El informe de la organización Letra S reportó 66 asesinatos de personas LGBTI+ en 2023.

Fuente Agencia Presentes

11 de junio de 2024

Geo González

Geo González

Edición: Ana Fornaro

En 2023, en México asesinaron a 66 personas LGBTI+ y más de la mitad de las víctimas fueron mujeres trans, de acuerdo al último informe de Letra S. La organización documenta desde hace más de dos décadas las muertes violentas de personas de la diversidad sexual en el país.

En promedio 6 personas LGBT fueron asesinadas cada mes. Pero el informe aclara que este número no corresponde a la cifra real. No todos los asesinatos son denunciados o reportados por la prensa. En ese sentido, Letra S destaca que la cifra de personas LGBT+ asesinadas en el último año podría ascender a más de 150.

Este informe destaca, a diferencia de los anteriores, el aumento en la violencia transodiante. También el aumento de personas LGBT+ defensoras de derechos humanos asesinadas.

Cruces con el crimen organizado

Como novedad, se destaca el involucramiento del crimen organizado. Y cómo las autoridades de justicia toman eso como línea de investigación y no necesariamente la orientación sexual e identidad de género de la víctima.

El factor que permanece es que el Estado mexicano sigue sin registrar ni documentar la violencia por prejuicio que viven las personas LGBT+, a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales y regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Hasta el 14 de mayo de 2024, Letra S ha documentado 31 crímenes por prejuicio contra 28 mujeres trans, 2 hombres gay, y una mujer lesbiana.

Las mujeres trans, las más violentadas

Las mujeres trans siguen siendo las principales víctimas de la violencia por prejuicio en México. De los 66 crímenes de odio registrados, 43 de las víctimas eran mujeres trans. 

Algo que destaca este informe es que sólo en la mitad de los transfemincidios registrados se logró identificar la edad de la víctima. En promedio las mujeres trans que fueron asesinadas tenían 33 años.

Además, este último año se reportó el asesinato de 16 hombres gay, 4 mujeres lesbianas. Y el asesinato de una persona muxe, un hombre trans y una víctima más que fue clasificada como “otro”, respectivamente. El promedio de edad de estas víctimas era de 35 años.

Nuevamente el estado de Veracruz fue donde más se registró la muerte violenta, y se le unió Guanajuato como los territorios con más casos documentados. Le siguen Guerrero, Ciudad de México, Puebla, Colima y Sonora.

Prevalece la tortura

Las formas cómo se expresa la violencia LGBTodiante sigue siendo brutal. Letra S identificó que hubo desde tortura hasta mutilaciones y cuerpos que fueron maniatados. En al menos 8 casos se logró identificar combinaciones de más de una forma de violencia.

El arma de fuego prevaleció como el arma letal que usaron para arrebatarle la vida a 34 personas LGBT del total de 66 casos reportados.

Los agresores eligen los espacios públicos para violentar o asesinar a las personas trans. En el caso de hombres gay sucede tanto en el espacio público como privado. Las muertes violentas de mujeres lesbianas permanecen en los ámbitos privados.

Estos asesinatos cobran para dejar “una suerte de mensaje intimidatorio, en donde las víctimas y sus cuerpos se transforman en un objetivo comunicativo para toda una comunidad”, dice en el informe la abogada colombiana María Gómez.

En Presentes esta dimensión simbólica la hemos podido rescatar en notas de crímenes de odio que hemos publicado en donde activistas en los territorios expresan ese miedo a través de sentir “yo puedo ser la siguiente”.

Qué investiga la Justicia

Las principales líneas de investigación que siguen las autoridades de justicia en estos casos son por crimen organizado, homicidio doloso o calificado y feminicidio. Éste último delito se ha aplicado en casos donde las víctimas son mujeres lesbianas, trans y bisexuales.

“Hace cinco años no era tan visible el papel del crimen organizado, pero notamos una tendencia creciente durante los últimos tres años, sobre todo en asesinatos de mujeres trans trabajadoras sexuales. El problema es que la Justicia las señala como cómplices, y en ese sentido falta complejizar esa relación y señalar sus condiciones de vulnerabilidad”, explica en entrevista Samuel Martínez.

De los 66 casos documentados, en al menos 23 se logró ubicar la presencia de “múltiples agresores”. Así mismo, en al menos 10 casos hubo una persona detenida: 4 fueron vinculadas a proceso; 3 están prófugas; y 2 permanecen en prisión preventiva oficiosa.

En México sólo 13 entidades del país tienen tipificado el delito de crimen de odio por orientación sexual, expresión e identidad de género. Sobre esta agravante, Martínez explica que en el sistema de justicia mexicano “aún es muy complejo reconocer el odio” y por eso no se usa esta agravante para investigar las muertes violentas de personas LGBT+. 

La impunidad prevalece

Además, a pesar de la existencia del Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia para garantizar los derechos de personas LGBTI+ en México, la impunidad en los crímenes por prejuicio prevalece.

“Los primeros respondientes, como el policía al que se le notifica un caso y posteriormente los policías de investigación, son los quienes determinan si un caso se investiga considerando la identidad de género y orientación sexual de la víctima; si un perito decide que esas características no son relevantes, la investigación toma otro camino. Es el desconocimiento de los protocolos, los prejuicios y sesgos lo que determina también que las víctimas no sean reconocidas y no reciban justicia”, concluye Martínez.

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Cinco millones de personas (el 5,1 % de la población de 15 años y más) se identifican como LGTBI+ en México. Así lo pone de manifiesto la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG), realizada entre agosto de 2021 y enero de 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de ese país. La población trans+ (identificada por la encuesta como personas transgénero, transexuales o de una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer) asciende en concreto a 909.000 personas.

Entremos en el detalle de los números, que siempre es interesante conocer. Eso sí, debemos precisar que, a partir de aquí, la terminología utilizada para categorizar las respuestas es la que proporciona el propio informe de la ENDISEG. Lo hacemos así para facilitar la exposición de los datos.

Orientación sexual

Por lo que se refiere a la orientación sexual, la ENDISEG muestra que el 95,2% de la población de 15 años y más (92,6 millones de personas) se identificó como heterosexual, mientras que el 4,8% (4,6 millones) se identificó con otra orientación (lesbiana, gay, bisexual, pansexual, asexual o demisexual, entre otras).

De esos 4,6 millones de personas, el 51, 7% se autoidentificaron como bisexuales; el 26,5%, como gais u homosexuales; el 10,6% como lesbianas, mientras que el 11,2% reportó tener otra orientación:

Identidad de género

Por lo que se refiere a la identidad de género, el 99,1% de la población de 15 años y más (96,3 millones de personas) se identificó como cisgénero (su identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado al nacer). El 0,9 % (909.000 personas) se identificó como trans+ (transgénero, transexual, no binario, género fluido o agénero, entre otros). Este grupo engloba, por tanto, a las personas que experimentan una vivencia interna e individual de género que no corresponde necesariamente con el sexo que les fue asignado al nacer.

Es interesante señalar que del total de personas con identidad de género trans+ (seguimos utilizando la terminología de la ENDISEG), el 34,8% se identificó transexual o transgénero, mientras que el restante 65,2% lo hizo con alguna otra identidad de género diversa:

Distribución geográfica

Por estados, el estado de México es el que mayor cantidad de población LGTBI+ concentra, con 490.ooo personas, seguido de la Ciudad de México, con 311.ooo personas y Veracruz, con 308.000. En términos relativos, sin embargo, es el estado de Colima el que mayor porcentaje de de población LGBTI+ presenta (un 8,7%), seguido de Yucatán (8,3%) y Querétaro (8.2%).

La población de mayor edad, todavía en el armario

Llama la atención que el 67,5% de la población que se reconoce como LGTBI+ tiene entre 15 y 29 años. El propio informe de la encuesta reconoce que este dato «puede deberse a una mayor apertura y autorreconocimiento por la población de menor edad». Otro 20,3% se sitúa en el rango de 30 a 44 años.

De hecho, al observar el porcentaje de personas LGTBI+ en cada grupo etario, se identifica que para las edades más jóvenes este es mayor. En el grupo de 15 a 19 años, por ejemplo, el porcentaje de población LGTBI+ es del 15,6%. En contraste, en el grupo de 60 y más años, solo un 0,9% se identifica como LGTBI+.

Por lo que se refiere a la edad de identificación como LGTBI+ (la edad aproximada en que la persona comenzó a percatarse de que su orientación sexual o su identidad de género no correspondía con lo esperado culturalmente. según la definición de la encuesta), tanto para la población con orientación sexual LGB+ como para aquella con identidad de género trans+, el mayor porcentaje respondió «haberse dado cuenta» durante su primera infancia (antes de los 7 años). De hecho, en este último colectivo, el de las personas trans+, son mayoría (el 62,4%) dijo que lo supo durante su primera infancia.

Reacción de los padres

Para aquella población LGTBI+ que informó que el padre o madre (o ambos) saben de su orientación sexual o identidad de género, la encuesta ha encontrado que, en términos generales, se ha recibido aceptación, respeto o respaldo. Así lo señaló más de 80%. Las reacciones no favorables, no obstante, fueron más frecuentes para las personas trans+ (un 22,2% de los casos). Entre estas, también sucedió en un porcentaje más elevado el haber sido obligada a asistir a un psicólogo, médico, autoridad religiosa u otra persona o institución para «corregirlo». Esto sucedió en un 9,8% de la población LGB+ y en un 13,9% de la población trans+:

Salud emocional

Por lo que respecta a la salud emocional, la ENDISEG preguntó a la población de 15 años y más si alguna vez había tenido pensamientos suicidas o si había intentado llevarlo a cabo. Pues bien, el 26,1% de la población LGTBI+ mexicana ha tenido alguna vez pensamientos suicidas, frente al 7,9% de la población no LGBTI+. Respecto al intento de suicidio los porcentajes ascienden al 14,2% (población LGTBI+) frente al 4,2% (población no LGTBI+).

Puedes consultar todos los datos de la encuesta ENDISEG aquí (comunicado de prensa en formato PDF) o aquí (formato web).

Fuente Dosmanzanas

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Tanto las familias como las personas defensoras de los derechos humanos “tienen miedo a levantar la voz”. 

Yessi Montero, una mujer trans de 34 años fue reportada como desaparecida y el 24 de marzo encontraron su cuerpo sin vida y con signos de tortura al borde de una carretera en Veracruz. Ese mismo día, una mujer trans también de 34 años, de la cual se desconoce su nombre, fue asesinada en la vía pública en el estado de Oaxaca. A más de mil kilómetros de ahí, en Colima, Yaneth ‘N’ de 22 años fue asesinada en su domicilio el 3 de abril. Las tres mujeres presentaban heridas por arma de fuego.

La activista veracruzana, Jazz Bustamante contó en entrevista para Presentes que en lo que va del año se han cometido siete crímenes por prejuicio en Veracruz, “cuatro contra personas transgénero y tres de chicos gays”, explica. En Oaxaca suman dos transfeminicidios, de acuerdo a reportes de prensa. En Colima, el periodista Roberto Macías reportó, para El Punto Informativo, que el asesinato de Yaneth es el primer transfeminicidio del año en ese estado.

24 de Marzo 2022 Nautla – Veracruz Mex. Yessi Montero de 27 años de edad es asesinada quien fue reportada como desaparecida días antes: la mujer Transgénero presentaba huellas de tortura,Su cuerpo fue mutilado una parte de los genitales, presentaba diversos golpes en el pic.twitter.com/hlGBNJGOeu

— Jazz Bustamante (@tv_yazi) April 3, 2022

El pedido de justicia de estas mujeres trans se ha mantenido en un perfil bajo. Sobre eso, Jazz Bustamante aclara que, tanto las familias como las personas defensoras de los derechos humanos “tienen miedo a levantar la voz” pues se enfrentan a contextos hiper locales donde permea “la ley de las células delictivas”. 

Y agrega, “eso no quiere decir que las víctimas no tengan el respaldo de sus comunidades, lo tienen, algunas veces también de sus familias, de las mismas personas de las disidencias sexuales de esas localidades pero es muy difícil que en ese contexto salgan a manifestarse para exigir justicia porque está de por medio su propia seguridad”.

Yessi Montero: “se trató de un crimen de odio”

Yessi Montero era mesera, tenía 27 años y era originaria del municipio costero Vega de Alatorre, Veracruz. Su familia reportó su desaparición y el 24 de marzo, a 26 kilometros de su ciudad de origen, en un tramo de parcelas de la localidad de Cuatro Caminos (municipio de Nautla), fue encontrada sin vida; su cuerpo tenía señas de tortura.

“La prensa reportó todo como si se tratara de un hombre y no vio relevante que era una mujer trans. Yo vi relevante contar y visibilizar su identidad y que era una mujer trans visible en su comunidad. También vi relevante contar cómo la asesinaron porque se trató de un crimen de odio y para determinarlo como tal es importante hablar de las causales agravantes, de la saña y ventaja sobre su identidad de género. A Yessi Montero la torturaron, la cercenaron de los genitales, le dieron el ‘tiro de gracia’, qué otra prueba quieren de que se trató de un crimen de odio”, cuenta en entrevista para Presentes, Jazz Bustamante, quien se ha dedicado a registrar este tipo de crímenes en el estado de Veracruz desde hace más de diez años.

Presentes llamó a la Fiscalía de Veracruz para conocer si se investiga como crimen de odio. Al ser expuesta la pregunta dejaron la línea sin responder.

El Código Penal de este estado contempla en su artículo 144 la causal de “odio derivados del origen étnico o nacional, lengua, raza, color, preferencias sexuales o identidad de género de la víctima”. Bustamante afirma que no se aplica porque “no hay peritos que sepan o quieran reconocer que se tratan de crímenes de odio”.

Transfeminicidio en Oaxaca: su mamá la identificó

En el centro de la ciudad de Matías Romero Avendaño, ubicada en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca fue asesinada una mujer trans de 34 años. El reportero Fernando Santiago del medio Noticias, Voz e Imagen informó que fue la mamá de la víctima quien identificó a su hija, a quien en la nota refiere como V.R.V y menciona que se dedicaba a vender plantas por internet.

“Fue atacada por sujetos desconocidos (…) presentaba disparos de arma de fuego a la altura de la cabeza, el llamado ‘tiro de gracia’ y quedó tendida boca abajo sobre la banqueta frente a la clínica «Nuestra Señora de Guadalupe», señala la nota publicada.

Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional (fuerza policial nacional) quienes confirmaron que había fallecido. El reportero de la nota agrega que “la ciudad se encuentra blindada por elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y Policía Estatal Vial.

En la nota menciona que integrantes de la Fiscalía de Género hicieron el levantamiento del cuerpo y que agentes ministeriales iniciaron una investigación por delito de homicidio.

Presentes se puso en comunicación con la unidad especializada en delitos por violencia de género de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, quienes comentaron “esta fiscalía no tiene competencia en ese municipio (Matias Romero)”. En varios intentos por llamada telefónica la Fiscalía no supo dar información sobre este hecho y el enfoque de la investigación.

De acuerdo a notas de prensa este sería el segundo crimen por prejuicio en el año en Oaxaca. En enero fue asesinada Citlalli, una persona muxe de 47 años.

Yaneth fue asesinada en Colima uno de los estados más violentos

Yaneth tenía 22 años y fue asesinada la tarde del 3 de abril dentro de su casa ubicada al sur de la ciudad de Colima, Colima (un estado mexicano ubicado en la costa del Pacífico). De acuerdo al reporte del periodista local, Roberto Macías, hombres armados entraron a su domicilio y debido a las heridas de bala Yaneth “perdió la vida casi de manera instantánea”.

Así mismo, la periodista Marina Rodriguez informó que fueron vecinos quienes llamaron a los número de emergencia y tras ello “elementos de las distintas corporaciones policíacas acudieron de manera inmediata para constatar los hechos”.

Presentes se puso en contacto con la Fiscalía General del Estado de Colima para conocer si ya es investigado con perspectiva de género y como feminicidio ya que, desde 2019 el protocolo de actuación sobre el delito de feminicidio de ese estado plantea que deberá aplicarse “a todas las mujeres, incluyendo a las mujeres trans: tavestis, transexuales y transgénero”. Además, desde 2020 plantean directrices para funcionaries de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía para la atención de personas en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género.

La respuesta fue: “El estatus de la investigación es reservada. Elementos periciales ya investigan lo ocurrido en Gregorio Torres Quintero (colonia donde sucedió el hecho) y determinarán esos elementos con los familiares de la víctima”.

En redes sociales usuaries condenaron el hecho y lo vincularon a la inseguridad creciente tras la militarización del estado. Y es que la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enviar a cientos de elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina.

De acuerdo a un análisis de Insight Crime, desde 2016 Colima (con menos de un millón de habitantes) encabeza el índice per cápita de homicidios en todo México. El incremento de esa violencia está estrechamente vinculada a ser un estado considerado como un “invaluable corredor de narcotráfico”.

5 de cada 10 mujeres trans fueron asesinadas por arma de fuego

En México a cinco de cada diez mujeres trans les arrebataron la vida con un arma de fuego, de acuerdo al informe “Violencia de género con armas de fuego en México”, elaborado por Intersecta, Data Cívica, EQUIS Justicia para las Mujeres y el Centro de Estudios Ecuménicos.

El informe destaca que, en la actualidad, seis de cada diez mujeres mexicanas asesinadas perdieron la vida por una herida de arma de fuego. Y señala que en Colima y Guanajuato esta cifra crece a casi ocho de cada 10. Además, afirman que este cambio “se asocia con la transformación de la estrategia de seguridad pública y la intensificación de la militarización en nuestro país desde el gobierno de Felipe Calderón (quien declaró la ‘guerra contra el narcotráfico’ en 2006)”.

El informe  agrega que “en el caso de las personas de la comunidad LGBTIQ+, son las mujeres trans, en situación de vulnerabilidad y trabajadoras sexuales, quienes encabezan las cifras de violencia letal con armas de fuego”.

Fuente Agencia Presentes

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Saray Atenea es la quinta víctima de transfemicidio en Colima.

Saray tenía 31 años y su crimen es uno de los cinco que se registraron este año en la zona de la costa oeste de México.

Fuente Agencia Presentes

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El Congreso de Yucatán ha aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario.

El Estado sigue la estela de Sinaloa y Baja California, que también han avalado la unión entre parejas homosexuales este verano

El Congreso del Estado de Yucatán aprobó el pasado miércoles el matrimonio igualitario con 20 votos a favor y cinco en contra. Hace solo tres semanas que Baja California tomó la misma decisión y también este verano, a finales de junio, la unión entre parejas homosexuales fue aceptada en Sinaloa. Con estas tres nuevas resoluciones son ya 22 de los 32 Estados mexicanos los que reconocen este derecho.

En una larga sesión de más de cuatro horas, los diputados de Yucatán han votado a favor de modificar el artículo 94 de la Constitución del Estado para replantear los términos: en vez de algo exclusivo entre un hombre y una mujer,  la reforma aprobada define el matrimonio como «una institución por medio de la cual se establece la unión jurídica, libre y voluntaria de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto y ayuda mutua» y abre la figura del concubinato a todas las parejas.

Yucatán se convierte en la última jurisdicción de México en adoptar una definición igualitaria del matrimonio (ya sea por vía puramente legislativa o por mandato judicial) tras Ciudad de México, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, Nayarit, Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Baja California, Puebla, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala y Sinaloa, esta última en junio de este mismo año. Los territorios mencionados albergan al 62% de la población del país

Con 20 votos a favor y 5 en contra, se aprueba matrimonio igualitario #LXIILegislatura #Yucatán pic.twitter.com/b5fgWIPRjo

— Congreso Yucatán (@CongresoYucatan) August 25, 2021

El camino hasta esta reforma no ha sido fácil en la península. En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) declaró inconstitucional prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo por ir en contra del principio de no discriminación. Eso dejaba la responsabilidad en los congresos estatales, que debían modificar su legislación, pero varios de ellos se han negado a corregir sus códigos. Ese fue el caso de Yucatán.

En 2019, en una votación secreta, el Congreso yucateco rechazó el matrimonio homosexual. Pero el colectivo PTFY presentó un amparo contra el Poder Legislativo estatal por ir en contra del mandato de la SCJN y esta obligó a los legisladores a repetir la votación, que finalmente se ha desarrollado este miércoles. La resolución ha sido en esta ocasión aprobada con una amplia mayoría.

No podemos olvidar que, en 2019, Ricky Martin y diversas personalidades exigían al gobierno de Yucatán para que aprobase el matrimonio igualitario.

En la misma sesión, los diputados han prohibido las llamadas terapias de conversión, que tratan de modificar la orientación sexual, y han aprobado que el delito de feminicidio no prescriba. En este mismo sentido, los congresistas han establecido que en caso de asesinato de una mujer a manos de su pareja, la patria potestad de los hijos no sea para el agresor sino para los abuelos de los menores.

El matrimonio igualitario en México

En México, el matrimonio igualitario está en vigor en muchos de sus estados y los matrimonios celebrados en ellos deben ser reconocidos a nivel nacional. Ciudad de México, de hecho, fue el primer territorio de América Latina en aprobar el matrimonio igualitario en el año 2009 (meses antes de que lo hiciera Argentina). En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló que tanto los matrimonios entre parejas del mismo sexo como las adopciones por padres del mismo sexo fruto de aquella ley eran válidos en todo el territorio mexicano.

La capital mexicana abría así un camino que luego han seguido otros estados de México, un país federal en el que cada estado goza de amplia autonomía legislativa y cuenta con códigos civiles propios. Además, la prohibición del matrimonio igualitario por los estados que aún no permiten su celebración acabó siendo considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y, de hecho, en prácticamente todos los estados de México se han celebrado ya bodas por orden judicial. En los estados que no celebran matrimonios entre personas del mismo sexo, sin embargo, los contrayentes deben presentar un recurso de amparo, un trámite que aumenta los plazos y los costes.

Pese a todo, el Congreso de México decidía a finales de 2016 bloquear el compromiso del presidente del país, Enrique Peña Nieto, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar sin género de duda la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. Todo ello fruto de una intensa campaña de agitación homófoba promovida, entre otras, por la Iglesia católica mexicana. En enero de 2017 publicábamos la noticia de la nueva constitución de Ciudad de México y el reconocimiento expreso al matrimonio igualitario y a las familias LGTB.

La victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido de nueva creación Morena en las elecciones de julio de 2018 despertaron ciertas expectativas de que una solución a nivel federal, a pesar de sus tibias palabras en campaña. Desde entonces se han presentado dos propuestas. La primera, en octubre de 2018, a iniciativa del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Zepeda Hernández. La segunda, en diciembre de 2019, la defendió la diputada de Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega y conlleva una reforma de la Constitución mexicana. Ninguna de ellas ha sido aprobada.

Con la entrada de Yucatán, Baja California y Sinaloa estos últimos tres meses, el mapa mexicano avanza en la igualdad, iniciada hace 11 años en Ciudad de México. Aunque todavía 10 Estados (Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas) se resisten a reformar sus leyes. Las parejas homosexuales de estas entidades tienen que presentar un amparo para que los jueces aprueben la unión caso por caso, en vez de hacerlo con un trámite ante el Registro Civil.

Fuente Agencias/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Fuente Agencia Presentes

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Si hace unos días hablábamos del asesinato de tres activistas LGTBI, las últimas noticias que nos llegan desde México no son menos atroces…

Este miércoles fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas una mujer transgénero centroamericana que se dedicaba al trabajo sexual y al activismo a favor de la diversidad sexual. Nataly Briyth Sánchez, quien era originaria de Cuyamel, Puerto Cortés, Honduras, llevaba varios años viviendo en la capital del estado huyendo de la violencia de la que era objeto en su país de origen por parte de las pandillas criminales.

En su estancia en el estado, Nataly rentaba una habitación en la avenida 3ª Poniente Norte, Número 662, en el centro de la ciudad. De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar la joven mujer transgénero recibió este miércoles a uno de sus clientes, mismo que la atacó hasta asesinarla.

La mujer que le rentaba el cuarto a Nataly fue la encargada de reportar su agresión a la policía, pues escucho gritos provenientes de su habitación. La policía arribó al lugar de los hechos y pudo atrapar al agresor, ya que este se quedó encerrado en el cuarto, pues antes de ser agredida la mujer transgénero puso llave a la puerta por seguridad.

En un comunicado, la organización civil Diana Sacayán se exigió a las autoridades de la entidad que se castigue al responsable del asesinato: “El homicida fue capturado en flagrancia y está confeso, por lo que no hay nada más que investigar”.

De acuerdo con información difundida por la organización civil, en lo que va del año llevan contabilizados 5 asesinatos en contra de mujeres transgénero en el país; por lo que la asociación exhortó a los defensores de derechos humanos a alzar la voz para que el asesinato de la mujer transgénero centroamericana no quede impune.

“Nosotras no somos animales, nosotras necesitamos que el gobierno haga algo porque nos están matando como a un animal, sin derecho. Van cinco chicas trans que han asesinado en lo va del año. Queremos que no vayan a soltar a esa persona ya que puede pasar lo mismo con el caso de la chica comiteca, Itzel que por no tener pruebas suficientes lo dejaron en libertad”, denunció Fanny, presidenta de la asociación.

Asimismo, ese fin de semana una mujer transgénero que se dedica al trabajo sexual fue agredida a puñaladas por un hombre que la intercepto en las calles de Monterrey mientras ejercía su trabajo, el agresor escapó y la mujer fue enviada a un hospital donde se reportó estable.

A este suceso, desgraciadamente, se suma también el asesinato de una mujer trans en el Estado de Colima. El cuerpo de la mujer se encontraba atado de manos y presentaba signos de haber sufrido tortura. En cualquier caso, las autoridades no han aclarado si contaba con heridas de bala, aunque sí se sabe que su rostro habría sido repetidamente golpeado.

El hallazgo se realizó en la carretera libre a Armería-Manzanillo a la altura de la colonia Sagrado Corazón. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como el móvil que motivo el asesinato. Las autoridades no informaron si el cuerpo presenta heridas de bala, pero se pudo constatar que el cuerpo presentaba golpes en el rostro.

El lugar fue acordonado por elementos policiacos y a él arribó personal de servicios periciales con el fin de iniciar una investigación para determinar la identidad de la mujer asesinada así como las razones y los responsables de este crimen.

Este es uno de los crímenes de odio en contra de personas LGBT que acontecieron este fin de semana. Este domingo fueron asesinados tres activistas abiertamente homosexuales que defendían los derechos de las personas LGBT en el estado de Guerrero. De acuerdo Orlando Pastor, activista LGBT de Chilpancingo, los hombres fueron privados de su libertad por un grupo armado, asesinados y abandonados en las calles de Taxco, municipio del que eran originarios.

Con este último crimen, al menos van nueve mujeres trans asesinadas entre abril y junio en los Estados de Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y la última de Colima.

Este mismo año, recogíamos en marzo los asesinatos de un estudiante gay y de una activista lesbiana. Isaac Luna García, un universitario de 19 años, fue asesinado el mes de febrero en ciudad de México, en lo que amigos y familiares están convencidos se trata de un crimen homófobo. Por otra parte, el cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición en Arroyo del Durazno (en el estado de Guanajuato), era identificado como el de María Guadalupe Hernández Flores, de 37 años, activista feminista y lesbiana que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de marzo. También nos hacíamos eco de los comentarios de odio contra otro estudiante homosexual fallecido y la agresión a una pareja estadounidense de hombres por ir cogidos de la mano.

Según datos del informe Violencia, Impunidad y Prejuicios. Asesinatos de personas LGBTTT en México 2013-2017, publicado por la organización civil Letra S Sida, Cultura y Vida Cotidiana, de enero de 2013 a diciembre de 2017 se registraron como mínimo 381 crímenes de odio en contra de personas LGBT en el país.

LGTBfobia y las elecciones federales de México

En este clima de inseguridad para el colectivo LGTB (entre otros), muy castigado por la violencia y el fanatismo, el país celebrará el próximo 1 de julio elecciones federales, sin que ninguno de los principales candidatos haya expresado un compromiso firme y claro en defensa de los derechos plenamente igualitarios.

Desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) «demandamos investigar el asesinato de estos jóvenes más allá de la idea de que se trata de un hecho más dentro de la ola de violencia que azota a varias regiones del país. Las autoridades deben tomar en cuenta los estereotipos negativos que pesan sobre las personas no heterosexuales y que muchas veces provocan homicidios». El PRD concurrirá a las elecciones dentro de la coalición Por México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, un candidato con un perfil bajo en relación al compromiso con el colectivo LGTB.

Fuente Proceso/Colima Noticias/ Desastre.mx/Dosmanznas.

Imagen tomada de Association of World Citizens.

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Los padres se manifiestan contra el derecho de una chica trans a usar el lavabo de chicas en el instituto.

La lgtbfobia tiene mucho que ver con la ignorancia, sino que se lo digan a Regina Gómez, una chica trans que vive en Armería, en el estado de Colima, México, que tras ser humillada y expulsada del centro donde estudiaba por ir vestida de mujer y usar los lavabos destinados a las chicas.

Regina denunció la situación ante la Comisión de Derechos Humanos de Colima y a partir de ese momento recibió el apoyo de la dirección del centro. Entonces ¿cuál es el problema ahora?

Pues el problema son los otros padres. El resto de padres han ido a manifestarse al Ayuntamiento porque consideran que se han vulnerado sus derechos.

No tenemos ni idea de a qué derechos se refieren porque por más vueltas que le damos no vemos que se haya vulnerado ninguno. Eso sí, los derechos de Regina parecen no importarle a nadie.

En este video publicado por Eduardo Calderón vemos “los argumentos” de dichos padres y son para echarse a temblar. Literalmente. En todo momento se refieren a Regina como “un muchachito” y le definen como “un gay que se viste de mujer”, aunque lo más llamativo de todo son las declaraciones de una chica que tiene miedo a que “deje semen en el baño y se pueda quedar embarazada”.

En este otro video, escuchamos a los padres diciendo que dejan que “el chico vaya con falda” y que qué más quiere. Vamos, que travesti sí, trans no. Por no hablar de las quejas por ser un mal estudiante… algo que no entendemos. Porque oye, el entorno de Regina es ideal para que pueda concentrase en sus estudios ¿no?

Fuente: TabascoHoy, vía estoyBailando

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue dictando justicia de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, ajena a todo el revuelo homófobo que vive México. En un nuevo pronunciamiento, la Primera Sala de la Corte ha resuelto tres amparos en el mismo sentido que viene haciendo en los últimos tiempos: determinando que la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional, en este caso en los estados de Nuevo León, Chiapas e Hidalgo.

El fallo tiene como objeto principal el amparo en revisión 1266/2015, referido al estado de Nuevo León, y reitera de forma expresa la inconstitucionalidad de los artículos 147 y 291 Bis de su Código Civil, que circunscriben las instituciones del matrimonio y el concubinato a la unión de un hombre y una mujer. Según el comunicado hecho público por la propia Corte, “al considerar que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo”. “Y, por lo mismo, la ley de cualquier entidad federativa que limite el matrimonio a parejas de distinto sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es la procreación, resulta violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, así como del mandato de protección a todo tipo de familias, previstos en la Constitución Federal”, insiste el texto.

Al tratarse además de la segunda ocasión consecutiva en la que se determina la inconstitucionalidad del artículo 147 del Código Civil para el estado de Nuevo León, la Suprema Corte ordena que se informe al Congreso de dicho estado sobre la existencia de tales precedentes.

“Finalmente, es de mencionar que en el mismo sentido y sesión se resolvieron los amparos en revisión 207 y 582, ambos de 2016, en los cuales se determinó la inconstitucionalidad de los preceptos correspondientes de las legislaciones del Estado de Chiapas e Hidalgo, que circunscriben el matrimonio y concubinato a parejas de distinto sexo”, añade el comunicado.

Lo cierto es que la SCJN ya ha dejado clara su postura cada vez que este tema llega a sus manos. De hecho, en 2015 emitió una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que debe seguir cualquier tribunal ante un amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado cuyas leyes locales no contemplen el matrimonio igualitario. La tesis expresa que “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario y cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por sí una discriminación.

México: el matrimonio ya es una realidad 

No está de más precisar, para aquellos de nuestros lectores que no hayan seguido estrechamente la evolución del matrimonio igualitario en México pero que sí sepan de las recientes movilizaciones homófobas, que el matrimonio igualitario ya es una realidad en México desde hace años. El último estado en aprobarlo por vía legislativa, el pasado mayo, fue Colima, cuyo Congreso local respaldó por unanimidad una serie de reformas que adecuaban sus leyes a la jurisprudencia de la SCJN, que ya en 2014 había considerado inconstitucional prohibir el matrimonio en ese estado, y que un año después confirmó que la figura jurídica del “enlace conyugal”, que Colima había promovido para reconocer jurídicamente a las parejas del mismo sexo, era discriminatoria. La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima tuvo lugar apenas unos días después de que lo hicieran Michoacán y Morelos y solo un par de semanas después de de Campeche.

Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (en 2009, y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados allí era extensiva a todo el país), el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit (2015). El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

La acción de los tribunales, clave

El pasado enero, por otra parte, la SCJN aprobó invalidar el artículo del Código Civil del estado de Jalisco que establecía que el matrimonio solo era válido si era contraído entre un hombre y una mujer, abriendo además la puerta a que estos matrimonios pudiesen celebrarse sin necesidad de un amparo judicial previo.

En la práctica totalidad de los estados mexicanos, de hecho, ya se han celebrado bodas entre personas del mismo sexo por decisión judicial. De especial importancia fue, en este sentido, una histórica sentencia que en 2012 emitió la SCJN, que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentaciones equivalentes fueron reproduciéndose después en numerosas sentencias.

En dos estados, Chihuahua y Guerrero, los propios gobiernos estatales decidieron hace meses, como consecuencia de estas sentencias, dejar de poner trabas a la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo con carácter general, pese a que formalmente no se haya aprobado una ley de matrimonio igualitario. Chihuahua y Guerrero, además del mencionado Jalisco, pueden considerarse de facto parte de la lista de territorios en los cuales ya es posible el matrimonio igualitario sin aparentes restricciones (en otro estado, Sonora, la directora del Registro Civil llegó a anunciar que las parejas del mismo sexo no tendrían ya que solicitar ningún amparo judicial para contraer matrimonio. Pero la gobernadora de Sonora la desautorizó después, confirmando que por el momento sí necesitarán la orden judicial en este estado).

El anuncio de Enrique Peña Nieto precipitó la reacción homófoba

Fue la decisión formal de plasmar en las leyes federales el matrimonio igualitario, tal y como hizo público en mayo pasado el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, la que precipitó la reacción homófoba a la que hemos asistido estas semanas. Peña Nieto anunció que promovería la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el país. El presidente mexicano también aseguró que se revisarían todas y cada una de las leyes federales mexicanas para eliminar todo atisbo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y ajustarlas, de esta forma, a la jurisprudencia de la SCJN.

A ya partir de ahí, el lamentable espectáculo de odio homófobo promovido muy especialmente desde la Iglesia católica mexicana, con el cardenal primado Norberto Rivera a la cabeza, que ha cristalizado en las multitudinarias manifestaciones de este mes de septiembre y que ha recibido incluso el espaldarazo del papa Francisco. Veremos quién gana finalmente el pulso, si el estado de derecho o el sector más ultraconservador de la sociedad mexicana.

Fuente Dosmanzanas

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Otro nuevo estado mexicano acaba de aprobar por unanimidad de sus diputados la reforma de su Código Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de Colima, en la costa del Pacífico. La aprobación ocurre pocos días después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunciase su intención de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el territorio mexicano. Una reforma que pondrá punto final a la peculiar situación de México, país en el que conviven un Código Civil federal con los diferentes códigos civiles de los estados que lo forman, varios de los cuales ya disponen matrimonio igualitario. A este paso, habrá que ver si a este paso la reforma federal no se aprueba con matrimonio igualitario en todos los estados… 

Una tras otra, como fichas de dominó, las legislaciones de los estados mexicanos van cayendo del lado de la igualdad: a la lista de estados cuyas legislaciones ya son igualitarias se acaban de unir esta semana Colima, cuyo Congreso local ha aprobado por unanimidad una serie de reformas que adecuan sus leyes a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya en el año 2014 había considerado inconstitucional prohibir el matrimonio en ese estado, y que un año después confirmó que la figura jurídica del “enlace conyugal”, que Colima había promovido para reconocer jurídicamente a las parejas del mismo sexo, era discriminatoria.

Es por eso que el Congreso de Colima ha abordado las correspondientes reformas, tanto de la Constitución del estado, para eliminar de la definición de matrimonio el que este tenga que ser contraído “entre un hombre y una mujer” (reforma que fue votada a principios de mes), como del Código Civil, que a partir de ahora adopta un lenguaje neutro en su articulado. Esta última reforma fue aprobada el pasado miércoles, 25 de mayo, por 24 votos a favor y ningún voto en contra (un diputado estaba ausente).

La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima tiene lugar apenas unos días después de que hicieran lo propio los estados de Michoacán y de Morelos, y solo un par de semanas después de que lo hiciera el estado de Campeche. Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

La acción de los tribunales, clave

Faltaba sin embargo el empujón final: la decisión formal de plasmar en las leyes federales el matrimonio igualitario, tal y como anunciaba este mes de mayo Enrique Peña Nieto. El presidente mexicano también aseguraba que se revisarían todas y cada una de las leyes federales mexicanas para eliminar todo atisbo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y ajustarlas, de esta forma, a la jurisprudencia de la SCJN.

En cualquier caso, la iniciativa presidencial debe ser todavía discutida y aprobada por el Congreso mexicano, lo que se demorará sin duda un tiempo. Es por eso que es buena noticia que los estados continúen actualizando por su cuenta sus legislaciones matrimoniales para acabar cuanto antes con la desigualdad jurídica. De hecho, tras Michoacán, Morelos y Colima se espera que a corto plazo hagan lo propio Chiapas y el estado de México.

Fuente Dosmanzanas

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Importante sentencia favorable a los derechos LGTB en México. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, el más alto tribunal del país) ha considerado contraria a la Constitución la prohibición de adoptar menores a las parejas unidas civilmente, incluyendo las del mismo sexo, en el estado sudoriental de Campeche.

La Ley Reguladora de Sociedades de Convivencia entró en vigor a finales de 2013 en este estado de la península de Yucatán. Las parejas del mismo o de distinto sexo pueden desde entonces hacer uso de la misma para formalizar su unión, pero este mecanismo excluía explícitamente algunos derechos sí reconocidos a los matrimonios. Las personas que se unen civilmente mediante este procedimiento perdían automáticamente la patria potestad de sus hijos y tenían vetado el acceso a la adopción. Es por ello que la Comisión de Derechos Humanos de Campeche remitió un recurso de anticonstitucionalidad contra el artículo de la norma que consagraba estas limitaciones de derechos.

Los demandantes explicaban que la exclusión viola los derechos a la no discriminación y a la protección de la organización y desarrollo de la familia que recoge la Constitución mexicana. La SCJN admitió a trámite el recurso y la magistrada Margarita Luna, a principios de este mes, propuso la anulación del artículo por discriminatorio. En el Pleno había una práctica unanimidad (solo uno de los once jueces estaba en contra) en declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero existían discrepancias en la argumentación.

Así, un grupo de cinco magistrados quería destacar la discriminación por razón de orientación sexual, ya que las “sociedades de convivencia” son la única alternativa reconocida en la legislación para las parejas del mismo sexo. Sin embargo, otros cuatro preferían considerarla una discriminación de tipo genérico de las parejas unidas civilmente frente a las casadas. Finalmente, la sentencia establece que la exclusión es contraria al interés superior del niño y ha sido adoptada por nueve votos a favor frente a uno en contra: el del juez Eduardo Medina.

El avance de los derechos LGTB en México

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sentado jurisprudencia determinando que son inconstitucionales los Códigos Civiles de los estados que consideren únicamente al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer cuyo fin último sea la procreación.

Paso de gigante en México, donde la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha asentado la jurisprudencia favorable al matrimonio igualitario que a partir de ahora los tribunales mexicanos deberán seguir en aquellos amparos que les lleguen sobre la materia, con independencia de las leyes locales de cada estado. La decisión consolida de forma irreversible el lento pero imparable avance que se viene produciendo sentencia tras sentencia en ese país. Y es que, según el más alto tribunal mexicano, “no existe razón de índole constitucional para no reconocer” el matrimonio igualitario.

Leticia Bonifaz, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos del máximo tribunal, indicó en una entrevista que el número de casos de matrimonios de un mismo sexo resueltos por la SCJN permitió que se estableciera una jurisprudencia.

De esta forma la jurisprudencia establece sobre el matrimonio que “la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”. Así, Bonifaz explicó que cualquier Código Civil que establezca que el matrimonio es sólo entre mujer y hombre, o que establezca que el fin de éste es la procreación, es inconstitucional, “porque hay otros propósitos del matrimonio, si sólo fuera la procreación no se podrían casar personas de cierta edad o personas que tienen alguna cuestión de salud”.

La nueva jurisprudencia destaca que considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social.

“Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, precisó, y añadió que “como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como entre ‘un solo hombre y una sola mujer’”.

Por su brevedad y claridad, reproducimos literalmente la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de México:

TESIS JURISPRUDENCIAL 46/2015

MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO

Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución.

En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja.

Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de “separados pero iguales”. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad.

Una tesis que destaca por su sencillez (salvando las distancias, sorprende al compararla con la farragosa argumentación de la sentencia por la cual el Tribunal Constitucional de España dio validez a la ley española de matrimonio igualitario…). Y aunque la decisión, a día de hoy, no supone la extensión automática del matrimonio igualitario a todo el territorio mexicano de forma plena (las parejas a las que se deniegue su solicitud de matrimonio tendrán que acudir todavía a los tribunales, al menos mientras los estados no tomen decisiones como la que se acaba de adoptar en Chihuahua) supone desde luego un paso de gigante. Seguiremos atentos a la evolución del proceso.

Chihuahua acaba de convertirse en el cuarto estado de México en el que se aprueba el matrimonio igualitario.  El Gobernador César Duarte ha anunciado oficialmente que su administración “eliminará las trabas” a las parejas del mismo sexo que soliciten unirse en matrimonio. Se espera que las licencias comiencen a emitirse este viernes (12 de junio).

En 2013, a la pareja chihuahuense formada por Tony y Tómas se les permitió casarse por un juez de distrito en Ciudad Juárez después de haber sido rechazado inicialmente por el Registro Civil del Estado. Pero después de que la administración bloqueara su matrimonio, 26 parejas del mismo sexo acudieron a formalizar su petición de sus derechos a ser casadas. Todas estas parejas serán compensadas por los trámites legales. En febrero pasado ganaron el amparo después de que el Juzgado Octavo de Distrito declarase inconstitucional los artículos 134 y 135 del Código Civil del Estado de Chihuahua, porque impide los matrimonios igualitarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba a punto de ordenar al Congreso local que legisle sobre los matrimonios igualitarios, y a las autoridades estatales a que indemnicen a las parejas a las que buscaron la protección de la justicia porque inicialmente se les negó el derecho a contraer nupcias. “Lo que menos quieren ya es que los amparos promovidos por los denunciantes lleguen hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, apunta Mario Trevizo, secretario general de Gobierno.

Las organizaciones Movimiento Integración de la Diversidad (Movid), Derechos Humanos Integrantes en Acción (DHIA) y el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS) anuncian en las redes sociales este gran avance, y manifiestan que lo celebrarán en la marcha del Orgullo LGBT del próximo 20 de junio.

Chihuahua se suma de esta forma a Coahuila, Quintana Roo y México, los estados que permiten el matrimonio igualitario en México.

En México hay que distinguir varias situaciones. Por un lado, hay dos territorios en los que ya es realidad el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos. Se trata del Distrito Federal (desde 2009) y del estado de Coahuila (desde septiembre de 2014). A este respecto, ya en 2010 la Suprema Corte de Justicia determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

Todas estas sentencias han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Pero también se han ido produciendo sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo del Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil a una solicitud de matrimonio,“sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Un proceso que ahora sufre un espaldarazo con la decisión del más alto tribunal mexicano de emitir una tesis jurisprudencial que marca de forma expresa el criterio que deben seguir los tribunales ante cualquier amparo que interponga una pareja del mismo sexo a la que no se le permita casarse por residir en un estado que no haya aprobado el matrimonio igualitario. La tesis, por otra parte, cierra definitivamente el camino a las legislaciones de “unión civil” similares en todo al matrimonio excepto por el nombre, al considerar que ello supone ya de por si una discriminación.

Fuente El Economista y Dosmanzanas

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Aunque en los últimos meses los avances al norte del Río Grande han despertado mayor atención, lo cierto es que los Estados Unidos Mexicanos caminan a velocidad de crucero hacia el reconocimiento pleno del matrimonio igualitario. Este ya es realidad en el Distrito Federal (desde 2009) y en el estado de Coahuila (desde septiembre de 2014), aprobada por sus respectivos órganos legislativos. Es más, en 2010 la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal es extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer. Pero es que además la inmensa mayoría de estados mexicanos cuenta ya con sentencias favorables al matrimonio igualitario, la más reciente de ellas -esta pasada semana- referida al estado de México, y que además insta al Congreso de dicho estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Sentencia tras sentencia y de forma sistemática los jueces mexicanos se han pronunciado a favor del matrimonio igualitario en la inmensa mayoría de los estados, en los que varias decenas de parejas del mismo sexo han conseguido ya ver reconocido su derecho a casarse. De gran importancia fue, en este sentido, la histórica sentencia que en 2012 emitió por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de México y que amparó a tres parejas del estado de Oaxaca a las que no se les permitía contraer matrimonio por considerar que se violaba el principio de igualdad. Argumentación similar a las que luego se han reproducido en amparos a parejas del mismo sexo residentes en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California del Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Yucatán.

Un proceso que se ha producido no sin resistencia: en el caso de Baja California, por ejemplo, una pareja que vio reconocido su derecho a contraer matrimonio tuvo que seguir litigando ante la negativa del Registro Civil de Mexicali de obedecer el mandato de la Suprema Corte hasta en cuatro ocasiones. No fue hasta mitad de enero que la pareja pudo por fin casarse.

En todos estos estados las sentencias favorables al matrimonio igualitario han sido emitidas por jueces federales como respuesta a amparos solicitados por parejas del mismo sexo a las que las leyes locales no les permitían contraer matrimonio, en la mayoría de los casos confirmadas además por la Suprema Corte de Justicia. Es el caso de la sentencia conocida esta semana pasada, en la que el más alto tribunal mexicano concedía amparo definitivo a cuatro parejas del Estado de México que llevan litigando desde febrero de 2013, y que además insta al Congreso del estado a reformar su legislación matrimonial para acabar con la discriminación.

Este mismo lunes podría conocerse también la decisión del Tribunal Constitucional de Yucatán, estado en el que ya ha habido varias bodas entre personas del mismo sexo  -como consecuencia de los amparos judiciales referidos- pero en el que sigue vigente una reforma homófoba aprobada por el Congreso del estado en 2009 que elevaba a rango constitucional la prohibición del matrimonio igualitario.

Dicha prohibición ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional del estado, que bien podría dar un vuelco a la situación legal y ordenar al legislativo terminar con la discriminación.

Lo cierto es que la acumulación de sentencias está generando una situación cada vez más favorable al matrimonio igualitario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, por el momento estas son solo son de obligada ejecución para las parejas recurrentes, pero ya son varios los estados en los que el número de sentencias está a punto de alcanzar el volumen suficiente para sentar jurisprudencia.

También empiezan a conocerse sentencias de calado más amplio, como la emitida en abril de 2014, cuando la Suprema Corte falló a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca (otra vez este un litigio iniciado por activistas de este estado marcaba la tendencia) que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia en la que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte.

Por último, son ya varias las iniciativas de aprobación del matrimonio igualitario en legislaturas estatales desencadenadas por la escalada judicial.

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Prosigue el goteo de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario en México, en un proceso que parece imparable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho públicas este mes de junio dos sentencias que vuelven a considerar inconstitucional la prohibición de contraer matrimonio a parejas del mismo sexo en dos nuevos estados, Colima y Baja California.

La más reciente de las sentencias, conocida esta misma semana, es la de Baja California. La Suprema Corte examinaba el amparo interpuesto por Víctor Manuel Espinoza y Víctor Fernando Urías, una pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Mexicali negó el matrimonio, ya que la legislación del estado solo autoriza el matrimonio entre un hombre y una mujer, e incluso lo vincula con la perpetuación de la especie. El alto tribunal considera sin embargo que la exclusión del matrimonio a las parejas del mismo sexo atenta contra la autodeterminación de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y de manera implícita genera una violación al principio de igualdad, al dar un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación niega además de forma expresa que la perpetuación de la especie o el formar una familia con hijos sea la finalidad jurídica del matrimonio.

Pocas semanas antes la Suprema Corte había emitido un fallo similar referido a otra pareja gay a la que la Oficialía del Registro Civil de Colima (estado de Colima) había negado también su derecho a contraer matrimonio.

La Suprema Corte de Justicia ha entrado en juego

Como regularmente venimos informando, sentencia tras sentencia la justicia mexicana se viene pronunciando a favor del matrimonio igualitario en un lento goteo. En marzo recogíamos como un juez federal de Michoacán ordenaba la celebración de un matrimonio entre dos mujeres. Michoacán seguía los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró en diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre. Sentencias similares se habían producido ya en otros estados, como Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa o Yucatán, y también en Baja California y Colima.

Podemos considerar sin embargo que se ha pasado ya a una nueva fase, al comenzar a conocerse sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia. Ya en diciembre de 2012 el más alto tribunal del país amparaba a tres pareja de Oaxaca, permitiendo que el primer matrimonio igualitario se celebrara hace más un año. Ahora se han conocido las sentencias referidas a Colima y Baja California. Y hace poco más de dos meses la Suprema Corte fallaba a favor de 39 personas homosexuales residentes en el estado de Oaxaca que solicitaron amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. Una sentencia especialmente importante, en tanto que el agravio estudiado no fue ya la negativa de una autoridad civil para acceder a una solicitud de matrimonio, “sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”, según el comunicado de la propia Corte, que tiene pendiente estudiar un recurso similar referido al estado de Sinaloa.

Una cascada de igualdad que comenzó en la capital

Como siempre que hablamos del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en México, conviene recordar que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace cuatro años y medio, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio del año pasado en la propia Colima o en octubre en Jalisco, parches jurídicos que posiblemente serán superados por la acumulación de jurisprudencia en favor del matrimonio igualitario en no demasiado tiempo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Discriminación, Estado de méxico, Guanajuato, Jalisco, Matrimonio, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Suprema Corte de Justicia de México, Víctor Fernando Urías, Víctor Manuel Espinoza, Yucatán

Importantísima sentencia la emitida en México por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligará al estado de Oaxaca a permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo a todos sus ciudadanos. El más alto tribunal de justicia del país ha fallado a favor de 39 personas homosexuales residentes en Oaxaca que solicitaron el correspondiente amparo al considerar que el artículo de Código Civil de ese estado que define al matrimonio como un contrato entre “un solo hombre y una sola mujer” es inconstitucional. La sentencia es histórica en tanto que, según el propio comunicado de la Corte expresa, “el agravio estudiado no fue la negativa de una autoridad civil para acceder a la solicitud de matrimonio de parejas del mismo sexo, sino la discriminación en la enunciación de la norma y la afectación por su mera existencia”.

México avanza en la igualdad. La Justicia ha declarado inconstitucional la ley que prohíbe el matrimonio gay en el estado de Oaxaca. En el pleno celebrado ayer (22 de abril), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 143 del Código Civil estatal, que define al matrimonio como “un contrato entre un solo hombre y una sola mujer y que tiene por objeto perpetuar la especie”.

Por cuatro votos contra uno, la Sala consideró que se cuenta con interés legítimo para impugnar una ley si se demuestra que ésta causa una afectación personal, aunque no sea directa. El tribunal dio así la razón a los 39 ciudadanos residentes de Oaxaca que interpusieron un recurso de revisión de la norma. La Primera Sala de la Corte ya había declarado el artículo “inconstitucional por discriminatorio” en tres sentencias anteriores, pero en todos esos casos, los querellantes habían acudido al Registro Civil para solicitar que se les uniera en matrimonio, y siempre recibieron respuesta negativa.

El artículo pierde ahora su valor jurídico. Esta decisión es vinculante a todas las autoridades del Estado de Oaxaca, por lo que no podrá ser utilizado para negar el matrimonio a parejas del mismo sexo.

Si bien la prohibición del matrimonio homosexual es ya inconstitucional en Oaxaca, todavía no existe una ley que permita el matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo. Sin embargo, sí que pueden celebrarse matrimonios “por amparos” en el estado y son reconocidos los matrimonios celebrados en otras jurisdicciones, como ocurre en el resto de México.

Hasta la fecha, el matrimonio igualitario es legal en Distrito Federal y en Quintana Roo, y la unión civil igualitaria en los mismos, más Campeche, Coahuila, Colima y Jalisco.

Poru parte cuenta Dosmanzanas: Como regularmente venimos informando, sentencia tras sentencia la justicia mexicana se pronuncia a favor del matrimonio igualitario en un lento goteo que alcanza a todo el país. Hace poco más de un mes recogíamos como un juez federal de Michoacán ordenaba la celebración de un matrimonio entre dos mujeres a las que el Registro Civil negó su solicitud. Michoacán seguía así los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró a finales de diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre. Pero las sentencias judiciales a favor de parejas del mismo sexo que deseaban contraer matrimonio se han ido sucediendo en otros estados, como Baja California, Colima, Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa o Yucatán.

Pero el caso de Oaxaca es sin duda especial, al involucrar a la Suprema Corte de Justicia. Ya en diciembre de 2012 el más alto tribunal del país amparaba a tres pareja de ese estado, permitiendo que el primer matrimonio igualitario se celebrara hace poco más un año. Una sentencia que en cierto modo fue la que abrió la puerta a que en otros estados jueces federales se pronunciaran en el mismo sentido. Ahora, casi año y medio después, también es una sentencia de la Suprema Corte referida a Oaxaca la que hace historia, al pronunciarse, ya no sobre los amparos de las parejas recurrentes, sino sobre el fondo del asunto, al considerar directamente inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario y abrir así la puerta a que todas las parejas puedan casarse.

La Suprema Corte de Justicia es clara. Si bien considera incuestionable que los Congresos estatales tienen libertad para regular el estado civil de las personas, esta “se encuentra limitada por los mandatos constitucionales y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1 constitucional”. La Suprema Corte, por otra parte, considera que “el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo”.

Según el comunicado de la Corte, en cuanto a los efectos de la sentencia el amparo otorgado “vincula a todas las autoridades del Estado de Oaxaca, por lo que no podrán utilizar el artículo como base para negar a los quejosos beneficios o establecer cargas relacionados con la regulación del matrimonio. Por tanto, los quejosos no deben ser expuestos al mensaje discriminador de la norma, tanto en el presente como en el futuro”.

El caso de Oaxaca, previsiblemente, no será el último. Por lo pronto la propia Corte ya ha anunciado que estudiará un recurso similar referido al estado de Sinaloa.

Una cascada de igualdad que comenzó en la capital

Como siempre que hablamos del reconocimiento de las parejas del mismo sexo en México, conviene recordar que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace ya más de cuatro años, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio en Colima o en octubre en Jalisco, parches jurídicos que todo apunta a que serán superados por la fuerza de la justicia en no demasiado tiempo.

Fuente Dosmanzanas y  Ragap

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Leemos en Dosmanzanas que un nuevo estado de México se sumará a la cada vez más larga lista de territorios de ese país en el que la justicia obliga a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. En Michoacán, un juez federal ordenó la semana pasada que se celebre de forma inmediata la boda entre Alejandra Banderas y Claudia López, a las que el Registro Civil negó su solicitud de matrimonio dado a día de hoy el Código Civil del estado no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Michoacán sigue así los pasos de Jalisco, cuya primera boda igualitaria se celebró a finales de diciembre, y de Chihuahua, cuya primera boda se celebraba en noviembre (ya se ha celebrado de hecho una segunda, y en el momento en que se celebren cinco la jurisprudencia ya será firme). Pero las sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario se han ido sucediendo en muchos otros estados, como Baja California, Colima, Guanajuato, el estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa o Yucatán. En el caso de Oaxaca, sin duda la sentencia que marcó la tendencia, fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en diciembre de 2012 amparó de forma unánime a tres parejas, permitiendo que el primer matrimonio igualitario de ese estado se celebrara hace ahora un año.

Por el momento estos primeros amparos afectan solo a las parejas recurrentes, pero conforme se vayan acumulando y generando la suficiente jurisprudencia estado por estado el matrimonio igualitario será pronto un derecho que se podrá ejercer de forma extensa. La batalla judicial, además, apunta ya a la posible inconstitucionalidad de las leyes que limitan el matrimonio igualitario. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, la norma que prohíbe casarse a dos personas del mismo sexo será debatida por la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a una decisión adoptada también la semana pasada. El alto tribunal puede emitir una sentencia de efecto limitado a las parejas recurrentes (como sucedió en Oaxaca) pero no se descarta una sentencia más genérica que abra el matrimonio a todas las parejas del mismo sexo del estado.

Un derecho que se extiende por todo México

No se trata de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo de México, ya que el matrimonio igualitario y la adopción homoparental son legales en el Distrito Federal desde hace ya más de cuatro años, donde fueron aprobados por su Asamblea Legislativa. Es más, la validez de los matrimonios celebrados en la capital mexicana es extensiva a todo el país, según reconoció en agosto de 2010 la Suprema Corte.

El matrimonio igualitario también es posible en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como han denunciado activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que lo han hecho iniciativas de aprobación de leyes de unión civil al estilo de la vigente desde 2007 en Coahuila, como sucedió en julio en Colima o en octubre en Jalisco.

En este contexto no es de extrañar que grupo de senadores decidiera hace meses promover en el Senado mexicano una propuesta de modificación del Código Civil Federal (que convive con los códigos civiles de los diversos estados) para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. La propuesta partió del izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) y despertó adhesiones de senadores del PRI (Partido Revolucionario Institucional), gobernante a nivel federal.

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Se celebrarán ‘bodas simbólicas‘ en la localidad mexicana de Guadalajara

Informa Dosmanzanas de este nuevo paso hacia la igualdad legal de las familias LGTB en México. El Congreso de Coahuila, al norte del país, ha eliminado las restricciones legales a la adopción de hijos por parejas del mismo sexo, dando así cumplimiento a la orden que el Tribunal Superior de Justicia de ese estado dio ya hace más de dos años. Coahuila se convierte en la segunda entidad del país, tras el Distrito Federal, en permitir un proceso cuya validez legal a nivel federal ya fue reconocida en 2010 por la Suprema Corte de Justicia de México.

En concreto, el Congreso de Coahuila ha derogado el artículo 385-7 del Código Civil, que prohibía expresamente a las parejas del mismo sexo unidas civilmente adoptar en forma conjunta o individual, así como “compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro”. Coahuila, conviene precisar, dispone de una legislación de uniones civiles entre personas del mismo sexo. Fue, de hecho, un estado pionero en reconocer derechos a las personas LGTB. El Congreso también ha reformado varias disposiciones de otras leyes para eliminar cualquier tipo de rastro discriminatorio en materia de adopción.

La reforma ha sido aprobada con los votos de 15 de los 25 diputados de la legislatura estatal, entre ellos 12 de los 15 diputados del PRI (Partido Revolucionario Institucional), el partido que en la actualidad gobierna el estado. El PAN (Partido de Acción Nacional), principal fuerza de la oposición, votó en contra. En este punto, conviene recordar que fue precisamente la homofobia del PAN la que dio lugar a la actual modificación legal. A principios de 2007, la mayoría del PRI en el Congreso de Coahuila aprobó el Pacto Civil de Solidaridad, incluyendo el ahora derogado artículo 385-7. Los representantes del PAN, opuestos a la ley, la recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia. El tribunal falló que todos los artículos de la ley eran constitucionales excepto el que prohibía a las parejas del mismo sexo adoptar, que era discriminatorio.

México, en ruta hacia la igualdad legal

La noticia supone un paso más en el largo camino hacia la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo en México, un país del que continuamente nos llegan noticias de avances. No hace ni tres semanas que un juez federal fallaba a favor de una pareja gay del estado de Morelos que había recurrido la negativa a tramitar su solicitud su matrimonio, ordenando la celebración del mismo (prevista, en principio, para el 17 de mayo). Morelos se unirá ese día a la cada vez más amplia lista de estados mexicanos en los que ya se han celebrado bodas entre personas del mismo sexo (los dos últimos, Jalisco y Chihuahua, en ambos casos como consecuencia de dos amparos judiciales favorables).

Pero las sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario se están reproduciendo en muchos otros estados del país, como Baja California, Colima, Guanajuato, el estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa o Yucatán. En este último estado el Gobierno decidió no recurrir, y de hecho en agosto se celebró la primera boda, mientras que en el caso de Oaxaca fue la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación la que en diciembre de 2012 amparó de forma unánime a tres parejas, permitiendo que el primer matrimonio igualitario de ese estado se celebrara hace menos de un año.

Por el momento estos primeros amparos afectan solo a las parejas recurrentes, pero conforme se vayan acumulando y generando la suficiente jurisprudencia en cada estado el matrimonio igualitario será pronto un derecho que se podrá ejercer de forma extensa. Un derecho que, recordemos, es ya una realidad plena en el Distrito Federal. En teoría también es posible ejercerlo en Quintana Roo, cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio solo pueda ser contraído entre un hombre y una mujer (si bien desde los registros civiles de este estado se ponen numerosos impedimentos, como ya han denunciado ha denunciado el activistas locales). Se han presentado además iniciativas legislativas en varios estados, que por el momento no han prosperado. Sí que se han aprobado leyes de unión civil al estilo de la vigente en Coahuila, como sucedió en julio en Colima o en octubre en Jalisco.

En este sentido, resulta revelador que un grupo de senadores haya decidido promover en el Senado mexicano una propuesta de modificación del Código Civil Federal (que convive con los códigos civiles de los diversos estados) para reconocer el matrimonio igualitario en todo el país. La propuesta ha partido del izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) pero también ha despertado adhesiones de senadores del PRI, gobernante a nivel federal.

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