El Gobierno de Taiwán ha anunciado la presentación de un proyecto de ley que regulará las uniones de las parejas del mismo sexo, a quienes se otorgarán derechos semejantes a las parejas de distinto sexo unidas en matrimonio. Sin embargo, no se conceden derechos como la adopción conjunta o la consideración de «pareja infértil» para acceder a los procedimientos de reproducción asistida. Mientras algunas asociaciones de defensa de los derechos LGTB consideran un avance la presentación del proyecto de ley, otras encuentran que es insuficiente, al estimar que se trata de una simple ley de uniones civiles que no establece la plena igualdad. Los opuestos al matrimonio igualitario exigen, por su parte, que se cumpla con el resultado del referéndum que se celebró al respecto, y se haga constar en el Código Civil que el matrimonio es únicamente la unión de un hombre y una mujer. Se espera que el proyecto de ley sea puesto a consideración del Parlamento a finales del mes de mayo, fecha en que vence el plazo dado por la Corte Constitucional para legislar sobre este asunto.

El pasado miércoles 20 de febrero, el primero ministro taiwanés, Su Tseng-chang, comunicó que el Gobierno que preside ha elaborado un proyecto de ley sobre las uniones de personas del mismo sexo. La normativa se presentará bajo el título «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748», que hace referencia a la resolución de la Corte Constitucional de mayo de 2017, que obligaba a reformar las leyes necesarias para que las parejas del mismo sexo pudieran acceder a la institución del matrimonio. En aquella sentencia, se daba un plazo de dos años para que el Yuan Legislativo (el Parlamento taiwanés) legislara al respecto, y se establecía que, de no hacerlo, las parejas del mismo sexo podrían automáticamente inscribir sus uniones como matrimonios en el Registro Civil.

La elección de un título aséptico para el proyecto de ley responde al deseo del Ejecutivo de evitar polémicas antes del inicio del trámite parlamentario. Sin embargo, ha despertado gran preocupación entre los grupos de defensa de los derechos LGTB, que temen que se trate de una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo y no de matrimonio igualitario. Según Hsu Hsiu-wen, miembro de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, «el nombre de la ley es un tanto diferente a lo que esperábamos, nombrar a una ley con la interpretación constitucional no tiene precedentes».

Esa suspicacia también se fundamenta en las declaraciones del primer ministro respecto al proyecto de ley. Su Tseng-chang afirmaba cuando comunicó su elaboración que «son de esperar controversias sobre este proyecto, pero realmente confiamos en que nuestros amigos homosexuales puedan esperar un poco más. Esto podría no cumplir con las expectativas, pero después de todo es un comienzo».

Según lo adelantado, la nueva ley otorgará derechos semejantes a los del matrimonio a las parejas del mismo sexo, pero con algunas excepciones. Seguirá sin permitirse la adopción conjunta, no se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida y no se permitirán los enlaces con personas de otros países donde no esté permitido este tipo de unión.

Jennifer Lu, coordinadora de la Coalición por el Matrimonio Igualitario de Taiwán, estima que el proyecto no brinda protección legal completa a las parejas del mismo sexo y, aunque reconoce la presión que recibe el Gobierno desde todos los ámbitos, afirma que los activistas LGTB continuarán luchando por la igualdad de derechos. Chi Chia-wei, un activista que ha promovido la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional, sin embargo, se muestra satisfecho con el proyecto presentado por el Gobierno, al que «daría una nota de 85 sobre 100, no es un sobresaliente, pero al menos es un notable alto». Chi espera que en el trámite parlamentario no se contravenga el dictamen de la Corte Constitucional.

Por su parte desde la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, que convocó el referéndum para impedir el matrimonio igualitario, han expresado su insatisfacción con la resolución gubernamental, que considera «inaceptable». Según Yu Hsin-yi, uno de sus miembros, el Gobierno está obligado a implementar el resultado de la consulta popular y establecer en el Código Civil que el matrimonio únicamente puede estar formado por un hombre y una mujer.

Habrá que esperar a cómo se presenta ante el Yuan el proyecto de ley, qué modificaciones experimenta en ese proceso y si, finalmente, de lo que se trata es de una ley de uniones civiles y no de matrimonio igualitario. En ese caso, también habrá que comprobar si una legislación de ese tipo satisface los requerimientos de la Corte Constitucional. Se estima que la aprobación final por el Yuan tendrá lugar a finales de mayo, para cumplir con el plazo establecido por el alto tribunal.

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En un referéndum múltiple, los taiwaneses han votado mayoritariamente por que el matrimonio se defina como la unión entre un hombre y una mujer, tratando de impedir que las parejas del mismo sexo puedan acceder a la institución. Asimismo, han votado por mayoría que se cree una figura aparte que legalice la unión de dos hombres o dos mujeres, lo que conduciría a una ley de uniones civiles. Sin embargo, existe un mandato de la Corte Constitucional que obliga a que el matrimonio sea accesible a las parejas del mismo sexo, para lo que dispuso de un plazo que concluirá en mayo de 2019, lo que convertiría a Taiwán en el primer territorio asiático en legalizar el matrimonio igualitario. Por otra parte, los ciudadanos de Taiwán también han votado en contra de que en los centros escolares se ofrezca información sobre la diversidad sexual y de género.

Coincidiendo con las elecciones locales en Taiwán de este 24 de noviembre, se han convocado un total de diez plebiscitos sobre diversos asuntos, cinco de los cuales afectaban directamente a la población LGTB. Tres de ellos fueron promovidos por la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, nombre eufemístico de un conjunto de grupos religiosos marcadamente anti-LGTB, en respuesta al dictamen favorable al matrimonio igualitario de la Corte Constitucional taiwanesa. Tras ver como su recurso ante ese dictamente fuera denegado, consiguieron las firmas necesarias para que la Comisión Electoral Central admitiera la solicitud de celebración de una consulta popular, en la que han planteado a los ciudadanos taiwaneses las siguientes preguntas:

• ¿Está de acuerdo con proteger los derechos de las parejas del mismo sexo de iniciar una relación duradera de convivencia que se base en leyes que no sean el Código Civil de Taiwán?
• ¿Está de acuerdo con que los centros de educación primaria y secundaria no deben iniciar ‘educación gay y lésbica’ tal como está estipulado por la Ley de Reglas de Cumplimiento Para la Educación en la Igualdad de Género?
• ¿Está de acuerdo con que el Código Civil solo debe autorizar el matrimonio entre personas de distinto sexo?

Paralelamente, los grupos de defensa de los derechos de las personas LGTB recogieron también las firmas suficientes para que se consultara a su vez sobre las mismas cuestiones, pero en sentido afirmativo:

• ¿Está de acuerdo con que el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse debería estar protegido en el capítulo sobre matrimonio del Código Civil?
• ¿Está de acuerdo con que la Ley de Educación en la Igualdad de Género debería requerir que la educación en la igualdad de género incluyera la homosexualidad, las relaciones y la educación sexual y que se enseñara en los centros de educación primaria y secundaria?

Para que el resultado de un referéndum tenga validez en Taiwán, los votos positivos deben superar a los negativos y conseguir el apoyo de al menos un 25 % de los ciudadanos censados (en este caso 19.757.067). Si se consiguen reunir estos requisitos, el Gobierno está obligado a redactar un proyecto de ley que plasme el resultado de la consulta y someterlo a votación en el Parlamento.

Después de una agresiva campaña, en la que los económicamente poderosos grupos anti-LGTB han copado todos los medios de comunicación, la votación ha sido totalmente aciaga para los intereses de las minorías sexuales. En todas las consultas la participación ha superado los diez millones de ciudadanos. Estos han sido los resultados:

• La creación de una figura diferente al matrimonio para las parejas del mismo sexo: 6.168.017 de votos a favor y 3.923.240 en contra.
• No implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 6.830.565 a favor y 3.288.034 en contra.
• Matrimonio permitido únicamente a las parejas de distinto sexo: 7.389.705 a favor y 2.789.847 en contra.
• Apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo: 3.250.165 a favor y 6.701.859 en contra.
• Implementación de la Ley de Educación en la Igualdad de Género: 3.373.776 y 6.560.143 en contra.

Un resultado que quizás refleje los resultados de una encuesta realizada por la Coalición por el Matrimonio Igualitario en el pasado mes de julio, según la cual el 80 % de los taiwaneses menores de 35 años estarían a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que entre los que superan esa edad solo lo estaría el 30 %. Es posible que la campaña de la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación haya movilizado a la población de mayor edad, sin que los defensores de los derechos LGTB, con muchos menos medios económicos, hayan podido conseguir hacer lo propio con los más jóvenes. Según denuncian estos últimos, los promotores del referéndum LGTBfobo«han utilizado sus recursos financieros para obtener apoyo difundiendo el miedo,  desinformando, esparciendo mentiras y rumores a través de las redes sociales, en anuncios de televisión y en los medios impresos».

Desde el activismo LGTB se considera, en todo caso, que la celebración de estas consultas contrarias a los derechos LGTB ha sido absurda, dado que la Corte Constitucional dejó muy claro en su resolución de mayo de 2017 que la prohibición del matrimonio a las parejas del mismo sexo era contraria a la Constitución de Taiwán, y dio un mandato para que antes del 24 de mayo de 2019 el Gobierno adaptara las leyes para subsanar esa conculcación de derechos. En caso de que no lo hiciera, la Corte Constitucional dictaminó que las parejas del mismo sexo podrían inscribir sus matrimonios en el registro civil de manera automática. Lo que sí han lamentado los activistas es que los grupos LGTBfobos hayan diseminado «odio, ansiedad, depresión y pánico moral» entre las minorías sexuales a lo largo de los seis meses de campaña.

La activista Victoria Hsu, abogada y cofundadora de la Alianza Taiwanesa para la Promoción de los Derechos Civiles de las Parejas, clarificaba que «nuestra Corte Constitucional dictaminó que el Parlamento debe enmendar el Código Civil o introducir una nueva ley que legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo antes del 24 de mayo de 2019». Según Hsu, el gabinete administrativo del Gobierno de Taiwán ha aclarado recientemente su posición y ha afirmado que el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizará independientemente del resultado de los referéndums. «La única diferencia», señala la activista, «sería enmendar el Código Civil o introducir una ley separada llamada Ley de Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo. Sin embargo, los grupos anti-LGTB han llevado a sus partidarios a creer que pueden detener el matrimonio igualitario, lo cual es ridículo». Hsu estima que el resultado favorable a los LGTBfobos podría ocasionar que el Gobierno tratase de elaborar una Ley de Matrimonio diferenciada para las parejas del mismo sexo con algunas restricciones en derechos, lo cual llevaría probablemente a una nueva disputa legal ante la Corte Constitucional.

Es evidente que el resultado de los referéndums, en realidad su propia celebración, han provocado una colisión entre disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno tendrá que resolver en breve. Esperemos que esa resolución se ajuste al mandato de la Corte Constitucional y los derechos de las parejas LGTB taiwanesas no se vean restringidos.

Fuente Dosmanzanas

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