Centroamérica “es un infierno para las personas del colectivo LGBTI”
Mugen Gainetik presenta un estudio sobre la gravísima situación del colectivo LGTBI en Centro América
San Martin: “Hoy en día la defensa y la lucha por los derechos humanos pasa por reconocer y defender los derechos de este colectivo tan castigado en muchísimos lugares del mundo”.
El Director de Cooperación, Fernando San Martin ha presentado junto con Clara Murguialday el estudio realizado por Mugen Gainetik con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la situación del colectivo LGTBI en Centro América.
El apoyo de la Diputación a este estudio se enmarca en el marco estratégico aprobado por la institución foral cuya finalidad es incorporar los criterios y valores de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son la lucha contra la pobreza, la defensa de los Derechos Humanos, la defensa de la Equidad de género, la defensa de la diversidad cultural, la defensa de la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de las instituciones locales.
La Dirección de Cooperación ha apoyado con 60.000 euros la realización de este estudio que se ha centrado en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Fernando San Martin ha denunciado la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo en esos países y ha defendido la necesidad de visibilizar esa problemática y concienciar a la población tanto de aquellos países como de Europa en general para que se defienda en todos los ámbitos sus derechos. “Hoy en día la defensa y la lucha por los derechos humanos pasa por reconocer y defender los derechos de este colectivo tan castigado en muchísimos lugares del mundo”.
El proyecto, en su conjunto, busca contribuir a que las organizaciones que trabajan en pro de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, puedan visibilizar su realidad de una manera positiva, a través de herramientas culturales que permitan generar conciencia en la sociedad guipuzcoana a partir de la vinculación entre la realidad local y la global. Como estrategias y líneas de acción se plantean:
- Fortalecer la red internacional de organizaciones que luchan por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI
- Visibilizar la realidad de las mujeres lesbianas desde una perspectiva positiva, en un marco local-global.
- Sensibilizar a la población guipuzcoana -a través del cine- sobre la realidad que vive el colectivo LGTBI, con una visión local-global.
El estudio realizado concluye que Centroamérica “es un infierno para las personas del colectivo LGBTI”. La región, no sólo es una de las más desiguales y violentas del mundo, también ostenta los mayores niveles de impunidad frente a la violación sistemática de los derechos humanos de la población LGBTI.
La discriminación y las agresiones de odio que sufren lesbianas, gays y personas trans por causa de su orientación sexual, identidad o expresión de género es un rasgo particular de la situación de estos colectivos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y hace que la vida cotidiana de esta colectividad esté plagada de humillaciones, amenazas, persecución y miedo.
Lesbianas y personas trans rurales, indígenas o afrodescendientes, que en su mayoría viven en condiciones de marginación y pobreza, enfrentan aún mayores obstáculos para resistir la discriminación y violencia que sufren cada día.
Los marcos jurídicos vigentes no garantizan el ejercicio de los derechos de la población LGBTI, excluyen explícitamente a estas personas del disfrute de derechos humanos fundamentales o bien legislan desde una perspectiva heterosexista que no toma en cuenta sus necesidades específicas.
Aunque la homosexualidad no está penalizada en ninguno de los cuatro países centroamericanos (en Nicaragua desde 2008, en el resto desde hace más de un siglo), el marco normativo, siendo formalmente igualitario, no se aplica para las personas LGBTI de modo que sus derechos a la vida, a los servicios colectivos básicos, a organizarse, circular libremente por las calles, sentirse seguras y acceder a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de población, no están garantizados.
Tampoco existen leyes específicas que reconozcan sus derechos a una atención adecuada en su salud reproductiva, a no ser discriminadas en el acceso a la educación o a tener un nombre legal acorde con su identidad personal; la legislación incluso prohíbe explícitamente que las parejas y familias de la comunidad LGBTI sean reconocidas legalmente.
En consecuencia, están ampliamente documentados los altos niveles de exclusión y hostilidad que viven lesbianas, homosexuales y personas trans en las escuelas públicas; el maltrato que reciben por parte del personal de las instituciones de salud; las dificultades que enfrentan las mujeres trans para acceder al empleo y su relegación a los trabajos precarios peor pagados y al trabajo sexual; los abusos policiales y la falta de acceso a la justicia como realidades cotidianas de la colectividad LGBTI.
Una ola creciente de agresiones y crímenes de odio contra la población LGBTI viene ocurriendo durante la última década en todos los países. Honduras ocupa el primer lugar en porcentaje de personas trans asesinadas por cada millón de habitantes y Guatemala el segundo lugar, en tanto que en El Salvador han ocurrido alrededor de 600 crímenes de odio desde el final de la guerra civil hasta la actualidad. En Nicaragua, el 80% de las mujeres trans entrevistadas, el 50% de las lesbianas y el 45% de los hombres gays reportaron en 2010 haber sufrido violencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Más del 90% de los asesinatos y agresiones a la comunidad LGBTI no son judicializados y quedan en la impunidad; además las víctimas quedan invisibilizadas en las estadísticas oficiales de personas fallecidas debido a los sistemas inadecuados de registro.
Un ambiente de gran hostilidad y agresividad social hacia la comunidad LGBTI, en especial hacia las mujeres trans, es el resultado de una trilogía perversa: aparatos estatales inoperantes, sociedades muy conservadoras, y mensajes de odio difundidos insistentemente por las iglesias y los medios de comunicación.
Las alarmantes cifras de crímenes de odio contra hombres gays en Honduras y contra mujeres trans en El Salvador y Guatemala, son el resultado de un complejo entramado de misoginia, homo-lesbo-transfobia, riesgos vinculados al trabajo sexual en la calle, actuación de las pandillas y del crimen organizado, que dificulta la investigación y persecución de los delitos de odio. Ha sido denunciado también el destacado papel de policías y otras fuerzas de seguridad públicas y privadas en la represión de la comunidad LGBTI, así como su involucramiento en detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Tanta inseguridad e impunidad han generado un aumento del desplazamiento interno y la emigración forzada de personas LGBTI para escapar de las amenazas y la violencia de odio.
Algunas conquistas en el campo de las políticas públicas… que apenas tienen aplicación práctica debido al peso hegemónico en los cuatro países de clases políticas conservadoras (en términos de costumbres y moral sexual, sea cual sea su afiliación política) que, sobre todo en momentos electorales, no dudan en dejar de lado los compromisos adquiridos en cuanto a los derechos de las mujeres y personas LGBTI. Además, la sistemática injerencia de las jerarquías eclesiales, católicas y evangélicas, en las instituciones estatales refuerza el carácter reaccionario y anti-derechos de las legislaciones y políticas públicas en la región.
Durante la última década, en los cuatro países se han creado instancias estatales (denominadas defensorías, direcciones o procuradurías de la Diversidad Sexual) destinadas a velar por los derechos de la población LGBTI; sin embargo, según denuncian los respectivos movimientos, al frente de estas instituciones han estado hasta la fecha personas inoperantes o nada comprometidas con la colectividad.
También se han aprobado políticas anti-discriminatorias en la administración pública salvadoreña y en las instituciones sanitarias nicaragüenses; se han reformado artículos del Código Penal hondureño para establecer que “es una circunstancia agravante del delito cometerlo con odio o desprecio por razón de la orientación sexual o identidad de género”; las personas trans guatemaltecas pueden poner su nombre elegido en el documento de identidad y acceder a una atención integral en salud que incluye servicios de terapia hormonal para realizar el cambio de sexo; cuando las personas LGBTI guatemaltecas denuncian una agresión pueden, si lo desean, dejar constancia en el registro de su pertenencia a la colectividad…
Estos logros y avances, aunque insuficientes y más formales que reales, son considerados importantes por las comunidades LGBTI porque son el resultado de muchos años de trabajo organizativo “de hormiga”, múltiples actividades de incidencia ante partidos políticos e instituciones estatales, permanentes campañas de denuncia y difusión de sus reivindicaciones, y participación en movilizaciones públicas en las que, demasiado a menudo, las personas activistas y defensoras de los derechos LGBTI arriesgan su seguridad y su vida.
Durante la última década los movimientos LGBTI se han vuelto más diversos y en algunos casos, también más articulados. Las históricas organizaciones gays creadas en los años 90 para hacer frente a la epidemia del VIH/SIDA, muchas de las cuales aún centran su trabajo en este campo, comparten en la actualidad el espacio movimientista con nuevos colectivos de lesbianas, gays y trans más enfocados en la defensa de derechos, la denuncia de agresiones y crímenes de odio, la sensibilización de la sociedad y la incidencia política, sin renunciar a la movilización masiva durante las jornadas de lucha contra la homo-lesbo-transfobia y la celebración orgullosa de la diversidad sexual.
A pesar de los escasos recursos, una amplia diversidad de colectivos LGBTI, actuando en alianza con organizaciones feministas y de derechos humanos, han logrado visibilizar las violaciones de derechos que sufre la colectividad, elaborar propuestas para mejorar las condiciones de vida de la población LGBTI, avanzar en la formación sobre derechos y en el fortalecimiento de capacidades organizativas y construir alianzas con otros movimientos sociales para potenciar la lucha en favor de los derechos de la colectividad LGBTI y de todas aquellas personas que subvierten el heterosexismo y defienden el reconocimiento de la diversidad.
Clara Murguialday
Es economista feminista, diplomada en Estudios Avanzados sobre Globalización, Desarrollo y Cooperación por la Universidad del País Vasco. Desde hace tres décadas centra su labor docente, investigadora y evaluadora en los temas de Género y Desarrollo, con especial atención a los procesos de empoderamiento de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de cooperación internacional.
Durante la década pasada dirigió la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad del País Vasco, integró el Grupo de Expertos del Consejo de Cooperación del Estado español, y co-fundó y formó parte del grupo de Género de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. Actualmente trabaja como consultora internacional, especializada en formulación y evaluación de proyectos de desarrollo con mujeres desde un enfoque de género y feminista.
Fuente Diputación Foral de Gipuzkoa
Comentarios recientes