La Justicia de Puerto Rico pide a la federal que desestime la demanda presentada por varias parejas homosexuales
Ada Conde e Ivonne Álvarez
Reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que han criticado las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT.
La Justicia de Puerto Rico ha pedido a la federal que desestime la demanda presentada por varias parejas homosexuales que reclaman que sus matrimonios contraídos en otros estados sean reconocidos en la isla, algo que criticaron hoy organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTT.
“La solicitud que presentó el Estado Libre Asociado se concentra en la alegación de que los demandantes fallaron en demostrar un daño específico y por ende carecen de legitimidad para solicitar la inconstitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico“, ha aclarado el director ejecutivo de Populares LGBTT y Aliados, Ricardo Ramos. Sin embargo, defendió en un comunicado que “al escudarse en cuestiones procesales, el Estado perdió una oportunidad para posicionarse en el lado correcto de la historia”.
La demanda fue originalmente interpuesta por Ada Conde e Ivonne Álvarez en marzo pasado, reclamando que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo su matrimonio, contraído en el estado de Massachusetts hace más de una década.
Luego se sumaron más parejas y Ramos instó ayer a que sean más las que se unan a este reclamo y lleven sus casos ante los tribunales, para seguir retando “la constitucionalidad de un artículo retrógrado y discriminatorio”.
El exgobernador de Puerto Rico Pedro Rosselló (1993-2000) firmó durante su mandato una ley que prohibía en la isla el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de EE.UU.
Sin embargo, en mayo de 2013 fueron aprobados en Puerto Rico los proyectos del Senado 238 y de la Cámara 488 que prohibían la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el escenario laboral e incluían en la protección legal ante la violencia doméstica a cualquier persona, con independencia de su orientación sexual, identidad de género o estado civil.
“Esperamos que en un futuro, si se subsanan las alegadas carencias del presente caso o en el supuesto que se desestimara y otros casos llegaran al foro judicial, el Gobierno decida no defender lo indefendible”, defendió Ramos.
El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) hizo también hoy un llamado público al secretario de Justicia, César Miranda, para que cumpla con el deber que le impone la Constitución y defienda los derechos humanos de las comunidades LGBTT.
“El matrimonio es una figura jurídica desde la cual se construyen un sinnúmero de derechos y beneficios a los cuales al día de hoy no tienen acceso las parejas del mismo sexo. En ese sentido, la legislación puertorriqueña es discriminatoria”, dijo su portavoz, Osvaldo Burgos Pérez.
A juicio de esta organización, “ya es hora de que el Gobierno asuma con valentía la defensa de la equidad y resista las presiones indebidas de sectores religiosos que por años se han opuesto a los derechos humanos de comunidades vulnerables como la LGBTT“. “Pedir la desestimación de la demanda sin entrar en los méritos legales para complacer a sectores fundamentalistas y, a la vez, evitar reconocer que el Estado discrimina a las comunidades LGBTT” es, para esta organización, “inaceptable y ofensivo”.
La pareja que inició esta demanda sostiene que a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. establece libertad para contraer matrimonio, Puerto Rico impone trabas que impiden casarse a personas del mismo sexo.
Fuente La Información
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