Coronado ya el pasado sábado día 6 el Rey Carlos III del Reino Unido, muchos países caribeños se plantean un futuro sin monarquía. Carlos fue ungido rey durante su coronación el sábado, no sólo del Reino Unido, sino de otros 14 reinos de la Commonwealth. Ocho de estos reinos son naciones caribeñas que en su día fueron colonizadas por los británicos.

Seis -Belice, Bahamas, Jamaica, Granada, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves- anunciaron sus planes de convertirse en repúblicas en 2022, siguiendo el ejemplo de Barbados. Muchos desearían una disculpa de la familia real británica por su complicidad en el colonialismo. La región sigue lidiando con el legado del imperio británico; para los caribeños LGBTQ+, esto se siente profundamente en las leyes y actitudes homófobas que dejó tras de sí.

En su apogeo, el imperio británico tenía colonias en todos los continentes, salvo en la Antártida. Se implantó el fundamentalismo cristiano como sistema de creencias básico, y se introdujeron leyes que convertían las relaciones entre personas del mismo sexo en un delito punible con la cárcel. Políticos y jueces se esfuerzan hoy en día por deshacer esas leyes, pero no es tarea fácil.

Kenita Placide, directora ejecutiva de la Alianza del Caribe Oriental para la Diversidad y la Igualdad (ECADE), explica a PinkNews que en los últimos 20 años se han producido “cambios culturales” en materia de aceptación e igualdad LGBTQ+.

 Pero la combinación de la ley y la religión ha demostrado ser resistente a la hora de moldear actitudes.  “Por eso es tan difícil, porque ése es un aspecto de la Biblia, no el único, pero sí uno de los aspectos de la Biblia que en realidad está arraigado en la ley….. Ambos [la Biblia y la ley] empujan a decir que lo que estás haciendo es ilegal, lo que estás haciendo es pecaminoso y eso te empuja a ese tipo de actividad”, explican.

“Una cosa que la gente no entiende es que el Caribe tiene una base religiosa de nuestra época colonial, y cualquiera que en el pasado se sintiera atraído por personas del mismo sexo básicamente se golpeaba a sí mismo porque no era lo que le habían enseñado a creer.

“No entendían por qué sus sentimientos eran diferentes de los de otras personas en términos de lo que llamamos normal. Cuando la sociedad decide golpearles, ellos ya se han golpeado a sí mismos por ser diferentes en primer lugar.

Añaden que la esclavitud de los pueblos del Caribe también tiene un efecto persistente. “Como medida de control de los hombres en particular, fueron violados en una cultura esclavista, y eso ha dejado tras de sí su propio trauma, además del de la religión“, afirma Placide.

El Caribe LGBTQ+ sigue afectado por el cristianismo “importado“

A la hora de analizar el impacto de la religión, Placide afirma que es importante tener en cuenta su “continua importación” de grupos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Muchos de esos grupos también están presionando contra la autonomía y los derechos de las mujeres, señala Placide. “Pensando en el embarazo y los abortos y el trabajo sexual, se dice que todas esas cosas son ilegales en algunos de nuestros países, pero son los mismos grupos los que lo impulsan desde un punto de vista religioso“.

En diciembre, la comunidad LGBTQ+ del país celebró otro acontecimiento histórico después de que el Tribunal Supremo anulara las leyes sobre homosexualidad de la época colonial, que penalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

La sentencia de Barbados fue el resultado de los esfuerzos locales y regionales para desafiar la legislación anti-LGBTQ+, y fue encabezada en parte por ECADE. El grupo instó a otros países caribeños a seguir el ejemplo de Barbados para proteger a las personas queer de estas leyes anticuadas y odiosas.

Aunque queda mucho por hacer para que el Caribe sea un lugar más seguro para las personas LGBTQ+, Placide afirma que la región tiene una hermosa y vibrante cultura queer llena de música y celebraciones. “Lo único que me encanta ver en nuestra comunidad LGBT, y que es continuamente visible y floreciente, es su creatividad“, añaden. “La creatividad en el arte habla por sí sola. Ya sea en ellos actuando o en ellos creando, está ahí”.

Y añaden: “Creo que aquí es donde entran otras motivaciones. Cómo seguimos creando ese espacio que permite a la gente progresar, pero sobre todo disfrutar de su medio de vida, disfrutar como ciudadanos de un país? Tenemos 26 organizaciones que hacen un trabajo brillante en todas las islas, por lo que su registro, su existencia y su servicio a la población significan que también [estamos] haciendo algo en la buena dirección”.

Fuente Pink News

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Presidente de Uganda Yoweri Museveni

El parlamento de Uganda busca endurecer su postura contra las personas queer al escuchar un proyecto de ley que criminalizaría identificarse como LGBTQ+.

Los legisladores dicen que la prohibición actual de las relaciones entre personas del mismo sexo, que se castiga en el país de África oriental con hasta cadena perpetua, no es suficiente.

Las fuertes raíces religiosas (católicos y anglicanos apoyan la ley) y conservadoras de Uganda significan que hay opiniones profundamente anti-LGBTQ+ en el país.

El parlamento ugandés intentó anteriormente volver a criminalizar la homosexualidad con una ley en 2013. Sin embargo, al año siguiente, fue anulada por la Corte Suprema, que dictaminó que la legislación se aprobó incorrectamente y contravenía la constitución del país.

El proyecto de ley contra la homosexualidad de 2023 incluye la prohibición de tocar a otra persona “con la intención de cometer el acto de la homosexualidad”, y las personas declaradas culpables del “delito de la homosexualidad” se enfrentan a hasta 10 años de cárcel.

El mismo castigo es posible por simplemente identificarse como lesbiana, gay, trans, queer o “cualquier otra identidad sexual o de género que sea contraria a las categorías binarias de hombre y mujer”, dijo Human Rights Watch.

Reuters informó que la presidenta del parlamento de Uganda, Anita Among, instó a los parlamentarios a rechazar la intimidación, refiriéndose a las historias de que algunos países occidentales amenazaban con imponer prohibiciones de viaje a los involucrados en la aprobación de la ley.

Habiendo tenido el proyecto de ley su primera lectura en el parlamento, ahora se ha enviado a un comité, donde habrá audiencias públicas, antes de que regrese al parlamento para un debate y una votación.

Oryem Nyeko, investigador de Uganda en Human Rights Watch, dijo que criminalizar a las personas “simplemente por ser quienes son”, además de infringir los derechos a la privacidad y la libertad de expresión, era “una de las características más extremas” del proyecto de ley.

“Los políticos de Uganda deberían centrarse en aprobar leyes que protejan a las minorías vulnerables y afirmen los derechos fundamentales y dejar de apuntar a las personas LGBT para obtener capital político”, dijo.

“Lo que está intentando el gobierno debería hacer sonar las alarmas entre los grupos de la sociedad civil en Uganda y en la comunidad internacional, ya que indica una mayor represión y el sofocamiento de las voces de la oposición y los grupos de la sociedad civil en todos los ámbitos”.

La Fundación Peter Tatchell organizó una protesta que tuvo lugar el 13 de marzo frente a la Abadía de Westminster para expresar su oposición a la legislación propuesta.

La fecha marca el Día de la Commonwealth y la protesta tendrá lugar “cuando los líderes de la Commonwealth y el rey Carlos lleguen para el servicio anual del Día de la Commonwealth”, dijo Peter Tatchell. Uganda es miembro de la Commonwealth.

JOIN US: Protest Uganda & Commonwealth homophobia! Mon 13 March 1pm Westminster Abbey, as Commonwealth leaders, PM & King Charles attend Commonwealth Day service. 32 Commonwealth nations criminalise LGBTs. Uganda bids to outlaw LGBT identity & groups. INFO https://t.co/OkIQcjkqXc pic.twitter.com/dfapiywovX

— Peter Tatchell (@PeterTatchell) March 9, 2023

Al describir el proyecto de ley como una de las leyes homofóbicas más amplias y draconianas jamás consideradas por cualquier régimen en el mundo, Tatchell agregó: “Prohibiría casi todos los aspectos de la existencia LGBT+”.Señaló que violaba las secciones dos y cuatro de la Carta de la Commonwealth, el artículo 21 de la constitución de Uganda y los artículos  dos y tres de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

La activista ugandesa Abbey Kiwanuka, del grupo LGBTI africano Out & Proud, dijo que lucharán contra el proyecto de ley. “Al contrario de lo que afirman los proponentes de este proyecto de ley, nadie está reclutando a nadie para la homosexualidad”, dijo Kiwanuka.

El fundador de African Equality Foundation, Edwin Sesange, hizo un llamado a los líderes de la Commonwealth para que “se pronuncien y hagan que países como Uganda rindan cuentas y respeten los derechos humanos básicos”. Agregó: “No hay un futuro común pacífico en la mancomunidad cuando se persigue a las personas LGBT”.

Reuters informó que activistas dijeron que ya ha habido una ola reciente de discriminación y violencia contra la comunidad LGBTQ+ en el país este año, luego de una investigación realizada por un comité parlamentario sobre informes de supuesta promoción de la homosexualidad en las escuelas.

 La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda   

La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. Como señalábamos anteriormente, el artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.

Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.

Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.

Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.

Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.

En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…

En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.

En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.

En agosto de 2022, el  Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…

La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.

En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.

Fuente PinkNews/Cristianos Gays

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La Corte Caribeña de Justicia (CCJ), tribunal de última instancia de varios países de la región, ha emitido una sentencia contra la ley guyanesa que coartaba la expresión de género de las personas trans. Es el resultado de un proceso que se remonta a 2010, cuando seis mujeres transexuales reclamaron a la justicia el fin de la norma, de origen colonial, que les impedía vestir de acuerdo a su identidad de género. Las demandantes habían sido arrestadas un año antes por portar una indumentaria femenina mientras su género legal era masculino. Los jueces del alto tribunal consideran que la ley es inconstitucional por violar el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Buenas noticias desde el Caribe, la región de América con una LGTBfobia más arraigada. La Corte Caribeña de Justicia (CCJ) ha declarado inconstitucional la norma guyanesa que prohibía la «vestir atuendos femeninos por parte de hombres» y «vestir atuendos masculinos por parte de mujeres». Una redacción que tiene su origen en la época colonial británica y que se ha usado principalmente para perseguir a mujeres trans. Entre ellas, las seis que en 2010 iniciaron el proceso, un año después de ser arrestadas por «travestismo». «Fue una de las experiencias más humillantes de mi vida», relataba entonces una de las afectadas. Contaron con el respaldo de SASOD (Guyana’s Society Against Sexual Orientation Discrimination), una organización que pese a la situación jurídica adversa lucha por los derechos de las personas LGTB e intenta que el país ponga fin a la prohibición tanto de la homosexualidad como de la transexualidad.

En 2013, el magistrado de la Corte Suprema de Guyana Ian Chang daba parcialmente la razón a las demandantes, pero optaba por mantener la prohibición si el «travestismo» tenía lugar con «intenciones inapropiadas». Las interesadas y los activistas entendieron que esta vaga formulación dejaba la puerta abierta a la discriminación, por lo que recurrieron el fallo ante la Corte de Apelaciones de Guyana, que sin embargo ratificó la sentencia de Chang. Se dirigieron entonces a la Corte Caribeña de Justicia, el tribunal de última instancia de Guyana, así como de Barbados, Belice y Dominica. La CCJ comenzó a escuchar los argumentos del caso en junio de este año.

El pasado día 13, el alto tribunal decretó la inconstitucionalidad de la ley. Los magistrados han considerado que el artículo en cuestión «viola el derecho de los demandantes a la protección de la ley  y es contrario al imperio de la ley». La sentencia, que puedes descargar aquí, defiende la libertad de expresión de los peticionarios a pesar de la «confusión, miedo, incluso asco» que la realidad LGTB produce en gran parte de la sociedad caribeña y que genera «con frecuencia escarnio y a veces violencia contra aquellos que son diferentes». Frente a estas situaciones, es papel de los tribunales «ofrecer protección legal a los que sufren los embates de dichos comportamientos».

Un marco hostil que va cambiando lentamente

La antigua Guayana Británica, hoy Guyana, es un país de América del Sur que limita al este con Surinam y al oeste con Venezuela y Brasil. Miembro de la Commomwealth, su lengua oficial es el inglés y su religión mayoritaria el cristianismo, distribuido en diferentes confesiones, aunque casi una cuarta parte de la población practica el hinduismo y más de un 7% son musulmanes. La ley prohíbe tanto las relaciones homosexuales masculinas (castigadas con penas de cárcel que oscilan entre los dos años y la cadena perpetua) como, hasta ahora, el vestir de acuerdo a la identidad de género en el caso de las personas trans, sean hombres o mujeres.

En 2012, el Gobierno guyanés abrió un proceso de consultas para valorar la posible retirada de su legislación de las medidas que discriminan a las personas LGTB, entre ellas la criminalización de las relaciones entre varones. Un empeño que contó con la férrea oposición de los líderes religiosos del país, tanto cristianos como hindúes y musulmanes. Durante la campaña de las elecciones de 2015, los principales partidos expresaron su apoyo a la despenalización. El actual presidente, David A. Granger, defiende la legalización de los actos consentidos entre personas del mismo sexo. Las sentencias en el mismo sentido de los tribunales supremos de Belice, en 2016, y de Trinidad y Tobago, en abril de este año, mantienen la esperanza de los activistas por un cambio que no acaba de llegar a Guyana.

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El gobierno británico destina algo más de 5 millones de libras para promover la reforma de las leyes homofóbicas que todavía hoy en día condenan las relaciones entre personas del mismo sexo en algunos países miembros de la Commonwealth, que se consideran una nefasta herencia del legado colonialista del Reino Unido.

Más allá de reconocer su responsabilidad en el homofóbico legado histórico que el Reino Unido ha dejado en las que fueran sus colonias, el gobierno de Theresa May quiere contribuir a enmendar esta situación para lo que destina más de 5 millones de libras para alentar la reforma de las leyes que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo actualmente en 37 de los 53 países que forman la Commonwealth. «Conseguir las leyes adecuadas es un paso esencial para acabar con la discriminación que hemos visto», declara Amber Rudd, Secretaria de Interior del gobierno británico al anunciar el incentivo para reformar las leyes que afectan principalmente a la mujer y al colectivo LGBT durante la reunión de los jefes de gobierno de la Commonwealth, el pasado 20 de abril.

«Las leyes anti LGBT en algunos países de la Commonwealth son un legado del pasado colonial de Gran Bretaña (…). La Primera Ministra del Reino Unido dejó en claro el martes que lamentamos profundamente el legado histórico británico de leyes contra los homosexuales en la Commonwealth», afirma Rudd, quien dimitía de su cargo el pasado este mismo domingo, 29 de abril, debido a su gestión del escándalo destacado tras conocerse el trato de su gobierno a la denominada Generación Wondrush, residentes de origen caribeño tratados como inmigrantes en situación irregular.

«Reconocemos nuestra responsabilidad social, además de ser lo correcto, promover la igualdad LGBT en el Reino Unido y en la Commonwealth (…) Vamos a estar preparados para apoyar a cualquier miembro de la Commonwealth que desee reformar su legislación obsoleta que hace posible la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Me complace anunciar que brindaremos £ 5.6 millones para un programa de apoyo a la igualdad de género y LGBT, trabajando con organizaciones como Kaleidoscope Trust, Royal Commonwealth Society, Human Dignity Trust y Sisters for Change para apoyar la reforma de la leyes», sostiene Rudd, quien se postulaba hasta el domingo como perfecta sucesora de May.

El Príncipe Harry y su prometida, Meghan Markle, hablaban igualmente ante el Commenwealth Youth Forum, dejando claro que la igualdad entre homosexuales, bisexuales y transexuales no es un asunto relacionado con la sexualidad, sino un problemas de «derechos humanos básicos».

Fuente Universogay

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Ampliamos la noticia que ayer mismo publicábamos… Con ocasión de la reunión en Londres de los jefes de Gobierno de los 53 países que componen la Commonwealth (o Mancomunidad de Naciones), los defensores de los derechos LGTB han reclamado que se tomen medidas para que se despenalicen las relaciones homosexuales en todos esos territorios. En 36 de esos países, la homosexualidad está castigada con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua, en su mayor parte como herencia de la legislación vigente en el entonces Imperio Británico del que formaban parte. La primera ministra británica, Theresa May, ha calificado de «equivocada» esta penalización histórica, y ha solicitado a los representantes de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones la derogación de las leyes discriminatorias.

Durante la semana del 16 al 22 de abril, se ha celebrado en Londres la reunión bienal de los jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (también conocida por Commonwealth). Aprovechando la ocasión, los activistas que defienden los derechos LGTB han organizado manifestaciones en protesta por las legislaciones que condenan las relaciones homosexuales en 36 de los 53 países integrantes.

Peter Tatchell, uno de los organizadores de las protestas, resumía así la situación: «La Commonwealth es un bastión de la homofobia. El 70 % de los estados miembros tienen leyes homófobas y no protegen a las personas LGTB contra la discriminación y los crímenes de odio. La cumbre bienal de la Commonwealth se ha negado durante décadas a debatir, y mucho menos apoyar, la igualdad LGTB. Este año no es diferente. Una vez más, los derechos LGTB han sido excluidos de la agenda de los mandatarios». El activista reclamaba que los jefes de Gobierno de la Mancomunidad «pongan fin a la persecución de más de cien millones de ciudadanos LGTB sancionada por el Estado».

Aunque, efectivamente, ningún debate sobre los derechos LGTB estaba programado, la primera ministra británica sí quiso hacer alguna referencia al respecto en su discurso de apertura de la cumbre del pasado día 17 de abril. Ante los jefes de Gobierno de los 53 países miembros de la Commonwealth, Theresa May condenó con contundencia las leyes que castigan las relaciones homosexuales, reconociendo la responsabilidad de la herencia británica. Según la mandataria, «a lo largo de todo el mundo, leyes discriminadoras creadas hace muchos años continúan afectando a la vida de mucha gente, al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, o no protegiendo a mujeres y niñas. Soy muy consciente de que, a menudo, esas leyes fueron implementadas por mi propio país. Estaban equivocadas entonces y están equivocadas ahora».

May se felicitaba porque los tres últimos países en despenalizar las relaciones homosexuales sean miembros de la Commonwealth, pero también estimaba que «aún queda mucho por hacer. Nadie debería enfrentarse a persecución o discriminación por quién es o a quién ama. Y el Reino Unido está dispuesto a apoyar a cualquier miembro de la Commonwealth que desee reformar la legislación obsoleta que hace posible tal discriminación». Efectivamente, desde la última cumbre celebrada en Malta en 2015, las relaciones homosexuales se han despenalizado en Belice, Nauru y las Seychelles. La primera ministra no ha incluido a Trinidad y Tobago, cuya Corte Suprema ha declarado recientemente inconstitucionales las leyes que castigan la homosexualidad, pues el dictámen no será firme hasta dentro de tres meses.

También ha efectuado declaraciones sobre este asunto el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, que quiso dar repuesta a las reclamaciones efectuadas por el saltador olímpico Tom Daley tras conseguir la medalla de oro en los campeonatos de la Commonwealth celebrados este mes. Daley había expresado su deseo de que todas las personas LGTB de los países miembros pudieran vivir abiertamente su orientación sexual o identidad de género. En una entrevista radiofónica, Johnson se comprometió a utilizar su influencia para tratar de que cambiaran las actitudes entre los distintos mandatarios, si bien, aclaraba, «no pretendo que esas actitudes vayan a cambiar de un día para otro». Sin embargo, hizo alusión a un reciente encuentro con un jefe de Gobierno de un país de la Commonwealth, que no quiso concretar, en el que, según sus palabras «me tomé el asunto con absoluta pasión», prometiendo que habría más noticas próximamente. El ministro quiso remarcar que «el Reino Unido defiende sus valores en la Commonwealth, y en todos los foros defendemos los derechos LGTB y enarbolamos su bandera en todas nuestras embajadas».

Los críticos, sin embargo, alegan que, cuando hay intereses comerciales o estratégicos de por medio, los derechos LGTB quedan automáticamente al margen. Sería deseable que se implementaran medidas diplomáticas y políticas útiles, y que no quedara todo en discursos de buenas intenciones y reivindicaciones puramente simbólicas.

La penalización de las relaciones homosexuales en los países de la Commonwealth y las excolonias británicas

Del total de 53 países miembros actuales de la Commonwealth, en 36 se penalizan las relaciones homosexuales con penas de cárcel, en la mayoría de ellos como herencia de la legislación británica. La duración de las penas oscila entre varios meses y la cadena perpetua. En algunos de los países, las leyes penalizadoras se han agravado por la adaptación de sus códigos penales a la doctrina islámica, llegando incluso a implementarse la pena de muerte:

• Antigua y Barbuda
• Bangladés
• Barbados
• Botsuana
• Brunéi
• Camerún
• Dominica
• Gambia
• Ghana
• Granada
• Guyana
• India
• Jamaica
• Kenia
• Kiribati
• Malaui
• Malasia
• Mauricio
• Namibia
• Nigeria (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
• Pakistán (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Papúa Nueva Guinea
• Islas Salomón
• Samoa
• San Cristóbal y Nieves
• San Vicente y las Granadinas
• Santa Lucía
• Sierra Leona
• Singapur
• Sri Lanka
• Suazilandia
• Tanzania
• Tonga
• Tuvalu
• Uganda
• Zambia

En los otros 17 países se han derogado las leyes penalizadoras (entre paréntesis, la fecha de la despenalización):

• Australia (en 1997 se despenalizó en el último territorio, Tasmania)
• Bahamas (1991)
• Belice (2016)
• Canadá (1969)
• Chipre (1998, en 2014 en la República Turca del Norte de Chipre)
• Fiyi (2010)
• Lesoto (2012)
• Malta (1973)
• Mozambique (2015)
• Nauru (2016)
• Nueva Zelanda (1986, en 2007 en la provincia autónoma de Tokelau).
• Reino Unido (en 1967 en Gales, en 1980 en Inglaterra, en 1982 en Escocia y en 1983 en Irlanda del Norte. En 2001 se despenalizó en los últimos territorios: Islas Pitcairn; Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña)
• Ruanda (1980)
• Seychelles (2016)
• Sudáfrica (1998)
• Trinidad y Tobago (2018, pendiente de firmeza de la resolución de la Corte Suprema)
• Vanuatu (2007)

Este es el mapa de los países de la Mancomunidad de Naciones según su legislación sobre las relaciones homosexuales (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Pero la herencia de la legislación homófoba británica también ha dejado huella en otros países cuyos territorios, total o parcialmente, pertenecieron en su día al Imperio Británico y no forman parte de la Mancomunidad de Naciones. También en este caso, en algunos de ellos la penalización de las relaciones homosexuales se ha visto agravada por la adaptación de sus códigos penales a las leyes islámicas, hasta incluso implementar la pena de muerte:

• Bután
• Catar (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Egipto (las leyes no castigan explícitamente las relaciones homosexuales, pero son frencuentes las detenciones de personas LGTB utilizando la legislación contra la indecencia)
• Emiratos Árabes Unidos (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Irak (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica por parte de tribunales locales o actores no formalmente estatales)
• Islas Cook (territorio asociado a Nueva Zelanda)
• Kuwait
• Maldivas
• Myanmar
• Omán
• Palestina/Franja de Gaza
• Somalia (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
• Sudán (castigadas hasta con la pena de muerte)
• Sudán del Sur
• Yemen (castigadas hasta con la pena de muerte)
• Zimbabue

La homosexualidad no está penada tan solo en cinco países cuyos territorios han formado parte de colonias británicas y no pertenecen a la Commonwealth (entre paréntesis el año de despenalización):

• Baréin (1976)
• Irlanda (1993)
• Israel (1988)
• Jordania (1951)
• Nepal (2007)

General, Homofobia/ Transfobia. Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladés, Barbados, Belice, Boris Johnson, Botsuana, Brunei, Camerún, Canadá, Catar, Chipre, Commonwealth, Discriminación, Dominica, Fiyi, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, Homofobia, India, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Londres, Malasia, Malaui, Malta, Mancomunidad de Naciones, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Peter Tatchell, Qatar, Reino Unido, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Theresa May, Tom Daley, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia

La Primera Ministra británica, Theresa May, y el Ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, reconocen en la Cumbre de la Commonwealth la responsabilidad del Reino Unido en el homofóbico legado histórico de la era colonial, comprometiéndose a luchar por la derogación de las leyes contra la homosexualidad que todavía están vigentes en 37 de los 53 países que forman la Commonwealth. 

A sus 23 años de edad, Thomas Daley, se hace con la medalla de oro en salto de trampolín en los Juegos de la Commonwealth Gold Coast 2018 el pasado domingo, 15 de abril, en Australia, aprovechando para alzar la voz por la comunidad LGBT al lamentar que todavía hoy en día se persiguen las relaciones homosexuales en 37 de los 53 países que forman la Commonwealth. Un gesto que ha tenido respuesta tanto por parte de la Primera Ministra británica, Theresa May, como del Ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, reconociendo ambos el homofóbico legado histórico que los británicos han dejado en las antiguas colonias. «Me siento muy afortunado de poder ser quien soy abiertamente sin preocupaciones. Espero que algún día los atletas de todas las naciones en la Commonwealth puedan competir libremente siendo quienes son también», publica en su cuenta de Twitter el atleta, abiertamente homosexual desde 2013.

«Leyes discriminatorias hechas hace muchos años continúan afectando a las vidas de personas en todo el mundo, criminalizando relaciones de personas del mismo sexo ( …). Soy muy consciente de que estas leyes a menudo fueron implementadas por mi propio país. Estaban mal entonces y lo están ahora», declara May este martes, 17 de abril, en la Reunión de Jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (CHOGM por sus siglas en inglés: Commonwealth Heads of Government Meeting) que tiene lugar esta semana en Londres, expresando su arrepentimiento por el papel que el Reino Unido ha tenido en las «leyes de sodomía» que todavía se aplican en las antiguas colonias británicas, asegurando que su gobierno está dispuesto a apoyar la reforma contra la discriminación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en las antiguas colonias.

«Si permites a la gente vivir su vida como ellos elijan y expresar su amor como quieran, entonces se darán cuenta de que se puede conseguir mayores éxitos económicos como consecuencia», declara Johnson al día siguiente, 18 de abril, respondiendo de esta manera también a Daley y secundando las declaraciones de May, asegurando su intención de defender los derechos de las personas homosexuales en la cumbre de la Commonwealth. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, «Este legado extranjero», las leyes que castigan la homosexualidad se introducen en Asia, África, Oriente Medio, el Pacífico y el Caribe bajo el dominio colonialista británico, contribuyendo al clima de hostilidad, violencia y discriminación contra los miembros del colectivo LGBT que perdura todavía hoy en día, particularmente en países como Ghana, Sri Lanka, Malasia, Kenia, Birmania, Nigeria, Uganda, Jamaica y los países del Caribe Oriental.

Reconocer el peso de su homofóbico legado contribuye a motivar a otras países a seguir el ejemplo de Belice, última de las antiguas colonias en las que se han derogado las leyes contra la homosexualidad, que asimismo ha servido de modelo a Trinidad y Tobago, cuyo Tribunal Supremo acaba de declararlas anticonstitucionales, como también los tribunales de India y Kenia se encuentran actualmente valorando sobre su proceder en este sentido. Sin embargo, organizaciones que luchan por los derechos de los homosexuales consideran que May debería presionar a los jefes de gobierno para reformar esas leyes antes de que se pronuncien los tribunales, devolviendo la dignidad y la igualdad ante la ley a los miembros de la comunidad LGBT que integran la Commonwealth.

Fuente Universogay

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) presentó en abril de 2016 una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. El proceso judicial sigue en marcha y en la audiencia celebrada a finales de la semana pasada, el abogado de la NGLHRC, Paul Muite, ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra para explicar por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. Por su parte, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, a través de su abogado Charles Kanjama, dijo que también llamaría a dos testigos para que emitan una opinión divergente. En opinión de la citada agrupación de cristianos, el Código Penal se encuentra “dentro de los límites de la ley” al perseguir la homosexualidad. La sentencia será, sin duda, uno de los temas candentes de la próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth del presente 2018. Si Kenia legalizara la homosexualidad finalmente, por sentencia judicial, abrirá el camino a otros países mancomunados a seguir sus pasos.

Sigue en marcha la batalla legal que busca revertir la ilegalización de la homosexualidad en Kenia. Si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización, tendrá una repercusión mundial indiscutible. Del mismo modo, si el tribunal falla a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, sería un antecedente peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en decenas de países de la órbita de la Commonwealth (organización en forma de mancomunidad supranacional, formada por 52 países soberanos que comparten vínculos históricos con el Reino Unido).

La próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, en la que el fallo judicial sobre la posible legalización (o no) de la homosexualidad será uno de los puntos más candentes de debate, está fijada para la semana del 16 de abril de 2018 en Londres. Este año le ha correspondido albergar la sede al Reino Unido, que no la acogía desde 1997, tras las anteriores ediciones de Malta (2015), Sri Lanka (2013), Australia (2011), Trinidad y Tobago (2009) y Uganda (2007). Ahora, todas las miradas están puestas en los tres jueces que llevan el caso: Roselyn Aburili, Chacha Mwita y John Mativo. La próxima audiencia tendrá lugar el 22 de febrero y se espera una sentencia para antes de abril.

Respecto a la mencionada audiencia que tendrá lugar en febrero, cabe apuntar que se producirá un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. En oposición a la igualdad y a los Derechos Humanos, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia también presentará a comparecientes que defenderán la retorcida idea de que la actual persecución y penalización de la homosexualidad estaría “dentro de los límites de la ley”.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

El activista LGTB keniata Denis Nzioka ha valorado que, si bien tras la sentencia judicial sobre la homosexildad “los keniatas LGTBI no se despertarán felices, casados y viviendo en casas con vallas blancas”, en términos judiciales “tendrá implicaciones importantes”, ya que “podría cambiar el mundo”. Nzioka agrega en este sentido que “la despenalización es diferente de la realidad vivida por los keniatas”. El activista igualitario espera que la opinión pública juegue un papel importante en la decisión de los jueces, en tanto que “la gente lo seguirá [el debate] en los medios, y solo podemos esperar que el diálogo sea equilibrado”.

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de Malta sigue dando ejemplo de compromiso con la igualdad LGTB. El primer ministro Joseph Muscat ha aprovechado la celebración del día de la Commonwealth, organización que agrupa a países del antiguo imperio británico, para recordar y condenar la persecución que sufren las personas LGTB en la mayoría de ellos. A causa, frecuentemente, de las legislaciones homófobas heredadas de la época colonial.

El primer ministro de Malta ha vuelto a mostrar el compromiso de su Gobierno con los derechos LGTB. Desde su posición como presidente de turno de la Commonwealth, Muscat ha reivindicado el fin de la criminalización de las personas LGTB en los Estados miembros de esta organización internacional. En la mayoría de estos países, las relaciones entre personas del mismo sexo están consideradas un delito, penado en muchos casos con largos años de cárcel y, en algunos casos, con la muerte. El origen de estas legislaciones represivas se encuentra mayoritariamente en la época colonial británica.

Una situación que Muscat ha querido recordar ante el resto de jefes de Estado y de Gobierno, incluida la reina Isabel II, en el acto con motivo del día de la Commonwealth celebrado el lunes pasado en la abadía de Westminster de Londres. “Quiero referirme de forma especial al respeto a las personas LGBTIQ, o la carencia del mismo”, declaró el primer ministro maltés. Una injusticia legal que calificó de “mancha considerable en nuestra familia de naciones”.

Muscat reveló que otros líderes de los Estados miembros de la Commonwealth son conscientes de que “las cosas deben cambiar”, pero se muestran “recelosos de cómo reaccionará la sociedad” si se empieza a avanzar hacia la despenalización. Ante esta actitud, el líder maltés ofreció la mediación de la organización internacional para ayudar a esos países a dar los primeros pasos. “La historia los juzgará positivamente cuando lo hagan”, aseguró. Ya posteriormente, Muscat apuntó al “compromiso” y la “comprensión” de las circunstancias de cada país, como claves para persuadir a sus mandatarios de que “si haces lo correcto, nunca es demasiado tarde”.

Los contrastes de la realidad LGTB en la Commonwealth

Los actos homosexuales son ilegales en 40 de los 52 países de la Commonwealth. Las sanciones incluyen la pena de muerte en algunas partes de Nigeria y Pakistán, 25 años de cárcel en Trinidad y Tobago, 20 años, además de la flagelación, en Malasia, y la cadena perpetua en Sierra Leona, Tanzania, Uganda, Bangladesh y Guyana. En tan solo 4 de los países miembros existe la completa igualdad legal, incluyendo el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo: Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda y el Reino Unido (excepto Irlanda del Norte). En 2011 era Australia quien pedía la despenalización de la homosexualidad en los Estados miembros, pero año y medio después, la nueva carta de derechos de la Commonwealth evitaba cualquier referencia explícita a los ciudadanos LGTB en su nueva carta de derechos.

Malta, miembro también de la organización, se está convirtiendo en los últimos años en un referente de políticas igualitarias, a las que podría sumarse en los próximos meses la total equiparación matrimonial de las parejas del mismo y de distinto sexo. A finales del año pasado, el Parlamento maltés prohibía las llamadas “terapias” reparadoras de la homosexualidad y ampliaba su ley de identidad de género. Con esta legislación, el país se convertía en el primer Estado de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. Asimismo, mejoraba su ya avanzada normativa legal para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18) y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Una trayectoria alentadora a la que ahora se le suma el compromiso por los derechos LGTB en la esfera internacional.

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El Gobierno de las Seychelles ha aprobado la tramitación de un proyecto de ley de reforma de su Código Penal, que eliminará la prohibición de las prácticas homosexuales masculinas, castigadas actualmente con hasta catorce años de prisión. La modificación, que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, lleva esperando desde que las autoridades del país insular la prometieron en el año 2011. Se espera que la despenalización tome efectos a finales de este 2016.

El consejo de ministros de las Seychelles, reunido el pasado lunes 29 de febrero, ha aprobado una iniciativa de reforma del Código Penal destinada a eliminar el artículo 151, cuyo texto es el siguiente:

Cualquier persona que:

a) Tenga conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza.

(…)

c) Permita a un varón tener conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza.

Será culpable de un delito grave, punible con pena de prisión de catorce años.

El artículo únicamente es aplicable a los varones que mantienen relaciones con personas de su mismo sexo.

El Gobierno ha encargado al fiscal general del Estado, Ronny Govinden, la redacción del texto del proyecto de ley, para que sea sometido a votación en la Asamblea Nacional en las próximas semanas, como parte del paquete de reformas propuesto por el recién elegido presidente James Michel.

Aunque el Gobierno ha explicado que las leyes penalizadoras de la homosexualidad apenas si se habían aplicado en la práctica, su mera existencia era una espada de Damocles para los homosexuales. Ello repercutía en que fueran frecuentes víctimas de abusos policiales y chantajes, además de suponer un perjuicio para la defensa de los derechos de los homosexuales ante la opinión pública. Por ello, el presidente Michel ha afirmado que la reforma hará que “todas las personas estén libres de discriminación a todos los niveles”.

La despenalización de la homosexualidad masculina, según fuentes gubernamentales, sería además una consecuencia lógica de la adhesión de las Seychelles a tratados internacionales, como la Declaración de Derechos Humanos, que prohíbe toda discriminación. Según el fiscal Govinden, “es una prioridad para el país, dado que las Seychelles participan en convenciones internacionales… nos enfrentamos a presiones de otros países que nos piden que eliminemos esta ley”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Barry Faure, aclaraba de dónde partían algunas de esas presiones: “Las Seychelles se comprometieron en 2011 a revisar la ley sobre la homosexualidad y aún no se había hecho, por lo que el Reino Unido nos ha interpelado, afirmando que no hemos hecho progresos en este asunto”. Las Seychelles forman parte de la Commonwealth, y sus leyes contra la homosexualidad, como ocurre en muchos de los países pertenecientes a esa mancomunidad, provienen de la herencia colonial británica. En el caso del archipiélago africano, fueron introducidas en 1955, cuando las Seychelles aún eran una colonia.

Según la previsión del Gobierno, la tramitación parlamentaria del proyecto de ley hará que sus efectos no tengan lugar hasta finales de este 2016. En todo caso, se ha rehusado la convocatoria de un referéndum al respecto, pues, según el fiscal Govinden, “se trata de una simple enmienda al Código Penal, que puede ser llevada a cabo por la Asamblea Nacional y así evitar conflictos. Con esta modificación se concluirá por despenalizar la homosexualidad en las Seychelles”.

Muthoni Wanyei, el Director Regional de Amnistía Internacional en África oriental, ha querido recalcar el enorme paso hacia delante que se ha dado con la aprobación de esta medida:

A pesar de las Seychelles no han procesado a nadie, leyes como esto abre los miembros de la comunidad gay a la extorsión. A menudo oímos cuentos de hombres que son atraídos hacia una relación sexual y luego de ser amenazado. La jugada de las Seychelles se espera inspirar a otros. Esto le dará a la comunidad gay de apalancamiento, es otro ejemplo de un estado africano siendo progresiva en estos temas y seguir adelante.”

Las Seychelles, además, forman parte de los contados países africanos que cuentan con una legislación contra la discriminación laboral basada en la orientación sexual, junto a Botsuana, Cabo Verde, Mozambique, Sudáfrica y las islas Mauricio.

Cuando la reforma del Código Penal tenga efectos, las Seychelles se unirán a Mozambique, que lo hizo el pasado 2015, en ser uno de los pocos países africanos que han despenalizado la homosexualidad recientemente. También dejará de formar parte de las infame lista de 79 y territorios del mundo que siguen castigando las relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas/Chueca

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Pocas veces un beso tan breve ha resultado tan simbólico. Ocurrió durante la transmisión de la ceremonia inaugural de los XX Juegos de la Commonwealth, que tuvo lugar la noche del miércoles en Glasgow. El número Bienvenidos a Escocia repasaba todas aquellas cosas por las que destaca ese país, integrado en el Reino Unido. En ese momento, la televisión mostró en primer plano el beso que dio en la boca el actor John Barrowman, abiertamente gay, a uno de los figurantes, mientras por megafonía se hacía referencia a la igualdad. Barrowman, que durante la inauguración iba vestido con un traje a cuadros morado, cantaba “Welcome to Scotland”, entre un grupo de parejas heterosexuales cuando  dio con su supuesto novio, Dunbar, y le robó un beso ante los más de mil millones de espectadores de habla inglesa en el mundo. Y es que el Parlamento de Escocia, recordemos, aprobaba en febrero su ley de matrimonio igualitario por 105 votos a favor y solo 18 en contra.

Un gesto, conviene aclarar, que formaba parte del guión de la ceremonia, y que debe ponerse en valor si se tiene en cuenta que 42 de los 54 estados de la Commonwealth consideran ilegales las relaciones homosexuales.

Se calcula que la inauguración de los XX Juegos de la Commonwealth, un evento espectacular en el que además de Barrowman participaron estrellas como Rod Stewart, Ewan McGregor o Susan Boyle, y que fue presidido por la reina Isabel, pudo ser seguida por unos mil millones de personas.

En los Juegos participan cerca de 5.000 deportistas que representan a 71 delegaciones (hay más delegaciones que estados, ya que muchas de las delegaciones representan a territorios autónomos y de ultramar. Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte compiten además por separado).  La mayor parte de ellas procedentes de estados que de hecho penalizan las relaciones homosexuales, como  Bangladesh, Camerún, India, Jamaica, Malasia, Nigeria, Uganda… y así hasta 42. Con este panorama no es de extrañar por ejemplo que la Commonwealth evitara en 2013 incluir en su nueva carta de derechos cualquier referencia al colectivo LGTB en el apartado en que se insta a acabar con los motivos de discriminación.

La inclusión de un beso explícitamente gay en la ceremonia de los Juegos de la Commonwealth es, desde luego, una buena primera respuesta de sus organizadores a las demandas que en las semanas previas se habían escuchado para que se visualizase de forma expresa la realidad LGTB en un evento que goza de un importante seguimiento en los países que una vez fueron parte del vasto imperio colonial británico, muchos de los cuales conservan leyes penalizadoras de la homosexualidad que paradójicamente son herencia de la antigua metrópoli.

También se han escuchado estos días voces de políticos británicos en favor de los derechos LGTB en los países de la Commonwealth aprovechando el altavoz de los Juegos. Entre ellos el viceprimer ministro, el liberal-demócrata Nick Clegg, o el presidente de la Cámara de los Comunes, el conservador John Bercow. El viceprimer ministro británico Nick Clegg declaró: “Es inaceptable que en el 80 por ciento de los miembros de la Commonwealth se practique alguna forma de discriminación contra los homosexuales”. “No podemos dictar a otras naciones cómo comportarse, pero sí podemos promover los principios que creemos que son justos en una sociedad abierta, en el Reino Unido o en el extranjero”, puntualizó Clegg, quien además recordó la valentía de algunos deportistas como los que participan en los juegos de la Commonwealth; el británico Tom Daley y el australiano Ian Thorpe.

Fuente Ociogay y Dosmanzanas

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De nuevo nos llegan malas noticias de África, en este caso desde Zimbabue. Su presidente Robert Mugabe, ya famoso por su odio a las personas LGTB, ha respaldado la ley homófoba recientemente aprobada en Uganda. En un gesto de amenaza, Mugabe ha asegurado además conocer desde hace poco tiempo la existencia de asociaciones LGTB en su país y ha insinuado que debería intervenirse contra ellas.

Según Robert Mugabe, en referencia a la ley ugandesa, “quieren decirnos que es una violación de los derechos humanos. Eso es lo que le están haciendo a Museveni [Yoweri Museweni, el presidente de Uganda]”. Mugabe añadió que “el derecho humano es a casarte con otra mujer, no tomar a otro hombre en matrimonio”, haciendo con ello referencia a un argumento usual entre grupos opuestos al matrimonio igualitario.

Pero el presidente de Zimbabue no se detuvo ahí, sino que hizo referencia además a la militancia LGTB de su propio país en términos que pueden describirse perfectamente como una amenaza. “Tengo entendido que hay un grupo de homosexuales en este país. No lo sabía hasta que me lo dijeron hace unos días. Por ello, queremos examinar quién está en ese grupo”. La asociación a la que se refería Mugabe no es otra que Gays and Lesbians of Zimbabwe (GALZ), que lleva trabajando ya años a pesar de todos los obstáculos. Aunque Mugabe afirme ahora que ignoraba su existencia, lo cierto es que sus oficinas han sufrido ya registros de la policía en reiteradas ocasiones y en 2012 sus oficinas fueron incluso clausuradas. Esta misma asociación, por cierto, fue objeto de una triste polémica hace unos años en España, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les concedió una ayuda de poco más de 28.000 euros que medios conservadores y Partido Popular criticaron con dureza.

Robert Mugabe, en cualquier caso, cuenta con un amplio historial homófobo. En su última campaña electoral prometía convertir Zimbabue en un “infierno para los homosexuales”, amenazaba a gays y lesbianas con “cortarles la cabeza” y los tachaba de ser “peores que los perros y los cerdos”, porque “el cerdo macho conoce a la hembra”. Pero en cuanto a declaraciones homófobas del presidente de Zimbabue tenemos en dosmanzanas un amplio repertorio para elegir: calificó de “satánica“ la propuesta de David Cameron de asociar la ayuda británica al desarrollo al respeto de los derechos de la población LGTB y unos meses después, mandó al mandatario europeo “al infierno“ por defender los derechos LGTB. Antes había calificado a la homosexualidad de “inmundicia europea“. Otra de sus ocurrencias fue acusar a los gays de perjudicar los derechos de las mujeres.

Fuente Dosmanzanas

Homofobia/ Transfobia. África, Commonwealth, David Cameron, Discriminación, GALZ, Robert Mugabe, Visibilidad LGTB, Yoweri Museveni, Zimbabue