En 2024 al menos 55 mujeres trans han sido asesinadas en México. En la mayoría de los transfeminicidios documentados en 2024 se desconoce a los victimarios y no hay detenidos.

Fuente Agencia Presentes

10 de octubre de 2024

Geo González
Edición: María Eugenia Ludueña

CIUDAD DE MÉXICO. En México han sido asesinadas al menos 55 mujeres trans en lo que va de 2024, de acuerdo a datos recopilados por la Asamblea Nacional Trans No Binarie y el colectivo Transcontingenta. Esta cifra supera a las mujeres trans víctimas de feminicidio documentadas por los activismos en 2023.

Las cinco víctimas recientes son Mayte López Regalado, mujer trans y muxe; María Lima; Ariana Ponce, Rigo Calderón y de una más se desconoce su nombre. Las principales formas de violencia se infringieron a través de armas de fuego, golpes y tortura. En dos de los últimos cinco transfeminicidios reportados, se identificó a los agresores y están detenidos bajo prisión preventiva.

En nueve meses y medio de 2024 al menos 55 mujeres trans han sido asesinadas. Las activistas trans insisten en que 2024 se ha convertido en uno de los años más violentos para las mujeres trans en México. Para dimensionar la situación, en 2023 se registraron 66 crímenes por prejuicio contra personas LGBT+, 43 fueron contra mujeres trans.

De acuerdo a las organizaciones, la Ciudad de México es donde más transfeminicidios se han documentado. Le siguen Jalisco, Morelos, Tabasco y Nuevo León.

La CIDH alertó, el Estado mexicano no se pronuncia

En agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno mexicano a tomar medidas y condenó el aumento de la violencia contra las mujeres trans en México, donde la impunidad prevalece.

La CIDH pide que se observe a las autoridades mexicanas en su actuación, junto con la aplicación del Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ para acceder a la justicia. También advirtió en la necesidad de “redoblar esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans”. Mencionó que “la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad”.

“Es fundamental que el Estado y las autoridades locales fortalezcan sus esfuerzos en combatir la violencia por prejuicios, solidificando los mecanismos de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para asegurar una respuesta integral y efectiva”, dice el comunicado de la CIDH.

En la mayoría de los transfeminicidios documentados en 2024 se desconoce a los victimarios y no hay detenidos. Ninguna institución del Estado mexicano se ha pronunciado por el aumento de la violencia transfeminicida. Tampoco ha hecho pública alguna información sobre atender lo dicho por la Comisión Interamericana.

Mayte López Regalado, reina muxe y trans

A Mayte López Regalado, de 3 años, en 2018 la habían coronado reina muxe. Fue en la edición 43 de la Vela Muxe de las Intrépidas Buscadoras del Peligro, una fiesta en Juchitán, Oaxaca que tiene como objetivo celebrar a las muxes. Mayte también era fisicoculturista.

La encontraron el 1 de octubre con signos de tortura. Su cuerpo tenía el impacto de un arma de fuego. Yacía en un tramo de la carretera que conecta Tehuantepec y Juchitán.

Mayte era conocida más allá de Juchitan. Al difundirse la noticia, organizaciones y colectivas de distintas partes del país repudiaron el hecho. Integrantes del Encuentro Trans Indígena y Afrodescendiente del Estado de Oaxaca exigieron una investigación exhaustiva, cese de la impunidad e implementación de políticas públicas para garantizar la seguridad y garantía a los derechos humanos de las personas trans, indígenas y afrodescendientes de Oaxaca.

En 2022 tres personas muxe fueron asesinadas, de acuerdo a datos de Letra S. La activista Sofía Guandulain de Trans Difusión, organización trans oaxaqueña, dijo a este medio que la violencia hacia las compañeras muxe y las personas LGBT+ en Oaxaca ha aumentado. 

“La situación de violencia en Oaxaca está afectando a las compañeras muxe y personas LGBT+, y principalmente a las mujeres trans. No sólo se trata de los asesinatos por odio. Son también las violencias estructurales y la discriminación las que nos está poniendo en riesgo. Y no hay políticas públicas de prevención, ni garantía de derechos”.

Víctimas trans en Zacatecas y Tamaulipas

Rigo Calderón fue asesinada en septiembre en Zacatecas.

Rigo Calderón fue asesinada el 4 de septiembre en la vía pública, en el municipio de Guadalupe, estado de Zacatecas. De acuerdo a la prensa local, un grupo armado le disparó al menos en cuatro ocasiones. Este es el primer transfeminicidio reportado en ese estado. Se desconoce su edad, pero activistas locales comentan que rondaba los 50 años.

De acuerdo al repositorio de crímenes de odio de la organización Letra S, de 2015 a 2022 en el estado de Zacatecas se registraron 8 crímenes por prejuicio a personas LGBT+. Tres de ellos contra mujeres trans, reportados en 2017, 2021 y 2022.

“Podríamos decir que en Zacatecas no teníamos ningún transfeminicidio. Esperamos que las autoridades resuelvan. Queremos saber los motivos y se haga justicia por ella y toda la comunidad trans”, dijo la activista Fernanda Perera de la organización Fundación Transitando Libres en una entrevista con el medio NMás.

En Tamaulipas, al norte del país, una mujer trans de quien no se ha logrado conocer su nombre, fue asesinada a golpes. Los medios de comunicación locales violentaron a la víctima al no respetar su identidad de género ni pronombres. De acuerdo a la colectiva Transcontingenta, la víctima rondaba los 45-50 años de edad.

Ariana y Massiell tenían menos de 35 años

Ariana Ponce tenía 25 años. De acuerdo al reportero Oscar Rosales del medio local Raichali, la pareja sentimental de Ariana fue quien reportó el hecho al encontrarla sin vida en su domicilio. Según ese medio, la Fiscalía de Chihuahua informó que la asesinaron con un arma blanca.

Ariana era originaria del municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua. Este estado al norte del país anualmente se ubica en los primeros cinco lugares con mayor registro de crímenes por prejuicio contra las personas LGBT, de acuerdo a los informes de Letra S.

El colectivo Sociedad Civil Morrxs Autónomxs, una organización transfeminista y abortera, condenó el hecho. Exigió que “haya pronta respuesta y esclarecimiento por el crimen cometido en contra de esta mujer. Y que se proceda con una perspectiva de #género. Necesitamos que el gobierno actual considere una estrategia contundente para evitar el odio, la discriminación y falta de acceso a la justicia de las personas transgénero”.

El 21 de septiembre la Fiscalía informó la detención de Salomón G. M como presunto responsable del asesinato de Ariana. La Justicia menciona que el hombre está detenido en prisión preventiva e investigado por el delito de feminicidio agravado.

En el estado de Tlaxcala, María Lima de 34 años fue asesinada a golpes por su pareja sentimental el 19 de septiembre en Huamantla, Tlaxcala, un estado del centro de México.

De acuerdo a varias notas de la prensa local, María fue encontrada sin vida dentro de su departamento luego de un llamado al 911 de alguien que escuchó una discusión. “Los oficiales encontraron a dos personas tiradas (…) y al valorar a quien en vida respondía al nombre de María ya no contaba con signos vitales”, menciona la nota del Sol de Tlaxcala.

Según el medio Quadratin, la pareja de María fue detenida. La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala inició una investigación por “homicidio calificado” y está bajo prisión preventiva.

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Hoy se cumplen 50 años del Golpe de Estado en Chile que provocó el suicidio del legítimo Presidente de la república Salvador Allende tras el bombardeo del palacio de la Moneda e inició una sangrienta dictadura que asesinó a miles de ciudadanos y ciudadana. Pues bien, amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983  bajo la dictadura de Pinochet y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

El pasado 7 de septiembre, En el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó a Chile por discriminación, luego de que con el patrocinio del Movilh la profesora denunciara al Estado por prohibirle hacer clases en razón de su orientación sexual, el Presidente de la república Gabriel Boric reconoció públicamente la responsabilidad del Estado en este acto de lesbofobia. Esperamos, sentados, a que la Iglesia  católica haga lo mismo…

Con una ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda el presidente de la República, Gabriel Boric, en representación del Estado, realizó hoy un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la lesbofobia que sufrió la docente Sandra Pavez, quien en 2007 fue impedida por siempre de realizar clases de religión solo por ser lesbiana.

El acto de reconocimiento es parte de la condena que en febrero del 2022 dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos  (Corte IDH) contra el Estado de Chile, tras una denuncia internacional interpuesta por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) en representación de la docente ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

“En mi calidad de Presidente de la República y representante del Estado reconozco la responsabilidad que le cabe al Estado chileno por el trato discriminatorio que recibiste Sandra, motivado por tu orientación sexual y que afectó tu dignidad como persona”, dijo Boric

“A Sandra le ofrezco ante Chile disculpas públicas y el compromiso de seguir trabajando arduamente para erradicar toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género para que nunca más en Chile alguien tenga que vivir lo que tú y tu entorno vivieron”, expresó en la ceremonia que contó con la presencia de los ministros de Educación, Nicolás Cataldo,  de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren Stork,  y de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, así como de la diputada Emilia Schneider, entre otras autoridades.

A su vez, la profesora Pavez sostuvo que “creo que se ha hecho justicia, en especial porque ya hay un precedente para que nunca más un/a docente pueda pasar por lo mismo. Agradezco al Movilh, la organización que me apoyó todos estos años, y en especial a su dirigente Rolando Jiménez”.

Para la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, “hoy se hace, de una u otra manera, algo de justicia para la docente Pavez, quien vio vulnerados sus derechos humanos más básicos sin que ninguna autoridad del Estado le expresara alguna vez solidaridad y apoyo, dejándola abandonada y sin posibilidad de ejercer nunca más su profesión, pues en 2021 jubiló”.

Añadió que, “en torno a este caso, el Estado aún debe cumplir con aspectos claves de la sentencia, como la capacitación en temáticas LGBTIQA+ a todos los profesionales que evalúen docentes, así como la derogación o modificación total del Decreto 924 del Mineduc, una norma heredada de la Dictadura que permitió prohibir a la docente Pavez  ejercer como profesora, una labor que antes del 2007 había desarrollado durante 22 años de manera intachable”

En su sentencia, la Corte CIDH enfatizó que las libertades de educación y de religión en ningún caso pueden usarse para discriminar a las personas LGBTIQA+, ni que tampoco el derecho de los padres y madres a escoger la educación para sus hijos/as puede dar paso a violaciones a los derechos humanos.  Añadió que al prohibirse a Pavez ejercer su profesión, el Estado chileno vulneró sus derechos “a la igualdad y no discriminación, a la libertad personal, a la vida privada y al trabajo”.

El caso es uno de los más emblemáticos en Chile para los derechos LGBTIQ+, no solo por la condena contra el Estado, sino porque en su afán de impedir a Pavez ejercer clases, todas las iglesias del país se unieron por primera vez en su historia contra sus derechos presentando escritos conjuntos ante la Corte IDH, los cuales felizmente  fueron desestimados por  el órgano internacional.

El caso

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Lo anterior, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983  bajo la dictadura de Pinochet y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. Vergonzosamente, el Estado y las diferentes Iglesias se unieron por primera vez para negar derechos en razón de la orientación sexual de las personas.

En respuesta el Movilh denunció a Chile por lesbofobia ante la Comisión Interamericana de DDHH. Más de una década  después, la CIDH acogió la denuncia del Movilh y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso donde la docente fue representada por el abogado pro bono, Ciro Colombara, entre otros que se sumaron tras la condena, al final del proceso.

Finalmente, el 4 de febrero del 2022 la Corte Interamericana de DDHH condenó a Chile por lesbofobia, exigiendo entre otras medidas, el acto de reparación efectuado hoy por Boric.

Fuente MOVILH/Cristianos Gays

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Exigen una investigación “apegada a los derechos humanos”. En los últimos cuatro años asesinaron a 26 personas defensoras de derechos LGBT.

CIUDAD DE MÉXICO, México. Ulises Salvador Nava Juárez, activista LGBT+ y funcionario de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), fue asesinado la tarde del 15 de julio a las afueras del Museo Descubre en la ciudad de Aguascalientes al salir de un congreso celebrado en esa ciudad que reunió a activistas de la diversidad sexual de todo el país.

Ulises Nava era licenciado en derecho, doctorante y jefe del Departamento de Diversidad Sexual de la Universidad Autónoma de Guerrero. Dentro de esa universidad, se dedicó a impulsar acciones para la inclusión y el respeto para las personas LGBT+. Una de ellas fue la instalación de baños incluyentes en al menos tres facultades y las preparatorias adscritas a la universidad.

Defensores de derechos humanos, funcionaries públicos y el rector electo de la UAGro exigen que no haya impunidad. Pidieron que las autoridades de justicia realicen una investigación apegada a los derechos humanos, sin descartar la orientación sexual de Ulises. Además, alrededor del país, decenas de organizaciones LGBT+ se han pronunciado y exigen justicia.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Aguascalientes se ha pronunciado sobre el hecho. Presentes buscó información con la Fiscalía General de ese estado, pero no respondieron la llamada telefónica después de preguntar sobre este crimen.

Ninguna autoridad del estado de Guerrero, de donde era originario Ulises, ha emitido alguna comunicación sobre el hecho.

“Ulises defendía las causas justas”

Ulises Nava se involucró desde los 15 años en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI+ en el estado de Guerrero. También era voleibolista, parte del equipo de su estado.

“Ulises defendía las causas justas. Desde los 15 años lo conocí y era una persona entregada a defender los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Y adicional a esto, él era como un hijo para mí. No se vale que haya gente que le quite la vida a una persona que tenía mucho presente y sobre todo mucho futuro”, comentó a medios locales Javier Saldaña, rector electo de la Universidad Autónoma de Guerrero y amigo de Ulises.

Su formación académica y activista llevó a Ulises a ser reconocido sobre todo por el trabajo que realizó en la Universidad Autónoma de Guerrero. En 2017 fundó el Departamento de Diversidad Sexual, desde donde impulsó acciones para la inclusión y el respeto para las personas LGBTI+ en la universidad.

Los hechos

De acuerdo a distintos reportes de prensa, alrededor de las seis de la tarde del 15 de julio dos personas en motocicleta dispararon en al menos seis ocasiones en contra de Ulises Nava cuando salía del Museo Descubre, recinto donde se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Litigio Estratégico para Cuotas Arcoiris. Los atacantes se dieron a la fuga.

Nava, como otres activistas LGBT de México, participó en ese congreso organizado por la diputada trans Salma Luévano y le magistrade Ociel Baena, quienes exigieron a las autoridades de Aguascalientes que no haya impunidad.

Tanto Luévano como Baena, exigieron justicia y dijeron en sus redes sociales que los discursos de odio son la antesala de crímenes como éste.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado de Aguascalientes está entre las 13 entidades con mayor incremento de homicidios en el país. Tan solo en lo que va del año, 2.680 personas fueron víctimas de este delito.

Hasta ahora, como ninguna autoridad ha brindado información sobre el crimen, se desconoce si se realizará una investigación con enfoque diferenciado por la orientación sexual y el trabajo como defensor de derechos humanos que Ulises Nava realizaba.

México no investiga con mirada interseccional estos crímenes

En México, las personas defensoras de derechos humanos son uno de los grupos más vulnerables. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados, entre ellos México, a “proteger a quienes defienden los derechos humanos con medidas y acciones concretas que incluyen la investigación de los hechos de violencia”.

En los últimos cuatro años asesinaron al menos 26 personas LGBT defensoras de los derechos de la diversidad sexual en el país, de acuerdo a datos de la organización Letra S. Solo en seis casos hubo personas detenidas.

Sin embargo, como el Estado mexicano no recaba información sobre crímenes de odio ni genera indicadores que relacionen estos crímenes con las actividades de las víctimas, se desconoce cuántos de los crímenes contra personas LGBT en México también tienen que ver con su actividad como personas defensoras de los derechos humanos.

“El reto que nos persigue es entender si estás condiciones de vida, estas labores profesionales, se relacionan con su asesinato”, señala el último informe de Letra S.

Según los datos del registro que realiza Letra S, en 2022 al menos 6 mujeres trans defensoras de derechos humanos fueron asesinadas.

“Su asesinato lastima a todos los universitarios, a toda la comunidad LGBTIQ+”

Este lunes 17 de julio homenajearon a Ulises Nava en el patio de la Universidad Autónoma de Guerrero, decorado con banderas LGBT y arreglos florales. Ahí, funcionaries, estudiantes, activistas y familiares gritaron: “Ulises, presente”, “Que viva Ulises”.

Funcionarios de la UAGro describieron a Ulises como un hombre trabajador, amoroso, respetuoso y responsable.

“Desde abajo construyó un modelo de igualdad para todas, todos, todes los universitarios. Debemos seguir amigos, amigas, amigues, con su ejemplo”, señaló el rector José Alfredo Romero Olea.

Por su parte, el rector electo de la UAGro y amigo de Ulises, Javier Saldaña, dijo: “Para mí es una gran pérdida (…) su asesinato lastima mi corazón, pero también lastima a todos los universitarios, a toda la comunidad LGBTIQ+, les quitaron la posibilidad de una persona que seguramente, por su formación, los hubiera representado, no solamente en la universidad”.

Además, las autoridades universitarias recalcaron la exigencia de justicia al gobierno de Aguascalientes. “Que no haya impunidad”, dijeron.

Al finalizar, funcionarios de la universidad y activistas rindieron una guardia de honor a Ulises.

Geo González@georginagon

Fuente Agencia Presentes

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A dos años de presentada la denuncia, donde el Movilh acusó que la Corte Suprema liberó de toda responsabilidad a un pastor y a la Catedral Evangélica por sostener que dicho Movimiento de la Diversidad promovía el abuso infantil solo por luchar por la igualdad legal para las personas LGBTIQANB+

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acogió a trámite una nueva demanda internacional que interpuso el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) contra el Estado de Chile, luego de que la Corte Suprema validara los dichos de un pastor y de la Catedral Evangélica, para quienes la lucha emprendida por esa organización LGBTIQANB+ por la igualdad legal abría la puerta al abuso infantil.

“Valoramos que la CIDH acogiera a trámite esta denuncia y tenemos la esperanza de que será declarada admisible, pues el Estado de Chile, a través de la Corte Suprema, validó en uno de sus más funestos y homo/transfóbicos fallos que se injuriara a nuestra organización y activistas con discursos homofóbicos solo porque demandábamos la derogación del artículo 365 del Código Penal”, señaló el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

En la CIDH el Movilh es representado por el abogado Ciro Colombara.

Fue en 2020 cuando la Primera Sala de la Corte Suprema confirmó un fallo de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones que había anulado una histórica sentencia de primera instancia del 25 Juzgado Civil de Santiago que  en 2018 había condenado a la Catedral Evangélica por daño moral al Movilh.

Inicialmente la iglesia había sido condenada luego de que el entonces director del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas de Chile, Cristián Nieto, señalara en la Catedral que con la derogación “del artículo 365 del Código Penal se pretende despenalizar la ley conocida como la ley sodomítica“.

 “El Movilh está pidiendo que una relación sexual entre un adulto y un niño menor de 14 años sea consentida, ¿y qué significa ser consentida?, que un niño diga ‘sí, yo tengo ganas de estar con este señor’ (…) Se imaginan lo que es un niño abandonado en una calle, debajo de un puente, que le ofrezcan un par de zapatillas Nike o un polerón que él desea, por mantener una relación sexual con ese adúltero, o ese pecador, comprándose a ese niño”,  señaló Nieto, siendo luego sus declaraciones reproducidas por el canal de Youtube oficial de la Catedral.

En uno de sus fallos más homo/transfóbicos, alarmantes  y contrarios al Interés Superior del Niño, la  Corte Suprema determinó que esas declaraciones no eran injuriosas, ni discriminatorias, pues a su juicio acusar a alguien de promover relaciones con menores de 14 años no era lo mismo que sindicarlo como promotor de la pedofilia.

Junto al daño moral, el Movilh sufrió consecuencias económicas. En efecto, en representación de la Catedral Evangélica y del pastor Nieto el  abogado Felipe Andrés Vásquez Jiménez, solicitó al 25 de Jugado Civil de Santiago que ordenara el embargo de cuatro millones de pesos de la  cuenta bancaria del Movilh por las costas de un juicio “cuya sentencia es una de las más homofóbicas que se tenga registro”.

“Los tribunales ordenaron el año anterior el retiro de nuestras cuenta bancaria de ese monto. Es decir, tuvimos que pagar cuatro millones de pesos porque nos  defendimos de quienes nos trataron como pedófilos. Este abuso no puede quedar impune. Confiamos en alcanzar justicia a nivel internacional”, apuntó el Movilh

Conviene precisar que el artículo 365 del Código Penal, derogado en 2022, no hacía ninguna mención a menores de 14 años, sino que a mayores de esa edad. El artículo establecía una edad de consentimiento sexual distinta solo en razón de la orientación sexual de las personas, fijándola en 18 años para homosexuales, mientras para heterosexuales en 14 años.

Con anterioridad el Movilh había demandado al Estado de Chile por prohibir a la docente Sandra Pavez   ejercer clases de religión solo por ser lesbiana; lo que valió una condena a nuestro país; y por impedir el matrimonio igualitario, lo que dio paso a un Acuerdo de Solución Amistosa que derivó en la aprobación de esa ley.

Fuente MOVILH

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Foto Facebook

El prefecto Octavio Romero fue brutalmente asesinado en 2011 pero la Justicia no lo investigó como crimen de odio. Hasta hoy está impune.

 El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de adecuación a los estándares internacionales en la investigación del crimen del prefecto Octavio Romero, ocurrido hace once años. Por primera vez en la historia de la Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pactó un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio.

El acuerdo se firmó hoy en Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de Gabriel Gersbach, querellante y pareja en ese entonces de Romero. En el momento de su asesinato se estaban por casar. También estuvieron presentes Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos; Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad; Celeste Fernández, directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); y Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU.

«Esto deja un precedente para intentar que esto no se repita. Que no haya otro Octavio Romero, no haya más casos de discriminación. Esto abre puertas y calma un dolor de muchos años», dijo Gabriel en el acto, al que asistió vestido con prendas que eran de Octavio.

Por impulso de Gabriel y del activismo LGBT+, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso en 2018.

«El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+», afirma el acuerdo. También reconoce que «la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach, pareja y conviviente de Octavio Romero».

Los hostigamientos y el crimen de odio

A un año de sancionada la Ley de Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), Octavio y Gabriel iban a ser el primer matrimonio homosexual al interior de las Fuerzas Armadas. Para ello, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina, que entonces tenía 33 años, debió avisar a sus superiores sobre el casamiento ya que era una petición obligatoria en ese momento. Desde entonces comenzó a recibir hostigamientos en su ámbito laboral y siete meses antes de la boda desapareció.

“En doce años de relación nunca me había pasado, éramos culo y calzoncillo nosotros. Todo el tiempo mensajito, éramos muy amigos”, contó a Presentes Gabriel sobre el momento en que no obtenía noticias de su novio. Ante su ausencia hizo la denuncia en la Comisaría N° 15. Luego de declarar dos veces, se presentaron dos superiores de Octavio. Uno de ellos le ofreció su tarjeta y le dijo: “Cualquier cosa estoy a disposición”.

El 17 de junio de 2011, seis días después de su desaparición, un lanchero halló su cadáver en la costa del Río de la Plata y su intersección con la avenida San Martín, en la localidad bonaerense de Vicente López. Ese lugar se encontraba dentro de la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Estaba desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre.

La causa judicial 

Las organizaciones LGBT+ reclaman que se trató de un crimen de odio y que la causa (N° 65761/11) estuvo “parada” durante muchos años. Luego de 11 años desde el crimen, el Poder Judicial no brindó avances en la investigación. La causa la llevó adelante Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo entonces del juez Juan Ramos Padilla. Actualmente, la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires investiga el caso como “NN (‘no name’, es decir, autor desconocido) sobre homicidio”.

“La causa en el poder judicial nunca avanzó. No se tuvo en cuenta la perspectiva de diversidad y de derechos humanos ni que fue un crimen de odio. Por eso decidimos ir a la CIDH. El acceso a la justicia para la comunidad LGBT siempre es difícil”, dijo a Presentes el abogado y activista LGBT Pedro Paradiso Sottile. Desde la Fundación Igualdad -la cual preside- y junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) representan a Gabriel en el litigio.

Las pruebas y el periodismo

En 2015 ocurrió un hecho clave para la investigación del caso. Llegó al periodista Franco Torchia un informe que narraba en detalle la consecución de hechos que llevaron al crimen de Octavio. En sus páginas detallaba que el prefecto había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza. Además, que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas.

“Era un informe anónimo fuertísimo que detallaba muy pormenorizadamente qué le había pasado al cuerpo de Octavio y por qué lo habían asesinado como lo asesinaron. Rápidamente se lo di a Gabi para que se lo acercara a la fiscalía”, narró a Presentes Torchia. Desde hace años cubre el caso en su programa de radio “No se puede vivir del amor”. Sin embargo, aclaró que “significó lo mismo que nada”.

La Fiscalía y la querella solicitaron que se realizara un allanamiento con el objetivo de encontrar el disco rígido. Sin embargo, el Juez de la causa, Juan Ramos Padilla, denegó la solicitud por considerar que el informe “carecía de verosimilitud”. Ante esto se interpusieron dos recursos en contra de esta decisión, los cuales también fueron denegados. Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobó la solicitud. El allanamiento se hizo dos meses más tarde. No se encontró el dispositivo y para ese momento los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados.

Durante años el caso tuvo una mínima repercusión mediática. “Fue muy conocido en su momento: ni bien Octavio desaparece hasta que el cuerpo se encuentra asesinado en Costanera Norte. Luego con el paso de los meses desapareció de los medios, como suele pasar”, indicó Torchia.

El año pasado se cumplieron 10 años desde el crimen y los medios elaboraron distintos informes. “¿Cómo vi esos informes? Mal. Muy edulcorado, muy tratado desde la historia de amor, cobarde en muchos casos. Acá hay que hablar directamente de la impunidad del Estado”, agregó el periodista.

El recorrido en la justicia internacional

En 2012, Gersbach presentó el caso ante la CIDH y en el 2018 fue admitido. En ese momento, el organismo emitió un informe que indicó que el caso cumple con los requisitos para que la Comisión evalúe si la Argentina violó derechos humanos específicos. Desde 2021 hubo reuniones entre el Estado nacional y Gabriel Gersbach junto a sus representantes. Estos intercambios concluyeron en la firma del acuerdo de solución amistosa.

“Este momento nos parece increíble: tener el derecho a estar contentos, a sentir felicidad. Lo terrible que provoca la impunidad, el silencio cómplice, la falta de acceso a la justicia, es que dificulta la posibilidad de sentirse bien frente a un hecho que es histórico”, dijo Paradiso Sottile.

Además de reconocer la responsabilidad del Estado argentino en la falta de investigación sobre el caso, el acuerdo detalla una serie de compromisos. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a cargo del monitoreo, control y seguimiento de los compromisos. Para ello, el Estado elaborará informes semestrales acerca del grado de cumplimiento de las medidas.

Los compromisos que asumió el Estado

– El Estado deberá difundir el acuerdo en el plazo máximo de 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial. Lo hará en las páginas web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). También en un diario de amplia circulación nacional.

– También se comprometió a brindar “todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la investigación de los hechos relacionados con la muerte de Octavio Romero”.

– A través del canal educativo y cultural “Encuentro” se elaborará un especial documental. Será sobre la diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, en memoria y homenaje de Octavio. Quedará disponible en la plataforma Cont.ar y se distribuirá en escuelas.

– El Estado brindará apoyo para la realización de un mural en memoria del Romero.

Los ministerios

– El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará el “Protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género, su expresión y característica sexual”. También impulsará una jornada anual de sensibilización destinada a cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales. Se comprometió a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en la capacitación de docentes e instructores de los Centros de Entrenamiento Policial.

– El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizará acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género. Entre ellas, la ampliación de profesionales del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y del Programa Acercar Derechos. Además se comprometió a trabajar en la confección de lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

– El Ministerio Público Fiscal, a través de la UFEM, llevará adelante un proceso de trabajo para la adaptación de su “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”. El objetivo es incluir la perspectiva de diversidad y en los crímenes por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

– Las partes acordaron constituir un tribunal arbitral ad-hoc que determine las reparaciones que le corresponden a Gabriel Gersbach “por los daños materiales e inmateriales sufridos por las violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente acuerdo”.

7 de septiembre de 2022

Agustina Ramos

Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos Humanos, Estado, Franco Torchia, Fundación Igualdad, Gabriel Gersbach, Justicia, Octavio Romero, Pedro Paradiso Sottile, Reconocimiento

Además, entre los mismos representantes de los grupos anti-derechos hay diferencias, pues para al menos uno dice que no se socavó la libertad religiosa. Por su lado, el Movilh, lamentó las nuevas reacciones lesbofóbicas y repudió que los grupos y medios ultraconservadores desinformen a creyentes.

Fuente MOVILH

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Judaísmo ADF Internacional, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Homofobia/Transfobia, Infovaticana, Libertad Religiosa, Robert Clarke, Sandra Pavez, Tomás Henríquez

La investigación de Presentes revela que en Argentina existen organizaciones que ofertan técnicas para “orientar” la identidad sexual.

“Dios me mostró que la próxima vez que te alejes te va a agarrar sida y te vas a morir”. 

Leonel estaba por salir de la iglesia, ya cerca de la puerta, cuando escuchó que el pastor Cristian Méndez lo llamaba. Entonces, el pastor le dijo que dejara de “jugar con estar con un pie en el mundo y un pie en el camino de dios”. Y entonces lanzó esa frase, que parecía más una amenaza, o un mal augurio. Leonel tenía 15 años, hacía unos meses que había llegado al Centro Cristiano Dios es Amor. Quedó quieto, helado. Y pensó que era cierto, que debía cambiar.

Por unas semanas había dejado de ir a la iglesia por una “recaída”. “Te hacían sentir culpa si estabas con un chabón”, cuenta ahora, después de casi doce años. El pastor Méndez es evangélico pentecostal y aún dirige esa iglesia junto a la pastora Jorgelina Montero. En el último tiempo ganaron tantos adeptos que se mudaron a un lugar más grande, un predio que antes era un boliche bailable: Rodríguez 887, pleno centro de Tandil, una ciudad turística de las sierras en la provincia de Buenos Aires.

Lo primero que se ve al entrar en el edificio es un hall enorme, dos escaleras a los costados, arriba una especie de bandeja que ocupa la mitad del salón. En cada esquina, hay personal de seguridad vigilando que nadie se acerque al pastor y a los sitios vedados al público. La otra mitad de arriba está descubierta para que se pueda ver el escenario, donde ocurre la prédica, los gritos, los “exorcismos”.

Era 2011. Leonel tenía problemas en su casa, en la escuela, con su pareja. Buscaba refugio. Una amiga le dijo que ahí pasaban cosas raras, que tenía que ir. Lo recibieron con abrazos y mucha alegría, hasta que supieron más de él. Un día llevó a su novio ante el pastor, a una consejería, a solas. Quería ver si podía orar por ellos.

“Esta relación no es de dios”

El pastor Cristian Méndez y Jorgelina Montero

“Le comenté mi situación: ‘Él es mi pareja, estamos mal’. Yo de pendejito ingenuo e inocente, como lo había visto muy paz y amor, muy gente buena que aceptaba todo, me pensé que me iba a decir: ‘Bueno, está todo bien, voy a orar por ustedes, los voy a aconsejar’. Y no, el tipo agarró, abrió la biblia y dijo: ‘Esta relación no es de dios’, la biblia habla esto, esto y esto de la homosexualidad. Y le empezó a preguntar al que era mi pareja en ese momento si él había sido abusado de chico, cómo era su relación con su padre. Todas cosas que el pastor creía que podrían haber sido motivo de que él terminara siendo homosexual”.

Ese día se terminó la relación. Leonel les creyó: “Hacían exorcismo. Todo con imposición de manos. A los gritos. Lejos de dudarlo, me creí todo. Yo lo veía en las películas. Pensaba: él no quiere cambiar, no quiere dejar de ser gay. Le corté. Estuve semanas llorando, deprimido. Estaba haciendo el duelo para matar esa parte de mí, mis deseos, el volver a estar con un chico. Ellos le llaman morir a los deseos de la carne y el yo. Así que básicamente acepté lo que ellos me dijeron y entré en ese proceso”.

Tenía que dejar de mirar y hablar con chicos, alejarse de “las juntas”, de sus amistades, de su familia. Dejar de escuchar música que el pastor decía “mundana” (Arjona, Evanescence, The Rasmus). Entonces, alejado de todo, le quedaba muchísimo tiempo para servir en la iglesia. Empezó a manejar los micrófonos, y llegó hasta las redes sociales del pastor. También juntó cartón con otros chicos y se quedó jornadas enteras pintando el nuevo edificio. Sin ningún tipo de retribución económica.

Leonel lo supo nueve años después, cuando logró salir: en ese momento, siendo menor de edad, fue víctima de las “terapias de conversión”.

“Una “terapia de conversión” es cualquier esfuerzo sostenido en el tiempo que procure modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, con un fin predeterminado: siempre ir de la no heterosexualidad a la heterosexualidad. O impedir que una persona transicione, o si ya transicionó que detransicione”, explicó a Presentes Lucas Mendos, abogado, docente e investigador, especializado en derecho internacional de los derechos humanos y diversidad sexual y de género.

Presentes pudo confirmar que en Argentina siguen existiendo estas terapias que buscan “convertir” a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Sin embargo, ni el Estado nacional ni ninguna organización de derechos humanos ha sistematizado aún cuántas organizaciones las ejercen, cómo y a cuántas personas ya afectaron.

“Es muy poco lo que se sabe en la Argentina y lo que está documentado. Hay una cierta naturalización de esas cuestiones que pueden ser muy sutiles”, explicó a Presentes Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.

Las llamadas terapias fueron nombradas por el relator LGBT de la ONU como Esfuerzos de Cambio de la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIEG).

Pablo Salum es el fundador de la Red Libre Mentes, y acompaña a víctimas y familiares de lo que llama organizaciones coercitivas (lo que comúnmente se conoce como “sectas”). Él mismo fue víctima de una. Según lo investigado por Salum, es muy variada la gama de camuflajes en que se esconden estas “terapias de conversión”: aparecen detrás de actividades populares como cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u ovnilogía y terapias alternativas, entre otras.

En la mayoría de los casos, dejan secuelas, perjuicios, trastornos, tanto físicos como psicológicos a sus adeptos, en distintos grados. A medida que fueron pasando los años, y las organizaciones LGBTIQ+ ganaron lugar, las personas y grupos que llevaban adelante estas terapias les fueron cambiando los nombres, y ya no se muestran abiertamente como “curadores de la homosexualidad”, sino que hablan, por ejemplo, de que te ayudan a “abandonar el estilo de vida degradado”.

La Ley de Salud Mental

Las leyes que regulan los servicios de salud mental en Argentina indican que una persona no puede ser diagnosticada en su salud mental exclusivamente sobre la base de su orientación sexual o identidad de género. Pero no son leyes que prohíban explícitamente las terapias de conversión. La Ley de Salud Mental fue sancionada y promulgada en el año 2010.

“Esto hace que a nivel institucional esté bastante difundido que no está legitimado cuestionar o asociar la identidad u orientación sexual o la expresión de género a una enfermedad, y por lo tanto no es susceptible de tratamiento”, explicó a Presentes, Ricardo Vallarino, Director Ejecutivo de la organización 100% Diversidad y Derechos.

Sin embargo, de acuerdo con el informe “Poniéndole límites al engaño. Estudio jurídico mundial sobre la regulación legal de las mal llamadas “terapias de conversión”, de ILGA Mundo: “Se puede argumentar que el hecho de que las “terapias de conversión” no se nombren explícitamente disminuye el efecto simbólico de la ley, ya que no hay un mensaje claro que condene estas prácticas”.

La muerte de Federico Gómez

Federico Gómez murió el 19 de enero de 2021 en la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones. Su familia aseguró que había sido perseguido, hostigado y discriminado por miembros de los Testigos de Jehová donde él asistía, y que lo habían citado a una “audiencia judicial” para tratar su “conducta descarada”.

En marzo de 2021, 100% Diversidad y Derechos intervino en la causa judicial. Le pidió al juez Leonardo Manuel Balanda Gómez que “contemple como hipótesis de la investigación el prejuicio a su orientación sexual como elemento central del posible sometimiento a una terapia de conversión y la consecuente instigación al suicidio de la que podría haber sido víctima”.

También, le solicitaron que pida asistencia técnica a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y personas LGBTI+ (UFEM) para coadyuvar en la instrucción de la causa.

“En Misiones salimos a denunciar. Estaba claro que había habido un hostigamiento por parte de su comunidad, lo habían citado por su llamado ‘estilo de vida’. Era un chico gay. Ellos eran Testigos de Jehová en el NEA”, contó Vallarino a Presentes.

En ese momento, el activista Jorge Víctor Ríos expresó en una nota publicada por 100% Diversidad y Derechos que “la muerte de Federico generó una conmoción en la comunidad LGBTI+ de esa provincia porque existe la posibilidad de que esté relacionada a su orientación sexual, ya que se dio en el marco de una denuncia de hostigamiento por su orientación sexual por parte de grupos religiosos”.

Otras situaciones que conocen desde la organización ocurren en ciertas comunidades evangelistas en la provincia de Chaco, que promueven abiertamente el estigma hacia las personas LGBT. La forma sutil de indicarlo es: “amar al pecador, pero no al pecado”.

“En muchos lugares continúa esta aproximación a decir: no al hostigamiento o violencia abierta, pero sí decir que las personas están equivocadas y la cura es el amor. Este es el discurso público que se ve, no se esconde. Dan a entender que hay algo erróneo. No dicen que es una enfermedad abiertamente, pero de alguna manera lo indican como una desviación moral o pecaminosa”, explicó Vallarino.

En esas comunidades, de acuerdo a lo registrado por 100% Diversidad y Derechos, es muy extendida la práctica de presionar: existen testimonios de parejas de lesbianas que fueron presionadas a separarse.

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Un informe elaborado por el observatorio regional Sin Violencia LGBTI que si bien hubo un descenso en el registro de homicidios en 9 de los 11 países de la región, la cifra aumentó respecto a 2019.

Trescientas setenta personas fueron asesinadas por motivos relacionados con el prejuicio frente a la orientación sexual o identidad de género en once países de América Latina y el Caribe durante el 2020. Los datos fueron registrados en el informe de Sin Violencia LGBTI, el primer observatorio regional de crímenes contra personas LGBT+.

La red Sin Violencia LGBTI fue impulsada por las organizaciones Letra S de México, Colombia Diversa y Cattrachas de Honduras, y actualmente pertenecen a ella 11 países: Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador, además de los países fundantes.

“Somos una base confiable para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también para las fiscalías y los entes de investigación de cada uno de nuestros países”, indicó Indyra Mendoza, la directora de Cattrachas.

Según los datos del observatorio, entre 2014 y 2020, al menos 3.599 personas LGBTI fueron asesinadas en los once países integrantes de la red. Más de mil (1.403, es decir, el 38.98%) por motivos relacionados con el prejuicio frente a su orientación sexual o identidad de género. Sólo en el año 2019 se registraron 319 casos y 370, en 2020.

Durante el 2020, la red observó un descenso en los homicidios a personas LGBTI en 9 de los 11 países. Sin embargo, resaltaron que esto “no presenta un panorama alentador” y enumeraron tres tendencias que tuvieron lugar a lo largo del año pasado.

“La primera es que se evidencia la carencia de acciones específicas de los Estados para prevenir, atender y sancionar esta violencia”, dijeron desde la red. La baja, según consideraron, pudo haber estado vinculada “con las transformaciones en las formas de interacción que representó la pandemia de covid-19”.

“En Colombia, por ejemplo, a pesar de que se redujo la tasa general de casos de violencia letal a causa de las restricciones impuestas a nivel nacional, se evidenció un aumento en el total de homicidios a personas LGBTI. La cifra concentró el 62,97% de los casos a nivel regional”, destacaron.

Los países con más víctimas letales fueron Colombia, México y Honduras, que aportaron el 82,76% del total de los casos registrados durante el 2019 y el 89,72% en 2020.

La segunda tendencia refiere a que “los principales patrones de violencia homicida contra personas LGBTI en la región persistieron en proporciones similares a los años anteriores”.

En tercer lugar, la última tendencia “tiene que ver con los nuevos riesgos que enfrentaron las personas LGBTI de la región en el contexto de pandemia por COVID-19”.

El impacto de las medidas de bioseguridad en las situaciones de violencia

En este sentido, Sin Violencia LGBTI destacó el rol que ocupó la imposición de medidas de bioseguridad. “Las medidas como los toques de queda, la limitación de acceso a servicios (en función del número de identificación o del género), así como el despliegue de fuerzas policiales y militares para garantizar su cumplimiento, aumentaron los riesgos de violencia no letal por parte de agentes del Estado”.

En Sin Violencia LGBTI registramos el asesinato de 112 mujeres trans en lo corrido de 2020, pese a las medidas que impedían la movilidad por la pandemia por Covid-19, ellas fueron las más expuestas 😔. Conoce el informe #HomicidiosLGBTIEnCuarentena https://t.co/4z4dvEVJG0 pic.twitter.com/cA5QpSayYu

— SinViolencia LGBTI (@ViolenciaLGBTI) November 8, 2021

Esto ocurrió -señalan- “con personas trans en países como Colombia, Panamá, Paraguay y Perú” y se debió al «prejuicio frente a la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas”.

Sobre la identidad de las víctimas, el observatorio indica que desde años anteriores existe una tendencia que permite señalar que los hombres gay, las mujeres trans y las lesbianas son las orientaciones sexuales e identidades de género mayormente victimizadas a nivel regional. “Sin embargo, la exacerbación de registros en Colombia para el año 2020, señala un preocupante aumento de los homicidios hacia hombres bisexuales”, agregan.

En cuanto a los lugares donde se cometieron los crímenes, la mayoría fueron principalmente en domicilios y con múltiples heridas de arma blanca. Mientras que, en el espacio público, fueron víctimas de armas de fuego y objetos cortopunzantes.

Sobre esto destacaron que “la invisibilidad social impuesta a las lesbianas dificulta la documentación de los asesinatos cometidos en su contra, ya que podrían registrarse únicamente como homicidios de mujeres, sin hacer referencia a su orientación sexual”.
La ausencia del Estado

Desde Sin Violencia LGBTI consideran que “la tendencia a la baja en los homicidios de personas LGBTI en 9 de los 11 países integrantes de la red no presenta un panorama alentador, antes que nada, debido a que existieron barreras para la identificación y registro de otras víctimas” y que “no fue el resultado de la acción de los Estados”.

Además, alertaron sobre “nuevas tendencias preocupantes” como la “persistencia de homicidios a personas LGBTI defensoras de derechos humanos, así como un aumento proporcional de homicidios en espacios públicos y con arma de fuego”.

El trabajo de Sin Violencia LGBTI busca crear información de acceso público. Se dirige a gobiernos y organismos internacionales para formular políticas que garanticen la protección y generen mecanismos de prevención en contra de la violencia homicida. Además genera material para que docentes, estudiantes e investigadorxs hagan estudios y creen conciencia sobre las violencias contra personas LGBTI en América Latina y el Caribe.

Una red imprescindible

Indyra Mendoza, directora de Cattrachas, una de las organizaciones fundadoras de la red, contó cómo fue su gestación. “Estábamos algunas organizaciones de sociedad civil de América Latina y el Caribe reunidas en Costa Rica, en San José, el 7 de diciembre de 2012. Ese día conocí a la organización Letra S de México, a su coordinador, y a Marcela Sánchez Buitrago, coordinadora de Colombia Diversa. Desde Cattrachas fuimos ponentes del observatorio de muertes violentas LGTBI y Letra S y Colombia Diversa hablaron de cómo elles registraban esta información”.

“Nos dimos cuenta de las diferencias, pero también que era necesario tener un observatorio común, con las mismas variantes para analizar patrones. Así fue como Colombia Diversa, Letra S de México y Cattrachas de Honduras nos juntamos, buscamos otras organizaciones de la región y creamos Sin Violencia LGBTI, en 2016. Hasta el 2018 tuvimos grandes reuniones y ya en 2019 nuestro primer informe”, contó a Presentes.

Desde entonces, la red ha crecido en gran medida como observatorio regional. “Pudimos hacer no sólo informes, también apoyamos a otras organizaciones, tuvimos mucha incidencia con países de la Unión Europea y aprendimos a unificar los distintos métodos de registro”.

Carlos Romero Prieto, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH (REDNADS) de Guatemala, e integrante de Sin Violencia LGBTI , reconoció que “la red es importante porque es la primera en la región que plantea un sistema de información. No percibe los fenómenos de violencia como desarticulados, sino que atiende a un contexto a patrones de exclusión y de vulnerabilidad de las personas LGBTIQ”.

“Para Guatemala es muy valioso porque antes de este observatorio, solamente los colectivos de mujeres trans hacían documentación en torno a la violencia por prejuicio y quedaban afuera otras identidades. Por ejemplo, las violencias contra lesbianas, hombres trans, gays”, señaló Romero Prieto.

Y concluyó: “La valía de esta red es poder documentar la mayoría de hechos de violencia vinculados a nosotres. Poder aplicar enfoques de territorialidad particularmente e identificar cuáles son los territorios más hostiles para las personas LGBTIQ. Y a partir de eso reconocer patrones y movilizar acciones también con las instancias gestoras de seguridad y justicia”.

El informe completo se puede ver en este link.

General, Homofobia/ Transfobia. América Latina, Caribe, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Sin Violencia LGBTI

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI "Olivera vs Perú", Afectividad, Argumentos y Pruebas), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Crissthian Olivera, ESAP (Escrito de Solicitudes, Parejas LGTBI, Perú

Fotos EDH / Jessica Orellana

Nancy, una mujer trans de 57 años de edad, narra su difícil experiencia en tiempo de la guerra debido a su identidad de género. La comunidad LGBTI sigue la lucha porque sus derechos humanos sean respetados.

Uno de los grandes logros de Nancy es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado. Actualmente tiene 57 años de edad.

Por Jessica Orellana Ene 17, 2021

Nancy tiene 57 años en un país donde la esperanza de vida para una mujer trans es de 33 años, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una sobreviviente. Uno de los grandes logros es no haber muerto durante los 12 años, tres meses y un día que duró el conflicto armado.

“No recuerdo cuántas veces fui abusada por los cuerpos de seguridad. Creo que como seis veces fui a parar detenida por la Policía Nacional y llevada a la “Media Luna”. Así le decían a una bartolina que estaba en el Castillo de la Policía. No había delito, solo me decían «vaya vos culero, subite que te vamos a detener». Nosotras preguntábamos por qué y solo a reír se ponían”, cuanta Nancy de sus mala experiencias durante la guerra civil.

Para 1975, Nancy tenía 11 años y fue cuando aceptó, con seguridad, cuál es su identidad de género. La reacción de su mamá fue llevarla a una cita con el psiquiatra, pero como la progenitora no obtuvo el resultado que esperaba, la echó de la casa.

Nancy encontró en la calle una familia adoptiva; otras mujeres trans con destinos similares. La falta de educación y de dinero la obligaban a prostituirse y también sufrir violencia sexual.

“En aquellos días no existían los derechos humanos. No había respeto alguno y menos para nosotras, nuestra palabra no existía”, recuerda Nancy 46 años después de que decidiera ser quien ella quería, sin importarle recibir el castigo por sobrepasar las normas y las construcciones sociales.

En 1979 inició la guerra en El Salvador que dejó 75 mil muertos y desaparecidos e incontables violaciones a los derechos humanos por parte de ambos bandos que no figuran en el Informe de la Comisión de la Verdad, los de la violencia sexual, es uno de esos delitos que no se han esclarecido ni judicializado..

“Aunque acá en San Salvador no fue tan fuerte la guerra sí sufrían los toques de queda. De repente, había enfrentamientos en los que podías perder la vida. Y ahí si no importaba quien eras”, explica.

Los soldados y oficiales podían ser amigos, pero también enemigos de las trans en esa época. Cuando no las violentaban, les pagaban por sexo.

“Los mismos militares nos contaban cómo había casos donde no perdonaban la vida de nadie. Yo fui testigo de cuántas mujeres trans fueron desaparecidas y asesinadas con crueldad, porque no solo es que las mataban, las desfiguraban con un odio horrible para que nadie las identificará”.

Una realidad que no cambió con la firma de los Acuerdos de Paz

En El Salvador no existen cifras oficiales sobre los crímenes de odio basados en la identidad y expresión de género o en la orientación sexual de las personas.

El único caso que se ha judicializado en el país como crimen de odio es el asesinato de Camila Díaz, tres policías la mataron a golpes. El crimen fue calificado como homicidio motivado por el odio a la identidad de género. En julio de 2020, los autores fueron condenados a 20 años de prisión cada uno, un hecho histórico para la justicia salvadoreña.

Hasta diciembre de 2019, el Observatorio de Estadísticas de Género, que depende de la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía, reportó por vez primera en su boletín semestral, con cifras de 2015 a junio de 2019, un apartado con data de hechos de violencia contra la población LGBTI.

Sus estadísticas contabilizaron para ese entonces 692 casos de violencia. Cabe destacar que estos solo corresponden a las denuncias recibidas en el sector justicia, Isdemu, sector salud, Ciudad Mujer y otras instituciones públicas. De estos casos, 29 proceden de denuncias de organizaciones de la sociedad civil.

Nancy sabe que ser trans en este país es de ir contracorriente. Ella cree que haberse trazado un propósito en la vida le ha ayudado a salir de la prostitución, porque sabía que ejerciendo esa profesión podía ser también asesinada.

La oenegé Comcavis Trans ha registrado al menos 600 homicidios de personas LGBTI en El Salvador desde 1992, año en que se firmaron los Acuerdos de paz.

De estas personas, las mujeres trans son la cara más visible de las disidencias sexuales por lo que están más expuestas a todo tipo de violencia, de discriminación e inclusive la a extorsión de las pandillas. Y de las denuncias que existen, la mayoría de agresores son integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo con informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Tener acceso a la justicia para ellas es una marcha cuesta arriba.

Una lucha reciente

Durante la guerra no existían organizaciones que velarán por sus derechos de la comunidad LGBTI. Así lo explica Camila Portillo, activista por los derechos de las mujeres trans. Tampoco estaban organizadas. Con la firma de los Acuerdos de paz y llegaron cambios y comenzaron a dar los primeros pasos para constituir una oenegé que las representará en 1994.

En ese contexto, Nancy pudo encontrar una opción distinta al trabajo sexual y se convirtió en defensora de derechos humanos LGBTI. Entró en un proceso de perdón y sanación que le permite ayudar a las nuevas generaciones trans.

“Hoy los jóvenes tienen más oportunidades para decidir quiénes son, oportunidades que yo hubiera querido tener en aquel entonces; aunque si me preguntan, no me arrepiento de lo que me tocó vivir porque me ha hecho ser quien soy”.

Pero la tolerancia no vino junto a los Acuerdos de Paz. Las garantías para respetar los derechos humanos no tenían la misma lectura para las personas LGBTI. No las reunificó con una sociedad que no estaba preparada ni educada.

“Siempre seguimos asediadas, violentadas y matadas”, reflexiona Nancy, aunque confiesa que ha percibido un poco más de respeto durante la última década.

“Antes yo no podía estar en la calle porque te levantaban y muchas veces no volvías y no porque yo me lo esté inventando sino porque yo lo viví, aunque a veces las cosas no son como quisiéramos, pero debemos conmemorar los Acuerdos de Paz y seguir luchando cada uno para garantizar nuestros derechos y no olvidar la historia”.

Fuente ElSalvador.com

Fotos EDH / Jessica Orellana

General, Homofobia/ Transfobia. COMCAVIS-TRANS, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos LGBTI, El Salvador, Guerra Civil, Homofobia/ Transfobia, Nancy, Personas trans

Se podría obligar a los Estados a judicializar los casos

El movimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va, entre otras cosas, por los encubridores y cómplices de los sacerdotes implicados en abusos sexuales a menores

Adalberto Méndez, coordinador legal de la organización para el Fin de los Abusos Clericales explica que el objetivo es que el sistema se pronuncie sobre la responsabilidad de los Estados ante la desprotección de los menores

“Esto no es un tema de fe”, subraya. “Es un tema terrenal, de gente que está cometiendo delitos” y “de autoridades que de forma generalizada y sistemática violan sus compromisos de proteger a la infancia”

“Los Estados (latinoamericanos) han tenido una postura omitente, de no control a la Iglesia aunque los chicos eran abusados dentro de instituciones”, denunció Sergio Salinas, abogado del llamado ‘caso Próvolo‘

Los maristas pagarán 400.000 euros a 25 ex alumnos que sufrieron abusos en sus escuelas

03.12.2020 | RD/Agencias

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aborda, por primera vez en su historia, la pederastia clerical en América Latina, un problema que afecta a 19 países de la región aunque asociaciones de víctimas aseguran que los casos conocidos son solo la punta del iceberg.

El objetivo es que el sistema interamericano se pronuncie sobre “la responsabilidad de los Estados americanos en el encubrimiento o en la falta de justicia frente a las obligaciones asumidas en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, afirmó Adalberto Méndez, coordinador legal de la organización para el Fin de los Abusos Clericales (ECA, por sus siglas en inglés).

“Esto no es un tema de fe”, subrayó Méndez en una entrevista con The Associated Press. “Es un tema terrenal, de gente que está cometiendo delitos” y de autoridades que de forma “generalizada y sistemática” violan sus compromisos de proteger a la infancia y dejan en la impunidad crímenes graves.

En 2014 la ONU cuestionó en dos ocasiones al Vaticano por no haber frenado oportunamente los abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes.

Seis años más tarde, los proponentes de esta audiencia en el seno de la Organización de Estados Americanos -a la que pertenece la CIDH- quieren ir más allá y presentar pruebas de cómo los países latinoamericanos incumplieron la convención americana al dejar sin protección a cientos de menores que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de instituciones religiosas en general.

Según un informe de fines de 2019 de la Red Internacional por los Derechos de los Niños (CRIN, por sus siglas en inglés), solo cuatro países latinoamericanos suman más de un millar de denuncias en la región: México, con al menos 550; Chile, con unas 243, Colombia con 137 y Argentina con 129.

Por primera vez en la historia, la CIDH abordará la pederastia de curas desde México hasta Chile
https://t.co/YmgC2fP711 pic.twitter.com/FzS663DIIZ

— Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) December 2, 2020

Ese documento además alertaba sobre países donde el problema continuaba “sin existir” de forma oficial y ponía de ejemplo a Brasil, aunque un informe interno del Vaticano de 2005 calculaba que uno de cada 10 sacerdotes brasileños se encontraba implicado en casos de abusos, es decir, alrededor de 1.700 religiosos.

Ahora un pronunciamiento público de la CIDH “marcaría un punto de inflexión, un avance en la dirección adecuada y se podría obligar a los Estados a judicializar los casos”, explicó Méndez.

Las organizaciones de víctimas confían en que pueda abrir la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aquellas víctimas que hayan agotado todas las vías posibles de justicia en sus países, que provoque una nueva oleada de denuncias o que pueda incentivar la creación de comisiones nacionales de investigación o propiciar leyes para que estos delitos no prescriban, una de las grandes exigencias de las víctimas.

En la actualidad, los abusos sexuales a menores solo son imprescriptibles en tres países latinoamericanos: Argentina, Chile y Ecuador.

Las organizaciones de victimas también cuestionan los acuerdos diplomáticos que los Estados mantienen con el Vaticano -los llamados concordatos- que limitan la capacidad de las autoridades civiles para investigar o enjuiciar a presuntos involucrados de la Iglesia católica.

El papa Francisco ha prometido en varias ocasiones una política de tolerancia cero hacia los abusos clericales y ha propiciado investigaciones puntuales y reformas que en 2019 acabaron con el secreto pontificio y actualmente obligan a los obispos a denunciar los casos ante la justicia civil.

Pero las leyes siguen siendo ignoradas por algunos miembros de la Iglesia que desestiman las denuncias de las víctimas y optan por proteger a sus sacerdotes. Además, los casos que sí se judicializan se centran, sobre todo, en los victimarios pero no en sus cómplices o encubridores, que son los destinatarios del actual movimiento ante la CIDH.

Mañana pretendemos hacer historia, al llevar al primer audiencia temática sobre responsabilidad de los Estados y pederastia clerical ante la @CIDH. Les comparto la entrevista que @AP nos realizó a @saraoviedof y un servidor como miembros de @ENDCLERGYABUSE https://t.co/UOr5Is0cWw

— Adalberto Méndez López (@ADALSAMMA) December 3, 2020

“Los Estados (latinoamericanos) han tenido una postura omitente, de no control a la Iglesia aunque los chicos eran abusados dentro de instituciones”, denunció Sergio Salinas, abogado del llamado ‘caso Próvolo’ sobre una serie de abusos y violaciones cometidos en el instituto católico Antonio Próvolo para niños sordos en Argentina.

Aunque en 2019 fueron condenados dos sacerdotes de ese instituto y hay más juicios previstos para este año, Salinas consideró que este caso demuestra cómo el Estado argentino permitió que la Iglesia ocultara información pese a tratarse de víctimas muy vulnerables.

Además, recordó que todavía más de 200 víctimas deben prestar declaración como parte de una investigación en la que se habla de “abusos sexuales en manada, pornografía, la provocación a orgías y hasta la existencia de torturas con el uso de cadenas”.

Argentina será uno de los ejemplos que se presentarán en la audiencia del jueves junto con México, Ecuador, Colombia y Perú, estados que ECA considera encubridores y que violaron distintos derechos humanos como la seguridad jurídica, el debido proceso, la libertad de prensa o el acceso a la información.

México, por ejemplo, tiene paralizada una denuncia por el encubrimiento de 15 sacerdotes contra el cardenalNorberto Rivera, uno de los religiosos de más alto rango cuestionados por las víctimas del país latinoamericano que más denuncias ha registrado y que protagonizó uno de los casos paradigmáticos de abusos en la Iglesia católica: el del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

En Ecuador, el Estado se ha negado a escuchar a las víctimas del sacerdote César Cordero, que fundó un imperio educativo en Cuenca, una de las ciudades más católicas del país, y hasta fue galardonado por las autoridades.

Sara Oviedo, miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU de 2013 a 2017 e integrante del equipo de Naciones Unidas que alertó en 2014 sobre la inacción del Vaticano ante los crecientes casos de pederastia, reconoció que el nivel de impunidad de la violencia sexual en América Latina es alto. “Los Estados han hecho la vista gorda, nadie quiere pelearse con la Iglesia”.

Agregó que “los Estados no han cumplido con los niños, niñas y adolescentes no han cumplido con la justicia. Tenemos que ponernos a la altura de las esperanzas de las víctimas”.

➡️Este jueves por primera vez en la historia, la CIDH abordará la pederastia clerical en América Latina.

Se espera que se pronuncie sobre la responsabilidad de los Estados.

Uno de los grupos señalados son los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel.pic.twitter.com/qImXn5WfXT

— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 3, 2020

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica Abusos sexuales, América Latina, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Fin de los Abusos Clericales, Iglesia Católica

Se trata del tercer cónclave sobre educación convocado  por la Red. El evento contó con las participaciones del Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, de la Diputada de Cáceres, Amelia Molero Fragoso, de la relatora de la CIDH, Flávia Piovesan, entre otros/as.

Red Iberoamericana de Educación LGBTI, de la cual forma parte el Movilh organizó entre el jueves pasado y el sábado 28 el Primer Encuentro Internacional sobre Docencia Trans, contando con la participación de académicos/as, activistas y autoridades diversos países de América Latina y España.

El cónclave tuvo entre sus fines debatir “sobre la articulación de docentes trans como motor de cambio en el contexto educativo y como referente positivo y visible para niños, niñas y adolescentes LGBTI”, así como “la puesta en común de buenas experiencias de docentes trans, visibilizándoles como herramienta de cambio y sensibilización”.

Financiado por la Diputación de Cáceres, el cónclave es el tercero de “Actorías sobre Educación y Diversidad Sexual y de Género que organiza la RIE, referente integrado por Diversidad y Derechos (Argentina), Colombia Diversa (Colombia), Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Fundación Igualdad LGBT (Bolivia),Fundación Triángulo (España), Instituto Brasileiro Trans de Educação (Brasil), Movilh (Chile) y Promsex (Perú).

Inaugurado por el  Experto Independiente sobre orientación sexual e identidad de género de Naciones Unidas, Víctor Madrigal-Borloz, por la Diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención Ciudadana de Cáceres, Amelia Molero Fragoso y los/as representantes de Fundación Triángulo, José María Núñez y Silvia Tostado Calvo, el evento debatió sobre “experiencias y estrategias en la práctica pedagógica trans en Iberoamérica”, “violencia y desafíos en el ejercicio personal de la docencia trans” y “fortalezas y oportunidades en el ejercicio profesional de la docencia trans”

 La iniciativa tuvo exponentes y participantes a docentes LGBTI, la mayoría trans, sí como a autoridades

Docentes trans de Iberoamérica discuten el impacto de la práctica pedagógica desde profesionales de la educación trans, tanto a nivel escolar, como universitario, durante el 3 Encuentro de Actorías Claves sobre Educación y Diversidad Sexual y de Género #TransformandoLaDocencia 🌈 pic.twitter.com/Mcs9h12CKz

— Fundación Triángulo (@FTriangulo) November 28, 2020

 En el primer día expusieron los/as docentes Lucas Platero Méndez (España), Jacqueline Gomes de Jesus (Brasil) y  Tamara Adrián (Venezuela); en el segundo; el académico Hernando Muñoz (Colombia Diversa,) la funcionaria de la Unesco, Mary Guinn Delaney y los/as profesoras/as, Collette Spinetti (CTU, Uruguay), Sayonara Nogueira (IBTE, Brasil), Andreia Lais Cantelli (Brasil), Alba Rueda (Argentina) y Alex Castillo (Guatemala).

Finalmente hoy será el turno de la Relatora sobre los derechos de las personas LGBTI de CIDH, Flávia Piovesan,  de la activista Lidia Delgado (Fundación Triángulo) y de los/as docentes Brigitte Baptiste (Colombia), Bruno Montenegro (Perú) y  Dayanna Louise (Brasil)

Actuó como moderador principal el activista de Promsex, George Liendo, junto a Thomas Nader (Brasil),  Sayonara Nogueira (IBTE, Brasil) y Collete Spinetti (CTU, Uruguay), mientras que los cierres de las jornadas estuvieron a cargo de María Victoria Tavieres Castro (100% Diversidad y Derechos, Argentina) y Ramon Gomez (Movilh-Chile).

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Ámbito educativo, Amelia Molero Fragoso, América Latina, Argentina, Bolivia, Brasil, Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Colombia, Colombia Diversa, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Diputación de Cáceres, Diversidad y Derechos, España, Flávia Piovesan, Fundación Igualdad LGBT, Fundación Triángulo, Instituto Brasileiro Trans de Educação, José María Núñez, MOVILH, Naciones Unidas, Personas trans, Perú, Primer Encuentro Internacional sobre Docencia Trans, Promsex, Red Iberoamericana de Educación LGBTI, Silvia Tostado Calvo, Uruguay, Víctor Madrigal-Borloz

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Cattrachas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Delitos de Odio, Homofobia/Transfobia, Indyra Mendoza, Manuel Zelaya, Robert F. Kennedy Human Rights, Roberto Micheletti, Vicky Hernández

Al cumplirse tres años del envío del proyecto de Ley al Congreso Nacional, donde la tramitación de la iniciativa se encuentra estancada pese a ser un compromiso que el Estado de Chile asumió ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

Fuente MOVILH

General Acuerdo de Solución Amistosa, Bancada Parlamentaria por la Diversidad, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Estado de Chile, Michelle Bachelet, MOVILH

“El Registro Civil simplemente no está ofreciendo audiencias virtuales para el cambio de nombre y sexo legal”, denunció el Movilh. Esto le ha impedido a personas efectuar trámites básicos como compra de comida o asistir al médico o farmacias en período de cuarentenas, lo que contraviene la Ley de Identidad de Género, las recomendaciones de la CIDH y, por cierto, las exigencias sanitarias.

Las denuncias de personas trans a las cuales el Registro Civil les ha negado su derecho a cambiar su nombre y sexo legal han aumentado en los últimos días, subiendo a 54 los casos reportados al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), informó hoy dicha organización

La situación es gravísima, pues  ya es un hecho que el Registro Civil está negando horas de audiencia a  personas trans para que cambien su nombre y sexo legal con la excusa del Covid-19, aún cuando la CIDH ha dicho que justamente por la pandemia estos procesos deben agilizarse, no demorarse”, señaló el dirigente del Movilh, Ramón Gómez, tras precisar que “si solo nuestra organización ha recibido 54 denuncias, imaginamos que el drama es mucho, mucho mayor”.

Añadió que “junto a la negación para dar hora de audiencia se suman otros problemas: a alguna personas les modificaron su fecha de audiencia con  fecha indefinida, también con la excusa del Covid-19. En otros 3 casos, las personas denuncian que pese a haber iniciado el proceso aún no le entregan la cédula. Más aún, muchas personas que ya cuentan con su carnet en mano, denuncian que el Registro Civil no ha notificado del cambio a otras instituciones contenidas en la Ley de Identidad de Género; como son las de Salud o Educación, las policías, el SII  o entidades financieras; lo cual incrementa el drama al no ser reconocida la identidad de género”.

El Movilh explicó que “recientemente enviamos al director del Registro Civil, Jorge Álvarez Vásquez, una carta pidiendo solución a todos estos problemas, pero ellos se limitaron a resolver solo el caso de una persona a la que durante 4 meses tuvieron sin carnet y solo porque le enviamos los datos puntuales de ella, no dando respuesta a nuestra demanda de solución integral para todos/as los/as afectados/as. Además nos enviaron un correo que nadie firmaba. Más grave aún, el Registro Civil llegó al extremo de trasladar a terceros una denuncia confidencial que le hicimos llegar, informando primero a personas ajenas a este hecho de eventuales soluciones, antes que a los directamente involucrados/as, lo cual demuestra un manejo irresponsable de esta situación”.

“En inhumano e inconcebible que en momentos cuando más se necesita una cédula de identidad para pedir permisos en Comisaría Virtual y cuando más aumenta el control policial, con un cuerpo de carabineros con un largo historial de transfobia, el Estado no asegure la mínima dignidad a las personas trans para cumplir con las exigencias sanitarias de las cuarentenas”, apuntó el Movilh.

“Exigimos una vez más al Registro Civil que dé soluciones concretas, para todas las personas.  Esto pasa, por dar audiencias virtuales, dar fechas de audiencias a quienes las han pedido,  acelerar la entrega de cédulas a quienes comenzaron el proceso y,  a hasta alturas, también es necesario el ofrecimiento de disculpas públicas por todo el daño causado”, finalizó el Movilh.

El Movilh recordó por último que en el marco del Covid-19 la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) solicitó el pasado 20 de abril a todos los Estados que garanticen “mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), COVID-19, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, MOVILH, Ramón Gómez, Registro civil

Mientras la ONU y la OEA han advertido sobre los abusos homo/transfóbicos sufridos por personas LGBTI en sus casas o barrios en el marco de la pandemia, en Chile las denuncias por estos atropellos han aumentado un 40%

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acusó hoy “olvido estatal y sociopolítico para hacer frente a la doble vulnerabilidad que afecta a algunas personas lesbianas, gays, bi, trans e intersex (LGBTI) en el marco de la pandemia Covid-19, con lo cual se han desatendido las exigencias del sistema internacional de derechos humanos, como si la homofobia o la transfobia no existieran en Chile”.

El dirigente del Movilh, Óscar Rementería, precisó que “las denuncias recibidas por nuestra organización por abusos homo/transfóbicos en espacios familiares y vecinales han aumentado un 40% desde el inicio de las cuarentenas y el toque de queda. Una encuesta que aplicamos a la personas LGBTI arrojó similar resultado. Se trata de agresiones físicas y verbales graves. A esto se suma que la víctimas LGBTI no confían en Carabineros, cuyos abusos homo/transfóbicos aumentaron un 100% el último año. Pese a advertir públicamente de esta situación, el Estado no se ha hecho cargo de esta situación, mientras que a nivel sociopolítico existe un olvido”.

“Las víctimas de la homo/transfobia requieren ayuda en tanto son un sector vulnerable al igual que otros sectores discriminados, para los cuales sí se han implementado medidas especiales en el contexto de la pandemia. Aquí no solo se ha dejado de lado a las víctimas, pues a nivel sociopolítico no hay señales pro-derechos LGBTI, mientras buena parte de la prensa no ha dado espacio a esta realidad.  Apelamos a un trato igualitario y justo, que se hace cargo de la doble vulnerabilidad que afecta en cualquier crisis a los sectores desaventajados, sea cual sea la razón de la discriminación que sufren”, señaló.

Del mismo modo “exigimos al Estado y a sus autoridades que se hagan cargo de las exigencias que sobre este tema han formulado Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

Pronunciamientos de la ONU y de la CIDH

El pasado 17 de abril la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que “las personas LGBTI están entre las más vulnerables y marginadas en muchas sociedades, y entre las más expuestas a COVID-19”.

“Sabemos que los esfuerzos para enfrentar la pandemia solo funcionarán si se protegen los derechos de todas las personas a la vida y la salud. Para las personas LGBTI, esto significa identificar y abordar las formas en que son particularmente vulnerables, asegurar que no enfrenten discriminación y buscar soluciones. También significa asegurar que sus voces sean oídas”, añadió

“Para el colectivo LGBTI su casa puede no ser un lugar seguro. Dada la petición #QuedateEnCasa y las medidas de confinamiento, hay que asegurar el acceso a alojamiento y apoyo durante la crisis del #COVID19”, redondeó la ex pesidenta de Chile.

Tres días más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó “a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas LGBTI en las medidas de atención y contención adoptadas, en particular asegurar el acceso de estas personas a servicios de salud y programas de atención social con una perspectiva de seguridad humana integral”.

Para la CIDH, “algunas de las disposiciones adoptadas en los Estados de la región en respuesta a la pandemia pueden conllevar riesgos para los derechos de las personas LGBTI o aquellas que son percibidas como tales, y derivar en actos de discriminación y violencia basados en el prejuicio”.

“La policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género”, apuntó el órgano.

La Comisión reiteró además  “su recomendación de garantizar mecanismos legales sencillos y expeditos que posibiliten a toda persona registrar y/o cambiar, rectificar o adecuar su nombre y los demás componentes esenciales de su identidad como la imagen, o la referencia al sexo o género, de una manera prioritaria durante la pandemia”

Por otro lado, “la Comisión ha llamado la atención reiteradamente sobre la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual”

En paralelo , la Comisión pidió “garantizar el acceso a servicios de salud de las personas LGBTI en observancia del derecho de igualdad y no-discriminación, principalmente durante la pandemia, incluyendo la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH”

Por último, “la Comisión resalta que las medidas de distanciamiento físico implementadas para la contención de la pandemia implican que las personas LGBTI, o que son percibidas como tales, incluyendo niñas, niños y adolescentes (NNA), permanezcan en sus hogares durante períodos prolongados. Como ha sido indicado por la CIDH anteriormente, niñas, niños y adolescentes LGBTI a menudo enfrentan el rechazo de sus familias y la comunidad, quienes desaprueban su orientación sexual e identidad de género, lo que les sitúa en una condición particular de vulnerabilidad. Además, no escapa de la atención de la Comisión que muchas personas, incluyendo NNA, han sido obligadas a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Por todo, “la Comisión exhorta a los Estados a adoptar o fortalecer protocolos de atención y sistema de denuncias para las personas LGBTI, incluyendo NNA; y que tomen en cuenta el prejuicio, la discriminación y la violencia que pueden padecer en sus hogares en el contexto de la pandemia, garantizando el refugio seguro de las personas que han sido expulsadas u obligadas a abandonar sus hogares”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), COVID-19, Michelle Bachelet, MOVILH, OEA, ONU, Óscar Rementería

Foto: Luciana Leiras/Archivo Presentes

En las últimas semanas en América Latina hubo varias denuncias de las organizaciones de derechos humanos del incremento de vulneración de derechos a personas LGBT+ en el marco de la pandemia de Covid-19. Ya sea porque estas poblaciones están más desamparadas, o porque las medidas de aislamiento obligatorio y control callejero las someten a violencias intrafamiliares o discriminaciones de las fuerzas de seguridad. En el caso de las personas travestis y trans, esto se ve agravado por la situación de emergencia habitacional.

Por estas razones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a los Estados a garantizar los derechos de igualdad y no-discriminación de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI), en las medidas de atención y contención adoptadas. Allí pone el ejemplo de Perú, donde el gobierno sacó un decreto para que la circulación fuera por género, y los abusos de las fuerzas de seguridad a la personas trans estuvieron a la orden del día.

“Al respecto, la Comisión ha manifestado en distintas oportunidades que la policía y otras fuerzas de seguridad de los Estados de la región, a menudo, comparten las mismas actitudes y prejuicios contra personas LGBTI que prevalecen en la sociedad en general. Considerando las funciones que la policía y otras fuerzas de seguridad cumplen durante la vigencia de las medidas de contención, la CIDH llama a los Estados a adoptar políticas de sensibilización dirigidas a las fuerzas del orden público y a las autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, que tomen en cuenta que las personas trans y de género diverso, frecuentemente, no cuentan con un documento de identificación personal que refleje de manera adecuada su identidad y/o expresión de género.”

La Comisión llama a los Estados a emitir pronunciamientos públicos de categórico rechazo a cualquier acto de discriminación basado en orientación sexual, identidad o expresión de género de las fuerzas de seguridad en sus intervenciones a civiles.

Por otro lado, la Comisión hizo referencia la situación de pobreza que afecta a personas LGBTI, caracterizada por exclusión social y altas tasas de falta de vivienda, lo que les empuja hacia la economía informal y a participar en el trabajo sexual. Las personas trans, en particular, enfrentan altas tasas de exclusión de las oportunidades de generación de ingresos y de acceso a programas de bienestar social y servicios de salud. En este sentido, la CIDH ha recibido información de mujeres trans y trabajadoras sexuales que continúan desarrollando sus actividades aún el contexto de la contención del COVID-19, debido a que no cuentan con otras fuentes de ingreso.

Recomendaciones a los Estados

1. En cuanto a la inclusión de las personas LGBTI en las políticas de asistencia social durante la pandemia, garantizar que las personas LGBTI en situación de calle y las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual sean beneficiarias de las medidas adoptadas.

2. Fortalecer los sistemas nacionales de protección de la niñez y adolescencia, reconociendo la particular vulnerabilidad de los NNA que han sido expulsados u obligados a abandonar sus hogares por razón de prejuicios contra su orientación sexual, identidad o expresión de género.

3. Garantizar la continuidad en la distribución de antirretrovirales para las personas que viven con VIH y la atención integral en salud a las personas trans, observando el derecho de igualdad y no-discriminación.

4. Sensibilizar y capacitar, inclusive por medios de formación digital, a las fuerzas del orden público y autoridades judiciales en materia de identidad y expresión de género, para prevenir actos de discriminación y violencia en los controles policiales implementados dentro de los estados de excepción a causa del COVID-19.

5. Emitir pronunciamientos públicos de rechazo a los actos de discriminación o violencia causados por fuerzas de seguridad, así como investigar y sancionar estos actos en observancia del deber de debida diligencia.

Fuente Agencia Presentes

General Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), COVID-19

Desde el primer día de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron en Argentina al menos 177 crímenes de odio donde la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para vulnerar sus derechos y ejercer violencias. La información fue dada a conocer hoy, en el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de Argentina. Forma parte de los resultados del Informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina”, que elabora el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (ONCO LGBT). El Observatorio fue creado por la Defensoría LGBT (que depende del Instituto contra la Discriminación) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

El informe despliega las definiciones de crímenes de odio y da cuenta de diversas modalidades de violencias por prejuicios. Si bien no existe una definición universal de crimen de odio, el Observatorio recolecta esos ataques documentados que fueron cometidos contra alguien a quien se asocia como integrante de colectivos LGBT+.

“De todos los crímenes de odio registrados, el 44% de los casos (78) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 56% restante de los casos (99) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte”, dice el informe.

Cómo se recolectan estos datos

Los datos para elaborar este informe se obtuvieron de medios de comunicación y de información recolectada por la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación (ICD)- de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos, en articulación con la Federación Argentina LGBT, y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. También de los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la REDLACTRANS.

Por eso, el informe aclara que no son datos exactos, pero “permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”. Existe otro problema: “no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales, sino que por el contrario, en muchos casos se oculta la orientación sexual de las personas”.

Aumentaron los crímenes de odio respecto de 2018 y 2017

¿Qué nos dicen estos números si se los compara con el mismo informe de años anteriores? “Arrojan una realidad preocupante: la cantidad de crímenes de odio ocurridos en 2019 implican un aumento significativo en relación a los casos relevados en el año 2018 -ciento cuarenta y siete (147)-, y en el año 2017 -ciento tres (103)-”, se consigna junto a los datos.

Asesinatos y muertes por abandono del Estado

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 21% de los casos son asesinatos y el 79% son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal.  “La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans”.

Según el informe, en 2019 hubo en Argentina al menos “16 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -12 fueron dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gay cis-; y 62 muertes por abandono y/o ausencia estatal -todas ellas fueron de mujeres trans-”.

Mujeres trans, las más afectadas

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2019, el 64% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), en segundo lugar con el 24% se encuentran los varones gays cis, en tercer lugar con el 8% de los casos le siguen las lesbianas y por último con el 4% los varones trans.

El 95% de las lesiones al derecho a la vida son a mujeres trans. El 5% restante a varones gays cis.

“Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión”, contextualiza.

El informe recuerda y describe cómo opera la cadena de exclusiones hacia las personas trans, para quienes la violencia comienza a edades tempranas. “A lo largo de toda su vida las mujeres trans son sometidas, por su identidad y expresión de género, a discriminación, estigmatización, hostigamiento, persecución, violencia física, violaciones, tortura y a otros abusos que en muchos casos terminan en muerte.  En general, las violencias comienzan a una edad muy temprana con la expulsión del hogar causada por los prejuicios de la propia familia y ubica a las mujeres trans en una situación disminuida para encarar cualquier proyecto de vida por falta de recursos materiales y por ende el debilitamiento de la red primaria de contención material y afectiva”. Y agrega: “La discriminación en el mercado laboral responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. En muchos casos, las personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aun cuando han tenido estudios -incluso universitarios- suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su identidad y expresión de género –es decir, porque son trans”.

El informe hace hincapié en que a ocho años de aprobada la ley de Identidad de Género, “aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans. El Estado tiene la obligación de tomar los recaudos necesarios para prevenir estas muertes, y el deber de implementar medidas de acción positivas orientadas a brindar las oportunidades que históricamente les fueron negadas”.

De 20 a 29 años, el grupo más afectado

Según el informe, en relación a las edades de las víctimas, en los crímenes de odio en donde se registra este dato:

-La franja etaria más afectada es la de personas de entre 20 a 29 años con el 35,29% de los casos.

-En segundo, lugar con el 30,39% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 30 a 39 años.

-En tercer lugar con el 14,71% de los casos, personas de 40 a 49 años.

-Luego con el 8,82% la franja etaria de 50 a 59 años. Le siguen con el 4,9% de los casos respectivamente la franja de 10 a 19 años y la de las personas de entre 60 y 69 años.

Violencia institucional

Otra de las observaciones sobre los resultados de este informe: “Las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular saña y odio contra las personas LGBT, y particularmente con comunidad de mujeres trans. Ello se manifiesta en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”.

Esta situación también es propiciada, porque como recuerda el informe, “en algunas provincias del país existen códigos de faltas y contravencionales que aún hoy contienen figuras abiertas que tipifican faltas a la “moral y las buenas costumbres”, a la “decencia” o al “decoro”, y son utilizadas por las fuerzas policiales como herramienta para justificar su accionar violento y discriminatorio hacia la comunidad trans”.

Se advierte que además existe un sub registro grande de estos casos, “ya que las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.

Trans privadas de libertad

En cuanto a la situación de trans privadas de libertad, el informe describe que “son expuestas a condiciones de detención contrarias a lo establecido por la leyes nacionales -la Ley de Identidad de Género particularmente- y los tratados internacionales de DDHH. Las organizaciones sociales de Argentina denuncian el sistemático maltrato y la violencia contra las mujeres trans en contextos de encierro”.

En mayo de 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “una medida cautelar por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por considerar que la población trans-travesti alojada en la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense está “en permanente riesgo de sufrir daños irreversibles o la muerte”. La historia de Mónica Mego es apenas una de tantas. Mónica quedó parapléjica después de que le negaran acceso a la salid durante seis meses. El informe también cita otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado.

Salta y los territorios más violentos

El informe documenta la distribución geográfica de los crímenes de odio y arroja estos resultados:

-El porcentaje más alto -27%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 24% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 12% la provincia de Salta; posteriormente con el 5% cada una Santa Fe y Río Negro.

-En sexto lugar se encuentran Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Jujuy y Santiago del Estero y Tucumán con el 3% cada una; le siguen con el 2,72% cada una, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Rio Negro; posteriormente con el 2% La Rioja.

-El 4% restante se encuentra distribuido -con porcentajes muy bajos- entre Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Cruz. En el 1% de los casos no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron los hechos.

“No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad de casos de crímenes de odio del país, ya que se es notable la migración de personas de la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea pertenecer a la diversidad sexual en ciudades pequeñas.  En cambio, llama poderosamente la atención la relación entre población y crímenes de odio en la provincia de Salta, ya que esta jurisdicción tiene una concentración poblacional considerablemente más baja que Buenos Aires y CABA, y a pesar de ello se encuentra tercera en cantidad de casos, con casi la mitad de crímenes de odio que en la provincia de Buenos Aires y la mitad exacta de casos que en CABA”.  También aclara que “en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay necesariamente menos crímenes de odio, sino que hay un sub registro.

En la vía pública

En cuanto al lugar físico donde se perpetraron los crímenes de odios, los datos relevados arrojan que:

-El porcentaje más alto ocurrió en la vía pública, con el 47% de los casos.

-El 26% de los casos ocurrieron en viviendas. De ese porcentaje el 20% corresponde a la vivienda particular de la víctima -y está directamente relacionado con la violencia de género y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación-; el 3% de los casos ocurrieron en la vivienda del agresor, y el restante 3% en otra vivienda.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Federación Argentina LGBT (FALGBT), Homofobia/Transfobia, Informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina”, Ley de Identidad de Género, Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, RedLactrans

La Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) inició ayer su visita in loco a Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer una visita in loco en Chile para recabar información sobre el quehacer estatal en el marco de las manifestaciones sociales iniciadas el pasado 18 de octubre, las cuales han estado cruzadas por diversos abusos cometidos por agentes del orden y de la seguridad.

En su primera reunión con grupos de derechos de humanos, la cual tuvo lugar este domingo en el Hotel Intercontinental de Las Condes, el vocero del Movilh, Óscar Rementería reportó que en el contexto del estallido social “han ocurrido en Chile 23 abusos policiales contra personas LGBTI que han tenido un sello homofóbico o transfóbico”.

La vocera del Movilh, Daniel Andrade, quien hoy participará de otra cita con la CIHD, precisó que del total de 23 abusos, 10 atropellos policiales afectaron a personas lesbianas, 9 a gays, 3 a trans y 1 a la población LGBTI como conjunto. Las violaciones a los derechos humanos ocurrieron en Lo Espejo (1), Maipú (1), Pedro Aguirre Cerda (1), Recoleta (1), Santiago (7), Antofagasta (1) Reñaca (1), San Antonio (2), Viña del Mar (1), San Vicente de Tagua Tagua (1) Chiguayante (2), Hualpén (2), Temuco (1) y Valdivia (1).

“Hablamos de torturas, robos, detenciones arbitrarias, falsas acusaciones, montajes, falsificación de instrumento público e insultos basados en la orientación sexual o la identidad de género, todos cometidos por carabineros”, señaló Rementería.

Por su lado, Andrade apuntó que “los casos los detallamos a uno a uno en un informe entregado a la CIDH. Esperamos que esto sirva para que las recomendaciones destinadas a reformar la institución de carabineros sean cada vez más precisas y, por cierto, que las mismas, se ejecuten con celeridad. Carabineros es hoy un peligro para muchos sectores sociales, como las personas LGBTI”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Daniel Andrade, Homofobia/Transfobia, MOVILH, Óscar Rementería

 Mapa del cupo laboral travesti-trans en Argentina

Después de cuatro años aprobada y cajoneada, se reglamentó la ley de cupo laboral travesti trans en la provincia de Buenos Aires. La Ley nº14.783 fue impulsada por la activista travesti Diana Sacayán y se votó en septiembre de 2015. Un mes después la militante por los derechos humanos fue asesinada con saña en su departamento. Desde entonces el gobierno de María Eugenia Vidal tuvo la reglamentación frenada hasta hoy, que fue publicada en el Boletín Oficial.

“El sector público de la provincia de Buenos Aires debe ocupar en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, se lee en la publicación.

La reglamentación lleva la firma del Ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, del ministro de Gobierno, Federico Salvai y de la gobernadora María Eugenia Vidal. La Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo deberán garantizar que esto ocurra.

Durante estos cuatro años las organizaciones de la diversidad sexual exigieron al gobierno de la provincia de Buenos Aires su implementación pero no obtenían respuestas.

“Esta reglamentación la recibimos con sentimientos encontrados: en principio porque la ley se sancionó en 2015 y la gobernadora María Eugenia Vidal tardó 4 años en reglamentarla a través de un decreto, algo que creemos que llega muy tarde en relación a que durante 4 años murieron muchas compañeras nuestras de hambre, por la exclusión, la falta de recursos, sobre todo de trabajo. Pero también hay que celebrarla,  tenemos esperanzas de que algo cambie”, explicó a Presentes la activista Claudia Vázquez Haro, presidenta de OTRANS Argentina.

Por su parte, la activista Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina, coincidió en que “es para celebrar: para poner foco en que tenemos la ley Diana Sacayán reglamentada. Esto es una gran noticia para la comunidad travesti trans”. Aunque al igual que la presidenta de OTRANS advirtió sobre la tardanza: “Vidal es ese paréntesis, esa suspensión de la democracia en el recorrido de los derechos de las personas trans. Vidal tenía el texto guardado hasta días antes de terminar su gestión”.

Además seguró que pedirán una entrevista con el futuro gobernador Axel Kicillof para hablar sobre la reglamentación.

Próximos pasos

En el Anexo de la publicación se detallan cómo será reglamentada. En primer lugar, la Administración Pública Provincial deberá comunicar al Ministerio de Trabajo en los próximos 90 días el número total de personas que se desempeñan bajo su órbita. Con esa base, deberán calcular las vacantes que se tienen que generar para poder cumplir con el cupo.

Además, indica que se creará el “Registro de Solicitantes de Empleo ‘Amancay Diana Sacayán’” que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. Allí se asentarán las postulaciones de personas travestis, transexuales y transgénero que aspiren a ocupar vacantes abiertas o reservadas bajo la Ley N° 14.783. La información contenida en ese registro será confidencial.

Una mesa integrada por el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos deberá monitorear el cumplimiento de la ley, donde tendrán “participación consultiva” las organizaciones trans.

Por qué una ley de cupo Diana Sacayán 

La argumentación de la ley explica el reconocimiento internacional que hubo ante la Ley de  Identidad de Género. Luego cita la ley nº14.783 y retoma sus argumentos: “Las personas travestis, transexuales y transgénero de Argentina se encuentran entre las poblaciones más vulneradas históricamente del país, por lo que padecen persecución, exclusión y marginación sistemáticas, lo cual les genera enormes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y al efectivo goce de sus derechos humanos”.

“A causa de la criminalización, discriminación y exclusión sistemática a la que fueron y están aún expuestas, las personas travestis, transexuales y transgénero suelen ser víctimas de rechazo, marginación y violencia brutal desde una temprana edad, lo cual se traduce en violencia en el seno familiar y en la expulsión del hogar durante la adolescencia, así como de las escuelas e institutos educativos a los que concurren, forzándolas a vivir en la extrema pobreza, con frecuencia debiendo valerse de actividades y economías criminalizadas para su subsistencia, lo cual, a su vez, ha contribuido a que un gran número de personas travestis, transexuales y transgénero registre antecedentes por detenciones en vía pública, procesamientos y condenas penales”, sigue la argumentación.

El texto publicado en el Boletín Oficial de la provincia más poblada de la Argentina reconoce que la ley fue impulsada “desde la sociedad civil por la activista Amancay Diana Sacayán, cuya labor contribuyó decididamente a la sanción de la ley objeto de la presente reglamentación” e indica que el objetivo es “revertir una situación de exclusión y discriminación estructural basada en el prejuicio contra las personas travestis, transexuales y transgénero”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había explicado en 2015 que esta norma tiene la capacidad de “contribuir no sólo a reducir los niveles de pobreza que enfrentan las personas trans, sino también pueden asistir a reducir el número de asesinatos y actos de violencia policial, en la medida que disminuyan el número de personas travestis, transexuales y transgénero en economías informales criminalizadas contribuyendo, asimismo a derrumbar estereotipos y prejuicios relacionados con la identidad de género”.

La sanción de la Ley N° 14.783 también fue destacada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como uno de los aspectos positivos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos en el quinto informe periódico presentado por la Argentina.

Municipios que ya habían avanzado

A pesar de no estar reglamentada, en algunos municipios y universidades se tomó la decisión política de llevar a cabo el cupo laboral travesti trans. Karina Nazábal, a cargo de la Secretaría de políticas de Género y Niñez de la Defensoría del Pueblo provincial, presentó el año pasado un informe donde advierte que a pesar de la no reglamentación por parte del Poder Ejecutivo provincial, los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel adhirieron a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. En la Universidad Nacional de La Plata, la facultad de Psicología decidió presentar un proyecto de Inclusión Laboral para Personas Trans en el Consejo Directivo que fue aprobado en septiembre de este año.  Además el Municipio de Mar del Plata también la implementó así como la Universidad de Mar del Plata, que ya tiene en su plantilla a las primeras trabajadoras trans.

Fuente Agencia Presentes

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