La nueva comisaria europea de Justicia y Derechos Fundamentales, Martine Reicherts, pretende lanzar un “plan de acción” para promover los derechos de la comunidad gay, lesbiana, bisexual y transexual (LGBTI) en la Unión Europea (UE).

El objetivo es definir claramente el papel y las competencias de cada institución comunitaria y nacional con respecto al tema y “enviar a la comunidad LGBTI una importante señal”.

“El plan de acción es un vehículo para llevar contenidos concretos, realistas y relevantes con proyectos y objetivos significativos”, explicó la alta funcionaria durante una conferencia de alto nivel dedicada al combate a la discriminación de ese colectivo, en Bruselas.

Reicherts recordó que el Ejecutivo europeo tiene competencias limitadas en las áreas que afectan a los derechos de las minorías, por lo que es fundamental trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos nacionales para lograr los objetivos deseados. “Ellos deberán participar en lo que pueden y deben. El área de legislación criminal es un ejemplo. Sólo podremos atajar la discriminación con éxito si las acciones a nivel europeo se complementan con iniciativas de los Estados miembros, a nivel nacional, regional y local”, sostuvo. “Si presionamos mucho, hay un riesgo real de perjudicar los intereses de aquellos que intentamos ayudar”, reconoció.

La nueva comisaria también prometió esforzarse para sacar adelante la llamada directiva horizontal antidiscriminación, que prohibe la discriminación con base en la orientación sexual en el acceso a bienes y servicios, seguridad social y educación. “Haría una gran diferencia en las vidas de las personas si elimináramos los obstáculos y rechazos que muchas personas LGBTI aún sufren, desde tener negado un tratamiento médico hasta sufrir bullying homofóbico en la escuela”, afirmó Reicherts.

Aunque algunos países europeos tienen leyes que prohiben ese tipo de actitudes, otros siguen sin posicionarse al respecto. “Eso pone a las personas LGBTI en una posición precaria que me parece profundamente injusta e intolerable”, sostuvo.

La iniciativa, que requiere la unanimidad de los Veintiocho, se encuentra bloqueada en el Consejo Europeo hace seis años debido a la oposición de algunos gobiernos conservadores. Para sacarla del punto muerto, Reicherts propone cambiar la base legal de manera que un grupo de países interesado pueda adoptar la directiva por el procedimiento de cooperación reforzada, aunque reconoce que la solución no es ideal. “Idealmente, los derechos fundamentales deberían estar garantizados para todos los ciudadanos de la UE, no solo para aquellos de determinados países”, dijo.

mrc

Fuente El Economista