Sorprendente portada del diario digital El Español, que en su edición del día 23 titulaba: “Más se arrastra ante la CUP: ofrece banca pública, SMI de 1.000 euros y ayudas a lesbianas”. Que no se alegren nuestras lectoras catalanas: las “ayudas a lesbianas” de las que se escandaliza el El Español como símbolo del “arrastre” de Artur Mas ante la Candidatura d’Unitat Popular para lograr su investidura como presidente de la Generalitat no es un sobresueldo por ser lesbiana. Se trata de algo mucho menos original: “que la sanidad pública se haga cargo de las reproducciones asistidas a mujeres lesbianas o sin pareja masculina, otra reclamación que aparecía en el documento de mínimos de la CUP. El plan prevé una partida de casi 2 millones de euros para este cometido” (así lo describe, ya en el artículo, el propio diario El Español).

El Español es el diario digital que Pedro J. Ramírez ha puesto en marcha tras su salida del diario El Mundo, en el que muchos habían puesto sus esperanzas de ver un medio de centro-derecha capaz de competir en el mundo digital y atraer a lectores críticos. Portadas como la que reproducimos hoy, sin embargo, le acercan más bien al amarillismo de La Razón o de los medios del grupo Intereconomía. Hablar frívolamente de “ayudas a lesbianas” cuando de lo que se trata es de rescatar para las mujeres sin pareja masculina un derecho del que fueron privadas por el gobierno de Mariano Rajoy y que incluso la justicia ha reconocido no puede calificarse más que de amarillismo lesbófobo.

La exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el gobierno cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. El Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en el año 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”. La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque son varias las comunidades autónomas que plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

¿Cristina Cifuentes, una radical de la CUP?

A este respecto, incluso el nuevo gobierno de Cristina Cifuentes en Madrid, seguramente presionado por la sentencia que hace pocas semanas condenó al Hospital Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública, ha decidido incluir esta prestación en la cartera regional.

“La asistencia sanitaria pública debe respetar escrupulosamente el principio de igualdad, independientemente de la condición sexual o circunstancias de los usuarios. Por eso, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid va a incluir en su cartera de servicios complementaria la reproducción asistida para mujeres sin pareja masculina. La ampliación del tratamiento de fertilidad viene a dar respuesta a la necesidad existente en un sector de la población que se estaba viendo discriminado a la hora de recibir este tipo de procedimientos”, escribía Cifuentes en su propio blog el 7 de octubre…

Lo cierto es que la portada de El Español no hace más que abonar la lesbofobia. Reconocer el derecho de las mujeres sin pareja masculina a no ser discriminadas por una sanidad pública que ellas, al igual que el resto de los ciudadanos, contribuyen a financiar con sus impuestos nada tiene que ver con recibir “una ayuda”. Esperábamos más de este nuevo medio…

Fuente Dosmanzanas

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El colectivo Arcópoli ha denunciado un nuevo episodio de homofobia en Madrid. Ocurrió en la noche del miércoles 2 de diciembre, en un bar del centro de la capital, no lejos del barrio de Chueca. Dos hombres que conversaban entre ellos fueron interrumpidos por un camarero que les llamó “maricones de mierda” y les echó del local.

La asociación LGTB madrileña Arcópoli ha atendido a las víctimas y las acompañará a interponer las correspondientes denuncias a la policía y acudirá al local para exigir una explicación sobre este suceso.

Según la versión que Arcópoli ha dado a conocer en un comunicado, los dos hombres, de 34 y 38 años, charlaban en una mesa del establecimiento, situado en la calle Caballero de Gracia. De su conversación al parecer se deducía su condición de gais (uno de ellos le contaba al otro como había roto con su novio) razón por la cual un camarero que la había escuchado en parte les interrumpió para advertirles de que en su local no estaba permitido hablar de ese tema. Uno de los hombres le preguntó “de qué cosas no se podía hablar”, respondiendo el camarero que “de las cosas que estaban hablando”, ya que “él ponía las normas en su casa”. Al hacer referencia una de las víctimas a su derecho a la libertad de expresión, el camarero les llamó “maricones de mierda” y les exigió que abandonaran el local.

Las víctimas de la que hasta entonces era una agresión verbal exigieron la hoja de reclamaciones, respondiéndoles el camarero que “no hay hojas de reclamaciones para maricones” y comenzando a empujar a uno de ellos. El otro joven trató de detenerle ante el peligro de sufrir una agresión mayor y abandonaron el local y llamar entonces a la policía, acudiendo tanto la nacional como la local. Según han informado las víctimas a Arcópoli, los agentes allí presentes dieron veracidad a la versión del camarero, hasta el punto de que hubo que insistirles, junto a varios testigos, para que lo obligaran a darles la hoja de reclamaciones,lo que consiguieron. Este viernes los dos agredidos, asistidos por activistas de Arcópoli, tenían previsto interponer sendas denuncias.

Tras este nuevo suceso, Arcópoli pide tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento mayor compromiso en la lucha contra los delitos de odio, además de una estrecha colaboración con las entidades sociales que, durante años, llevan trabajando en su denuncia y apoyo y atención a las víctimas de estos ataques. Yago Blando, coordinador de la asociación madrileña, defiende que “las agresiones contra lesbianas, gais, bisexuales y transexuales siguen aumentando día a día y las administraciones públicas siguen inactivas ante esta situación que pone en peligro nuestras vidas”, y señala la urgencia del “desarrollo de normativas legales que protejan nuestros derechos, y un trabajo activista comprometido con la erradicación de los delitos de odio tanto por parte de los colectivos como de ayuntamientos y Comunidad”. “Necesitamos cuanto antes una Ley LGTB“, ha concluido.

Los aledaños de Chueca, “zona de riesgo”

La calle Caballero de Gracia, para los que no conozcan Madrid, está muy cerca del barrio de Chueca. Discurre paralela a la Gran Vía, pero en su lado sur (mientras que Chueca queda al norte de la Gran Vía). Desde esta calle hasta la plaza Pedro Zerolo apenas si hay cinco minutos andando. Parece confirmarse la tendencia que ya también Arcópoli denunciaba hace pocas semanas: el aumento de las agresiones en las inmediaciones de Chueca, “cuando las parejas del mismo sexo siguen visibilizándose de forma espontánea, pero sin estar ya en el barrio”.

La LGTBfobia se hace visible en Madrid

En aquella ocasión la denuncia se refería a una agresión a otros dos chicos ocurrida de madrugada en la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía. Días antes de aquella agresión recogíamos la noticia de otra que había ocurrido en Alcalá de Henares, también en la Comunidad de Madrid. Poco antes era una mujer transexual la que era agredida en la capital, en el barrio de Tetuán. Noticias de agresiones que se suman a las ocurridas en febrero y marzo de 2014 contra sendas parejas de chicos gais en pleno centro de la capital, la terrible paliza sufrida por una pareja gay en septiembre, la agresión verbal ocurrida en el metro en noviembre o la agresión a otros dos chicos en diciembre. Un escenario de violencia física y verbal preocupante, al que se suman episodios de discriminación como el ocurrido en un céntrico Burger King o el documento interno homófobo por el que Metro de Madrid se vio obligado a pedir disculpas.

Y estos son algunos de los episodios que trascienden, pero que no dejan de ser la punta de un inquietante iceberg. Según datos de la FELGTB, más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia. Incluso así, el grupo más numeroso de los delitos de odio que sí fueron contabilizados en 2014 (513, un 39,9% del total) estuvieron motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

Se mire por donde se mire, el problema es grave. Es necesario que el Ayuntamiento de Madrid ponga en marcha cuanto antes la prometida oficina municipal contra la discriminación y los delitos de odio, enmarcada en un plan de convivencia y tolerancia en la capital propuesto por el PSOE y que fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento el pasado 22 de julio (con los votos a favor de socialistas y Ahora Madrid). Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, esperamos que se agilice todo lo posible la aprobación de una ley autonómica contra la LGTBfobia. En cualquier caso, sin un adecuado marco legislativo estatal este tipo de medidas siempre quedarán cojas. Esperamos que la composición del Parlamento que salga de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre permita adoptar medidas contundentes en este sentido.

Fuente Arcópoli y Dosmanzanas

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“Tener pacientes con casos más graves” es uno de los argumentos esgrimidos para retrasar durante años la reconstrucción vaginal de Lorena González, una activista trans ya muy acostumbrada a lidiar públicamente contra la discriminación. Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, califica el caso de González de “absoluta falta de sensibilidad”. Asimismo, Antonelli ha registrado una pregunta parlamentaria en la cámara autonómica para esclarecer los porqués de estas demoras.

Más de cuatro interminables años esperando una intervención y asistiendo a cuantas pruebas y revisiones ginecológicas se le ha requerido y sigue sin recibir una solución clara. Pero la lucha de Lorena González se remonta más en el tiempo. En 2007 comenzó a asistir a la todavía llamada ‘Unidad de Trastorno de Identidad de Género’ (UTIG) del Hospital Ramón y Cajal de Madrid demandando control hormonal, ya que llevaba desde 2001 en autohormonación. Según explica la propia afectada, “en vista de que iban tres años y no operaban fui a Colombia”, donde le realizaron una vaginoplastia. Se da la circunstancia de que González tiene la doble nacionalidad española y colombiana.

Frustrada por la espera en España, decidió viajar a su país de origen y someterse a una intervención quirúrgica de reasignación genital en una clínica privada. Sin embargo, lejos de iniciar una nueva y feliz etapa de su vida, empezó un nuevo calvario: la operación no concluyó con un resultado satisfactorio y, desde entonces, su vagina está considerada médicamente como ‘no funcional’. Un problema que le impide tener relaciones sexuales porque “no me dejaron profundidad”, explica González. En busca de una solución, prosigue, “acudí a la Unidad del Ramón y Cajal y pasé todas las revisiones que me tenían que hacer: me vio el ginecólogo, me vieron la anestesista de La Paz y el cirujano plástico…”.

Incluso recibió una carta firmada por el entonces consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty (llegado al cargo de la mano de Esperanza Aguirre y mantenido por Ignacio González). Lasquetty, que dimitió tras el anuncio de la paralización de la privatización sanitaria de Madrid, envió un escrito a Lorena González mediante el que se refiere al Programa Integral de Reducción de la Espera Quirúrgica, implantado en 2004, que “tiene por objeto que su operación no se demore más de treinta días, una vez completadas las pruebas necesarias”. La hoja de admisión para la intervención programada (a la que dosmanzanas ha tenido acceso, igual que al resto de correspondencia y documentación en poder de González) está fechada por el Hospital La Paz el 15 de diciembre de 2011. Desde entonces sigue siendo llamada a revisiones periódicas y se mantiene en lista de espera y sin una solución ni una explicación convincente.

“Pacientes con casos más graves”

Leídas las diferentes contestaciones que ha recibido Lorena González hasta el momento, podemos concluir que existe una importante diferencia de tono entre las firmadas por el Hospital Ramón y Cajal (donde se ubica la UTIG) y el Hospital La Paz (donde se encuentra el Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora). Dosmanzanas puede dar fe de los documentos escritos, ya que de los orales únicamente podemos limitarnos a recoger el testimonio de Lorena González. Esta mujer trans aduce que de palabra le han dado como excusas “la privatización, la crisis o que el Gobierno no quiere operarnos”.

Mediante carta escrita, desde el Hospital Ramón y Cajal “le queremos transmitir nuestro ánimo y comprensión por su problema” y “le rogamos, sinceramente, disculpas por la demora y por las molestias ocasionadas que, según refiere, han tenido como consecuencia su tratamiento ansiolítico y antidepresivo actual”. Además, el jefe de servicio del Ramón y Cajal asegura que “somos sensibles, Dª Lorena, a su problema, queremos prestarle ayuda y deseamos poder resolverlo a la mayor brevedad posible”.

Bastante menos empática es la respuesta oficial del Hospital La Paz a las sendas reclamaciones de González. Desde el Servicio de Información, Atención al Paciente y Trabajo Social de este centro le espetan que “al tener pacientes con casos más graves, su caso puede presentar más demora de la deseada”. Unas palabras que no parecen las más apropiadas para una persona que se encuentra en tratamiento antidepresivo a raíz de las secuelas que le está provocando la situación de espera sanitaria.

Antonelli pregunta en la Asamblea de Madrid

Con rotundidad, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha asegurado que la respuesta que el Hospital La Paz le daba a Lorena, alegando “pacientes con casos más graves”, así como su caso en general, solo demuestra una “absoluta falta de sensibilidad”. Al conocer Antonelli el caso de Lorena González, a través de dosmanzanas (con la intención de recoger sus declaraciones), la parlamentaria madrileña ha registrado una pregunta en la Asamblea de Madrid. Lo ha hecho con esperanza de que el Gobierno del Partido Popular, que ahora encabeza Cristina Cifuentes, explique cómo es posible que haya personas que puedan permanecer cuatro o más años de espera para una intervención de estas características. Decimos “con la esperanza” porque, durante las dos últimas legislaturas del PP, la oposición critica que no ha recibido “respuestas serias” a las preguntas parlamentarias presentadas.

Hace solo unos días, dosmanzanas recogía que la Asamblea de Madrid daba el sí a la proposición de ley de transexualidad presentada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, al tiempo que tumbaba el proyecto del PP. La propuesta que defendía el PP madrileño no había contado con la voz de Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la futura ley.

Carla Antonelli asevera a dosmanzanas que “son múltiples las quejas del tiempo que tardan en ser atendidas las personas transexuales”, razón por la que “trabajaremos para que se acorten los plazos y se deje de arrojar a estas personas a unos tiempos interminables”. Precisamente, la futura ley de transexualidad (cuyos visos de ser finalmente aprobada son elevados, debido a la mayoría parlamentaria de PSOE, Podemos y Ciudadanos en la Asamblea) se podrá disponer de más herramientas que permitan evitar casos como el que está sufriendo Lorena González.

La lucha de González contra la discriminación

El nombre de Lorena González se hizo conocido después de una serie de denuncias de transfobia. Dosmanzanas fue el primer medio que recogió las fundadas quejas de González contra la discriminación sufrida como azafata en prácticas de la compañía aérea Turkisk Airlines. Previamente, se había dirigido a otros medios generalistas que no quisieron publicar su historia. Carla Antonelli nos la hizo llegar a nosotros y solo a raíz de que dosmanzanas se hiciera eco, su caso se convirtió en mediático. Incluso nosotros recibimos llamadas de medios internacionales como BBC, interesándose por su caso.

La petición en la plataforma Change.org para que la escuela en la que estudiaba no le negara otras prácticas llegó a superar las 75.000 firmas. De hecho, un servidor fue testigo de la reunión entre Lorena González y la directora de dicha escuela, en la que la responsable académica desautorizaba a su coordinador de prácticas y garantizaba nuevas prácticas a la azafata transexual. Y así fue finalmente: Lorena González comenzó nuevas prácticas en Aerolíneas Argentinas. Tras la finalización de las prácticas profesionales en la compañía, González contraponía el trato “exquisito” de Aerolíneas Argentinas a la discriminación de Turkish Airlines.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado mes de octubre el gobierno de la Comunidad de Madrid anunció la prestación de este servicio para garantizar la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios públicos en la región.

La Comunidad de Madrid regulará, a través de un Decreto del Consejo de Gobierno, la inclusión de la reproducción asistida de mujeres sin pareja masculina en una próxima Cartera de Servicios Complementarios del Servicio Madrileño de Salud.

El Consejo de Gobierno ha conocido en una reunión un informe de la Consejería de Sanidad sobre esta medida, cuyo objetivo es dar un soporte jurídico-administrativo a esta prestación que, de facto, ha asumido y presta el Servicio Madrileño de Salud. Esta iniciativa incluye, por tanto, la reproducción asistida de mujeres fértiles sin pareja o que constituyen una pareja con otra mujer.

En concreto, la prestación que se incluirá es la reproducción humana asistida cuando haya una indicación clínica establecida, con independencia del estado civil y orientación sexual, de acuerdo con los programas disponibles, en los que se incluyen la inseminación artificial, la fecundación in vitro e inyección intracitoplasmática de espermatozoides, y con transferencia de embriones, y transferencia intratubárica de gametos.

Fuente Cáscara Amarga

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La esperada regulación de los derechos de las personas trans de la Comunidad de Madrid avanza un paso más. El texto consensuado con los colectivos trans y presentado conjuntamente por el PSOE, Podemos y Ciudadanos,  será finalmente el que se someterá a debate y el que acabará convirtiéndose en ley, previsiblemente. La aprobación de la toma en consideración de la proposición de ley ha sido posible gracias a los 76 votos de estas tres formaciones y a pesar de las 48 abstenciones del PP cuya propuesta legislativa ha sido enmendada a la totalidad por sus tres grupos opositores (cabe recordar que el PP gobierna en minoría en esta legislatura y que la suma de votos de los tres grupos de la oposición representa la mayoría absoluta en el parlamento autonómico). La diputada socialista Carla Antonelli recordaba la coincidencia con el Día Internacional de la Memoria Transexual.

Esta mañana ha tenido lugar en el Pleno de la Asamblea de Madrid el debate de la Ley de Transexualidad registrada por los grupos políticos de Ciudadanos, PSOE y Podemos como enmienda a la totalidad del proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo gubernamental, criticado por no contar con las demandas de los colectivos de familias y personas trans.

De esta manera los tres partidos opositores han logrado que la Proposición de Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid sea la tomada en consideración por la Cámara, que lo ha aprobado con los 76 votos a favor de las tres formaciones y la abstención de los 48 asientos del grupo popular.

La Ley Integral de Transexualidad de la Comunidad de Madrid cada día está más cerca de ser una realidad. Por encima de las distintas sensibilidades políticas, de las siglas o de los intereses de partido, las tres fuerzas de la oposición en la Asamblea (PSOE, Ciudadanos y Podemos) han sido capaces de poner por encima de todo los derechos, la dignidad y la igualdad del colectivo de personas transexuales. El mérito es del activismo, por su larga e incansable lucha, aunque en el parlamento autonómico tres han sido las diputadas protagonistas: Carla Antonelli (PSOE), Beatriz Gimeno (Podemos) y Eva Borox (Ciudadanos).

Por el contrario, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, liderado por Cristina Cifuentes, se ha quedado solo en la cámara regional a cuenta de la futura ley madrileña de transexualidad. Por primera vez en las últimas dos décadas, el PP no ha logrado sacar adelante un proyecto de ley en la Asamblea. Cifuentes invitó al acto formal de presentación de su inesperada propuesta de ley a varios colectivos LGTB (aunque estos no habían participado en su redacción) pero dejó fuera a otros como Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la futura ley y que en tiempos recientes no han dudado en mostrarse muy críticos con el trato que las personas trans, y muy singularmente los menores, reciben de la Comunidad de Madrid. La actitud del PP madrileño, en este sentido, recordaba a la máxima del despotismo ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

La sintonía, las alusiones positivas y los guiños mutuos entre Antonelli, Gimeno y Borox fueron la tónica dominante durante el pleno del pasado jueves. En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de encontrar tantos elogios entre diputados de distinto signo o ver cómo se aplauden entre ellos tan sinceramente. Algo que contrastaba radicalmente con las caras largas y la soledad en la que decidió posicionarse el Partido Popular, por voluntad propia. Desde las tribunas de invitados, los colectivos trans y LGTB siguieron atentamente el desarrollo de la jornada en la cámara.

El proyecto de Ley ha sido defendido en la cámara autonómica por las parlamentarias Carla Antonelli, Beatriz Gimeno y Eva Borox, de PSOE,  Podemos y Ciudadanos,  -respectivamente- e interpelado por la diputada Ana Camíns, del Partido Popular, cuyas intervenciones han orbitado en la necesidad de la legislación en este ámbito, pese a confrontrar las divergencias de ambas propuestas. A continuación, os dejamos con las intervenciones de Carla Antonelli, Beatriz Gimeno y Eva Borox, respectivamente. ¿Qué han dicho?

Carla Antonelli (PSM-PSOE):

• Ha empezado su exposición expresando que ‘‘Hay días en que los sueños dejan de ser quimeras, y hoy es uno de ellos”.
• Continua agradeciendo ‘‘el consenso y trabajo conjunto con sus compañeras” de Ciudadanos y Podemos y los colectivos implicados en la redacción de la ley.
• Tras este momento, la diputada ha reprobado ”los múltiples bloqueos a la Ley de Transexualidad” que han tenido lugar de manera recurrente en la cámara durante los últimos años, aludiendo a la presidenta Cifuentes, presente en algunos de ellos.
• También ha reservado un momento para recordar la memoria de Pedro Zerolo, ”ejemplo y referente de la lucha para que leyes como ésta se hagan realidad” de la misma manera que pioneras del colectivo trans como Sylvia Rivera.
• Después de esto, ha reafirmado su satisfacción porque el principio de autodeterminación del género ”acabará con las evaluaciones médicas, el paternalismo y las petición de demostraciones del género” a través de cuestionarios que incluyen preguntas como -¿Te pones pantalones? -¿Y bolso? -¿Te gusta limpiar tu casa? -¿Eres creyente?.
• A su vez ha celebrado que la libre elección del centro sanitario supone la igualdad del colectivo transexual con el resto de la población.
• De la misma manera, ha determinado el avance en derechos de los menores trans e intersexuales en materia sanitaria, y la adquisición del “derecho a una documentación administrativa que acredite tu verdadera identidad“.
• También ha indicado el gran adelanto en protección que la norma incluye gracias a ”la sanción de leve a grave de las actitudes transfóbicas y la inversión de la carga de la prueba” en los denuncias tramitadas por los juzgados.
• Para finalizar, la diputada ha querido notabilizar que el 20 de noviembre ”se celebran pesadillas” -aludiendo al fallecimiento de Francisco Franco y J.A Primo de Rivera- y que  desde 2008 se recuerda a las personas trans víctimas de la violencia, que ascienden a 1731 desde entonces pero se estima que sólo son un 10% de todos los casos.

Beatriz Gimeno (Podemos)

• Ha iniciado su turno recordando que mañana se celebra el Día Internacional de la Memoria Transexual, que denuncia la ”violencia generalizada contra el colectivo” en todo el mundo.
• Tras ello, ha hecho un paralelismo con la Ley de Matrimonio Igualtario aprobada en 2005, destacando su ”poder en el cambio de actitudes sociales hacia las personas homosexuales”. Un efecto que quiere que vuelva a conseguir la aprobación de una ley de transexualidad ajustada a todas las personas del colectivo, sin dejar espacio a la exclusión.
• Posteriormente ha querido evidenciar que el colectivo transexual ”ha dado la cara por los derechos LGTB desde el principio” del movimiento, por lo que una ley de estas características ”llega muy tarde” por causa de ‘‘una gran injusticia histórica’‘.
• Entre los avances que la normativa propone, recalca ”el derecho humano a la libre determinación del género” que supone ”un paso adelante para las personas que no son binarias”.
• De la misma manera ha querido expresar que la propuesta de ley es de todos los colectivos, por lo que pone ”a las instituciones al servicio de la gente”.
• A su vez, ”protege a los menores intersexuales” de la elección normativa de su género en el momento del nacimineto.
• Para finalizar, la diputada ha afirmado que ”la lucha trans nos hace mejores a todos”, sobre todo por la penalización de las actitudes trasnfóbicas y por ”promover un cambio cultural” en la región.

Eva Borox (Ciudadanos):

• Ha iniciado su intervención manifestando la ”necesidad y urgencia de establecer un marco legal” al que puedan recurrir las personas trans,
• Tras ello, ha expresado su ”reconocimiento a padres y profesionales que apoyan los derechos” igualitarios del colectivo.
• Posteriormente ha desgranado la orientación de la ley, que implica medidas educativas, laborales, de responsabilidad social y sanitarias.
• De la misma manera ha puntualizado que esta ley garantiza el desarrollo igualitario en todas las etapas de la vida, con ”especial atención en la minoría de edad y la edad avanzada”.
• A su vez, ha querido destacar que el proyecto legislativo contempla la formación específica del entorno sanitario en el abordaje de la transexualidad a la vez que ‘‘impone sanciones contra la discriminación” y violencia.
• La diputada ha terminado su discurso asegurando que ”todavía queda mucho por hacer” en el reconocimiento de los derechos del colectivo.

Ana Camíns (PP):

• Ha comenzado su intervención agradecindo a los colectivos de activismo trans y sus familias su diligencia y apoyo que ante la redacción del texto de su formación.
• Después ha notabilizado que los textos que ambos bloques defienden ”coinciden más de lo que parece” a juzgar por las intervenciones escuchadas en la Cámara.
• Sin embargo, ha lamentado que la oposición haya polarizado el debate, puesto que se trata de una ley que pretende combatir la exclusión.
• Posteriormente ha recordado que ”la Ley de Transexualidad era un compromiso electoral de Cristina Cifuentes” contemplado en su programa, por lo que tenían el derecho y deber de articularla y presentarla.
• También ha reprobado que la oposición no les convocó a las reuniones de trabajo, y que ‘‘para hacerlo debían comprometerse a no legislar por su parte’‘, así como de no haberse molestado en leer su propuesta.
• De la misma manera ha criticado el contenido de la propuesta opositora, que tacha de ”revanchista’‘ y ‘‘minimizadora de la opinión médica‘‘.
• Ante el acceso de las personas trans a los tratamientos independientemente de su situación geográfica, ha criticado el ”desmantelamiento de la Unidad de Transexualidad de Málaga” y propone que ”exista sólo una unidad de referencia” a la que acudan todos los casos.
• La diputada ha finalizado reiterando su apoyo a la despatologización de la transexualidad y criticando que la ley opositora ”presenta deficiencias y contradicciones” con la Ley 14/2006 de Identidad de Género del gobierno socialista, instando a que los grupos de la oposición ”pongan por delante a las personas”.

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El gobierno de Cifuentes ha anunciado que combatirá la discriminación a las personas LGTBI desde la infancia, actuando en el ámbito educativo gracias a un protocolo específico y formando a los docentes para detectar las situaciones.

Estas medidas están incluidas en un anteproyecto de la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género, que ha aprobado el Consejo de Gobierno. Según un comunicado del gobierno autonómico, esta ley “pretende garantizar el derecho de las personas LGTBI a su integridad física y psíquica”.

Con esta iniciativa, se pretende, en principio, impulsar planes sobre la diversidad LGTBI y en los centros escolares se aplicará un protocolo de atención que permitirá alertar ante las situaciones de discriminación por estos motivos y proteger a quienes puedan sufrirlas. Además, la Comunidad, afirman, “prestará una especial atención al ciberacoso por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género”.

Ley de Identidad de Género

El Consejo de Gobierno madrileño también ha aprobado otro anteproyecto para regular los principios, medidas, instrumentos y procedimientos para hacer real el derecho de toda persona trans a afirmar su cuerpo, sexo, género, expresión de género y orientación del deseo en la propuesta de Ley de Identidad de Género.

No obstante, esta ley carece del apoyo parlamentario necesario que sí posee la propuesta, registrada ya en la Asamblea de Madrid, elaborada en consenso por los partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y en la que en su elaboración también han participado los colectivos de personas transexuales, condiciones de las que carece la iniciativa impulsada desde el gobierno de la Comunidad, encabezado por Cristina Cifuentes.

Fuente Cáscara amarga

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El pasado jueves leímos por primera vez en La Asamblea de Madrid una Declaración Institucional para la Despatologización de la Transexualidad, ya que hasta ahora el Partido Popular siempre lo había hecho imposible. Todo perfecto si no fuera porque asistimos con perplejidad como Cristina Cifuentes pasando por encima de los colectivos transexuales que ya habían registrado su Proposición de Ley el pasado nueve de octubre de la mano del PSOE, Podemos y Ciudadanos; hace caso omiso y registra su propio proyecto de Ley hace tres días, un engendro que cercena los derechos del colectivo transexual, tal como ya se había dicho; texto que paso a describir un poco más adelante. Además anunciando con toda la fanfarria en su cuenta de Twitter que había sido con las aportaciones de los representantes de los colectivos, lo cual es absolutamente falso. Vayamos por partes:

Ni Chrysallis, Fundación Daniela, El Hombre Transexual o COGAM, hicieron ninguna aportación para la Ley Trans de Cifuentes, con el agravante de que en todo el proceso ninguneó a los tres primeros, en los que se encuentran las dos únicas asociaciones de España de padres y madres de niñas y niños transexuales.

Pero del asombro pasamos al espanto, porque la Ley registrada por Cristina Cifuentes patologiza la transexualidad desde su primer artículo, se carga la propia autodeterminación de las personas trans, ha dejado fuera cualquier punto sobre los niños intersexuales, garantizar la participación en torneos deportivos, también desaparece de su ley cualquier articulado sobre las personas mayores, informes de impacto de género, la prestación sanitaria vuelve a quedar en el aire “solo promoverá” y no garantizara, de forma que queda en el mismo estado incierto que en la actualidad tras la ley de recortes presupuestario de González, tampoco cualquier mención a que los menores trans tienen derecho a ser oídos y con respecto al tratamiento sanitario los hacen caer en una trampa irrevocable que los sumerge de lleno en la actual UTIG, que hasta ahora no ha prescrito ni un solo inhibidor, ya que depende del criterio medico que nunca se produce y que tal como queda configurada la Ley los vuelve a dejar en sus manos porque pueden estimar “improcedencia” dentro de un protocolo elaborado por sí mismos.

También algo más que grave, ni rastro de la documentación administrativa mientras se realiza el proceso del cambio de nombre y sexo a nivel nacional, ni guías ni tratamientos de datos, se cargan atender en el Sistema Sanitario desde el principio consentimiento informado, descentralización y centros proximidad, en una palabra van a ir quien quiera a la Unidad de Genero y si no se quedan fuera, exactamente igual que ahora, Unidad y solo Unidad para mayor control de los que ya la rigen. Menuda farsa, hablan de la libre elección de la persona pero para ser atendidas o quedar fuera, y es que estas son las cosas del liberalismo exacerbado. Quitan códigos deontológicos en los medios de comunicación contra la transfóbia ni en esta ni en la otra Ley registrada por el PP de la LGTBIFOBIA. Cuestiones que si están todas entre otros puntos de la Ley con el consenso de los colectivos y registrada por los tres partidos de la oposición.

Pero ahora viene lo más grande de todo, no hay ni rastro de las asociaciones para integrarlas de forma participativa para combatir la discriminación por motivos de identidad sexual, cuando en el otro texto están presentes en la mayoría de los puntos, el proyecto Cifuentes entra por un único embudo, el Programa LGTB del PP, nada extraño ya que desde allí salió buena parte del texto con la revisión de su Coordinador, que pretende garantizarse el control absoluto ninguneando a las asociaciones. El mismo que cuando Cifuentes convocó la primera reunión dejó fuera a Chrysallis, Fundación Daniela y el Hombre TransexualChrysallis, Fundación Daniela y el Hombre Transexual.

No deja de ser cuanti menos curioso que si alguna persona sufre algún tipo de discriminación por parte de la administración luego tenga que ir a denunciarlo a la misma administración, que como es obvio le dirá que –si quieres arroz, Catalina– ante todo esto lo primero que se te ocurre es que inevitablemente han tomado al colectivo por seres no pensantes.

Pero sobrevienen un par de preguntas ¿Cómo se puede registrar una Ley Integral de Transexualidad que Patologiza la transexualidad y luego sumarse a una declaración institucional para la Despatologización de la transexualidad y encima faltar a la verdad y decir que la hizo con los colectivos?

¿Cómo se puede registrar una Ley Contra la LGTBIfobia y que luego la Presidenta del Gobierno sea incapaz de instar a la Fiscalía para que actúe de oficio contra la transfobia de Xavier Horcajo en Intereconomía, el cual ya tiene interpuesta una denuncia en los juzgados por tal circunstancia?

Solo hay una respuesta posible: llamarse Cristina Cifuentes, presumir de lo que carece y ser la adalid liberal del Partido Popular.

Carla Antonelli es activista transexual y diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid

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Más claro… el agua.

Inevitablemente hoy se me viene a la cabeza cuando en la pasada legislatura el Partido Popular tumbó la Ley Integral de Transexualidad presentada por el Partido Socialista, y de cómo casi terminé mi intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid dirigiéndome al PP: “Porque si algo hemos aprendido este colectivo ¿saben ustedes a que es? a esperar, a esperar..; si no es en esta Legislatura, será en la siguiente y si no en la otra…”

Este viernes fue un gran día para los derechos de las personas transexuales en la Comunidad de Madrid y por extensión en toda España. Conseguimos registrar el texto legislativo mas avanzado hasta este momento, fruto del consenso y del trabajo de los colectivos implicados y de los partidos de la oposición, que son mayoría absoluta del arco parlamentario, ya que el Partido Popular se negó a participar en la Mesa de Trabajo desde un primer momento. Quería ser Cifuentes, solo ella, quien lo hiciera, y a tenor de los hechos y el engendro de borrador que presentó sin consultar a ni una asociación estaba claro por dónde iban las pretensiones, dejar fuera los derechos de los menores transexuales en un articulado claro y conciso que no dejara duda ante cualquier arbitrariedad ideológica o moral paternalista que pisotee el interés superior del menor, además de las ausencias que clamaban al cielo y cercenaban los derechos del colectivo al completo.

El Partido Socialista de Madrid llevamos presentado la Ley Integral de Transexualidad durante los ocho años de las dos últimas legislaturas. La primera vez fue en el año 2010 y cuando la propia Cristina Cifuentes votó en contra –abanico en ristre– desde la Mesa de la Asamblea. Navarra fue la primera comunidad en llevarlo al Parlamento y fue con el texto que ya habían trabajado y consensuado los colectivos de Madrid; porque siempre desde este partido hemos consensuado estas leyes con los colectivos interesados en los ámbitos autonómicos o estatales correspondientes, así vaya dirigida la iniciativa, porque son los que deben de tener la primera y última palabra.

En el 2015 volvimos a concurrir a las elecciones llevando en nuestro programa las reivindicaciones del colectivo, entre ellas, cómo no, la Ley Integral Trans, así como otra contra todo tipos de discriminaciones, entre ellas por LGTBIfobia. Nuestro candidato y portavoz Ángel Gabilondo así lo defendió en los actos de campaña; el primero fue el Acto por la Diversidad donde nos acompañó el compañero y amigo Pedro Zerolo, referente por siempre de los avances en derechos civiles de este País.

También lo hicieron los demás partidos políticos, entre ellos las dos nuevas formaciones que tuvieron representación en el Parlamento madrileño, Podemos y Ciudadanos. Desde el Partido Socialista tuvimos claro desde un primer momento que esta Ley tenía que ser de todas y todos, una decisión de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista y también de la portavoz de la Comisión de Familia y Sociales, María José Navarro; por lo que ofrecimos al resto de los partidos elaborarla de forma conjunta con el consenso de los colectivos y no pasó media hora de la oferta para que el Portavoz de Podemos, José Manuel López Rodrigo y el de Ciudadanos, Ignacio Aguado, dijeran que sí de forma rotunda a ese compromiso y pacto de honor; otra cosa fue el Partido Popular que dijo que ya lo vería y ahí se quedó hasta que mantuvimos la segunda reunión de la mesa de trabajo –la primera fue en julio– para comenzar a construir la gran mentira con pretensión de convertirla en verdad, hasta tal punto que posiblemente se la hayan llegado a creer ellos mismos. Querían estar en la Mesa de Trabajo como grupo político pero a la vez “no podían renunciar a registrarla ellos mismos como Gobierno” y estas son las cosas que te desconciertan ante el descaro, ya que no se les mueve ni un musculo de la cara cuando te plantean “estaremos con vosotros pero al mismo tiempo estaremos contra vosotros”. Mismo planteamiento de la jerarquía católica hacia LGTBI, os acogemos en su seno pero que somos como “la desforestación de la masa verde del planeta”, palabras de Ratzinger.

A partir de ahí la victimización en la construcción de la gran mentira hasta estos días. En todo este proceso han tenido un fiel escudero, el coordinador del Programa LGTB del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, siempre trabajando en la sombra. Él fue el que llamó el lunes para confirmar antes de la reunión televisada de Cristina Cifuentes con los colectivos, donde se entregarían los borradores en los que no habían participado las asociaciones, por lo que sabía perfectamente que se iba a dejar fuera ni más ni menos que a los de madres y padres de niños transexuales, Fundación Daniela y Chrysallis, además de a El Hombre Transexual. Lo sabía y no hizo nada por evitarlo ya que esos colectivos no podían estar en la reunión, porque entonces no saldría adelante el acto de vino y rosas para Cristina Cifuentes, con un borrador –repito– que era un engendro que cercenaba los derechos del colectivo; de hecho Telemadrid se negó a grabar las criticas de padres porque solo querían mensajes positivos para mayor gloria de la fatua puesta en escena.

Pero el folletín ya se vuelve kafkiano cuando la noche del jueves después de las 20.00 h. se enteran por la convocatoria de prensa de que el PSOE, Podemos y Ciudadanos registrábamos la Proposición de Ley al día siguiente a las 11.00 h.; es cuando Ródenas, que se encuentra en Alemania, comienza a convocar de urgencia una reunión a las 13.00 h. del mismo día para contraprogramar el registro de la Ley de los colectivos. Esto se realiza por él y por otra persona en su nombre hasta las 22.30 h. de la noche, las llamadas a las casas particulares de presidentas y presidentes de las organizaciones, de las que en su inmensa mayoría reciben un no por respuesta ante lo obvio de la intencionalidad, que no declinan a reuniones con el PP sino a realizarla dos horas después del registro de la Ley. Ante esto surge la gran pregunta de si se está trabajando por los intereses del colectivo o por intereses personalistas espurios bastante alejados de lo que se dice defender, o de cómo se puede utilizar a los colectivos en contra de sus propios intereses de forma perversa y ruin, ya que la Ley que se registró a las 11.00 era la Ley de los colectivos, antes que la Ley de los partidos.

Ya solo agradecer a los colectivos implicados su enorme trabajo y esfuerzo porque este texto de materializara de forma real; a Chrysallis, Fundación Daniela, El Hombre Transexual, Fundación Triangulo, COGAM, ARCOPOLI y Fundación 26 de Diciembre, a Marina, Saida, Violeta Herrero, Alex, Isidro, África, Leo, Ana, David, María Alejandra, Rosa Puebla, Jesús, Alicia y una larga lista de nombres que si han creído en este sueño y que han luchado por hacerlo realidad. Con especial mención a las diputadas de PODEMOS y CIUDADANOS, Beatriz Gimeno y Eva Borox, que somos cada una un tercio de la representación de los grupos políticos de la Asamblea de Madrid en la Mesa de Trabajo para la elaboración de la Ley y cada una igual de fundamental para la explosión de alegría, aplausos y llantos de emoción que se produjeron este viernes en la Asamblea de Madrid.

Porque si hay algo que hemos aprendido los colectivos y lxs activistas es a esperar, a esperar…

Carla Antonelli
Activista transexual y diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid

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PSOE, Podemos y Ciudadanos (tres partidos que por cierto suman la mayoría absoluta) han registrado este viernes en la Asamblea regional su propuesta de ley integral de transexualidad para la Comunidad de Madrid, que ha sido elaborada junto a los colectivos LGTB y de padres y madres de menores transexuales. Hace un par de semanas, recordemos, era la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, la que presentaba de una forma bastante inesperada su borrador de anteproyecto, no sin polémica: Cifuentes invitó al acto formal de presentación a varios colectivos LGTB (aunque estos no habían participado en su gestación) pero dejó fuera a otros como Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la futura ley y que en tiempos recientes no han dudado en mostrarse muy críticos con el trato que las personas trans, y muy singularmente los menores, reciben de la Comunidad de Madrid.

La situación no deja de ser un tanto irracional. El PP de Madrid, que no dispone de mayoría absoluta y gobierna gracias a la abstención de Ciudadanos en la votación de investidura, prefirió no sumarse al proceso que los otros tres partidos de la cámara habían puesto ya en marcha, cuyo objetivo era consensuar un proyecto con los colectivos que luego pudiera ser aprobado por unanimidad y sin protagonismo de los partidos, sino de esos mismos colectivos que llevan años luchando por conseguir este objetivo. Semanas después, Cifuentes presentó un borrador de anteproyecto por su cuenta y organizó una reunión con varios colectivos LGTB para presentárselo (junto al borrador del anteproyecto contra la discriminación), una reunión que contó con gran cobertura mediática. Una vistosidad que quedaba lejos de aquellos tiempos, parece que por fortuna desterrados, en los que la propia Cifuentes votaba en contra de una propuesta de ley integral de transexualidad presentada por la oposición socialista.

El borrador propuesto por Cifuentes, según comentó en un primer momento la diputada socialista y activista Cara Antonelli, había “calcado” algunos puntos del primer borrador que preparaban de forma conjunta oposición y  colectivos. Tras un examen más detallado, Antonelli llegó a calificarlo con un “engendro” que cercena “los derechos de los menores y de los mayores”. “Su texto es un corta y pega de nuestros borradores con ausencias que claman al cielo”, le reprochaba Antonelli a Cifuentes en el pleno celebrado hace unos días en la Asamblea de Madrid, en el que precisamente preguntaba por la ausencia de los citados colectivos en su presentación, intervención que puedes ver y escuchar aquí. Antonelli denunció que el anteproyecto popular no contempla la atención a los mayores transexuales, un tratamiento sanitario garantizado para los menores y la “amplísima batería de medidas en el sistema educativo” que el incluye el documento alternativo.

Este viernes, por fin, la propia Antonelli, junto a Beatriz Gimeno (expresidenta de la FELGTB y diputada de Podemos) y Eva Borox (diputada de Ciudadanos) han registrado en la Asamblea de Madrid esta propuesta alternativa, un acto al que han invitado, esta vez sí, a representantes de los colectivos excluidos por Cifuentes y que han participado en el proceso.

Esperamos y deseamos, por el bien de las personas trans, que el PP se avenga a negociar durante el proceso parlamentario que ahora se abre y se consiga entre todos consensuar una ley ejemplar que pueda ser aprobada por unanimidad. En caso contrario, esperamos al menos que las tres fuerzas de la oposición, que tienen mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante el proyecto, mantengan su compromiso hasta el final. No sería la primera vez que sucede algo así. Recordemos, por ejemplo, que la ley integral de transexualidad de Navarra, que en 2009 fue la primera comunidad en legislar sobre la materia, fue propuesta por Nafarroa Bai y aprobada con los votos de toda la oposición en contra de la entonces gobernante UPN, que no disponía de mayoría absoluta.

A la espera de una ley estatal

Será, sin duda, una buena noticia, como en su momento lo fueron la mencionada ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó sin duda un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria o la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades).

Queda pendiente, sin embargo, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007 (sin duda un gran avance sobre la situación anterior, pero que hoy es ya anacrónica al no incorporar el principio de despatologización de la transexualidad y no contemplar la situación de los menores) y que incluya además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal. Habrá que esperar al resultado de las próximas elecciones generales para ver en qué medida ello es posible.

Os recordamos, en este sentido, que sigue abierta la petición de Fundación Daniela en la plataforma change.org por una ley estatal de transexualidad, a la que podéis sumaros en este enlace y que en este momento lleva recolectadas más de 45.000 firmas.

Os dejamos con el vídeo de la petición:

Fuente Dosmanzanas

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Arcópoli pide que se deje de discriminar en materia de reproducción asistida

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Comunidad de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz a pagar una indemnización por suspender un tratamiento de reproducción asistida a una pareja de lesbianas.

La Fundación Jiménez Díaz apunta que, en la actualidad, las pacientes están pendientes de iniciar un nuevo tratamiento.

El Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid ha recurrido la sentencia que condena al centro y a la Consejería de Sanidad a indemnizar en casi 5.000 euros a una lesbiana por haber sido discriminada por su orientación sexual en el acceso a un tratamiento de reproducción asistida.

La demandante consideró que desde el 28 de noviembre de 2014 hasta el pasado 13 de mayo se le interrumpió en la Fundación Jiménez Díaz el tratamiento de reproducción asistida que había iniciado en abril del año pasado y que esto le supuso una violación del derecho a la no discriminación.

Alegó que, aunque se le volvió a citar para el pasado 13 de mayo, esto supuso una demora sin causa justificada que solo se produjo después de que presentara una demanda.

Para la jueza, como no puede establecerse discriminación sexual por razones de la orientación sexual, la mujer tenía derecho a seguir sometida al tratamiento.

Por ello, apunta que aunque “no existía voluntad por la Fundación Jiménez Díaz de proceder a discriminarla por su orientación sexual”, la discriminación “de hecho se produjo” hasta abril de 2015, cuando la llamó igual que a otras personas a las que por distintos motivos se les había comunicado que estaban excluidas por aplicación de la orden del Ministerio de Sanidad.

En un comunicado, el centro ha avanzado que ha recurrido la sentencia al considerar que la actuación del centro se limitó a aplicar “solo en un primer momento”, puesto que después el proceso de reproducción asistida se reanudó, una normativa estatal vigente. La Fundación Jiménez Díaz ha recalcado que la propia sentencia deja claro “no existía voluntad por la Fundación de proceder a discriminar a la actora por su orientación sexual” ni “mala fe”.

El hospital destaca además que, pensando en el beneficio de las pacientes, y pese a estar aún a la espera de recibir instrucciones de la administración sobre la adaptación de la norma estatal a la cartera de servicios de la Comunidad de Madrid, en abril el centro decidió citar a las pacientes para iniciar un segundo tratamiento, que se llevó a cabo.

A través de un comunicado, Arcópoli se ha mostrado muy satisfecha con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que ha condenado tanto a la Comunidad de Madrid como al Hospital que suspendió las técnicas de reproducción asistida a una pareja de mujeres por ser lesbianas. La magistrada Ofelia Ruiz afirma en la sentencia que a la demandante se la discrimina “por su condición sexual”.

Desde esta organización han lamentado que por falta de competencia, “la sentencia no condene también al Ministerio de Sanidad, que es quien primero dictó la Orden Ministerial claramente homófoba”. Sin embargo, se felicitan por que la magistrada aclare que “ante la Ley de Reproducción Asistida que cumple los valores de la Constitución y la Orden Ministerial que vulnera el principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual, el Gobierno de la Comunidad de Madrid debería haber hecho prevaler la ley”.

Esta sentencia va en consonancia con la reivindicación que Arcópoli exigió a la presidenta Cristina Cifuentes en campaña electoral y que ésta negó por aclarar que debía estar en la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad. Asimismo, en una reunión entre Arcópoli y el Consejero de Presidencia, “también se lo exigimos y en el borrador de la ley anti discriminación proponemos que se siga el modelo de referencia extremeño, donde viene prohibido discriminar a mujeres lesbianas y bisexuales en las técnicas de reproducción asistida”.

La secretaria general de Arcópoli, Izpia Batres, ha reclamado que “la Comunidad de Madrid debe dejar de ampararse en que la competencia es del Ministerio de Sanidad y ofrecernos a las mujeres lesbianas y bisexuales las mismas posibilidades en las técnicas de reproducción asistida que a las mujeres heterosexuales, si no, como ha dicho el Tribunal, estaría siendo homófoba”.

Fuente Agencias y Arcópoli

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Importantísima sentencia de Ofelia Ruiz Pontones, magistrada del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid, que ha condenado por daños patrimoniales y morales al Hospital Fundación Jiménez Díaz y a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por discriminar a una pareja de mujeres en su acceso a la prestación de reproducción asistida en la sanidad pública.

Lo contábamos hace pocas semanas. Tania y Verónica (nombres simulados, puesto que desean mantener hasta donde sea posible su anonimato) demandaron al Ministerio de Sanidad, a la Consejería madrileña de Sanidad y a la Fundación Jiménez Díaz por obstaculizar su acceso a la prestación de reproducción asistida (como consecuencia directa de la decisión del gobierno del PP de retirarla a las mujeres sin pareja masculina). La pareja consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, la no discriminación, la dignidad, la vida privada y familiar y a la protección de la salud reproductiva.

La exclusión de las parejas de mujeres y de las mujeres solas del acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública fue decidida por el gobierno cuando revisó la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (la lista de procedimientos que en todas las comunidades deben ser cubiertos por la sanidad pública), pese a que la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida sí permite el acceso de todas las mujeres a estas técnicas. El Sistema Nacional de Salud limitaba su cobertura pública a aquellas situaciones en las que existiera “un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida, de acuerdo con los programas de cada servicio de salud”. Una formulación que en ausencia de limitaciones más específicas era lo suficientemente ambigua como para permitir la inclusión de parejas de mujeres o de mujeres solas, y de hecho los servicios de salud de varias comunidades autónomas así lo habían venido entendiendo (especial interés al respecto tiene la polémica que rodeó en el año 2011 la exclusión de dos mujeres lesbianas en Asturias, ya que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad dio luego la razón a una de las mujeres, al considerar que fue objeto de discriminación).

Con Mariano Rajoy al frente del gobierno, el Ministerio de Sanidad decidió dar otra vuelta de tuerca e impedir esta posibilidad, definiendo una serie de circunstancias concretas que, aunque sin mencionar expresamente la orientación sexual, en la práctica suponen que las mujeres sin pareja masculina quedan excluidas de la prestación. La entonces ministra Ana Mato llegó a afirmar que “la falta de varón no es un problema médico”. La orden ministerial fue emitida el 31 de octubre de 2014, aunque son varias las comunidades autónomas que plantaron cara al gobierno y decidieron, por su cuenta, asumir dicha prestación de forma expresa.

En el caso de Tania y Verónica, ellas ya habían comenzado el tratamiento en la Fundación Jiménez Díaz (Tania se había sometido a un primer ciclo, sin conseguir embarazo). Un mes después de la publicación de la orden ministerial, la pareja fue informada de que quedaba excluida. Tras formalizar sus quejas y presentar la demanda, en mayo de 2015 la clínica les informó de que reevaluaría la situación, y de hecho reiniciaron el tratamiento, pese a lo cual la pareja, asistida por Women’s Link Worldwide, mantuvo la demanda.

Sentencia clara: esta excusión es discriminatoria

La sentencia sobre el caso, conocida hoy, considera que la Ley 14/2006, que establece con carácter general qué personas tienen acceso a este tipo de tratamientos, y que no discrimina por razones de orientación sexual, es de rango superior a la mencionada orden ministerial, que por jerarquía normativa no puede contradecir a aquella. El fallo condena a hospital y Consejería a indemnizar a la pareja con 4.875 euros en concepto de daños patrimoniales y morales, aunque deja fuera de la condena al Ministerio de Sanidad, al considerar que este no es el que tiene la competencia en la prestación de la asistencia sanitaria. “El hecho de que se dicte una Orden por un Ministerio y que se esté o no de acuerdo no puede enjuiciarse en este procedimiento”, explica el fallo, que concluye que “se ha vulnerado el derecho fundamental de la actora a no ser discriminada por su orientación sexual”.

La sentencia ha sido celebrada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), que la considera “un espaldarazo” a la denuncia pública que desde la publicación de la orden ministerial impulsada por Ana Mato ha venido defendiendo esta y otras organizaciones LGTB otras organizaciones: la exclusión de las mujeres sin pareja varón de la reproducción asistida es discriminatoria. en palabras de su portavoz, Isabel Gómez, “la igualdad y la no discriminación están por encima de la cerrazón de algunos miembros de este Gobierno que han querido imponernos un modelo único de familia. El Ministerio de Sanidad debe arreglar este desaguisado rápidamente y mientras tanto las Comunidades Autónomas que no lo estén haciendo deben volver a ofrecer los servicios a todas las mujeres, sin importar su orientación sexual o estado civil, o estarán contraviniendo la ley”.

También Women’s Link Worlwide ha mostrado su satisfacción. ”La decisión supone una victoria para todas las mujeres que quieren acceder a este tipo de tratamientos (…), sin importar si tienen pareja masculina y sin importar su lugar de residencia”, ha declarado Glenys de Jesús, su directora legal. “El espíritu de la sentencia no deja lugar a dudas sobre la necesidad de derogar o no tener en cuenta una ley de rango inferior que además es claramente discriminatoria”, ha añadido.

Puedes consultar la sentencia completa pinchando aquí.

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Ampliación de la noticia que ya habíamos publicado:

No sin sorpresa, por lo inesperado, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobaba el martes los borradores de anteproyecto de dos de las leyes a las que Cristina Cifuentes se había comprometido ante el colectivo LGTB: una “Ley de Identidad de Género” y una “Ley de Protección contra la Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género”. El Gobierno madrileño ha preferido ignorar el proceso participativo que los partidos de la oposición habían ya iniciado junto a los colectivos LGTB y ha preferido presentar su propuesta en un estado ya avanzado. Lo ha hecho, además, convocando a una reunión a algunos colectivos LGTB pero dejando fuera a otros como Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la futura ley de transexualidad y que en tiempos recientes no han dudado en mostrarse muy críticos con el trato que las personas trans, y muy singularmente los menores, reciben de la Comunidad de Madrid.

El anuncio del Gobierno de Cifuentes, que en la web oficial de la Comunidad de Madrid adelantaba el mismo martes algunos aspectos de su propuesta (como la extensión de los recursos asistenciales para las víctimas de violencia de género a todas las mujeres trans, la fijación de un régimen sancionador para infracciones administrativas o el cambio de nombre de la Unidad de Trastornos de Identidad de Género, que pasará a llamarse Unidad Multidisciplinar de Identidad de Género) pillaba por sorpresa a oposición y asociaciones LGTB, que esperaban que ambas leyes surgieran, como en otras comunidades en las que se han aprobado normas de este tipo, de un proceso participativo que implicase desde un primer momento a los colectivos afectados.

Cristina Cifuentes ha preferido, sin embargo, anunciar la existencia de los borradores en estado ya avanzado y organizar inmediatamente después una reunión con varios colectivos LGTB para presentárselos delante de las cámaras. Una vistosidad mediática que queda desde luego muy lejos de los tiempos en los que la propia Cifuentes votaba en contra de una propuesta de ley integral de transexualidad presentada por la oposición socialista.

A la reunión convocada el miércoles por la tarde por la presidenta de la Comunidad de Madrid (acompañada de los consejeros de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, Ángel Garrido, y de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo) acudían representantes de Arcópoli, Asociación Respeta, COGAM, COLEGA Madrid, Fundación 26 de Diciembre y Transexualia. No estaban presentes, sin embargo, El Hombre Transexual, Chrysallis ni Fundación Daniela (estos dos últimos agrupan a familias de menores transexuales), precisamente los colectivos que se han mostrado más críticos con la atención que la Comunidad de Madrid presta a la transexualidad. Una ausencia que sorprendía por ejemplo a la diputada socialista Carla Antonelli, que ha registrado ya una pregunta parlamentaria para conocer el motivo concreto de la exclusión.

Carla Antonelli: una “falta de respeto”

“Nos parece una falta de respeto tremenda ningunear el trabajo de las asociaciones a las que se supone va dirigida esta ley”, expresaba de hecho Antonelli, que lleva años luchando por conseguir la aprobación de leyes como las que ahora presenta Cifuentes, al conocer la noticia. Se da la circunstancia de que pocos días antes el PSOE madrileño, junto a Podemos y Ciudadanos, presentaba el proceso participativo, junto a los colectivos LGTB, para elaborar una propuesta de ley integral de transexualidad al que el PP no quiso sumarse.

Antonelli ha dejado claro que su partido va a estudiar con lupa el texto presentado ahora por Cifuentes, que según la diputada socialista en buena medida ha “calcado” algunos puntos del primer borrador que preparaban de forma conjunta oposición y  colectivos.

Chrysallis: “pinkwashing en Madrid”

Muy dura ha sido de hecho la reacción de Chrysallis, uno de los colectivos excluidos, que considera la maniobra de Cifuentes un pinkwashing en toda regla. “Desde mediados del mes de julio los colectivos de la Comunidad de Madrid que representamos a las personas transexuales tanto de forma específica (…) como de forma integrada entre sus siglas (…) nos encontramos trabajando en el proyecto común y de consenso de elaboración de una ley de identidad de género que recoja cada una de las reivindicaciones del colectivo. En la mesa de trabajo se encuentran también representados el Partido Socialista de Madrid, Podemos y Ciudadanos, quienes se han comprometido públicamente a apoyar y registrar de forma conjunta el texto que elaboremos los colectivos. El Partido Popular ha sido invitado a unirse en las mismas condiciones que el resto, es decir, aceptando el compromiso firme de trabajar de forma conjunta y dejando a un lado los intereses partidistas, pero ha declinado la oferta al no poder garantizar, según fuentes, ese compromiso”, explican los padres y madres de menores transexuales, muy molestos con la situación creada y temerosos de que maniobras estéticas como el cambio de nombre de la Unidad de Trastornos de Identidad de Género no sean más que una cortina de humo para que la situación real no cambie.

“Hoy, miércoles, nos preguntamos de dónde habrá sacado el Gobierno de Madrid la información para redactar ese documento sin contar con los colectivos, pero no tenemos a quién dirigir nuestro interrogante: esta tarde la señora Cifuentes ha convocado a los colectivos generalistas para, entre otras cuestiones, presentarles el susodicho borrador. Una vez más la voz de las personas transexuales va a quedar excluida en gran parte ya que ningún colectivo específico ha sido contactado para unirse a la reunión. La infancia y adolescencia trans, los hombres y mujeres trans adultas, las peticiones de primera mano no van a ser escuchadas, una vez más”, añadía el comunicado de Chrysallis.

Beatriz Gimeno: “La ley trans es de los activistas”

También Beatriz Gimeno, expresidente de la FELGTB y diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, se ha mostrado crítica hacia la actitud de Cifuentes en un artículo titulado “La ley trans es de los activistas, no es la ley del PP”, publicado en Publiscopia. “El Partido Popular tiene derecho a sumarse a la defensa de los derechos humanos de las personas pero no tiene derecho a apropiarse de la lucha colectiva que nos ha traído hasta aquí. Esta ley, como la del matrimonio igualitario, es más que una ley; es un recorrido de vida para muchas personas, es una lucha política, es una lucha cultural, es un empeño vital. Los y las activistas se han dejado la piel en el empeño de que se aprobara una ley como esta y ahora, el Partido Popular de la Señora Cifuentes, les quiere arrebatar la posibilidad de ver culminada esta lucha”, escribe Gimeno.

“Todos los partidos llevábamos en nuestro programa electoral la aprobación de dos leyes de estas características. Así pues todos estamos legitimados para trabajar en ellas, para aprobarlas. Pero sólo tres de estos partidos (Podemos, Ciudadanos y PSOE) hemos asumido y defendido que la ley que salga del parlamento madrileño tiene que ser la ley que nos presenten los colectivos lgtb. Aquí, señora Cifuentes, no hay expertos que valgan”, añade Beatriz Gimeno, defendiendo, como Antonelli, que estas leyes, y muy singularmente la de transexualidad, se elaboren junto a los colectivos más directamente afectados, y no de espaldas a ellos. “Una ley como esta es más que una ley y merece consenso y respeto a la lucha de los y las activistas. Y no es respeto sino, al contrario, desprecio; profundo desprecio, presentarla sin contar con nadie, pretendiendo llegar antes sólo para llevarse la foto electoral; porque sea como sea la ley final –y nos alegraremos si es buena- una ley como esta, una ley que reconoce la dignidad de las personas transexuales, será siempre más que una ley y por eso, no es lícito robar el sentimiento, robar el protagonismo, robar el trabajo, robar los años de activismo, solo para ganarse unos votos (…) Nunca será su ley, señora Cifuentes, aunque la aprueben ustedes sin contar con nadie, siempre será la ley de los y las activistas transexuales”, concluye.

COGAM se muestra crítica y pide mejoras

De especial interés nos parece, por último, reseñar la opinión del colectivo COGAM, uno de los asistentes a la reunión con Cifuentes que ha esbozado ya algunas críticas a la propuesta del Gobierno madrileño. En concreto, respecto al borrador de ley integral de transexualidad, COGAM se muestra en abierto desacuerdo con varios artículos que por un lado no se corresponden con la supuesta intención despatologizadora del proyecto, y que por otro no abordan adecuadamente la situación de los menores transexuales.

COGAM ha pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que llegue a un consenso con el resto de fuerzas políticas para mejorar las propuestas y que sean aprobadas por unanimidad, y también que inste al Gobierno español a impulsar una legislación sobre estas materias en todo el estado.

Fuente Dosmanzanas

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Las asociaciones trans de Madrid denuncian que el Partido Popular ha elaborado un anteproyecto de ley paralelo al que este colectivo ha estado trabajando conjuntamente con el resto de fuerzas políticas y los colectivos de personas transexuales, sin que haya contado con su opinión y respaldo.

En su presentación, Cifuentes ha vetado a dos colectivos de padres y madres de niñas y niños transexuales de reconocida trayectoria.

Desde mediados del mes de julio los colectivos de la Comunidad de Madrid que representan a las personas transexuales tanto de forma específica (El Hombre Transexual, Fundación Daniela, Transexualia y Chrysallis Madrid, Asociación de familias de menores transexuales) como de forma integrada entre sus siglas (COGAM, Arcópoli, Fundación 26 de Diciembre y Fundación Triángulo) se encuentran trabajando en Madrid en la elaboración de una ley de identidad de género que recoja cada una de las reivindicaciones del colectivo. En la mesa de trabajo se encuentran también representados el Partido Socialista de Madrid, Podemos y Ciudadanos, quienes se han comprometido públicamente a apoyar y registrar de forma conjunta el texto que elaboremos los colectivos.

Según la asociación Chrisallys, “el Partido Popular ha sido invitado a unirse en las mismas condiciones que el resto, es decir, aceptando el compromiso firme de trabajar de forma conjunta y dejando a un lado los intereses partidistas, pero ha declinado la oferta al no poder garantizar, según fuentes, ese compromiso“.

Es semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que su partido había aprobado presentar una Ley para el colectivo, ya redactada, sin escuchar a las personas “tuteladas por esa administración”. En la página web de la Comunidad se colgaba la noticia de nueve párrafos, de los cuales “los tres primeros eran introductorios, otros tantos llenos de obviedades, sin novedad”, explican desde Chrisallys, y donde “lo sustancioso”, continúan, “consistía en que van a cambiar una palabra en el nombre de la Unidad de Transtorno de Identidad de Género (UTIG), es decir: ‘Trastorno’ por ‘Multidisciplinar'”, critican. Además, esla ley también contempla dos párrafos más dedicados esta vez al Programa de Información y Atención a Homosexuales (PIATH) de la Comunidad de Madrid, que también cambiará de nombre. “Ni una sola de las reivindicaciones del colectivo ha sido recogida, escuchada y plasmada en su texto, ni una sola”, denuncian desde los colectivos de transexuales.

Estas asociaciones afirman que “nos preguntamos de dónde habrá sacado el Gobierno de Madrid la información para redactar ese documento sin contar con los colectivos, pero no tenemos a quién dirigir nuestro interrogante”, ya que Cifuentes ha convocado a los colectivos generalistas para, entre otras cuestiones, presentarles este borrador, sin contar con los colectivos específicos de personas transexuales. “La infancia y adolescencia trans, los hombres y mujeres trans adultas, las peticiones de primera mano no van a ser escuchadas, una vez más”, se lamentan indignados con lo que consideran un intento de “lavado rosa” del Partido Popular.

Para la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli: “Es la Ley del PP no la Ley de los colectivos, donde con lo que ya se ha filtrado a medios, los menores quedan fuera de bastantes de sus reivindicaciones. Nada es casualidad, por eso justamente el PP no los ha invitado”.

Fuente Cáscara amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Arcópoli, Carla Antonelli, Chrysallis, COGAM, Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, El Hombre Transexual, Fundación 26 de Diciembre, Fundación Daniela, Fundación Triángulo, Madrid, Menores transexuales, Partido Popular, PIATH, PSM (PSOE), Transexualia

Nota de Prensa:

El pasado día 14 de septiembre, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, publicó un comunicado sobre transexualidad del que nos hicimos eco y que pretendía demostrar un avance en los posicionamientos oficiales al respecto y lo habría sido hace unos años que no existían leyes como la de Malta, la de Andalucía o la de Extremadura.

Tras una lectura atenta, la plataforma #NadieSiniIdentidad, que agrupa a los colectivos de personas transexuales y familias, se sienten decepcionados: ‘No podemos sino compartir nuestra decepción e indignación. Los colectivos formados por personas transexuales y por familias que conviven diariamente y representan a niñas, niños y adolescentes transexuales, vemos en este comunicado como los profesionales de la psicología se vuelven a quedar cortos en tiempo y forma, no recogiendo ni las peticiones del colectivo ni equiparando realmente los derechos de las personas trans, emitiendo un comunicado con demasiados restos de patologización y falta de rigor ético’.

Es pura cosmética decir que dejamos de considerar la transexualidad una patología, para a continuación decir que se trata de una incongruencia con el sexo biológico. Se sigue hablando de la transexualidad como si de un error se tratase, dando por “bueno, apropiado y normal” una única interrelación entre genitalidad e identidad, sólo porque hay una mayoría estadística de personas que la cumplen. Se convierte lo “habitual” en lo “normal” y de ahí en la “norma a cumplir”. El sexo biológico es el que cada uno tiene, sencillamente porque no hay seres humanos biónicos. Por lo tanto, la única incongruencia existente es con el sexo que se asigna al nacer (hecho que no tiene nada que ver con la propia persona transexual sino con el sistema elegido para sexar).

Utilizar términos altamente patologizantes como “Disforia de género” en sustitución a transexualidad, vinculándolo a la infancia y adolescencia trans y, además, a sufrimiento y malestar, siendo en la realidad, tanto la propia disforia como cualquier sufrimiento, fruto de las presiones externas y de la falta de información adecuada, tanto a las personas transexuales como a las familias y a los propios niños y niñas, contribuye a la ignorancia y la continuidad del estigma y la discriminación.

Las personas son dueñas de sus propias vidas y por lo tanto se debe respetar la Ley de autonomía del paciente, el derecho a ser informadas y a decidir libremente sobre cualquier tratamiento, intervención o itinerario médico-quirúrgico que les afecte sin ningún tipo de injerencia externa y eliminando la obligatoriedad de valoración psicológica alguna. El Comunicado alude al derecho a la identidad de género como un derecho humano, pero pronto se olvidan sus autores de ello, volviendo al discurso paternalista de siempre, al condicionar los tratamientos a la previa evaluación psicológica. En efecto, el derecho a la identidad de género es un derecho fundamental, manifestación del derecho a la dignidad de las personas y del derecho al libre desarrollo de la personalidad, y como tal sólo se verificará si se basa en el sexo sentido como propio, conforme al principio de libre autodeterminación. Por ello mismo, los tratamientos a que deseen someterse las personas transexuales, únicamente deben estar condicionados al consentimiento informado emitido por el usuario o sus representantes, en las mismas condiciones que el resto de los usuarios del sistema sanitario. Lo contrario es seguir estigmatizando a este colectivo de personas, desconfiando de ellas y discriminándolas, por el sólo hecho de que el sexo que se les asignó al nacer no corresponde con su identidad sexual, optando además por seguir segregándolas en “unidades multidisciplinares”.

Para que las personas transexuales sean atendidas por un profesional con formación en la materia no es preciso que existan esas unidades, ni es algo que deba estar reservado a unos pocos como pretenden quienes las componen actualmente, ya que los tratamientos coinciden con los de usuarios cisexuales (aquella persona cuya sexación neonatal coincide con el sexo sentido) del sistema de salud. Las y los profesionales sanitarios que atienden y acompañan a las personas transexuales no requieren de conocimientos específicos más allá de los incluidos en sus propias disciplinas, es decir, un médico endocrinólogo debe conocer los tratamientos con hormonas y sus efectos al igual que un psicólogo debe poder acompañar cualquier situación de stress producida por el tránsito o la presión (buylling, acoso) del mismo modo que acompañaría una situación similar en una persona cisexual. Por lo tanto, pretender justificar la existencia de las unidades como únicas capacitadas para acompañar los tránsitos sociales de las personas transexuales es tratar de dirigir el pensamiento colectivo hacia modelos psicosociosanitarios que no se corresponden con el sentir de las propias personas transexuales, de sus familias y es contrario a sus derechos.

Como en anteriores publicaciones de este tipo, una vez más, se hace referencia a los datos de persistencia en la edad adulta -de dudosa objetividad científica- como medida encubierta de control para el acceso a tratamientos hormonales en las personas menores de edad, justificando así la obligatoriedad de pasar por valoración psicológica, promoviendo de este modo una discriminación clara con respecto al resto de niñas y niños que tienen la opción de desarrollarse libremente en atención a su propia identidad sin necesidad de examen psicológico alguno. “No hace tanto tiempo, que se justificaba la intervención en las personas del colectivo LGB con los mismos argumentos, aunque parece que parte de este colectivo tiene una memoria frágil y ahora aplaude lo que en ningún caso consentirían para ellas y ellos”.

Siendo conscientes de que la salud de cualquier persona no solo consiste en la ausencia de enfermedad sino que incluye el bien estar físico, psíquico y social, consideramos que la medicina, la psicología y cualquier otro tipo de disciplina socio-sanitaria debe enfocarse en colaborar, proteger y acompañar, desde el respeto absoluto, dejando a un lado prejuicios, dilemas morales, políticos, culturales o de cualquier otra índole.

La historia reciente nos demuestra como el colectivo de personas transexuales han sido sometidas al maltrato físico y psíquico por aquellos que se autodenominan expertos, no vamos a permitir que prevalezca la vanidad de algunos profesionales al interés del colectivo. La obtención de atención sanitaria debe ajustarse a las necesidades de los usuarios, en vez de a las estructuras laborales de los profesionales’, concluye el escrito.

Este documento está firmado por la Plataforma estatal Por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad que agrupa a El Hombre Transexual, Comunidad de Madrid, AET- Transexualía , Comunidad de Madrid, Generem, Comunidad de Catalunya, ATC (Asociación de Transexuales de Catalunya-Libertad, Comunidad de Catalunya, Visión Trans, Comunidad de Aragón, Aperttura, Comunidad de Canarias, Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera, Comunidad Andaluza, EmpoderaT, Comunidad de Murcia, Asociación de Familias de Menores Transexuales (Chrysallis),

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Arcópoli lanza, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la campaña “Al insti igual que tú”, consistente en tres pasos: cartelería, charlas de formación en diversidad y convocatoria del premio “Tiza Arcoíris por la Diversidad en las Aulas”. Se trata de una de nuestras medidas del Plan de Choque contra el incremento de agresiones LGTB en la Comunidad de Madrid que hemos venido registrando en los últimos años y cuyos agresores son predominantemente personas jóvenes. Por ello queremos dedicar nuestro primer objetivo a la adolescencia y juventud madrileña.

 El primer paso, el de más impacto, es proponer a los 326 Institutos de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid que cuelguen en sus instalaciones una serie de carteles en pro de la diversidad y el respeto que desde Arcópoli se les ha hecho llegar. En esta colección de carteles se pueden encontrar varias situaciones cotidianas que se producen en los institutos y donde puede haber una persona homosexual, bisexual o transexual.

 Además pedimos a alumnas y alumnos heterosexuales de los institutos que insten al profesorado a que cuelguen los carteles en sus aulas para tener una rendija de diversidad afectivo-sexual y que sus compañeras o compañeros LGTB se puedan sentir más cómodas y seguras en el libre desarrollo de su personalidad, que tiene su momento clave durante la adolescencia. Los carteles se encuentran disponibles para su libre difusión en la página web de Arcópoli.

 Arcópoli también ofrece a cualquier instituto de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid una serie de voluntarias y voluntarios para dar charlas de diversidad en sus aulas con material específico para hablar sin miedos del proceso de salir del armario o sobre cómo convivir en la diversidad.

Por último, Arcópoli convoca desde el 1 de octubre al 30 de mayo a todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid al certamen “Tiza Arcoíris de la Diversidad en las Aulas” para que envíen cualquier tipo de actividad que potencie la igualdad LGTB en sus instalaciones. El 15 de junio un jurado de expertos elegirá al Centro Educativo más inclusivo y respetuoso con la igualdad LGTB, que recibirá la “tiza arcoíris”.

Los carteles de la campaña están disponibles haciendo clic aquí  y son de libre difusión.

Fuente Arcópoli

General, Homofobia/ Transfobia., Tablón de Anuncios Arcópoli, Campaña, Comunidad de Madrid, Escuela, Institutos de Enseñanza Secundaria, Tiza arcoíris, Tiza Arcoíris de la Diversidad en las Aulas, “Al insti igual que tú”

Una interesante reflexión que hemos leído en Dosmanzanas:

Las últimas agresiones por LGTBfobia ocurridas en Madrid y Almería parecen haber despertado por fin las alarmas de políticos y medios de comunicación generalistas. Mientras en comunidades cuyos gobiernos se han negado durante años a legislar en favor de los derechos LGTB, como es el caso de la Comunidad de Madrid, se prometen al fin avances, este jueves hemos visto a un gran diario de tirada nacional, El Mundo, llevar el tema a su portada. Habrá que ver si estamos en serio ante un tiempo nuevo o se trata, como tantas otras veces en España, de reacciones cortoplacistas y de escaso calado real.

Hace tiempo que tanto activistas como medios específicamente LGTB venimos alertando del incremento de incidentes violentos motivados por el odio a la orientación sexual o a la identidad y/o expresión de género de las víctimas. Es cierto que, al menos en una parte, esta apreciación podría estar sesgada por la mayor predisposición a denunciar agresiones que antes se mantenían en secreto, así como por la mayor facilidad, gracias a las redes sociales, para que la información difunda rápidamente sin la necesidad de un “control previo” por parte de los medios tradicionales. Pero hay hechos incuestionables: según datos del propio Ministerio del Interior (los referidos al año 2014 fueron hechos públicos en abril) la mayor parte de los delitos de odio que se cometen en España lo son por LGTBfobia (513, un 39,9% del total). Y las denuncias fueron en 2014 más numerosas que en 2013. Y como la FELGTB ha recordado en varias ocasiones, según sus datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denunciaron en 2014 fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Pese a lo inquietante de la tendencia, poco se ha hecho verdaderamente hasta ahora para combatir esta lacra. Es cierto que Interior ha desarrollado un primer protocolo de delitos de odio, pero de ahí a que haya una atención verdaderamente eficiente a las víctimas en todo el territorio y por parte de todos los cuerpos policiales dista un largo trecho. Solo dos comunidades autónomas, Cataluña y Extremadura, han aprobado hasta el momento legislaciones contra la discriminación de las personas LGTB dignas de tal nombre, más allá de declaraciones formales. Pensar en una legislación a nivel estatal y con un enfoque integral es política-ficción, al menos hasta que no cambie la composición de las Cortes Generales.

Los últimos episodios, ocurridos en el intervalo de muy pocos días (una brutal paliza a una pareja gay en la Feria de Almería, que acabó con una de las víctimas hospitalizada con la mandíbula y un brazo rotos; el ataque, afortunadamente sin consecuencias físicas tan graves, a otra pareja gay en pleno centro de Madrid; el acoso a un grupo de jóvenes LGTB en un local de Alcalá de Henares y la agresión a una mujer transexual en otro local del barrio de Tetuán, en Madrid), parecen sin embargo haber despertado de repente algunas conciencias dormidas.

Cristina Cifuentes anuncia medidas

En dos manzanas recibíamos el martes, por ejemplo, un comunicado del gabinete de prensa de la Comunidad de Madrid, en el que se informaba de la voluntad de la nueva presidenta, Cristina Cifuentes, de que las oficinas de asistencia a las víctimas con las que cuenta la administración autonómica en los juzgados, presten atención integral a las personas LGTB, así como de reunirse con asociaciones del ámbito LGTB y promover la anunciada ley autonómica de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato, “que incluirá medidas de protección y prevención de la violencia”.

Todo un cambio en una comunidad en la que el hasta hace poco todopoderoso Partido Popular se había negado a legislar cualquier avance en materia LGTB. Hace solo unos meses el anterior consejero de Transportes, Pablo Cavero, llegó a decir que una inocente campaña contra la LGTBfobia en el Metro de Madrid “no era necesaria” (Cavero es actualmente concejal del PP en el Ayuntamiento). La propia Cristina Cifuentes, que por ejemplo también ha prometido una ley integral de transexualidad, votó en contra de ella en 2010. Y por lo que se refiere a futura ley de igualdad de trato, aún no existe la garantía de que no se tratará de una ley cosmética, desprovista de capítulo sancionador, como la que el PP forzó a aprobar en Galicia.

Por su parte, Concepción Dancausa, la misma delegada del Gobierno en Madrid que hace apenas unas semanas mostró su desagrado porque las banderas arcoíris ondearan en los Ayuntamientos, permitiera una manifestación homófoba de la extrema derecha en plenas celebraciones del Orgullo, o que en 2009, siendo concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Madrid, se negó a apoyar una sencilla declaración en favor de los derechos de las personas LGTB (solo porque hacía referencia a la necesidad de dar visibilidad a la diversidad afectivo-sexual en el ámbito educativo y se congratulaba por el matrimonio igualitario) pide ahora “tolerancia cero contra las agresiones homófobas”.

Muchos denunciarán la hipocresía de aquellos que cuando disfrutaban de mayoría absolutas ejercían su más absoluto desprecio a los derechos LGTB y cuando la situación política ha cambiado se convierten en “campeones contra la homofobia”. No les faltará razón, pero creemos que incluso así hay que congratularse por los avances. Esperemos que no se queden en una simple limpieza de imagen transitoria y coyuntural.

El Mundo lleva a portada el problema

Si bien los medios digitales se muestran algo más sensibles al problema, nunca hasta ahora las agresiones por LGTBfobia habían merecido demasiada atención más allá de referencias coincidentes con los “días temáticos”, como el 17 de mayo o el 28 de junio. Por eso consideramos positivo que un diario generalista como El Mundo haya llevado este jueves el problema a la portada de su edición principal. Crecen las agresiones homófobas de menores de 20 años es el artículo que, firmado por Alberto Muñoz, recoge de forma seria y ponderada el repunte de la LGTBfobia en menores. De obligada lectura La escuela es un gigantesco armario, una reflexión que en mismo periódico publica Fernando J. López, profesor de Educación Secundaria y autor de la magnífica La edad de la ira. “Resulta fácil culpar a los agresores directos, a esos adolescentes que acosan a un compañero por su orientación sexual. Sin embargo, esa acusación olvida la raíz del conflicto: el inmenso vacío en el que se halla la educación para la igualdad”, escribe López.

El Mundo también editorializa sobre el tema, asegurando que “la educación en la tolerancia y los valores cívicos son sin duda el mejor arma para erradicar el odio”. Este periódico pide también a la administración que se implique “en la lucha contra las agresiones promovidas en el entorno digital” y afirma que “educar en una sociedad menos machista a nuestros jóvenes es vital para reducir delitos de odio como los que se han registrado este verano en Madrid”. ”Por otra parte, ante el aumento de casos de este tipo de violencia en las aulas también sería deseable una mayor implicación de la Fiscalía de Menores, como reclaman las asociaciones. También es preciso reforzar la atención a las víctimas, puesto que tan sólo se denuncian el 25% de las agresiones homófobas”, añade el editorial. No podemos estar más de acuerdo…

Esperemos que este clima de preocupación y denuncia no se diluya en el tiempo y que la terrible acumulación de agresiones sirva, al menos, como catalizador de medidas que puedan tener un efecto real. La actual coyuntura política a nivel municipal y autonómico, y la que puede existir a nivel estatal en unos pocos meses (con al menos una pérdida de la mayoría absoluta del PP) debería favorecerlo.

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Sólo se denuncian dos de cada diez agresiones por orientación sexual

Ha recordado que el Gobierno regional tramitará una ley contra la discriminación y dará asistencia integral a las víctimas en los juzgados de lo Penal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha condenado la última agresión homófoba que ha tenido lugar en la Comunidad de Madrid y ha recordado que el Gobierno regional tramitará una ley contra la discriminación y dará asistencia integral a las víctimas en los juzgados de lo Penal.

Tras mantener una reunión con la alcaldesa de Aranjuez, Cristina Moreno, Cifuentes ha recalcado que este tipo de agresiones son “delitos de odio” y deben de ser “tratados como tal” después de que en la madrugada del pasado sábado dos jóvenes de 25 años sufrieran agresiones por su condición sexual entre la confluencia de las madrileñas calles de Alcalá y Gran Vía.

Por ello, la presidenta ha manifestado su “condena unánime” hacia este tipo de agresiones de “odio” y ha añadido que tiene intención de reunirse, en los próximos días, con las asociaciones de colectivos que defienden los derechos homosexuales.

Asimismo, Cifuentes ha informado de la colaboración del Gobierno regional con el Ministerio de Justicia para que se dé una atención “integral” a las víctimas de este colectivo en las Oficinas de asistencia a las víctimas que tiene la Comunidad de Madrid en los juzgados de lo penal de Julián Camarillo y Plaza de Castilla.

Finalmente, la presidenta ha manifestado una “condena unánime” en la que se suman “todos los madrileños” hacia “este tipo de agresiones que son delitos de odio y tienen que ser tratados como tal, con el agravante que supone este tipo de odio hacia las personas por razón de su religión, raza u orientación sexual”, ha asegurado.

Según datos de la Oficina de Atención LGTB de la Comunidad de Madrid, situada en el número 22 de la calle Alcalá, en lo que va de año se han registrado 20 agresiones físicas o verbales a personas de este colectivo. Se trata de ataques de distinta importancia, que no siempre son objeto de denuncia.

Sin embargo, las asociaciones LGTB consideran que en España buena parte de los ataques no llegan a hacerse públicos y que sólo se denuncian dos de cada diez agresiones.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Comunidad de Madrid, España, Madrid, Oficina de Atención LGTB

Enésima agresión homófoba en Madrid, ocurrida nuevamente en pleno centro de la capital y denunciada por el colectivo Arcópoli. Ocurrió en la madrugada del sábado 22 de agosto, en la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía, cuando dos chicos fueron agredidos por dos matones que se les acercaron y les preguntaron si eran “maricones”.

Según el comunicado difundido por Arcópoli, los dos chicos, de 25 años de edad, caminaban abrazados hacia la Plaza de Cibeles después de tomar algo por el barrio de Chueca, camino ya de vuelta a casa. Fue entonces, a la altura de la confluencia de Alcalá y Gran Vía, cuando se les acercaron los dos agresores, que tras preguntarles en tono despectivo si eran “maricones” e intimidarles, propinaron un puñetazo a uno de los dos jóvenes. Estos, asustados, pidieron auxilio. Fue la implicación de otro viandante la que por fin consiguió ahuyentar a los atacantes, no sin que antes estos intentaran además robar a las víctimas.

“El mismo sábado de madrugada, en cuanto tuvimos constancia de la agresión, Arcópoli atendió a una de las víctimas que acudió a nosotros. Al día siguiente, le animamos a que fuera a denunciar y finalmente la víctima que sufrió la agresión física ha interpuesto hoy, acompañado por voluntarios de Arcópoli, la correspondiente denuncia en la Comisaría de Policía de Madrid específica de los delitos de odio”, señala el comunicado del colectivo madrileño, que muestra su preocupación por el evidente aumento de las agresiones en las inmediaciones de Chueca, “cuando las parejas del mismo sexo siguen visibilizándose de forma espontánea, pero sin estar ya en el barrio”.

Puesto en comunicación a través de las redes sociales con dosmanzanas, uno de los chicos agredidos se felicita de que “por suerte” no les pasara nada grave, más allá del tremendo susto, y nos comunica, en su caso, su intención de denunciar la agresión mañana martes. ”Ni siquiera éramos pareja. Íbamos abrazados como amigos”, nos comenta.

“Desde Arcópoli venimos exigiendo a las administraciones un plan de choque que no se pone en marcha y más herramientas para poder luchar contra la violencia a nuestro colectivo. Necesitamos que se nos empiece a tomar en serio. El incremento de 2014 no ha sido puntual, como demuestran los casos de 2015”, ha señalado por su parte el coordinador de Arcópoli, Yago Blando.

Madrid: la LGTBfobia se hace visible

Hace solo una semana que recogíamos la noticia de otra agresión en Alcalá de Henares. Pocos días antes una mujer transexual era agredida en Madrid, en el barrio de Tetuán. Noticias de agresiones que se suman a las ocurridas en febrero y marzo de 2014 contra sendas parejas de chicos gais en pleno centro de la capital, la terrible paliza sufrida por una pareja gay en septiembre, la agresión verbal ocurrida en el metro en noviembre o la agresión a otros dos chicos en diciembre. Un escenario de violencia física y verbal preocupante, al que se suman episodios de discriminación como el ocurrido en un céntrico Burger King o el documento interno homófobo por el que Metro de Madrid se vio obligado a pedir disculpas.

Episodios que trascienden a la prensa, pero que no dejan de ser la punta de un inquietante iceberg. Según datos de la FELGTB, más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia. O entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Incluso así, el grupo más numeroso de los delitos de odio que sí fueron contabilizados en 2014 (513, un 39,9% del total) estuvieron motivados por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

Se mire por donde se mire, el problema es grave, y las administraciones públicas madrileñas deberían actuar de forma contundente. Resulta imperioso que el Ayuntamiento de Madrid ponga en marcha cuanto antes la prometida oficina municipal contra la discriminación y los delitos de odio, enmarcada en un plan de convivencia y tolerancia en la capital propuesto por el PSOE y que fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento el pasado 22 de julio (con los votos a favor de socialistas y Ahora Madrid). Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, seguimos a la espera de que el gobierno de Cristina Cifuentes adopte algún tipo de medida al respecto.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno Regional ha anunciado que ya trabaja en la elaboración de una ley integral de transexualidad que recogerá, entre otros aspectos, medidas de protección y prevención en la violencia hacia lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.

En una nota de prensa, el Gobierno regional ha señalado que esta medida es uno de los compromisos recogidos en el programa electoral de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, junto al impulso a una ley de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato LGTB.

El Ejecutivo madrileño también se comprometió a establecer medidas de protección y prevención en violencia LGTBfóbica y en parejas del mismo sexo, y a promover un convenio con el Colegio de Abogados para la orientación jurídica en esta materia.

Al respecto, ha concretado que actualmente se están realizando los estudios previos para elaborar un borrador de anteproyecto de leyes de igualdad de derechos y lucha contra la discriminación por orientación o identidad sexual, así como una ley integral de transexualidad.

La diputada socialista Carla Antonelli informó el pasado mes de julio de que los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y Ciudadanos tenían previsto conjuntamente elaborar una ley integral de transexualidad y registrarla en la Asamblea de Madrid, una iniciativa que el PP había recibido “de buen agrado”.

El objetivo principal de esta ley, según indicó, es “acabar con la discriminación del colectivo transexual” que, a su juicio, es el que se lleva la peor parte de todos los que integran las siglas LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)” en ámbitos como el trabajo, la escuela o las residencias de tercera edad.

La Comunidad de Madrid cuenta con el único servicio público de España especializado en la atención a personas LGTB a través de un programa pionero en España que ha atendido a casi 11.000 personas desde 2002, según el Gobierno regional.

En este tiempo se han realizado 72.700 intervenciones, no solo con personas residentes en la Comunidad, sino también procedentes de otros territorios en los que sufren procesos de discriminación por su orientación o identidad sexual.

Además, el programa LGTB cuenta con un área de formación destinada a profesionales de diversos ámbitos, como sanitario, educativo, de servicios sociales o fuerzas de seguridad, que puedan encontrarse con posibles casos de discriminación.

Fuente Agencias

General Carla Antonelli, Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Ley de protección contra la discriminación y por la igualdad de trato LGTB, Ley Integral de Transexualidad, Madrid, PP, PSOE

El grupo socialista de la Asamblea de Madrid, de la mano de la diputada y activista LGTB Carla Antonelli, ha propuesto al resto de grupos de la cámara comenzar a trabajar ya de forma conjunta por la aprobación de una ley integral de transexualidad. Antes de las últimas elecciones autonómicas, en un debate que fue organizado por COGAM, representantes de las cuatro formaciones políticas representadas en la Asamblea se comprometieron a ello. Y la que ya es nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, prometió en su debate de investidura sacar adelante esta ley, pese a que ella misma votó hace años en contra de un proyecto similar.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid propone al resto de los grupos en la Cámara trabajar conjuntamente en la Ley Integral de Transexualidad. Según la diputada socialista Carla Antonelli “esta es una Ley necesaria que defiende los derechos de las personas transexuales. Todos los grupos se han comprometido con las reivindicaciones de este colectivo, por lo que se entiende que atenderán la propuesta de trabajar juntos para su redacción y tramitación en la Asamblea de Madrid”.

El Grupo Socialista formula esta propuesta tras mantener, en la tarde del jueves, una reunión de trabajo con representantes de estos colectivos de Madrid, para escuchar sus demandas y reivindicaciones. Los asistentes al encuentro representaban a: COGAM, Transexualia, Chrysalis, Fundación Triángulo Madrid, Fundación Daniela, El Hombre Transexual, ARCOPOLI y Fundación 26 de Diciembre.

El Partido Socialista ya trasladó a la Asamblea, en las dos últimas legislaturas, su interés por tramitar leyes integrales de transexualidad. La mayoría absoluta del Partido Popular impidió que las iniciativas pioneras del Grupo Socialista prosperasen. “Ojalá pueda celebrar ahora lo que parece es un cambio de actitud de Cristina Cifuentes”, señala Carla Antonelli, quien  ya presentó en la pasada legislatura un proyecto de ley integral de transexualidad para la Comunidad de Madrid, que el PP –que entonces disponía de mayoría absoluta– se negó finalmente a tramitar pese a haber amagado en un principio con que podría aceptarla. El proyecto que entonces presentó el grupo socialista tras consultar con los colectrivos LGTB, y que aún puedes consultar en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del 26 de septiembre de 2013 (páginas 16.661 a 16.676) integraba como básico el principio de despatologización de la transexualidad y recogía además disposiciones sobre documentación administrativa, servicios de asesoramiento, atención sanitaria, no discriminación laboral, medidas de inserción, menores transexuales y personas mayores y mejoras en el ámbito educativo.

Un rechazo nada sorprendente entonces, dado que en junio de 2010 ya el PP había rechazado por primera vez la posibilidad de discutir un proyecto similar inpulsado por el entonces diputado socialista en la Asamblea Óscar Blanco (hoy concejal en Aranjuez). Una de las diputadas populares que entonces votó en contra fue precisamente Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre era todavía presidenta de la Comunidad y, como de hecho sigue siéndolo todavía, líder del PP madrileño. “Ojalá pueda celebrar ahora lo que parece es un cambio de actitud de Cristina Cifuentes”, ha declarado ahora Carla Antonelli, recordando el historial del PP respecto a este tema.

El Grupo Parlamentario Socialista va a instar a Podemos, Ciudadanos y al Partido Popular a trabajar conjuntamente con los colectivos implicados y, si ha lugar, registrar como fruto del consenso la iniciativa de la Ley que “debe hacer de la Comunidad de Madrid un referente para toda España en materia de derechos civiles para el colectivo que más discriminación sufre de las siglas LGTBI”, apunta la diputada socialista. Otras CCAA como Andalucía, Cataluña, Extremadura o Navarra ya disponen de legislación al respecto.

A la reunión celebrada el jueves en la Asamblea asistieron, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el portavoz adjunto, José Manuel Franco; Carmen Martínez Ten; la portavoz de Políticas Sociales y Familia, Josefa Navarro y la diputada socialista Isabel Andaluz. Así como el coordinador regional del Grupo LGTB del PSM, Ramón Martínez y la propia Carla Antonelli.

Carla Antonelli, única diputada transexual en España, fue la encargada de defender la Ley Integral de Transexualidad en la pasada legislatura. Antonelli manifestó su convencimiento “de que el resto de los grupos se unirán a este proyecto, ya que por encima de cualquier ideología política deben prevalecer los derechos humanos de este colectivo históricamente discriminado”.

Madrid no es pionera…

En España, conviene recordar, fueron Navarra (en 2009) y Euskadi (en 2012) las comunidades que abrieron el camino aprobando leyes integrales de transexualidad. En 2014, y tras una larga lucha de los colectivos trans de la región, veía por fin la luz la ley andaluza, considerada todo un hito pese a los problemas que están surgiendo en su aplicación (que demuestran, en todo caso, que para que las buenas leyes se cumplan deben acompañarse de un desarrollo reglamentario eficiente).

También en 2014 se aprobaba una ley en Canarias, mientras que en 2015 era Extremadura la que aprobaba una ley contra la discriminación de las personas LGTB que, aunque no siendo específica de transexualidad, sí incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades. La Comunidad de Madrid, por tanto, no será pionera en este aspecto, pero sí que podría aprovecharse de la experiencia previa de otras comunidades para hacer una ley aún mejor. Esperemos que así sea.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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