Era, con 24 años de edad, su primer trabajo y se convirtió en una pesadilla. Unos compañeros le insultaban, se mofaban de su homosexualidad, le llamaban “maricón de mierda” y sufrió un trastorno ansioso depresivo severo por el que sigue de baja. CCOO denunció los hechos y la Inspección de Trabajo, en una resolución pionera, según el sindicato, ha sancionado a la empresa Harinas de Andalucía por no haber hecho nada para impedir el acoso, pese a tener conocimiento de lo que estaba pasando.

La Inspección Provincial de Trabajo de Cádiz, tras una visita a la fábrica ubicada en el municipio de Tarifa y haber tomado declaración al director gerente, la responsable de recursos humanos y prevención de riesgos laborales, el trabajador afectado y, por teléfono, a dos antiguos empleados, emitió el pasado 24 de noviembre un acta de infracción en el que dictamina que la actuación de la empresa en este caso supone una infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la incoación de un procedimiento sancionador.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Público, Inspección de Trabajo detalla que la empresa no llevó a cabo “una adecuada y suficiente evaluación de los riesgos psicosociales ni adoptó las medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores”. Por todo ello, considera necesario que, además de la imposición de una sanción, el trabajador víctima del acoso acuda a un Juzgado de lo Social como órgano competente para resolver sus derechos e intereses, así como las indemnizaciones que pudieran corresponderle.

“He estado dos años aguantando insultos y menosprecios, porque estaba con un contrato de formación y tenía miedo a perder el trabajo. Pero los de arriba lo sabían, todos lo sabían, y no hicieron nada”, cuenta a este periódico Iván Iglesias, todavía convaleciente del trastorno mental que le causó ese acoso continuado de compañeros de la fábrica y por el que llegó a estar hospitalizado cinco días.

En la taquilla donde guardaba la ropa cuando iba a las duchas que tiene la empresa para los empleados tras una jornada de trabajo entre despojos de pescado y fuertes olores, Iván se encontró un día una chapa en la que habían escrito la palabra “maricón”. Esa vez leyó lo que otras muchas veces había escuchado o habían dicho a hurtadillas, a sus espaldas, entre risas, cosas como “maricón de mierda” o “no tiene sangre”. En el acta de la Inspección de Trabajo, se refiere que es precisamente en las duchas donde declara el trabajador haber sufrido las principales vejaciones, como la de un compañero que una vez le dijo: “dúchate conmigo, que yo no tengo problema”.

La empresa no activó el protocolo contra el acoso

En su resolución, la Inspección Provincial de Trabajo señala que en este caso “no se han aplicado suficientemente las pautas de actuación prevista en el Protocolo de Prevención del acoso aportado por la empresa, en el que se indica que se iniciará el procedimiento si existe una sospecha de acoso laboral”. A su entender, existían motivos suficientes para que la empresa lo hubiera activado con la designación de personas con preparación específica en la materia, analizar la posible exposición a factores de riesgo psicosocial y llevar a cabo una planificación para evitarlos.

“La empresa –señala la Inspección de Trabajo- se ha limitado a abrir un periodo de instrucción de tres días en el que solo contacta con los dos jefes de planta y el jefe de turno de Iván, cerrándose tal instrucción sin adoptarse medida preventiva alguna en materia de riesgos psicosociales”. Es más, la evaluación de riesgos que llevó a cabo fue ya posterior a la baja médica de Iván Iglesias, y con una referencia teórica y “exactamente igual” para todos los puestos de trabajo, se añade en la resolución.

Sucedió a principios de este año. Una mañana se levantó y no podía hablar. Fue al médico y le recetaron antidepresivos y ansiolíticos. Pero no le sirvió de nada. Una ambulancia tuvo que ir a su casa para llevarlo al hospital porque estaba paralizado, como si hubiera sufrido un ictus, dice él. Era el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Dos meses sin salir de casa

Iván estuvo ingresado cinco días en el Hospital Punta de Europa de Algeciras, donde le diagnosticaron un trastorno ansioso depresivo severo. Luego le dieron la baja médica y estuvo dos meses metido en casa, porque tenía miedo a salir y le costaba hasta andar. Ahora ya sale algo, pero sigue de baja. No ha podido volver a trabajar. Así es cómo ha acabado su experiencia laboral en el primer empleo de su vida.

“El acoso laboral debe ser desterrado de los centros de trabajo, máxime los que se producen como consecuencia de la falta de respeto a los derechos fundamentales de las personas. CCOO no va a dejar pasar la oportunidad de enfrentar estas injusticias y saluda la contundente actuación de la autoridad laboral”, afirmó Triano tras conocerse la decisión de la Inspección.

La organización Roja Directa, que se encarga de la coordinación del Observatorio de Delitos de Odio del Campo de Gibraltar, también ha apoyado a Iván Iglesias en sus denuncias y con la convocatoria de una concentración a las puertas de la empresa donde sufrió el acoso homófobo. “Llevaba dos años sufriendo estos ataques y no lo podíamos permitir. No queremos que se quede impune”, subraya su presidente, Jesús Tomillero, quien padeció en primera persona ese tipo de acoso cuando era árbitro de fútbol en Regional Preferente y recibió más de 1.500 amenazas de muerte tras hacer pública su homosexualidad.

La comarca andaluza con más delitos de odio

Según el presidente de Roja Directa, la comarca del Campo de Gibraltar es la zona de Andalucía donde más aumentó en 2021 el número de denuncias por delitos de odio cometidos en las redes sociales, en el ámbito familiar o en la vía pública, fundamentalmente. “Por desgracia, no son casos aislados“, señala.

La organización que coordina el Observatorio de Delitos de Odio del Campo de Gibraltar también ha solicitado a la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía que se persone como acusación particular en la denuncia que han presentado ante la fiscalía, en virtud de lo que estipula la Ley autonómica 8/2017 para garantizar la derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares.

Iván Iglesias asegura que la denuncia por un delito de odio que presentó por su cuenta por la vía penal ha sido archivada en un juzgado de instrucción de Algeciras, según él porque ninguno de los trabajadores de la empresa accedió a declarar como testigo a su favor. “Había como un pacto de silencio para que nadie hablara de lo que me estaban haciendo. Había miedo a perder el trabajo y por eso nadie decía nada“, explica.

Sin embargo, este trabajador ha recurrido también a un Juzgado de lo Social, tal como la Inspección de Trabajo recomendó que hiciera, y ha presentado una demanda contra la empresa por no haber puesto las medidas para impedir que se produjera el acoso homófobo al que fue sometido durante dos años.

Fuente Público