General, Homofobia/ Transfobia. África, Chacha Mwita, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), Commonwealth, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Eric Gitari, HazteOir, Homofobia, John Mativo, Kenia, LGTBfobia, Roselyn Aburili, Tribunal Superior de Justicia (Kenia)

El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha aceptado estudiar los argumentos sobre si la decisión de la India de acabar con la criminalización de la homosexualidad es relevante para Kenia. Hasta el fallo reciente de la Corte Suprema de la India (un país de más de 1.300 millones de habitantes que declaraba inconstitucional la sección 377 del Código Penal), ambos países compartían las mismas leyes que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo debido al «legado» de la época colonial británica. Los condenados por estos «delitos» tienen que afrontar penas de hasta 14 años de prisión en Kenia. El próximo 25 de octubre el citado tribunal escuchará las alegaciones en este sentido.

El tribunal permitirá a las partes presentar comunicaciones sobre el asunto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de la India de rechazar la sección 377 del Código Penal. La ley de la época colonial criminalizó todas las «relaciones carnales contra el orden de la naturaleza». El 25 de octubre, el altos tribunal keniata escuchará las alegaciones sobre si el reciente veredicto de la India tiene alguna relevancia para Kenia.

Los activistas que hacen campaña para despenalizar la homosexualidad constatan que la ley se usa en Kenia para perseguir a las personas LGTB. Asimismo, las medidas contra la discriminación hacen que las personas sexualmente diversas sean vulnerables a situaciones de injusticias y discriminaciones.

A los espectadores keniatas finalmente se les permitió ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia levantaba temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales. Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Binyavanga Wainaina, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), David Kuria Mbote, Discriminación, HazteOir, Homofobia, India, Kenia, Lesbofobia, LGTBfobia, Nairobi, Pew Global Attitudes Project, Rafiki, Tribunal Superior de Justicia (Kenia), Uhuru Kenyatta, Visibilidad LGTBI

Caleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal 

Victoria del activismo LGTB en Kenia

Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.

La ONU considera que estas prácticas son “inhumanas, crueles y degradantes”.

Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.

El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.

El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.

La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. “La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior”, dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.

“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.

No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener “ningún valor médico”, la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero  son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los “delitos” homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:

Congratulations to @NGLHRC for the historic win for human rights in #Kenya.
The Court of Appeal in #Mombasa has ruled that the use of forced anal examination by the state in unlawful. @outinafrica #GayRights #StopForcedExamaminations#LGBT

— GermanEmbassyNairobi (@GermanyinKenya) 23 de marzo de 2018

O por la propia ILGA:

🎉 Amazing news from Kenya! The Court of Appeals has ruled that the use of forced anal examinations by the state is unlawful. 🎉 Congratulations to @NGLHRC and to all of those who fought to make it happen! #StopForcedTesting https://t.co/o7mUcjTrEN

— ILGA (@ILGAWORLD) 22 de marzo de 2018

¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?

No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alnashir Visram, Binyavanga Wainaina, Caleb Omar Idris, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), David Kuria Mbote, Denis Nzioka, Discriminación, Eric Gitari, exámenes anales, George Maina Njeri, HazteOir, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, ILGA, Kenia, LGTBfobia, Mombasa, Njeri Gateru, Pew Global Attitudes Project, Uhuru Kenyatta

CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, está promoviendo una intensa campaña contra la despenalización de la homosexualidad en Kenia. Un país en el que, como informamos hace escasas semanas, la justicia debe decidir sobre la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Llama poderosísimamente la atención que una organización que ha sido declarada por el Gobierno español “de utilidad pública” pueda llevar a cabo campañas internacionales de desprecio a los derechos humanos más fundamentales sin problema alguno.

Como comentamos en nuestra anterior entrada, si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en numerosos países de la órbita de la Commonwealth, cuya próxima reunión de Jefes de Estado o de Gobierno está fijada para la semana del 16 de abril en Londres y en la que la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo promete ser uno de los puntos candentes de debate.

La primera audiencia del proceso, en la que los demandantes explicaron sus posiciones, ya ha tenido lugar, mientras que la segunda está fechada para este próximo jueves 22. En ella espera un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. El Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, por su parte, presentará a comparecientes que defenderán la actual situación de criminalización de la homosexualidad. El fallo se espera en abril, y en este momento las espaldas están en todo lo alto. Según medios LGTB internacionales, del panel de tres jueces que deben decidir, uno sería proclive a la despenalización, otro sería contrario y un tercero estará indeciso.

Pero si hoy traemos la noticia (ya en nuestra anterior entrada hicimos un repaso de la situación y por el momento, a la espera de lo que suceda el jueves, no ha habido grandes cambios) es por el destacado papel que CitizenGo, la marca internacional de HazteOír, está teniendo como agitador de los instintos homófobos. Lo destaca la propia prensa keniana, recogiendo el papel que CitizenGO está teniendo como lobby de presión en contra de que el Tribunal Superior de Justicia de Kenia pueda fallar a favor de la despenalización, y que entre otras acciones ha cristalizado en una petición de recogida de firmas lanzada el pasado día 6 “contra el activismo judicial en asuntos LGBT”. Según la petición, dirigida al juez David Maraga (máxima autoridad judicial del país), “Kenia está siendo utilizada por los activistas gais como una puerta de entrada hacia la legalización de los LGBT que no debe permitirse”. CitizenGO reclama que la demanda de NGLHRC sea rechazada y que cualquier cambio en esta materia sea decidido vía referéndum. La petición se acompaña, por cierto, de una imagen en la que aparecen tachadas las siglas LGBT.

HazteOír, entidad de “utilidad pública” gracias al Gobierno del PP

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio ue ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). El actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se niega sin embargo de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), Congreso de los Diputados, Discriminación, HazteOir, Homofobia, InfoLibre, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, Kenia, LGTBfobia, PP, Tribunal Superior de Justicia (Kenia)

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) presentó en abril de 2016 una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. El proceso judicial sigue en marcha y en la audiencia celebrada a finales de la semana pasada, el abogado de la NGLHRC, Paul Muite, ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra para explicar por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. Por su parte, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, a través de su abogado Charles Kanjama, dijo que también llamaría a dos testigos para que emitan una opinión divergente. En opinión de la citada agrupación de cristianos, el Código Penal se encuentra “dentro de los límites de la ley” al perseguir la homosexualidad. La sentencia será, sin duda, uno de los temas candentes de la próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth del presente 2018. Si Kenia legalizara la homosexualidad finalmente, por sentencia judicial, abrirá el camino a otros países mancomunados a seguir sus pasos.

Sigue en marcha la batalla legal que busca revertir la ilegalización de la homosexualidad en Kenia. Si la demanda de la NGLHRC logra una sentencia favorable a la descriminalización, tendrá una repercusión mundial indiscutible. Del mismo modo, si el tribunal falla a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, sería un antecedente peligroso para el empeoramiento de la situación de las personas que mantienen relaciones con otras de su mismo sexo en decenas de países de la órbita de la Commonwealth (organización en forma de mancomunidad supranacional, formada por 52 países soberanos que comparten vínculos históricos con el Reino Unido).

La próxima Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, en la que el fallo judicial sobre la posible legalización (o no) de la homosexualidad será uno de los puntos más candentes de debate, está fijada para la semana del 16 de abril de 2018 en Londres. Este año le ha correspondido albergar la sede al Reino Unido, que no la acogía desde 1997, tras las anteriores ediciones de Malta (2015), Sri Lanka (2013), Australia (2011), Trinidad y Tobago (2009) y Uganda (2007). Ahora, todas las miradas están puestas en los tres jueces que llevan el caso: Roselyn Aburili, Chacha Mwita y John Mativo. La próxima audiencia tendrá lugar el 22 de febrero y se espera una sentencia para antes de abril.

Respecto a la mencionada audiencia que tendrá lugar en febrero, cabe apuntar que se producirá un cruce de posturas radicalmente enfrentadas. Por una parte, el activismo LGTB ha solicitado la comparecencia de un psiquiatra, que explicará conceptos como la orientación sexual y dejará claro por qué no deben ser ilegales las relaciones entre personas del mismo sexo. En oposición a la igualdad y a los Derechos Humanos, el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia también presentará a comparecientes que defenderán la retorcida idea de que la actual persecución y penalización de la homosexualidad estaría “dentro de los límites de la ley”.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

El activista LGTB keniata Denis Nzioka ha valorado que, si bien tras la sentencia judicial sobre la homosexildad “los keniatas LGTBI no se despertarán felices, casados y viviendo en casas con vallas blancas”, en términos judiciales “tendrá implicaciones importantes”, ya que “podría cambiar el mundo”. Nzioka agrega en este sentido que “la despenalización es diferente de la realidad vivida por los keniatas”. El activista igualitario espera que la opinión pública juegue un papel importante en la decisión de los jueces, en tanto que “la gente lo seguirá [el debate] en los medios, y solo podemos esperar que el diálogo sea equilibrado”.

LGTBfobia de Estado en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Activismo, Amnistía Internacional, Chacha Mwita, Charles Kanjama, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), Commonwealth, David Kuria Mbote, Denis Nzioka, Discriminación, Eric Gitari, Foro de Cristianos Profesionales de Kenia, Homofobia, John Mativo, Kenia, Mathew Emukule, Mombasa, Muthoni Wanyeki, Nairobi, Paul Muite, Roselyn Aburili, Tribuna Superior de Justicia (Kenia), Uhuru Kenyatt

Nueva vuelta de tuerca homófoba en Kenia. El Tribunal Superior de Mombasa ha determinado que es “constitucional” la realización de tests anales como prueba para determinar si un hombre es homosexual, un “delito” que puede acarrear penas de hasta 14 años de prisión. Dos hombres solicitaron una resolución judicial para anular este tipo de análisis, tras ser detenidos en febrero de 2015 por la sospecha de mantener relaciones sexuales. El activismo LGTB ha anunciado que apelará el fallo y solicitará un juicio justo e imparcial.

La homofobia de estado keniata vuelve a mostrar su cara más oscura tras fallar un alto tribunal que no solo es “legal” sino también “razonable” practicar exploraciones anales como prueba de homosexualidad en un juicio. Una práctica condenada por distintas organizaciones internaciones de derechos humanos y por el propio activismo LGTB de este país africano. Para Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) , “es muy doloroso que mientras estamos tratando de alentar a la comunidad gay a que vaya a la corte para defender sus derechos, los tribunales estén en su lugar afirmando la violación de sus derechos”.

Según la sentencia (que será apelada por activistas LGTB), cualquier ciudadano de Kenia podría denunciar a otro por su orientación sexual, con independencia de que en realidad ni siquiera sea gay el “acusado”. Resulta bastante paradójico que la “justicia” acepte el rumor como fundamento para iniciar una investigación que incluye pruebas humillantes y sin ningún aval científico. Lo más triste es que el efecto del fallo puede desatar una ola de acusaciones y denuncias, muchas de las cuales pueden basarse únicamente en diferencias o inquinas personales. Ante semejante panorama, el activista Gitari se ha preguntado retóricamente: “¿Queremos utilizar los escasos recursos de la nación en esto?”.

Asimismo, Eric Gitari califica de “deliberadamente homófobo” al juez que firma la sentencia, Mathew Emukule. Siguiendo el relato de Gitari, el magistrado ha llegado a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros. Este portavoz LGTB también cree posible que se den casos de extorsiones y que esto “confirma que este país trata a los gais con una consideración inferior a la de los humanos”.

Una de las organizaciones que ha condenado la sentencia es Amnistía Internacional. Muthoni Wanyeki, directora para el Este de África de esta ONG, ha reaccionado a la noticia diciendo que “las exploraciones anales de hombres sospechosos de mantener relaciones con otra persona del mismo sexo es aberrante y viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional. No se debe permitir que continúe”.

Kenia: un infierno para las personas LGTB

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, partiendo de las leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de este año informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país. En abril de este mismo año informábamos de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia presentaba una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés) de Kenia ha presentado una demanda contra la ley que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de cárcel. Según los demandantes, la ley “mantiene un marcado contraste con los valores constitucionales de Kenia de democracia, igualdad y respeto al estado de derecho”. La audiencia tendrá lugar en Nairobi ante la División Constitucional y de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia de Kenia, que ya falló a favor de la inscripción como asociación de NGLHRC el pasado 2015.

Existen dos artículos en el Código Penal de Kenia que castigan las relaciones homosexuales. El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga con 5 años de prisión a “un varón que, en público o en privado, cometa un acto de grave indecencia con otro varón, o induzca a otro varón a cometer un acto de grave indecencia con él”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

La denuncia presentada por NGLHRC el pasado 15 de abril considera que “estas leyes degradan la dignidad inherente de las personas afectadas al prohibir las más privadas e íntimas posibilidades de autoexpresión”. Para Eric Gitari, director ejecutivo de la asociación, la ley además hace socialmente aceptable la persecución y el sometimiento a chantaje de las minorías sexuales, especialmente a quienes temen salir del armario.

Gitari afirma que, en los casos de asistencia legal que acoge NGLHRC, “hemos tratado una gran cantidad de casos de violencia, de personas que dan palizas a otras porque no están de acuerdo con su orientación sexual. Pero nuestros clientes no se atreven a denunciarlo a la policía porque no sabrían cómo explicar lo que estaban haciendo con otros hombres en la intimidad de sus habitaciones, sin admitir que estaban cometiendo un delito”. La penalización de las relaciones homosexuales supone, pues, la indefensión completa ante las agresiones homófobas.

Por ello han presentado la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia, al entender que lo dispuesto en los artículos 162 y 163 del Código Penal “mantiene un marcado contraste con los valores constitucionales de Kenia de democracia, igualdad y respeto al estado de derecho”. La audiencia tendrá lugar el próximo mes de octubre en Nairobi, ante una corte que ya falló a favor de NGLHRC cuando presentaron una demanda contra la administración por negar su inscripción como ONG. En aquella ocasión el Tribunal Superior de Justicia estableció que, en una sociedad democrática, la moral y la religión imperantes no pueden utilizarse para la limitación de derechos de los ciudadanos como el de asociación.

Como una muestra más de la alta homofobia social, NGLHRC ha decidido cerrar provisionalmente su sede cuando se ha difundido la presentación de la demanda, por temor a sufrir ataques violentos por parte de los intolerantes, y hará “un seguimiento de la seguridad, para ayudar a mantener a salvo a nuestro equipo, abogados y comunidad ante un evento sin precedentes”.

La difícil situación de las personas LGTB en Kenia

Fuente Dosmanzanas

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En Kenia “no hay lugar para la homosexualidad”

Nuevamente un periódico de un país africano pone en riesgo la vida de personas LGTB llevando a su portada sus nombres y fotografías.

La homosexualidad se ha convertido en un tema de actualidad en Kenia tras el fallo de un tribunal en el que obliga al gobierno a permitir el registro de asociaciones de gays y lesbianas después la justicia considerara que este colectivo necesita reconocimiento. El tribunal estimó que la religión y la moral imperantes no pueden socavar los derechos constitucionales, entre ellos el de asociación. También resolvió que las garantías recogidas en la Constitución de Kenia son aplicables a todos los ciudadanos, sea cual sea su orientación sexual.

Habrá que esperar al resultado de la apelación anunciada por el Foro de Cristianos Profesionales de Kenia, que se personó como parte afectada en el bando de los acusados, lo que motivaría la intervención del Tribunal Supremo, que es el que tiene la competencia final para la interpretación de la Constitución. En cualquier caso el fallo fue recibido con satisfacción por la NGLHRC. Sin embargo, Kenia no es un país precisamente fácil para las personas LGTB, y entraba dentro de lo previsible que sucediera algo como lo ocurrido ahora.

Después de que este fallo provocara la indignación de la mayoría de la población keniana, que se opone a la homosexualidad en el país, el popular semanario Weekly Citizen ha causado un gran revuelo en la capital después de que publicara los nombres y fotos de varios kenianos populares, señalándoles como homosexuales.

El periódico de Kenia “Weekly Citizen” publicó en su portada un listado de personas LGBT, con nombres y fotos, bajo el titular “Top gays, lesbians list in Kenya out” (“Destapamos la lista de los principales gays y lesbianas de Kenia”), una acción que pone en peligro sus vidas. El diario de Nairobi, que se describe a sí mismo como “el periódico político más acreditado de Kenia”, muestra en su portada las caras de 12 personas, con nombre, apellidos y descripción. En las páginas interiores se hace una descripción al detalle de cada uno de ellos, incluso de los que no habían salido públicamente del armario. Algunos de ellos son conocidos internacionalmente como activistas por los derechos de la comunidad LGBT. En la lista también aparece un político y un cantante de gospel. Podemos ver entre ellos políticos, hombres de negocios, periodistas y activistas. Un día después, la edición en papel del periódico llevaba a su portada las fotografías de diez de ellos. Algunas son personas abierta y públicamente LGTB, pero no todas, y en cualquier caso la publicación explicita de sus nombres en una lista así les sitúa en una posición de alto riesgo. “Si los homófobos querían un objetivo, si la policía quería detener a alguien, si jóvenes antigays estaban buscando adolescentes a los que atacar, ahora ya tienen un rostro y un nombre”, ha declarado a Gay Star News el activista Denis Nzioka, precisamente uno de los nombres de la lista. “Ahora somos objetivos andantes”, ha añadido.

Entre los que están en la lista se encuentra Maina Kageni, un célebre locutor de radio; el profesor de la Escuela universitaria de Derecho de Buffalo (en el estado de Nueva York) Makau Mutua; el escritor Binyavanga Wainaina, abiertamente gay, o el periodista John Githongo y muchos otros se encuentran entre los que han sido mencionados en el periódico. Los activistas temen que este artículo forme parte de “una campaña para encender aún más al odio contra la comunidad LGBT”.

Aunque Citizen Weekly presenta la información como periodística y se cuida de no llamar expresamente a la violencia, lo cierto es que todo apunta a que el artículo se inscribe en una campaña de hostilidad hacia las personas LGTB. Los antecedentes de publicaciones similares en otros países africanos, muy singularmente en la vecina Uganda, no son desde luego alentadores: desde el tabloide Red Pepper, que publicó en 2014 lo que llamó el “top 200″ de los homosexuales ugandeses, hasta el asesinato en 2011 del activista ugandés David Kato tras ser uno de los 100 ciudadanos homosexuales cuyo nombre y fotografía habían sido publicados por Rolling Stone (otra publicación local), acompañados de la leyenda “Hang Them” (“a la horca”).

La homosexualidad es ilegal en Kenia, lo que obliga a muchos kenianos a permanecer en el armario. Los activistas temen que el periódico incite a la violencia colectiva, similar a cuando el activista ugandés David Kato fue asesinado después de ser “nombrados y avergonzados” en la primera página de un periódico sensacionalista en 2010. La diferencia con el caso de Uganda es que en el Weekly Citizen no se llama directamente a la violencia o al asesinato, como ocurrió entonces.

El vicepresidente del país, William Ruto, afirmó en una iglesia de Nairobi la semana pasada que no “hay lugar” para la homosexualidad en la sociedad keniana y que está dispuesto a proteger “la religión y los valores culturales” del país. “No vamos a permitir la homosexualidad en nuestra sociedad porque viola nuestras creencias religiosas y culturales”, dijo Ruto en la iglesia Jesus Winner Ministry de las afueras de Nairobi. “Vamos a estar junto a nuestros líderes religiosos para defender nuestra fe y nuestras creencias (…) No hay lugar para la homosexualidad en este país, se lo puedo asegurar”, añadió.

La difícil situación de las personas LGTB en Kenia

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de este año informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

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El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha dictaminado que las autoridades gubernamentales no pueden impedir que las organizaciones LGTB se registren como ONG. El alto tribunal estima que la religión y la moral imperantes no pueden socavar los derechos constitucionales, entre ellos el de asociación. También ha resuelto que las garantías recogidas en la Constitución de Kenia son aplicables a todos los ciudadanos, sea cual sea su orientación sexual.

Este 24 de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha fallado a favor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC en sus siglas en inglés), que había denunciado a la Junta Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales y a la Fiscalía General de Kenia por impedir su registro como ONG en más de cinco ocasiones desde el año 2012, en base a que el nombre de la organización era “inaceptable” porque el Código Penal de Kenia castiga las relaciones homosexuales.

El Tribunal Superior de Justicia, cuyas competencias son similares al Tribunal Supremo español, ha dilucidado en su sentencia dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, a petición de los demandantes, ha aclarado que, cuando la Constitución de Kenia otorga derechos a “todas las personas”, incluye a todos los ciudadanos, sin distinción por razón de la orientación sexual. En segundo lugar, el alto tribunal ha dictaminado que, en una sociedad democrática, la moral y la religión imperantes no pueden utilizarse para la limitación de derechos.

Por todo ello, el panel de tres jueces del Tribunal Superior de Justicia ha fallado por unanimidad a favor de los demandantes, estimando que la Junta Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales ha violado el artículo 36 de la Constitución keniana, que protege el derecho de asociación. También ha emitido un mandato de ejecución inmediata para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas sea registrada como Organización No Gubernamental.

El Foro de Cristianos Profesionales de Kenia, que se había personado en el juicio como parte afectada en el bando de los acusados, ha solicitado permiso al Tribunal Superior de Justicia para poder presentar una apelación a su sentencia, autorización que le ha sido concedida. Si la apelación es aceptada finalmente a trámite tras su presentación, deberá dictaminar al respecto el Tribunal Supremo de Kenia, que es quien tiene la competencia final para la interpretación de la Constitución, a semejanza del Tribunal Constitucional español.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas ha emitido una nota de prensa para dar a conocer la noticia, firmada por su director ejecutivo Eric Gitari, que concluye con la siguiente valoración:

Esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia es innovadora; marca un hito histórico para la inclusión de las minorías sexuales y de género en el espacio democrático de Kenia. Alude a un país que está deseoso de convertirse en mucho más abierto y democrático, a pesar de los desafíos. Al subrayar la moralidad constitucional de la inclusión en detrimento de la moral religiosa, los jueces honran el espíritu y las aspiraciones de los kenianos cuando promulgaron esta Constitución después de un período de violencia postelectoral que había estallado tras años de exclusión virulenta de los demás. Esperamos que este rechazo a las limitaciones de los derechos civiles por parte de la moral y la religión se convierta en un símbolo de jurisprudencia para las otras treinta y ocho naciones africanas que todavía usan argumentos morales para limitar los derechos de las minorías.

Nos congratulamos de la apelación presentada por el Foro de Cristianos Profesionales de Kenia y esperamos que mejore la jurisprudencia sobre la igualdad en nuestro país durante el proceso legal. Al celebrar la victoria, honramos la lucha de muchos activistas y aliados que han desarrollado su labor antes de nosotros y nos han ayudado en la nuestra.

La importancia de una sentencia semejante, que parte de un tribunal que sienta jurisprudencia sobre todos los demás, es indudable, sobre todo por la argumentación en que se sostiene el fallo. Dada la dificultad de que un cambio favorable a los derechos LGTB provenga del poder legislativo o ejecutivo, esperemos que sea la vía judicial la que sirva para conseguir la igualdad de todas las personas LGTB de Kenia.

La difícil situación de las personas LGTB en Kenia

A pesar de la importancia de la esta victoria legal, y de la repercusión que pueda tener en el futuro, las personas LGTB kenianas se tienen que seguir enfrentando a una legislación y una sociedad muy hostiles.

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana) y profundamente homófobo, que castiga la práctica de la homosexualidad con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica). Precisamente a principios de este año informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales, se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable.

Sin embargo, como evidencia la noticia que nos ha ocupado, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB muy productivo. Entre sus miembros se encuentra Denis Nzioka, que incluso trató de presentarse en las últimas elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó como senador en las últimas elecciones, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez una persona abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos y ser escuchado.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que se ha visto truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros.

Fuente Dosmanzanas

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