El asesinato de Rosa Granados, una activista trans de 28 años, nuevamente ha levantado las alarmas en El Salvador. En un mes y tres días se reportaron cuatro crímenes contra la población trans y las organizaciones han pedido a la Fiscalía que aplique la agravación del Código Penal sobre crímenes de odio por causa de  la identidad o expresión de género. Bianka Rodríguez dijo que entregaron una correspondencia a la Presidencia de la República para que, en tres meses, reestablezca la dirección de diversidad sexual, eliminada tras la disolución de la Secretaría de Inclusión Social.

De acuerdo a fuentes policiales, Rosa fue asesinada en su casa de cuatro disparos en su cabeza. Vivía en el cantón Loma Larga, departamento de La Unión,  a 182 kilómetros al este de San Salvador. Al momento del ataque se encontraba sola y vecinos llamaron al 911, informando que en la zona se habían escuchado varios disparos. La Policía llegó y encontró el cuerpo en el suelo. En la escena se encontraron casquillos de bala calibre 9 milímetros.

Rosa integraba la organización Estrellas del Golfo y realizaba trabajo comunitario sobre la promoción de los derechos de las personas LGBTI en el oriente del país. También comercializaba productos de belleza por catálogo. Los vendía en los cantones aledaños de Loma Larga. De acuerdo a fuentes consultadas por Presentes, una hipótesis es que fue extorsionada por las pandillas que le exigían la entrega del dinero de sus ventas.

Hace un tiempo, Rosa intentó interponer la denuncia ante la fiscalía general. Pero al final desistió debido a lo engorroso que puede ser el proceso de investigación en El Salvador.

A raíz de las amenazas recibidas, unos días antes de que la asesinaran estaba pensando en emigrar por tierra hacia los Estados Unidos. Era el plan que tenían con una amiga, pero no lograron materializar su decisión.

Según la activista Bianka Rodríguez, la víctima había revertido su proceso de expresión de género como mujer trans, debido a las amenazas recibidas.  La presidenta de Comcavis dijo que desconocen quién había amenazado a Granados. “La principal causa viene siendo la impunidad y que no existen políticas de protección; en específico, en el caso de la compañera de La Unión, que fue asesinada, nos preocupa porque a pesar que ya se había acercado a las instancias pertinentes a denunciar que estaba siendo amenazada, las instituciones no le brindaron la protección específica”, dijo la activista.

Ever Daniel Pacheco, director de la organización Estrellas del Golfo, lamentan que Rosa no haya logrado huir del país: “Nos ha sorprendido y nos preocupa. Ahora fue Rosa y mañana puede ser alguien más. Hace media hora recibí la llamada de otra compañera que vive cerca de la casa de Rosa y que también está siendo amenazada”, expresó Ever a Presentes.

Cuatro transfemicidios en 40 días

Anahy Miranda Rivas de 27 años de edad fue asesinada la madrugada del domingo 27 de octubre sobre una concurrida avenida de San Salvador. El 9 de noviembre, Jade Camila Díaz, activista trans, fue encontrada muerta en el departamento de Morazán, al noreste de El Salvador. El sábado 16 de noviembre, Victoria Pineda, fue asesinada con saña en una calle del cantón Cara Sucia, departamento de Ahuachapán.

Días después, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) expresó «su repudio y profunda consternación» ante el asesinato. «Jade, junto a la organización COMCAVIS Trans, defendía incansablemente los derechos de las personas LGBTI y recientemente participó en las consultas para la construcción del capítulo nacional del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) de El Salvador», informó esa agencia.

La ACNUR llamó la atención sobre «hacer las investigaciones necesarias y evitar que presuntos crímenes de odio queden en la impunidad. Esto, según los compromisos presentados por el gobierno salvadoreño durante la reciente reunión del MIRPS en México, y en línea con los compromisos asumidos en la Declaración de la Ciudad de México”, adoptada días atrás.

Crímenes de odio siguen impunes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no se ha pronunciado por estos crímenes en contra de la población LGBTI, pese a las presiones en las redes sociales, una de las herramientas que utiliza el mandatario para informar acerca de su gobierno. Bukele, que asumió su gestión el 1 de junio, suprimió a pocas horas de iniciar su período cinco Secretarías de Estado, entre ellas la de Inclusión Social, que atendía a poblaciones vulnerables y LGBTI.

Dentro de la Secretaria de Inclusión Social se desarrolló la primera Dirección de Diversidad Sexual que promovía la erradicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la administración pública. La decisión de Bukele fue trasladarla hacia el Ministerio de Cultura la dirección de diversidad, generando el rechazo de la población LGBTI.

“Para nosotras es una alarma, no sabemos porque se están dando los móviles de estos asesinatos. Es terrible que ninguno de los órganos del Estado ha brindado ningún tipo de declaraciones. Estos asesinatos son invisibles para el Estado, porque no adopta ninguna postura”, señaló Bianka.

De acuerdo con COMCAVIS-TRANS, más de 600 asesinatos de personas LGBTI han sido registrados desde 1993 en El Salvador. En 2018, el país registró una tasa 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. En el 2019 se contabilizan ocho. Noviembre de 2019 cerró con 131 asesinatos a nivel nacional.

“Repudiamos este crimen y hacemos el llamado a las instituciones correspondientes para que no quede impune”, señaló Ever.

Fuente Agencia Presentes/El Mundo/Cristianos Gays

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Por Paula Rosales

Activistas LGBTI rechazaron el acuerdo que suscribieron los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador para convertir al país centroamericano en un “tercer país seguro” para tramitar solicitudes de asilo. Según las organizaciones de derechos humanos, en El Salvador no existen las condiciones para desarrollarlo. El acuerdo se firmó el viernes por presión del presidente estadounidense Donald Trump, después que miles de centroamericanos desbordaran la frontera sur buscando entrar al país del norte.

Karla Guevara, directora del Colectivo Alejandría, lamentó que el gobierno de El Salvador aduzca que tenga la capacidad de recibir a migrantes de diferentes países de la región y que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Considera que no se les podrá brindar las protecciones mínimas, ni proveerles empleo y ni garantías básicas de supervivencia.

“Es una situación bastante grave como pasaría en cualquiera de los países del Triángulo Norte, especialmente a las poblaciones LGBTI y que es la población que mas sufre desplazamiento forzado porque no existen condiciones sociales y económicas en nuestros países de origen”, dijo Karla Guevara a Presentes.

De acuerdo a Bianka Rodríguez, directora de la asociación trans Comcavis, este acuerdo pone en riesgo a las personas trans que sufren desplazamiento forzoso en El Salvador por causa de la violencia.

“Las personas LGBTI se verán afectadas porque desde este momento las personas LGBTI no podrán visibilizar la persecución que sufren ni la falta de garantía a sus derechos”, expresó Bianka a Presentes.

Decenas de personas de la población LGBTI salvadoreña sufren a diario amenazas, discriminación y persecución por lo que se ven obligados a emigrar irregularmente o solicitar asilo en otras naciones, principalmente en los Estados Unidos.

Bianka considera que El Salvador no tiene la capacidad para recibir a migrantes que intentan obtener asilo en Estados Unidos.

“(El Salvador) no puede solucionar la problemática de migración y de desplazamiento forzado de sus mismos ciudadanos. Es inviable que se convierta en un tercer país seguro”, expresó.

Pese a que las autoridades no dieron detalles, este acuerdo obligará a la nación centroamericana a recibir a los inmigrantes que quieran solicitar asilo en Estados Unidos.

“Parte de este acuerdo es sobre asilo. Un potencial uso del acuerdo es que las personas que cruzan por El Salvador deberían poder pedir protecciones ahí. Queremos hacer cumplir la integridad de ese proceso en toda la región pero es una parte más amplia de nuestra alianza para tratar los lujos migratorios en Centroamérica”, dijo a la prensa el secretario de Seguridad Nacional en funciones de Estados Unidos, Kevin McAleenan.

Según datos oficiales, por el territorio salvadoreño transitan ciudadanos nicaragüenses, hondureños, colombianos, venezolanos, cubanos y africanos que buscan llegar a los Estados Unidos.

Unos 17.000 salvadoreños han sido deportados desde los Estados Unidos desde octubre de 2018 hasta la fecha, según cifras del gobierno norteamericano.

“Estados Unidos es el único país que nos ofrece a la población LGBTI condiciones que no nos ofrecen nuestros países de origen”, recalcó Karla.

Por su parte Charanya Krishnaswami, directora de defensa para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos, condenó el pacto alcanzado y considera que es una “burla” del derecho de asilo.

“El Salvador tiene una de las tasas de violencia más altas del mundo, incluida la violencia de género, tan rampante que Amnistía Internacional lo declaró uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer. No es seguro para sus propios ciudadanos, y mucho menos para los solicitantes de asilo”, expresó Krishnaswami en un comunicado.

El Salvador registro una tasa de 51 por cada 100.000 en 2018, una de las más altas del mundo, según Naciones Unidas. Más de 600 mujeres trans han sido asesinadas desde 1992.

Fuente Agencia Presentes

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