Por Geo González, desde Ciudad de México

Foto: Milena Pafundi/Archivo Agencia Presentes

El dictamen que busca garantizar en Ciudad de México la vía administrativa para que las personas trans menores de 18 años puedan rectificar su acta de nacimiento con su nombre elegido y género autopercibido está en pausa desde hace nueve meses. No se ha subido al pleno del Congreso local para su votación. La propuesta busca una reforma al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México.

Nueve entidades de México cuentan con ley de identidad de género que permite acceder a un acta de nacimiento de manera expedita, económica y no patologizante, pero ninguna contempla a las personas menores de 18. En contraste, en todo el país se han emitido 4 actas de nacimiento por vía de amparo a personas trans menores de edad.

Sin embargo, el amparo muchas veces no es accesible para todas las familias. Hoy para que puedan acceder a su acta de nacimiento las niñas, niños, niñes y adolescentes trans y sus familias están sujetas a un juicio patologizante, estigmatizante, lento y costoso donde finalmente es un juez quien acredita la identidad de género de la persona menor de edad. 

“Siempre en la clase me pongo muy nervioso cuando el profesor avisa que va a pasar lista”

Iker tiene 17 años y está por comenzar el último año de preparatoria. Hace dos años una de sus profesoras reveló a sus estudiantes que él es una persona trans e intentó negarle su calificación. Esto representó para Iker una situación de potencial peligro al enfrentar la transfobia y arriesgar sus notas académicas.

“Tener mi acta de nacimiento con mi nombre y género me ayudaría a disminuir la ansiedad social que sufro en la escuela. Siempre en la clase me pongo muy nervioso cuando el profesor avisa que va a pasar lista. Y si tuviera mi acta con mi nombre y género mis únicas preocupaciones se van a centrar como cualquier otro alumno, en sacar buenas calificaciones y no tendría que estar preocupándome todo el tiempo a ver cómo la gente va a reaccionar si el profesor se equivoca o a tener que escuchar los murmullos cuando esto suceda porque ha pasado muchas veces. Estaría muchísimo más tranquilo porque el profesor al no saber que yo soy trans no tendría por qué discriminarme y yo no tendría que estar preocupado porque mis calificaciones sean arriesgadas por algo que en realidad yo no puedo controlar como lo es mi identidad de género”.

Chrom de 16 años asegura que tener su acta de nacimiento acorde a su género y nombre lo ayudaría “a evitar alguna confrontación por identificarme por lo que soy, y que no sea usado como un arma en contra de mi persona. Además de estar seguro me haría sentir bien, muy satisfecho”. 

Benjamín Gutierrez, abogado e integrante del área legal de la Asociación por las Infancias Transgénero, organización que brinda asesorías y acompañamiento a personas trans y sus familias en México, enfatiza en la necesidad de la aprobación del dictamen, “las infancias y adolescencias tienen el derecho a la identidad, como todas las personas lo tenemos, seamos cisgénero o seamos trans y tengamos la edad que tengamos. El documento de identidad es un derecho llave, entonces sin un acta de nacimiento que te respalde es muy difícil que puedas acceder a un sistema de salud, a la educación, a la vivienda, etcétera. Es muy importante que las infancias y adolescencias trans sean respaldadas por el Estado, además es su obligación garantizarles ese derecho”.

¿Qué propone el dictamen? 

El dictamen propone una reforma al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México para que las niñas, niños y adolescentes trans puedan acceder al reconocimiento de su identidad de género y su nombre elegido en su acta de nacimiento.

Entre los requisitos está que las personas trans menores de edad expresen de manera libre e informada su identidad de género y su nombre elegido sin apellidos en presencia de una jueza o juez del Registro Civil donde también estarán presentes representantes de la Defensoría de los Derechos de la Infancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y una persona especialista en estudios de género designada por el Juzgado Central de Registro Civil. Además, deben ir acompañadas de al menos una persona que ejerza patria potestad o tutela.

Desde que se aprobó en noviembre de 2019, el dictamen ha sido objeto para que diputados y grupos antiderechos como el Frente Nacional por la Familia desinformen en relación a lo que propone argumentando que la iniciativa busca: hormonizar, operar, “ideologizar” a las infancias y arrebatar la patria potestad a los padres.

“También hay ciertos grupos feministas que desde redes sociales argumentan que las infancias trans no existen y que las personas trans adultas intentamos imponer estereotipos de género a las infancias. Al final esa desinformación se convierte en un pánico moral y lleva al tema de infancias trans a conceptos absurdos cuando solo se está hablando de que tienen derecho al cambio de su nombre y género en su acta de nacimiento”, manifiesta Benjamín Gutierrez.

Por su parte, Tania Morales, abogada, madre de un joven trans y directora de la Asociación por las Infancias Transgénero puntualiza, “la intención no es normar cuerpos, sino que las infancias y adolescencias tengan libertad de crecimiento. Queremos más familias responsables y acompañando a sus hijes. Pero lo que no queremos es que por razones de no querer aprender o de negarse a respetar un derecho humano la persona no tenga acceso a sus demás derechos”.

El rol de las madres

Tania Morales fue parte del primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y ahí presentó la iniciativa de ley por las infancias trans con enfoque de género. Busca es que no sea un requisito que estén presentes la madre y el padre al momento que una persona menor de edad solicita el reconocimiento de su identidad de género en su acta de nacimiento, sino que sean acompañadas al menos por una persona que ejerza patria potestad o tutela.

Y es que el 85% de las personas que apoyan y acompañan a las niñas, niños, niñes y adolescentes trans son sus madres, según una encuesta realizada por la Asociación que Tania dirige en conjunto con otras dos organizaciones.

“Hoy no puedes hacer leyes sin esta perspectiva porque entonces no serían realistas, y como madre lo vivo todos los días y también lo veo en las mujeres, madres; es solo un reflejo de lo que socialmente vivimos y va más allá de tener una hija, hijo o hije trans. Cuando alguien se enferma o está el tema de deudores alimentarios el primero que se desentiende o evade esas responsabilidades no son las mujeres, son los hombres, los papás”, explica Tania.

¿Qué detiene la votación del dictamen?

El Congreso de la Ciudad de México está conformado en más del 50%, por diputadas y diputados pertenecientes al partido político Morena. En ese sentido, el dictamen se está viendo frenado por esa mayoría ya que no hay consenso, señala Tania.

“Lo que nos explica el diputado que tiene la posibilidad de presentar el dictamen para votación es que en Morena no hay una mayoría que apruebe la iniciativa. Pese a que pertenecen a un mismo partido simplemente hay personas que están y no de acuerdo con el dictamen y que además, no se van a atrever a subir una reforma que se pudiera desechar, eso nos dicen. Con esto de todos modos salimos mal porque al no votar lo que están haciendo es cuidar el nombre de Morena y no a la población que lo necesita”, agrega.

Este año el Estado mexicano entrega un informe sobre observaciones generales que hizo el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en 2015. Uno de los puntos es que México adopte “una ruta de acción que incluya los recursos necesarios, un cronograma y metas medibles que implique a las autoridades de todos los niveles a adoptar las medidas, incluyendo medidas afirmativas, para prevenir y eliminar la discriminación de facto contra la niñez transgénero, […]”.

Frente a esa obligación del Estado mexicano, Tania Morales se pregunta “¿qué va a contestar México?, ¿qué ha hecho?”. Tania cree que este momento histórico es “una gran oportunidad” para que el Estado garantice derechos a las infancias y adolescencias trans.  

“Pese a que tenemos una forma judicial que es el amparo, como movimiento no vamos a negociar. Si va a haber una legislación será una legislación que nos incluya a todas las posibilidades, a todas las personas, a todas las vivencias. Porque son derechos humanos, no estamos negociando un terreno. Son vidas de personas y no existe una vida más válida que otra”, sostiene Tania Morales.

La lucha continúa

Tras nueve meses de incertidumbre, el movimiento de familias trans organizadas continúa con la mirada puesta en que los derechos de las infancias y adolescencias trans se garanticen.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG, 2018), 8 de cada 10 personas trans tuvieron la necesidad de ocultar su identidad de género en sus escuelas durante su adolescencia.

“Lamentablemente hoy estamos al arbitrio de que en las escuelas decidan respetar o no la identidad de las infancias y adolescencias trans. Nosotros nos presentamos en las escuelas con nuestro protocolo cuando una familia nos solicita apoyo, pero somos sociedad civil, nuestro protocolo no es vinculante ni obligatorio”, advierte Benjamín Gutiérrez.

Parte de la energía de las familias y la organización está dirigida en impulsar la institucionalización de un protocolo de buenas prácticas en centros educativos a nivel federal. Por ahora el Protocolo de actuación para escuelas con casos de niñas, niños y adolescentes trans elaborado por la Asociación por las Infancias Transgénero se aplica en 15 colegios del país.

Para Tania Morales esta pausa de tiempo también le ha permitido darse cuenta de algo: “Originalmente éramos unas cuantas familias con alguna persona trans y con personas trans que nos estaban apoyando y de pronto, somos un movimiento. Darte cuenta de eso es algo increíble porque entonces ahora planteamos de mejor manera hacia dónde vamos y cómo nos estamos apoyando”.

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Fuente Agencia Presentes

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El proyecto de ley, que implica reformar el Código Civil alemán, fue presentado en la Cámara Alta por los gobiernos de cuatro estados federados en los que gobiernan coaliciones del SPD, Los Verdes y La Izquierda.

La batalla por la igualdad jurídica de las personas LGTB en Alemania continúa a pesar del muro aparentemente infranqueable del Gobierno de Angela Merkel. Por segunda vez en dos años, el Bundesrat o cámara alta del Parlamento alemán ha aprobado una proposición de ley para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. El texto pasará al Bundestag, donde la gran coalición tendrá que retratarse de nuevo.

El Bundesrat es la cámara que representa a los estados federados y sus miembros no se agrupan por partidos políticos, sino por delegaciones de cada uno de los gobiernos regionales. Cada Land cuenta con entre tres y seis miembros, según su población, y el apoyo o no a una iniciativa parlamentaria por parte de un estado debe estar respaldado por todos los partidos que forman parte de su gobierno.

En la actualidad, cinco Länder cuentan con ejecutivos de gran coalición (CDU y SPD); en uno gobiernan los socialcristianos de la CSU con mayoría absoluta (Baviera); en otro la CDU con Los Verdes (Hesse); y los nueve restantes están regidos por diferentes coaliciones de izquierdas. Ya en junio informábamos de la moción de apoyo al matrimonio igualitario que respaldaron estos nueve estados. La resolución no era vinculante, pero preparaba el camino para una anunciada nueva propuesta de ley. Un proyecto que el viernes pasado se sometió a votación y obtuvo el apoyo de 42 de los 69 miembros. Los Länder con presencia de la CDU se han abstenido y Baviera ha sido el único en votar en contra.

La aprobación en el Bundesrat del “Proyecto de ley para la implantación del derecho a contraer matrimonio para las personas del mismo sexo” pone de nuevo la pelota en el tejado del Gobierno de Merkel, y muy en particular de sus socios de coalición socialdemócratas. El texto debe ser discutido por el Bundestag, cámara en la que a pesar de que los partidos favorables a la igualdad suman mayoría absoluta, los intentos de introducir el tema en la agenda legislativa se han topado hasta ahora con el cierre en banda de la CDU/CSU. La canciller alemana, Angela Merkel, ha dejado claro en recientes intervenciones públicas que para ella el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, pero ha reconocido también que existe un debate con distintas opiniones en el seno de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU) que recientemente rechazó el matrimonio igualitario, en una consulta a militantes.

El Partido Socialdemócrata (SPD), socio en el gobierno de Berlín, es favorable al reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, aunque su legalización no es un punto incluido en el acuerdo de gran coalición firmado con Merkel al inicio de la legislatura.

El proyecto de ley, que implica reformar el Código Civil alemán, fue presentado en la Cámara Baja por los gobiernos de cuatro estados federados en los que gobiernan coaliciones del SPD, Los Verdes y La Izquierda.

Los antecedentes, por tanto, no invitan al optimismo. Salvo sorpresa mayúscula, los partidos del Gobierno federal rechazarán la proposición de ley por ideología (en el caso de los democristianos) o lealtad al acuerdo de legislatura (el motivo que los socialdemócratas han “calcado” de los liberales, antiguos socios de Merkel). La CDU ha conseguido enfriar un debate que se había instalado en la sociedad y la clase política alemana tras el ejemplo de Irlanda. Y a pesar de que ya se empiezan a escuchar voces disidentes en su seno, la discusión, si es que se produce, tendrá que esperar al congreso del partido del próximo diciembre.

El referéndum de Irlanda, argumentan en su iniciativa, reabrió un debate que hizo patentes los cambios en las relaciones de pareja y “que no había ningún motivo” para tratar de manera diferente a heterosexuales y homosexuales. Éstos últimos pueden registrarse en Alemania como parejas de hecho, una fórmula considerada un hito en la lucha por los derechos de los homosexuales al ser aprobada en 2001 por el entonces gobierno de coalición de socialdemócratas y verdes, que lideraba Gerhard Schröder. Sin embargo, y a pesar de los avances dados para equiparar los derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho, todavía hay diferencias entre ambas fórmulas, especialmente ante la adopción, subrayan los defensores de la reforma legal.

Que la lucha es larga lo demuestra el hecho de que no es la primera vez que el Bundesrat aprueba una proposición de ley de matrimonio igualitario. En 2013, una iniciativa similar obtuvo el aval de la mayoría de la cámara, pero debido a la proximidad de las elecciones de septiembre de ese año su discusión en el Bundestag nunca llegó a producirse. En esta ocasión, por el contrario, la tramitación comienza en el ecuador de la legislatura, por lo que la cámara baja tendrá que pronunciarse al respecto.

A pesar de la probable respuesta negativa, el movimiento Ehe für alle (“Matrimonio para todos”) ya ha tomado forma en el país y está preparado para seguir dando la batalla. Al menos hasta que Alemania legisle un derecho que ya reconocen cinco de los países con los que comparte frontera y que cuenta con el apoyo de hasta un 74 % de la población según las encuestas.

Fuente Agencias, Cáscara Amarga y Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alemania, Angela Merkel, Baviera, Bundesrat, Bundestag, CDU, Código Civil, CSU, Die Grünen, FDP, Gerhard Schröder, Hesse, La Izquierda, Los Verdes, Matrimonio igualitario, Partido Socialdemócrata (SPD), SPD, Unión Cristianodemócrata (CDU)

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Es uno de los días más felices de mi vida y lo viví en directo… junto a Pedro, Beatriz, Boti, José María, Jordi y tantos compañeros y compañeras activistas LGTB. Aún se me humedecen los ojos…

Tal día como hoy, el 21 de abril de 2005, el Congreso de los Diputados daba luz verde al matrimonio igualitario, reformando el Código Civil para aprobar el proyecto de ley de la unión entre parejas del mismo sexo. Fue un gran paso hacia delante para conseguir lo que hoy tenemos, pero no fue el primero ni el último.

General, Historia LGTBI Código Civil, Congreso de los Diputados, Consejo de Ministros, España, José Luis Rodriguez Zapatero, Juan Fernándo López Aguilar, Matrimonio, PP, PSOE

Como ya habíamos adelantado, el Departamento de Justicia (DJ) anunció el pasado viernes que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

El anuncio, que fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de Justicia, en Miramar, se produjo al vencerse el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita como parte del proceso de apelación de un caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan que se validen en la isla sus derechos como matrimonios.

“El día de hoy es importante para el país. Los he convocado para esta conferencia de prensa que a mí entender tiene matices históricos para nuestra ciudadanía y el entorno jurídico del pueblo de Puerto Rico”, comenzó diciendo el secretario de Justicia, César Miranda, al hacer el anuncio ante una sala llena de medios de comunicación. “El Departamento de Justicia, en la presentación que entregará, y por trabajo de la procuradora general del Estado Libre Asociado, Margarita Mercado, hemos concluido que ante el estado de derecho actual no se justifica ni es correcto el defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que promulga que el matrimonio será solo entre un hombre y una mujer”, declaró Miranda.

El funcionario agregó que la determinación de Justicia se tomó porque, jurídicamente y éticamente, “no es correcto” que a unos ciudadanos en la isla se les nieguen los derechos que otros disfrutan por “motivos de orientación sexual”. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, que se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a nuestra sociedad igual que los demás”, agregó el funcionario.

Inmediatamente después que se hiciera pública la postura del Departamento de Justicia, el gobernador Alejandro García Padilla emitió unas declaraciones escritas en las que apoyó la determinación de Justicia de no rebatir el reclamo de los demandantes que soliciten se declare inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmó que su deber como primer ejecutivo es “adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana”. “El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo”, manifestó el gobernador.

Este caso se remonta a marzo del pasado año, cuando Ada Conde Vidal, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), presentó una demanda en el Tribunal Federal para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja, Ivonne Álvarez Vélez, en el estado de Massachusetts.

En la demanda presentada junto a Álvarez Vélez y otras cuatro parejas en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, la licenciada Conde Vidal solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston. Desde ese entonces, el secretario de Justicia ya había señalado que el gobierno del Estado Libre Asociado se allanaría a la decisión que se emitiera en Boston.

La determinación del Gobierno hecha pública hoy, había sido adelantada en un escrito del periódico El Nuevo Día el pasado lunes. Ese día, este medio señaló que el Gobierno contemplaba anunciar esta semana su cambio de postura en torno al apoyo al estatuto puertorriqueño, que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en esa ley. Tras esta decisión, la inmensa mayoría de las cortes federales han concluido que la definición de matrimonio limitada a un hombre y una mujer no es constitucionalmente válida.

A preguntas de la prensa, Miranda reconoció que si el Circuito de Apelaciones de Boston declara inconstitucional el Artículo 68, “es que la prohibición para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Puerto Rico dejaría de existir”.

“Obviamente, hay que decir que el tribunal podría emitir esa decisión”, indicó Miranda, quien expresó que igualmente podría pedir tiempo en lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve los casos que tiene planteados.

Alegría entre los defensores del matrimonio igualitario

“Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta Administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado”, dijo en línea con los argumentos expresados este viernes por el secretario de Justicia de la isla, César Miranda, al anunciar este cambio de postura del Gobierno.

Quienes sí celebraron esta decisión, como era previsible, fueron las organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, como Lambda Legal, que representa a cuatro de las parejas que presentaron la demanda que ha dado motivo a este pronunciamiento del Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Omar González-Pagan, del equipo de Lambda Legal, expresaba su satisfacción porque “al no seguir defendiendo la prohibición discriminatoria del matrimonio para personas LGBTT en la isla, el gobierno de Puerto Rico por fin reconoce que negarle el matrimonio a las personas LGBTT es nocivo y no puede ser justificado. El único objetivo de la prohibición es perpetuar la discriminación y eso es simplemente injusto. Las parejas del mismo sexo, las personas LGBTT y sus familias son parte de la rica cultura y sociedad puertorriqueña. Las acciones tomadas en el día de hoy cumplen las promesas constitucionales de justicia e igualdad para las personas LGBTT en Puerto Rico. Puramente, la discriminación nunca está en los mejores intereses de Puerto Rico”.

Pedro Julio Serrano, presidente de la organización LGTB Puerto Rico Para Tod@s, estimaba que “las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho, la igualdad es inevitable. El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”. El activista expresaba también su esperanza: “Ahora solo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto, validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”.

Igualmente, la presidenta del Caucus LGBT del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo en un escrito que las familias LGBTT puertorriqueñas deben tener los mismos derechos, responsabilidades y respeto que el resto de las familias. “Aplaudimos y agradecemos al gobernador Alejandro García Padilla y su Administración por escoger estar en el lado correcto de la historia en el tema  del matrimonio igualitario. Su cambio de posición es esperanzador”, afirmó.

Desde la presidencia de Freedom to Marry, Evan Wolfson felicitó al Gobierno por sumarse a la “larga lista de funcionarios electos, incluyendo conservadores y representantes latinos de Estados Unidos, que creen que no hay razón legítima para la discriminación del matrimonio a las parejas del mismo sexo”.

Ricky Martin, la estrella puertorriqueña más internacional, ha declarado:

Mi agradecimiento al Gobernador Alejandro García Padilla por demostrar que es un líder que no teme al los retos del presente. Su respaldo a la determinación del Tribunal de Boston sobre el matrimonio igualitario hace justicia a la igualdad. Mi reconocimiento a Senadores y Representantes y a mis hermanas y hermanos que se unieron a esta lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy es un gran día para mi Isla, el corazón se me sale del pecho. Que orgulloso estoy de vivir en un País de igualdad. Te amo Puerto Rico.

Pero no todas las reacciones han sido positivas. María Milagros Charbonier, representante del opositor Partido Nuevo Progresista, partidario de la anexión completa a los Estados Unidos, describía la decisión de la administración de García Padilla como una “bofetada a la sociedad portorriqueña”. Para la política, “este gobernador ha jugado con el pueblo cristiano. Esto es un abuso de primer orden”, calificando la decisión como “una muestra clara del cinismo que permea a esta administración” y “una afrenta al pueblo cristiano”.mientras que el senador Angel Chayanne Martínez habló de “desilusión con el errático Gobierno de turno” que quiere “dividir y sembrar la discordia”.

La Iglesia de Puerto Rico pide referéndum sobre matrimonio igualitario

(Muy alegres y contentas sus ilustrísimas: A la izquierda el obispo de Arecibo Daniel Fernández Torres y a la derecha el de San Juan, Roberto González Nieves )

La Iglesia Católica expresó su disconformidad con la determinación de Justicia: “A este tipo de imposición por parte del Estado el papa Francisco la ha llamado colonización ideológica”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, quien en un comunicado calificó la decisión del Gobierno de “muy lamentable y desconcertante”. Además, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien ya se ha manifestado contrario a los derechos LGTB , propuso un referéndum para que los ciudadanos expresen su opinión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

“Exhortamos a nuestro pueblo a iniciar un proceso para que una decisión de esta magnitud y trascendencia histórica se decida mediante un referéndum donde los ciudadanos y ciudadanas se expresen. De no ser así se trataría de una imposición dictatorial par parte del Estado”, dijo González Nieves.

“La postura del gobernador de no defender la legislación actual que solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza. El deber ministerial del Gobierno debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho tribunal”, lee el comunicado enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

“No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. Hoy, la voz del sentir mayoritario de nuestro pueblo se ha quedado sin oídos que lo escuchen en la más alta esfera de su Gobierno. El deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos. Hoy, el Estado envía un mensaje equivocado a nuestra niñez y juventud”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves

General, Historia LGTBI Ada Conde Vidal, Alejandro García Padilla, Ana Ríus Armendáriz, Angel Chayanne Martínez, Arecibo, César Miranda, Código Civil, Conferencia Episcopal Puertorriqueña, Daniel Fernández Torres, Eduardo Bhatia, Evan Wolfson, Freedom To Marry, Fundación de Derechos Humanos (FDH), Iglesia Católica, Iglesia Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, Ivonne Alvarez, Ivonne Álvarez Vélez, Juan Pérez Giménez, Lambda Legal, Luis Vega Ramos, Margarita Mercado, María Milagros Chabonier, Matrimonio igualitario, Melissa Mark Viverito, Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rosselló, Puerto Rico, Ricky Martin, Roberto González Nieves, San Juan de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, Wanda Rolón

Se aprobó el nuevo Código Civil argentino. Valoraciones y críticas de las organizaciones LGBT locales.

Critican recortes en derechos reproductivos en el nuevo Código Civil de Argentina

Tras la aprobación del nuevo Código, referentes de la comunidad LGBT argentina manifestaron sus opiniones en cuanto a los derechos de ciudadanía y familias diversas. La eliminación del texto original de la gestación por sustitución y la determinación de la persona humana a partir de la concepción, son los puntos más rechazados y se adjudican a la presión de la Iglesia católica.

(Buenos Aires) La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, que entrará en vigor en 2016. La sesión estuvo marcada por la retirada de los legisladores del arco opositor, por lo que la ley terminó siendo votada por los 134 diputados oficialistas y aliados presentes en el recinto.

En cuanto a los temas que suscitan mayor interés en la comunidad LGBT, en general las organizaciones destacan las reformas que fortalecen la ciudadanía LGBT y la constitución de las familias diversas, desde las figuras que brindan legalidad a las parejas del mismo sexo hasta las vinculadas con procreación y filiación, o la incorporación del derecho a la identidad de género, entre otras actualizaciones.

Sin embargo, los referentes manifiestan un generalizado rechazo a la eliminación de la gestación por sustitución del texto original –aprobado en el Senado en 2013–, como así también a la inclusión del Artículo 19, que establece que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, lo que obstaculizaría la legalización del aborto y el ejercicio de los derechos de la Ley de Fertilización Asistida. Estas modificaciones –que no contemplaba el texto original– son atribuidas a la fuerte injerencia de la Iglesia católica.

 Valoraciones y críticas del nuevo texto

Entre los referentes de la comunidad LGBT local hay quienes valoran el texto en forma integral y quienes se han manifestado de manera más crítica.

Así, César Cigliutti, Presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), manifestó: “Celebramos tener un nuevo Código Civil, luego de más de 140 años de su aprobación, que tenga importantes avances jurídicos como poder elegir entre dos tipos de acuerdos prenupciales, divorciarse en cualquier momento de la relación matrimonial, adoptar una unión convivencial con status legal, emplear métodos de fertilización asistida”. Y agregó: “Seguiremos trabajando para que las leyes sean todavía más inclusivas de la diversidad”.

Esteban Paulón, Presidente de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), expresó: “Es cierto que en numerosos aspectos el texto del nuevo Código Civil y Comercial representa un avance, tal el caso del nuevo régimen de adopción, el reconocimiento de las uniones convivenciales, el divorcio abreviado y la voluntad procreacional, pero con la misma convicción expresamos nuestro rechazo a los recortes en materia de derechos que tras más de un año de debate, se había logrado incorporar en los primeros textos en consideración, y que fueron quitados a último momento”. Y agregó: “Entre las mayores preocupaciones destacamos la modificación del artículo 19 en el cual se define la existencia de la persona desde la concepción –eliminando del texto original la expresión ‘en el seno materno’– lo que puede constituir un obstáculo para las prácticas de reproducción humana asistida e implica dificultades para la legalización del aborto, debate que espera ser dado en el Congreso y posee un amplio consenso social y parlamentario”.

Por su parte, Pedro Paradiso Sottile, Secretario de la CHA, dijo: “Si bien rechazamos la redacción del artículo 19, repudiando la injerencia de la jerarquía católica –que una vez más realiza lobby en pos de restringir derechos– o la quita de la gestación por sustitución, sabemos que de una manera integral el proyecto aprobado rompe con paradigmas tradicionales y excluyentes para receptar e instalar los derechos humanos y la diversidad, para ampliar derechos con inclusión, en un hecho histórico para todas y todos. Celebramos con orgullo y vamos por más, siempre, por lo que falta, en pos de la transformación social y cultural que soñamos y por la que seguiremos luchando y trabajando”.

La organización 100% Diversidad y Derechos ratificó su oposición al artículo 19 y recordó que “a través de una carta abierta a los legisladores propusimos otra redacción, junto al CELS, Amnistía Internacional, la CTA y Católicas por el Derecho a Decidir”. La organización también expresó: “Rechazamos la eliminación de la figura de gestación por sustitución, sin embargo eso no nos impide valorar positivamente la reforma en su conjunto. La discusión se dará en el marco de ley especial que regule las técnicas y procedimientos de reproducción asistida para que el artículo 19 no obstaculice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos”.

Desde la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) también se refirieron al polémico artículo 19 que define a la persona humana desde el momento de la concepción, e hicieron especial hincapié en el lobby católico, afirmando que “si bien es debatible hasta qué punto esta definición tendrá implicancias sobre cuestiones como el aborto y las técnicas de reproducción asistida, lo cierto es que la fuerte presión de la iglesia para obtener tal modificación —en su momento— y para apurar la sanción —ahora, tras la visita de la presidenta al Vaticano— muestra hasta qué punto el clericalismo en la Argentina impone a toda la sociedad visiones de un sector religioso y genera inseguridad jurídica incluso a costa de derechos ya reconocidos por ley”.

 Ampliación de derechos

Entre los referentes de la comunidad LGBT, la organización 100% Diversidad y Derechos describió las reformas que considera más positivas para la ciudadanía y las familias diversas.

Se destacan las innovaciones en materia de fuentes de filiación. A la natural y adoptiva se le incorpora la figura de “voluntad procreacional” que determina, a través de un consentimiento previo, informado y libre, la filiación a favor de quienes hayan utilizado las técnicas de reproducción humana asistida, independientemente de quien haya aportado los gametos, de la orientación sexual y del estado civil. Gracias a esta figura, ya no será un requisito el matrimonio de las madres para que sus hijos e hijas sean reconocidos legalmente por ambas.

A propuesta de 100% Diversidad y Derechos se incorpora al nuevo código una Cláusula Transitoria (la tercera) que reconoce la filiación a favor de quienes hayan usado las técnicas antes de la reforma. Esta medida favorece a todas las familias, especialmente a las comaternales. Así, junto con el Decreto de “Reconocimiento Igualitario” (N°1006/12) firmado por la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, culmina el proceso de reconocimiento legal de todas las familias con dos mamás. Este Cláusula, sin dudas, es un hito en la lucha por la igualdad que nos llena de satisfacción por la tarea realizada.

Del nuevo Código sobresalen también el régimen que regula el matrimonio civil, al cual seguirán accediendo parejas de igual o distinto sexo, y la “Unión Convivencial”, un nuevo instituto más flexible. Ambos se podrán disolver por la sola solicitud de uno o ambos miembros, sin tener que esperar tres años para iniciar el divorcio como es ahora. La solicitud debe presentarse, obligatoriamente, junto a una propuesta que compense a la parte que se vea más desfavorecida por la disolución del vínculo, lo que claramente protege a las mujeres que terminan con un vínculo heterosexual. También se elimina la necesidad de invocar una “causa” para divorciarse. Así, por ejemplo, la infidelidad deja de ser considerada una causal culposa impuesta por el Estado.

Otra innovación importante está relacionada a la inscripción de los apellidos de las hijas e hijos, se podrá optar por inscribir uno o ambos apellidos pero en orden indistinto. Así se termina con la herencia patriarcal y machista de poner el apellido de varón en primer término. También hay positivas y necesarias reformas en relación al régimen de adopción y se habilitan los contratos prematrimoniales, entre otros cambios.

El nuevo texto, además, incorpora al Código Civil el derecho a la identidad de género considerándolo un “justo motivo” para realizar el cambio de nombre y sexo registral sin necesidad de recurrir a una autorización judicial.

Fuente SentidoG

General, Historia LGTBI Argentina, César Cigliutti, CHA, Coalición Argentina por un Estado Laico, Código Civil, Derechos LGTBI, Esteban Paulón, FALGTB, Pedro Paradiso Sottile

El pequeño estado musulmán del sudeste asiático no hace honor a su nombre oficial de “Brunéi Darussalam”, que en castellano significa “Morada de la Paz”. La aprobación de un nuevo Código Penal introduce la pena capital para delitos como la violación pero también castigará con la vida las relaciones homosexuales, el adulterio o la blasfemia de carácter religioso, entre otros. Si nada lo impide, la nueva norma entrará en vigor el próximo martes 22 de abril.

Con menos de 500.000 habitantes, este minúsculo país ubicado en el norte de la isla de Borneo se suma a la penosa lista de naciones que ampara legalmente el asesinato de personas inocentes por su orientación homosexual. La nueva legislación, que actualiza el Código Penal de Brunéi de acuerdo a la sharía o ley islámica, fue aprobada el pasado mes de octubre, aunque será la próxima semana cuando entre en vigor.

Ya habíamos hablado de la instauración de las draconianas leyes en Brunéi. Este país ha sido el primero en aplicar la ley islámica de la Sharia a nivel nacional en el sudeste asiático, en vigor desde el pasado 1 de abril. Ahora la ONU ha hecho un llamamiento para la paralización de la aplicación, el próximo 22 de abril, de los castigos del Código Penal que contemplan la muerte por lapidación de los homosexuales, al igual que ocurre en otros países como Irán o Arabia Saudí.

La violación, el adulterio, la sodomía, las relaciones sexuales fuera del matrimonio para los musulmanes, blasfemar sobre cualquier versículos del Corán y del Hadith, declararse a sí mismo profeta, apostatar de ser musulmán y el asesinato son los delitos por los que la pena de muerte puede ser aplicada en el marco del código revisado.

Ya en enero el nuevo Código Penal mereció la condena de la Comisión Internacional de Juristas, que ahora se ha hecho extensiva a Naciones Unidas. Según ha explicado Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) , “la aplicación de la pena de muerte para una amplia gama de delitos contraviene el derecho internacional”. Asimismo, Colville ha recordado que “la lapidación a muerte constituye tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y por lo tanto está claramente prohibida” en el ámbito internacional, declaró el comisionado de la ONU. En opinión de este experto en Derechos Humanos, ‘la criminalización y aplicación de la pena de muerte para las relaciones sexuales consentidas entre adultos también viola toda una serie de derechos, incluyendo los de privacidad, igualdad, libertad de arrestos y detenciones arbitrarias’. Colville advierte: “Las disposiciones del Código Penal revisado pueden fomentar más violencia y la discriminación contra las mujeres y también contra las personas por motivos de orientación sexual.”.

El representante de la ONU ha realizado estas declaraciones institucionales durante una conferencia de prensa celebrada en Ginebra (Suiza). Colville también ha manifestado que desde Naciones Unidas “instamos al Gobierno a retrasar la entrada en vigor del Código Penal revisado y a llevar a cabo una revisión integral, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos”.

Brunéi se independizó del Reino Unido en 1984 y, desde el 67, el sultán Hassanal Bolkiah ejerce su autoridad con mano de hierro, el mismo ha sido quien ratificaba las modificaciones al Código Civil. La “sodomía” es una actividad ilegal en Brunéi en las que están incluidas las relaciones sexuales anales, castigadas actualmente con penas de prisión de hasta diez años. Desde abril, la nueva ley supone la pena capital para estas relaciones sexuales, al igual que para las extramatrimoniales heterosexuales, mediante la lapidación. Brunéi ha mantenido una moratoria efectiva sobre la aplicación de la pena de muerte desde 1957. Por este motivo, el ACNUDH instó al gobierno a establecer una moratoria oficial y para trabajar hacia la abolición de la práctica por completo. 

La doble moral del sultán

Bajo el yugo del sultán absolutista Muda Hassanal Bolkiah, Brunéi no ha firmado ni ratificado prácticamente ninguno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Eso sí, repasando la trayectoria personal y el estilo de vida desaforado del jefe del estado, no parece que se aplique a sí mismo el rigor moral que exige a sus súbditos.

El sultán de Brunéi se ha casado tres veces y, aunque la religión islámica permite la poligamia para los hombres, está divorciado de dos de sus mujeres. Según la revista Forbes, en 2007, Bolkiah era la persona con la mayor fortuna de todo el mundo (estimada en 22 billones de dólares). El sultán lleva en el poder desde 1967 y consiguió la independencia de Reino Unido en 1984. Su patrimonio familiar ha ido creciendo progresivamente gracias a los beneficios que el país genera a raíz de las ricas explotaciones de petróleo y gas natural y a la falta de control del origen de sus ingresos.

Un litigio económico con su hermano menor Jefri, que acabó en el Privy Council de Londres (que sigue ejerciendo como una especie de tribunal de última instancia pese a la independencia) permitió conocer que el sultán derrocha el dinero a espuertas. Solo en 2007, gastó 1,26 millones de libras en un instructor de bádminton o 1,25 millones en acupunturistas y masajistas, por poner algunos ejemplos. Su palacio (más grande que el Vaticano) cuenta con bóvedas de oro y se calcula que posee cientos de automóviles de lujo, entre ellos varios Fórmula 1.

En definitiva, así es y así vive el hombre que se arroga el derecho, convertido en ley, de acabar con la vida de aquellos que comparten su amor y su sexualidad con personas de su mismo sexo en el “Estado de Brunéi, Morada de la Paz”.

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