Desde el 2021 en diversas ocasiones se ha intentado vía recursos judiciales prohibir la libertad de expresión del Movilh en sus plataformas digitales, mientras que congresistas intentaron censurar el Informe de DDHH de la Diversidad Sexual y de Género, en medio de un total silencio del INDH frente a los abusos

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó sobre  diversas violaciones a los derechos humanos  al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), Pedro Vaca Villarreal.

La cita tuvo lugar en el Hotel Fundador, donde el Relator se reunió con diversas organizaciones sociales en el marco de su visita a nuestro país por el Mecanismo Conjunto de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe Situación De Derechos Humanos en Chile (MESECH).

En su presentación, el Movilh advirtió que “la labor defensora de los derechos humanos LGBTIQ+ de nuestra organización viene siendo desde el 2021 severamente obstaculizada, en tanto, quienes han sido acusados de homofóbicos o transfóbicos por distintas víctimas, han recurrido a tribunales para exigir a nuestra organización elimine de su web o redes sociales las denuncias de las personas afectadas”.

“Si bien en dos los tres casos judicializados la justicia ha fallado a favor de la libertad de expresión de Movilh (un tercer hecho aún está en proceso), la presentación de recursos de parte de grupos anti derechos da cuenta de la agresividad de quienes se oponen a que los defensores derechos humanos LGBTIQ+ ejerzamos en libertad nuestra labor en Chile”, señaló el encargado de DDHH del Movilh, Ramón Gómez

Añadió que  “en otras palabras, esto implica que junto con hacer frente a la homo/transfobia y ayudar y acompañar a las víctimas, tenemos que defender ante tribunales nuestro derecho a la libertad de expresión para ejercer nuestra misión. Desconocemos si existe otro movimiento LGBTIQ+ de habla hispana que sea víctima permanente de tanta presión homo/transfóbica”.

Finalmente el Movilh denunció que “en 2023 un grupo de congresistas solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados que prohibiese nuestra asistencia a las sesiones que tramitan la reforma a la Ley Antidiscriminatoria si es que no eliminábamos de nuestros Informes de DDHH a las autoridades que identificábamos como homofóbicas o transfóbicas y si es que no dábamos cuenta de ello al Congreso Nacional”.

 “En vez de rechazar de raíz estas peticiones, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo discutiendo durante semanas si permitir o no nuestro ingreso a sus debates, llegando incluso al extremo de someter en varias ocasiones a votación si era o no posible la presencia de organizaciones sociales”, añadió el Movilh.

Por ello “solicitamos al INDH que enviara una carta de preocupación a la Comisión de DDHH de la Cámara y que emitiera una declaración pública en rechazo por lo que estaba sucediendo y en solidaridad con quienes éramos víctimas de los abusos contrarios a la libertad de expresión. Nada hicieron, quedando en evidencia o que el mismo trato brinda el INDH a todos los defensores de DDHH o actúa con sesgo ideológico con los movimientos sociales autónomos que no dependen de partidos, organizaciones o de estructuras útiles o afines a sus funcionarios/as de turno o con los cuales tienen vasos comunicantes”, acusó el Movilh.

Por tanto, finalizó el Movilh, “solicitamos al Relator que se recomiende al Estado de Chile que proteja en todo evento la libertad de expresión de los defensores de derechos humanos LGBTI+, así como prohibir cualquier manifestación que busque lo contrario. También pedimos que se  exija al INDH el cumplimiento de su mandato de proteger la labor de los defensores de los derechos humanos LGBTIQ+ en todo momento y lugar, sin importar si son organizaciones autónomas, opositoras o vinculadas a redes o partidos políticos afines a su directiva de turno”.

Fuente MOVILH

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Así lo manifestó por redes sociales en el marco del Día del Orgullo

La Contraloría General de la República conmemoró hoy el Día Internacional del Orgullo enfatizando que Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) firmado por el Estado y el Movilh ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) para impulsar el matrimonio igualitario es “legal y vinculante”.

“Este 28 de Junio se celebra el día del orgullo LGBTIQ+ y te contamos que Contraloría se ha pronunciado respecto a la legalidad del Acuerdo de Solución Amistosa (…) declarándolo legal y vinculante para el Estado de Chile

En tal sentido, la entidad difundió una gráfica donde recuerda que “en el año 2012 el Estado de Chile fue denunciado por la organización Movilh en la CIDH por la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental”.

Debido a esto, añadió la Contraloría, “el 2016 el Estado decidió subscribir un Acuerdo de Solución Amistosa para solucionar el conflicto. Este acuerdo se basó principalmente en el compromiso del Estado de promover leyes, política y programas a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bi, trans, intersexuales, queer y otras identidades LGBTIQ+”.

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Entre otras leyes comprometidas se encuentran la adopción homoparental, el matrimonio igualitario y reformas a la Ley Zamudio y el Acuerdo de Unión Civil

La Contraloría explicó que en el año 2018 la fue “consultada acerca de la legalidad de este acuerdo determinando finalmente que era “legal y vinculante”. Esto, puesto que Chile firmó previamente compromisos internacionales con la Convención Americana de Derechos Humanos que la obligan este tipo de acuerdos”.

El Movilh valoró que “la Contraloría enfatice el carácter lega y vinculante de los compromisos asumidos. El Estado lo componen tres poderes el Estado, y todos ellos tienen la obligación internacional de cumplir con el ASA, el cual para la Contraloría es obligatorio”.

Fuente MOVILH

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También se reportó una mayor impunidad de los abusos policiales homofóbicos, pues desde marzo a la fecha no han sido condenados por el poder político. A la par el Movilh denunció el incumplimiento del Estado con el matrimonio igualitario.

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En una reunión con el Movilh, Larraín dijo que el Ejecutivo respetará el Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado firmó ante la CIDH, en tanto es “legal y vinculante”, además de estimar que el proyecto del Ejecutivo sí contempla la adopción homoparental.

El Ministro de Justicia, Hernán Larraín, se mostró hoy disponible a revisar las indicaciones del Ejecutivo para reformar la Ley de Adopciones, luego de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movlh) alegará que el texto es discriminatoria, pues excluye a la parejas del mismo sexo.

En una cita donde estuvo presente la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, el ministro dijo que a juicio las indicaciones “sí contemplan la adopción homoparental”, explicitando en la ocasión el Movilh una postura totalmente distinta.

En el marco de este desacuerdo, y considerado que la adopción homoparental es un compromiso de Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Larraín se mostró disponible para revisar y eventualmente modificar las indicaciones.

“Creemos que un punto el Gobierno avanzará, cual será incluir expresamente como adoptantes a los convivientes civiles en su propuesta de ley. La eliminación de contenidos que privilegian a familias con la existencia de madre y padre se ve más complicada por parte del Gobierno, pero Larraín de todas formas de abrió a analizar este punto”, sostuvo el Movilh.

En una conversación de dos horas el Movilh insistió con que las actuales indicaciones del Ejecutivo violentan el Acuerdo de Solución de Amistosa (ASA) que el Estado de Chile “firmó con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD). El ministro dijo entender que este acuerdo es legal y vinculante y que debe cumplirse, por lo se definieron tareas inmediatas”.

En este contexto, la próxima semana la Subsecretaría de Derechos Humanos enviará al Movilh una propuesta de trabajo para recomponer la Comisión de Seguimiento del ASA, así como una Mesa Amplia de Trabajo que involucre a todas las organizaciones LGBTI interesadas en la temática, con miras a avanzar en el total cumplimiento del Acuerdo.

“Hoy avanzamos un poco, pero no lo suficiente. El Ejecutivo seguirá incumpliendo el ASA si no modifica sus indicaciones a la ley de adopciones. Por tanto, solos en unos días más sabremos si efectivamente habrá algún cambio y tras ello, definiremos que comunicar a la CIDH”, añadió el Movilh.

“Por ahora nos quedamos con que el ministro reforzará el carácter legal y vinculante del ASA y aceptara que ello pasa porque se legalice la adopción homoparental”, finalizó Jiménez.

Fuente MOVILH

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La  parlamentaria del PPD se ha caracterizado por su respaldo a los derechos humanos de las personas LGBTI

La Comisión Mixta encargada de analizar el proyecto de ley de identidad de género se conformó ayer en el ex Congreso Nacional de Santiago, eligiendo como su presidenta a la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien la semana anterior había firmado un acuerdo con el Movilh para impulsar los derechos LGBTI comprometidos por Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD)

Esta jornada Muñoz expresó en Radio Cooperativa su respaldo a la propuesta de ley despachada por la Cámara de Diputados, “porque se sustenta en dos principios: el principio del interés superior del niño, niña o el adolescente, donde eso significa que los órganos del Estado tenemos que garantizar la máxima satisfacción del ejercicio de sus derechos”

“El otro principio es el de autonomía progresiva, donde todo niño, niña o adolescente podría ejercer sus derechos por sí mismo en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y su madurez. Lo que la propia Cámara aprueba es el representante legal, que es muy importante, una persona que esté a cargo legalmente del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que tengan un papel más de orientación, de dirección en el ejercicio de este derecho y no sometido a la voluntad del padre”, explicó.

Junto a Muñoz integran la Comisión los/s senadores/as Felipe Kast (Evópoli), Jacqueline Van Rysselberghe (Biobío), Alejandro Navarro (Indp), Adriana Muñoz (PPD), Juan Latorre (RD), así como los/as diputados/as Diego Paulsen (RN), Matías Walker (DC), Raúl Saldívar (PS) y Natalia Castillo (RD).

Durante su constitución, la Comisión Mixta determinó que el próximo lunes expondrán en su seno organizaciones defensoras y opositoras del proyecto de ley, así como el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien al ser consultado sobre la inclusión de menores de 18 años en la iniciativa, señaló hoy a T13 Radio que “yo no veo la condición de inconstitucionalidad en este tema”.

El vocero del Movilh, Oscar Rementería, enfatizó, por su lado, que la “constitución de la Comisión Mixta ay nos pone en tierra derecha para avanzar a la aprobación de la norma en mayo, lo cual es nuestra aspiración. Nuestra intención es que sean incorporados los menores de 14 años en la ley, y para tales efectos, ayer y ya obtuvimos el respaldo de la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández”.

El inicio del debate en la Constitución Mixta fue rechazado ayer grupos opositores al proyecto de ley. La auto-denominada Coordinadora Nacional ProFamilia, portó un cartel donde señalaban que “sentir que soy algo no es serlo. Los sentimientos no determinan la realidad y mucho menos pueden ser el fundamento para exigir derechos”.

La postura es similar a la de la presidenta de la UDI, JacquelineVan Rysselberghe, quien en los últimos días ha exacerbado su rechazo a al proyecto a través declaraciones públicas y presiones al Gobierno y a Chile Vamos.

Tras anunciar que acudirá al Tribunal Constitucional si es que el proyecto de ley incorpora a los menores de 18 años, la senadora sostuvo que “siempre hemos defendido el derecho primordial de los padres a educar a sus hijos, pero también hemos aceptado que hay ciertos casos en los que la sociedad pone el límite, como es el caso del alcohol. Un niño aunque su padre lo autorice, no va a poder comprar alcohol en un restaurant”. “Lo que no se puede hacer es el cambio de sexo. Lo que decimos es que cuando se haga, lo haga una persona con autonomía plena y la madurez suficiente, que en caso de Chile es la mayoría de edad a los 18 años”, agregó a La Tercera.

El Movilh repicó que “los grupos auto-declarados pro vida y Van Rysselberghe confunden a la ciudadanía con informaciones erróneas y falsas para validar sus prejuicios. Con todo, el interés superior del niño es prioritario y eso no hay manera de rechazarlo”.

Fuente MOVILH

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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual interpuso una demanda contra el Estado de Chile por la inhabilitación de una profesora sólo por ser lesbiana, quien hablará este martes por primera vez en seis años.

Tras ocho años de lucha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) declaró admisible la demanda internacional interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra la Estado de Chile por prohibir impartir clases a la profesora Sandra Pavez en razón de su orientación sexual.

La profesora, que anteriormente había sido monja, fue inhabilitada para la función docente en Chile en 2007, por una orden de la Iglesia Católica que fue validada en un fallo la Corte Suprema.

La Iglesia se valió del Decreto 924, creado en 1984 por la dictadura de Augusto Pinochet, para actuar contra la sra Pavez. Aunque el Decreto 924 no habla de homosexualidad, sí entrega a las iglesias la facultad de decidir quiénes son “idóneos” para impartir clases de religión.

“Tras 25 años de intachable trayectoria, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, exigió a Sandra que fuera a un psiquiátra de la Iglesia Católica para que dejara de ser lesbiana. Al negarse, le quitaron el certificado de idoneidad y nunca más pudo ingresar a una sala de clases”, denuncian desde el Movilh.

La postura del obispo fue respaldada por el Ministerio de Educación, institución cuyas entonces ministras, Yasna Provoste (2006-2008) y Mónica Jiménez (2008-2010), nunca quisieron recibir a Sandra, pese a haber presentado continuas solitudes de audiencia.

Todos los antecedentes de este caso, serán dados a conocer este martes 12 de enero en la sede del Movilh, en Santiago de Chile, que también será la primera vez que Sandra hable públicamente de su caso tras 6 años de silencio. También se dará a conocer la movilización contra Sandra de poderosos agentes religiosos internacionales, que intentaron presionar a la CIDH para que no admitiera la demanda.

Fuente Cáscara Amarga

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