El Congreso de la Ciudad de México aprobó la ley Paola Buenrostro que tipifica el delito de transfeminicidio en el Código Penal.

Fuente Agencia Presentes

18 de julio de 2024
Geo González
Milena Pafundi
Edición: Ana Fornaro

Este jueves 18 de julio el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 42 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones la Ley Paola Buenrostro, una iniciativa de ley que tipifica el delito de transfeminicidio en el Código Penal con una pena máxima de setenta años de cárcel. El proyecto lo presentó el diputado Temístocles Villanueva y lo elaboraron también Natalia Lane y Kenya Cuevas, defensoras de derechos humanos, sobrevivientes de violencia transfeminicida e institucional.

Además, contempló el trabajo de las organizaciones Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), Casa de las Muñecas Tiresias y Letra S.

🇲🇽🏳️‍⚧️ Comienza la sesión para votar la “Ley Paola Buenrostro” para tipificar el transfeminicidio en el código penal de la Ciudad de México.

Natalia Lane y Kenya Cuevas se encuentran presentes en el recinto. @kenyacuevas101 @natalia_lane pic.twitter.com/EepaJ3C5FG

— Agencia Presentes (@PresentesLatam) July 18, 2024

La ley enfatiza en que hay una urgencia por reconocer el transfeminicidio “como una figura penal autónoma y como un crimen con sus propios rasgos, debido a que este se presenta como un crimen de odio contra mujeres trans y que su investigación aún enfrenta diversos y profundos retos”.

“La aprobación de esta ley da un mensaje muy claro que es que las mujeres trans somos mujeres y nuestras muertes tienen que ser investigadas bajo esa perspectiva considerando las particularidades de nuestros contextos, empleos como el trabajo sexual, condiciones de vulnerabilidad. Así como el reconocimiento de las familias elegidas”, dijo a Presentes, Natalia Lane, defensora de derechos humanos, sobreviviente de tentativa de feminicidio y trabajadora sexual.

“Pero sabemos que un tipo penal no es suficiente, son necesarias medidas de reparación, políticas públicas y cambios estructurales para prevenir los transfeminicidios”, añadió.

Esta ley toma el nombre en memoria de Paola Buenrostro, mujer trans trabajadora sexual asesinada el 30 de septiembre de 2016. Y que, tras su asesinato, el pedido de justicia de su amiga y defensora de derechos humanos, Kenya Cuevas rompió paradigmas a nivel social y mediático sobre la violencia letal contra las mujeres trans en México.

Hasta ahora solo el estado de Nayarit y la Ciudad de México consideran al transfemincidio como un delito en sus códigos penales. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conapred) determinan que toda muerte violenta de una mujer trans debe ser investigada bajo el protocolo de feminicidio y exigen la obligación que tienen los congresos locales para establecer medidas que garanticen el acceso a la justicia a esta población.

Las activistas Natalia Lane y Kenya Cuevas

¿Qué contempla la Ley Paola Buenrostro?

En junio el jefe de gobierno de la Ciudad de México publicó un decreto para reformar el código penal y determinar que el delito de feminicidio “incluye a todas las mujeres, así como a todas las personas de género femenino”; además se adiciona como razón de género el prejuicio a la identidad de género y orientación sexual que exista sobre la víctima.

Sin embargo, la Ley Paola Buenrostro es más amplia porque no sólo reforma el código penal sino que propone un enfoque al análisis de contexto de las víctimas de transfeminicidio y tentativa del mismo.

Y considera al trabajo sexual como la condición laboral de la mayoría de las víctimas y se reconoce a las familias elegidas durante el proceso de acceso a la justicia.

Lane explica que la importancia del análisis de contexto durante la investigación de estos crímenes implica contemplar las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, como el trabajo sexual, condiciones de migración o desplazamiento, dedicarse a la defensa de derechos humanos; así como el tipo de violencias ejercidas contra las víctimas antes, durante y despúes de ser asesinadas.

Además, la ley exige la aplicación obligatoria del Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género para garantizar una investigación con enfoque diferenciado, perspectiva de género y derechos humanos por parte de todos los actores que intervienen en el proceso de investigación y acceso a la justicia con el fin de garantizar la no revicitimización.

Considera a las familias elegidas y propone recopilar datos

Esta iniciativa tiene como antecedente la recomendación 02/2019 que emitió la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX al declarar a Kenya Cuevas como víctima directa de transmisoginia y discriminación, por entonces ejercer el trabajo sexual, ejercida por funcionarios públicos durante el proceso de búsqueda de justicia de su amiga Paola.

Bajo esa recomendación, esta ley también reformó el Código Civil, la Ley Orgánica de la Fiscalía y la Ley de Víctimas de la Ciudad de México con el fin de considerar a la familia elegida como parte del pedido de justicia al momento de acompañar casos, ser testigas o tramitar un acta de defunción que no vulnere la identidad de género de las víctimas.

Una acción que las activistas Kenya Cuevas y Rocío Suárez, directora del CAIT, llevan haciendo durante años con el fin de dignificar las muertes de mujeres trans, y no se las entierre en calidad de desconocidas en fosas comunes.

Finalmente esta ley también propone la recopilación estadística de esta violencia con el fin de desarrollar políticas públicas para la prevención y combate a la violencia transfeminicida.

Más de 50% de las víctimas de crímenes de odio son mujeres trans

En México los transfeminicidios representan más del 50% de los crímenes por prejuicio contra la población LGBT+ según los informes anuales de Letra S. La mayoría de las víctimas ejercían el trabajo sexual y además son pocos los casos que se investigan bajo el protocolo de feminicidio, llegan a judicializarse y a tener una sentencia.

En lo que va de 2024 en México al menos 30 mujeres trans han sido asesinadas. La mayoría de estos crímenes, diez, han sucedido en la CDMX y casi todas las víctimas ejercían el trabajo sexual y vivían en situaciones de precariedad laboral y de vivienda.

General, Historia LGTBI Casa de las Muñecas Tiresias, Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), Ciudad de México (CDMX), Código Penal, Congreso de Ciudad de México, Delito de transfeminicidio, Kenya Cuevas, Letra S, Ley Paola Buenrostro, Natalia Lane, Rocío Suárez, Temístocles Villanueva

El Estado de Chile se comprometió ante el Consejo de DDHH de la ONU y ante la CIDH a derogar el artículo 373 del Código Penal. Incluso el ex presidente Piñera presentó un nuevo proyecto de Código Penal que elimina esa norma. Sin embargo, el actual Gobierno la usó contra “Las Indetectables”, pudiendo haber echado mano a otras figuras jurídicas.

En carta enviada a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) solicitó al Ejecutivo que se “desista de usar el artículo 373 del Código Penal, como lo hizo en 2022, pues el Estado de Chile se ha comprometido ante diversas instancias internacionales a derogar esa norma en tanto se presta para arbitrariedades que violan derechos humanos”.

En el marco de un balance anual, el Movilh explicó que “hasta 2006  el articulo 373 del Código Penal fue usado comúnmente por las policías para detener arbitrariamente a parejas del mismo sexo que expresaban su afecto en público, o a personas trans solo por vestirse acorde a identidad de género.  Dado que no define qué es ofensa al pudor, la moral o las buenas costumbres, la norma se considera altamente peligrosa para la dignidad humana debido a su discrecionalidad y sin bien su uso policial es menor al del pasado, otras entidades, como guardias de seguridad, suelen abusar de sus alcances reteniendo personas durante horas de una manera ilegal, en particular en centros comerciales o recreacionales. De ahí que instancias internacionales de DDHH exijan su derogación”, señaló el Movilh

En efecto, durante la rendición del Examen Periódico Universal, el Consejo de Derecho Humanos de la ONU pidió a Chile en 2009 (A/HRC/12/10) y  en 2014 (A/HRC/26/5) derogar el artículo.  “Y el Estado aceptó la petición. Más aún, en un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado y el Movilh firmaron en 2016,  Chile volvió a comprometer su derogación, y tras ello, un proyecto que crea un nuevo Código Penal (Boletín 4795-07) presentado en enero del 2022 por el entonces presidente Sebastián Piñera, lo erradicaba del sistema jurídico”, señaló el Movimiento LGBTIQANBA+ en su carta a Vallejo

Pese a lo expuesto, añadió la organización, “la delegada presidencial de Valparaíso, Sofía Alejandra González Cortés, presentó el 31 de agosto  del 2022 una querella por el artículo 373 contra “Las Indetectables””, medida informada por la propia vocera de Gobierno a diversos medios”, apuntó el Movilh.

“La recomendación  del fiscal regional  (s) de Valparaíso, Cristian Andrade,  en torno al caso de Las Indetectables iba por otra vía. Señaló que “se podía configurar el delito de ultraje a la bandera, previsto y sancionado en la Ley de Seguridad del Estado” (30 de agosto, Mercurio Valparaíso). Más aún, por este mismo caso el abogado Felipe Ignacio Heusser Ferrés dio otra alternativa, el artículo  95 n° 5 del Código Penal, que sanciona a quien “públicamente ofendiere el pudor con acciones o dichos deshonestos», recordó el Movilh.

Es decir “alternativas había, pero el Gobierno optó por usar una norma cuestionada por los estándares internacionales de derechos humanos, lo cual es preocupante. Junto con solicitar al Gobierno que evite nuevos usos del artículo 373 del Código Penal, demandamos que se retire la acción penal por esa norma iniciada contra “Las Indetectables” y que, en caso de persistir el Ejecutivo con presentar acciones legales contra ese grupo, lo haga haciendo uso de normativas  y herramientas jurídicas que no han sido cuestionadas por los estándares internacionales de derechos humanos”, finalizó el Movilh

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Artículo 373, Camila Vallejo, Chile, Código Penal, Consejo de DDHH de la ONU, Las Indetectables, MOVILH, Sebastián Piñera

La Ley Tamara, que incluye la derogación del artículo 365 del Código Penal, fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados. Ahora, solo falta que el Presidente promulgue la ley. Para el Movilh, “hoy cerramos un ciclo histórico en la lucha por la igualdad para las personas LGBTIQA+”

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó ayer por 116 votos a favor, 3 en contra y 6 abstenciones la Ley Tamara, norma que entre otros puntos iguala en 14 años la edad de consentimiento sexual para parejas de igual y distinto sexo al derogar el artículo 365 del Código Penal, la última ley homofóbica vigente en Chile.

El histórico dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, quien desde 1999 luchó por la derogación de artículo 365, sostuvo que “definitivamente hoy cerramos un ciclo en la lucha por la igualdad legal legal para las personas LGBTIQA+, pues se ha eliminado del ordenamiento jurídico la última ley que discriminaba en razón de la orientación sexual de las personas”.

“Podemos concluir que Chile ha entrado en el listado de países cuyos Estados más garantizan derechos LGBTIQA+, al menos en lo formal. Y es que a la derogación del 365 del Código Penal, sumamos las existencia de otras 15 leyes protectoras de los derechos de las personas LGBTIQA+, así como políticas públicas inclusivas en Salud, Trabajo y Educación que hemos conseguido en las últimas tres décadas”, añadió el encargado de derechos humanos del Movilh, Ramón Gómez.

En tanto, la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga apuntó que “desde ahora la lucha no será si incluir o no a las categorías de orientación sexual, identidad o expresión de género en las leyes o políticas públicas, una etapa supera que nos costó sangre sudor y lágrimas. Ahora la inclusión de esas categorías no es polémica. La lucha que sigue es perfeccionar o ampliar derechos ya conquistados, sobre bases sólidas ya conseguidas. Estamos felices por cerrar este ciclo”

Junto con derogar el artículo 365 del Código Penal la Ley Tamara Refuerza la Protección Penal de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Solo porque la ley incluía la derogación del artículo 365 los congresistas del Partido de la Gente, Yovana Ahumada, Karen Medina y Víctor Pino votaron en contra. “No es posible haber utilizado la loable ley Tamara, (…) introduciendo una indicación que nada tiene que ver con esta ley. Votamos en contra para forzar una comisión mixta, que permitiera dejar fuera ese artículo impropio”, señalaron en un comunicado.

Por la misma razón se abstuvieron los republicanos Cristián Araya, Chiara Barchiesi, Gonzalo de la Carrera, Juan Irarrázaval, Johannes Kaiser, José Carlos Meza, Benjamín Moreno, Agustín Romero, Cristóbal Urriticoechea, más Renzo Trisotti (UDI), Sara Concha (PCC),  Francesca Muñoz (RN), y los independientes Harry Jurgensen (IND) y  Mauricio Ojeda (IND).

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Artículo 365, Chile, Código Penal, Congreso Nacional, Edad de consentimiento, Javiera Zúñiga, Ley Tamara, MOVILH, Ramón Gómez, Rolando Jiménez

El Senado aprobó la derogación, igualando así la edad de consentimiento sexual para homosexuales y heterosexuales. Si bien el proyecto de ley iniciará un tercer trámite en la Cámara, la derogación del 365 ya es un hecho, pues este avance había sido previamente aprobado por diputadas y diputados.  Tras luchar desde 1999  por la derogación de la ley, el Movilh  calificó de histórico el avance.

El Senado aprobó hoy en segundo trámite la derogación del artículo 365 del Código Penal, hecho calificado como “histórico” por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pues “se trata de la eliminación de nuestro ordenamiento jurídico de la última ley explícitamente homofóbica vigente en Chile”, señaló la organización que hoy asistió al Congreso Nacional para gestionar los respaldos a la iniciativa.

La derogación del artículo es parte del Proyecto de Ley que Modifica el Código Penal para Reforzar la Protección Penal de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, más conocido como Ley Tamara.

La derogación del 365 del artículo del Código Penal fue aprobada tras rechazarse, por 29 votos contra 15  y 1 abstención, una indicación homofóbica que buscaba mantener la norma. Tal indicación fue presentada por los senadores Manuel José Ossandón (RN), Iván Moreira (UDI),  Rafael Prohens (RN), Enrique Van Rysselbergue (UDI), Juan Castro  Prieto (Ind) y Francisco Chahuán (RN), entre otros.

En lado contrario, la senadora Isabel Allende (PS)  leyó en Sala un mensaje del Movilh a favor de la derogación. En la ocasión, también se pronunciaron  contra la vigencia de la homofóbica norma los/as senadores/as Matías Walker (DC), Felipe Kast (Evópoli), Luz Ebensperger (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Rodrigo Galilea (RN).

El Movilh, que desde 1999 viene luchando por la derogación del 365 y toda esta jornada gestionó los respaldo de senadores/as, sostuvo que con el proyecto “aprobado hoy en el Senado se terminará con el estigma que pesa sobre los jóvenes homosexuales, cuya orientación y prácticas sexuales son consideradas un delito pese a no existir abusos o atropellos de por medio contra terceras personas y pese a la ausencia de cualquier otro delito ya sancionado por nuestra legislación”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “al eliminarse esta anacrónica norma,  la lucha por la igualdad LGBTIQA+ cierra un ciclo, donde ya nadie nunca más será sancionado por amar o desear alguien de su mismo sexo, lo cual a su vez se enmarca en otros derechos ya conquistados y que mediante leyes o políticas públicas prohíben o previenen la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Hoy dimos un paso contundente y decisivo hacia la plena igualdad legal, un derecho ya garantizado en la Constitución, pero que históricamente ha sido tan esquivo para las personas LGBTIQA+”.

Movilh presente en la discusión en el Senado.

La opinión fue compartida por el activista del Movilh, Felipe Castillo, un joven de 18 años a quien el 365 del Código Penal lo ha afectado de manera directa. “Hoy se hizo justicia, hoy quedó lapidada la última ley abiertamente homofóbica que lo único que hacía era estigmatizar y establecer personas de primera y segunda categoría en base a su orientación sexual».

«Agradecemos a todos/s/as los/as senadores//as que hicieron posible este cambio. Con la derogación del artículo 365 se  iguala la edad de consentimiento sexual para homosexuales y heterosexuales”. añadió el Movilh.

Si bien el proyecto de ley pasará a tercer trámite “lo concreto es que la derogación del 365 del Código Penal ya es un hecho, pues había sido previamente aprobada por la Sala de la Cámara de de Diputadas y Diputados, la cual deberá ver en tercer trámite solo aquellos puntos en los cuales el Senado introdujo cambios.

En 2016, y en el marco de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de DDHH, Çhile se comprometió a derogar el artículo 365 del Código Penal,

El Movilh valoró, por último, el excelente trabajo desarrollado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en torno al proyecto de ley donde su presidente Matías Walker (DC), jugó un rol de primer orden para la derogación del artículo 365 del Código Penal, contando con los respaldos de los/as parlamentarios/as Luz Ebensperger (UDI),  Pedro Araya (IND) y Alfonso De Urresti (PS).

Apoyaron hoy con su voto la derogación del 365 del Código Penal, los/a senadores/as Isabel Allende, Pedro Araya, Karim Bianchi, Fabiola Campillai, Loreto Carvajal, Juan Luis Castro, Luciano Cruz-Coke, Alfonso De Urresti, Luz Ebensperger, Alvaro Elizalde, Fidel Espinoza, Rodrigo Galilea, José Miguel Insulza, Felipe Kast, Sebastián Keitel, Ricardo Lagos Weber, Juan Ignacio Latorre, Paulina Nuñez, Daniel Núñez, Ximena Órdenes, Claudia Pascual, Yasna Provoste, Jaime Quintana,  Ximena Rincón, Gastón Saavedra, Alejandra Sepúlveda, Jorge Soria, Esteban Velásquez y Matías Walker

En contra se pronunciaron los/as senadores/as Carmen Gloria Aravena, Juan Castro Prieto, Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, José Miguel Durana, Sergio Gahona, José Garría Ruminot,  María José Gatica, Carlos Kuschel, Iván Moreira, Manuel José Ossandón, Kenneth Pugh, David Sandoval, Gustavo Sanhueza y Enrique Van Rysselberghe. En tanto, Rafael Prohens se abstuvo.

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Artículo 365, Chile, Código Penal, Congreso Nacional, Edad de consentimiento, Rolando Jiménez

Los legisladores de la Cámara de Pensilvania votaron para borrar la “homosexualidad” del código de delitos del estado. (Michael Candelori/Pacific Press/LightRocket vía Getty)

La Cámara de Representantes de Pensilvania votó por unanimidad para eliminar la palabra “homosexualidad” de la definición de actos sexuales prohibidos en el código estatal de delitos.

Los legisladores estatales en la Cámara del estado aprobaron el Proyecto de Ley 2125 (HB 2125) de la Cámara el miércoles (8 de junio) con una abrumadora votación de 198-0. El proyecto de ley ahora se dirige al Senado de Pensilvania.

La ley estatal de Pensilvania actualmente define la actividad sexual, bajo “prostitución”, para incluir “relaciones homosexuales y otras relaciones sexuales desviadas”, informó  the Associated Press .

Según el proyecto de ley, la nueva definición incluye “relaciones sexuales y relaciones sexuales desviadas… y cualquier toque en las partes sexuales u otras partes íntimas de un individuo con el fin de satisfacer el deseo sexual de cualquiera de las personas”.

El proyecto de ley también borrará completamente la “homosexualidad” de la definición estatal de conducta sexual en una sección sobre “materiales y actuaciones obscenas y sexuales”.

El representante estatal Malcolm Kenyatta, quien se casó en febrero, dijo que la ley estatal existente deja a los residentes de Pensilvania vulnerables a perder sus hogares, trabajos o medios de subsistencia “simplemente por quiénes son y a quién aman”. Espero que tengamos estos mismos votos para consagrar las protecciones contra la discriminación, lo que necesitamos hacer con urgencia”, dijo Kenyatta.

El representante estatal demócrata Dan Frankel dijo que el lenguaje de la ley actual es “cruel y absurdo” y pidió a los miembros que impulsen más leyes contra la discriminación. “En esta asamblea general, lamentablemente, es un gran impulso simplemente aceptar que ser gay no debería ser ilegal”, dijo Frankel.

Lamentablemente, esta semana los legisladores de Pensilvania también han presentado una legislación cruel que prohibiría a los estudiantes trans participar plenamente en equipos deportivos escolares que se alineen con su identidad de género.

El Senado de Pensilvania aprobó el Proyecto de Ley del Senado 1191 (SB 1191) el martes (7 de junio) con una votación de 30 a 20, pasándolo a la Cámara. Otro proyecto de ley de prohibición de deportes trans fue aprobado previamente en la Cámara en abril.

El proyecto de ley respaldado por los republicanos evitaría que los estudiantes trans de las escuelas y universidades públicas K-12 jueguen en equipos deportivos femeninos y femeninos.

El gobernador demócrata Tom Wolf reiteró sus planes de vetar el odioso proyecto de ley en Twitter, instando a los legisladores conservadores a “dejar en paz a los niños trans”.

“Los legisladores republicanos de Pensilvania están celebrando el Mes del Orgullo al promover una legislación dirigida a los niños trans”, escribió. “Como he dicho, vetaré este proyecto de ley si llega a mi escritorio”. Agregó: “Dejen a los niños trans en paz. Detenga las acrobacias políticas y concéntrese en los problemas reales que enfrentan los habitantes de Pensilvania”.

El año pasado, Wolf prometió vetar otro proyecto de ley que prohíbe los deportes trans, que describió como “discriminatorio”, mientras se abría paso en la legislatura estatal.

Fuente Pink News

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Cámara de Representantes, Código Penal, Dan Frankel, Estados Unidos, Homofobia/Transfobia, Malcolm Kenyatta, Pensilvania, Proyecto de Ley 2125 (HB 2125)

La Audiencia de Madrid impone seis meses de cárcel por delito de odio a dos hombres que en enero de 2021 llamaron “maricón de mierda” a un joven en los baños de un bar del centro de La Capital

Alberto Pozas

Dos hombres han sido condenados a seis meses de cárcel por una agresión homófoba contra un joven en Madrid en enero de 2021. Los dos abordaron a la víctima en un baño de un establecimiento 100 Montaditos y gritaron cosas como “Maricón de mierda” o “Te estabas pajeando con tu amigo” antes de cerrar la puerta del aseo de forma violenta. Los jueces entienden que se trata de un delito de odio ya que sus insultos implican “la estigmatización sectaria de un colectivo o de sus integrantes, por su orientación sexual, que revela un manifiesto desprecio hacia su dignidad como persona”, según la sentencia. Los condenados han recurrido esta resolución que también les prohíbe trabajar en el ámbito docente durante más de tres años.

Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron a mediados de enero de 2021 en el 100 Montaditos ubicado entre la plaza madrileña de Ópera y la de Oriente. Los dos acusados, uno de ellos de 22 años de edad y el otro de 45 años, se dirigieron a un joven en los aseos del local con insultos como “maricón” y “maricón de mierda” para después espetarle que “te estabas pajeando con tu amigo” y, finalmente, cerrarle “de forma violenta” la puerta del aseo.

Fueron detenidos esa misma noche por la Policía Nacional, después de que uno de ellos intentara huir sin éxito del lugar, y pasaron esa noche en el calabozo. El juicio tuvo lugar un año después en la Audiencia Provincial de Madrid, que acaba de emitir su condena: seis meses de cárcel para cada uno por un delito de odio, una multa de 1080 euros, una indemnización de 500 euros para la víctima así como la prohibición de trabajar en el ámbito docente, educativo o del deporte y tiempo libre durante tres años y medio. Esta última parte de la condena tuvo que ser rectificada en un auto posterior.

Los jueces han rechazado los dos principales argumentos de defensa de los dos condenados: que la palabra “maricón” no tiene connotaciones homófobas para ellos y que, además, iban muy borrachos. Sobre lo primero, uno de ellos afirmó en el juicio: “Es una expresión que se utiliza coloquialmente en muchos países de Sudamérica, pero sin la intencionalidad que se les imputa”. Los dos condenados son de nacionalidad ecuatoriana.

Sin embargo, para la Audiencia Provincial de Madrid no existen dudas de que se trata de un delito de odio y de que su verdadera intención sí era atacar al joven por su homosexualidad. Le llamaron “maricón de mierda”, explica la sentencia, en “clara referencia a su orientación sexual, que entrañan una indudable humillación o menosprecio, generando con ello una doble victimización, la ridiculización vejatoria o burla descarnada, y la estigmatización sectaria de un colectivo o de sus integrantes por su orientación sexual, que revela un manifiesto desprecio hacia su dignidad como persona”.

Las pruebas, según esta sentencia que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Madrid, son contundentes para los magistrados: el testimonio de la víctima viene acompañado por el de una testigo que lo vio todo y que fue a darle apoyo segundos después del incidente. Pero no hay ningún indicio de que estuviesen tan borrachos que no fueran dueños de su voluntad. “Se limitaron a manifestar que habían bebido mucho, pero no fueron capaces de determinar el consumo de alcohol efectuado. Ni el perjudicado ni la testigo que presenció los hechos ofrecieron tampoco ningún dato”, dice la sentencia. Solo el policía que tuvo que perseguir a uno de ellos dijo que “estaba bastante bebido” pero, recuerdan los jueces, “una cosa es el consumo y otra distinta el efecto que el mismo produzca en la imputabilidad del sujeto”.

El delito de odio más detectado

Los dos agresores han sido condenados por el delito de odio reflejado en el artículo 510.2.a del Código Penal, reservado para quien humille a personas por su “orientación o identidad sexual”, un delito que según los datos que maneja la Fiscalía es uno de los más detectados por los investigadores. Los datos de la Fiscalía de Barcelona, por ejemplo, afirman que los asuntos de discriminación por orientación sexual “siendo los más numerosos y mantienen una tendencia constante al alza” con un 39% de las denuncias recibidas, por delante de agresiones por motivos racistas (33%) e ideológicos (19,5%).

Los datos remitidos por las fiscalías territoriales en 2020 reflejan que en total se abrieron 236 diligencias de investigación y 55 de ellas por este artículo en concreto. Se siguieron, además, un total de 675 procesos judiciales con 170 de ellos por este tipo de delito de odio. Finalmente, la estadística refleja que los tribunales y juzgados dictaron 144 sentencias sobre delitos de odio y discriminación y 27 de ellas tenían que ver con este artículo 510.2 del Código Penal.

La estadística es oficial pero es mejorable, según lamenta año tras año la propia Fiscalía en sus memorias. En la última, por ejemplo, el Ministerio Público recuerda que este registro y control se hace “de forma personal y manual por los fiscales y los funcionarios auxiliares”, algo que provoca que muchas veces la identificación de estos procedimientos sólo se consigue gracias a que el fiscal se dirige personalmente a su superior delegado en delitos de odio. Aún así, lamenta, una vez localizado el procedimiento judicial “resultan insuficientes los datos que, en general, proporcionan las aplicaciones de registro”.

Fuente El Diario

General, Homofobia/ Transfobia. Artículo 510.2.a, Código Penal, Delitos de Odio, España, Estigmatización, Justicia, Madrid

Lionel Mandeix / Presidencia senegalesa / AFP

Un proyecto de ley presentado en el parlamento de Senegal para endurecer las sanciones penales para los homosexuales cayó en el primer obstáculo el miércoles, sin avanzar al piso principal de la asamblea.

Once parlamentarios iniciaron el proyecto de ley, incluido al menos uno perteneciente al partido gobernante, afirmando que contaban con el apoyo de grupos religiosos de gran influencia para criminalizar la homosexualidad en el país y endurecer las penas de prisión, que podrían pasar a ser de entre cinco y diez años de cárcel. La propuesta busca modificar un artículo del Código Penal que castiga los actos “contra natura” y busca que este concepto sea cambiado para abarcar las relaciones homosexuales, la bisexualidad y la transexualidad, según ha informado el portal senegalés de noticias Seneweb .

Así, las personas condenadas hubieran podido ser sentenciadas a penas de entre cinco y diez años de prisión y el pago de multas de entre 500.000 y cinco millones de francos centroafricanos (entre 762 y 7.620 euros), sin circunstancias atenuantes. El proyecto contempla además que la “apología” de las relaciones homosexuales sea castigada con penas de entre tres y cinco años de prisión y el mismo tipo de multas, en un país en el que los homosexuales ya hacen frente a una gran discriminación.

Moustapha Guirassy, uno de los firmantes del proyecto, señaló que el objetivo es “luchar contra toda perversión en el espacio público”. “Estas personas deben respetar la sociedad en la que viven y hacer lo que quieran en privado”, ha dicho.

Por su parte, Souleymane Diouf, representante del colectivo Free Sénégal, un organismo dedicado a la defensa de la comunidad homosexual, mostró su inquietud por el proyecto en unas declaraciones concedidas a la emisora Radio France Internationale.

Así, recordó que el borrador contemplaba castigar la “apología” de la homosexualidad “a través de todo medio de difusión pública o la financiación de todas las actividades relativas a la agenda LGBTI”, lo que afectaría a activistas y organizaciones.

La homosexualidad se considera una desviación generalizada en Senegal, que es musulmana en un 95 por ciento. Según la ley existente en el país de África occidental, la homosexualidad ya se castiga con hasta cinco años de cárcel.

En un comunicado, la Oficina de la Asamblea Nacional, que evalúa los méritos de los proyectos de ley entrantes, dijo que el código penal actual ya castiga la homosexualidad «severamente». También señaló que las autoridades, incluido el presidente Macky Sall, se oponen a la despenalización de la homosexualidad.

Según la ley existente, los actos homosexuales pueden ser castigados con entre un año y cinco años de prisión, junto con multas que oscilan entre 152 y 2286 euros ($ 170 a $ 2,580).

El proyecto de ley que se descartó el miércoles habría aumentado la posible pena de cárcel a entre cinco y 10 años y triplicado la multa máxima. El texto decía que la ley propuesta también debería apuntar al «lesbianismo, bisexualidad, transexualidad, intersexualidad, bestialidad, necrofilia y prácticas similares».

Mamadou Lamine Diallo, el legislador que encabezó el proyecto de ley, dijo que se inspiró en el grupo paraguas And Samm Jikko, cuyo nombre significa «juntos por la salvaguardia de los valores» en el idioma principal wolof de Senegal.

Homosexualidad castigada penal y socialmente

En agosto de 2015 reseñamos cómo se sentenció a seis meses de cárcel a siete jóvenes, declarados culpables de un delito de actos “contra natura”, a pesar de que no se aportaron pruebas materiales ni testimonios que probaran las acusaciones. En diciembre del mismo año, fueron detenidos 11 hombres acusados de participar en actos homosexuales, por participar en una ceremonia ritual de boda entre dos hombres. Finalmente, fueron puestos en libertaddespués de que un juez estimara que no se habían presentado pruebas suficientes.

En 2016,una horda violenta trataba de linchar a un estudiante homosexual de la Universidad de Dakar, provocando graves disturbios. Una violenta horda de jóvenes invadió el campus de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, en persecución de un joven al que acusaban de haber hecho proposiciones homosexuales a otro estudiante. Después de que el equipo de seguridad se negara a entregar al perseguido, los violentos iniciaron los disturbios, en los que incendiaron diversos edificios del centro universitario y destrozaron una entidad bancaria cercana. Según denuncian las asociaciones de defensa de los derechos LGTB, se trataría del noveno caso de asalto a la Universidad Cheikh Anta Diop desde el año 2012, todos ellos motivados por la persecución de estudiantes homosexuales o percibidos como tales.

***

Hasta la fecha, hay 69 países con legislaciones que penalizan las relaciones homosexuales, casi la mitad de ellos en África, aunque muchos de ellos han comenzado a trabajar en nuevas leyes para acabar con esta represión. Es el caso de Angola, donde no se castiga, desde febrero, las relaciones entre personas del mismo sexo y se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual.Fuente Agencias/Cristianos Gays/Dosmanzanas

Fuente AFP

General, Homofobia/ Transfobia. África, And Samm Jikko, Código Penal, Free Sénégal, Homofobia/Transfobia, Islam, LGTBI, Macky Sall, Mamadou Lamine Diallo, Moustapha Guirassy, Parlamento, senegal, Souleymane Diouf

Un grupo de parlamentarios senegaleses han presentado un proyecto de ley para criminalizar la homosexualidad en el país y endurecer las penas de prisión, que podrían pasar a ser de entre cinco y diez años de cárcel. La propuesta busca modificar un artículo del Código Penal que castiga los actos “contra natura” y busca que este concepto sea cambiado para abarcar las relaciones homosexuales, la bisexualidad y la transexualidad, según ha informado el portal senegalés de noticias Seneweb .

Así, las personas condenadas podrían ser sentenciadas a penas de entre cinco y diez años de prisión y el pago de multas de entre 500.000 y cinco millones de francos centroafricanos (entre 762 y 7.620 euros), sin circunstancias atenuantes. El proyecto contempla además que la “apología” de las relaciones homosexuales sea castigada con penas de entre tres y cinco años de prisión y el mismo tipo de multas, en un país en el que los homosexuales ya hacen frente a una gran discriminación.

Moustapha Guirassy, uno de los firmantes del proyecto, ha señalado que el objetivo es “luchar contra toda perversión en el espacio público”. “Estas personas deben respetar la sociedad en la que viven y hacer lo que quieran en privado”, ha dicho.

Por su parte, Souleymane Diouf, representante del colectivo Free Sénégal, un organismo dedicado a la defensa de la comunidad homosexual, ha mostrado su inquietud por el proyecto en unas declaraciones concedidas a la emisora Radio France Internationale.

Así, ha recordado que el borrador contempla castigar la “apología” de la homosexualidad “a través de todo medio de difusión pública o la financiación de todas las actividades relativas a la agenda LGBTI”, lo que afectaría a activistas y organizaciones.

Hasta la fecha, hay 69 países con legislaciones que penalizan las relaciones homosexuales, casi la mitad de ellos en África, aunque muchos de ellos han comenzado a trabajar en nuevas leyes para acabar con esta represión. Es el caso de Angola, donde no se castiga, desde febrero, las relaciones entre personas del mismo sexo y se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual.

Homosexualidad castigada penal y socialmente

En agosto de 2015 reseñamos cómo se sentenció a seis meses de cárcel a siete jóvenes, declarados culpables de un delito de actos “contra natura”, a pesar de que no se aportaron pruebas materiales ni testimonios que probaran las acusaciones. En diciembre del mismo año, fueron detenidos 11 hombres acusados de participar en actos homosexuales, por participar en una ceremonia ritual de boda entre dos hombres. Finalmente, fueron puestos en libertaddespués de que un juez estimara que no se habían presentado pruebas suficientes.

En 2016,una horda violenta trataba de linchar a un estudiante homosexual de la Universidad de Dakar, provocando graves disturbios. Una violenta horda de jóvenes invadió el campus de la Universidad Cheikh Anta Diop de Dakar, en persecución de un joven al que acusaban de haber hecho proposiciones homosexuales a otro estudiante. Después de que el equipo de seguridad se negara a entregar al perseguido, los violentos iniciaron los disturbios, en los que incendiaron diversos edificios del centro universitario y destrozaron una entidad bancaria cercana. Según denuncian las asociaciones de defensa de los derechos LGTB, se trataría del noveno caso de asalto a la Universidad Cheikh Anta Diop desde el año 2012, todos ellos motivados por la persecución de estudiantes homosexuales o percibidos como tales.

Fuente Agencias/Cristianos Gays/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Free Sénégal, Homofobia/Transfobia, LGTBI, Moustapha Guirassy, Parlamento, senegal, Souleymane Diouf

El Parlamento de Noruega ha aprobado una reforma del código penal para mejorar la protección de la población LGTBI frente a los discursos de odio. La norma amplía el artículo que persigue estos delitos contra gais y lesbianas, en vigor desde 1981, para que cubra también a las personas bisexuales y trans. Las penas oscilan entre las multas previstas para los comentarios hechos en privado y los hasta tres años de cárcel para los expresados en público. El incremento de los delitos de odio en los últimos años ha sido la principal motivación detrás de la reforma. El país nórdico se coloca así a la vanguardia del mundo en la penalización de la incitación al odio LGTBIfobo.

Noruega ha prohibido el discurso de odio contra las personas bisexuales y trans en un cambio histórico en su código penal. Noruega cuenta con una de las leyes que mejor protege al colectivo LGTB. Desde hace unos años ya se castigaban con cárcel todos esos discursos de odio pero solo a gays y lesbianas. La ley es de 1981, ahí ya se penalizaba la discriminación, pero esta se ha ido endureciendo con los años.

Como decimos, las leyes noruegas protegen a los hombres homosexuales y las lesbianas del discurso de odio desde 1981, y los culpables se enfrentan a un año de prisión o una multa por comentarios privados o hasta tres años de cárcel por comentarios públicos. Sin embargo, eso fue hasta donde llegó la ley, con las personas bisexuales y transexuales abandonadas.

La aprobación del proyecto de ley en segunda lectura se produjo el pasado 10 de noviembre. En primera lectura había salido adelante por unanimidad. El aumento de los casos de violencia contra las personas LGTBI en los últimos años justificó la puesta en marcha de la iniciativa. En la última edición de su informe anual sobre derechos LGTBI, ILGA Europa alertaba de que un 23% de las personas LGTBI había sido víctima de los discursos de odio y un 15% había recibido amenazas. Son unas cifras que doblan y más que triplican, respectivamente, a las de la población general. En 2018, se produjeron 238 delitos de odio en Oslo, la capital del país, con un incremento del 20% con respecto al año anterior. Las personas LGTBI son el segundo colectivo más afectado, solo por detrás de las minorías étnicas.

Una situación que la reforma del código penal ahora aprobada pretende abordar. El nuevo texto introduce la identidad y expresión de género entre las categorías susceptibles de protección frente a los discursos de odio. También modifica la expresión «orientación homosexual» por la de «orientación sexual», para tener en cuenta también los delitos contra personas bisexuales y pansexuales, así como a las que tienen otras identidades queer, informó la Fundación Thomas Reuters. . Las penas previstas varían desde las multas para los comentarios de odio realizados en privado hasta los tres años de cárcel para las expresiones públicas de odio. Cabe destacar que el código penal ya castigaba estos delitos contra las personas homosexuales desde 1981..

Fundamentalmente, la disposición legal actualizada también prohíbe el discurso de odio basado en “género, identidad o expresión de género”, lo que protegerá a las personas trans.

Según los términos de la ley, una persona que comete un delito violento puede recibir tiempo adicional en prisión si un juez determina que la víctima fue atacada debido a su identidad LGBT +. Los discursos de odio que se den contra gays, lesbianas, bisexuales y trans en el ámbito privado se castigan con un año de cárcel. Los que se den en la esfera pública reciben un castigo de hasta 3 años de cárcel.

La ley actualizada fue aprobada por el parlamento de Noruega el martes (10 de noviembre). El proyecto de ley fue aprobado en su segunda lectura sin votación después de que los representantes votaron a su favor después de su primera lectura.

Las personas trans están “expuestas” a la discriminación, el acoso y la violencia en Noruega. Muchas personas se oponen a esta ley diciendo que limita la libertad de expresión. No obstante, recordemos que el odio al colectivo LGTB no es una opinión personal, no. Así como el racismo. Es una lacra que expanden los que se sienten superiores y que sin duda afecta y divide.

Monica Maeland, ministra de Justicia y Seguridad Pública de Noruega, dijo a Reuters que las personas trans son “un grupo expuesto en lo que respecta a la discriminación, el acoso y la violencia”, y agregó: “Es imperativo que la protección contra la discriminación que ofrece la legislación penal se adapta a las situaciones prácticas que se presenten ”.

La ministra de Justicia, Monica Mæland, ha saludado la medida por la protección que brindará a las personas trans, un colectivo expuesto a la «la discriminación, el acoso y la violencia». Mæland, que es miembro del Partido Conservador (Høyre), calificó la reforma de «imperativa» y agregó: “Es imperativo que la protección contra la discriminación que ofrece la legislación penal se adapta a las situaciones prácticas que se presenten”.

Mientras tanto, Birna Rorslett, vicepresidenta de la Association of Transgender People (Asociación de Personas Transgénero en Noruega), dijo: “De hecho, estoy muy aliviada, porque (la falta de protección legal) ha sido una monstruosidad para las personas trans durante muchos, muchos años”.

Noruega se enorgullece de ser uno de los países más amigables con las personas LGBT del mundo. Se clasificó como uno de los mejores países para LGBT + en el ranking 2020 de ILGA-Europa, y ocupó el quinto lugar.

El nuevo cambio legal se produce pocos meses después de que el país anunciara que daría prioridad a los solicitantes de asilo LGBT + como parte de un nuevo esquema de refugiados. El esquema de tres años se introdujo en coordinación con la ONU después de que el brote de coronavirus interrumpiera el asentamiento internacional de muchos refugiados.

Noruega se convierte así en uno de los países con una legislación más avanzada en este ámbito. Hace pocas semanas, la Cámara de Diputados italiana aprobaba una proposición de ley que, si finalmente entra en vigor, penalizaría por primera vez los delitos de odio basados en la LGTBIfobia. También este año, en febrero, la ciudadanía suiza aprobaba en referéndum la persecución de los delitos de odio homófobos. En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitía una sentencia a favor de una pareja de hombres que denunciaron la pasividad del Estado lituano ante los discursos de odio y amenazas de carácter homófobo y recordaba la obligación de los Estados miembros del Consejo de Europa de proteger a la comunidad LGTBI frente a estos delitos.

Por otra parte, la Iglesia de Noruega, de confesión luterana, que es la principal del país, aprobó la apertura de los matrimonios religiosos entre personas del mismo sexo. Los doce obispos de esta confesión apoyaron por unanimidad la creación de una liturgia para permitir a las parejas de hombres y a las de mujeres contraer matrimonio en sus templos.

Fuente Agencias/Pink News/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bifobia, Birna Rorslett, Bisexual, Código Penal, Discurso de odio, Homofobia/Transfobia, Monica Maeland, Noruega, Personas trans

El proyecto “en ningún caso legaliza la pedofilia”, mientras que el 365 solo “criminaliza a la homosexualidad”, señaló la Defensoría de la Niñez, la primera entidad que en Chile  sale a respaldar la iniciativa legal  impulsada por la diputada Carolina Marzán y el Movilh.

La Defensoría de la  Niñez, encabezada por Patricia Muñoz, brindó su respaldo a un proyecto de ley presentado por la diputada Carolina Marzán y el Movimiento de Integración y Liberación (Movilh) para derogar el artículo 365 del Código Penal, una norma que sanciona las relaciones sexuales consentidas solo cuando involucran a personas del mismo sexo.

La norma en cuestión sanciona a quienes tengan relaciones sexuales consentidas con mayores de 14 años y menores de 18 años sin que exista ningún delito o abuso de por medio, considerándolas condenables solo si trata de vínculos homosexuales.

En tal sentido, la Defensoría de la Niñez inició una campaña informativa en redes sociales donde sostiene que el artículo 365 del Código Penal es una norma “discriminatoria e infringe el deber del Estado de Chile de no discriminar a las personas en razón de su orientación sexual”

Añade que el proyecto de ley solo “pretende evitar que se siga infringiendo el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, que es un principio básico y general de protección de lo derechos humanos, reconocido en nuestra Constitución y en diversos tratados internacionales”.

La Defensoría de la la Niñez apunta que, en consecuencia, es “absolutamente falso que el proyecto legalice la pedofilia, como lo han sostenido grupos neonazis, ultra-religiosos y de ultraderecha que en las últimas semanas han lanzado más de 5 mil insultos y amenazas de muerte contra el Movilh por impulsar la iniciativa que busca derogar el artículo 365.

Para  la Defensoría de la Niñez el artículo 365, “vigente hasta hoy, lo que hace es criminalizar la homosexualidad, discriminando a los adolescentes homosexuales al reconocer en ellos, a diferencia de los heterosexuales, la posibilidad de consentir solo a partir de los 18 años, distinción que atenta contra la igualdad ante la ley”

En tal sentido, señaló Patricia Muñoz, es “muy importante no creer en FakeNews que solo dañan a nuestra sociedad”.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, valoró “este importante y valiente pronunciamiento de la Defensoría de la Niñez, que va en la línea de lo señalado antes por el Comité de Derechos del Niño de la ONU. La Defensoría de la Niñez, con Muñoz a la cabeza,  ha sido la única organización que hasta ahora ha contribuido al impulso que estamos dando a este proyecto. Nuestro agradecimiento es muy especial, pues hablamos de un entidad cuyo deber es justamente proteger los derechos de niños, niñas y niñes. Y es ese entidad la que apoya la derogación del homofóbico artículo 365 del Código Penal”.

Fuente MOVILH

General Artículo 365, Carolina Marzán, Chile, Código Penal, Defensoría de la Niñez, MOVILH, Rolando Jiménez

 Sudán ha eliminado la flagelación y la pena de muerte como castigos por el sexo gay, pero las personas queer pueden ser encarceladas bajo las leyes arcaicas del país.

La ley fue enmendada para eliminar la pena de muerte y las flagelaciones por sexo gay la semana pasada, según la organización de derechos LGBT + Bedayaa. El grupo dijo que el consejo soberano del país aprobó una serie de nuevas leyes y enmiendas el 9 de julio.

Como parte de esas reformas, se enmendó el artículo 148 del Código Penal de 1991 (la Ley de sodomía).

Las personas queer aún pueden ser encarceladas por tener sexo gay en Sudán. Según los cambios, se eliminó por completo la pena de recibir cien latigazos por sexo homosexual, al igual que la referencia a la pena de muerte en el tercer párrafo. En cambio, el artículo ahora somete a las personas queer a la cárcel por tener sexo gay.

Según la ley enmendada, una persona queer puede ser sentenciada a hasta cinco años de prisión por tener sexo gay por un primer “delito”.

Si una persona es condenada por segunda vez, la sentencia de prisión puede durar hasta siete años, mientras que una tercera condena puede ganar toda la vida en prisión.

Bedayaa dijo que el cambio de ley fue “un gran paso hacia la reforma del sistema de justicia en Sudán” y dijo que podría “allanar el camino para nuevas enmiendas para el cambio”. Sin embargo, señalaron que el sexo homosexual sigue siendo un delito penal y dijeron que continuarán luchando por la despenalización total. Los cambios en la ley han sido bien recibidos, pero hay más trabajo por hacer.

El consejo soberano del país también aprobó una serie de otras leyes que ayudarán a mejorar la vida de las mujeres, los niños y las personas mayores en el país.

Según las nuevas leyes del país, se ha prohibido la mutilación genital femenina (MGF) y se ha eliminado el requisito de que las mujeres obtengan permisos de viaje.

Sudán también ha despenalizado la apostasía, la desafiliación formal de la religión, un delito que anteriormente se castigaba con la muerte.

La organización benéfica contra la tortura Redress y el Centro Africano de Justicia y Estudios de Paz alabaron las nuevas leyes en un comunicado publicado a principios de esta semana. Las organizaciones dijeron que los cambios en la serie de leyes “moverían a Sudán un paso más hacia la eliminación de la violencia estructural contra las mujeres y las minorías”.

El país es solo uno de los muchos países de África donde la homosexualidad sigue siendo un delito penal. Las personas homosexuales aún pueden ser condenadas a muerte por el simple delito de tener relaciones sexuales en varios países africanos.

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia. África, Artículo 148, Bedayaa, Código Penal, Criminalización de la Homosexualidad, Homofobia/Transfobia, Homosexualidad, Islam, Ley de Sodomía, Sexo gay, Sudán

El Parlamento de Gabón ha derogado la penalización de las relaciones homosexuales, que se castigaban con penas de hasta seis meses de prisión y una fuerte sanción económica. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral». Aunque no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos durante su periodo de vigencia, el mero hecho de que las relaciones homosexuales se consideraran un delito impedía que se denunciasen las agresiones sufridas por personas homosexuales o bisexuales.

El martes 23 de junio, la Asamblea Nacional de Gabón votó a favor de derogar el apartado 5 del artículo 402 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta seis meses de cárcel y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares). La votación se saldó con 48 votos a favor de la derogación, 24 en contra y 25 abstenciones. Posteriormente, el lunes 29 de junio, el Senado votó también favorablemente a la despenalización de las relaciones homosexuales, por una mayoría aún más amplia: 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La derogación, que ha contado con el apoyo de altas instancias gubernamentales, se ha producido tan solo un año después de que se incluyeran las relaciones homosexuales entre los «delitos contra la moral» en el Código Penal aprobado a principios de 2019, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Durante este periodo, no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos.

No obstante, los defensores de los derechos LGTB gaboneses denunciaban que el mero hecho de que las relaciones homosexuales aparecieran en el Código Penal impedía que se presentaran denuncias cuando las personas homosexuales o bisexuales eran agredidas. Es decir, la penalización funcionaba como un seguro de impunidad para la violencia LGTBfoba.

A falta únicamente de la promulgación presidencial, Gabón queda fuera de la lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales. Victoria Vasey, presidenta de Human Dignity Trust, expresaba su satisfacción por que «Gabón se une ahora a estados africanos como Seychelles, Angola, Mozambique y Botsuana, que han decidido eliminar de sus libros de leyes las disposiciones arcaicas que permiten la discriminación, la violencia y el hostigamiento contra las personas LGTB».

Gran parte de los sectores LGTBfobos habían expresado su desaprobación durante el proceso de votación de la derogación. La archidiócesis católica de Libreville instó a los senadores a votar en contra por medio de un comunicado emitido el 24 de junio, cuyo contenido incluía lo siguiente: «En nombre de la sabiduría de nuestros antepasados, contenida en nuestras diversas culturas, que celebra la vida, el amor, la familia, decimos no a la despenalización de la homosexualidad».

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

Tras la derogación de la penalización de las relaciones homosexuales en Gabón, aún quedan 72 países y territorios del mundo donde están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 69 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 72 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 43 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Discriminación, Gabon, Homofobia, Human Dignity Trust, LGTBIfobia, Victoria Vasey

(Photo by Chesnot/Getty Images)

Canadá ha introducido legislación para criminalizar la práctica traumatizante y pseudocientífica de la terapia de conversión.

Después de las elecciones federales de 2019, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, hizo que la prohibición nacional de la terapia de conversión sea una “máxima prioridad” para su nuevo gobierno.

En una carta al secretario de justicia del país en diciembre, Trudeau enumeró una serie de prioridades que espera que los funcionarios del gobierno cumplan. Incluía enmendar el Código Penal para prohibir la terapia de conversión y tomar medidas para poner fin definitivamente a la práctica en todas las provincias y territorios de Canadá.

La propuesta se encuentra entre varios movimientos pro LGBTQ del gobierno de Trudeau. En 2017, el primer ministro se disculpó por los esfuerzos de Canadá para purgar a las personas LGTBQ de los trabajos del gobierno desde la década de 1950 hasta principios de la década de 1990 y ofreció una compensación financiera a los afectados.

El lunes 9 de marzo, el ministro de justicia y fiscal general de Canadá, David Lametti, y la ministra de diversidad e inclusión y juventud, Bardish Chagger, presentaron un proyecto de ley que finalmente criminalizaría la terapia de conversión.

Las enmiendas propuestas al código penal del país por el proyecto de ley S-206, incluyen convertir en delito hacer que alguien se someta a una terapia de conversión, publicitar o beneficiarse de la terapia de conversión y retirar a un menor de Canadá para someterse a una terapia de conversión en el extranjero.

También permitiría a las autoridades ordenar la eliminación o eliminación de cualquier anuncio publicitario para la práctica desacreditada.

Lametti dijo en un comunicado de prensa: “La terapia de conversión es una práctica cruel que puede provocar un trauma de por vida, particularmente para los jóvenes. El enfoque que proponemos hoy demuestra el fuerte compromiso de nuestro gobierno para proteger la dignidad y los derechos de igualdad de las canadienses lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer y de dos espíritus, al criminalizar una práctica que los discrimina y perjudica. Si se aprueba, este proyecto de ley haría que las leyes de Canadá sobre terapia de conversión sean las más progresivas y completas del mundo”.

Chagger agregó: “Todos tenemos un papel que desempeñar para asegurarnos de que las personas LGBT + se sientan seguras y puedan participar plenamente en la sociedad canadiense. La legislación progresiva que propusimos hoy ayudará a garantizar que todos, en todas partes en Canadá, puedan ser quienes realmente son y vivir una vida plena, saludable y segura”.

Un estudio, publicado en 2019, encontró que “las personas transgénero que están expuestas a los esfuerzos de conversión en cualquier momento de sus vidas tienen más del doble de probabilidades de intentar suicidarse en comparación con aquellas que nunca han experimentado los esfuerzos de los profesionales para convertir su identidad de género”.

La propuesta ha recibido elogios a nivel internacional. «El proyecto de ley de Canadá es un hito para los derechos humanos LGTBQ«, dijo un comunicado emitido por Mathew Shurka, un sobreviviente de terapia de conversión y cofundador de Born Perfect, un proyecto de National con sede en EE. UU. Centro de Derechos de las Lesbianas. “Ser sometido a terapia de conversión lleva a muchos jóvenes LGTBQ a la desesperanza. La aceptación de un padre es hacer o deshacer el futuro de un niño LGTBQ. El proyecto de ley de Canadá envía un poderoso mensaje de que los jóvenes LGBTQ nacen perfectos«.

Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International, dijo en un comunicado de prensa: “Al presentar un proyecto de ley que prevé una prohibición a nivel nacional, el gobierno de Canadá ha enviado un mensaje poderoso: que las personas LGTBIQ no necesitan cambio ni cura. Elogio a los ministros en cuestión por dar este importante paso e insto a las autoridades a que refuercen este esfuerzo con medidas diseñadas para promover la comprensión e inclusión de las personas LGBTIQ, abordando así las causas profundas de estas prácticas dañinas e inhumanas».

Brasil, Ecuador, Malta y Taiwán tienen prohibiciones a nivel nacional de terapia de conversión. En los EE. UU., 20 estados y más de 70 ciudades y condados han hecho ilegal que los profesionales con licencia sometan a menores a la práctica, y algunos sobrevivientes de dicha terapia han demandado con éxito a sus antiguos terapeutas bajo las leyes estatales de fraude al consumidor.

Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

***

Fuente Pink News/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Bardish Chagger, Born Perfect, Canadá, Código Penal, David Lametti, Jessica Stern, Justin Trudeau, Ley S-206, Mathew Shurka, OutRight Action International, Terapia de conversión

Gabón aprobó a mediados de año un nuevo Código Penal, que establece penas de prisión de hasta seis meses y una fuerte sanción económica para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. No obstante, la criminalización de la homosexualidad recogida en el nuevo texto legal no se ha difundido hasta ahora, cuando activistas que supervisan los derechos LGTB en el continente africano han tenido conocimiento de que se han producido detenciones al amparo de la nueva normativa. Con Gabón, son 73 los países y territorios del mundo que castigan las relaciones homosexuales.

El Parlamento de Gabón aprobó un nuevo Código Penal a principios de este año, que entró en vigor el 5 de julio, sin que se difundieran en ese momento las medidas condenatorias para las relaciones homosexuales recogidas en el nuevo texto legal. El título 14 del Código Penal ahora vigente recoge los delitos relacionados con las agresiones sexuales y los atentados contra la moral. El artículo 402 queda redactado de la siguiente manera:

Art.402

Los siguientes son delitos contra la moral:

1.º la exposición sexual impuesta a la vista de otros en un lugar accesible al público;

2.º las relaciones sexuales, incluso con consentimiento, excepto en el caso de incesto previsto en el subsiguiente artículo 403, entre un hombre y una mujer con un grado de parentesco que impida el matrimonio de conformidad con la legislación vigente;

3.º cualquier comportamiento, actitud o discurso repetido, asiduo o sugerente directamente o indirectamente atribuible a una persona que, abusando de la autoridad o  la influencia que se le confierem sus funciones o su rango social, con el objetivo de obtener favores sexuales de un individuo de cualquier sexo;

4.º cualquier acto indecente o antinatural con un individuo del mismo sexo y menor de dieciocho años;

5.º las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.

Todo aquel que sea culpable de los actos indecentes a los que se hace referencia en el apartado pungidos 1, 2, 4 y 5 serán castigados con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 5.000.000 de francos CFA.

Toda persona culpable de acoso sexual a que se hace referencia en el punto 3 del presente artículo será castigada con una pena de prisión no superior a seis meses y una multa no superior a 2.000.000 de francos CFA.

De esta manera, las relaciones libres y consensuadas entre personas del mismo se castigan con pena de cárcel de hasta seis meses y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares).

Esta criminalización supone una novedad respecto al Código Penal existente, herencia de la colonización francesa, que no castigaba de ninguna forma la homosexualidad, aunque sí establecía una edad diferente de consentimiento para las relaciones sexuales (15 años para las heterosexuales y 21 para las homosexuales). Ni el Gobierno de Gabón ni su ministro de Justicia han querido hacer declaraciones al respecto.

Davis Mac-Iyalla, un activista que supervisa los derechos LGTB en África occidental, afirma que había tenido conocimiento de que dos hombres gaboneses habían sido detenidos por mantener relaciones homosexuales después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, y que solo habían podido conseguir su puesta en libertad tras sobornar a miembros corruptos de las fuerzas del orden. Mac-Iyalla, que es miembro de la Red Interreligiosa de Diversidad de África Occidental, considera que la reforma «ha causado que la comunidad LGBT pase a la clandestinidad y ha creado hostigamiento. La policía corrupta ahora la utiliza, detiene a personas que se ven obligadas a recurrir al soborno para salir liberadas».

Con esta reforma de su Código Penal, Gabón se suma a la larga lista de países africanos que condenan las relaciones entre personas del mismo sexo. Un lamentable retroceso en los derechos LGTB después de la buena noticia de la despenalización por parte del Alto Tribunal de Bostuana también a mediados de año.

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Davis Mac-Iyalla, Discriminación, Gabon, Homofobia, LGTBfobia

Un terrible informe ha revelado el alcance impactante de la violencia y la persecución que enfrentan las personas LGBT + en Myanmar y ha recomendado una reforma legal urgente.

El informe, que fue producido por el Programa Dinamarca-Myanmar sobre Estado de Derecho y Derechos Humanos, cuenta las historias de personas LGBT + en el país asiático para ilustrar el alcance de la impactante experiencia de tratamiento de personas queer.

En noviembre de 2016, la mujer transgénero Alinkar y sus amigos, que son maquilladores, viajaban en moto para ver a un cliente cuando la policía los detuvo. “La policía nos preguntó a dónde íbamos, pero antes de que pudiéramos responder, nos estaban golpeando”, reveló. “Nos obligaron a arrodillarnos con las manos detrás de la cabeza. Nos acusaron falsamente de traficar drogas y se burlaron de nosotros por ser transgénero “.

Afirmó que uno de los oficiales “burlonamente” le preguntó al grupo si eran hombres o mujeres. “Cuando dijimos que somos transgénero, la policía nos pateó brutalmente. Un oficial de policía me preguntó si partes de mi cuerpo eran falsas. Cuando dije que mi cuerpo es real, la oficina me pateó nuevamente y exigió sexo oral “. Fue sometida a más abusos cuando se negó y solo los dejaron ir cuando su cliente vino a ayudarlos.

El informe recomienda una reforma legal urgente para proteger mejor a las personas LGBT + en Myanmar. Varias personas LGBT + en Myanmar compartieron sus historias en un intento de ilustrar cuán difícil es la vida para las personas en el país conservador.

Para evitar la discriminación anti-LGBT +, el informe pide al parlamento que derogue urgentemente la Sección 377 del Código Penal que prohíbe el sexo homosexual. También hacen un llamado al parlamento para reformar o enmendar otras leyes que se utilizan para perseguir a las personas LGBT +. También piden al parlamento que brinde a las personas transgénero en Myanmar reconocimiento legal de género y piden leyes contra la discriminación.

El informe insiste en que la policía deja de arrestar a personas LGBT + por “la mera sospecha de participar en ‘relaciones sexuales no naturales’ “. También acusa a la policía de atacar “selectivamente” a las personas según las leyes de la era colonial del país.

Aung Myo Min, director ejecutivo de Equality Myanmar, escribe en un prefacio al extenso informe que siempre ha habido personas LGBT + en Myanmar, pero dice que su papel ha sido limitado debido a percepciones culturales discriminatorias. “Las leyes penales y el sistema de justicia de Myanmar hacen que los LGBTIQ sean más marginados y vulnerables, particularmente el Artículo 377 del Código Penal”, escribe. “Esta es una disposición heredada del dominio colonial británico, y continúa criminalizando la conducta sexual consensuada del mismo sexo. Aunque esta Ley no se aplica estrictamente, los oficiales de cumplimiento de la ley lo han estado utilizando para intimidar, hostigar y arrestar a personas LGBTIQ por otros cargos. Muchos de los miembros LGBTIQ están sujetos a todas las formas de maltrato por las leyes penales y no están protegidos por el sistema de justicia en Myanmar“.

Sin embargo, también dijo que los activistas LGBTIQ están “trabajando juntos como nunca antes” para mejorar la vida. “Prueban que son parte de la sociedad, no el problema de la sociedad. No obstante, aún queda una larga lucha por terminar con la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Necesitamos protección legal y aceptación generalizada por parte de la sociedad “.

Fuente Pink News.

General, Homofobia/ Transfobia. Aung Myo Min, Código Penal, Estado de Derecho y Derechos Humanos, Homofobia/Transfobia, Informe, Myanmar, Programa Dinamarca-Myanmar, Sección 377

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU en Derechos Humanos, exige a Brunéi que el nuevo y terrorífico Código Penal no entre en vigor.

Hace unos días sabíamos que el sultanato de Brunéi comenzará a partir de este jueves 4 de abril de 2019 a sentenciar a muerte a personas acusadas de homosexualidad o de adulterio. El nuevo Código Penal del país está basado en la interpretación más estricta de la ley islámica, la sharía, y aunque hace años que el sultán tiene la intención de aplicar la pena de muerte por lapidación para estos casos. La presión internacional hizo que Brunéi dejara en suspenso la aplicación de esa ley, pero hace unos días salió a la luz un documento de la Fiscalía que había pasado desapercibido hasta el momento en el que se anunciaba la fecha en que comenzará a aplicarse la ley.

Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de la ONU en materia de Derechos Humanos, ha emitido un comunicado condenando la nueva ley del sultanato que “castiga con pena de muerte delitos como la violación, el adulterio, la sodomía, el sexo extramarital entre musulmanes, el robo, el insulto o la difamación del Profeta Mahoma” y que también “castiga con flagelación el aborto, el robo con amputaciones y criminaliza la exposición de niños musulmanes a las creencias y prácticas de otras religiones que no sean el Islam.“

Es por eso que Bachelet apela al gobierno de Brunéi para que “detenga la entrada en vigor de este nuevo código penal draconiano, que marcaría un serio retroceso para los derechos humanos de los ciudadanos de Brunéi si se implementa“. Bachelet también recuerda que “la evidencia muestra que la pena de muerte se aplica de forma desproporcionada contra personas que ya son vulnerables, y hay un alto riesgo de errores judiciales.“

La Alta Comisionada exige que el gobierno mantenga la moratoria “de facto” que existe sobre la aplicación de la pena de muerte y recuerda que “ninguna legislación basada en la religión puede vulnerar los derechos humanos, incluyendo los derechos que los forman parte de la mayoría religiosa como de las minorías religiosas o los no creyentes. Los derechos humanos y la fe no son fuerzas opuestas; es, de hecho, la interpretación humana la que crea tensiones“.

El comunicado de Bachelet llega poco después de que la oficina del primer ministro de Brunéi emitiera un comunicado en el que defendían este nuevo código penal asegurando que “La Ley Sharía, aparte de criminalizar y disuadir frente a actos que son contrarios a las enseñanzas del Islam, también busca educar, respetar y proteger los derechos legítimos de todos los individuos, sociedades o nacionales de todas las fés y razas.”

George Clooney fue uno de los primeros famosos en expresar su oposición a las intenciones de Brunéi, proponiendo además un boicot a varios hoteles por todo el mundo que son propiedad del Sultán de Brunéi. A Clooney se ha sumado también el cantante Elton John, que en un tweet ha mostrado apoyo a los trabajadores de esos hoteles (“muchos de los cuales sabemos que son gais“) y recuerda que “debemos mandar un mensaje, como podamos, de que ese tratamiento es inaceptable. Por eso David y yo hace mucho que nos negamos a quedarnos en esos hoteles y por lo que seguiremos haciéndolo. Esperamos que os unáis a nosotros en solidaridad.“

We must send a message, however we can, that such treatment is unacceptable. That’s why David and I have long refused to stay at these hotels and will continue to do so.

We hope you will join us in solidarity.

— Elton John (@eltonofficial) 30 de marzo de 2019

Fuente Towleroad, vía HazteQueer

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Brunei, Código Penal, Derechos Humanos, Elton John, George Clooney, Homofobia/Transfobia, Islam, Michelle Bachelet, ONU, Sharia

El país ha eliminado de su código penal el artículo que criminalizaba la homosexualidad y que fue redactado en 1886.

El Parlamento de Angola ha aprobado un nuevo Código Penal que supone el fin de la criminalización de las relaciones homosexuales en ese país. Una magnífica noticia que convierte al país africano en el primero en despenalizar la homosexualidad en este año 2019. El cambio va incluso más allá, al sumarse a la prohibición de discriminar a personas en base a su orientación sexual.

El pasado miércoles 23 de enero Angola hizo historia al convertirse en el primer país del mundo en despenalizar la homosexualidad en 2019. La iniciativa se aprobó con 155 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.

Hasta el momento la homosexualidad en Angola podía suponer penas de cárcel de 6 meses a 3 años por lo que se consdieraban “actos contra natura“. Esa ley formaba parte del Código Penal aprobado en 1886 y que el país no ha reformado ni una sola vez desde que en 1975 se independizó de Portugal.

Los legisladores aprobaron la aplicación de un proyecto de ley que reforma el Código Penal de 1886, el cual contenía prohibiciones y concepciones heredadas de la época colonial. El Código Penal vigente hasta el momento, heredado de la época colonial portuguesa, castigaba a quienes practicaren de manera habitual actos contra natura. Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de persecución sistemática, pero la persistencia de una norma que podía ser aplicada a cualquier tipo de relación homosexual mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTB. El nuevo Código Penal elimina esta posibilidad.

Ya el último informe sobre homofobia de Estado de ILGA, de hecho, dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. «En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo: ‘El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes», puede leerse en el informe, que también destaca como hecho positivo que la institución nacional encargada de los derechos humanos incluya la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 anticipamos la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola, cuando recogimos la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Íris Angola.

Con la reforma, el Código Penal de Angola no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, sino qué también prohíbe la discriminación en el empleo basada en la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel.

La decisión ha sido saludada no solo por entidades LGTB (como ILGA, organización paraguas que agrupa a colectivos de todo el mundo) o de defensa de los derechos humanos (como Human Rights Watch), sino también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige desde septiembre de 2018 la expresidenta chilena, Michelle Bachelet:

Con esta decisión, Angola se convierte en el primer país en despenalizar la homosexualidad durante 2019. Por su parte, el  partido que gobierna el país se mostró a favor de la decisión y dijo que el nuevo Código Penal era “genuinamente angoleño”.

“Al eliminar esos vestigios arcaicos de la época colonial, Angola rechaza las discriminaciones  basadas en la orientación sexual”, señaló Human Rights Campaigne (HRC), una de las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos más importantes del mundo, por medio de un comunicado. Tal y como informa la Human Rights Watch, el parlamento del país ha aprobado un nuevo Código Penal que no contempla la homosexualidad como delito, protege frente a la discriminación en el empleo en base a la orientación sexual y que, en algunos casos, también despenaliza el aborto.

El año pasado, se produjo ya un triunfo para el colectivo LGBT en África. La asociación Íris Angola logró que tras cinco años de espera, al fin el Gobierno de esa nación, formalizara su registro legal. En este país, donde la ley no menciona la actividad homosexual, la comunidad LGBT vive de forma anónima y discriminada en el acceso a la salud y educación.

Alrededor de 70 países siguen penalizando la homosexualidad

Según el mencionado informe de ILGA, publicado por última vez en 2017, 72 estados criminalizaban los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo  a través de diversas figuras legales como la “sodomía” y las “relaciones sexuales no tradicionales”; asimismo, se castiga a las personas LGBT bajo leyes relacionadas con la moralidad y la conservación del orden, con datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato suponía una mínima mejoría respecto a lo que el mismo informe recogía en 2016, cuando 74 países penalizaban las relaciones homosexuales (según el criterio de ILGA, ya que según la fuente a la que se recurra pueden existir diferentes criterios interpretativos sobre cuál es la realidad legal en algunos países y territorios).

A la espera de una nueva evaluación de la situación, que previsiblemente se publicará este año, hoy día hay que excluir de esa lista al menos a los países más recientes en despenalizar la homosexualidad son  Trinidad y Tobago e India, el primero anuló las prohibiciones contra las relaciones del mismo sexo en abril del año pasado, y la Corte Suprema de Trinidad y Tobago ha confirmó su sentencia del pasado mes de abril en la que declaraba que la penalización de la homosexualidad vulneraba la Constitución y emitió el texto que reforma los artículos afectados del Código Penal. Asimismo, denegó al Gobierno la solicitud de suspender la sentencia. Recordemos que la Iglesia Católica se manifiestó a favor de la despenalización de la homosexualidad en Trinidad y Tobago; mientras que la corte suprema de India lo hizo en septiembre de 2018.

Fuente Agencias e información de HRC/Dosmanzanas/Cristianos Gays

Imagen tomada de Global Voices.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Angola, Código Penal, Despenalización de la homosexualidad, Homofobia, Human Rights Watch, ILGA, India, Íris Angola, LGTBfobia, Michelle Bachelet, Trinidad y Tobago

Uno de los miembros de la comisión parlamentaria que está revisando el Código Penal de Indonesia -que ilegalizará la homosexualidad- asegura que no quieren que el texto parezca “discriminatorio“. 

Ya llevamos meses contando que la situación del colectivo LGTB+ en Indonesia es catastrófica. Ser LGTB+ en Indonesia no es ilegal (por ahora) salvo en la provincia de Aceh, en la que se han registrado decenas de incidentes, agresiones, detenciones y abusos hacia el colectivo tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por parte de civiles. La situación en Aceh es tan escandalosa que las autoridades hace poco decidieron dejar de torturar a personas acusadas de homosexualidad en público, porque consideran que la difusión de esas imágenes dañan la reputación internacional del país. Lo fácil sería dejar de torturar a personas LGTB+ ¿no? Pues no. En Aceh quieren seguir haciéndolo y, ya que están, quieren empezar a cortar cabezas. Literalmente.

 Mientras todo el mundo avanza en materia de derechos humanos, Indonesia decidió hace unos meses que lo suyo era llevar la contraria, declaró la homosexualidad un “desorden mental” y, en un movimiento que hasta la ONU ha criticado, decidió renovar el Código Penal del país para (entre otras cosas) ilegalizar la homosexualidad.

Durante varios meses un comité especial del Parlamento, formado por miembros de todos los partidos políticos, está revisando el Código Penal del país para introducir varios cambios. Desde la prohibición del sexo o la convivencia antes del matrimonio (…) hasta volver a introducir la pena de muerte, pasando por leyes que penalizan las críticas al presidente o ilegalizan la promoción de anticonceptivos. Y sí, también quieren ilegalizar la homosexualidad. Y todos los partidos políticos están a favor de esa medida. Pero no quieren que les llames homófobos y por eso han sorprendido las palabras de Arsul Sani, uno de los miembros de ese comité.

Según Sani, que pertenece al Partido Unido del Desarrollo, el artículo referente a las personas LGTB+ en el Código Penal es uno de los pocos en los que aún no se han puesto todos de acuerdo; pero en declaraciones al diario Tempo.co ha asegurado que: “Ese artículo no se borrará, pero la fórmula se mejorará para que no exista percepción alguna de discriminación“.

El gobierno de Indonesia quiere prohibir los actos homosexuales, algo claramente discriminatorio, pero quiere hacerlo de forma que el texto legal que penalice la homosexualidad no parezca discriminatorio.

Ayer miércoles 30 la comisión parlamentaria se ha vuelto a reunir para terminar de decidir sobre los artículos del código penal que no consiguen zanjar (que incluyen el del colectivo LGTB+, la pena de muerte y los métodos de reproducción asistida). Pero lo que está claro es que, pase lo que pase, Indonesia ilegalizará la homosexualidad en breve. Todo el comité espera que el nuevo código penal esté listo para ser votado y aprobado en el Parlamento el próximo 17 de agosto de 2018.

Posible criminalización de la homosexualidad en todo el país

La noticia tiene lugar en un contexto especialmente hostil, dada la discusión que se ha abierto sobre una posible criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, de la que también hablamos hace pocos días, y que ha desencadenado una auténtica espiral de LGTBfobia. De hecho, un diputado indonesio proponía la semana pasada modificar la legislación nacional para no solo castigar las relaciones homosexuales con cárcel, sino incluir además la pena de muerte para el colectivo LGTB (o, como mínimo, la cadena perpetua). El artífice de tal propuesta es Muslim Ayub, miembro del Partido Mandato Nacional Islámico (PAN).

Hanafi Rais, otro diputado del mismo partido, aseguraba que el debate sobre la criminalización de la homosexualidad está siendo acordado “por la mayoría de los partidos políticos indonesios”. Los seis partidos seculares, que controlan a la mayoría en la presente legislatura, no parecen, en todo caso, querer ponerse en contra a los extremistas islámicos antes de las elecciones de junio, en las que 171 regiones votarán por nuevos gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

Hace algunos días recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios de año recogíamos el último y descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

Fuente | Tempo.co, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Arsul Sani, Código Penal, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Indonesia, Islam, Partido Unido del Desarrollo

El parlamento indonesio redacta una modificación del Código Penal que criminalizará la homosexualidad y el sexo extra-matrimonial.

La nueva ley se aprobará con el apoyo de todos los partidos políticos pocas semanas después de que el Constitucional se negara a aplicar esas medidas por no estar incluidas en el Código Penal.

A pesar de las críticas de la comunidad internacional contra la persecución del colectivo LGBT, y de una sentencia en contra de la criminalización de la homosexualidad por parte del Tribunal Constitucional, el gobierno de Indonesia sigue empeñado en criminalizar el adulterio, la homosexualidad y las relaciones sexuales fuera del matrimonio en un país en el que en los dos últimos años se ha incrementado considerablemente la discriminación contra las personas homosexuales, bisexuales y transexuales.

Llevamos bastante tiempo publicando que la situación del colectivo LGTB+ en Indonesia es bastante preocupante. A pesar de ello en Indonesia la homosexualidad solo es ilegal en la provincia de Aceh, la única provincia del país en la que se aplica la Sharia (la ley islámica). Algo que, por lo que parece, cambiará en un par de semanas porque los 10 principales partidos políticos del país han mostrado su apoyo a una reforma del Código Penal que criminalice la homosexualidad en todo el país.

En diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional de Indonesia rechazó una petición presentada por la Alianza por el Amor Familiar (un grupo islamista de extrema derecha y AntiLGTB+) para criminalizar el sexo homosexual y el sexo prematrimonial. En su momento la votación fue muy ajustada (5 contra 4) y se rechazó, básicamente, porque el Constitucional no tiene potestad para ello. Como explicaba la sentencia “cualquier limitación a los derechos de las personas ha de ser decidida a través del proceso legislativo” y aclaraban que si el código penal no castiga la homosexualidad el Tribunal no puede hacer nada.

Este tipo de manifestaciones homófobas cada vez son más habituales

¿Y qué han hecho ahora los políticos? Pues proponer una modificación del Código Penal, que podría aprobarse el mismo día de San Valentín, en la que se castigue el sexo homosexual con penas de hasta cinco años de prisión. La modificación de la ley, que aún se está redactando en comisión parlamentaria y a la que Reuters ha tenido acceso, criminalizará el sexo extra-matrimonial, la homosexualidad y la co-habitación. Arsul Sani, secretario general del PPP, ha sido uno de los redactores de este nuevo código penal y ha explicado que las condenas “Se aplicarán a personas del mismo género que tienen sexo, lo que básicamente es un acto prohibido. Se considera igual que el adulterio, por lo que un hombre y una mujer que tienen sexo fuera del matrimonio podría considerarse un crimen.”

Para la redacción de la ley los miembros del parlamento han tenido en cuenta la opinión de líderes religiosos y diversos juristas (obviamente no han contado con ningún colectivo LGTB+ ni defensor de los derechos humanos) para encontrar la forma de ilegalizar el sexo fuera del matrimonio. Curiosamente la criminalización de la homosexualidad les ha dado menos problemas porque parece que todos los partidos políticos están a favor: “En términos legales, en términos religiosos y en términos éticos, no podemos tener eso en nuestro país“, declaró Junimart Girsang, parlamentario miembro del Partido Demócrata.

Imagen de la tortura pública a la que se sometió a dos hombres en Aceh sospechosos de ser homosexuales.

Como explica Andreas Harsono de la Human Rights Watch esta ley “creará nuevos delitos discriminatorios que no existen en el actual código penal. Frenará los esfuerzos de Indonesia por desarrollar su economía, su sociedad, su conocimiento y su educación y tendrá a las fuerzas de la ley muy ocupadas vigilando la moral. Es igual que la ley Sharia en Aceh.”

“Indonesia, cuya constitución garantiza los derechos humanos y ha ratificado muchos convenios de derechos humanos, será ridiculizada por el mundo por crear una ley que potencialmente viola muchos de esos derechos”, declara Said Muhammad Isnur, director de defensa legal en la Fundación del Instituto de Asistencia Jurídica del país. Activistas y expertos legales temen que se propague la vigilancia parapolicial, lo que ya se produce en algunas zonas de Indonesia, y se produzca un retroceso de los derechos humanos y la privacidad en el que es el cuarto país más poblado del mundo, con 250 millones de habitantes, por lo que ya se han movilizado para combatir este proyecto desde la oposición del gobierno. Asimismo, también consideran que la joven democracia del país mayoritariamente musulmán se debilitaría si salen adelante propuestas como tildar de difamación cualquier crítica potencial al presidente y otras revisiones que tendrían como objetivo debilitar las medidas para combatir la corrupción.

Dos años después de su elección, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, habla en octubre de 2016 sobre el alarmante incremento de la discriminación contra la comunidad LGTB en su país. Cuatro meses después, en febrero de 2017, el Parlamento Europeo condena que se esté produciendo este incremento de la discriminación de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en su país, pronunciándose en la misma línea el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Precisamente, a lo largo de 2016 y 2017, hasta 1220 personas habrían participado en una encuesta realizada en las 34 provincias del archipiélago mediante la que se concluye que el 87,6 % de los ciudadanos indonesios que entienden qué significa el término “LGTB” se sienten “amenazados” por el colectivo y creen que su religión prohíbe las relaciones homosexuales, rechazando hasta el 79 % la idea de tener como vecino a una persona homosexual, bisexual o transexual.

Ese alto porcentaje ha llevado a que muy pocos políticos muestren su apoyo a las personas LGTB, entre otras cosas porque el año que viene hay elecciones presidenciales y nadie quiere enfadar a una base de votantes eminentemente conservadora.

Este tipo de valoraciones parece estar ligada con el hecho de que hasta un 81,5 % está convencida que las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas en todas las religiones, no sólo en la musulmana que se practica de forma moderada por el 88 % de los indonesios, aunque el los últimos años se ha producido un incremento del fundamentalismo religioso, según denuncian los activistas. Asimismo, desde Human Rights Watch denuncian un aumento de la retórica contra el colectivo LGBT en los últimos dos años, lo que se ha traducido en acciones por parte de «justicieros» civiles, además de las redadas realizadas por las autoridades amparados en la mayoría de las veces por la ley contra la pornografía.

Hace tan solo unos días la policía de Aceh detenía a una docena de mujeres trans a las que raparon la cabeza en público y han sido retenidas contra su voluntad mientras se les aplicaba un “curso” para que volvieran a ser hombres. Las mujeres, que buscan la forma de huir de la región, han sido puestas en libertad con la condición de que vistan y actúen como hombres.

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos. Lo que ha hecho que Amnistía Internacional reclame el fin de la cruel persecución al colectivo LGBT en Indonesia.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Y en octubre, la policía de Indonesia detiene a 58 personas en una redada a una sauna gay de Yakarta…

El pasado 20 de diciembre publicábamos que diez hombres habían sido condenados a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta “fiesta gay” en Yakarta, la capital. La noticia supone un paso más en la escalada de LGTBfobia de estado que vive aquel país. Las detenciones se produjeron en Yakarta, la capital, donde las relaciones homosexuales no son formalmente delito. No ha hecho falta: el tribunal ha considerado probado que los condenados violaron la ley contra la pornografía.

El 15 de noviembre del pasado 2016 conocíamos que el gobierno de Indonesia  acaba de prohibir el uso de GIFS en WhatsApp. Pero no sólo porque no se puedan enviar imágenes en movimiento  sino que lo han hecho para evitar que la gente se envíe imágenes pornográficas a través de la aplicación.

Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

Fuente | Reuters, vía EstoyBailando/Universogay/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia., Islam Alianza por el Amor Familiar, Código Penal, Indonesia, Islam, Said Muhammad Isnur

El artículo 489 del Código Penal marroquí castiga la homosexualidad con penas de entre seis meses y tres años de cárcel, además de que se enfrenta a una gran reprobación social.

Las autoridades marroquís denegaron la legalización a la primera asociación de homosexuales en Marruecos que la había solicitado, el colectivo Akaliyat (minorías). Akaliyat explicó que el wali (gobernador) de Rabat-Salé rechazó recibir el expediente de parte del presidente de la asociación, lo que equivale a la ilegalización, aunque no se exprese de forma explícita.

El wali explicó a los activistas que su solicitud no respetaba varios dispositivos legales, y dijo que la asociación no informó a las autoridades de la asamblea general constitutiva que habían celebrado el pasado 24 de diciembre. Akaliyat celebró su asamblea constitutiva en medio de un gran secretismo en un acto en el que no estaban presentes tampoco los medios de comunicación y eligió un órgano directivo formado por 24 miembros, antes de solicitar su legalización.

“Nos aferramos a nuestro derecho de constituirnos como asociación (…); seguiremos luchando por las libertades y por dar protección a las minorías”, subrayó Akaliyat, que denunció los “repetidos acosos” que dicen sufrir por parte de las autoridades. La asociación dijo que su línea consiste en defender a “las personas oprimidas por su orientación sexual o religiosa, rechazar la violencia y el extremismo y propagar los valores de tolerancia y convivencia en la sociedad”.

Akaliyat es la primera asociación de minoría sexual o religiosa en Marruecos que da el paso de pedir permiso para legalizarse, ya que el resto de asociaciones similares operan en la clandestinidad a pesar de la incipiente visibilidad que están adquiriendo en los últimos años.

El artículo 489 del Código Penal marroquí castiga la homosexualidad con penas de entre seis meses y tres años de cárcel, además de que se enfrenta a una gran reprobación social.

La propia ley que regula la creación de asociaciones estipula en su artículo 3 que «es nula cualquier asociación fundada en una causa o en un objetivo ilícito, contraria a las leyes o a la moral pública y que tenga como objetivo atentar contra la religión islámica, la integridad territorial o al régimen monárquico».

Página Web Akaliyat

Página de Facebook Akaliyat

Página de Twitter Akaliyat

Fuente Agencias/Akaliyat/

General, Homofobia/ Transfobia., Islam artículo 489, Código Penal, Homofobia/Transfobia, Islam, Marruecos, Rabat-Salé