresor”, tuiteaba en este sentido el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia y los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género esta misma tarde.

Fuente Dosmanzanas

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Otro año más llega el Día Internacional por la Despatologización Trans, que este 2017 tiene lugar el 21 de octubre. Y otro año más podemos repetir, casi punto por punto, el mensaje de ediciones anteriores: la situación en España sigue siendo básicamente la misma, más allá de algunos avances a nivel autonómico. Más de diez años y medio después de que entrase en vigor la ley española de identidad de género, esta sigue sin actualizarse y mantiene la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que por desgracia ha dejado de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB, sigue sin modificar.

Países como, Argentina, Dinamarca,  Grecia, Irlanda,  Malta  o Noruega han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, la que decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales, y que esta misma semana recibía el espaldarazo de la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa). Nuestro vecino y querido Portugal ya está también en ello. La cara negativa de ela moneda la encontramos en Francia, cuya reciente reforma ha dejado al margen el principio de autodeterminación de género y mantiene bajo tutela judicial el proceso de cambio registral de la referencia al sexo.

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido y en Escocia ya se están planteando un avance similar. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando sobre el terreno.

Avances que dejan en muy mal lugar a España, país donde los avances conseguidos en la histórica legislatura 2004-2008 quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque normas autonómicas más recientes, como las leyes integrales de transexualidad de Navarra, Euskadi, Andalucía, Canarias o Madrid o la Comunidad Valenciana, e incluso las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña, Extremadura, Murcia o Baleares sí incorporan de forma expresa el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación ya obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo. El proceso de revisión de la CIE, mientras tanto, se encuentra en curso.

Los colectivos se movilizan

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una petición secundaria de los colectivos LGTB. Fue precisamente la presión de los grupos más radicales (aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que hizo crecer la reivindicación hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado seis años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo. Llamamientos insuficientes para forzar a los estados a actualizar sus legislaciones, pero que cada vez son más claros y rotundos.

Hoy día, los diferentes colectivos LGTB y de personas trans se movilizan activamente con motivo del Día Internacional por la Despatologización Trans. “La transexualidad debe dejar de ser considerada como una enfermedad de una vez por todas, tanto a nivel nacional como en la Clasificación Internacional de Enfermedades y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales de la Asociación de Psiquiatría norteamericana”, ha asegurado Amanda Azañón, responsable del grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). “Es intolerable que la psiquiatrización siga delegando a las instituciones médico-psiquiátricas el control sobre las identidades de género”, ha añadido. En este sentido, varias entidades de la FELGTB tiene previsto organizar estos días actividades reivindicativas en diversas ciudades españolas.

La campaña internacional Stop Trans Pathologization, por su parte, tiene previstas o ha realizado ya a lo largo de este mes más de 70 actividades en 41 ciudades del mundo. “Además, 417 grupos y redes activistas, instituciones públicas y organizaciones políticas en África, Asia, América Latina, Europa, Norteamérica y Oceanía, así como numerosas personas individuales han declarado hasta la fecha su apoyo”, expresan sus promotores en un largo y detallado comunicado, que recoge como demandas principales “la retirada de la clasificación diagnóstica de los procesos de tránsito por los géneros como trastorno mental de los manuales diagnósticos DSM y CIE, la cobertura pública de la atención sanitaria trans-específica, el cambio del modelo de
atención sanitaria trans-específica, desde un modelo de evaluación hacia un enfoque de acompañamiento y decisión informada, el reconocimiento legal de género sin requisitos médicos, la despatologización de la diversidad de género en la infancia y adolescencia, así como la protección contra la discriminación y violencia transfóbica”. “En cada lugar del mundo, grupos, organizaciones y redes activistas trabajan por el cumplimiento de estas demandas compartidas  aplicando prioridades y estrategias específicas, según el contexto cultural y sociopolítico”, añaden.

Stop Trans Pathologization anuncia además que la de este 2017 es la última convocatoria del Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans lanzada por la propia campaña, “Os invitamos a seguir celebrando el 21 de octubre como Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans en futuros años, y a seguir trabajando por la despatologización trans”, concluye el comunicado.

Manifestación en Madrid

Uno de los platos fuertes de las actividades será la manifestación que convocada por la Plaaforma Octubre Trans manifestación que tendrá lugar en Madrid este sábado 21 de octubre, y que partirá de la Plaza de Chueca a las 18:00 horas, recorrerá las calles Augusto Figueroa, Fuencarral, Montera, Puerta del Sol y  Carretas y finalizará en la Plaza Jacinto Benavente.

Os dejamos para finalizar con el vídeo de sensibilización elaborado por el colectivo COGAM con motivo de este día:

Fuente Dosmanzanas

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Sorpredente sentencia la del Juzgado de lo Penal nº 1 de Benidorm, que se ha negado a reconocer la existencia de un delito de odio por homofobia en la agresión a una pareja gay ocurrida el 9 de julio en Moraira (Alicante). El agresor, antiguo compañero de instituto de uno de los agredidos y que nunca aceptó de buen grado su orientación sexual, continuó luego su acoso en redes sociales. 

Aunque la agresión ocurrió el pasado 9 de julio, no trascendió a los medios hasta dos semanas después. Ocurrió en Moraira (Alicante), cuando dos chicos gais se encontraban bailando junto a varios amigos en las fiestas patronales. Uno de los chicos sufrió un violento empujón por parte de una persona que en ese momento se encontraba a su espalda. Una de las amigas de la víctima vio que se trataba de un antiguo compañero de instituto del agredido, con el que el este ya mantenía una mala relación debido a su homofobia. Al ser interpelado, el agresor mantuvo una actitud amenazadora. La pareja de la víctima (que no es residente en el pueblo) intentó mediar, dado lugar a una trifulca en la que este sufrió además un puñetazo por parte de otro agresor.

Durante las horas posteriores a la agresión, además, el joven que la desató continuó su acoso en redes sociales. En concreto, subió fotos a Instagram acompañadas de textos en los que amenazaba de muerte a los dos jóvenes y a su amiga si aparecían de nuevo por el pueblo y frases del tipo de “le pegas a un maricón y te la cargas tú”, “los maricones tienen más derechos que tú” o “ayer me desahogué con un guiri y hoy con un maricón”.

El jueves 27 se celebró la vista oral en el juzgado de lo penal nº 1 de Benidorm, y este lunes se ha conocido la sentencia. El juez, aunque considera probadas tanto la agresión como las amenazas, ha rechazado que estas constituyan un delito de odio. Un fallo que  ha sido recibido con estupor por el activismo LGTB valenciano. “Cuesta entender que, una pareja gay, que está tan tranquila en una fiesta y recibe una agresión física con lesiones por parte de alguien que les acosa en las redes sociales, insultándoles por su orientación sexual, no esté motivada en el odio, no tenga carácter discriminatorio ni atente contra su dignidad como personas ni contra la dignidad de todo el colectivo LGTBI, lo diga un juez de Benidorm o el Tribunal Supremo”, ha declarado, atónito, Toño Abad, director del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, entidad que directamente calificaba la sentencia como “bochornosa” en redes sociales:

Agresión a una pareja gay en #Alicante: ni delito de odio ni agravante homófobo. Sentencia bochornosa. #Teuladahttps://t.co/srQy8og7cN

— Observatorio LGTBI (@ObservatoriLGTB) 1 de agosto de 2017

“Agredir violentamente a una persona por su orientación sexual, acosarla posteriormente en redes sociales, llegando incluso a amenazar de muerte, es un delito de odio continuado, y esta sentencia lo que viene es a demostrar el poco o escaso interés que tienen jueces y fiscales en penalizar las conductas discriminatorias basadas en el odio a toda una población y la condescendencia de algunos órganos judiciales con la homofobia”, ha añadido Abad. El director del Observatorio Valenciano considera además que si agresiones como la de Moraira no se consideran oficialmente delitos de odio “se puede entender la enorme diferencia de cifras que tenemos entre las estadísticas que manejan los órganos judiciales y policiales, que no reflejan la realidad de lo que ocurre, y las entidades dedicadas a la defensa de los derechos de las personas, que manejamos cifras muy superiores”.

Desde el Ayuntamiento de Teulada critican al Observatorio Valenciano

En este caso, además, se da la circunstancia de que el Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio había denunciado la pasividad de la Policía Local de Teulada (municipio al que pertenece Moraira) tras personarse en el lugar de la agresión. Las víctimas, de hecho, tuvieron que acudir al cuartel de la Guardia Civil para que se les tomara en serio.

Pues bien, según recoge Teulada Moraira Digital, fuentes del Ayuntamiento (gobernado por el PP) tras conocer la sentencia se han permitido criticar al Observatorio lamentando “que se hagan políticas de un tema tan delicado y sensible como es la homofobia”. Sin comentarios…

Fuente Dosmanzanas

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Las asociaciones Trinchera GSD y Plataforma por la Igualdad Raspeig han denunciado esta semana una agresión de carácter homófobo, ocurrida en la madrugada del 23 de julio en el racó fogueril “Las Acacias” de Sant Vicent del Raspeig (Alicante). Desde esta hoguera, por su parte, niegan su implicación y anuncian que emprenderán acciones legales contra estos dos colectivos por dañar su buen nombre. El secretario general de Diversitat y director del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, Toño Abad, ha reclamado por su parte la aprobación de una ley autonómica contra la LGTBIfobia, después de que en poco tiempo se hayan denunciado diversos incidentes.

Según la denuncia interpuesta por los dos agredidos a la Guardia Civil, un grupo de jóvenes empezó a increparles con insultos homófobos (“maricones”, “asquerosos cerdos”, etc.) hasta que finalmente uno se abalanzó sobre ellos, iniciándose una trifulca a a la que se sumaron otros varones que les agredieron a golpes. En el comunicado en el que Trinchera GSD y Plataforma por la Igualdad Raspeig dieron a conocer la agresión se asegura que en el altercado intervinieron “presuntos socios y/o personas vinculadas a dicho racó”, así como una persona de la empresa de seguridad contratada por la hoguera. “Estamos ante un delito de odio por LGTBfobia deleznable e intolerable, cuya agresión no solo constituye un delito de lesiones tipificado en el artículo 148 del Código Penal, sino que se enmarca dentro de los delitos de odio recogidos en el artículo 510 del citado Código Penal”, añaden.

Desde la hoguera “Las Acacias” niegan esta acusación y aseguran que el altercado, que sí reconocen que existió, se produjo entre personas ajenas a la hoguera. “Nosotros intervenimos para separar y que las cosas se calmaran. No tendrían que habernos metido en esta polémica porque dicen que los socios intervinieron en la pelea y eso es totalmente mentira”, ha asegurado la presidenta de la comisión de la hoguera, María José Orts, al diario Información. La hoguera habría denunciado a su vez a las dos asociaciones por dañar “la imagen y el nombre de la hoguera”. También según Información, los festeros niegan que la trifulca estuviera relacionada con la orientación sexual de los agredidos (nos llama la atención, en cualquier caso, que si la trifulca fue ajena a la hoguera, desde esta se niegue la existencia de una motivación homófoba).

Las dos asociaciones denunciantes, mientras tanto, reclamaron al Ayuntamiento que ponga de una vez todos los medios posibles para que el municipio de Sant Vicent del Raspeig quede libre de agresiones por LGTBfobia, “tal y como se comprometió en el pleno del 29 de julio de 2015, al aprobar por unanimidad una moción contra la LGTBfobia”. “Los derechos de las personas LGTBI no se conquistan con actos institucionales, sino con la condena contundente hacia quienes coartan las libertades y cometen delitos de odio en nuestro municipio”, añadían. “Le instamos a que se empiecen a promover en el municipio, en las competencias que le son propias, y de manera transversal en todas las secciones, políticas favorables a la igualdad de trato hacia las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y cualquiera otra orientación sexual, identidad y/o expresión de género, en defensa de su dignidad, e impulsando la consolidación y reconocimiento de la plena igualdad de derechos y oportunidades”, finalizaba su comunicado. El pasado martes, además, decenas de personas mostraban su repulsa por lo sucedido frente al Ayuntamiento de la localidad.

Piden que se acelere la aprobación de una ley autonómica

Desde el colectivo alicantino Diversitat, por su parte, se asegura que lo ocurrido en San Vicente del Raspeig demuestra “lo imprescindible que es una ley autonómica contra la LGTBfobia”. “Picassent, Teulada y ahora San Vicente son tres ejemplos de agresiones directas con resultado de lesiones a parejas gais en fiestas populares, pero el grueso de las agresiones son verbales con el fin de intimidar a las personas por orientación sexual e identidad de género. Con este son 19 casos registrados en lo que va de año. La mayoría se trata de vejaciones, insultos, acoso y hostigamiento”, añade en un comunicado.

Según el secretario general de Diversitat y director del recientemente creado Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, Toño Abad, “al Observatorio nos llegan toda clase de consultas, lo más habitual por insultos o algún tipo de conducta hostigadora, pero lo que estamos viviendo este verano resulta alarmante”. Abad asegura que hay un patrón más o menos definido: “pareja de chicos gais o bisexuales jóvenes, que comparten espacio festivo con personas al parecer heterosexuales, que consideran una agresión las muestras de afecto entre ellos y que, a la mínima oportunidad, reaccionan con violencia y les agreden físicamente con resultado de lesiones”.

“Es muy lamentable que a estas alturas, y después de todo lo recorrido y luchado,  tengamos que estar escondiéndonos para no molestar a personas que consideran que nuestra igualdad y nuestra libertad es algo prescindible”, añade. Abad, en este sentido, considera imprescindible la aprobación de la prometida ley autonómica de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, “que entre otros aspectos genere herramientas para la lucha contra la violencia”.

Comunidad Valenciana, la quinta en número de incidentes por LGTBfobia

Según el el informe 2016 sobre Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en España, recientemente hecho público por el Ministerio del Interior, la Comunidad Valenciana, con 17 incidentes, fue la quinta en el número total de incidentes por orientación sexual o identidad de género de los que hubo constancia oficial en 2016, por detrás de Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco y Andalucía. Por provincias, la de Valencia, con 9 incidentes, fue también la quinta, tras Barcelona, Madrid, Vizcaya y Navarra.

En cualquier caso, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos ni siquiera llega a denunciar. Algo que confirman, por ejemplo, los datos de los observatorios promovidos desde el colectivo LGTB. En Cataluña, por ejemplo, según el informe correspondiente al año 2016 del Observatori contra l’Homofòbia, la entidad tuvo noticia de 84 incidencias por LGTBfobia, frente a las 60 oficialmente recogidas. Más divergencia se produce incluso en el caso de la Comunidad de Madrid: el Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, en su primer informe anual, referido precisamente a 2016, recogió un total de 240 incidentes de odio motivados por LGTBfobia, un número considerablemente mayor a los 42 incidentes recogidos por las cifras oficiales

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Aunque la agresión ocurrió el pasado 9 de julio, no la hemos conocido hasta dos semanas después. Ocurrió en Moraira (Alicante), donde dos chicos gais fueron agredidos por su orientación sexual. Las víctimas, además, han continuado siendo acosadas en redes sociales. Lo peor, sin embargo, es la pasividad que según han denunciado las víctimas mostró en el momento de la agresión la Policía Local. El Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio ha exigido una investigación a a fondo.

Según cuenta el diario El Mundo, todo comenzó cuando las dos víctimas se encontraban bailando junto a varios amigos en las fiestas patronales de Moraira. Uno de los chicos sufrió un violento empujón por parte de una persona que en ese momento se encontraba a su espalda. Una de las amigas de la víctima vio que se trataba de un antiguo compañero de instituto del agredido, con el que el mantiene una mala relación precisamente debido a su homofobia. Al ser interpelado, el agresor mantuvo una actitud amenazadora. La pareja de la víctima (que no es residente en el pueblo) intentó mediar, dado lugar a una trifulca en la que este sufrió además un puñetazo por parte de otro agresor.

En el lugar se personó una patrulla de la Policía Local de Teulada (el municipio al que pertenece Moraira), que según los agredidos, de acuerdo a lo que recoge Teulada Moraira Digital, no atendió su denuncia y dejó que los agresores se marcharan sin ser identificados. La pareja, de hecho, tuvo que acudir al cuartel de la Guardia Civil para que se les tomara en serio. Durante las horas posteriores a la agresión, además, el joven que desató la agresión continuó su acoso en redes sociales. En concreto, subió fotos a Instagram acompañadas de textos en los que amenaza de muerte a los dos jóvenes y a su amiga si aparecen de nuevo por el pueblo y frases homófobas del tipo de “le pegas a un maricón y te la cargas tú”, “los maricones tienen más derechos que tú” o “ayer me desahogué con un guiri y hoy con un maricón”.

El denunciado ha tratado de llegar a un acuerdo de conformidad, pero las víctimas de la agresión, que han solicitado una orden de alejamiento para ellos y para la testigo, se han negado. El jueves 27 de celebrará la vista oral en el juzgado de lo penal de Benidorm por un posible delito de odio.

El Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio pide explicaciones

Confiemos en que en esta ocasión la justicia cumpla con su obligación. Mientras tanto, el Observatorio Valenciano contra los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género, de reciente creación, ha exigido a la Policía Local de Teulada explicaciones de lo sucedido a sus responsables, “tanto políticos como técnicos,  y en caso de que no nos satisfagan, planteamos la posibilidad de estudiar emprender acciones legales contra el propio Ayuntamiento por omisión del deber de dedicación profesional”, en palabras de su director, Toño Abad.

Pediremos explicaciones, en los próximos días a las autoridades por la falta de asistencia de la Policía Local.https://t.co/dklPAHzYUJ

— Observatorio LGTBI (@ObservatoriLGTB) 22 de julio de 2017

“La ausencia de un trato debido a los culpables provocó que las víctimas tuvieran que acudir al Cuartel de la Guardia Civil y que los culpables de la agresión tuvieran todavía tiempo de hostigarles y acosarles a través de las redes sociales, amedrentándoles y regocijándose en la propia agresión que provocaron horas antes, con el ánimo de menoscabar su integridad moral”, se lamentan desde el Observatorio en un comunicado.

Fuente Dosmanzanas

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