La lucha a favor de los derechos LGTB en Colombia vive momentos históricos. Tras años de batallas políticas y judiciales, la Corte Constitucional de ese país parece más próxima que nunca a pronunciarse de forma clara sobre el tema. Este jueves tuvo lugar una serie de audiencias ante la Corte en la que diferentes agentes sociales y políticos, a favor y en contra, defendieron sus posiciones, y el fallo parece próximo. Merece la pena destacar, por encima de otras, la posición del propio Gobierno colombiano, abiertamente favorable al matrimonio igualitario. Tanto los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, como de Justicia, Yesid Reyes, testimoniaron a favor.

Después de una audiencia pública promovida por la Corte Constitucional en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que “no existe ningún motivo” que justifique un trato diferenciado entre parejas heterosexuales y homosexuales.

La Corte Constitucional colombiana realizó este jueves una audiencia pública para debatir el matrimonio del mismo sexo en el que se escuchó a integrantes de la comunidad LGBTI y a representantes de la Procuraduría, la Defensoría de Pueblo y el Gobierno nacional.

La audiencia sobre unión civil de las parejas del mismo sexo se realizó públicamente por solicitud de la asociación Colombia Diversa y estudió una ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.

El debate tuvo como marco la acción de tutela (recurso de amparo) que presentó el activista Luis Felipe Rodríguez Rodas contra una notaría de la ciudad de Cali (suroeste) que en 2013 negó la formalización de la unión de una pareja del mismo sexo que pidió hacerlo bajo la figura del matrimonio.

Los representantes del Gobierno de Colombia dejaron claro ante la Corte Constitucional que a su juicio no hay razones para impedir que las parejas del mismo sexo se unan en matrimonio. “Negarles el acceso a esta figura solo agravaría el déficit de protección que sufre esta comunidad”, expresó el ministro de Justicia. Para el Gobierno colombiano no hay en estos momentos otra manera de resolver la ambigua situación jurídica en que se encuentran las parejas del mismo sexo que mediante el reconocimiento expreso de su derecho a contraer matrimonio. Cualquier otra institución, a su juicio, no pondría fin a la desigualdad en lo que a derechos de pareja se refiere. El Gobierno de Colombia considera además que la Corte Constitucional puede poner fin a la controversia sin necesidad de que el Congreso legisle. Según el ministro del Interior, el alto tribunal cuenta con todas las competencias para “resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos”. Lo contrario, según el criterio del Gobierno, sería dejar estos derechos al vaivén de la coyuntura política.

En dicha audiencia, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, dijo: “Solicitamos a la Corte que permita una figura transitoria mientras el Congreso legisla”. La solicitud, expuso Rivera, “trata de dar continuidad a una decisión anterior de la Corte Constitucional, que dijo que había un déficit de derechos para las parejas del mismo sexo” y que en tal sentido instó al Congreso de la República a corregirlo. De aprobarse la propuesta, explicó, “cuando un juez o notario resuelva casar a una pareja homosexual, tendría los mismos derechos que hoy tiene una pareja heterosexual“.

Por su parte el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales “constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común”. Por lo anterior, sostuvo Reyes, ambas uniones “deben contar con los mismos instrumentos jurídicos para dotar de consecuencias legales a esa realidad social”.

No fueron, por supuesto, los únicos testimonios que se escucharon. Otras voces a favor fueron las de algunas de las parejas cuyas acciones de tutela han desembocado en este proceso, así como las de Marcela Sánchez, directora del colectivo Colombia Diversa; Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia; Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, o Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, entre otras. Voces en contra del matrimonio igualitario fueron por ejemplo la de Javier Suárez, presidente de la “Fundación Marido y Mujer”, o la de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, fiel a los postulados del procurador general Alejandro Ordóñez, rabiosamente contrario a la igualdad LGTB y principal bastión de la homofobia en Colombia.

Entretanto, en el Congreso colombiano, el partido de La U en cabeza del presidente de esa colectividad, Roy Barreras, el senador Armando Benedetti y el presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, presentaron ante el Legislativo tres proyectos de ley. El primer proyecto busca que en Colombia se permita la Unión Solemne o matrimonio para parejas del mismo sexo; el segundo, garantiza que un menor de edad pueda ser adoptado por una pareja homosexual, y el tercero, reglamenta la práctica de la eutanasia activa o pasiva.

“Es hora de que todos entendamos que no estamos peleando por los derechos LGBTI, sino que estamos buscando es demostrar que todos somos iguales ante la ley. Y que todos tengamos derechos de casarnos, buscar la felicidad, con el matrimonio. Todos tenemos los mismos derechos”, aseguró el senador Benedetti.

Por su parte el presidente de la U, Roy Barreras afirmó que el paquete de proyecto, llamado ‘Nuevos Derechos’, pretende dejar claridad jurídica frente al matrimonio homosexual o Contrato de Unión Civil Solemne.

Sobre este tema se presentaron dos proyectos con el mismo objetivo, el del senador Benedetti utiliza la palabra ‘Matrimonio’ y el del senador Barreras ‘Contrato de Unión Civil Solemne’. “En la comisión primera del senado se unificarán ambos proyectos que tienen el mismo objetivo”, explicó Roy Barreras.

Insertamos a continuación un vídeo la revista Semana con fragmentos de algunas de sus intervenciones:

Una largo proceso detrás

La decisión, imprevisible

A día de hoy la decisión de la Corte es imprevisible. La ponencia que lleva varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) es negativa. La propuesta de Pretelt rechaza autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo.

Pero ello no significa que necesariamente esa vaya a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La reciente vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente ha recuperado dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permite de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgue el sí al matrimonio igualitario por mayoría de los votos de los nueve magistrados.

Un gobierno más favorable que nunca a los derechos LGTB

El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera

Hace un año Colombia reelegía presidente a Juan Manuel Santos, tras una muy ajustada contienda electoral contra Óscar Iván Zuluaga. Santos, pese a que durante su primer mandato no se caracterizó precisamente por el apoyo expreso a sus derechos, contó en la segunda vuelta con el favor de la comunidad LGTB, que se movilizó para evitar la victoria del candidato uribista. Es justo reconocer que Santos está devolviendo aquel apoyo con una política mucho más proactiva. La posición de su gobierno ante el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, o el reciente decreto que permitirá a las personas trans rectificar sus documentos de identidad con una simple declaración ante notario, son dos buenas muestras.

Ello no basta, desde luego, para que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, pero no cabe duda de que el caldo de cultivo es diferente. No pocos analistas consideran además que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, podría pesar también en en ánimo de los magistrados colombianos. Estaremos a la espera de lo que sucede finalmente.

Fuente LimaGay.net y Dosmanzanas

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Buenas noticias las que nos llegan desde Irlanda, cuyo Parlamento ha aprobado sin controversia una ley que recoge el principio de autodeterminación de género y que permitirá a las personas transexuales ver reconocida su identidad mediante un sencillo trámite sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna. Irlanda se une así al selecto grupo de países que ya han dado un paso adelante en este sentido y deja cada vez en mayor evidencia a legislaciones como la española, que en solo unos pocos años han quedado obsoletas.

Irlanda está dando toda una lección al resto del mundo en el campo de los derechos LGTB. Tras la consecución del matrimonio igualitario mediante referéndum, llegaba la hora de proporcionar un marco jurídico digno a las personas transexuales. La primera propuesta legislativa, sin embargo, contó con el rechazo del colectivo trans. Sin embargo, el gobierno irlandés (una coalición entre el centroderechista Fine Gael y el Partido Laborista) daba una vez más muestra de su madurez y decidía tramitar un texto más progresista e inclusivo, alineado con el principio de libre determinación del género mediante autodeclaración de la persona por medio de una declaración jurada. También se eliminaba la controvertida cláusula de divorcio forzado (la versión anterior exigía que las personas solicitantes estuvieran legalmente solteras). Un giro que era aplaudido por Transgender Equality Network (TENI), la principal organización irlandesa en favor de los derechos de las personas trans.

Este 15 de julio la tramitación parlamentaria del proyecto llegaba a su fin. Ya con el visto bueno de las dos cámaras del Oireachtas (Parlamento de Irlanda), solo resta la sanción oficial del presidente de la República, Michael D. Higgins, que se producirá en próximos días, para que el texto sea ley. Culmina así una larga lucha que inició hace ya más de veinte años Lydia Foy, primera mujer trans que acudió a los tribunales irlandeses para ver reconocida su identidad de género en todos los documentos oficiales y que no ha cejado en su empeño de conseguir que Irlanda reconociese sin cortapisas este derecho.

Para TENI, la nueva ley supone un hito para la comunidad trans irlandesa. “Nuestra comunidad por fin sale de las sombras”, ha manifestado Broden Giambrone, su presidente ejecutivo. Una organización que de todas formas ya ha expresado su voluntad de seguir luchando para avanzar en un aspecto que lamentablemente deja fuera la nueva ley: el reconocimiento jurídico de la identidad de los menores trans. Y es que el principio de autodeterminación de género se contempla solo para los mayores de 18 años. Los menores de 16 a 18 años podrán modificar legalmente su identidad, pero mediante un procedimiento complejo (que sí exige valoración médica, consentimiento parental y autorización judicial) mientras que a los menores de esa edad no les quedará más remedio que esperar.

España ya se ha quedado retrasada

Con la aprobación de su nueva ley, Irlanda ha recorrido una senda que antes han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del “sexo registral” de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, acaba de dar a conocer sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales en las aulas (puedes descargar aquí el documento).

Pero no parece que estos países vayan a ser los únicos. En estas últimas semanas, de hecho, hemos visto como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia acaba de emitir un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que sería además extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un gran paso en 2007 al suprimir el proceso judicial -lo que la coloca por delante de numerosos países europeos-, ha quedado “congelado” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

Fuente Dosmanzanas

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Fiscales y policías judiciales del Caribe se reuneron con expertos en temas de investigación de violencia homofóbica, con ánimo de proponer buenas prácticas que permitan investigar de manera efectiva los casos que afectan a la comunidad LGTB.

Fueron tres días de análisis en el Taller para el fortalecimiento del acceso a la justicia penal y la investigación de casos de violencia por prejuicio sexual en el Caribe colombiano, que inicia este miércoles 8 y terminará este viernes 10 de julio.

El encuentro es promovido por Caribe Afirmativo en compañía del programa de Derechos Humanos de Usaid y la dirección de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación.

La iniciativa está planteada desde una visión teórica-práctica. Esto, para dar las herramientas necesarias que ayuden a los funcionarios públicos en la tarea de fortalecer el acceso a la justicia penal y a la investigación de casos de violencia por prejuico que a diario afectan a la población LGTB.

Por ejemplo, una de las herramientas ayudará a establecer cómo manejar, trabajar e investigar casos violentos contra personas LGTB, especialmente a la hora de determinar si la conducta se produce por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

Esto toma más importancia teniendo en cuenta que se han documentado más de cien casos de homicidios a personas LGTB en el Caribe, de los cuales 85 se encuentran en un proceso de investigación preliminar o han sido archivados. Además, los casos que ya han sido fallados, que corresponde solo a un siete por ciento, no tienen la aplicación del agravante penal por delito motivado por discriminación.

El taller se hace, ocho meses después de que el Fiscal General de Nación, Eduardo Montealegre, ordenara que un fiscal de cada seccional se debe dedicar exclusivamente a avanzar en las investigaciones de este tipo.

Fuente Caribe Afirmativo

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La ola despatologizadora de la transexualidad sigue ganando fuerza. En las últimas semanas nos hemos hecho eco de cambios normativos en ese sentido, ya adoptados o en proceso de discusión, en países muy diversos. Hoy la buena noticia nos llega desde Noruega, donde el gobierno conservador parece dispuesto no solo a poner punto final al obsoleto marco jurídico para proceder a la modificación de la mención al sexo en documentos oficiales (que en ese país exige todavía esterilización), sino que no parece tener problemas en hacer extensivo el nuevo marco legal (con ciertas limitaciones) a los menores de edad.

Noruega, un país socialmente avanzado en otros aspectos de la realidad LGTB, sigue sin embargo formando parte del aún muy numeroso grupo de países que exigen a las personas trans que quieren rectificar su sexo en documentos oficiales no solo un diagnóstico médico, sino su esterilización (requisito que por ejemplo en la vecina Suecia tumbó una resolución judicial). No ha sido hasta época muy reciente, en diciembre de 2013, cuando el Ministerio noruego de Sanidad pidió a una comisión de expertos que actualizaran las directrices. Así lo hicieron, y en abril de este año la comisión daba a conocer un informe que recomendaba al Gobierno noruego abandonar el paradigma patologizador y permitir que las personas trans puedan rectificar el sexo que consta en sus documentos oficiales mediante una simple declaración administrativa (en este enlace puedes descargar el informe. Aunque está en noruego, incorpora un resumen en inglés a partir de la página 173). El informe también incluye una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar la atención sanitaria a las personas trans, incluyendo el tratamiento hormonal en niños y adolescentes.

Este jueves era ya el propio Ministerio de Sanidad de Noruega el que adelantaba las líneas maestras de la futura reforma legal, que no solo acepta el enfoque despatologizador sino que lo hace extensivo a los menores de edad de una forma algo más ambiciosa a la que recomendaba el informe. Si la reforma sale adelante tal y como ha sido esbozada, los niños y niñas de siete años de edad en adelante podrán acogerse al cambio, siempre y cuando cuenten con el acuerdo de sus padres. A partir de los 16 años ya podrán solicitarlo por sí solos. Eso sí, la novedad se refiere solo a la modificación del sexo en documentos oficiales (de identidad, pasaporte, seguridad social, etc.). Por lo que se refiere a la cirugía de reasignación genital se mantendrá el límite legal de los 18 años para poder someterse a ella.

Una ola despatologizadora imparable

Precisamente estas últimas semanas recogíamos como los gobiernos de Chile e Irlanda preparan reformas legales en un sentido parecido. Y en Colombia el gobierno acaba de emitir un decreto en el mismo sentido. Una senda que antes han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta.

Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del “sexo registral” de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, acaba de dar a conocer hace pocos días sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales en las aulas (puedes descargar aquí el documento).

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, ha quedado “congelado” en el tiempo y todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo. Y aunque otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes.

Fuente Dosmanzanas

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Toque de atención de la Corte Constitucional de Colombia al procurador general Alejandro Ordoñez, empeñado desde hace años en una persecución sin cuartel contra cualquier tipo de avance jurídico en materia LGTB. En una decisión suave de forma pero dura de fondo, el más alto tribunal colombiano censura la actuación de Ordoñez, que en su momento ordenó a jueces y notarios de todo el país que se pusiera en su conocimiento cualquier demanda de matrimonio entre personas del mismo sexo, y le recuerda que por encima de su afán inquisitorial se encuentra el derecho a la confidencialidad y seguridad de las parejas contrayentes.

Para entender lo que está sucediendo en Colombia hay que mirar atrás unos cuantos años. En una histórica sentencia emitida en 2011, la Corte Constitucional de Colombia ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. Un plazo que venció en junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró, para intentar responder a la exigencia del tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, una institución inexistente en las leyes del país y que los colectivos LGTB rechazaron de plano. Los jueces pasaron entonces a ser la clave. Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como matrimonio. Otro juez ordenaba en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre de 2013 cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue luego restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

En octubre de ese año otra pareja celebró su matrimonio, y al igual que en el caso anterior fue anulado y luego restaurado. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la “Fundación Marido y Mujer”, una organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las del procurador general. Un tercer matrimonio, sin embargo, vio su enlace confirmado en primera y segunda instancia. Son por el momento, en nuestro conocimiento, los únicos matrimonios plenamente celebrados y reconocidos como tales, a la espera de que la Corte Constitucional (ante la que hay interpuestas ya acciones de tutela en este sentido) despeje de una vez la incertidumbre jurídica y se pronuncie de forma clara. Una decisión que lleva demorándose ya cerca de año y medio (en paralelo, la Corte Constitucional tiene encima de la mesa el debate sobre la adopción homoparental, que sigue sus propios derroteros).

La reacción del procurador general, entretanto, fue la de presionar a sus funcionarios para intervenir en todos los procesos judiciales que se suscitasen con motivo de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional, interponer todas las acciones y recursos judiciales disponibles así como requerir semanalmente información sobre el número de solicitudes de matrimonio entre personas del mismo sexo presentadas ante las oficinas de reparto, centros de servicios judiciales o administrativos y juzgados civiles municipales. Algo que ya en su momento fue considerado una extralimitación de sus funciones y un atentado contra la independencia de jueces y notarios. En todo este tiempo, además, Ordoñez ha seguido haciendo uso de la institución para oponerse a cualquier otro tipo de avance en materia LGTB en Colombia.

Una actitud, la del procurador, que acabó finalmente siendo examinada por la Corte Constitucional gracias a una acción de tutela presentada por una pareja de lesbianas que consideraron que sus instrucciones de Ordoñez atentaban contra su derecho a la privacidad, y que ha sido estimada por el alto tribunal. Reproducimos la comunicación de la decisión tal y como la refleja el boletín de tutela de la Corte con fecha 18 de junio:

La Sala Primera de Revisión, integrada por la Magistrada María Victoria Calle Correa y los Magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Mauricio González Cuervo, conoció el caso de una mujer quien, actuando en nombre propio y como agente oficiosa de su pareja del mismo sexo, interpuso acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la privacidad y al habeas data. La pareja de mujeres habría presentado solicitud de matrimonio civil con fundamento en la sentencia C-577 de 2011 (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en la cual esta Corporación declaró exequible la expresión “un hombre y una mujer” contenida en el artículo 113 del Código Civil y exhortó al Congreso de la República a legislar de forma “sistemática y organizada sobre los derechos de las parejas del mismo sexo con la finalidad de eliminar el déficit de protección” que estas afrontan, antes del veinte (20) de junio de dos mil trece (2013). Si el Congreso no regulaba la materia dentro del plazo establecido, la Sala Plena de la Corporación señaló que “las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.

Luego de celebrada la ceremonia de matrimonio de la pareja tutelante, la Procuraduría General de la Nación expidió la Circular 013 de dos mil trece (2013), que establece “Directrices, recomendaciones y peticiones en relación con el resuelve quinto de la sentencia C-577 de 2011”, con fundamento en la cual la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles solicitó a los procuradores regionales y provinciales remitirle de forma semanal información respecto al número de solicitudes de matrimonio presentadas, el número de solicitudes de uniones contractuales elevadas, y copia de cada una de las solicitudes de matrimonio y unión solemne. Información similar habría sido solicitada por la Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia. A juicio de la actora, las acciones de la Procuraduría General de la Nación constituían una intromisión arbitraria en la intimidad de las parejas, en especial en relación con informaciones que a su juicio dan cuenta de “datos sensibles”.

La Sala Primera de Revisión, con salvamento de voto del Magistrado Mauricio González Cuervo y Aclaración de Voto de la Magistrada Maria Victoria Calle Correa, señaló que si bien la Procuraduría podía recolectar la información, no podía utilizarla para “(…) imponer por vía general una determinada lectura de la manera en que notarios y jueces deben cumplir con lo ordenado en el resolutivo 5º de la Sentencia C-577 de 2011”. En consecuencia, tuteló los derechos al habeas data, a la intimidad, a la no discriminación y al acceso a la justicia de la accionante y advirtió a la Procuraduría General de la Nación que debe tomar “las medidas adecuadas y necesarias para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los nombres de la accionante y su pareja”, así como definir las condiciones de tratamiento de base de datos en la que aquellas fueron incluidas.

No se trata por cierto del primer toque de atención que la Corte Constitucional da a Alejandro Ordoñez por su homofobia. En julio de 2013 el entonces presidente de la Corte emitió un comunicado en el que recordaba al procurador su deber de obedecer sus resoluciones, después de que este acusara al tribunal de “invadir las funciones del legislador” y presionase a los jueces para que se abstuviesen de celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo.

Os dejamos con la opinión del abogado y activista colombiano Germán Rincón Perfetti sobre la decisión de la Corte en declaraciones a Canal Capital:

Fuente Dosmanzanas

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Foto: Paula Thomas

Alrededor del 50% de los homicidios perpetrados en contra de la comunidad LGBTI tiene como víctimas a mujeres transgénero. Revista FUCSIA entrevistó a cuatro luchadoras que han logrado ser ejemplo de su comunidad.

Basta con que una mujer transgénero que trabaje en la Zona de Tolerancia, ubicada en el barrio Santafé de Bogotá, camine una cuadra más allá de su lugar de confort para que sea amenazada a muerte por los jíbaros y miembros de bandas criminales que controlan el barrio a baja voz.

Basta con que decida, una noche cualquiera, quizá buscando mejores clientes, ir más allá de la frontera invisible que existe entre las calles 19 y 22 –donde aquellos que mandan les han permitido ubicarse y adonde no llegan las ‘gallinas’, que son las mujeres uterovaginales– para que sea baleada o amenazada con panfletos que en la madrugada pasarán bajo su puerta.

Santafé es, paradójicamente, el lugar donde las transgénero dicen sentirse de verdad libres: no en vano es en ese barrio de pocas cuadras adonde migran –desde cualquier lugar de Colombia– en busca de trabajo, aceptación, y con la intención de conformar grupos que con el tiempo se transformarán en familias sociales.

Lulú, de 28 años y Coqueta de 55 años. Foto: Paula Thomas

Llegan con nombres distintos a los de su nacimiento; en su maleta traen maquillaje barato y vestidos que fueron comprando con el tiempo y que por fin, con tranquilidad, podrán lucir.

Ahora, y sin tener los ojos de sus familiares en la nuca, tienen la intención de tomar hormonas, practicarse cirugías, aplicarse, así sea, silicona industrial con tal de verse femeninas –aunque este procedimiento pueda causarles graves infecciones, el dinero sea escaso y el Plan Obligatorio de Salud no reconozaca la transformación de este grupo poblacional–.

Quieren reinventarse; olvidar así su primera identidad. Una que no iba ligada con su deseo. Esta transformación, sin embargo, implica una alta posibilidad de peligro, y no solo en lo que concierne a su salud. Se estima que alrededor del 50% de los asesinatos contra la población LGBTI –164 entre 2013 y 2014, según nuevas cifras de Colombia Diversa que serán presentadas el 11 de junio– se cometieron contra mujeres transgénero.

Este panorama es tenebroso. Pero no ha logrado amedrentar a estas mujeres, no las ha limitado, y muestra de ello son cuatro valientes que entrevistamos en la Revista FUCSIA: Coqueta, de 55 años, Katalina, de 29, Lulú, de 28, y Stephanye, de 18.

Las cuatro huyeron de sus hogares antes de cumplir la mayoría de edad para poder transformarse tranquilamente. Las cuatro han sido señaladas en la calle, en cualquier esquina, por lo que reclaman no ser visibles.

“La gente fija la mirada, imprudentemente, y yo solo quiero ser invisible, ser parte de la sociedad sin ser vista, burlada, señalada, juzgada. El problema es que la gente no entiende cómo se construye una persona transgénero. No entienden que hay otras formas de ser mujer y de ser hombre: que hay mujeres con pene y hay hombres con vagina”, dijo Lulú. Las cuatro han vivido y se han transformado en Santafé: un lugar que consideran de apertura mental, aunque sea muy pequeño para sus expectativas a futuro.

Todas forman parte de la Red Somos y la Red Comunitaria Trans, en donde, con trabajos en técnicas de salud sexual y reproductiva, han alcanzado un sueldo digno que les ha permitido salir del estereotipo según el cual estas mujeres solo pueden ser peluqueras o prostitutas.

Aun así, todas han conocido las drogas, la violencia judicial, la prostitución, menos Stephanye, quien, por ser la más joven, ha crecido en un entorno donde las organizaciones civiles le brindan posibilidades distintas. Esto, sin embargo, no la blinda: “Tengo miedo del futuro. Miedo de que sufra tantas agresiones que yo misma termine volviéndome amenazadora y violenta. Llevo dos meses en Bogotá. He pasado un sinnúmero de hojas de vida en barrios distintos y nadie me da trabajo por mi condición. Mientras piensan que soy, naturalmente, mujer, me entrevistan. Apenas muestro mi cédula, donde dice que mi género es masculino, me cierran las puertas“.

Una de ellas, Katalina, fue la primera transgénero en estar en una cárcel de hombres en La Picota. Otra, mientras trabajaba en los años noventa, vio a cuatro amigas morir en Santafé: “Fueron baleadas”, dice Coqueta. Lulú,

de niña, jugaba con los vestidos de primera comunión de sus hermanas y sentía que su único consuelo era el espejo, cuando, con el pintalabios de su madre, se ponía algo de color. Todas, con el tiempo y mucho después de huir de casa, fueron aceptadas por sus madres biológicas. Pero, en sus cédulas, ninguna es identificada como mujer. Esto significa que, si llegan a morir, si llegan a estar en esa lista de mujeres transgénero que año tras año son asesinadas, deberán ser enterradas como hombres. Con otras inconveniencias.

Stephanye, de 18 años. Foto: Paula Thomas

De los 164 casos de homicidio señalados por Colombia Diversa –de ellos, dos de las víctimas eran lesbianas, dos homosexuales, y el resto, probablemente, transgénero– solo seis recibieron sentencias condenatorias.

Los demás casos o bien han quedado impunes o bien siguen abiertos; a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, organización que, desde que el fiscal Eduardo Montealegre entró en mando, asumió una lucha total contra la discriminación de las personas LGBTI.

Con la idea de que la identidad de género y la orientación sexual son parte esencial de la personalidad, la organización abrió en 2014 la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, que a su vez creó un equipo orientado en géneros y enfoque diferencial.

“La Fiscalía ahora contempla los homicidios hacia la población LGBTI como un agravante, ya que son asesinatos que se hacen por prejuicio. Nuestro personal entiende que la sexualidad es parte del derecho a la dignidad”, dijo la fiscal María Cecilia Córdoba. Para esto, se entrenaron a 35 fiscales, quienes hoy tienen entre sus manos 267 casos activos de agresión o asesinato, de los cuales 18 están actualmente en juicio.

La mayoría de los casos involucra a una mujer transgénero. La respuesta al porqué parece ser algo compleja: “Los cuerpos transgénero incitan una especie de pánico, ya que van en contra del orden social establecido, y del binarismo hombre-mujer”, dice María Mercedes Gómez, coordinadora de Latinoamérica y el Caribe para el International Gay and Lesbian Human Rights Commission. El perpetrador, entonces, empoderado y con sentido de derecho y de deber, apunta siempre a destruir el cuerpo de la víctima, que es el que lo hace cuestionar su individualidad.

“La persona que se percibe como transgénero lo que muestra es que la asignación de los sexos no es irrevocable. De ahí surge el miedo del perpetrador: los cuerpos transgénero revelan que aquello que consideran tan universal, certero y necesario, como el género, puede ser susceptible al cambio, a la indeterminación. La víctima no hace nada para ser agredida, es el perpetrador que, desde su mirada, la sataniza, la vuelve estereotipo”, explica Gómez.

Según Alejandro Lanz, de Colombia Diversa, las víctimas usualmente son atacadas en las partes que las identifican como mujeres –los senos, los glúteos, el pelo largo–. Cuando se usa arma blanca, no son apuñaladas una vez, sino un sinnúmero de ellas, con el único propósito de destruir o cicatrizar el cuerpo.

Una vez llegan esos cuerpos a Medicina Legal no los identifican como femeninos, sino como masculinos, por lo cual se hace difícil que la familia social que crearon en Bogotá las identifique –ya que no cuentan con su nombre de registro–, y que se tenga claridad sobre el número exacto de homicidios en contra de este grupo poblacional.

De las mujeres a las que entrevistamos, la mayor de ellas, Coqueta, está repleta de cicatrices. Las tiene en brazos y piernas, en el abdomen y en la cara. “Son la muestra de que he resistido –dice riendo, porque todas estas mujeres ríen, a pesar de la vida que han llevado–. He sobrevivido porque he querido superarme. Ya era una mujer trans cuando estudié el bachillerato, tenía alrededor de cuarenta años”.

En su día a día, Katalina, Lulú, Coqueta y Stephanye caminan las peligrosas calles de Santafé, no para buscar clientes, sino para repartir condones, tomar pruebas de sangre a sus compañeras y verificar que no tengan una enfermedad de transmisión sexual; también para alentarlas a que se inscriban en diversos programas creados para ellas por el SENA y la Alcaldía a través de Bogotá Humana.

En las noches, incluso, cuidan que aquellas que se están prostituyendo no estén pasando frío. La única para la que Santafé es un lugar desconocido es Stephanye, quien acaba de llegar de Buenaventura después de ser amenazada por su identidad de género –bandas criminales le dijeron que iban a matarla en una casa de pique si no se iba–. Ella es solo una de las casi 150 personas de este grupo poblacional que han sido desplazadas a causa del conflicto armado, según cifras de la Fiscalía.

Pero no solo los grupos armados y las bandas criminales agreden a la población LGBTI. También la Policía. Así, de los 79 casos de abuso policial que logró identificar Colombia Diversa en 2013 contra la población LGBTI, más del 50% fue en contra de mujeres transgénero.

“Es común que los policías lo cojan a uno de parche –dice Katalina–. Si una mujer transgénero denuncia que es violada, ellos se ríen y le dan paso libre al victimario. Si uno llega a denunciar maltrato, es común que uno le diga al otro: ‘Mira, aquí te traje a tu mujer’. Por eso no denunciamos, y sin denuncias los casos quedan impunes“.

El problema de la impunidad reside, también, en que los agresores sienten –de parte del Estado– un permiso para ejercer limpieza social. Y es que en parte, como sociedad, sí tenemos la culpa: el simple hecho de que no haya registros de cuántas mujeres transgénero hay en Colombia, porque su cédula siempre dirá que son de género masculino, habla de una tendencia hacia la vergüenza y el ocultamiento.

Lo realmente valiente y hermoso de mujeres como Lulú, Katalina, Stephanye y Coqueta no es solo que hayan logrado sobrevivir, sino cómo lo han hecho. Han vivido, felices y en el amor, a pesar de ser materia de agresiones constantes.

Cuidan a sus pares, incluso en las cárceles, ya que ellas mismas han ideado un programa para visitar a las mujeres transgénero que se encuentran en penitenciarías masculinas. Como sociedad, sí, las hemos restringido, dándoles un permiso tácito para que se muevan en un lugar al que le hemos puesto un nombre, en teoría, compasivo: Zona de Tolerancia. Este nombre, sin embargo, es contrario a un sustantivo como “compasión”. Pero, si a pesar de esta restricción estas mujeres han demostrado suficiente poder para ser libres y actuar a favor de sus derechos, imaginémonos lo que podrían hacer si las dejamos ejercer su voluntad. Es hora, entonces, de abrirles paso.

Fuente Fucsia.com

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Lanz, Bogotá Humana, Colombia, Colombia Diversa, Eduardo Montealegre, ILGA, María Cecilia Córdoba, María Mercedes Gómez, Red Comunitaria Trans, Red Somos, SENA, Transexual, Transexualidad, Transgénero, Zona de Tolerancia

Tomada de internet | Claudia López y Angélica Lozano pertenecen al centroizquierdista partido Alianza Verde

Rafael Croda/

Proceso | Domingo 14 Junio 2015 | 21:04 hrs

Las congresistas Claudia López y Angélica Lozano tienen una larga lista de características que en el último año las han vuelto referentes obligados del escenario político colombiano: son opositoras, punzantes, izquierdistas en un país donde el progresismo está satanizado por amplios segmentos sociales y ambas son muy competentes en el debate legislativo.

El hecho de que tengan una relación sentimental y de que la hayan asumido en público, junto con su condición de lesbianas, no debería ser un tema político. Pero lo es. Sus adversarios encontraron en ese aspecto de su vida privada un flanco para atacarlas. Incluso, para pedir a la justicia la pérdida de su investidura como congresistas.

Claudia es senadora. Angélica representante (diputada). Y las dos pertenecen al centroizquierdista partido Alianza Verde, que respalda al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, pero en todo lo demás ejerce un papel opositor y de fiscalización a los poderes y funcionarios públicos.

Angélica ha estado en el ojo del huracán en los últimos días por una controversia con el poderoso ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez, a quien acusó de alterar a última hora una iniciativa de ley para entregar a los presidentes de las Altas Cortes (la Suprema de Justicia, la Constitucional y el Consejo de Estado) el manejo presupuestal del Poder Judicial a cambio de que éstos lo elijan fiscal general de la nación.

En un duro debate en el Congreso, la representante reveló que Martínez se había reunido con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leónidas Bustos, para fraguar ese intercambio de favores. El llamado “superministro” lo negó, pero luego debió aceptar que esa cita sí se produjo.

Lozano, abogada por la Universidad de La Sabana, manejada por el Opus Dei, está habituada a las inclemencias del debate político desde la orilla de las minorías. En esa conservadora casa de estudios tenía fama de izquierdista. Y ha sido una activa defensora de los derechos humanos y de la diversidad sexual, lo que le ha valido descalificaciones, mofas y maltratos físicos. Ella se asumió hace una década como bisexual y desde entonces ha dado la cara como tal. “Nunca he necesitado salir del clóset porque siempre he estado afuera”, dice la legisladora a Proceso.

Su novia Claudia López, por su parte, fue la senadora que más votos obtuvo en los comicios de 2014, en los cuales inauguró su participación en política. Ella es una académica y analista de temas de seguridad que cobró notoriedad nacional en 2005, cuando sus investigaciones sobre el paramilitarismo develaron una alianza entre esos grupos ilegales y dirigentes políticos de primer nivel.

Sus revelaciones llevaron a la justicia a procesar a 199 congresistas por sus vínculos con grupos narcoparamilitares. De ellos, 43 han recibido condenas por delitos que van desde homicidio, tortura y secuestro, hasta desaparición forzada, y el resto se encuentra bajo juicio o en etapa de instrucción judicial.

Además, 355 funcionarios públicos, entre ellos alcaldes y gobernadores, están sentenciados o sometidos a juicio. Este escándalo, que se conoce en Colombia como la “parapolítica”, ha tocado a cercanos excolaboradores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien Claudia llamó “sanguijuela” en una sesión del Congreso.

Las investigaciones de la senadora le han generado decenas de enemigos ligados a estructuras mafiosas. Se trata de políticos acusados de mandar asesinar a sus adversarios y de capos de bandas criminales para quienes la ejecución de sus enemigos es parte del negocio.

La combativa congresista es objetivo militar del ex gobernador de La Guajira, Francisco Kiko Gómez, quien está detenido como autor de varios homicidios, y del cómplice de éste, el narcotraficante Marcos Figueroa, Marquitos, capturado en octubre pasado en Brasil.

Los riesgos de que asesinen a Claudia son tan extremos, que cuatro de sus más de 10 escoltas la deben custodiar incluso en el interior del Congreso, donde nunca se mueve sin ellos por los pasillos. Algunos de sus colegas senadores han estado involucrados en las amenazas en su contra y la legisladora sabe que uno de ellos llegó a pagar para matarla. Ella señala que no quiere toparse con él sin protección en algún corredor del recinto legislativo.

La demanda

En estos días, las dos congresistas han debido distraerse de sus funciones legislativas para acudir a los tribunales a defenderse de una demanda presentada en su contra por el abogado y miembro de una Iglesia evangélica, Víctor Velásquez, quien solicitó al Consejo de Estado despojarlas de sus investiduras como parlamentarias por el hecho de ser pareja y vivir, según el alegato, en “unión permanente”.

Velásquez, quien ha sido dos veces senador al relevar a copartidarios suyos despojados de su curul por cargos de “parapolítica”, argumenta que Lozano y López violaron una ley que prohíbe presentarse a elecciones legislativas a las parejas vinculadas por matrimonio o unión permanente si son postuladas por el mismo partido en los mismos comicios.

López asegura que entiende “el odio, discriminación y desprecio que le inspiro a Velásquez, pero la ley no está hecha para ejercer las animadversiones personales. Yo soy una mujer feliz, estoy felizmente enamorada de una mujer maravillosa y soy felizmente soltera”.

De acuerdo con la senadora, la demanda de Velásquez “y los que están atrás no responde a que están preocupados por el cumplimiento de la ley, sino que quieren destruirme por ser quien soy, por mis denuncias y las condenas de la ‘parapolítica’”.

Para la politóloga de 44 años, los adversarios de ella y su pareja “pretenden, con una demanda infundada y temeraria, hostigarnos por nuestras opiniones y orientación sexual”.

¿Quiénes son?

Claudia López

• Senadora, académica y analista

• Cobró notoriedad nacional en 2005, cuando sus investigaciones sobre el paramilitarismo develaron una alianza entre esos grupos ilegales y dirigentes políticos de primer nivel

• Debido a amenazas de muerte en su contra, siempre va con 10 escoltas incluso en el interior del Congreso

Angélica Lozano

• Diputada y abogada

• Activa defensora de los derechos humanos y de la diversidad sexual, lo que le ha valido descalificaciones, mofas y maltratos físicos

• Ventiló la alteración de una iniciativa de ley para entregar a los presidentes de las Altas Cortes el manejo presupuestal del Poder Judicial a cambio de que éstos eligieran como fiscal general al ministro Néstor H. Martínez

Fuente El Diario

General, Historia LGTBI Alianza Verde, Álvaro Uribe Vélez, Angélica Lozano, Claudia López, Colombia, Francisco Kiko Gómez, Iglesias Evangélicas, Juan Manuel Santos, La Guajira, Leónidas Bustos, Lesbianas, lesbianismo, Matrimonio igualitario, Néstor Humberto Martínez, Víctor Velásquez

Según el informe “Cuando la guerra se va, la vida toma su lugar” elaborado por Colombia Diversa, la cifra de homicidios contra esa comunidad ha ido disminuyendo desde 2010, cuando se registraron 172 casos.

En 106 de los homicidios se desconoce la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

Al menos 164 integrantes de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales) fueron asesinados en Colombia entre 2013 y 2014, reveló este jueves la ONG Colombia Diversa, según la cual si bien esta estadística viene bajando desde 2010 aún se mantiene la “discriminación y violencia por prejuicio“.

En 2011 se reportaron 119 asesinatos y un año más tarde se denunciaron 98 crímenes, lo que representa 217 casos en estos dos años. La investigación (que puedes descargar aquí) detalló que en 2013 la cifra de homicidios bajó a 83 casos y un año después se tuvo conocimiento de 81 muertes.

“Esto no quiere decir que hoy exista menos discriminación y violencia por prejuicio hacia las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas“, indicó la ONG, que atribuyó la disminución de los asesinatos al descenso en las cifras globales de homicidios en Colombia.

En los últimos dos años la mayor cantidad de homicidios en la comunidad LGBT se registró en el departamento de Antioquia (noroeste), donde se denunciaron 23 crímenes en 2013 y 28 en 2014. También fue especialmente violento el departamento de Valle del Cauca (suroeste), con 19 asesinatos en 2013 y 13 en 2014.

El mayor número de víctimas correspondió a mujeres transexuales (37 del total), seguidas de gais (17), mientras que en 106 de los homicidios se desconoce la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

“Así como los índices de homicidios y violencia son mayores entre las mujeres trans y los hombres gay, también parecen serlo entre las personas LGBT en situaciones de vulnerabilidad socio-económica por su posición de clase, su ocupación, su origen étnico-racial o por la residencia en zonas de conflicto“, precisa el informe.

El documento repasa, además, los casos de violencia policial hacia la comunidad homosexual, que pasaron de 79 episodios en 2013 a 143 el año pasado. En ambos años la mayoría de agresiones fue contra mujeres transexuales (45 en 2013 y 65 en 2014). Durante ese periodo aumentó la violencia contra las lesbianas, que pasó de 7 casos en 2013 a 28 un año más tarde.

Con respecto a las amenazas contra integrantes de la comunidad LGBT, en 2014 se registraron 22 frente a las 32 de las que se tuvo constancia un año anterior. Del total de advertencias registradas en ambos años, el 55,5 % correspondió a panfletos y el 22,2 % se hizo a través de medios físicos o electrónicos.

Colombia Diversa cuestionó la impunidad que rodea los casos de violencia hacia el colectivo de LGBT al puntualizar que entre 2013 y 2014 “solo se tuvo conocimiento de cinco condenas en casos de homicidios” de miembros de esta comunidad.

El documento de la ONG fue elaborado a partir de los registros disponibles de homicidios de personas LGBT entre el 2013 y el 2014 en instituciones estatales, prensa y sociedad civil.

Fuente Colombia Diversa

General, Homofobia/ Transfobia. Colombia, Colombia Diversa, Valle del Cauca

La ola despatologizadora de la transexualidad avanza con fuerza inusitada. Ahora es el gobierno de Colombia el que ha emitido un decreto (que puedes descargar aquí) que simplifica sobremanera el procedimiento para proceder a la rectificación del sexo en los documentos oficiales, para la que a partir de ahora bastará un mero trámite notarial similar al que se sigue cuando cualquier persona desea modificar su nombre. El decreto se alinea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en el mismo sentido.

Lo explica muy bien el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en una entrevista al diario El Espectador. “Antes, las personas que querían corregir el género que figura en sus documentos debían someterse a un proceso lento y engorroso que vulneraba sus derechos a la de dignidad humana y libertad de identidad sexual. Ahora podrán materializar sus solicitudes, de manera ágil y rápida, mediante una sencilla escritura pública”, ha declarado. Esta escritura pública consiste en un documento expedido por un notario que simplemente da fe de la voluntad de una persona de querer modificar el sexo que figura en su cédula de identidad y en otros documentos oficiales. Una vez hecho ese trámite las personas interesadas podrán acudir a la Registraduría para que les expidan una nueva cédula de acuerdo con lo consignado en la escritura pública.

Se elimina así la obligatoriedad de someterse a un proceso judicial, en el que los jueces podían solicitar desde exámenes físicos para determinar si las personas solicitantes se habían sometido a un proceso de reasignación hasta evaluaciones psiquiátricas. En palabras del ministro de Justicia, “ambas pruebas eran profundamente invasivas del derecho de intimidad y partían de un prejuicio inadmisible. La construcción de la identidad sexual y de género es un asunto que no depende de la biología: va mucho más allá y es lo que estamos reconociendo en el Decreto 1227 de 2015″. Pero no solo se suprime el proceso judicial: ni siquiera será necesario aportar documentos médicos o psicológicos que certifiquen un diagnóstico de “disforia de género”. “Lo que hace este decreto es, precisamente, reconocer que la identidad de género es algo que cada persona construye. Y, por tanto, no puede ser certificada por un tercero. Debe quedar claro: la única prueba que se puede exigir en estos casos es una declaración juramentada y punto”, asegura el ministro Reyes.

La decisión del gobierno de Colombia está en línea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de ese país (la T-063/2015) sobre el caso de Sara Valentina López, una mujer transgénero a la que se negó la posibilidad de rectificar su sexo registral sin contar con el visto buen de un juez. El alto tribunal determinó que exigir trámites judiciales para modificar la variable “sexo” en los documentos de identidad atenta contra los derechos fundamentales de identidad y libertad sexuales, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, intimidad e igualdad. La Corte Constitucional consideró además que suponía un trato desigual con relación a la población cisgénero, en tanto esta sí podía acudir al trámite notarial cuando se consignaba un error en sus documentos registrales.

Sobre la posibilidad de que un notario se niegue a expedir la correspondiente escritura arguyendo motivos religiosos o de conciencia, el ministro de Justicia es contundente. “Colombia es, constitucionalmente, un Estado laico. En consecuencia, las personas que ejerzan la función pública tienen el deber de actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Cada persona es libre de abrazar sus propias convicciones religiosas y de ordenar su vida privada conforme a ellas pero cuando ejerce funciones públicas está obligada a comportarse según las normas legales y constitucionales. Por eso confío en que los notarios, conscientes de estos parámetros, cumplirán con su deber de respetar lo que se dispone en este decreto. Sin embargo, si llegare a presentarse algún caso, el afectado puede recurrir a la acción de tutela”, ha declarado Reyes.

El propio ministro de Justicia solemnizaba este martes 9 de junio la entrada en vigor del decreto recordando una cita del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez: “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”.  En el mismo acto, celebrado en la notaría 65 de Bogotá, cinco hombres y cinco mujeres eran los primeros en hacer uso de la nueva norma. “Hoy, por primera vez, cinco mujeres y cinco hombres trans podrán modificar su componente sexo con un trámite ágil y expedito. Hoy, por primera vez, un notario expedirá una escritura pública para modificar el género de los documentos de identidad de estas valerosas personas. Hoy, por primera vez, las normas que regulan el Estado Civil se aplicarán para garantizar la justicia material a la población transgénero. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se les cumple la promesa a diez ciudadanos a vivir legalmente de acuerdo con su proceso de transformación y construcción personal, como diría nuestro Nobel”, expresaba el ministro (puedes leer su discurso íntegro en la web del colectivo Colombia Diversa).

Colombia se suma a la ola despatologizadora

Precisamente esta semana recogíamos como el gobierno de Irlanda proponía una reforma legal en un sentido similar al del decreto colombiano. Una senda que ya han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta, que no abordan el cambio de identidad de género como una patología.  Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo.

Y aunque es cierto que otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. La actualización de la norma estatal no puede retrasarse y los colectivos LGTB deben asumirla como reivindicación prioritaria.

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Este evento llega a Colombia en un momento donde la población LGBTI se encuentra en lo más alto de la escala social, según la organización.

El ‘Milk Fest‘, festival creado en honor al político y activista Harvey Milk (1930 – 1978), el hombre que decidió luchar por el derecho a la libertad de género y la integridad social de las personas, se celebrará en la capital en el marco de la semana del Orgullo Gay que año tras año se toma las diferentes ciudades del mundo para reconocer y festejar nuestra diversidad de género.

El evento, que se desarrollará del 22 al 29 de junio, contará con cuatro universos artísticos, donde la identidad de género será representada en su totalidad.

El primero de estos espacios es el “Milk Art”, que contará con exposiciones y muestras de arte que pretenden generar apoyo a la construcción de la identidad del individuo; el segundo es el “Milk Screen”, donde se proyectarán películas y cortos que hablan de la diversidad del ser; el tercero de estos espacios es el “Milk Sound”, el cual tendrá festejos por diferentes puntos de Bogotá; y por último pero no menos importante, el “Milk Education”, donde habrá charlas acerca del género y la identidad sexual.

Según recoge la organización en un comunicado, este evento llega a Colombia en un momento donde la población LGBTI se encuentra en lo más alto de la escala social, ocupando roles de máxima importancia en las discusiones económicas y políticas a nivel mundial.

Fuente Cáscara Amarga

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Finalmente la Fiscalía de Colombia ha imputado a tres directivas del colegio Gimnasio Castillo Campestre por el acoso homofóbico sufrido por Sergio Urrego, el adolescente que se quitó la vida en 2014. El calvario de Urrego, falsamente acusado de acosar a un compañero, comenzó después de que un profesor descubriera en el teléfono móvil del chico una fotografía en la que se besaba con su novio. En una decisión histórica, la justicia ha decretado prisión para dos de las imputadas.

En Cristianos Gays hemos seguido de cerca el caso de Sergio Urrego, adolescente gay, ateo y anarquista, además de brillante estudiante, que cursaba bachillerato en el colegio Gimnasio Castillo Campestre, un centro privado y de orientación católica de Bogotá. El 4 de agosto de 2014 Sergio decidió quitarse la vida lanzándose desde la terraza de un centro comercial tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno después de que un profesor descubriera en su móvil una foto en la que ambos aparecían besándose. En ese momento, el centro acusó a los dos jóvenes de haber cometido una falta grave, porque el manual de convivencia decía que estaban prohibidas “las manifestaciones de amor obscenas, grotescas o vulgares en las relaciones de pareja dentro y fuera de la institución” y que estas relaciones debían ser autorizadas por los padres. Por ello, la psicóloga del centro obligó a ambos adolescentes a contar lo sucedido a sus progenitores.

Los padres de Sergio reaccionaron positivamente, pero los del otro joven aislaron a su hijo y le impidieron seguir acudiendo a clase. La madre de Sergio mantuvo entonces una reunión con la rectora Amanda Azucena Castillo, quien le dijo que su hijo no podía volver. Alba Reyes decidió presentar una queja por la discriminación a la que su hijo se estaba viendo sometido. Poco después, la dirección del centro se defendía alegando que el motivo por el cual Sergio no podía volver era porque existía una queja por acoso sexual contra él, algo que el joven negó sorprendido y ante lo que el centro nunca presentó prueba alguna. La familia de Sergio llegó a aportar además, a requerimiento del centro, un certificado de acompañamiento psicológico según el cual el joven no tenía problema alguno, pese a lo cual se le negó el poder reanudar sus clases y terminar el curso. Finalmente, los padres del novio de Sergio interpusieron una demanda por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven, que se quitó la vida después de dejar varias notas que probaban su inocencia.

Durante todo este tiempo se han sucedido las noticias relacionadas con el caso, como la sorprendente revocación del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en primera instancia reconoció la discriminación sufrida por Urrego o la sanción impuesta al colegio por las autoridades educativas. Pero en paralelo al proceso administrativo, la Fiscalía ha investigado lo ocurrido. No ha sido sin embargo hasta la semana pasada, después de varios intentos fallidos por dilaciones de las acusadas -ya en noviembre pasado se adelantaba la imputación de Amanda Azucena Castillo, rectora del centro, y a Ivón Andrea Cheque, la psicóloga- que ha tenido lugar la audiencia en la que la Fiscalía ha imputado a Castillo, a Cheque y a Rosalía Ramírez, veedora del colegio, por los delitos de discriminación agravada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y falsa denuncia.

Y es que el que fuera novio de Sergio apareció además para declararse víctima en el proceso y denunciar que hubo presión a su familia por parte de la rectora para denunciar a Urrego. También varios compañeros de clase dieron versión a la Fiscalía en la que se evidencia que las directivas del colegio denigraron a Urrego por su condición de homosexual y de ateo, llegando incluso a prohibirles faltar a clase para acudir a su funeral. La Fiscalía afirma de hecho contar con más de 43 pruebas que indicarían que hubo manipulación por parte de Castillo al pedir a varios menores cambiar su versión de los hechos. Estaremos atentos a cómo se desarrolla el juicio…

Fuente Dosmanzanas

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¿Quién es aquí el “desordenado”?…

“Se puede ser santo siendo homosexual, que no es pecado”

Monseñor Córdoba pide perdón por sus “lamentables expresiones“

Ahora incide en que “el homosexualismo es una tendencia objetivamente desordenada”

El obispo de la localidad colombiana de Fontibón, Juan Vicente Córdoba, sorprendió a algunos con un leve giro en su posición en torno a la homosexualidad y al matrimonio entre personas del mismo sexo, durante su participación hace unos días en un foro organizado por la Fundación Buen Gobierno en la Universidad de los Andes (Bogotá), en la que estaban presentes representantes de la comunidad LGTB. El prelado reiteró no obstante la posición de la Iglesia en contra de la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Pese a lo tibio de sus palabras, estas causaron tanta polémica que se vio obligado a matizarlas mediante un comunicado.

El obispo de la localidad bogotana de Fontibón, monseñor Juan Vicente Córdoba, encendió hoy una gran polémica en Colombia al defender abiertamente la homosexualidad y asegurar: “no sabemos si alguno de los discípulos (de Cristo) era ‘mariconcito’“. Esta declaración, acompañada de otras similares, todas ellas en defensa de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales), las ofreció durante un foro celebrado en la Universidad de los Andes, en Bogotá, sobre la adopción y matrimonio entre parejas del mismo sexo, y que posteriormente fueron replicadas por televisiones y emisoras de radio colombianas.

“Estas no son batallas de penes o vaginas” y “no sabemos si alguno de los discípulos era “mariconcito” o si Magdalena era lesbiana, pero parece que no porque bastantes pasaron por sus piernas“, son algunas de las frase que pronunció el obispo. “Jesús nunca les dijo (a las mujeres): ‘¡brutas, qué impresión!’, tampoco (a los hombres): ‘¡machitos, los quiero!“, expresó en tono jocoso el religioso, quien preside la Comisión de Promoción y Defensa de la Vida, una de las que integran la Conferencia Episcopal. Córdoba señaló que en la Biblia no se recogen ninguno de los argumentos esgrimidos por ciertos sectores homófobos para defender sus ataques hacia las personas LGTBI y que las conductas discriminatorias no son una práctica de los católicos. “Jesús nunca les dijo: oye, Juan, tú estás como muy así o como muy asá, no se puede caminar así, no se vistan así […] No sabemos si alguno de los discípulos era ‘mariconcito’, no sabemos… ¡averígüelo Vargas!, o si María Magdalena era lesbiana, pero parece que no porque bastantes pasaron por sus piernas”, añadió. El obispo aseguró que la homosexualidad no es un pecado y que “un homosexual puede ser santo, un heterosexual puede ser santo o no santo”.

Defendió que las conductas discriminatorias no son propias de la religión católica porque, recordó, en la Biblia no se recogen frases que en Colombia usualmente se usan para atacar a personas homosexuales. El obispo dejó claro que la homosexualidad “no es pecado” y remarcó: “un homosexual puede ser santo, un heterosexual puede ser santo o no santo“.

Frente a estas opiniones, un portavoz de la Conferencia Episcopal reconoció que están “extrañados” por lo sucedido y que, por ahora, no habían logrado ponerse en contacto con monseñor Córdoba. La misma fuente agregó que una vez se aclaren los hechos esperan emitir un comunicado oficial, en el que también prevén incluir la posición de la Conferencia Episcopal frente a la adopción y el matrimonio homosexual.

A pesar de su lenguaje directo y con un cierto toque de humor, Córdoba se mantuvo inamovible en su decisión de rechazar la adopción por parte de parejas del mismo sexo, como ha venido haciendo la Iglesia católica colombiana desde hace bastante tiempo. “Estas no son batallas de penes o vaginas. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas. Estas no son batallas de ese estilo. Las batallas son por la dignidad de los más pobres, que en Colombia son un porcentaje alto”, afirmó el obispo, que añadió que “no podemos obligar a los niños a tener como padres a dos hombres y dos mujeres porque lo que ellos perdieron fue a un hombre y una mujer”. Cabe recordar, en este punto, que hace tres meses la Corte Constitucional de Colombia se pronunciaba contra el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar de forma conjunta. Afortunadamente, el asunto de la adopción homoparental volvía a la Corte hace tan solo unas semanas tras haberle llegado una segunda demanda y ahora será un conjuez progresista el encargado de decidir sobre este tema.

En Colombia el matrimonio homosexual se encuentra en un vacío legal, ya que el Congreso aún no ha legislado sobre el matrimonio igualitario tal y como le encomendó la Corte Constitucional en el 2011, cuando dio dos años de plazo a los congresistas para abordar este asunto. Córdoba también señaló que debe ser el Congreso y no los tribunales la institución que legisle sobre el matrimonio igualitario. Una afirmación que se produce a sabiendas de que con la composición actual del Congreso es muy difícil su aprobación parlamentaria, mientras que la Corte Constitucional tiene pendiente despejar la incertidumbre jurídica existente al respecto. En cuanto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el caso está en manos de la Corte Constitucional, que dirime en estos momentos una ponencia que podría dar luz verde a esta posibilidad.

Y claro, tras el follón montado, el obispo de Fontibón y presidente de la comisión episcopal de Promoción y Defensa de la Vida, monseñor Juan Vicente Córdoba Villota, aclaró que sus declaraciones realizadas en un foro académico acerca de la comunidad homosexual “no han tenido la intención de controvertir o modificar” la “sólida e inamovible posición moral” de la Iglesia.

Las postura relativamente tolerante adoptada por monseñor Córdoba, que durante la época en la que fue secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana (dejó el cargo en 2012) se mostró muy hostil a los avances que los derechos LGTB conseguían a golpe de sentencia judicial, provocaron gran revuelo en Colombia, hasta el punto de que el obispo se veía obligado a emitir una nota (que puedes descargar aquí) en la que el prelado pidió disculpas “a quienes pudieron sentirse escandalizados o heridos por estas lamentables expresiones a las que no puede dárselas ningún valor teológico o moral”, recordó su acogimiento pleno y firme con la doctrina moral de la Iglesia Católica y reconoció que la homosexualidad es una “tendencia objetivamente desordenada”, y aclaraba que sus palabras en ningún momento habían tenido “la intención de controvertir o modificar” la “sólida e inamovible posición moral” de la Iglesia e insistía en que “los actos homosexuales son también intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural”. Córdoba repite en su nota fragmentos del Catecismo que establecen que son los actos homosexuales, y no el hecho de ser homosexual, lo pecaminoso (“las personas homosexuales están llamadas a vivir la castidad. Mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana”).

Explicó que este reconocimiento y adhesión a la doctrina no significa que la iglesia no tenga respeto por la comunidad LGBTI. “Con amor de madre, la Iglesia acoge a todos los hombres y mujeres sea cual sea su condición (…) toda persona tiene la misma dignidad fundamental ante Dios y ante el Estado“, manifestó el prelado. Finalmente destacó que el foro se presentó como un “primer encuentro oficial y público” de un obispo colombiano con la comunidad LGBTI. “Demuestra que sí es posible acercarse a quien piensa distinto para establecer un diálogo sincero y franco que nos lleve a derribar los muros y a descubrirnos mutuamente como hermanos”, concluyó.

Córdoba argumenta, para justificar sus palabras, que su intención “no era otra que la de expresar al público asistente, en su mayoría formado por líderes y miembros de la comunidad LGBTI, el respeto que la Iglesia católica tiene por toda persona humana”. El obispo asegura que, al desconocer que había medios de comunicación, “me permití utilizar algunas expresiones coloquiales que, fuera del contexto del encuentro académico y del diálogo establecido con los asistentes, resultan claramente desafortunadas. Pido sinceras disculpas a quienes pudieron sentirse escandalizados o heridos por estas lamentables expresiones a las que no puede dárseles ningún valor teológico o moral”.

Eso sí, el obispo insiste en que “este primer encuentro oficial y público de un obispo colombiano con la comunidad LGBTI, demuestra que si es posible acercarse a quien piensa distinto para establecer un diálogo sincero y franco que nos lleve a derribar los muros y a descubrirnos mutuamente como hermanos. En ese sentido, como obispo y como sacerdote, me siento satisfecho de haber cumplido este importante paso de acercamiento que, espero, abra el camino para otros encuentros futuros”.

La intervención de monseñor Córdoba Villota se realizó en el marco de un foro convocado por la Fundación Buen Gobierno, la Universidad de Los Andes y la Fundación Colombia Diversa

(RD/Agencias)

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El 73 % de los colombianos considera que las parejas del mismo sexo no deberían poder adoptar hijos, según reveló una encuesta elaborada por la firma Ipsos Napoleón Franco para varios medios de comunicación.

La posibilidad, que actualmente es estudiada por la Corte Constitucional de Colombia, recibió el rechazo del 73 % de los encuestados, en una muestra de 1.335 personas de todo el país.

Los resultados muestran que sobre la cuestión se posicionaron a favor el 24 % de los encuestados, en tanto que el 3 % restante no sabe o no contesta.

La Corte Constitucional rechazó el pasado 18 de febrero la adopción por parejas del mismo sexo, si bien mantuvo la opción de hacerlo cuando el niño es hijo biológico de uno de los dos.

Esa decisión siguió la línea de una resolución del Constitucional en agosto de 2014, cuando aprobó la adopción de una niña por parte de una mujer que es pareja sentimental de la madre biológica.

Además, ya ha dado su visto bueno al derecho de los homosexuales a adoptar niños, pero de forma individual.

Tras estos antecedentes, el alto tribunal estudia desde hace meses la ponencia sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, cuestión que registró un nuevo empate el pasado 7 de abril, cuando se votó una segunda demanda basada en el derecho de los niños a tener una familia.

Según establecen las normas internas de la Corte, en caso de que en la próxima reunión se produzca otro empate se recurrirá al voto de Jaime Córdoba, uno de los 18 conjueces elegidos al azar, algo que se espera que ocurra en los próximos días.

La primera votación que rechazó este tipo de adopción se basaba en una demanda que argumentaba el derecho de las parejas homosexuales a adoptar niños.

La encuesta de Ipsos se realizó a 1.335 personas de todo el país, mayores de 18 años procedentes de todos los niveles socioeconómicos que, a través de entrevistas presenciales y telefónicas, configuran una muestra representativa del 67 % de la población urbana adulta, con un margen de error total para la muestra de 2,7 %.

Fuente: Colombia.com

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El rechazo, la falta de capacitación y de información llevan a que sean más vulnerables.

Fuente: El Espectador

Los discapacitados y los miembros de la población LGTBI, en sí, son poblaciones que frecuentemente son víctimas de discriminación. Pero cuando una persona reúne ambas realidades, su situación es más compleja. Se sienten doblemente discriminados.

Estos son los testimonios y las conclusiones del reciente estudio que realizó el Observatorio de Discapacidad de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, Colombia, en la que encuestaron a 30 personas en condición de discapacidad, que tomaron la decisión de hablar también de su orientación sexual.

El estudio se concentró en indagar de manera cualitativa sobre “las condiciones de vida y el acceso que tienen al sistema de salud y de educación, hallando que para esta población no es fácil contar con estos servicios”, dice el informe.

Entre las respuestas, por ejemplo, al indagar por las oportunidades de emprendimiento, el resultado no fue alentador. Señalan que por su condición y falta de formación, para obtener su sustento sólo se pueden dedicar a empleos informales, que les representan bajos ingresos.

En cuanto al acceso a los programas de vivienda, la situación no es mejor. Los encuestados respondieron que tienen dos grandes dificultades: que desconocen los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) o Vivienda de Interés Social (VIS) y que no tienen recursos para acceder a otro tipo de inmueble.

Si bien la muestra parece no ser representativa, se tuvo en cuenta que en estas condiciones son pocos los que deciden a hablar del tema. “Sabemos que hay mucha población con discapacidad e identidad sexual no normativa, pero como se siente discriminada por su situación, no quiere sentirse doblemente discriminada por su identidad”, dijo Rovitzon Ortiz, director de Equidad y Políticas Poblacionales de la Secretaría de Planeación.

De acuerdo con cifras oficiales, en Bogotá al menos cuatro de cada 100 habitantes tienen algún tipo de discapacidad (300.000 personas) y menos de la mitad (125.000) está en el Registro Distrital de Discapacidad. Finalmente, sólo 40.000 recibe servicios del Distrito tales como apoyo de cuidadores, subsidios, salud y educación. A pesar de este censo, no existen cifras exactas de cuántos son de la comunidad LGTBI.

De acuerdo con Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación, la investigación busca generar una ruta para que el Distrito tome decisiones en relación a las personas con discapacidad e identidades sexuales no normativas.

 Testimonios

Testimonio 1: “En la universidad me pasó… Por ejemplo, para trabajar en grupos me rechazaban por orientación sexual y por ser sordo…”.

Testimonio 2: “Yo hice hasta segundo, pero ya en tercero se me veía lo galleta que era. Por la burla de mis compañeros me retiré… no soporté. No me quería sentir mal, se burlaban de mí… me decían que era mariquita…”.

Testimonio 3: “Ojalá en un futuro la sociedad nos diera una oportunidad de tener ciertas ventajas y ciertos derechos, el acceso así sea sordos, oyentes, a diferentes comunidades”.

 El observatorio de discapacidad

La encuesta es una de las primeras tareas que adelanta el Observatorio de Discapacidad, que se está creando en el Distrito para reunir información de las entidades distritales encargadas de adelantar acciones a favor de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, además de generar análisis y concertación sobe la misma.

“El observatorio se requiere para la población no para la política, porque ésta se encarga de la población con discapacidad en condición de vulnerabilidad y en eso ya se trabaja, pero faltan incluir a quienes no lo están. Se debe empezar a recoger información de quienes no se está apoyando y ahí si tomar acciones que incluyan al 100 % de esta población. Para eso se requiere cruzar información, divulgación y sensibilización”, dijo Ortiz.

Actualmente, se definieron las bases sobre las cuales se va a montar el Observatorio y el diseño operativo. Se espera que el proceso de ponerlo en marcha esté acompañado por el sector privado y las organizaciones no gubernamentales que tienen incidencia en esta población, para que de manera conjunta con el Distrito, se logren mayores beneficios para todas las personas con discapacidad en Bogotá.

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Buenas noticias las que nos llegan desde Colombia. No han pasado ni dos meses desde que la Corte Constitucional, gracias al voto de desempate de un conjuez conservador, se pronunció contra el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar hijos de forma conjunta (excluyendo de la negativa la adopción del hijo biológico del otro miembro de la pareja) y ahora el asunto llega de nuevo al alto tribunal. Pero en esta ocasión será un conjuez progresista el encargado de decidir.

La Corte Constitucional debía pronunciarse de nuevo sobre el tema al haberle llegado una segunda demanda, interpuesta por el abogado Sergio Estrada, que ya había iniciado su trámite de resolución antes de que se conociera el anterior fallo, y en la que el planteamiento era distinto: la discusión giraba en este caso alrededor del déficit de derechos que tienen los menores sin hogar en Colombia, en tanto no pueden ser adoptados por familias diversas. De nuevo, como sucediera en la ocasión anterior, el ponente del fallo era el magistrado Jorge Iván Palacio, favorable a reconocer el derecho, y de nuevo este martes volvía a repetirse el empate a cuatro votos a favor de avalar la ponencia de Palacio y cuatro votos en contra. La diferencia es que en esta ocasión el conjuez llamado a deshacer el empate será Jaime Córdoba, expresidente de la Corte y antiguo Defensor del Pueblo, que durante sus años como miembro regular del más alto tribunal (entre 2001 y 2009) siempre se pronunció a favor de los derechos LGTB.

Hace dos meses el elegido al azar entre los 18 conjueces con los que cuenta la Corte para deshacer empates fue José Roberto Herrera, de claro perfil conservador, que acabó por inclinar la balanza contra la adopción homoparental conjunta pese a los numerosos informes favorables que habían sido remitidos a la Corte Constitucional: del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Defensoría del Pueblo, del Colegio Colombiano de Psicólogos o de varias universidades (como la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, que ya en 2012 emitieron informes a favor) o de la Universidad Externado de Colombia.

Herrera dio entonces más peso a las opiniones contrarias, como las del procurador general Alejandro Ordoñez, bien conocido por su homofobia; la Conferencia Episcopal de Colombia; la Universidad de La Sabana, del Opus Dei (que sembró la polémica con un informe que llegaba a calificabar a las personas homosexuales de enfermas, del que luego tuvo que desdecirse) y diversas organizaciones conservadoras, como la Fundación Marido y Mujer (que llegó a pedir al papa Francisco que ejerciese su influencia) o CitizenGO, “franquicia” colombiana de HazteOír y que utiliza sus mismos métodos de movilización. Otro de los que se oponían es el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, famoso por sus campañas homófobas. Conociendo el perfil de Córdoba, es menos probable que este se deje ahora guiar por opiniones tan sesgadas.

Y es que la ponencia que avala el sí a la adopción homoparental, un largo documento de 146 páginas que el diario El Espectador ha hecho pública, deja poco lugar a dudas. “La Corte Constitucional concluye que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral. Así lo indican las experiencias recogidas del derecho comparado, entre las que se destacan decisiones legislativas y fallos de tribunales internacionales donde siempre se ha tenido en cuenta la primacía de los derechos de los menores y la evidencia probatoria debidamente acopiada”, determina la propuesta de sentencia.

Un elemento importante de la ponencia de Palacio es que atiende fundamentalmente a proteger los derechos de los niños en situación de abandono, al considerar que impedir que puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo, a las que la propia Corte Constitucional ya reconoció en 2011 el derecho a conformar una familia, supone un déficit de protección al menor. “No existe un criterio razonable para restringirle a los menores en situación de orfandad el derecho a tener una familia o limitarlo únicamente a aquellas integradas por un hombre y una mujer”, afirma la ponencia.

En Colombia, precisamente, se da la paradoja de la curva de adopciones ha descendido significativamente: mientras en 2010 fueron 3.058 los menores que encontraron un hogar, en 2014 tan solo lo hicieron 880, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (que todavía tiene registrados a 5.439 niños esperando una familia).

Queda fuera de la discusión la constitucionalidad la posibilidad de que uno de los miembros de una pareja del mismo sexo pueda adoptar a los hijos del otro, que sí reconocía el anterior fallo y que de hecho ya en agosto de 2014 el más alto tribunal colombiano había avalado en un caso concreto.

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El 28 de diciembre, día en que se conmemoran los Santos Inocentes, muchos medios de comunicación publican informaciones que no son ciertas, y que conocemos como “inocentadas”.

Dos periodistas de Colombia se han quedado sin trabajo después de publicar el día de los Inocentes la siguiente noticia: “Expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo se declara abiertamente homosexual”. Así, el diario Pulzo ha despedido al periodista Álvaro Díaz y el editor Ricardo Cubillos ha presentado su renuncia, pero porque el dueño del medio, Hernando Suárez Burgos se lo pidió.

El problema no es el bromear con la homosexualidad de nadie, sino que buceando por la red, el redactor se topó con tal noticia en el blog ‘Sabanero X’, y sin darse cuenta de qué día del calendario se publicó la dio por buena y la sacó en el periódico como si fuese algo que había sucedido realmente. Ni siquiera se molestó en leer la información hasta el final del todo, donde se pedía hacer click para leer el comunicado completo y donde ya se indicaba que era todo parte de una broma.

Según lo publicado, César Gaviria Trujillo publicó un comunicado en el que manifestaba que “en busca de proteger la honra y el buen nombre de su familia ha decidido revelar su condición de homosexual, misma que según el mismo Gaviria había mantenido oculta en aras del bien común, ‘tanto de mi familia como del país’”.

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“En Colombia todavía se están cometiendo delitos por ser gay y eso es algo que la Fiscalía General con esta nueva política no va a tolerar”, precisó el vicefiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo.

El vicefiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que se implementó una política de investigación dirigida a identificar, individualizar e investigar a las personas que estén relacionados con crímenes relacionados con la orientación sexual y la pertenencia a grupos LGBTI en todas las regiones del país.

“En Colombia todavía se están cometiendo delitos por ser gay, por ser lesbiana, por ser transexual, por ser intersexual, y eso es algo que la Fiscalía General con esta nueva política no va a tolerar”, precisó Perdomo al manifestar que se han detectado actos discriminatorios en lugares públicos, en colegios, en empresas, además de delitos que se cometen a través de las redes sociales.

En la investigación se ha podido establecer la existencia de organizaciones delictivitas dirigidas a cometer ataques y homicidios “por razones de odio y discriminación sexual” contra la comunidad LGBTI. La mayoría de estos casos se han presentado en Maicao (La Guajira), Cali (Valle del Cauca), Sincelejo (Sucre) y Barranquilla (Atlántico).

“Hay organizaciones encargadas, que se están dedicando a atentar contra la comunidad LGBTI. Estamos identificando cuáles son los posibles agresores, las organizaciones que están generando , fomentando la discriminación, porque ahí vamos a poner la lupa”, precisó el vicefiscal frente a la política de investigación que se adelanta.

En este punto citó la denuncia presentada hace dos días ante el ente investigador en la que se hace referencia a un grupo de personas que contactaron a un miembro de la comunidad LGBTI. Tras engañarlo, ejercieron violencia sexual. Sin embargo, cuando quiso poner la denuncia recibió una especie de reproche por estar “metido en ese tipo de cosas”.

“Se busca sensibilizar a los funcionarios para que no pongan tanto ‘pereque’, que entiendan que la diversidad sexual es una riqueza para un país y no es un problema”, precisó Perdomo al indicar que en los últimos meses se han recibido 259 denuncias por actos de violencia contra esta comunidad.

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La determinación en contra del colegio privado Gimnasio Castillo Campestre, en Bogotá, Colombia, fue tomada por la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca, según documento hecho público por esa entidad.

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También se podrá pedir por escrito que se cambie el sexo consignado de un menor, con base en conceptos emitidos por peritos.

Tras este pronunciamiento, la Registraduría Nacional de Colombia ha anunciado que, desde el pasado miércoles, los padres de menores de edad con ambigüedad genital o sexo por determinar podrán elegir el sexo con el que serán inscritos sus hijos en el registro civil, indicando el sexo como “intersexual, ambigüedad genital, sexo por determinar o alguna expresión equivalente“.

De esta forma, los padres o tutores legales tendrán libertad absoluta para indicar qué sexo se anotará en dicha casilla en el registro del menor.

En el momento en que los menores cumplan la mayoría de edad, serán ellos mismos los que decidan si cambiar su sexo o tramitar un cambio de nombre sin necesidad de una escritura pública.

También se podrá pedir por escrito que se cambie el sexo consignado de un menor, con base en conceptos emitidos por peritos.

La decisión del ente, según informó la entidad, cobija a todas las Delegaciones Departamentales, Registradores Especiales, Auxiliares, Municipales, Consulados, Notarios y la Unidad de Atención a Población Vulnerable y responde a un fallo de la Corte Constitucional por el que se busca “proteger el derecho superior de los menores a la intimidad, identidad y libre desarrollo de la personalidad”.

Fuente Vanguardia

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La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la discriminación hacia los homosexuales, que está reflejada en un fallo de la Corte Constitucional de este país sudamericano.

El organismo internacional recordó la importancia “de poner en práctica ideales de derechos humanos como la igualdad y la dignidad de todas las personas, sin distinción alguna por su raza, etnia, religión, ideología, idioma, orientación sexual, identidad de género, o cualquier otra condición”.

La Corte Constitucional de Colombia prohibió -en un fallo emitido la víspera- la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, lesbianas, gays, bisexuales, y personas trans e intersex (LGBTI). “Ningún estereotipo, prejuicio ni expresión estigmatizante contra las personas resulta aceptable en una sociedad democrática que se ha comprometido con el respeto de los derechos humanos”, expresó Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Advirtió que la “ciencia y la investigación no pueden ser usadas para discriminar, excluir ni violentar a ninguna persona en ningún lugar del mundo”. Recordó que desde hace 25 años “hay consenso internacional en que la homosexualidad no es enfermedad. El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la Clasificación Estadística de Enfermedades”. “El debate suscitado en Colombia por el matrimonio y adopción por parte de parejas del mismo sexo convoca a desterrar prejuicios y creencias erróneas que violentan el derecho a vivir sin discriminación de lesbianas, gays, bisexuales, y personas trans e intersex (LGBTI)”, subrayó.

Insistió que la ley “debe proteger el interés superior de la niñez a tener un hogar, así como el derecho de todos los seres humanos a conformar una familia. Ponderar ambos derechos implica una reflexión libre de prejuicios sobre las personas que buscan adoptar”. “El interés superior de niños y niñas obliga a centrar la atención en la capacidad de las personas para brindarles un hogar seguro. En este sentido, resulta irrelevante la orientación sexual o identidad de género de los padres y madres”, planteó.

Aunque el Estado colombiano “ha dado pasos significativos en materia legal y jurisprudencial que amplían la protección y garantías para las personas LGBTI, aún persisten grandes retos para que el respeto hacia ellas y ellos sea una realidad cotidiana”.

La Oficina de la ONU llama al gobierno de Colombia a que fortalezca sus disposiciones legales y administrativas con ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos. Igualmente, invita a la sociedad colombiana a dialogar sin prejuicios sobre las personas LGBTI y sus demandas para vivir libres de toda discriminación. Invocó también “a no usar discursos que incitan al odio y que, desconociendo los avances científicos, sociales y jurídicos alcanzados por la humanidad, socavan el respeto por la dignidad humana”.

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