Importante decisión la adoptada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que considera que las leyes que criminalizan a las personas homosexuales en Jamaica atentan contra el derecho internacional y deben ser derogadas. Aunque no es previsible que la decisión tenga un efecto inmediato, sí que sienta un precedente fundamental para la evolución futura de los derechos LGTBI el el continente americano.

Ya en 2012, cuando comenzó este largo proceso, recogíamos la historia. Hacíamos referencia, por aquel entonces, a Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. Su denuncia ante la CIDH contó con el soporte legal de Human Dignity Trust, una organización de lucha a favor de los derechos de las personas LGTBI con base en el Reino Unido, en estrecha colaboración con J-FLAG, organización jamaicana a favor de los derechos LGTBI que trabaja sobre el terreno en condiciones nada favorables. Las víctimas consignadas eran el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

No fue hasta 2018 que la CIDH declaró la admisibilidad del caso, tras constatar el hostigamiento que sufre la comunidad LGTBI jamaicana y recopilar una serie de hechos relacionados con los demandantes, cuyos testimonios son sobrecogedores. A la hora de abrir el procedimiento contra Jamaica la CIDH tuvo en cuenta «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica» que relataban.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Ahora se conoce, casi una década después, el resultado del proceso. La decisión se había tomado ya en septiembre de 2019, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho por fin pública. Y no puede ser más favorable: la CIDH no solo reconoce como probados la violación de derechos de los demandantes por parte del Estado jamaicano y solicita que estos sean compensados, sino que establece que las leyes que criminalizan la homsoexualidad, vigentes en Jamaica como herencia de la época colonial, atentan contra el derecho internacional y deben ser derogadas. La CIDH va incluso más allá, al instar a Jamaica a poner en marcha una legislación que proteja contra la discriminación a las personas LGTBI e introducir reformas en sus fuerzas y cuerpos de seguridad para que estos no sean cómplices o incluso perpetradores de violencia contra las LGTBI.

Human Dignity Trust considera que la decisión de la CIDH (que puedes descargar aquí) es histórica y supone un importante precedente. No supondrá, eso sí, cambios inmediatos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad autónoma dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA), no dispone de la capacidad coercitiva de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, con la que con frecuencia suele confundirse (y cuya competencia contenciosa Jamaica ni siquiera reconoce). Pero sus dictamenes y recomendaciones, además de dar visibilidad a las violaciones contra los derechos humanos cometidas en suelo americano, son tenidos en cuenta por la OEA, motivan decisiones políticas de sus miembros y sin duda pueden acelerar procesos que de otra forma serían mucho más lentos. Estaremos pendientes.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla.

La última noticia que publicamos sobre Jamaica tras la confesión del escritor jamaicano Marlon James habla del exorcismo al que se sometió para intentar dejar de ser homosexual… es que las leyes anti gays arcaicas en Jamaica y la discriminación contra las personas LGBT + le están costando a la nación alrededor de $ 11 mil millones por año, según el Instituto de Investigación de Políticas del Caribe (CAPRI).

Pero,  en diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Los precedentes son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Activismo, Caribe, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gareth Henry, Human Dignity Trust, Human Rights Watch, J-FLAG, Jamaica, OEA, Simone Carline Edwards

El Tribunal Constitucional de Chile, en un sorprendente fallo lleno de consideraciones abiertamente homófobas, ha rechazado por 5 votos contra 4 un recurso de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley de matrimonio y de unión civil que impiden el reconocimiento de las familias formadas por dos mujeres y sus hijos ya legalizadas en el extranjero. El fallo resulta sorprendente, no tanto por la decisión de fondo, como por su argumentación, plagada de consideraciones homófobas y prejuicios ultraconservadores. Un texto impropio de un organismo al que se le supone cierto nivel jurídico.

El recurso fue interpuesto por pareja de mujeres legalmente casadas en España, una de ellas ciudadana chilena y otra ciudadana española, que tienen además un hijo, nacido en mayo de 2009 tras recurrir a un proceso de reproducción asistida. La pareja argumentaba la inconstitucionalidad de varios artículos de las leyes de matrimonio y de unión civil chilenas, que impiden que el Estado chileno reconozca legalmente su condición de matrimonio, además de dejar a su hijo en una situación de desprotección.

Pues bien, el Tribunal Constitucional de Chile les ha respondido (texto de la sentencia) que reconocer en Chile su matrimonio celebrado en España podría «conducir a extremos intolerables, en relación con legislaciones foráneas que aceptan vínculos matrimoniales sui generis, tales como matrimonios polígamos en países musulmanes, o el matrimonio de niños de países africanos, o aquellos convenidos por los padres en la sociedad japonesa, y las bodas masivas de parejas que se celebran en la secta moon, en Corea del Sur, entre otros». Así, tal cual. Como si de un tertuliano televisivo de extrema derecha o de un militante de HazteOír se tratase.

«En todo caso, no puede hablarse de discriminación por la categoría sospechosa de orientación sexual, ya que la diferencia no radica en si se trata de personas homosexuales o heterosexuales, sino en que la institución matrimonial en Chile es una unión entre hombre y una mujer, por lo que una persona homosexual puede contraer matrimonio en Chile si lo hace con una persona de sexo opuesto», añade el Constitucional chileno, ya de una forma algo más acorde con los usos y costumbres de los juristas conservadores que tan bien conocemos. Pero incluso así el alto tribunal no evita la tentación de opinar que «el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer» constituye «la forma jurídicamente recomendada para formar familia, aunque después se derive en otros tipos de aquellas, sea por separación de hecho de los cónyuges, estado de viudez, divorcio, nulidad, separación judicial de los cónyuges».

Cuatro magistrados de nueve, a favor del recurso

Cabe destacar que el vergonzoso fallo se impuso por la mínima, dado que cuatro de los nueve magistrados del Constitucional chileno que intervinieron en la sentencia se posicionaron a favor de acoger el recurso (entre ellos su actual presidenta, María Luisa Brahm). «Aquí hay un matrimonio celebrado en el extranjero, existe una familia y se requiere un amparo sobre efectos precisos en una relación que supera la de las dos contratantes al involucrar al hijo de ambas. Esto es un caso concreto en cualquier lugar del mundo», señalaron. «Nuestra Magistratura ha hecho referencia en el pasado al criterio evolutivo como una fórmula interpretativa válida. Ahora damos un paso más allá. Hay que admitir seriamente la relevancia de utilizar el criterio evolutivo, en casos como el reseñado en el que se manifiesta ampliamente en el derecho y más allá de él», sostuvieron. «El Estado debe proteger no solo a la familia fundada en el matrimonio, sino que tal deber también abarca a las familias de facto, sea que se constituyan por una pareja heterosexual o no, y con mayor razón a familias legalmente constituidas bajo el matrimonio igualitario celebrado en España», añadieron.

«El no reconocimiento de las relaciones afectivas entre personas de un mismo sexo genera una situación de vulnerabilidad y grave desprotección», terminan los magistrados disidentes, añadiendo que «tal cual lo solicitan las requirentes, el obstruirle el reconocimiento jurídico que el ordenamiento español les amparó en plenitud, configura un daño a la dignidad (…) Es más, no solo no pueden cumplir con su plan familiar de vida, sino que además, para que lo puedan gozar en plenitud el ordenamiento jurídico nacional les indica que la única vía que tienen para el ejercicio en plenitud de sus derechos es ejerciéndolos en el lugar en que lo celebraron».

El MOVILH repudia la sentencia del Constitucional

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), colectivo que presentó un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional a favor del recurso, considera que el alto tribunal, con esta sentencia, «quedará en nuestra historia registrado como un organismo que vulnera sin piedad los derechos de las parejas del mismo sexo y de sus hijos, violentando así el interés superior del niño».

Para el MOVILH, esta es una sentencia «vergonzosa, una afrenta gratuita a la dignidad humana de un sector social históricamente desaventajado que ocurre en plena pandemia, de manera cobarde, en una muestra más de que el matrimonio igualitario es uno de las obsesiones de los promotores del odio, mientras que el rechazo a esta ley es uno de los bastiones más antiguos y relevantes de la cultura homo/transfóbica (…) Esto no lo toleramos, ni lo permitimos bajo ninguna circunstancia, menos en el mes del Orgullo y menos en una época de crisis donde cualquier pestañeo puede hacer retroceder nuestros derechos humanos más básicos».

Entre otras acciones de protesta (como por ejemplo una pegada de carteles en el frontis del Tribunal Constitucional) el MOVILH ha comenzado una campaña de recolección de firmas de ciudadanos chilenos a favor tanto del matrimonio igualitario como de otras leyes necesarias para proteger al colectivo LGTBI.

Matrimonio igualitario en Chile: una larga batalla 

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género fue por fin aprobada (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró en su momento a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva». Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya se cumplió con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que no llegó a ser aprobado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido.Para este colectivo, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y en su momento puso como ejemplo el hecho de que repusiera un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había sido retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Se la la circunstancia de que la CIDH convocó en diciembre de 2018 su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario en el marco de su 170 período de sesiones. La audiencia fue encabezada por la entonces presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia. No parece que el Estado chileno se haya dado por aludido.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Discriminación, Homofobia, Homoparentalidad, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBIfobia, Margarette May Macaulay, María Luisa Brahm, Matrimonio, Michelle Bachelet, MOVILH, Sebastián Piñera, Tribunal Constitucional de Chile

La Cámara de Diputados de Chile ha dado su visto bueno a un proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en ese país y que, de ser definitivamente aprobado tras su paso por el Senado, permitirá a las parejas del mismo sexo adoptar hijos. Un avance que ha sido festejado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), colectivo que firmó un acuerdo con el Estado de Chile ante la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos para la igualdad legal de las familias homoparentales.

La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados de forma general por 104 votos a favor, 34 en contra y una abstención. En términos generales, el proyecto permite adoptar a un matrimonio, a convivientes civiles o solteros/as, quienes deberán cumplir con requisitos laborales, habitacionales, previsionales y de salud física o mental, además de «capacidades socioafectivas e historia vincular de apego».

Pero además se dio luz verde, a pesar de la oposición y de los posicionamientos abiertamente homófobos de los diputados más recalcitrantes, a diversos articulados que garantizan la adopción homoparental y se rechazaron otras indicaciones, principalmente impulsadas por el Gobierno chileno, que buscaban limitarla. Así, se aprobó por 101 votos a favor, 34 en contra y una abstención que el fin de la ley es «velar por el interés superior del niño, niña o adolescente adoptado, amparando su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, cualquiera sea su composición, que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen».

Por el contrario, se rechazaron dos indicaciones del Gobierno a los artículos 28 y 39, que buscaban establecer que los roles de «padre y madre» debían privilegiarse frente a otros modelos de familia. El ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, anunció de todas formas que insistirá con estas indicaciones durante la tramitación en el Senado. Lamentablemente el Ejecutivo sí que logró introducir un artículo discriminatorio que establece que «si el niño, niña o adolescente manifiesta su voluntad de tener un padre y una madre, el juez deberá considerarlo en forma preferente».

El MOVILH ha agradecido especialmente el trabajo de la Comisión de Familia, cuyo trabajo sobre la propuesta de texto original fue el despejó el camino a la adopción homoparental, y se ha felicitado por el resultado final en la Cámara de Diputados. «Lo ocurrido es un hito que corre desde sus bases las barreras prejuiciosas y homofóbicas que obstaculizan las posibilidades de un niño para encontrar la mejor familia posible. Ha ganado y triunfado el interés superior del niño y esperamos que el proyecto corra la misma suerte en el Senado», ha declarado su portavoz, Rolando Jiménez, que en su momento fue uno de los expertos que concurrió ante la mencionada Comisión de Familia.

Una larga batalla por la igualdad plena

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género fue por fin aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecían sin embargo congelados. Es más, según se filtró en su momento a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva». Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya se cumplió con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido. Para este colectivo, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y en su momento puso como ejemplo el hecho de que repusiera un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había sido retirado en julio (aunque añadiendo la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Se da la circunstancia de que la CIDH convocó el pasado diciembre su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario en el marco de su 170 período de sesiones. La audiencia fue encabezada por la presidenta de la Comisión, Margarette May Macaulay, quien respondió favorablemente a la petición de los colectivos para que se inste a los Estados a aprobar el matrimonio igualitario y para que se exija particularmente a Chile cumplir sus compromisos internacionales sobre la materia.

En este contexto, el progreso del proyecto de ley de adopción no puede ser visto como una excelente noticia. «Chile dará una inusual señal al mundo: sin duda tendremos adopción homoparental antes que matrimonio igualitario. Ello beneficiará a niños y niños en el corto plazo y dejará en ridículo la prohibición del matrimonio igualitario y, al consecuencia lógica, será también el avance de esta ley», explicaba Rolando Jiménez. Estaremos muy atentos a su evolución.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas

General Adopción, Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Familia, Homoparentalidad, Margarette May Macaulay, Michelle Bachelet, MOVILH, Rolando Jiménez, Sebastián Piñera

Santiago de Chile ha acogido este fin de semana una multitudinaria marcha por el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, convocada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), bajo el lema «Basta de bla-bla». «Cuando las encuestas dicen que la mayoría los chilenos y chilenas respalda la adopción homoparental y el matrimonio igualitario, las más de 80 mil personas asistentes hoy a la marcha demuestran ello. El país en su mayoría no tolera que existan familias de primera y segunda categoría», ha defendido la portavoz del MOVILH Daniela Andrade. Según un reciente estudio, el 64,5% de los congresistas está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% de la adopción homoparental, a pesar de que el presidente Piñera se niega a cumplir el acuerdo sobre matrimonio igualitario firmado en 2016 entre el Estado chileno y el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Con la marcha, argumenta el activista chileno Rolando Jiménez, «también recordamos que el Estado de Chile firmó una acuerdo con nuestra organización ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impulsar el matrimonio igualitario. Pese a que el Acuerdo es legal y vinculante, según lo señalado por la propia Contraloría General de la República, el Estado aún no cumple su promesa, lo cual es gravísimo, pues deja a Chile como un país que no cumple con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos».

Según un reciente estudio del Laboratorio Constitucional de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, que entrevistó a 183 de los 198 congresistas, es decir al 92,4% del total,  el 64,5% está a favor del matrimonio igualitario y el 65,6% respalda la adopción homoparental.

«Estas cifras coinciden con cálculos de nuestra organización y demuestran que aquí se debe pasar del discurso a la práctica. Si la mayoría apoya, no hay razón alguna para seguir postergando la adopción homoparental o el matrimonio igualitario. Pese a ello, este último proyecto de ley no se discute desde noviembre del 2017 en el Congreso. Los discursos se deben llevar a la práctica. No más bla-ba», señala el responsable del MOVILH Oscar Rementería.

El conservador Piñera no quiere avances igualitarios

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género era aprobada en septiembre (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se filtró a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera manifestó ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Audiencia sobre matrimonio igualitario de la CIDH

Se la la circunstancia de que la CIDH ha convocado su primera audiencia temática sobre matrimonio igualitario. La histórica audiencia tendrá lugar el próximo 5 de diciembre en el marco de su 170 período de sesiones, que se desarrollará en Washington. La petición, a demanda de varios movimientos LGTB latinoamericanos, ha sido  coordinada precisamente por los abogados que representaron al MOVILH en su demanda internacional por el matrimonio igualitario, los juristas Hunter Carter, Ciro Colombara y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI Branislav Marelic, Chile, Ciro Colombara, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Daniela Andrade, Discriminación, Homofobia, Hunter Carter, LGTBfobia, Matrimonio, Michelle Bachelet, MOVILH, Óscar Rementería, Rolando Jiménez, Sebastián Piñera, Universidad Diego Portales

Lo publicábamos hace unos días… El Gobierno de Sebastián Piñera se niega a cumplir el acuerdo alcanzado entre el Estado chileno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el cual Chile se comprometía a promover una ley de matrimonio igualitario. El nuevo Gobierno conservador argumenta que los compromisos alcanzados en ese acuerdo ya están satisfechos con la presentación por el anterior Gobierno de un proyecto de ley de matrimonio igualitario que aunque no ha progresado (ni el Gobierno de Piñera ha demostrado interés alguno en que lo haga) formalmente no ha sido retirado.  

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el Movimiento de Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) alcanzaron en 2016 una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio (puedes descargar aquel acuerdo aquí). El acuerdo, considerado histórico en su momento, implicaba ir más allá de las uniones civiles entre personas del mismo sexo (aprobadas el año anterior) y promover el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), así como la aprobación de una ley de identidad de género y un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria (la conocida como «ley Zamudio»), entre otras medidas.

Mientras que la ley de identidad de género ha sido aprobada hace pocas semanas (tras cinco largos años de tramitación y no sin grandes dificultades en los últimos meses), el resto de avances permanecen sin embargo congelados. Es más, según se ha filtrado a la prensa chilena, el Gobierno de Sebastián Piñera ha manifestado ante la CIDH que no piensa cumplir el acuerdo por lo que al matrimonio igualitario se refiere. Se acoge para ello a una más que dudosa interpretación de la literalidad del acuerdo, según el cual el Estado chileno se comprometía a tramitar un proyecto de ley de matrimonio igualitario y a (reproducimos literalmente) «adoptar las medidas necesarias, incluidas acciones de promoción, para impulsar la iniciativa del matrimonio igualitario como un asunto que constituye un interés legítimo en una sociedad democrática e inclusiva».

Para el Gobierno de Piñera, este compromiso ya ha sido cumplido con la presentación en 2017 por el entonces Gobierno de Michelle Bachelet de un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que formalmente no ha sido retirado. El actual Gobierno considera que no está obligado a nada más, dado que «el Estado nunca se obligó a obtener la aprobación legislativa del proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo».

Para el MOVILH, las argumentaciones del Gobierno Piñera no se sostienen, dado que más allá de que el proyecto de ley deba ser aprobado por el Congreso de Chile, el Estado chileno sí que se comprometió a una serie de medidas de impulso que no han existido. «Es falso que el Gobierno ya hubiese cumplido con el impulso del matrimonio igualitario. Es de conocimiento público que el actual Gobierno no ha hecho ninguna gestión a favor del matrimonio igualitario, por tanto, mal podría cumplir con su impulso. Esta evidente falta a la verdad del Ejecutivo deja en muy mal pie los niveles de confianza y transparencia que se requieren para dialogar sobre cualquier ASA [Acuerdo de Solución Amistosa]», ha expresado el MOVILH. «Para la CIDH es claro que a través del ASA el Estado de Chile se obligó a impulsar el matrimonio igualitario y que, por tanto, el cumplimiento del acuerdo pasa por adoptar medidas al respecto. Que el Gobierno niegue ello, y con publicidad a través de la prensa, es de gravedad extrema, así como un insulto y una falta de respeto a la CIDH y a nosotros/as, en calidad de peticionarios/as», añade.

Para el MOVILH, de hecho, el Gobierno de Piñera es consciente de su propia falsedad, y ha puesto como ejemplo el hecho de que ahora haya repuesto un sitio web oficial sobre el matrimonio igualitario que este colectivo había desarrollado junto al anterior Gobierno y que había retirado en julio (aunque añadiendo, eso sí, la leyenda «Esta información fue publicada durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (período 2014-2018)».

Habrá que ver qué medidas adopta a partir de ahora la CIDH ante este evidente incumplimiento de un acuerdo que en su momento supuso la paralización de la demanda del MOVILH. Estaremos atentos, aunque en cualquier caso la batalla se prevé larga.

General, Homofobia/ Transfobia. Chile, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Discriminación, Homofobia, LGTBfobia, Matrimonio, Michelle Bachelet, MOVILH, Sebastián Piñera

Aviso de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Jamaica por su LGTBfobia de Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma dentro de la OEA, ha declarado la admisibilidad de una demanda contra la legislación jamaicana que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. La decisión es el resultado de la petición presentada por un ciudadano gay que tuvo que abandonar el país por la persecución sufrida a causa de su orientación sexual. La isla caribeña es la sociedad más hostil a la comunidad LGTB de toda América.

El desafío legal a Jamaica lo planteó en 2012 Gareth Henry, un ciudadano jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. La demanda contó también con el apoyo de Human Dignity Trust (HDT), una organización de lucha a favor de los derechos civiles LGTB con base en el Reino Unido. Las víctimas consignadas son el propio Henry y Simone Carline Edwards, una mujer lesbiana que solicitó asilo en los Países Bajos después de sobrevivir a los disparos de dos hombres, que también intentaron matar a su hermano gay.

Siete años después, la CIDH reconoce en su informe el hostigamiento que sufre la comunidad LGTB y lista los hechos que, de ser probados, acarrearían serias violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:  «las amenazas de muerte y a la integridad física, las afectaciones a la vida privada y familiar, las violaciones del derecho de circulación y residencia, el trato desigual, la falta de acceso a la justicia y la protección judicial, y la privación del acceso a la atención médica». Su decisión de declarar admisible la petición abre un periodo en el que se investigarán las (para la CIDH aún presuntas) violaciones de derechos humanos cometidas por Jamaica.

Los testimonios de las víctimas son estremecedores. Henry asegura que tuvo que huir de Jamaica temiendo por su vida tras ser objeto de violencia policial y de bandas organizadas y espera que la decisión de la Comisión Interamericana sea el primer paso de un cambio en la situación de las personas LGTB. Edwards destaca la sensación de impunidad que ampara a las hordas LGTBfobas como la que casi acaba con su vida y la de su hermano. También se mostró esperanzada de que las leyes que perpetúan esta situación sean derogadas algún día para poder regresar a su país sin miedo a ser atacada de nuevo. Human Dignity Trust, en un comunicado celebrando la decisión de la CIDH, recuerda que la legislación represora no solo criminaliza las relaciones consentidas entre hombres, sino que legitima la violencia contra toda la comunidad LGTB.

Jamaica, un infierno para las personas LGTB

Que Jamaica es posiblemente la sociedad más homófoba de América no es un secreto, y no solo porque las relaciones homosexuales masculinas sigan siendo delito. En el pasado hemos recogido noticias verdaderamente espantosas sobre la situación social en la que viven las personas LGTB en la isla. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces la organización J-FLAG, había sido previamente amenazado, y en junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gais. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones sexuales en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos otro caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Poco después cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió Dwayne Jones, una joven adolescente transgénero asesinada pocas semanas antes por una turba de personas que descubrieron su condición.

En marzo de 2015 dábamos cuenta del brutal linchamiento a un joven gay, a manos de una turba furiosa, que lo mató a pedradas. En 2016 se producían dos nuevos asesinatos de posible motivación homófoba. Y en septiembre de 2017, el activista Dexter Pottinger era apuñalado hasta la muerte en su domicilio.

Son solo algunos de los casos que trascienden las fronteras de Jamaica. Muchos otros ni siquiera llegamos a conocerlos, entre otras cosas por la falta de confianza y la pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad ante estos casos. La violencia y el miedo, de hecho, no son episodios aislados sino que forman parte de la vida cotidiana de las personas LGTB jamaicanas, bien reflejados en el completo informe de 86 páginas que en 2014 publicó sobre Jamaica la organización Human Rights Watch.

Ello no impide que incluso en un ambiente tan hostil surjan valientes activistas, que de hecho en 2015 celebraron por primera vez varios actos con motivo del Orgullo LGTB, sin convocar, eso sí, una manifestación como tal. Algo que por supuesto sí pueden hacer los homófobos. Una de estas llamativas muestras públicas de homofobia fue la que recogimos en 2014, cuando cientos de personas, convocados por una coalición de líderes religiosos, salieron a las calles de Kingston coincidiendo con el Orgullo para protestar contra lo que denominaron la «creciente amenaza de la homosexualidad».

Fuente Dosmanzanas

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Un miembro de la Iglesia Evangélica Vid, identificado como José Cortés Muñoz, ha sido sorprendido intentando provocar un incendio en la discoteca de ambiente lésbico Club Social Frida Kahlo de Chillán (en la región chilena del Biobío). El sujeto, que gritó: «si no se queman aquí, se quemarán en el infierno y, si eso no pasa, lo haré yo», fue sorprendido con un bidón de parafina en los alrededores, después de la pronta reacción de la propietaria para sofocar las llamas. En esta ocasión solo hay que lamentar daños materiales menores. Sin embargo, como denuncia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), «es una situación en extremo grave que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar». Por esta razón, la organización igualitaria exige que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley». Además, Cortés ha declarado abiertamente que va a volver a actuar. En este sentido, hay que asumir que los discursos LGTBfóbicos en Chile incitan a la violencia, coincidiendo, no por casualidad, con el incremento del apoyo social a los derechos del colectivo LGTB.

«A eso de las 3:30 de la madrugada del domingo, el sujeto, quien vive en una Iglesia que colinda con el Club Frida Kahlo, lanzó parafina desde la pandereta que separa los inmuebles para, posteriormente, encenderle fuego a algunas de sus dependencias». Así lo ha explicado Esteban Guzmán, presidente de MOVILH-Biobío. Guzmán también ha añadido que «es una situación en extremo grave, que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar», por lo que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley».

Por su parte, la propietaria del Club Social Frida Kahlo, Jacqueline Ortega, ha narrado que «escuchamos un fuerte estallido y nuestros clientes llegaron a alertarnos que nuestra terraza estaba ardiendo. Entre todos quienes estábamos en lugar apagamos las llamas para que no se propagaran. Cuando salimos a la calle a ver qué ocurría, nos dimos cuenta de que nuestro vecino de la Iglesia Evangélica estaba con un bidón de parafina. Sin ningún tipo de pudor o arrepentimiento nos afirmó que él había comenzado el fuego, peor aún nos amenazó con matarnos por depravados».

Para el MOVILH-Biobío «este acto marca un negativo y funesto precedente para la seguridad de las personas lesbianas, gais, bi, trans e intersex que debe ser combatido al instante y con el máximo rigor de la ley». El presidente regional de esta organización igualitaria anima «a las personas LGBTI de Chillán a reportar cualquier otro atropello que hubiesen visto de este sujeto, pues no sería extraño que con anterioridad protagonizara abusos similares que no fueron denunciados». La discoteca ha publicado en su cuenta de Facebook que el atacante, de hecho, ya ha avisado de que volverá a actuar.

Violencia LGTBfóbica vs. histórico apoyo social

Hace solo unos días recogíamos que la ciudadanía chilena apoya de forma mayoritaria el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Desde febrero de 2014 el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género.

Sin embargo, en la anterior noticia ya advertíamos del contraste entre la aceptación histórica de los derechos del colectivo LGTB por parte de la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico. Sin duda, la visibilización de la comunidad en el debate público, estimula a los discursos de odio de grupos intolerantes y radicales (como la presencia del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO) y esto se puede traducir también, como vemos en el caso del ataque a la discoteca de Chillán, en acciones violentas.

Fuente MOVILH, vía Dosmanzanas

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El respaldo al colectivo LGTB aumenta de forma evidente y considerable entre la población de Chile. Desde febrero de 2014 el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género. En este sentido, un 23% comparte que un menor de 18 años pueda realizar una modificación registral de sexo y nombre en el registro civil, previa autorización de los padres. Este nivel de acuerdo cae hasta al 20% si únicamente se considera desde los 14 años y sin la correspondiente autorización. Finalmente, un 45% se muestra de acuerdo con el cambio de género registral a partir de los 18 años.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), la organización LGTB más importante de este país latinoamericano, valora positivamente que «la mayoría del país esté de acuerdo con la plena igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, al tiempo que el respeto a la dignidad de las personas trans avanza a pasos agigantados». En concreto, según recoge la encuesta de Cadem de mayo, al preguntar a la ciudadanía chilena sobre valores como su postura en relación al matrimonio igualitario, las respuestas mayoritarias reflejan una evolución histórica incontestable. Esto deja en evidencia la lentitud con la que avanza el reconocimiento legislativo de los derechos del colectivo LGTB en Chile, por otro lado.

La adhesión al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental subió 15 puntos porcentuales desde febrero de 2014 hasta hoy, lo cual refleja para el MOVILH que «el cambio cultural a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI es irrefrenable. Ya no hay marcha atrás. La pregunta no es si habrá o no matrimonio o adopción homoparental. La pregunta es cuándo y esperamos que sea en los próximos dos años».

Por otra parte, desde esta organización LGTB chilena también apuntan a que «la adhesión ciudadana a que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo legal (lo cual vale la pena recordar es un derecho que siempre ha existido, pues la Ley de Identidad de Género viene solo a facilitar el trámite) va en acelerado aumento, quedando una vez más en evidencia que el Estado está atrás de los cambios culturales y en deuda con la dignidad de las personas LGBTI». El MOVILH, además, se ha lamentado de los largos años de tramitación de ley de identidad de género, lo cual ha ocurrido «principalmente por presiones de la UDI y de su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe. Llamamos a esta senadora y a su partido a tener la decencia de paralizar su permanente campaña contra los derechos LGBTI».

En enero de 2017 ya publicamos una noticia en la que dábamos cuenta de una encuesta del Cadem similar a esta, en la que se recogía un apoyo del 64% de los chilenos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las políticas, acciones y declaraciones LGTBfóbicas provocaron una bajada del respaldo ciudadano, dejándolo en un 58% el pasado febrero.

Repunte de odio LGTBfóbico en Chile

Resulta chocante comparar los datos de aceptación del colectivo LGTB entre la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico de lo que nos hacíamos eco a finales de marzo. Los datos que arroja el 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como «de la furia» contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO.

Como dato optimista, el MOVILH recogía 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. Por un lado, se hace hincapié en lo que considera avance «a pasos agigantados y sin precedentes» del Poder Judicial, que ya en repetidas ocasiones se ha pronunciado amparando los derechos de las personas LGTBI. Una posición, la de los jueces, que contrasta con la pasividad del Legislativo, que «aún no aprueba estas leyes» y las reticencias de un Ejecutivo que solo pone el acelerador para la tramitación legislativa de los avances «de manera coyuntural y discontinua». Todo ello, como es obvio, «ata de manos en algunos puntos al poder judicial», según reconoce el propio informe.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

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Según una encuesta realizada por Cadem (empresa demoscópica y de investigación de mercado), más de la mitad de la ciudadanía de Chile es partidaria de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En cambio, los partidarios de la adopción por familias homoparentales se sitúan en el 45% de la población. Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), en todo caso, señalan que “en materia de derechos humanos los Estados no pueden moverse por encuestas, sino por convicciones”.

Hace solo unos días nos hacíamos eco de la histórica ceremonia que tuvo lugar en Santiago de Chile para dar un impulso al acuerdo sobre el matrimonio igualitario logrado entre el Estado de Chile y el MOVILH con la medicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En dicho acto, la presidenta del país, Michelle Bachelet aseguraba que “nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”.

En este sentido, la publicación de la encuesta de Cadem supone un espaldarazo para que los poderes públicos aprueben cuanto antes el matrimonio entre personas del mismo sexo. La nada desdeñable cifra del 64% de los chilenos está a favor de la igualdad en esta institución. Y, aunque los apoyos a la adopción homoparental se sitúan en el 45%, los representantes del MOVILH consideran que “en materia de derechos humanos los Estados no pueden moverse por las encuestas sino por convicciones. La igualdad ante la ley es un derecho humano universal, que el Estado debiese fomentar, por ejemplo a través de la aprobación del matrimonio igualitario, marquen lo que marquen las encuestas. Con el Acuerdo por la Igualdad, hemos dado un paso al respecto”.

Los más reacios al matrimonio igualitario, tal y como se desprende de la citada encuesta, son los evangélicos: con un 41% a favor y un 28% en contra. Entre los católicos, los partidarios ascienden al 66%. Aunque son los chilenos que se declaran como agnósticos o ateos los que de forma más mayoritaria apoyan el matrimonio entre personas del mismo sexo: concretamente, un 71% de ellos.

Por lo que respecta a las franjas ideológicas, no sorprende que el segmento más favorable sea, con un 72%, el de centro-izquierda. Le siguen el centro (71%) y los que se califican como independientes (64%). Y aunque los votantes conservadores son los que manifiestan más reservas, lo cierto es que la mayoría de ellos (un 55%) está de acuerdo con el matrimonio igualitario.

El apoyo al matrimonio subió ocho puntos porcentuales en relación a agosto del 2016 y 14 puntos más respecto a febrero del 2014, la primera vez que Cadem consultó al respecto. En tanto, la adhesión a la adopción homoparental incrementó en 4 puntos al compararse con agosto del 2016 y en 8 puntos más en relación a febrero del 2014.

Según ha recordado el MOVILH, el apoyo al matrimonio subió ocho puntos porcentuales en relación a agosto del 2016 y 14 puntos más respecto a febrero del 2014, la primera vez que Cadem consultó al respecto. En tanto, la adhesión a la adopción homoparental incrementó en 4 puntos al compararse con agosto del 2016 y en 8 puntos más en relación a febrero del 2014.

Fuente MOVILH

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Bachelet se compromete a aprobar el matrimonio homosexual en Chile en el primer semestre de 2017

A la ceremonia asistieron representantes de los tres poderes del Estado, así como del Tribunal Constitucional, del mundo diplomático y de la sociedad civil. El acto se enmarcó el “Acuerdo por la Igualdad” que el Estado firmó con el Movilh, gracias a la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”, ha anunciado la mandataria.

Histórica ceremonia la que tuvo lugar este viernes en Santiago de Chile para dar un impulso al acuerdo sobre el matrimonio igualitario logrado entre el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) con la medicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la que el MOVILH había denunciado la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio. El acto tuvo lugar en el Palacio de La Moneda con la presencia de todos los poderes del Estado chileno, entre ellos la presidenta Michelle Bachelet.

Como en su momento recogimos, el Estado chileno y el MOVILH alcanzaron hace meses una solución amistosa a la demanda que este colectivo había interpuesto ante la CIDH por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio una vez que había agotado la vía judicial dentro del país (puedes descargar el histórico acuerdo aquí). De desarrollarse todos los puntos contemplados en dicho acuerdo, Chile, que ya ha dado algunos pasos importantes (como la aprobación de las uniones civiles) pasaría a situarse en primera línea del reconocimiento jurídico de los derechos LGTB. Implicaría aceptar el matrimonio igualitario, la adopción homoparental y los derechos plenos de parentalidad (que a día de hoy tienen que ser reclamados ante los tribunales), pero también la aprobación de una ley de identidad de género (que permita a las personas trans modificar su sexo legal mediante un simple trámite administrativo), un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria ya vigente en Chile (la conocida como “ley Zamudio”) y medidas en el ámbito educativo.

En aquel momento se desató el optimismo entre el colectivo LGTB, pero a lo largo de los últimos meses lo cierto es que las dificultades han aflorado y el proceso se ha ralentizado. Una importante dificultad la constituye la necesaria complicidad del Congreso, cuya composición permite tener esperanzas pero no asegura la aprobación de estas reformas sin dificultades. En este sentido, la inclusión de la adopción homoparental se prevé uno de los puntos calientes de la discusión. La principal oposición, previsiblemente, vendrá de la UDI (Unión Demócrata Independiente), principal partido de la derecha chilena, algunos de cuyos diputados ya anunciaron la posible presentación de una propuesta de reforma la Constitución de Chile para prohibir expresamente el matrimonio igualitario. También es previsible una fuerte oposición desde ámbitos religiosos, tanto la Iglesia católica como desde las pujantes iglesias evangélicas.

De ahí la importancia de un acto como el celebrado este viernes, que supone sin duda un importante impulso político a la implementación del acuerdo. La ceremonia, que tuvo lugar en el Palacio de La Moneda, se abrió con un discurso de Heraldo Muñoz, ministro chileno de Relaciones Exteriores, que hizo un resumen de los variados puntos del acuerdo, los cuales incorporan variadas medidas, no sólo el matrimonio igualitario. Así, el canciller relató que la iniciativa contempla reformas a la Ley Antidiscriminatoria, a la Unión Civil para reconocer derechos de paternidad y maternidad a las parejas del mismo sexo, a la Ley de Adopciones (para posibilitar la adopción a los convivientes civiles), así como la aprobación de la Ley de Identidad de Género, la derogación de normas homofóbicas del Código Penal y la eliminación de las facultades que se entrega a las iglesias para decidir quienes pueden impartir clases de religión en establecimientos laicos.

También contempla la inclusión de la temática de la diversidad sexual y de género en todo el sistema educacional, partiendo desde la etapa preescolar, así como la incorporación de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en todas las políticas del Ministerio de la Salud y del Ministerio de la Mujer y de Género, entre otros puntos.

Muñoz dio luego paso a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. “Nos reunimos para dar cumplimiento al acuerdo de solución amistosa que suscribimos con el MOVILH, pero al mismo tiempo para dar inicio como establecimos al proceso de difusión pública sobre matrimonio igualitario. Proceso al que está llamado a sumarse la sociedad civil, así como todos los poderes del Estado”, explicó Bachelet. Añadió que “Chile reconoce formalmente la necesidad que tenemos como país de seguir perfeccionando las bases institucionales y nuestras normativas para evitar todo tipo de discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales”. En ese sentido, añadió, “Nos comprometemos como Estado a impulsar una discusión pública, participativa y abierta que permita al país generar un proyecto satisfactorio de matrimonio igualitario, reconociendo a todas las personas los mismos derechos”, añadió. “Estamos avanzando paso a paso, a veces más lento de lo que nos gustaría, pero el destino es claro y nuestras convicciones firmes”, finalizó la presidenta chilena en medio de contundentes aplausos y muestras de agradecimiento de todos los presentes. Conviene recordar, en este punto, que al margen de la vía judicial Bachelet ya prometió en marzo de 2013 que en caso de ser elegida presidenta abriría el proceso de discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

A la ceremonia asistieron, ente otras personalidades, el relator de la CIDH, Enrique Gil Botero, así como los ministros de Educación, de la Mujer y la Equidad de Género, de Justicia o de la Secretaria General del Gobierno. También estuvieron presentes los presidentes de la Cámara de Diputados y del Tribunal Constitucional, además de representantes diplomáticos de diversos países europeos, como Holanda, Noruega o la propia España. También hubo presencia de otros colectivos LGTB distintos al MOVILH y de la Comunidad Judía de Chile, con la que el colectivo LGTB lleva tiempo trabajando codo con codo para mejorar la legislación antidiscriminatoria y contra los delitos de odio. Una presencia especialmente destacada fue la de Stephane Abran y Jorge Monardes, una de las tres parejas a las cuales la negativa a reconocer su matrimonio (celebrado en su caso en Canadá) dio origen a la demanda del MOVILH ante la CIDH.

Para Rolando Jiménez, representante del MOVILH, “Este acto sin precedentes para promover el matrimonio igualitario marca una nueva etapa en la lucha por esta ley, pero sobre todo, para avanzar hacia la implementación de todas las políticas públicas y leyes demandadas por la diversidad sexual y de género y que son parte del Acuerdo por la Igualdad. Valoramos profundamente esta señal de la presidente Bachelet”. El Acuerdo por la Igualdad, que así lo hemos llamado en tanto el matrimonio es solo uno de sus puntos, no deja dudas además respecto a que Chile debe avanzar en la adopción, crianza y adopción por parte de parejas del mismo sexo, aspectos que están señalados expresamente en el texto, y que esperamos se traduzcan lo antes posible en leyes”. “Este día es solo al comparable a cuando legalizamos la homosexualidad o aprobamos la unión civil, pues todas las deudas con la diversidad sexual y de género se asumen como un compromiso de Estado, sea quien sea quien gobierne”,  indicó el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez.

“Al fundarnos en 1991, nunca pensamos que llegaríamos a este momento que marca un antes y un después para los derechos de la diversidad sexual en Chile y en el sistema interamericano. Estamos felices, porque se mejorará la calidad de vida de las personas LGBTI”, dijo el Movilh. “Nuestros agradecimientos para todas y cada una de las personas e instituciones que colaboraron e hicieron posible esta travesía, antes llamada locura, hoy convertida en realidad”, finalizó la organización.

Os dejamos con los discursos de Heraldo Muñoz y de la presidenta Bachelet:

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Importante paso adelante de la justicia chilena, que ha concedido el cuidado de una niña a una madre no biológica, Jacqueline Díaz, después de su ruptura con la madre biológica. Se da la circunstancia, además, de que Jacqueline tiene ahora una nueva pareja, Margarita. Ya en marzo hacíamos referencia al caso, después de que a Díaz le fuese concedida el cuidado provisional de la niña. Pero era una decisión temporal, que ahora se hace firme. La sentencia, que sitúa los derechos de la menor por encima otras consideraciones, supone un hito en el reconocimiento de la homoparentalidad en Chile.

En el momento de nacer la niña, que tiene ahora 5 años, Jacqueline Díaz y C.B. eran pareja. Cuando la relación terminó, esta última (madre biológica) abandonó el hogar y dejó a la menor bajo el cuidado de Jacqueline. A finales de 2015, ambas madres acordaron que la niña pasaría parte de las fiestas navideñas con C.B., pero esta no la devolvió en la fecha acordada. A partir de ahí comenzó la batalla legal. Jacqueline acudió a la justicia para reclamar que la niña volviera al que siempre ha sido su hogar. El Primer Juzgado de Familia de San Miguel (una de las comunas de Santiago, la capital chilena) le dio provisionalmente la razón.

La jueza Beatriz Ramírez, basándose en los informes disponibles, resolvió entonces que era Jacqueline la que mejor garantizaba la mejor cobertura de sus necesidades básicas y emocionales de la niña, considerando probado que ella era la que la había cuidado (así lo atestiguaban documentos sanitarios y escolares), proporcionándole además una “excelente asistencia”. Las educadoras del colegio, de hecho, aseguraban no conocer ni a la madre biológica ni al padre biológico de la niña. Otro de los elementos que había pesado es el hecho de que ya en mayo de 2015 C.B. se llevó a la niña durante dos meses del hogar de Jacqueline, devolviéndola con signos físicos y emocionales de mal cuidado.

Ahora es otra jueza del mismo juzgado, Roxanna Aracena, la que ha confirmado la decisión, pese a la oposición tanto de la madre biológica como del padre biológico (que tras estar ausente todos estos años parece que ahora decidió empezar a interesarse por la niña). Una decisión que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), que ha ayudado a Jacqueline en su batalla legal, considera de máxima relevancia en un momento histórico clave para el avance de los derechos LGTB en ese país. “Tal resolución implica un reconocimiento inédito de un tribunal respecto a la homoparentalidad, en tanto se basa en la idea de que hay dos figuras maternas, una de crianza y otra biológica, siendo para ojos de la justicia solo la primera la que garantiza estabilidad a la niña. El paso siguiente debiera ser la lucha por la tuición definitiva por parte de Jacqueline, teniendo a su favor la determinación de hoy”, expresa el MOVILH en su página web.

Para el portavoz de este colectivo, Rolando Jiménez, “es claro que con este caso salta a la vista lo absurdo de prohibir la crianza y la adopción homoparental en Chile, pues la justicia no solo sabe sobre la existencia de parejas del mismo sexo que cuidan hijos. Además, pone como primera consideración el interés superior del niño a la hora de decidir conflictos por el cuidado personal, al margen de la orientación sexual de los padres y madres”.

Chile, un momento clave para los derechos LGTB

Como ya adelantamos en junio, el Estado chileno y el MOVILH han alcanzado una solución amistosa en torno a la demanda interpuesta por este colectivo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la prohibición a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio en Chile. El acuerdo (que puedes descargar aquí) ha desembocado en la reactivación del proceso parlamentario para aprobar una ley de matrimonio igualitario.

De desarrollarse todos los puntos contemplados en el acuerdo, Chile, que ya ha dado algunos pasos importantes (como la aprobación de las uniones civiles) pasaría a situarse en primera línea del reconocimiento jurídico de los derechos LGTB. Implicaría aceptar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, así como reconocer como tal al conviviviente que haya actuado como padre o madre, con independencia de la existencia de consanguinidad (como sucede en el caso de Jacqueline Díaz y su hija). Pero también medidas a favor de las personas trans (que podrían modificar su sexo legal mediante un simple trámite administrativo), un refuerzo de la legislación antidiscriminatoria ya vigente en Chile (la conocida como “ley Zamudio”) y medidas en el ámbito educativo.

Ya lo indicamos entonces: el proceso no será fácil. Aunque la composición del Congreso que salió de las últimas elecciones permite tener esperanzas, la mayoría que permita la aprobación definitiva de estas reformas no está asegurada. En este sentido, la inclusión de la adopción homoparental se prevé uno de los puntos calientes de la discusión. La principal oposición, previsiblemente, vendrá de la UDI (Unión Demócrata Independiente), principal partido de la derecha chilena, algunos de cuyos diputados ya anunciaron la posible presentación de una propuesta de reforma la Constitución de Chile para prohibir expresamente el matrimonio igualitario. También es previsible una fuerte oposición desde ámbitos religiosos, tanto la Iglesia católica como desde las pujantes iglesias evangélicas.

Confiemos en que avances como el conocido estos días en el caso de Jacqueline Díaz y su niña sirvan para allanar el camino.

Fuente Dosmanzanas

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El activismo chileno, con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) a la cabeza, continúa su decidida andadura para conquistar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la ley de identidad de género. De hecho, durante el mes de junio tendrá lugar una gran manifestación para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI. Entretanto, el MOVILH prosigue en su búsqueda de referentes positivos y de apoyos. El último ha llegado por parte de Hugo Herrera, director del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de Chile. Herrera sostiene que el interés superior de los niños no justifica la discriminación por la orientación sexual de madres y padres.

La entrevista que el MOVILH ha mantenido con el director del SENAME, con la intención de conocer su postura sobre el matrimonio igualitario, ha sido fructífera. Hugo Herrera se ha prunciado y ha dicho que la defensa de los niños no está reñida con que los adoptantes sean una pareja de hombres gais o de mujeres lesbianas.

Por su parte, el responsable del MOVILH Rolando Jiménez asegura que “nos da mucha tranquilidad que Herrera exprese una compromiso claro con la no discriminación”. En este sentido, Jiménez se congratula de que “toda pareja del mismo sexo que recurra al SENAME en busca de orientación, será tratada en igualdad de condiciones. Lo mismo corre, por cierto, para el caso de los niños, niñas y adolescentes que se declaren lesbianas, gais, bisexuales o transexuales”.

Pero además de las buenas palabras, el director del Servicio Nacional de Menores se compromete a explorar el trabajo conjunto entre los diferentes ministerios con el fin de garantizar la no discriminación por la orientación sexual de las madres o los padres. En la ocasión, el Movilh solicitó a Herrera su respaldo para que la Reforma a Ley de Adopción incorpore a los convivientes civiles y para que preste activa colaboración, en función de la experiencia del Sename, en el proceso de matrimonio igualitario que próximamente impulsará el Ejecutivo.

“Hubo un buena disposición de Herrera para colaborar con estas materias y para ello Herrera explorará el trabajo conjunto con otros ministerios. Ello nos parece una excelente medida en tanto la realidad de las familias homoparentales se relaciona con competencia de variados ministerios”, puntualizó el Movilh.

Desde luego, es una muy buena noticia que Hugo Herrera se manifieste en estos términos de cara a que la reforma de la Ley de Adopciones pueda incluir a los contrayentes de las uniones civiles.

De las parejas de hecho al matrimonio igualitario

En paralelo a este proceso, hace poco más de un año nos hacíamos eco de que el Gobierno de Chile y el MOVILH acercaban posturas para llegar a una solución amistosa a la demanda interpuesta por este colectivo en 2012 contra el estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) por prohibir precisamente el matrimonio igualitario, ante la perspectiva de que un proyecto de ley sobre la materia se discutiese en el Congreso.

Desde el MOVILH han señalado que “estamos haciendo todas las gestiones jurídicas, legislativas y políticas, tanto en Chile como en el extranjero, para que nuestro país avance a la aprobación del matrimonio igualitario, una promesa presidencial que debe cumplirse en honor a la palabra empeñada y para garantizar un real respeto a los derechos humanos de todas las familias”.

Fuente MOVILH/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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América Latina es una región de contrastes en lo que se refiere a la realidad de las personas LGTB. Si hace pocos días nos felicitábamos por la introducción del matrimonio igualitario en Colombia, recientemente también hemos conocido un informe sobre la terrible situación de la comunidad LGTB en Honduras. La violencia homófoba y tránsfoba en este país centroamericano alcanza, desde hace varios años, cotas escalofriantes.

En su informe para la publicación Index on Censorship, Duncan Tucker revela el exponencial aumento de la violencia LGTBfoba en los últimos tiempos. Antes de 2009, año en el que tuvo lugar el golpe de estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya, se producían, de media, dos asesinatos de personas LGTB al año. Después de esa fecha, la cifra se ha incrementado a los 31. Además de los homicidios, las torturas, violaciones y desapariciones son una constante en el país.

Los activistas explican las causas de esta violencia en la militarización de la vida hondureña desde la llegada al poder de Porfirio Lobo, que presidió el país entre 2010 y 2014. Según Erick Martínez Salgado, el Gobierno que sustituyó al de Zelaya inició una campaña de acoso a las organizaciones LGTB por considerarlas críticas con el golpe y una amenaza al orden público. Muchas de las víctimas de ataques rehúsan denunciar por miedo a que la policía tome represalias contra ellos.

Aunque la mayor parte de los asesinatos en Honduras se deben a las pandillas o maras, en el caso de la población LGTB son las propias instituciones del país las que destilan mensajes de odio y promueven su persecución. Según la reportera Dina Meza, los medios de comunicación vinculan a las asociaciones pro derechos humanos con el tráfico de drogas y el crimen organizado, propiciando un clima de hostilidad con las minorías sexuales. Los periodistas y los activistas que salen en su defensa también son objeto de los ataques.

Meza apunta también al papel de la iglesia católica y los grupos evangélicos como instigadores del odio a los ciudadanos LGTB. El activista Donny Reyes regresó hace un año a su país tras refugiarse en el extranjero durante diez meses por miedo a los ataques. Cita al Estado, la iglesia y los medios de comunicación como los principales responsables de la propagación de “la impunidad, el fundamentalismo, el machismo y la misoginia” en el país centroamericano. Reyes volvió a Honduras para “luchar por que la próxima generación tenga un sitio para vivir en un mundo mejor”.

Un entorno infernal para las personas LGTB

Desgraciadamente no le concedemos la atención que se merece, pero como se ha dicho, los ataques en forma de agresiones, palizas, persecuciones y hasta asesinatos de personas LGTB en Honduras (muy singularmente mujeres transexuales) son continuos. En agosto de 2014 recogíamos con detalle una de estas agresiones, la sufrida por Darwin René Reyes, conocida también como Mónica Shakira, que a diferencia de lo que sucede en otras ocasiones fue registrada en vídeo. La joven trabajadora del sexo fue brutalmente agredida por otro ciudadano, médico de profesión, y por un miembro de la policía militar.

La situación empeoró tras el golpe de Estado de 2009. A partir de ahí se produjeron episodios terribles, como la muerte del activista LGTB Walter Tróchez en diciembre de 2009 tras recibir una paliza por los que se sospecha eran miembros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal o el asesinato de los también activistas Wilmer García Alvarado y Erick Martínez Ávila en septiembre de 2010 y en mayo de 2012. Pero no solo han sido asesinados activistas. A Jonathan José Pineda un guardia de seguridad homófobo lo mató de un disparo a plena luz del día en febrero de 2012. José Enrique Castro (a quien la prensa se refería a veces como gay y a veces como travesti) apareció asesinado a balazos en marzo de 2012. Marlon Javier Jiménez, una joven trans, fue secuestrada de su domicilio y asesinada en agosto de 2012. Los tres tenían solo 22 años.

Son solo algunos ejemplos que alcanzaron un mayor eco mediático, pero por desgracia hay muchos más, y la situación no parece haberse aliviado con la relativa “normalización” de la vida política hondureña, país en el que el respeto a los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente (su gobierno goza, sin embargo, del respaldo de las potencias occidentales, por lo que no ocupa las portadas y titulares que se conceden a otros países de la zona…). En 2012 recogíamos precisamente un estudio realizado por la Red Lésbica Cattrachas que arrojaba un total de 71 asesinatos de personas LGTB en Honduras desde septiembre de 2008 a febrero de 2012. Informaciones posteriores incrementaban ese número hasta cerca del centenar de casos. Y a finales del año pasado nos hacíamos eco de las denuncias de activistas centroamericanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que elevaban a 76 las víctimas solo en Honduras durante 2014. Un panorama estremecedor.

Fuente Doamanzanas

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Estas prácticas son comunes en otros países

Según un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son el colectivo más vulnerable a la violencia sexual y de cualquier tipo en las cárceles mexicanas.

Seis de cada diez reclusos LGTB han sido víctimas de diferentes tipos de abusos en las cárceles mexicanas. Según el informe Violencia contra personas LGTB, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los presos LGTB “enfrentan un riesgo mayor de violencia sexual y otros actos de violencia y discriminación a manos de otras personas privadas de libertad o del personal de seguridad”. Para redactar este informe, se ha contado con las denuncias de algunas víctimas e información oficial y de organizaciones sociales de 25 paises.

Los hombres gais y las mujeres transexuales son víctimas de servidumbre forzada, incluidos servicios sexuales. En México, las mujeres transexuales se recluyen en pabellones para hombres. Esto también ocurre con las lesbianas, hecho que desemboca en violaciones por parte de compañeros de celda, acoso, abuso físico y “feminización forzada” de quienes tienen apariencia masculina. Pero los abusos no solamente ocurren entre los internos, sino que la autoridad también es perpetradora o permite las agresiones. Según el informe, agentes de la policía incitan a otras personas a abusar sexualmente de las personas LGTB e incluso han repartido condones para facilitar el abuso. En otros casos, ubican a las personas homosexuales en celdas con convictos acusados de violencia sexual.

Según el Relator Especial sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Juan Méndez, las personas LGTB se encuentran en el último escalafón de la jerarquía informal que se genera en los centros de detención, lo que deriva en “una discriminación doble o triple porque están sometidas de manera desproporcionada a actos de torturas y otras formas de malos tratos”.

Entre las medidas para prevenir los abusos, la organización Almas Cautivas, A.C. formó a más de 300 funcionarios sobre identidad de género y junto con ACNUR, capacitaron a oficiales de centros de detención migratoria del Instituto Nacional de Migración en México durante 2015.

En Estados Unidos 12% de las personas LGBTI privadas de libertad fueron sometida a violencia sexual por parte de otros reclusos y que 5% por parte del personal de custodia. En Guatemala, organizaciones denunciaron el caso de un hombre joven gay que fue sometido a violencia sexual por 17 hombres y una mujer transexual que fue violada más de 80 veces mientras se encontraba detenida. En Paraguay, las personas transexuales sufren desde agresiones físicas y verbales hasta violaciones múltiples.

Fuente Cáscara Amarga

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La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han emitido un informe que revela unos escalofriantes datos: Hombres y mujeres trans sufren violencia, pobreza y se ven obligados a realizar trabajos sexuales. Una investigación del Registro de Violencia revela que el 80% de las mujeres trans asesinadas en América Latina tienen menos de 35 años.

Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su recién publicado informe sobre la violencia perpetrada contra las personas LGTBI en América. Pese a los indudables avances en el reconocimiento jurídico de sus derechos que se han dado en varios países de la región, continúan registrándose altos índices de violencia en todos ellos, “con altos niveles de ensañamiento y crueldad”. Pero además la CIDH alerta sobre la invisibilidad de la violencia cotidiana que afecta a estas personas y que no se denuncia ni se reporta en los medios.

La CIDH es un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región, integrada por siete miembros independientes. Hace ahora dos años puso en marcha una relatoría dedicada a los derechos LGTBI, al frente de la cual se sitúa la abogada jamaicana Tracy Robinson. Meses después emitió unas primera valoración de la situación de las personas LGTBI en el continente americano, y ahora publica un completo informe de 309 páginas que aborda las variadas formas de violencia contra las personas LGTBI, basado entre otros elementos en el registro que la CIDH llevó a cabo durante un período de 15 meses (entre enero de 2013 y y marzo de 2014), durante el cual se documentaron al menos 770 actos de violencia contra personas LGTB, incluyendo 594 muertes.

El informe muestra que hombres gais y mujeres trans constituyen la mayoría de las víctimas de asesinatos y actos de abuso policial, mientras que las mujeres lesbianas y bisexuales son afectadas particularmente por la violencia intrafamiliar y violencia sexual. El colectivo de mujeres trans, por su parte, es el grupo más afectado por la violencia policial. “En su gran mayoría se encuentran insertas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que suele comenzar desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, centros educativos y comunidades, que se refuerza por la falta de reconocimiento legal de su identidad de género en la mayoría de los países de la región”, expresa la CIDH en un comunicado.

Los investigadores dicen que la corta esperanza de vida de las mujeres trans no es sólo debido a la violencia dirigida contra ellas. La discriminación y la exclusión social, a menudo desde una edad temprana por ser expulsadas de sus hogares, aisla a las personas trans. Como resultado de la precariedad y la pobreza, no siempre pueden acceder a una vivienda y, a menudo, tienen que trabajar en la industria del sexo. La OEA también dice que las mujeres trans se encuentran en mayor riesgo de abuso policial, criminalización y de entrar en prisión. La exclusión social y la pobreza que enfrentan hacen que sea más difícil para las mujeres el acceso a la atención médica adecuada.  Pero no sólo es una cuestión femenina porque los hombres trans también sufren, dice el informe. A menudo son objeto de violencia, aunque más de sus familias y de las personas cercanas. A los hombres trans también les resulta más difícil acceder a la educación y la sanidad.

La violencia a la que se enfrentan las personas intersexuales tiene para la CIDH rasgos diferentes. En este caso, se trata sobre todo de que los menores intersexuales son frecuentemente sometidos a intervenciones quirúrgicas que en su mayoría no son médicamente necesarias con el único objetivo de modificar sus genitales y que se parezcan más a los de un niño o una niña. Estas cirugías se suelen realizar, obviamente sin su consentimiento, a bebés recién nacidos o niños y niñas de muy corta edad, y pueden causar enorme daño (dolor crónico, falta de sensibilidad genital, esterilización, capacidad reducida o nula para sentir placer sexual y trauma)

El informe analiza también la intersección con otros factores, tales como etnia, sexo, género, situación migratoria, condición de activista en favor de derechos humanos o pobreza. Las personas LGTB y pobres, por ejemplo, son aún más vulnerables al acoso policial y presentan tasas más altas de criminalización y encarcelamiento.

La mayoría de actos de violencia quedan impunes

Otra conclusión del informe es que la gran mayoría de asesinatos y actos de violencia quedan impunes, por diversas razones: miedo a denunciar, inadecuado registro del problema, abordaje inadecuado por parte de las autoridades, fallos en las investigaciones… “La inefectividad por parte de los Estados de aplicar la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los asesinatos y otros crímenes violentos contra las personas LGBTI guarda estrecha relación con los prejuicios y estereotipos que los agentes del Estado tienen sobre las víctimas”, expresa la CIDH. “Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de la violencia contra las personas LGBTI, como ocurre en la mayoría de los casos, se genera una impunidad frente a estos delitos que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia”, continúa.

El informe no se olvida del vínculo entre legislaciones discriminatorias y violencia. “Leyes de sodomía, indecencia seria e indecencia grave, protección de la ‘moral pública’ y ”las buenas costumbres’, entre otras, continúan siendo un problema grave en la mayoría de los países anglófonos del Caribe. Aunque estas leyes suelen no aplicarse, su existencia es utilizada para acosar, perseguir, hostigar y amenazar a personas con orientaciones sexuales o identidades o expresiones de género diversas, reales o percibidas”, expresa la CIDH. Bien lo sabemos en dosmanzanas, donde de forma recurrente recogemos por ejemplo terribles episodios de violencia en Jamaica, uno de los países más homófobos de América y que aún mantiene en vigor leyes que criminalizan las relaciones homosexuales masculinas. El informe aborda también la relación entre el derecho a igualdad y el derecho a la libertad de expresión y recuerda que la apología del odio contra un grupo por motivo de su orientación sexual, identidad o expresión de género y diversidad corporal está incluida en las expresiones prohibidas por la Convención Americana.

La OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han hecho un llamamiento a los estados miembros para actuar en ayuda a las personas trans con medidas y políticas activas que integren a estas personas al acceso a la educación, la sanidad y el trabajo. La CIDH insta en el informe a los Estados miembros de la OEA a investigar y sancionar los crímenes y actos violentos contra las personas LGBTI con debida diligencia. En el informe se pone de manifiesto que las investigaciones de los asesinatos deben llevarse a cabo con la “diligencia debida” y se debe tomar en consideración la identificación de las víctimas de género. Los estudios demuestran que los asesinatos trans son, a menudo, muy mal manejados por la policía. ‘Hacer que el trabajo sexual sea legal reducirá el estigma y hará que sea más seguro para las personas trans’, dice la OEA.  El informe contiene, de hecho, más de 100 recomendaciones a los Estados para abordar y resolver este grave problema, entre ellas que siempre que se abra una investigación se incluya la hipótesis de que pueda haber sido violencia por prejuicio, que se recolecte información estadística sistemática sobre la violencia contra las personas LGBTI y sobre el acceso a la justicia que permita identificar los motivos de la impunidad y que los estados adopten medidas preventivas y educativas a fin de combatir la discriminación, los prejuicios y los estereotipos sociales y culturales contra las personas LGBTI. La mayoría de los Estados miembros no recogen la identidad de género de la víctima o incluso la confunden con otras orientaciones sexuales.

Os invitamos a quienes estéis interesados a leer con detalle el informe, que puedes descargar aquí, y que está lleno de valiosa información sobre la situación de las personas LGTB en América. También podéis navegar por la página web creada por la CIDH en base a dicha información.

Fuente Dosmanzanas y Ragap

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Las estadísticas destacan que la mayor parte de la violencia contra este colectivo se produce en el entorno familiar.

Se ven forzadas al trabajo sexual y a ser perfiladas por la policía como “peligrosas”.

transexualidad copyLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha unido a la comunidad internacional en el Día Internacional de la Memoria Trans para instar a los Estados a aumentar la protección de los transexuales de América Latina. Quieren que tomen medidas concretas que permitan reducir la vulnerabilidad de este colectivo a la violencia y evitar la impunidad en los crímenes cometidos a transexuales.

La esperanza de vida de los transexuales se ha convertido en una de las principales alarmas de las organizaciones internacionales. El ‘Registro de Violencia’ elaborado por la Comisión ha destacado que el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren a los 35 años o menos.

Esta cifra evidencia, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), el alto número de estas mujeres que mueren asesinadas. En el caso de los hombres trans, las estadísticas destacan que la mayor parte de la violencia contra este colectivo se produce en el entorno familiar.

Sin embargo, los países miembros de la OEA no cuentan con un sistema que permita recolectar datos que tenga en cuenta la identidad de género en la elaboración de estadísticas. Muchas veces, esta identidad de género se confunde con la orientación sexual.

Unas estadísticas más precisas, según señala la Organización de los Estados Americanos, permitirían destacar tendencias, así como señalar qué sectores sufren en mayor medida la violencia y la violación de los derechos humanos.
Exclusión y discriminación

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha revelado también la importante relación que existe entre la exclusión, la discriminación y la corta expectativa de vida de las personas trans, que según el estudio, sufren abusos desde muy temprana edad.

Generalmente, tienen una tendencia mayor a ser expulsados de los colegios, hogares y comunidades, como consecuencia de expresar sus identidades de género. Como resultado, se deben enfrentar a la pobreza, la excusión social y a los problemas de acceso a la vivienda y a la educación.

Esto provoca que algunas mujeres trans se vean forzadas al trabajo sexual y a ser perfiladas por la policía como “peligrosas”, cuestión que les somete también al abuso policial y a la criminalización.

Este sistema de exclusión dificulta el acceso a un sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y supervisadas por profesionales.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. América Latina, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Día Internacional de la Memoria Trans., Organización de los Estados Americanos, Registro de Violencia, Transexuales, Transexualidad

Este acuerdo no refrenda el derecho a la adopción de parejas homosexuales. El AUC también reconoce las uniones civiles realizadas en el extranjero.

Parejas homosexuales acudieron este jueves a oficinas del Registro Civil en Chile para reservar una hora con el fin de acceder al Acuerdo de Unión Civil (AUC), una inédita medida que les permitirá legalizar su situación de pareja. El AUC, aprobado en enero de este año en el Congreso chileno, permite a las parejas del mismo o diferente sexo regular su convivencia y crea un nuevo estado civil accesible a parejas heterosexuales y homosexuales, una demanda histórica de la comunidad gay.

“Fuimos la primera pareja inscrita para el AUC en Viña del Mar (centro), la funcionaria en foto”, anunció Felipe Egido en su cuenta de Twitter este jueves, en un mensaje que aparece acompañado de una foto de su pareja y de la funcionaria del registro civil que los inscribió.

A principios de año informábamos sobre la aprobación definitiva, en el Parlamento de Chile, del Acuerdo de Unión Civil (una ley de parejas de hecho, abierta a parejas del mismo y de distinto sexo) y  en abril, de su promulgación por la presidenta Michelle Bachelet. El pasado jueves día 9, se abrió el plazo de petición de horario en todas las oficinas del Registro para las parejas que deseen celebrar su unión civil a partir del 22 de octubre. La cuenta de Twitter del MOVILH (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual) recoge solo algunos de los mensajes de celebración que han circulado (y siguen haciéndolo) en esta popular red social. Con todo, y a pesar de la lógica alegría, la comunidad LGTB continúa sin renunciar al matrimonio plenamente igualitario y a la adopción por parte de familias homoparentales. “Esperamos poder solucionarlo en el corto plazo con una ley de matrimonio igualitario”, asegura Óscar Rementería, uno de los portavoces del MOVILH.

La propia organización LGTB chilena destacaba en un tuit que no hay “nada más emocionante que ver feliz a una pareja que esperó igualdad por 30 años” y expresaba que “tarde o temprano, así es. Qué felicidad”. Precisamente, la pareja a la que se refería el MOVILH es la que podéis ver en la fotografía de arriba. Tal y como resume Rementería, esta ley es el primer reconocimiento en Chile de las uniones afectivas entre personas del mismo sexo y, además, regula aspectos fundamentales de la convivencia como algunos relacionados con derechos sanitarios, patrimoniales, de seguridad social, de herencia o de reconocimiento de estado civil específico, entre otros. Hasta la llegada de esta ley, si uno de los miembros de una pareja de hombres o de mujeres era ingresado en un hospital, por ejemplo, podía encontrarse con la amarga situación de no ser visitado en el hospital por la persona amada, en caso de tener una familia biológica homófoba que lo impidiera.

Podéis ver a continuación la entrevista que CNN Chile le realiza al activista Óscar Rementería:

A partir de las 08:30, hora local, parejas homosexuales acudieron a las salas del registro para inscribirse sin costo alguno en el AUC, y poder celebrar esta inédita unión que fue un proyecto de ley que el expresidente derechista Sebastián Piñera envió al Congreso en 2011. Cuatro años después, el AUC se aprobó bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y permitirá contraer un vínculo civil a partir de octubre.

“Es un momento histórico. El Estado por fin reconoce a las parejas que conviven“, dijo la ministra de Justicia, Javiera Blanco. El AUC permite a las parejas no casadas compartir bienes a nivel jurídico, recibir herencias y pensiones o ser carga en el sistema de salud, entre otros derechos. Este acuerdo no refrenda el derecho a la adopción de parejas homosexuales. Sin embargo, en caso de que los padres biológicos estén inhabilitados por alguna razón, el cuidado de los menores se otorgará a los convivientes si esto se considera del interés del niño. El AUC también reconoce las uniones civiles realizadas en el extranjero. Para acceder al AUC, las parejas deben cumplir requisitos como ser mayores de edad, no estar casados, contar con una libre administración de sus bienes y consentir de manera voluntaria el acuerdo en Chile, un país tradicionalmente conservador y de gran influencia de la iglesia Católica.

Como decíamos al principio de este post, la aprobación del Acuerdo de Unión Civil no significa, en absoluto, que los activistas LGTB chilenos abandonen la lucha por el matrimonio igualitario, que Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa). Aunque no queda duda, por otra parte, que este nuevo marco legal de uniones civiles allana el camino del matrimonio igualitario. En febrero  el Gobierno de Chile y el MOVILH acercaban posturas para llegar a una solución amistosa a la demanda interpuesta por este colectivo en 2012 contra el estado chileno, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), por prohibir el matrimonio igualitario.

La reciente ley de parejas de hecho o de uniones civiles incluye dos aspectos importantes: por una parte, el reconocimiento de los matrimonios LGTB contraídos fuera de Chile (MOVILH cita, por ejemplo, los celebrados en Argentina o en España) y, por otra, la posibilidad de mantener la custodia de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento o inhabilitación de los padres biológicos. No obstante, la adopción es un tema aparte. En estos momentos se está debatiendo en el Congreso Nacional su posible aprobación. El Gobierno de Bachelet es partidario de que se de luz verde a la adopción homoparental. Así lo transmitió la ministra de Justicia, Javiera Blanco, tras reunirse con el MOVILH, la principal organización LGTB de Chile.

Al igual que ocurre en países como el nuestro, con avanzadas leyes a favor de la igualdad LGTB (que no invalidan, por otra parte, la reivindicación continua por mejorar el techo legislativo), los avances políticos y legales no radican la homofobia social y las deleznables expresiones o actos motivados por el odio. Nuevamente, los ultras han utilizado las redes sociales para escupir la bilis que les genera el camino hacia una sociedad igualitaria. Por citar alguno, nos parece especialmente repugnante el tuit (ya borrado) del usuario ‘Patria y Libertad’ (sic), que decía, textualmente, lo siguiente: “púdranse con su promiscua causa gay. Que el sida los acabe a todos luego, maricones repulsivos”. Nuestra intención no es hacerle publicidad a este tipo de personajes desalmados, sino denunciar la impunidad de sus acciones y exigir responsabilidades punitivas por la incitación al odio y a la discriminación.

Otro usuario de Twitter, Tommy Malbran, se hacía eco del tuit de este sujeto radical (que se autodefine como “nacionalista, patriota anticomunista, católico-cristiano, antiaborto y siempre por la derecha”) y se lamentaba de que “esto siga ocurriendo… ¿libertad? ¿De que libertad habla?”. En realidad, conocemos bien la libertad por la que aboga este perfil de ultras: la suya, para decidir el modelo social que imponer a la ciudadanía y para someter a los que piensan o sienten de modo diferente.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara amarga

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Otro terrible crimen contra una persona LGTB ha tenido lugar en Jamaica en los pasados días. Una turba furiosa ha asesinado a un joven supuestamente homosexual a pedradas, mientras las terribles imágenes eran grabadas en vídeo. Este horrible crimen se suma a la sangrienta lista de asesinatos, linchamientos y ataques violentos que sufren los miembros de la comunidad LGTB en el país caribeño, ante la impasibilidad, cuando no la colaboración, de las autoridades. Hemos decidido no reproducir en la noticia las estremecedoras imágenes, aunque se puede acceder a ellas en la página que aquí enlazamos. Advertimos de que son terribles, y brutales e insoportables.

Dwayne Brown, un activista LGTB jamaicano que actualmente reside en el exilio en Nueva York, daba noticia del terrible vídeo, que había sido difundido en la página de Facebook del sitio de noticias caribeño On-the-ground-news. Las espantosas imágenes muestran a un joven, de entre 19 y 21, años yaciendo en el suelo, con la cabeza sobre un charco de sangre, con restos de lo que parecen cuerdas o cables alrededor de su cuerpo, mientras sus verdugos le destrozan el cráneo con grandes piedras y profieren insultos homófobos. Uno de ellos le grita repetidamente “Batty-man yuh fi dead”, una expresión jamaicana que se puede traducir como “gay, tienes que morir”.

Si por algo destaca es por su crueldad, y es que muestra a la víctima de tal forma que parece estar atada con cuerdas o cables, tendido en un charco de su propia sangre. Una gran piedra se lanza a su cabeza mientras la sangre sale a borbotones. La identidad de los verdugos y muchos otros detalles de la lapidación son todavía desconocidos. Algunos medios han informado de que la víctima era gay y que había visitado lugares de ambiente en Kingston, la capital. Informes no confirmados de otros medios sugieren que fue apedreado en Montego Bay y se cree que ha sucedido en las últimas semanas.

Brown refiere la conmoción, y el terror por sus propias vidas, que han causado estas imágenes en las personas LGTB jamaicanas. También denuncia el “mortal silencio” tanto de las autoridades como de los medios de comunicación e incluso de la propia comunidad LGTB, silencio que “fomenta y hace que proliferen este tipo de actos inhumanos contra los LGTB jamaicanos”. El activista recuerda el espantoso linchamiento de la adolescente transgénero Dwayne Jones en junio de 2013, que fue golpeada y apuñalada hasta la muerte por una multitud tras ser reconocida como mujer transexual. Desde entonces no se ha acusado ni detenido a nadie relacionado con ese asesinato.

El activista Dwayne Brown declara con indignación apenas contenida que “ya es hora de que la persecución de las personas LGBTI llegue a su fin. El silencio de nuestro gobierno, el silencio de nuestros políticos, el silencio de nuestra comunidad permite que este tipo de comportamiento continúe. Hasta que no se rompa ese silencio seguirán muriendo personas como resultado de ataques homófobos. La gente tiene que alzarse contra ello y pedir que se realice una investigación completa sobre este vídeo. Debemos tener pruebas concluyentes de quién era esta persona. El hecho de que alguien pueda ser golpeado hasta la muerte por varias personas, y no pase nada por ser lo que era es asqueroso. No es nada nuevo, pero tiene que cambiar”.

Un infierno para las personas LGTB, así se suele describir a Jamaica, y no solo por la discriminación oficial, sino sobre todo por la virulencia de su LGTBfobia social. Las relaciones homosexuales masculinas están castigadas en Jamaica con penas de hasta 10 años de cárcel, aunque apenas se hace uso de esta legislación, pero la gravedad de la existencia de esa ley empequeñece comparada con el hecho de que el acoso, la violencia y el asesinato de personas LGTB están a la orden del día.

Hemos recogido numerosos episodios de esta violencia a lo largo de los últimos años. En diciembre de 2010 era asesinado un activista gay que, según informó entonces el colectivo J-FLAG (Jamaica Forum for Lesbians, All-sexuals and Gays) había sido previamente amenazado. En junio de 2012 eran asesinados otros dos hombres gays. A finales de ese mismo año, dos jóvenes descubiertos manteniendo relaciones en los baños de la Universidad Tecnológica de Jamaica caían en manos de una muchedumbre enfurecida y uno de ellos era golpeado brutalmente por los guardas de seguridad.

En septiembre de 2013, conocimos el caso de un joven que escapó milagrosamente de un linchamiento homófobo. Tan solo dos semanas más tarde, cuatro hombres homosexuales que compartían vivienda vieron cómo un grupo de agresores le prendían fuego. Esa misma casa había sido también el último lugar en el que vivió la anteriormente citada Dwayne Jones, joven adolescente transgénero asesinada por una turba de personas que descubrió su condición.

En junio de 2014, por cierto, mientras otros lugares del mundo celebraban el Orgullo LGTB, por las calles de Kingston, la capital jamaicana, tenía lugar una manifestación homófoba, alentada por los líderes de varias iglesias de Jamaica, contra la “agenda gay” y lo que denominan “creciente amenaza de la homosexualidad”.

Esta terrible realidad ya ha sido denunciada por ejemplo por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que en un informe sobre la situación de los derechos humanos en Jamaica publicado en 2012 puso de manifiesto la vulnerabilidad de su colectivo LGTB. El informe (que se puede descargar en castellano aquí) dedicaba quince páginas a la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género (páginas 105 a 120). Como respuesta, el Gobierno de Jamaica anunció la aprobación de una normativa antidiscriminatoria contra las minorías que por el momento no se ha materializado.

Precisamente la CIDH tiene pendiente de resolución la denuncia de Gareth Henry, un activista jamaicano que obtuvo asilo político en Canadá debido a la persecución que sufría en su país debido a su orientación sexual. Henry, que fue líder de J-FLAG, vio morir asesinados a 13 de sus amigos y él mismo fue objeto de amenazas de muerte por parte de la policía

En octubre de 2014, Human Rights Watch detallaba también, en un completo documento de 86 páginas (que puedes descargar en PDF aquí) hasta 56 casos de violencia contra personas LGTB, en muchos de los cuales ni siquiera se llevó a cabo investigación policial. Denunciaron 19 víctimas, pero solo fueron tenidos en cuenta 8 casos, y de estos solo en 4 hubo detenciones. En algún caso los propios policías contribuyeron a la agresión.

El informe también recogía casos de discriminación flagrante, llevada a cabo tanto por instituciones públicas como privadas, así como la situación de personas LGTB que, repudiadas por sus propias familias, se ven obligadas a malvivir por las calles.

General, Homofobia/ Transfobia. Asesinatos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Discriminación, Dwayne Brown, Dwayne Jones, Gareth Henry, Human Rights Watch, J-FLAG, Jamaica

Cuatro años después de que diera comienzo la tramitación del actual proyecto, y once años después de que por primera vez se planteara la posibilidad, el Parlamento de Chile ha aprobado definitivamente el Acuerdo de Unión Civil, una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo y de distinto sexo. El texto definitivo -incluyendo el nombre definitivo con el que se conocerá la institución- no se ha conocido hasta estos últimos días, después de que una comisión mixta Cámara de Diputados-Senado resolviera las divergencias existentes entre los textos ya aprobados por amabas cámaras. Día histórico, sin duda, para los derechos LGTB en Chile.

Finalmente el Acuerdo de Unión Civil (tercer y definitivo nombre de la institución, tras “Acuerdo de Vida en Pareja” y “Pacto de Unión Civil”) ha sido aprobado por 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones (en el Senado) y 78 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones (en la Cámara de Diputados). El texto reconoce a las parejas unidas civilmente una parte importante de los derechos de los que disfrutan las parejas casadas (en materia patrimonial, de seguridad social, de herencia o de reconocimiento de estado civil específico) y contempla la posibilidad de mantener la custodia de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento o inhabilitación de los padres biológicos. En este sentido, se igualan jurídicamente las posibilidades a la de los ascendientes (será el juez el que deberá decidir en función de los intereses del menor).

Otro dato interesante es que, a la espera de que Chile disponga en el futuro de matrimonio igualitario, los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero serán reconocidos como uniones civiles.

La redacción final, algo diferente por tanto a la previamente aprobada por el Senado en el mes de octubre y por la Cámara de Diputados la semana pasada, satisface a los activistas LGTB que llevaban años esperando este día. “Son once años de trabajo por una legislación que reconozca a las parejas de hecho. Los heterosexuales, que por el hecho de no querer casarse fueron estigmatizadas a lo largo de nuestra historia y las homoparentales, de gais y lesbianas, porque no tenían ningún reconocimiento ni validez para la sociedad chilena. Hoy día saldamos esa deuda histórica, esa deuda de humanidad y de democracia con las familias diversas”, declaraba Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH).

“Hoy pasamos a ser parte del ordenamiento jurídico, pasamos a ser no sólo sujetos de deberes, sino también de derechos”, expresaba por su parte Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, que sin embargo lamenta el retraso en aprobar el proyecto. “Nos preocupa que estás discusiones se tomen tanto tiempo. Esta es una discusión de la dedada pasada, es una batalla cultural ya ganada y que sentimos que deberíamos estar discutiendo el matrimonio igualitario como en Argentina y Uruguay”, matizaba.

Se trata de un proyecto, recordemos, cuya tramitación se viene arrastrando desde la legislatura anterior (fue una promesa del expresidente Sebastián Piñera) y sobre el que después de las elecciones de noviembre de 2013, que renovaron tanto la Presidencia como el Congreso, existía el compromiso de finalizar con carácter de urgencia. Aún así el proceso ha vuelto a sufrir retrasos y el trámite parlamentario ha resultado especialmente laborioso (no han faltado bochornosas escenas de violencia protagonizadas por el homófobo pastor evangélico Javier Soto). Finalmente la razón se ha impuesto y el proyecto ha sido aprobado. Será ley en cuanto la presidenta, Michelle Bachelet, la promulgue, lo que se estima inminente.

La lucha por el matrimonio igualitario continuará

La aprobación del Acuerdo de Unión Civil no supone que los activistas LGTB chilenos abandonen la lucha por el matrimonio igualitario, que Michelle Bachelet prometió promover en campaña (“Matrimonio igualitario: convocaremos a un debate abierto, con participación amplia para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia”, decía literalmente su programa).

Ya en diciembre daba sus primeros pasos una iniciativa parlamentaria coordinada por diputados de la Nueva Mayoría (la amplia coalición de fuerzas políticas que sustenta al gobierno de Michelle Bachelet) con los movimientos LGTB. Ello no asegura el éxito: no son pocos los integrantes del bloque que apoya a Bachelet que en el pasado han mostrado su oposición a una ley de matrimonio igualitario (es el caso del propio presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, pero su caso no es el único). El proceso será sin duda complicado.

Todo este movimiento se da además en paralelo a la demanda contra Chile presentada en 2012 por el MOVILH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denegación del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, de la que informamos en su momento, y que es una patata caliente en manos del actual gobierno.

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