Absolvieron al juez que en 2019 había sido denunciado y suspendido por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera.

Un jurado absolvió a Juan José Ruiz de La Plata, el juez denunciado por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera, en un acto que organizaciones sociales y de la diversidad sexual consideraron discriminatorio. En el fallo, además, el magistrado había nombrado a la mujer, Claudia Córdova Guerra, en masculino. También a las testigas que dieron testimonio.

Presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, el jurado de enjuiciamiento absolvió a Ruiz de La Plata por “mayoría”. Así, el juez vuelve a entrar en funciones. Lo habían suspendido en el cargo que ocupaba en el Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata por las denuncias que presentaron distintas organizaciones por su condena “discriminatoria”.

“La absolución nos sorprendió”, expresó a Presentes María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT).

Rachid había realizado una denuncia personal ante el juez. También la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA) y la Comisión provincial de la Memoria.

La condena discriminatoria

En abril de 2014, Claudia Córdova Guerra, una mujer trans de nacionalidad peruana, fue detenida por el delito de “tenencia de estupefacientes para su comercialización” en La Plata. Ruiz, que en ese entonces era juez del Tribunal en lo Criminal 1, condenó a la mujer a 5 años y 3 meses de prisión, y consideró como agravante que era extranjera.

“El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”. Así lo explicó en la sentencia.

Además, el fallo del juez trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, solo utilizando el autopercibido como un “alias”. Y hacía menciones a “persona travestida”, en lugar de mujer trans. También trataba en masculino a las testigas que acompañaron a la acusada, las cuales se identificaban como feminidades.

Ser migrante y trans

Para María Rachid, “la calidad de migrante de la persona denunciada lejos de agravar su situación, la protege por estar como migrante dentro de lo que llamamos en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional una ‘categoría sospechosa’ de ser víctima de discriminación”. Y explicó “Toda distinción por este motivo (su calidad de migrante) debe probarse -con escrutinio estricto- como no discriminatoria”. Y alertó: “Hay un procedimiento para esto con gran consenso en el campo del derecho al que no se han ajustado en este proceso”

“El mismo juez que tiene que velar por el cumplimiento de la ley. En ningún momento respetó la Ley de Identidad de Género. Esto solo -probado a través de su sentencia y el testimonio de la persona imputada- debería ser suficiente para destituir a este juez”, aseguró Rachid.

En noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, ante la apelación, la modificó. Ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia. Pero además cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (eliminando la “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por Ruiz.

Absuelto por la impunidad del Poder Judicial

Con las denuncias de las organizaciones sociales y de la diversidad sexual, Ruiz fue suspendido por el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari. Sin embargo, el juez luego afrontó un jury -que podía valerle la destitución-, y en él fue recientemente absuelto.

Para la doctora de Comunicación Social y militante travesti trans, Claudia Vásquez Haro, “es lamentable que estos jueces tomen decisiones basadas en su mirada del mundo, tan reduccionista y sobre todo discriminatoria”. “Sabemos muy bien que el fallo tiene un componente profundamente xenófobo, racista. Esta es una cuestión que tiene que ver con la ideología a la hora de dictar sus sentencias”, afirmó, en diálogo con Presentes.

Frente a la absolución, la también presidenta de OTRANS Argentina, señaló que “esto habla una vez más del grado de impunidad que existe en el poder judicial”. También “de una falta de perspectiva transfeminista, interseccional y de Derechos Humanos”. “Pone una vez más a la luz que es necesario una reforma judicial para transformar este tipo de prácticas. Lesionan la vida no solamente de una persona sino, en este caso, de un colectivo, que es el más excluido de esta sociedad civil”, concluyó.

Fuente Agencia Presentes

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El juez Juan José Ruiz de La Plata fue suspendido por haberle agravado la pena a una trans por ser migrante, vulnerando el derecho a la igualdad de trato y al principio de no discriminación. La medida la tomó el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari, que también resolvió embargarle el 40 por ciento del sueldo. Ahora Ruiz deberá afrontar un jury que puede acarrearle la destitución.

Fue a partir de las denuncias contra el juez presentadas por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA), la Comisión provincial de la Memoria y María Rachid. “Lo denunciamos desde la FALGBT porque el agravante era por ser migrante y por ser trans, lo que constituye una decisión claramente discriminatoria y antijurídica que, viniendo de un juez es muy grave. Por eso estamos planteando su destitución, dijo Rachid a Presentes tras conocerse la medida.

“Xenófobo y transodiante”

El fallo del juez no es un hecho aislado, en un escenario donde las organizaciones vienen denunciando detenciones arbitrarias y causas armadas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. “La suspensión al juez Ruiz, que dictó un fallo xenófobo y transodiante, es la cara visible de los armados de causa del Poder Judicial hacia las compañeras trans y travestis. Denota la connivencia entre la Policía, los jueces, algunos fiscales y también la trama perversa que se complejiza con los malos tratos del servicio penitenciario a las privadas de su libertad», expresó Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina, una de las instituciones que denunció al juez por su fallo”.

La sentencia discriminatoria

El expediente judicial arrancó con un operativo policial en La Plata, en abril de 2014, y la aprehensión de una persona trans, Claudia Córdova Guerra. Claudia estaba en la llamada zona roja y tenía en su poder un gramo y medio de cocaína. El juez Ruiz, desde el Tribunal unipersonal Nro. 1 de La Plata, dictó sentencia en mayo de 2016: condenó a Claudia a cinco años y tres meses de prisión más una multa de 225 pesos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, calificación que luego fue cambiada por casación.

En su sentencia, el juez agravó la pena de Claudia por ser extranjera, en su caso, peruana. Lo expresó con estas palabras: “El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”.

Pero además de discriminarla por migrante, el expediente judicial trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, algo que transgrede la ley de identidad de género sancionada en 2012. Apenas mencionaba su nombre como un “alias” y hacía menciones a “persona travestida”.

Claudia fue requisada por varones y enviada a un penal también de varones. El expediente también trataba en masculino a las testigas compañeras de la acusada que declararon en la causa y se autopercibían como femeneidades.

Cuando el juez se presentó para hacer su defensa, negó haber agravado la pena de Claudia por extranjera. Y dijo que las acusaciones eran un modo de hacer “una apelación encubierta” para intentar direccionar el rumbo de la casación.

Como respuesta a la apelación, en noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia, cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (es decir, sin “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por el juez Ruiz. Por último, redujo la pena a 2 años de prisión en suspenso y la multa a 50 pesos.

Las acusaciones contra el juez

Tras las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y diversidad sexual, la Comisión Bicameral y la Procuración General acusaron al magistrado de mal desempeño “en orden al tratamiento desigual que mereció la imputada”, al no cumplimiento de la ley 26743 de Identidad de Género y a la discriminación xenófoba en franca violación a la Ley 23592 (que sanciona los actos discriminatorios)”. También señalaron que la actitud del juez infringió la Ley de Migraciones y “comprometió al Estado argentino” en términos de sus compromisos internacionales. Esto puede acarrearle al juez su destitución, según la Constitución provincial.

A pesar de la defensa que hizo el juez de sí mismo, el jurado de enjuiciamiento consideró básicamente que había incurrido en un acto discriminatorio. Y enfatizó en su resolución que “El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia”. Y resolvió “suspender a partir de la fecha al magistrado disponiendo el embargo del 40 por ciento de su sueldo”.

Descargar la resolución que suspendió al juez por discriminar

“Me parece interesante remarcar que este fallo aleccionador, que data de 2016, intentó marcar desde la Justicia un nuevo momento de época con la asunción de María Eugenia Vidal en la provincia y de Garro en La Plata. Hoy, casi 3 años después, estamos viendo cómo podemos empezar a revisar todas las causas que denunciamos. La Justicia ha sido profundamente transodiante, xenófoba y racista con nuestro colectivo”, señala Vásquez Haro. Para ella, no se trata de un caso aislado sino que se enmarca en las numerosas violaciones a derechos humanos que se vienen denunciando y también en las muertes de sus compañeras trans y travestis que fallecieron en 2017, cuando estaban privadas de su libertad: Pamela, Angie, Damaris y Brandy.

“No es un caso aislado, y también se relaciona con lo que pasa hoy con la compañera Mónica (Mego) que entró caminando a la cárcel y hoy la tenemos en silla de ruedas, parapléjica, porque las condiciones de detención agudizaron su enfermedad. Este fallo pone al descubierto esa trama perversa de los armados de causa y criminalización de trans y travestis en Argentina, y también el doble perfilamiento por lugar de procedencia”.

Fuente Agencia Presentes

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