¿Los estudiantes? ¿Y por qué no los formadores?… Y lo de mandarlos a Roma… con lo que pulula por allí…

Denuncian campaña de presión conservadora en contra de la casa de formación

Solo otro obispo seguirá los pasos del arzobispo de Dublín de retirar a sus estudiantes del Seminario Nacional de Irlanda

14 de los 26 obispos irlandeses seguirán mandando sus seminaristas al Colegio San Patricio de Maynooth

El arzobispo de Dublín ha asegurado que hay “sospechas” en un seminario donde los estudiantes usan la aplicación para móviles de contactos gays, Grindr.

Diarmuid Martin, arzobispo de DublínLa diócesis de Dublín ha confirmado que suspenderá temporalmente el ingreso de nuevos estudiantes en el principal seminario de Irlanda ante las sospechas de que se ha extendido una “cultura gay” por el uso de aplicaciones móviles para concertar citas online entre hombres.

Este anuncio se produce después de que el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, declarase el martes a la RTE, la cadena pública irlandesa, que se sentía “incómodo” por las “acusaciones anónimas” vertidas a través de cartas y blogs contra un significativo número de seminaristas en el Colegio San Patricio de Maynooth. Esas acusaciones, explicó, sostienen que existe una “cultura homosexual” en la que los estudiantes usan “una aplicación llamada Grindr” que sirve para “concertar citas gay”.

“Su uso no es solo inapropiado porque se están formando para convertirse en sacerdotes célibes, sino también porque una aplicación como esta promueve una sexualidad promiscua, que de ninguna manera sería la visión madura que se espera que tenga un sacerdote”, dijo Martin.

En consecuencia, el arzobispo indicó que los nuevos estudiantes serán enviados al Colegio Pontificio Irlandés de Roma, en Italia, mientras se aclara este asunto en el seminario de Maynooth, situado a 26 kilómetros de Dublín.

Fundado en 1795, el Colegio San Patricio llegó a ser el seminario más grande del mundo, en el que se formaba a hasta 500 estudiantes al año, si bien esa cifra ha ido cayendo en los últimos años hasta los 60 postulantes.

Martin también reconoció que existen sospechas de que las autoridades del seminario se negaron a investigar las denuncias presentadas por los delatores, motivo por el que comenzaron a “circular todo tipo de acusaciones anónimas”.

Aunque aseguró que “algunas han resultado ser ciertas”, afirmó que, hasta la fecha, ha sido imposible establecer un “proceso investigador formal” porque el “material sigue siendo anónimo“.

El arzobispo, máxima autoridad de la Iglesia católica en la República de Irlanda, reveló que ha recurrido a los servicios de un observador “independiente” para tratar de sacar de la clandestinidad a los denunciantes, pero sus esfuerzos solo han generado más acusaciones “anónimas”.

“Una cultura de cartas anónimas es venenosa y hasta que esto se aclare prefiero enviar a mis estudiantes a otro centro”, recalcó Martin.

El prelado pidió a los responsables de Maynooth que adopten medidas para que los que quieran denunciar supuestas irregularidades puedan presentar “pruebas sólidas y concluyentes”. Asimismo, denunció la excesiva “comodidad” de que disfrutan los seminaristas en este centro de formación, donde se les sirve, lamentó, “el desayuno, la comida y la cena”.

(Cameron Doody).- Después de que el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, confirmara ayer su intención de retirar a los tres seminaristas de su archidiócesis del Seminario Nacional de Irlanda en Maynooth para mandarlos a Roma, la mayoría de los obispos irlandeses han expresado su confianza en esta casa de formación, dando así visibilidad a una profunda ruptura alrededor del asunto que parece estar abriéndose en la Iglesia nacional.

El periódico The Irish Times informa este jueves que de los 26 obispos diocesanos de Irlanda, 14 han señalado su intención de seguir mandando a sus estudiantes al seminario de Maynooth, a pesar de las alegaciones de acoso sexual, una cultura de encubrimiento y una “subcultura gay” en el colegio que llevó al arzobispo Martin a calificarlo como un lugar “lleno de conflictos” y como un sitio poco adecuado para futuros sacerdotes.

De los 26 ordinarios del país -aparte de los 14 que quieren que sus seminaristas sigan en Maynooth, el único que no tiene ninguna vocación al sacerdocio en su diócesis, y los 8 que no hicieron ninguna declaración a The Irish Times– solo un obispo ha decidido seguir los pasos del arzobispo Martin y transferir sus seminaristas al Colegio Irlandés en Roma. Otro prelado ha afirmado que le guiarán “las particulares necesidades de formación y la aptitud personal del individuo del que se trate”.

Los obispos que han dicho que seguirán mandando sus seminaristas a Maynooth están encabezados por el Primado de Toda Irlanda -el arzobispo de Armagh, Eamon Martin– quien ha afirmado, acordándose de un seminarista recién ordenando sacerdote, que “estamos muy agradecidos al Colegio de San Patricio, Maynooth, por la formación espiritual, humana, pastoral y académica que allí recibió”.

Mientras que las “acusaciones anónimas” que el arzobispo Diarmuid Martin denunció ayer siguen vertiéndose en internet -con un bloguero católico muy conocido e influyente del país hoy jueves acusando a los 14 obispos aún cometidos a Maynooth de no querer investigar la cultura homosexual del seminario por estar personalmente “involucrados” en ella- otra explicación de la decisión del arzobispo de Dublín de transferir sus seminaristas a Roma puede encontrarse en las declaraciones que ha hecho la Asociación de Sacerdotes Católicos (ACP) de Irlanda.

A través de un comunicado, esta Asociación ha denunciado que “la atención injusta e injustificada” sobre Maynooth la están impulsando “comentaristas conservadores … que critican constantemente [al seminario] por no facilitar las preocupaciones de candidatos muy tradicionalistas, notablemente su interés en la misa latina y el vestimento clerical tradicional”.

“Aunque es importante que los estándares más altos prevalezcan en Maynooth”, sigue esta nota, “la respuesta a la crisis, sea la que sea -real o imaginaria- requiere más que mover a unos cuantos estudiantes a Roma y ofrecer razones poco convincentes por la decisión”.

El Seminario Nacional de Irlanda sigue en funcionamiento, a día de hoy, con 55 estudiantes de las diferentes diócesis del país y de otras partes del mundo.

Fuente agencias/Cáscara Amarga/Religión Digital

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La instructora del caso ha ordenado su sobreseimiento al entender que la ley solo condena la discriminación por orientación sexual, pero no por razones de género.

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La Fiscalía de Málaga ha pedido que se archive la causa existente en el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga por supuesta discriminación a la menor transexual en el colegio San Patricio, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, en el que estaba escolarizada el pasado año, según han informado fuentes del caso.

La Fiscalía de Málaga no parece muy interesada en defender a Gabi, la niña transexual que tuvo que abandonar un colegio religioso concertado (es decir, sufragado con dinero público) para poder ver reconocida su identidad de género femenina, y ha pedido el archivo de la causa. La Fiscalía argumenta tanto razones formales (que denegar un servicio público por razón de identidad de género no estaba expresamente penado en el momento de los hechos) como de fondo, al adherirse a la versión del colegio y considerar que en cualquier caso no existió denegación de servicios.

Se trata de un caso bien conocido. El Colegio San Patricio, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se negó a respetar la identidad de género de Gabi, no permitiendo que apareciese en las listas escolares con nombre femenino, que pudiera vestir el uniforme de niña y que en definitiva fuese tratada como la niña que es. Tras divulgarse la historia hace ya dos años (aún no se había aprobado la ley integral de transexualidad de Andalucía) se abrieron diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito. La Unión Progresista de Fiscales llegó entonces a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado.

Ante la persistencia del centro en su actitud, la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio. Hasta entonces Gabi había acudido a clase vestida de chándal (prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas) y solo se le permitía usar el baño de discapacitados, pero la situación acabó por ser insostenible para la menor. Su familia inició entonces acciones penales contra la directora del colegio, Ángeles Jiménez, y contra el obispo Jesús Catalá, presidente de la fundación diocesana a la que pertenece. Meses más tarde, el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga archivó la querella. En mayo pasado, sin embargo, la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga estimaba parcialmente el recurso de la familia de Gabi al considerar que el centro pudo incurrir en un delito de denegación de prestación de servicio público debido a la condición transexual de la menor. Eso sí, quedaba definitivamente fuera del proceso el obispo de Málaga.

La petición señala que el artículo 511 del Código Penal alude, entre otros aspectos, a la discriminación por cuestión de orientación sexual, pero no a la de género, que es donde la fiscalía entiende que se enmarcaría la transexualidad. La familia presentó una querella por un supuesto delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio contra la responsable del colegio y contra el obispo de Málaga, pero el juzgado de Instrucción número 10 denegó la admisión a trámite de la misma, indicando que no había indicios suficientes de delito. El abogado de la familia presentó recurso.

Fue la Audiencia la que ordenó que se admitiera a trámite la querella, pero no respecto del obispo, sino sólo respecto a la directora del centro, acordando que se le tomara declaración, lo que se ha llevado a cabo. Así, la Sala entendía que podría haber discriminación al no permitirsele llevar el uniforme que se ajusta a su identidad sexual, entendida “como manifestación externa del género de cada persona”. Ahora, la Fiscalía pide que se archive el caso, al señalar que el artículo 511 del Código Penal alude, entre otros aspectos, a la discriminación por cuestión de orientación sexual, pero no a la de género, que es donde esta parte entiende que se enmarcaría la transexualidad. De hecho, se apunta que en la reciente reforma de la norma se ha incluido la referencia a “razones de género”.

Asimismo, el ministerio público también considera que la prestación de servicio público que se tenía que dar a la menor era la educación y la escolarización, algo que se estaba llevando a cabo, han apuntado las mismas fuentes; por lo que no se habría producido una denegación de este servicio, por lo que solicita el archivo de la causa.

Ahora la Fiscalía, tras practicar varias diligencias y tomar declaración a la investigada, solicita de nuevo el archivo de la causa con similares argumentos a los utilizados cuando se archivó por primera vez: que la discriminación por identidad de género no era un delito expresamente tipificado por el Código Penal, cuyo artículo 511 decía entonces que “incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía”. De hecho, no ha sido hasta una reciente reforma del Código Penal que se han introducido además las “razones de género” en el listado. Por otro lado, y al igual que se argumentó también en el primer archivo, la Fiscalía sostiene que el centro no denegó la escolaridad (fueron los padres tomaron la decisión de cambiar a la niña de centro).

Veremos qué sucede finalmente. La Audiencia Provincial de Málaga, cuando reabrió el caso, consideró que los hechos denunciados sí podían tener encuadre en el tipo penal que contemplaba el artículo 511, al entender que la mención a la “orientación sexual” en el texto podía entenderse de una forma amplia. De lo que nosotros tenemos pocas dudas es de que derechos fundamentales de la menor no fueron respetados. Argumentar además que no existió denegación del servicio nos parece poco serio (los padres no tenían otro remedio que cambiar de colegio a Gabi si querían que fuese tratada como la niña que es). Por desgracia, no sería la primera vez que una discriminación evidente no es considerada tal por la justicia por alambicadas disquisiciones legales.

Fuente Cáscara Amarga y Dosmanzanas

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La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga ha estimado parcialmente el recurso de la familia de Gabi, la niña que se vio obligada a abandonar un colegio religioso concertado (es decir, sufragado con dinero público) para poder ver reconocida su identidad de género femenina. La Audiencia considera que los responsables del centro pudieron incurrir en un delito de denegación de prestación de servicio público por discriminación y ordena que se tome declaración a la directora del centro.

Se trata de un caso bien conocido. El Colegio San Patricio, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se negó a respetar, a no ser que una orden judicial le ordenase lo contrario, la identidad de género de la menor permitiendo que apareciese en las listas escolares con nombre femenino, que pudiera vestir el uniforme de niña y que en definitiva fuese tratada como la niña que es. Tras divulgarse la historia hace ya casi dos años, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres (que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género) abrió diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito. La Unión Progresista de Fiscales llegó a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Ante la persistencia del centro en su actitud, la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio. Hasta entonces Gabi había acudido a clase vestida de chándal (prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas) y solo se le permitía usar el baño de discapacitados, pero la situación acabó por ser insostenible para la menor. Su familia inició entonces acciones penales contra la directora del colegio, Ángeles Jiménez, y contra el obispo Jesús Catalá, presidente de la fundación diocesana a la que pertenece.

Indignante archivo

Meses más tarde, sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga archivó la querella argumentando además que la discriminación por identidad de género no es un delito expresamente tipificado por el Código Penal español, cuyo artículo 511 dice que “incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía”. Aunque el fallo admitía que la discriminación por razón de identidad de género sí está prevista como agravante, atribuía a un “olvido”por parte de los redactores de la ley el no tipificarla expresamente como delito.

En cualquier caso, el auto del archivo tampoco consideraba que hubiera existido denegación de servicios públicos dado que los padres tomaron la decisión de  cambiar a la niña de centro voluntariamente…

Ahora la Audiencia Provincial de Málaga ha reabierto el caso y ordenado que se tome declaración a la directora del colegio, al considerar que los hechos denunciados sí tienen encuadre en el tipo penal que contempla el artículo 511. Para la sala segunda, según ha informado el diario El País, los responsables del centro tienen obligación de favorecer la prestación de la enseñanza como servicio público y su actitud, negando el acceso al aula a la niña si acudía vestida de niña, ha podido lesionar este bien jurídico. La Audiencia de Málaga, en este sentido, considera que la mención a la “orientación sexual” en el texto del artículo 511 es suficiente para considerar que ha podido existir delito discriminatorio, al entender esta “no como una atracción erótica hacia otro -que es la única acepción que parece aceptar la resolución recurrida-, sino como manifestación externa del género de cada persona”. Eso sí, la Audiencia deja fuera al obispo de Málaga, al entender que del relato de los hechos que hace la familia no puede concluirse su participación. Estaremos atentos a lo que sucede…

Fuente Dosmanzanas

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Para la Justicia malagueña, la transfobia no es delito. El Juzgado de Instrucción número 10 de la ciudad andaluza ha decidido no admitir a trámite la demanda presentada por los padres de Gabi, la menor transexual a la que el Colegio San Patricio le prohibía vestir de acuerdo a su identidad de género. Esto es inconcebible: Se reconoce la discriminación pero se niega que sea delito. ¿Los obispos son inmunes y sus actos quedan impunes? Es urgente una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en España para evitar casos como este. Sentimos pena, vergüenza, asco e indignación …

El auto justifica la inadmisión en que los hechos denunciados, “aunque fueran ciertos, son atípicos, pues no se establece en el Código Penal actual que sea delito denegar una prestación a la que se tenga derecho por razón de la identidad sexual o de género de la persona“.

El Juzgado de Instrucción 10 de Málaga ha denegado la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y la directora del colegio San Patricio por los padres de una menor transexual tras advertirles de que si iba con el uniforme de niña se le prohibiría acceder a las aulas.

El auto rechaza la tramitación de esta querella por un delito de denegación de prestación de servicio público debida a un motivo discriminatorio, al no considerar los hechos constitutivos de infracción penal y se ordena el archivo de las actuaciones, aunque cabe recurso de reforma o apelación.

Justifica la inadmisión en que los hechos denunciados, “aunque fueran ciertos, son atípicos, pues no se establece en el Código Penal actual que sea delito denegar una prestación a la que se tenga derecho por razón de la identidad sexual o de género de la persona“.

Añade que ello, “sin duda, debe obedecer a un olvido del legislador, pues lo cierto es que carece de sentido excluir la identidad sexual o de género como causa de discriminación en la denegación de la prestación de un servicio público, máxime cuando sí está expresamente prevista como agravante genérica”.

En este sentido, precisa que “no es admisible en el ámbito penal la interpretación extensiva o analógica”, ya que “las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas“.

La resolución indica que los centros docentes tienen autonomía para ejecutar un proyecto educativo y sus normas de organización y funcionamiento y que el colegio aprobó un reglamento que fija como “obligatorio para todos los alumnos el uso del uniforme oficial”, distinto para niños y niñas, en este último caso una falda.

Señala que, aunque se les dijera a los padres que si la menor acudía al colegio con el uniforme femenino, la meterían en una sala y llamarían a la madre para hacerle ver que no llevaba el uniforme adecuado, “no se estaría cometiendo delito alguno“.

El auto destaca que la petición de los padres de que pudiera ir con el uniforme oficialmente previsto para niñas “era improcedente“ y que no puede sostenerse que el manifestarle a los padres que la menor debe acudir con el uniforme de niños constituya una infracción penal, “pues la normativa del colegio es clara”.

Insiste en que no subyace “una discriminación por razón de su identidad sexual, pues no se le deniega la prestación (en el caso de autos, acceder al aula) por razón de su identidad sexual, sino por no llevar el uniforme reglamentariamente establecido“.

Recuerda además que “la menor nunca acudió al centro con el uniforme de niña, de modo que nunca se le impidió el acceso al aula” y que “difícilmente” puede sostenerse que se cometiera el hecho delictivo que se denuncia, “ni consumado, ni en grado de tentativa”.

Y precisa que la menor no fue expulsada del centro, sino que los padres, “frente a la posibilidad de que no dejaran acceder a su hija al aula, que no al colegio, con el uniforme de niña, tomaron la decisión libre y voluntaria de cambiarla de centro escolar“.

El Obispado de Málaga, del que depende la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, ha mostrado su satisfacción ante el archivo de las actuaciones iniciadas a raíz de la querella presentada por los padres del menor transexual  y la directora del colegio San Patricio, dependiente de la fundación y donde estudiaba, al considerar la jueza que los hechos no son delito. Asimismo, ha expresado su respeto a las decisiones judiciales.

Al respecto, fuentes de dicha institución han indicado, en declaraciones a Europa Press, que, “como no podía ser de otra forma, respetamos todas las decisiones judiciales” y, en este caso, “en tanto en cuanto el archivo es beneficioso hacia el colegio, estamos satisfechos”.

Gabi recibía clases en el centro San Patricio, dependiente de dicha fundación, pero los padres decidieron cambiarlo, porque aseguraban que no era tratada como una niña.

Tras analizar los preceptos legales, la jueza señala en su resolución, que se puede recurrir, que no es lo mismo la orientación sexual que la identidad sexual o de género, que no aparece expresamente tipificado en el delito al que se aludía y sí como circunstancia agravante. Por esto, se archivan las actuaciones “toda vez que los hechos denunciados, aunque fueran ciertos, son atípicos”.

Se apunta que en el ámbito penal no se puede hacer una interpretación analógica y se añade que, entrando en el fondo del asunto y tras analizarse el reglamento del centro que estaba vigente entonces -luego se modificó-, “no se estaría cometiendo delito alguno” pues el centro “tiene autonomía para aprobar normas de funcionamiento” y tenía aprobada dicha ordenanza en la que “se establece la obligación de los alumnos de acudir con uniforme”.

Desde la Asociación de Transexuales de Andalucía han mostrado “estupor e indignación” ante el archivo de la querella y han asegurado que “de nuevo se vulneran los derechos de las personas transexuales a través de un auto que sin duda alguna deja ver el poder que sigue teniendo la Iglesia Católica en nuestro país”. Asimismo, han criticado la “esquizofrenia legislativa” actual que, han apuntado, “nos deja inmersos en un vacío legal que permite la vulneración sistemática de los derechos de las personas transexuales”.

“El nuevo contexto social obliga a una actualización en la interpretación de la ley, no solo en otras sentencias judiciales que recientemente hemos podido ver, sino también cuando se trata de los derechos de las personas transexuales”, han apuntado, señalando que “este nuevo contexto social sí ha sido tenido en cuenta en Cataluña, que precisamente este jueves aprueba la Ley de los Derechos de las personas Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales y para la erradicación de la Transfobia y la Homofobia“.

Al mismo tiempo, han destacado “la importancia de que se conozca la nueva directiva del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ha aprobado una declaración formal de condena de los actos de violencia y discriminación en cualquier lugar del mundo por razón de orientación sexual e identidad de género, el pasado 26 de septiembre”.

 “Ni Fiscalía, ni la Consejería de Educación, han estado a la altura de las circunstancias en este caso de vulneración de derechos de una menor transexual”, ha declarado la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) Mar Cambrollé, quien ha añadido que, “está claro que después de la aprobación de la Ley integral de Transexualidad aprobada el pasado 25 de junio, este colegio no debería percibir ni un euro público“.

Por su parte, desde Chrysallis, Asociación de Familias de Menores Transexuales, han manifestado que “aunque dicho juzgado no haya considerado infracción penal la actuación llevada a cabo por la dirección del colegio San Patricio de Málaga y por el Obispado de esa ciudad, ello en modo alguno significa que esa conducta no sea reprochable”.

Así, han mostrado su apoyo a la familia que resultó afectada por esa conducta y han apuntado que “este auto no supone que los centros educativos puedan coartar el libre desarrollo de la libre personalidad del alumnado transexual, al no permitirles el uso del uniforme que se corresponda con su género neuropsicológico”, recordando la legislación vigente, especialmente en Andalucía, como la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía.

En este sentido, se señala que en el artículo 15.2 de dicha normativa, se dispone que “los estudiantes, el personal y los docentes que acudan a todos los centros educativos de Andalucía tienen derecho a (…) mostrar los rasgos distintivos de la personalidad que suponga el cambio y la evolución de su proceso de identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme a su género elegido“.

Fuente Diario Sur  y Religión Digital

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Los colegios católicos de Vancouver (Canadá) han decidido adoptar una política inclusiva para los estudiantes transgénero: se les permitirá usar los uniformes y emplear los baños que resulten conformes con su identidad de género. Igualmente, en el uso de los pronombres personales, se permitirá el empleo de aquellos con los que se sientan identificados. Una noticia que contrasta con actitudes de centros similares en España.

La decisión de los colegios católicos de la archidiócesis de Vancouver se origina a partir del caso de Tracey Wilson (en la fotografía), una niña transgénero de 11 años que vio negada su solicitud de recibir un trato conforme al sexo con el que se identifica. Sus padres decidieron trasladarla a un centro público pero también presentaron una protesta formal. Esto ha propiciado la decisión del consejo escolar, publicada por la archidiócesis de Vancouver el pasado miércoles. En palabras del abogado de la familia, “que sepamos, es la primera vez que algo así ocurre. Desde luego es la primera vez en Norteamérica y probablemente es la primera vez en el mundo… No solo es importante para los alumnos que van a colegios católicos en Vancouver sino que servirá como referencia para otros distritos escolares católicos en todas partes“.

No obstante hay importantes matizaciones que hacer. En primer lugar, la nueva política se aplicará caso por caso. Los responsables de los centros buscan además un difícil equilibrio entre el respeto a la identidad de género de los menores y la posición católica oficial. Es por ello que se habla de la “expresión” de género de los menores, sin entrar en la identidad que la funda. Igualmente, se evitan conceptos como transgénero o transexual y se prefiere el término médico de “disforia de género” (crecientemente discutido y rechazado en el activismo trans). De esta forma, se presenta la decisión como un acomodo a la necesidad de expresión de unos menores, justificado por el bienestar de estos, sin por ello validar la identidad que la explica. Como comenta Doug Lauson, de Escuelas Católicas Independientes de la Archidiócesis de Vancouver: “Somos gente de fe católica. Nuestros colegios serán tan inclusivos como podamos a la par que seguiremos manteniendo nuestra identidad católica”.

En cualquier caso, los verdaderos protagonistas son los alumnos y alumnas trans de estos colegios. En este marco, resultan significativas las palabras de la niña que ha sido motivo de este cambio de política. Cuenta que “cuando estaba en el proceso de darme cuenta de mi diferencia, me sentía sola y no aceptada; y era muy duro… Fue horrible y no quiero que le pase a nadie más“. En la actualidad, por cierto, describe su experiencia en el colegio público donde ahora está como “increíble” y de hecho ni ella ni sus hermanos tienen deseo alguno de volver al colegio católico que abandonó.

Una contraste radical con casos similares en España

La decisión de los colegios católicos de Vancouver quizá merezca una valoración ambivalente, en tanto se limita a apreciar la existencia de una “necesidad de expresión” en el marco del discurso médico de la “disforia de género”. Sin embargo, reconoce la existencia de una realidad y permite su expresión a unos niveles inimaginables en otros lugares, como España.

Resulta imposible no compararla con lo sucedido en Málaga, donde tres colegios fueron investigados por no respetar la identidad de género de sus alumnos. Dos de ellos aceptaron cambiar sus modos de proceder pero uno de ellos, el San Patricio, persistió en la negativa. Es más, un grupo de padres declaró públicamente que la niña (a la que se referían en masculino) quería “llamar la atención”. El tono subió aún más cuando se anunció la apertura de expediente contra el colegio por parte de la Junta de Andalucía. El centro contó con el apoyo expreso del obispo, Jesús Catalá, quien hizo gala de haber intervenido ante la fiscalía para paralizar el expediente. Al margen de su influencia real, lo cierto es que las diligencias quedaron archivadas.

Pero aún hubo más, pues Catalá acusó a la Junta y los padres de la menor de “abuso”, en palabras suyas: “El colegio y la fundación defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en contra del abuso de la Junta y de su madre… le respetamos más que todos ellos“. Esto ha propiciado que la familia de la niña haya presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo.

La menor, por cierto, ha acabado trasladándose de centro y el colegio San Patricio ha visto renovado su concierto (aunque la entrada en vigor de la ley integral de transexualidad en Andalucía y el nuevo protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz deberían hacer imposible su continuidad futura de persistir la actitud del colegio).

Fuente Dosmanzanas

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Los centros sostenidos con dinero público tendrán la obligación de seguir este protocolo a partir de septiembre.

El Consejero de Educación presentará el protocolo 2 días después de la aprobación de la ley integral.

Ludana: la niña transexual más joven de Argentina

“La transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”

Menores transexuales en la escuela: la familia decide

Leemos en Cáscara Amarga que Luciano Alonso, Consejero de Educación, Cultura y Deporte, presentará el próximo viernes 27 de junio el Protocolo sobre identidad de género en el Sistema Educativo Andaluz. El acto tendrá lugar a las 10:30 horas en el Salón de Actos A de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Edificio Torretriana. C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, 41071, Sevilla) y al mismo han sido invitada la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA), la Asociación Chrysallis de familias con menores transexuales, la Fundación Triángulo, la Asociación Familias por la Diversidad y la Federación Andaluza Arco Iris.

Este protocolo surge tras las peticiones realizadas por los colectivos en defensa de los derechos de las personas transexuales a principio del presente curso cuando saltara a la luz pública la negativa de varios centros andaluces sostenidos con fondos públicos a respetar la voluntad de familias con menores transexuales. En la actualidad tan sólo uno de estos centros persiste en su negativa: el Colegio San Patricio de Málaga, ubicado en el mismo barrio que la sede regional de la Federación Andaluza Arco Iris.

Tras estos casos de transfobia en las aulas andaluzas, la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera fue la primera en presentar una propuesta para elaborar un protocolo de actuación frente a esta realidad en el ámbito educativo, que ha sido la base sobre la que se ha conformado el actual protocolo aprobado por la Junta de Andalucía.

Así, para Mar Cambrollé, presidenta de ATA-Sylvia Rivera: “Este protocolo es una herramienta para garantizar el libre desarrollo de la personalidad del alumnado en los centros educativos y para que las familias puedan defender como un derecho la no discrminación por identidad de género de sus hijas e hijos. De nuevo Andalucía es un referente en la garantía de la igualdad y no discrminación por identidad de género”

Colegio San Patricio

El caso del Colegio San Patricio de Málaga se ha convertido en un emblema de la transfobia: “el miedo, la incomodidad y el rechazo irracionales hacia las personas transexuales basados en la ignorancia”, afirman desde Arco Iris.

Una madre solicita al centro que su hija transexual vista el uniforme femenino y use el baño de las niñas como cualquier otra alumna del colegio; por su parte el centro, contradiciendo las instrucciones dadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, le prohíbe usar falda y le obliga a usar el baño de “discapacitados” porque consideran que, al tener genitales de varón, se trata de un niño con una “orientación diferente”.

Días después Francisco José González, secretario técnico de la Fundación Diocesana responsable del colegio, realizaba ante los medios declaraciones que demostraban una falta de sensibilidad e información sobre el tema al utilizar reiteradamente la palabra “orientación”, insistir en que “no hay ningún problema” y mostrarse sorprendido de que se hable de una niña transexual si “morfológicamente es un varón”.

Por su parte, el obispo de Málaga, monseñor Jesús Catalá, afirmaba “Es un niño que tiene seis años y que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio; lo lógico es que siga así”, añadiendo según diversas fuentes que “se trata de un problema que se ha creado, no real”.

Centros escolares y transexualidad

Desde Familias por la Diversidad, asociación de padres y madres con hijos LGBT, explican que “la transexualidad no es una orientación y que los niños y las niñas transexuales existen… no son un problema creado”, afirma su presidenta, Isabel Martínez. “Es fundamental que no confundamos la transexualidad con la orientación sexual, pues no se trata de que el niño o la niña afirme o muestre sus gustos sexuales, ya que esto es algo que llega con la adolescencia; aquí estamos hablando de identidad, de lo que la persona se siente… y por eso es fundamental que los colegios respeten la identidad de los menores transexuales, ya que no es un capricho”, concluye.

Martínez explica igualmente el sufrimiento innecesario que la transfobia provoca en las familias y en los niños y en las niñas transexuales y recuerda un caso similar en Estados Unidos resuelto judicialmente con una condena al colegio. El colegio había prohibido a Coy Mathis, una niña transexual de 6 años, usar el baño de las niñas.

Desde Familias por la Diversidad señalan que “nuestra sociedad suele confundir por desconocimiento los conceptos transexualidad y homosexualidad. La homosexualidad, igual que la bisexualidad o la heterosexualidad, se descubre en la adolescencia, en torno a los 12-14 años, cuando las hormonas comienzan a producir cambios corporales y se suele iniciar el deseo sexual“. La transexualidad en cambio se suele manifestar a los 4 ó 5 años cuando todas las personas comenzamos a darnos cuenta de nuestra identidad de género”.

En la mayoría de casos los chicos se reafirman juntándose con otros chicos y haciendo cosas “típicas de chicos”; lo mismo suele ocurrir con las chicas. “Es precisamente a esta edad cuando una persona transexual va a comenzar a dar señales externas de su identidad, pidiendo insistentemente el vestir o tener juguetes que normalmente asociamos al otro sexo biológico. No se trata de un juego, ni de una moda pasajera: se trata de su propia identidad y la persona no va a renunciar a sus peticiones salvo que su entorno se vuelva extremadamente agresivo“, concluye la presidenta de Familias.

Avances en la despatologización de la transexualidad

Esta misma semana Andalucía aprobará la ley integral de transexualidad, texto pionera en la despatologización de las identidades transexuales.

Hace un año, el 22 de mayo de 2013, era la Asociación Americana de Psiquiatría quien eliminaba el término “trastorno de identidad de género” de su catálogo, el DSM-V. De esta forma la “Biblia” de la psiquiatría dejaba de considerar a las personas transexuales como enfermas mentales.

Gonzalo Serrano, presidente de Arco Iris, recuerda que en los próximos meses está prevista la revisión del catálogo de referencia de la Organización Mundial de la Salud, el CIE-10. Desde Arco Iris esperan el nuevo CIE desclasifique la transexualidad como enfermedad mental, igual que ya hiciera con la homosexualidad en su última revisión hace 24 años, el 17 de mayo de 1990.

“A pesar de estos avances en el terreno formal la realidad social es bien distinta y las personas transexuales siguen sufriendo discriminación en la mayoría de entornos: familiar, educativo, laboral…”, añade Serrano. Por este motivo la Federación Andaluza Arco Iris se felicita por la aprobación de la ley de transexualidad en Andalucía “que va a permitirnos trabajar de forma más eficaz contra los prejuicios sociales que aún existen en torno a la transexualidad”.

Texto del protocolo aprobado por la Junta andaluza

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE IDENTIDAD DE GÉNERO EN EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ.

La Constitución Española establece en el Artículo 14 que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por su parte, el Estatuto de Andalucía, en el Artículo 10, establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma que  “La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (…), así como en el Capitulo II sobre derechos y deberes dispone, en su artículo 15, sobre la igualdad de género que “Se garantiza la igualdad de oportunidades entre hombr es y mujeres en todos los ámbitos.” Además , establece en el artículo 37, punto 2, como principio rector de las políticas públicas “

La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofo-bia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad; así como en el artículo 73 “

La promoción de la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o represen- tativos”; y en el artículo 21 punto 8 que “Los pla nes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social”. Leer más…

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Leemos en  Cáscara amarga

Carla Gómez. 23 Marzo 2014

La familia de la pequeña Gabriela ha interpuesto dos querellas, una contra la directora del colegio San Patricio y otra contra el obispo por un delito de negación de servicio público por motivo discriminatorio.

“No es de recibo que el obispo diga públicamente que la familia es la culpable de que su hija se sienta niña y no niño sin conocerla si quiera. Jamás ha hablado con la mamá y está echando la culpa a esta señora de que, como no ha tenido hijas hembras, ella misma ha querido diseñar la sexualidad de su hija transexual. Una locura total”, con estas declaraciones, Oliver Roales, el abogado de la familia de Gabriela, la niña transexual cuyo caso saltó a los medios de comunicación por la discriminación sufrida en el colegio católico San Patricio de Málaga, anunciaba que ha presentado dos querellas: una contra la directora del centro escolar y otra contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá. La familia de la niña exige justicia porque entiende que se ha cometido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio.

“Una niña en el cuerpo de un niño. Gabriela nació en un ‘envase’ equivocado, pero a un señor que representa a la Iglesia y es obispo, le cuesta entenderlo y califica el hecho como casi de ‘monstruosidad’ culpando a la madre de querer tener una hija en vez de un hijo, como si fuera un capricho”, dice Oliver Roales. El letrado también ha presentado en el juzgado de Málaga un acto de conciliación a la querella por “injurias graves con publicidad” a la que puede enfrentarse Jesús Catalá si no rectifica “las duras acusaciones que ha hecho”.

El conflicto entre la Iglesia y la familia se originó el día que los padres pidieron al colegio San Patricio, centro al que asistía la niña transexual, que fuera respetada su identidad de género, que fuera llamada por el nombre con el que se identificaba, que pudiera vestir de acuerdo a ello y que pudiera elegir el aseo que quería utilizar. El centro se lo denegó. Roales explica que ha habido una “discriminación clara” y que “había que tratarla como una niña, no porque me lo invente yo, los padres o la propia Gabriela, sino porque existen informes de todo tipo que así lo acreditan. No tienen relevancia los genitales que tenga un transexual para que se le trate de una manera u otra”. El abogado insiste en que “no se puede acreditar una fundamentación razonable para seguir tratándola como un niño“. Es por lo que los padres pidieron “clemencia a la Junta de Andalucía”. El Gobierno regional los escuchó y la Delegación Territorial de Educación tiró por tierra lo que el obispo Catalá argumentaba: “Es un niño que tiene siete años, que lleva cinco años asistiendo como niño al colegio y lo lógico es que siga así”. Un inspector se presentó en el centro e instó al San Patricio a cumplir las instrucciones dadas para adecuar el trato al menor transexual. La Delegación les recomendó que en el desarrollo de las actividades el profesorado considerara el sexo con el que la menor se siente identificada, “así como reconocer y aceptar la posibilidad de vestir con uniforme en función de la identidad de género”.

Si Gabriela aparecía con uniforme de niña, se la dejaría entrar al centro, pero no en el aula

Por su parte, más de un centenar de padres de niños matriculados en el San Patricio firmaron en su día un documento explicando que no estaban de acuerdo con la decisión de la Junta de Andalucía de que se respetase la identidad de género de la menor alegando que a ellos no se les había escuchado antes de decidir que la transexual pudiera llevar falda y no pantalones, usar los baños de mujeres y aparecer en la documentación interna según su identidad de género: “En ningún momento se ha consultado con el resto de padres de una comunidad educativa compuesta por más de 800 familias, y han aceptado sin más la opción de sus progenitores por feminizar al niño”.

La Junta, de momento, no ha retirado el concierto educativo con el San Patricio, pero el colegio ha sido apercibido para que retire de sus normas de funcionamiento la obligatoriedad de llevar uniforme. Se le ha advertido de que, si no procede de esta forma, se iniciarán de nuevo los trámites para la retirada del concierto.

La nueva vida de Gabriela

Hace dos semanas, los padres de Gabriela optaron por cambiarla de colegio porque la situación era “insostenible”. La menor asiste ahora a sus clases en otro centro público, donde lleva falda y está feliz “aunque no entiende por qué ha tenido que dejar el San Patricio, donde van a clase su hermano y sus amigas”. “¿He hecho algo malo?”, se pregunta la pequeña. La familia, que no pide indemnización, quiere que el obispo reconozca que “es incierto que se haya realizado conducta alguna de abuso sobre la niña”. Los padres sostienen que su hija sufría una “discriminación constante“. La más dura tal vez, según el abogado, fue que “en el informe de Educación consta que el colegio manifestó que si Gabriela aparecía con uniforme de niña, se la dejaría entrar al centro, pero no en el aula. Se la llevaría a una habitación aparte, se llamaría a su madre y se la sancionaría”.

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El Ayuntamiento de Málaga exige a la Junta andaluza elaborar un protocolo de atención a menores transexuales en colegios

La familia de Gabi, la niña transexual a la que un colegio religioso concertado de Málaga se negó a respetar su identidad de género, ha presentado una querella por denegación de la prestación de servicio público de causa discriminatoria contra la directora del centro y contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, en calidad de presidente de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, a la que pertenece. Según la querella, estos ignoraron en todo momento los informes médicos y psicológicos de la menor y mostraron al respecto una posición intransigente.

La querella explica que todos los profesionales consultados coincidieron en que es absolutamente necesario reconocer a la niña, cuya identidad femenina está plenamente asentada, el género que siente como propio. La familia aportó al colegio los informes en los que constaba que la niña ha sido diagnosticada de “disforia de género”, término que la medicina sigue todavía utilizando para referirse a la realidad transexual, junto a otros documentos, con el fin de que el centro “comprendiera la identidad de género de la menor y procediera respetuosamente en consecuencia”. Sin embargo, tanto el colegio como la fundación “consideraron este asunto como una cuestión de principios” e ignorando los informes “manifestaron una posición intransigente que consistió en tratar a Gabi de manera particular, señalándola como diferente” dejando además claro que con independencia de cualquier informe “nunca tratarían a la menor de manera acorde a su condición femenina”.

Para la familia, queda claro que los querellados, más que poner en duda los informes, “en realidad han actuado como si no creyeran en la existencia misma de la realidad a la que se refiere el término técnico ‘disforia de género’”. A la niña se le asignó el servicio de minusválidos y se manifestó a la familia que, aunque podía ir en ropa deportiva, “no se le permitiría utilizar el uniforme que usaban el resto de sus compañeras”. Es más, tras una reunión entre las partes se apuntó a la familia que en caso de acudir vestida de niña no le impedirían la entrada pero la “acogerían en una sala” y le dirían a la madre que no llevaba el uniforme adecuado.

Hechos que para el abogado de la familia, Oliver Roales, son claramente constitutivos “de una auténtica prohibición de acceso a las aulas” por lo que considera que se ha producido un delito de denegación de la prestación de servicio público por motivo discriminatorio, consumado cuando se produjo la “expulsión de facto” (la familia se vio obligada a trasladar a la menor de colegio).

Un caso lamentable

Como hemos recogido en entradas anteriores, la Fiscalía decidió en su momento el archivo de la investigación que había abierto al considerar que la actitud del centro no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

En paralelo, la Consejería andaluza de Educación anunció en diciembre la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Sin embargo, hace una semana se conocía que Junta y colegio habían alcanzado un acuerdo por el que este solo era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. Pero el problema, conviene recordar, no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se limitó a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme se garantizara al máximo la convivencia “aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

De hecho, una vez firmado el acuerdo de conciliación la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria se permitió incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no llegó ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, la Fundación no expresó rectificación alguna y argumentó que ya la Fiscalía había archivado el procedimiento.

Enfrentamiento entre IULV-CA y el consejero

La Junta de Andalucía, recordemos, está gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA. En este sentido, es interesante el rifirrafe dialéctico que tuvo lugar hace unos días entre la portavoz para asuntos de igualdad del grupo parlamentario de IULV-CA, Alba Doblas, y el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso.

Doblas criticó la actitud de “postureo” de Alonso en este tema después de que este argumentara en el pleno del Parlamento andaluz que la actuación de su departamento se había basado “en la legalidad vigente”. Doblas sostuvo que existen motivos para retirar el concierto al centro y defendió que no se puede saldar un problema de derechos humanos con “una regañina”.

Fuente Dosmanzanas

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La Asociación de transexuales, indignada con el acuerdo entre la Junta andaluza y el colegio transfóbico de Málaga

“Veremos si la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado”. La frase es nuestra: la incluíamos en nuestra anterior entrada dedicada al tema, en la que expresábamos nuestro temor de que la Junta de Andalucía no se atreviera a retirar la subvención al colegio religioso de Málaga que se negó a respetar la identidad de género de una niña transexual, hasta el punto de que la familia se vio obligada a cambiarla de centro. Un temor que se ha visto confirmado este lunes. La Junta ha llegado a un acuerdo con el centro que salda el episodio con un simple “apercibimiento”. De admitir de nuevo a la pequeña asegurando el máximo respeto a su identidad de género o resarcir el daño causado, nada.

Como informamos hace poco más de dos semanas, la familia se vio obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, del Colegio San Patricio. Se trata de un centro concertado (es decir, financiado con fondos públicos aportados en este caso por la Junta de Andalucía) dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, vinculada al Obispado de Málaga. El centro se negó desde principios de curso a respetar la identidad de género de la niña, negándose a que apareciera en las listas escolares con nombre femenino, a que pudiera vestir el uniforme de niña y a que fuera tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro.

Tras divulgarse la historia, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. El centro no dio marcha atrás y la Fiscalía decidió finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Mientras tanto la niña acudía a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según explicó el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se volvió ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que tomó la decisión de sacar a la niña del centro “con todo el dolor de su corazón” se trató de hecho de una expulsión forzada.

Un acuerdo sobre la no obligatoriedad del uniforme

Tras conocer el abandono del centro por parte de la niña, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, lamentó que fueran los “injustificados prejuicios ideológicos del centro docente” los que motivaron la decisión de la familia, que en todo caso “respetaba”. A la Junta, sin embargo, le quedaba un as en la manga. En diciembre Educación anunció la apertura de un expediente al centro que podía acabar con la retirada del concierto. Un procedimiento administrativo que ha seguido adelante… hasta ahora. Este lunes Junta y colegio alcanzaban un acuerdo por el que este simplemente era apercibido “por imponer la uniformidad obligatoria”. “El el caso de que el centro reincidiera en mantener dicha medida, la Junta de Andalucía iniciaría las actuaciones para proceder a la retirada del concierto educativo”, añadía el Ejecutivo andaluz. La Junta ha recordado al centro que la legislación vigente “especifica taxativamente que los centros no pueden exigir contraprestaciones, cargas o gastos económicos para las familias sin contar con la voluntad de estas, aspecto contemplado en los términos contractuales de los conciertos educativos”.

Aspecto sin duda muy loable, el de censurar la uniformidad obligatoria, pero que más bien parece una forma alambicada de soslayar el problema de fondo: la discriminación tránsfoba ejercida por el colegio. El problema no era que a Gabi se le impusiera un uniforme obligatorio, sino que el uniforme que se le imponía era el masculino. En este sentido, la Junta andaluza se ha limitado a instar al centro a que además del respeto a la libertad de uso del uniforme “se garantice al máximo la convivencia aceptando la identidad sexual del alumnado en la actividad interna del colegio”. Nos preguntamos qué grado de compromiso supone esto para el colegio. Si la pequeña Gabi volviera ¿se le permitiría vestir ropa de niña con total libertad? ¿se usaría su nombre femenino en las listas? ¿se le permitiría usar el baño de niñas?

La Fundación Diocesana, gran vencedora

El episodio se salda con la victoria clara de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que una vez firmado el acuerdo de conciliación se ha permitido incluso desmentir a la Junta y explicar que el expediente con el que esta amenazó en diciembre al colegio no ha llegado ni siquiera a ser abierto. Respecto al episodio de discriminación tránsfoba, resulta significativo que la Fundación no exprese rectificación alguna y argumente que la Fiscalía archivó el procedimiento. No parece que exista propósito de enmienda.

Un final decepcionante, aún más si se tiene en cuenta que la decisión de sancionar al centro dependía de una administración gobernada por una coalición entre PSOE e IULV-CA, a la que se supone mayor sensibilidad a los derechos LGTB. Resulta en cualquier caso poco creíble que la Junta no dispusiera de suficiente margen de maniobra como para haber forzado un acuerdo más favorable a los intereses de la menor discriminada.

Fuente Dosmanzanas

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José Luis Ruiz Espejo, delegado del Gobierno andaluz en Málaga

El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, ha explicado que el expediente abierto al centro escolar determinará el tipo y la gravedad de la infracción, así como las medidas que se puedan llevar a cabo por parte del Gobierno autonómico.

Ruiz Espejo, quien ha asistido al acto institucional para celebrar el Día de Andalucía, ha afirmado este viernes que la Junta sigue estudiando la posibilidad de retirar el concierto al colegio San Patricio de Málaga, de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria, que depende del Obispado, y en el que cursaba estudios hasta ahora la menor transexual de siete años.

De este modo, el representante del Gobierno andaluz ha precisado que “lo más grave es que se pudiera llegar a la retirada del concierto”.

Por su parte, la delegada de Educación, Patricia Alba, explicó a principios de esta semana que la comisión que deberá decidir si la Junta retira o no el concierto al San Patricio se constituirá a principios de marzo, y en ella estarán representados el colegio y la Administración autonómica.

Ruiz Espejo ha recordado que la Junta “ya mantuvo su posición de que había que atender primero los derechos del menor y de la familia”, y que por tanto, el colegio San Patricio “tendría que atender las recomendaciones que se le habían hecho por parte de la propia inspección y de los profesionales de la Consejería”.

“Vamos a seguir con todos los trámites que nos propongan los técnicos para que se garantice el derecho de los menores a recibir el trato que ellos mismos solicitan en base a su propia identidad”, ha asegurado.

Al mismo tiempo, el delegado ha insistido en que esto “tenemos que hacerlo con todos los centros públicos, pero además con aquellos que estén financiados con fondos públicos, y por tanto, también en los centros concertados”, como en el caso del colegio San Patricio.

“Tendrá que atenerse a esas cuestiones, que entendemos que son las mínimas que debemos exigirle a cualquier centro que imparta la formación con fondos públicos”, ha sostenido.

Por último, Ruiz Espejo ha lamentado que finalmente la familia haya tenido que optar por trasladar a la menor de centro, “porque no se atendían las peticiones de identidad que había efectuado”.

Tras las vacaciones de Semana Blanca, Gabi seguirá el curso en un nuevo centro. Asimismo, el abogado de la familia, Oliver Roales, anunció que estaban estudiando iniciar acciones legales contra el colegio San Patricio, apuntando que el hecho de que se archivara la investigación iniciada por la Fiscalía “en absoluto” va a suponer un freno en el caso de que se decida finalmente llevar a cabo dichas acciones.

Fuente Cáscara Amarga

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Nota de Prensa:

La semana pasada una niña malagueña ha pedido el traslado de su colegio porque el centro, religioso y concertado, insistía en tratarla con el género que consta en su documentación oficial, en contra de lo que la niña manifiesta, la familia solicita y la Junta de Andalucía ha recomendado.

La FELGTB quiere mostrar su apoyo a la familia de la menor, que lleva meses luchando por el bienestar y la dignidad de su hija, e instar a las administraciones educativas autonómicas y al Ministerio de Educación a trabajar por la adopción de protocolos que atiendan la realidad de las y los menores cuya identidad no se corresponde con la que les inscribieron al nacer.

Asimismo Andalucía debe aprobar cuanto antes la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento del género de las personas trans, que ya cuenta con el aval del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta ley garantizará el derecho a la autodeterminación del género y será un instrumento más para alcanzar la igualdad de identidades.

“Aunque la discriminación transfóbica es ilegal, la Administración tiene que prevenirla haciendo pedagogía e impulsando protocolos de obligado cumplimiento que permitan a las niñas y niños trans vivir libres de los prejuicios y la discriminación de la sociedad en la que deben desarrollarse de manera integral”, ha pedido Sisi Cáceres, coordinadora del Área de Familias de la FELGTB.

Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación, ha insistido en que “el respeto a las identidades de nuestros niños y niñas es muy desigual según las comunidades autónomas. Es necesaria una normativa clara que garantice los derechos fundamentales de la infancia trans en todo el territorio”.

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Jesús Catalá, obispo de Málaga

Estos son los que dejan la caridad cristiana y el prestigio de la Iglesia por los suelos… Leemos en Cáscara Amarga que en una rueda de prensa el 24 de enero, el obispo de Málaga dijo que el colegio San Patricio “defiende al niño [sic] en sus derechos como ser humano, le respeta en contra del abuso de la Junta y de su madre”, algo que, según el abogado de la familia, da a entender que “la madre abusa de su hija”.

La familia de la niña transexual de siete años que estudiaba en el colegio católico San Patricio de Málaga ha anunciado hoy que se querellará contra el obispo de Málaga, Jesús Catalá, por un supuesto delito de “calumnias” hacia la madre.

Según ha informado el abogado de la familia, Oscar Roales, la querella se interpondrá tras un acto de conciliación si el obispo no reconoce que sus palabras fueron “inciertas, ofensivas hacia la madre y que no tienen conexión con la realidad” y si no se desdice de que la madre “no respeta la identidad sexual y que haya abusado o manipulado la identidad sexual de su hija”.

Roales ha dicho que el objetivo de la demanda, adelantada hoy por el diario Málaga hoy, es la restitución del honor de una familia y no ir contra del Obispado de Málaga ni del colegio, del que la familia se quejó por el trato que recibía la niña.

“No queremos que le quiten la subvención al centro, lo que nadie puede admitir es que se diga algo tan grave que tiene que ver con el honor de uno y con la relación con su hija”, ha dicho el abogado, quien ha apostillado que están acusando a su clienta de “maltratar psicológicamente y obligar a su hija a tomar una identidad sexual”.

El letrado cree que “no hay nada más falso y contrario a la realidad” que las declaraciones del obispo y ha calificado las palabras contra su clienta de una “monstruosidad, y una imputación de un delito muy grave”.

La niña dejó el centro donde estudiaba el pasado viernes, y tras la semana de vacaciones, comenzará las clases en un colegio nuevo.

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No ha ocurrido en Rusia, en África ni en la América profunda. Ha sucedido en España, concretamente en Málaga. Una familia se ha visto obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, de un colegio religioso concertado (es decir, financiado con fondos públicos) ante la negativa del centro a respetar la identidad de género de la menor.

El caso es bien conocido. El Colegio San Patricio, centro dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se niega a respetar la identidad de género de la niña permitiendo que aparezca en las listas escolares con nombre femenino, que pueda vestir el uniforme de niña y que sea tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro sin que medie una orden judicial.

Tras divulgarse la historia hace pocos meses, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Pues bien, ante la persistencia del centro en su actitud, la familia de la niña se ha visto obligada a trasladar a la menor de colegio. Durante este tiempo la niña ha acudido a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según indica el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se había vuelto ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que ha tomado la decisión “con todo el dolor de su corazón”, ya que comparte el ideario del centro, se trata de hecho de una expulsión forzada. Roales también ha declarado que pese al archivo decidido por la Fiscalía se está estudiando iniciar acciones legales contra el centro.

La Junta de Andalucía lo lamenta…

Tras conocer la noticia, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, ha lamentado que “hayan sido los injustificados prejuicios ideológicos del centro docente los que hayan motivado” la decisión de la familia de la niña, que en todo caso “respeta”.

Como explicamos en su momento, el archivo decidido por la Fiscalía no supone que se ponga punto final al contencioso entre la Junta y el colegio, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. El pasado diciembre, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro que podría acabar con la retirada del concierto. Este procedimiento administrativo sigue adelante.

Veremos si finalmente la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado. En cualquier caso, y para evitar que se repitan hechos de este tipo, urge que se apruebe cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía, registrada en el Parlamento regional el pasado 16 de enero.

Un toque positivo

Terminamos esta entrada haciéndonos eco, al menos, de un hecho positivo relacionada con el caso. “La comparsa del futuro”, una de las ganadoras del certamen de comparsas del Carnaval de Málaga, rindió un homenaje a la niña en la letra de una de sus actuaciones. Un detalle de sensibilidad contra la discriminación tránsfoba que ha merecido el aplauso de la Federación Andaluza Arco Iris, que nos ha hecho llegar la noticia.

Os dejamos con el vídeo de la actuación:

Fuente Dosmanzanas

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