La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (PSOE) y Teresa Rodríguez (Podemos).

PSOE y Podemos han llegado a un acuerdo para promover de forma conjunta una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en Andalucía, después de que el pasado mes de octubre el Parlamento andaluz aprobara la toma en consideración de sus dos proyectos, que diferían, sobre todo, en el tratamiento legal de la transexualidad en menores. Tras el acuerdo, la preferencia explícita que el proyecto de Podemos daba a la voluntad del menor sobre la de sus padres a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal durante la pubertad (algo a lo que se negaba en redondo el PSOE) queda sustituida por una redacción más genérica, que sigue considerando como valor supremo el derecho del menor al libre desarrollo de su personalidad, pero sin establecer preferencias explícitas en su articulado.

El Parlamento andaluz aprobó en octubre la toma en consideración de dos proposiciones de ley. La del texto de Podemos recibió el apoyo de todos los grupos de la cámara andaluza, salvo de los socialistas (ello no significa que el resto de grupos estuvieran de acuerdo con su articulado, sino con el hecho de que el proyecto debía tramitarse). La toma en consideración del texto del PSOE recibió el respaldo unánime de la cámara, incluyendo el de Podemos, que esperaba que el trabajo parlamentario permitiese hace confluir ambas propuestas.

¿Cuál fue la causa de que se presentasen dos proposiciones? Podemos optó por presentar una propuesta surgida del trabajo colaborativo con varios colectivos LGTB andaluces, especialmente ambiciosa en materia de transexualidad en menores. Su texto, por ejemplo, daba preferencia a la voluntad de los menores transexuales sobre la de sus padres y tutores a la hora de autorizar tratamientos de bloqueo hormonal al inicio de la pubertad o para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su edad, salvo orden judicial en contra. Un elemento que iba en la línea de respetar al máximo el derecho de autodeterminación de género, pero con el que el PSOE estaba en desacuerdo. No es algo nuevo: ya cuando se discutió la ley integral de transexualidad de Andalucía el abordaje de la atención sanitaria a los menores fue uno de los principales puntos de discordia entre los colectivos transexuales y el PSOE, que entonces gobernaba con IULV-CA. Finalmente se llegó a una solución de compromiso: la ley reconocía el derecho de los menores “a recibir la atención sanitaria necesaria para garantizar el desarrollo equilibrado y saludable de su identidad de género, con especial atención en la etapa de la pubertad, de conformidad con las recomendaciones médicas internacionales en materia de transexualidad” pero se prefirió no entrar detalles y remitir a lo que dijesen otras leyes. “En todos los casos, la atención sanitaria que se les preste se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, y en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica”, añade de hecho aquella ley.

El PSOE, por su parte, prefirió elaborar un proyecto alternativo de ley de igualdad y no discriminación, que en lo que se refiere al respeto a la voluntad de los menores trans remitía simplemente a esos mismos textos de la ley integral de transexualidad que se aprobó en 2014.

Finalmente, después de varios meses de tiras y aflojas, ambos partidos han llegado a un acuerdo para retirar sus dos textos y presentar uno conjunto. El texto acordado mantiene el derecho de los menores trans a recibir tratamiento hormonal en el momento adecuado para favorecer que su desarrollo corporal se corresponda con el de las personas de su misma edad e identidad, pero la formulación que daba preferencia explícita a su voluntad sobre la de sus padres será sustituida, según adelantaba Infolibre, por una fórmula que garantiza “el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores conforme a su identidad sexual” y establece que la administración velará para que los padres “desarrollen adecuadamente sus responsabilidades”, garantizando “el interés superior del menor”. A la espera de conocer el texto definitivo, parece que ambos partidos han cedido: el PSOE acepta que la ley reconozca de forma expresa el derecho de los menores trans al tratamiento hormonal, mientras que Podemos acepta que la preferencia de la voluntad de los menores sobre la de sus padres (que el PSOE rechazaba que figurase de forma explícita en el texto) se refleje de una forma mucho más genérica.

Posible acuerdo unánime

El acuerdo entre PSOE y Podemos, que juntos tienen mayoría absoluta en el Parlamento andaluz (aunque PSOE gobierna gracias a un acuerdo con Ciudadanos) garantiza que la ley saldrá adelante. Es esperable, en cualquier caso, que lo haga también con el apoyo tanto de Ciudadanos como de IULV-CA (que en el Parlamento andaluz es una fuerza independiente de Podemos).

La incognita será lo que haga el PP, aunque en Andalucía este partido mantiene posiciones más abiertas que en otras comunidades respecto a los derechos LGTB. De hecho, durante el debate de la toma de consideración de los anteriores proyectos, la portavoz popular, Esperanza Oña, reconocía expresamente que el texto de Podemos era “más avanzado”. Un posicionamiento que abre la puerta a que el texto pueda ser aprobado por unanimidad, como ya sucediera en 2014 con la ley integral de transexualidad. Ojalá sea así.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia en la que, el pasado viernes,  hacíamos mención a este registro en el Congreso de los Diputados:

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), organización paraguas que agrupa a más de 50 colectivos LGTB de España, registraba este jueves 4 de mayo, en el Congreso de los Diputados, una ambiciosa propuesta de ley contra la discriminación y en favor de la igualdad social de las personas LGTB. El proyecto cuenta a día de hoy con el apoyo expreso de todos los grandes partidos salvo el PP, hoy sin mayoría absoluta en el Congreso. Sobre el papel, la ley no debería tener problema para ser tramitada con celeridad y ser aprobada. Veremos qué sucede.

Solo unos pocos días después de que la FELGTB haya celebrado su 25º aniversario (nació oficialmente el 28 de abril de 1992), esta organización avanza hacia un nuevo hito con el registro en el Congreso de una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo ha hecho tras más de un año de trabajo en su elaboración y después de meses de negociaciones con los grupos políticos con representación parlamentaria.

La propuesta, que puedes descargar íntegramente en este enlace, fue sido registrada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea con las firmas de toda la oposición, para acelerar la tramitación parlamentaria, por lo que el proyecto cuenta con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya fue presentado el pasado marzo en la Comisión de Igualdad por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

Sus líneas generales

La norma registrada es muy ambiciosa, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Mención especial merece el capítulo sancionador, que incluye multas que en el caso de las infracciones muy graves podrían llegar hasta los 45.000 euros, además de las suspensión de actividades o servicios por un tiempo máximo de dos años, la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Administración por un periodo de hasta dos años (de cinco, en caso de reincidencia o reiteración) o la inhabilitación temporal para la prestación de servicios públicos, por mencionar solo algunas otras posibles sanciones.

Un proyecto que debería ser aprobado sin grandes problemas

El proyecto debería ser aprobado sin problema, al contar con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos y sus aliados, Ciudadanos y partidos nacionalistas. En la actual coyuntura política española, aunque el PP y sus satélites regionales se opusieran frontalmente, no disponen de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Sí la tienen en el Senado, pero el Congreso puede levantar un hipotético veto de la Cámara alta.

Ahora bien, no está de más matizar que el Gobierno del PP sí tiene la capacidad de bloquear aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que ya los analistas han anticipado que Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso. Todo dependerá, en último término, de la voluntad política de Mariano Rajoy, y de a qué otorgue más peso el presidente del Gobierno: si al sector más ultraconservador de su partido (hoy en horas bajas ante la opinión pública, pero no por ello privado de poder e influencia) o al deseo de no verse implicado en polémicas que socaven la imagen “moderada” que con la ayuda de radios, prensa escrita y buena parte de las televisiones ha construido de sí mismo.

Tampoco debemos pasar por alto que una cosa es dar apoyo a la tramitación del proyecto y otra muy distinta apoyar al 100% la redacción propuesta por la FELGTB en todos y cada uno de sus apartados. La trampa, en este caso, podría venir de posibles juegos de alianzas entre varias fuerzas políticas (PP incluido) para introducir enmiendas que descafeinasen o rebajasen el alcance del proyecto. Estaremos muy atentos.

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La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), junto a Kiara Bambrilla

El gobierno del Partido Regionalista y el PSOE, presidido por Miguel Ángel Revilla no suscribirá conciertos ni ofrecerá ayudas a los centros educativos que discriminen al alumnado por su orientación o identidad sexual.

Los niños transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal.

El Gobierno de Cantabria quiere tener aprobada una ley regional que garantice la “plena integración” de las personas LGTBI “antes de que acabe el año”. Para lograrlo, ha presentado un anteproyecto en el que se prevé la igualdad de acceso de lesbianas y bisexuales a la reproducción asistida, así como tratamiento hormonal para menores transexuales.

Además, el gobierno presidido por Miguel Ángel Revilla formado por Partido Regionalista de Cantabria y PSOE no suscribirá conciertos ni ofrecerá ayudas a los centros educativos que discriminen al alumnado por su orientación o identidad sexual.

La vicepresidenta del Gobierno regional y consejera de Política Social, la socialista Eva Díaz Tezanos, y una representante del colectivo Alega en la comunidad autónoma, Kiara Bambrilla, han presentado el anteproyecto de Ley para la Igualdad de Trato y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, una norma que se va a publicar en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y que saldrá a información pública durante 20 días.

El texto podrá consultarse en el Portal de Transparencia del Gobierno de Cantabria y en la web Cantabria Participa para la realización de aportaciones. El anteproyecto se someterá a una tramitación interna en las consejerías para que en “el más breve plazo posible llegue al Parlamento” cántabro, donde Díaz Tezanos espera que salga adelante con la unanimidad de los cinco grupos (Partido Popular, Partido Regionalista de Cantabria, Partido Socialista Obrero Español, Podemos y Ciudadanos).

Se pretende, según ha explicado Díaz Tezanos, garantizar los derechos de los menores transexuales a expresar y desarrollar libremente su personalidad durante la infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual y, con este fin, se establecen medidas sanitarias, educativas y de atención social.

En materia educativa, la ley obliga a los centros educativos a garantizar que el profesorado y personal se dirija al menor transexual por el nombre y la identidad de género que elija en todas las actividades docentes y extraescolares, incluidos lo exámenes.

Junto a ello, se respetará su imagen física y la vestimenta elegida, así como el acceso y uso de las instalaciones de acuerdo con esa norma, incluidos los aseos y vestuario.

Por último, se garantiza la confidencialidad de los datos del menor y la adecuación de toda la documentación administrativa conforme a la identidad elegida.

En el ámbito sanitario, se prevé que los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad y tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad fijado por criterio médico.

También se establece que, en el caso de que los padres o tutores legales se nieguen a autorizar tratamientos relacionados con la transexualidad, deberá ponerse en conocimiento de la autoridad judicial para que adopte la resolución correspondiente “en aquellos casos en los que, por causar un grave perjuicio o sufrimiento al menor, se entienda que dicha decisión es contraria al mayor beneficio para su vida o salud”.

La ley también contempla un protocolo específico de actuación en materia de intersexualidad, que incluirá la atención psicológica a la persona intersexual, o a su familia si fuera necesario, y los tratamientos requeridos de acuerdo con el género con el que se identifica.

Además, “se evitará siempre que sea posible la intervención médica inmediata, quirúrgica y hormonal que tengan el objetivo de lograr la normalización sexual para ajustarse a las normas físicas del binarismo de género”, ha explicado Díaz Tezanos, “y se velará por la erradicación de modificación genital en bebés recién nacidos en un momento en que se desconoce la identidad real de la persona intersexual”.

Además, el texto establece medidas en el ámbito de la contratación pública, incluyendo cláusulas que garanticen que las empresas contratantes respeten la igualdad de oportunidades y la no discriminación a personas LGTB, priorizando la contratación a aquéllas que favorezcan estas medidas. Además, se incluyen iniciativas destinadas a evitar la discriminación en el ámbito laboral y en el cultural, de ocio, de turismo y en los medios de comunicación.

En el anteproyecto de ley, se concretan sanciones con tres niveles de infracciones (leves, graves y muy graves) y se prevén multas económicas que pueden llegar hasta los 30.000 euros, además de multas accesorias, como, por ejemplo, la prohibición de acceder a ayudas públicas, el cierre o suspensión del servicio y la inhabilitación temporal.

Entre las infracciones leves figura, por ejemplo, el uso de “expresiones vejatorias” por razón de orientación o identidad sexual o expresión de género contra las personas o familias de éstas de forma intencionada o cualquier discriminación contra ellas que no se consideren graves o muy graves. Infracciones graves se considerarán, entre otras acciones, la emisión intencionada de expresiones vejatorias de “LGTBfobia en los medios de comunicación” , en discursos o intervenciones públicas y también el impedir realizar trámites, acceder o permanecer en servicios o establecimientos para el público por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. Muy graves serán el acoso o comportamiento agresivo en función de la orientación o identidad sexual; las represalias contra persona que denuncien o hayan intentado impedir cualquier discriminación por estas causas. En esta categoría se incluyen la aplicación de terapias aversivas que supongan un “intento de conversión, anulación o supresión” de una determinada orientación o identidad sexual o el despido o expulsión de un persona de su trabajo, centro educativo, asociación o entidad por estas razones.

Fuente Cáscara Amarga

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Madrid contará con una Plaza de la Memoria Trans, que estará situada en pleno barrio de Chueca. La iniciativa ha sido aprobada por el pleno de la Junta Municipal del Distrito Centro. La propuesta partió de Ahora Madrid y contó con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. El Partido Popular prefirió abstenerse.

La futura Plaza de la Memoria Trans se ubica en el cruce de las calles San Gregorio y San Lucas, a algo más de cien metros de la emblemática Plaza de Chueca. Es un espacio arbolado, en el que se sitúa un pequeño parque infantil, que hoy día carece de nombre diferenciado, pese a ser un cuadrado bien definido. El grupo municipal de Ahora Madrid había propuesto llamarlo Plaza de Alan Oliveira Costa, el joven adolescente trans cuyo suicidio en Rubí (Barcelona) en diciembre de 2015 supuso un auténtico mazazo para el colectivo LGTB. La familia, sin embargo, no estaba de acuerdo, motivo por el cual se modificó la propuesta para convertir la plaza en un homenaje genérico a todas las personas trans víctimas del odio y la intolerancia.

La iniciativa ponía de acuerdo en la Junta Municipal del Distrito Centro a Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos, pero sorprendentemente el Partido Popular ha preferido abstenerse. Y decimos sorprendentemente porque el espacio que ahora será renombrado fue precisamente el que el PP propuso en su momento como Plaza de Pedro Zerolo. En aquella ocasión, uno de los argumentos que llegaron a defender los populares era el “gasto” que suponía renombrar la antigua Plaza Vázquez de Mella. Resulta difícil entender por qué en esta ocasión, en la que no hay que proceder a ninguna sustitución de nombre, el PP sigue sin sumarse al acuerdo del resto de los partidos…

Fuente Dosmanzanas

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Con esta ley la transexualidad ya no es considerada como trastorno, sino como una expresión más de la diversidad humana.

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, con los únicos votos en contra del PP, la ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género, que amplía los derechos de las personas transexuales y regula medidas educativas, sanitarias o de ocio para este colectivo.

La norma, conocida como ley “trans”, ha salido adelante con los apoyos de los diputados del PSPSV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, quienes han aplaudido la aprobación de esta ley, así como a los representantes de este colectivo que seguían el debate desde la tribuna de invitados.

Diputados de estos cuatro grupos han coincidido en destacar que se trata de “un gran día”, pues se aprueba una ley que pondrá fin a “la marginación” que ha sufrido el colectivo trans, mejorará y facilitará la vida de estas personas y permitirá avanzar en la igualdad y contra el odio.

Desde el PP han considerado que esta norma no regula bien algunos aspectos importantes, es susceptible de ser recurrida y echada atrás por los tribunales, además de no estar de acuerdo con que se aparte a los padres de las decisiones que afectan los menores y con eliminar los informes médicos y psicológicos.

Además, recoge el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas transexuales, sin la necesidad de prueba psicológica o médica, y plantea la posibilidad de conceder la documentación administrativa necesaria adecuada a su identidad dentro de las competencias autonómicas.

En el ámbito sanitario, incluye tratamientos quirúrgicos de cirugía para el cambio de sexo y garantiza a los menores trans el acceso a tratamientos hormonales. En el educativo, contempla un protocolo que permitirá usar las instalaciones del centro de acuerdo con la identidad de género sentida, incluidos lavabos y vestuarios.

Además, establece que la Generalitat, en el ámbito de sus competencias, actuará como interesada en causas penales que, por su especial relevancia y especialmente en materia de delitos de odio, justifiquen su personación en la defensa de los intereses colectivo y de los intereses de las personas trans.

En los pasillos de Les Corts, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado que se trata de un día “muy grande” ya que por fin hay una ley que ampara “la dignidad” de este colectivo y declara a la Comunitat Valenciana “libre de entender a los transexuales como personas enfermas”.

Oltra, quien ha advertido de que la ley deberá ser cumplida, ha defendido que una sociedad basada en la convivencia y la igualdad debe tener como base el respeto, y se ha preguntado “si alguien se imagina que en un colegio se pudiera enseñar que los negros son inferiores a los blancos”. “¿Verdad que es una cuestión que hay que obligar que en un currículum escolar se eduque en la igualdad? Pues eso pasa con todos los colectivos, sean mayoría o minoría en la sociedad”, ha defendido.

Sobre los menores, ha indicado que “no es una cuestión de consentimiento o no, sino de conflicto de intereses”, y ha dicho que la ley establece que en caso de que un menor transexual no tenga consentimiento de sus padres para emprender el camino elegido pueda acudir a los tribunales para que un juez dirima.

Fuente Agencias, vía Cáscara Amarga

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Se aprueba la iniciativa presentada por el PSOE para el cambio de nombre.

El pasado jueves, el Pleno de la Junta Municipal de Centro de Madrid aprobó el cambio de nombre el aparcamiento Vázquez de Mella por el de Pedro Zerolo con los votos a favor del PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid. Sí, efectivamente, el PP no votó a favor… ni en contra. Al menos desde su punto de vista porque si no votas a favor de algo tan sencillo, es como votar en contra ¿no? En cualquier caso, el PP se abstuvo.

¿La razón para no apoyar el cambio? El dinero. Y es que los populares aseguran que esto conllevará “costes administrativos” que se podrían evitar.

Sí. Has leído bien. Costes administrativos por cambiar el nombre de un parking… ¿cuáles son esos costes más allá de cambiar algún impreso? Pues… ni idea pero es el mismo argumento que utilizaron en su día para oponerse a cambiar el nombre de la Plaza Vázquez de Mella y que nos sonó a cuento chino.

Luego se quejan de que no les invitan al Orgullo… Y es que, como le recordaba Carla Antonelli, Señora Cifuentes, la pancarta del Orgullo exige compromiso demostrado…

Fuente: Europapress, vía EstoyBailando

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Sostiene que promueve “el odio, la intolerancia y la discriminación de LGTBI”

El grupo ultracatólico vuelve a cambiar el logo de su autobús: “Lo dice la Biología”

El texto sometido a votación ha sido aprobado por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones. Es una transaccional suscrita por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC.

(J. Bastante/Agencias).- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una moción presentada por PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, en virtud de la cual se exige al Consejo de Ministros que incoe el procedimiento y los trámites necesarios para la revocación de la declaración de utilidad pública a Hazte Oír, “cuyas actuaciones promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI“.

El texto sometido a votación, una transaccional suscrita por el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y ERC, ha sido aprobada por 205 votos a favor, uno en contra y 129 abstenciones.

La propuesta ha contado con 205 votos a favor y uno solo en contra. El grueso del Partido Popular (129) se abstuvo en la votación. El texto de la propuesta sostiene que las acciones de esta organización “promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI”.

Los grupos parlamentarios firmantes consideran que las actividades de esa organización resultan “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia”. Además, “no responde a los requisitos fijados en la ley orgánica reguladora del derecho de asociación”.

La moción inicial de Podemos que dio origen a la transaccional insta también al Gobierno a tramitar un proyecto de ley que regule los derechos de las personas LGTBI y un proyecto de ley integral para las personas ‘trans’ que no vulneren las competencias de las comunidades autónomas.

 Dichos proyectos de ley se trabajarán en coordinación con los colectivos de defensa de los derechos de esos colectivos y prestarán especial atención a las mujeres.

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Ignacio Arsuaga debe de estar comiéndose las uñas…

Aunque con la maldita cantinela acrca de la inexistente “Ideología de Género”, bienvenida sea esta bofetada a los ultras de HazteOir:

“Campañas como la del autobús solo consiguen generar división entre los católicos”

El semanario del Arzobispado de Madrid arremete contra los que “se erigen en paladines de la pureza doctrinal”

Hazte Oír consigue justo lo contrario y da visibilidad a la transexualidad

(Jesús Bastante).- El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacude una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en su editorial de este jueves.

En el mismo, que lleva por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Para el semanario católico, “campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social”.

“Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión”, señala AlfayOmega, que subraya que, en la Iglesia, “hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia”.

Porque sólo “desde la integridad de la fe”, como afirma el Papa en Amoris Laetitia, “se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a ‘todas las peronsas sin excepción'”. “La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio“, concluye el editorial, interpretado como la respuesta del cardenal de Madrid a los grupos ultracatólicos y sus campañas de descrédito a su persona y al Papa Francisco.

Éste es el editorial de Alfa y Omega:

Dejemos a los niños en paz

La campaña de Hazte Oír ha obtenido un éxito rotundo gracias a la desmedida reacción desde algunos sectores, que parecen intentar tapar con ruido las críticas a las leyes autonómicas que introducen la ideología de género en el currículum escolar. No debería costar encontrar fórmulas más sensatas para atajar la discriminación a los alumnos homosexuales o transexuales, en lo cual, ahí sí, toda la sociedad debería ponerse de acuerdo, igual que toda la sociedad tendría que rechazar que se vulnere el derecho constitucional de los padres a elegir la «formación religiosa y moral» que reciben sus hijos, ejercido desde el respeto a los demás.

Guste más o menos, se trata de una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio. Es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio, pero la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida. Campañas como la del autobús solo consiguen fortalecer en sus posiciones a quien piensa de forma distinta y generan división entre los católicos. Por eso resultan contraproducentes, salvo que el objetivo real sea instrumentalizar reivindicaciones nobles como la libertad educativa para aumentar la propia capacidad de influencia social.

Un criterio de discernimiento es el sentido de comunión. Porque en la Iglesia hay grupos más sensibles a la defensa de la vida gestante y otros más preocupados por los derechos de los inmigrantes. Es buena la diversidad y es bueno cooperar con quienes, desde otras convicciones, persiguen los mismos fines, siempre que no se mutile el Evangelio a conveniencia. Y así, desde la integridad de la fe, como hace el Papa en la Amoris laetitia, se podrá denunciar la ideología de género, al tiempo que se acoge a «todas las personas sin excepción». La denuncia será entonces creíble. De lo contrario, sin comunión, se estará haciendo ideología, y con niños de por medio.

Por otra parte, la Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad de todos sus grupos políticos una Proposición No de Ley que entre otras cosas pide la retirada a HazteOír de la condición de entidad de utilidad pública que le concedió en 2013 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que ha permitido al grupo ultraconservador aprovecharse de las considerables ventajas fiscales para sus donantes y así financiar sus actividades (como la campaña que en este momento lleva a cabo contra los menores transexuales y sus familias). 

La proposición fue presentada por el grupo socialista en diciembre, después de que HazteOír hiciera llegar a miles de colegios de toda España un panfleto LGTBfobo en el que cargaba contra las leyes en favor de los derechos de las personas LGTB aprobadas en diversas comunidades, y muy singularmente en la de Madrid. En su redacción original, la proposición instaba al Consejo de Gobierno a recordar a los equipos directivos de los centros educativos que fueran “especialmente cuidadosos y escrupulosos en el material difundido entre el alumnado o utilizado en función docente”, a desarrollar políticas tendentes a preservar una convivencia inclusiva y creando las condiciones para prevenir y en su caso tratar cualquier manifestación de acoso, y a exigir la retirada y no distribución de textos LGTBIfóbicos que atenten contra la dignidad e inciten al odio a las personas LGTBI, garantizándolo a través de la inspección educativa.

Tras la intensificación de la campaña de odio mediante la puesta en circulación de autobuses con mensajes negacionistas de la realidad transexual en menores, la proposición ha sido enriquecida con tres enmiendas, dos del propio PSOE y una de Podemos. Los socialistas han incluido la petición de que se inste a la retirada de la condición de “utilidad pública” a HazteOír (una competencia del Gobierno central), así como la apertura de un expediente sancionador a esta organización por infracción de la ley madrileña contra la LGTBIfobia. Podemos, por su parte, ha pedido la elaboración de un estudio sobre la situación de acoso por LGTBIfobia en los centros educativos madrileños y que se articule un plan integral para combartirlo de forma efectiva. La proposicion ha sido votada favorablemente por los 123 diputados presentes, tanto del PSOE y de Podemos como del PP y Ciudadanos. Seis diputados no estuvieron presentes.

Insertamos a continuación la contundente intervención de la diputada socialista Carla Antonelli defendiendo la proposición:

La utilidad pública de HazteOír: dinero para financiar el odio

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013, como entonces recogimos, por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces advertimos del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, entre otras condiciones sus fines estatutarios deben “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se ha opuesto y se sigue oponiendo con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informa infoLibre (un medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015, último ejercicio del que constan datos en su página web.

Lo cierto es que la retirada de la condición de entidad de utilidad pública a HazteOír es un clamor que poco a poco se extiende a izquierda y a derecha del espectro político. Incluso entre una parte del PP, el partido que al fin y al cabo tomó desde el Gobierno la decisión de premiar a una organización con la que en su momento tuvo importantes coincidencias y de la que ahora parece querer distanciarse. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, pedía hace unos días revisar la decisión, al mismo tiempo que garantizaba que HazteOír no recibirá subvención alguna por parte del Gobierno regional. Incluso personalidades del PP a nivel nacional, como la vicesecretaria de estudios y programas Andrea Levy, se han mostrado partidarios de la retirada “si sigue con esos autobuses”.

Habrá que ver qué sucede finalmente. Por el momento, el actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prefiere no mojarse. Al ser interpelado en el Congreso de los Diputados por la diputada socialista Ángeles Álvarez, el sucesor de Fernández Díaz se ha limitado a expresar que su departamento analizará el estatus de HazteOír “cumpliendo siempre la ley” y sin tener en cuenta “opiniones personales y arbitrarias”. 

El Gobierno revocó el mismo estatus a la Federación de Planificación Familiar

El Gobierno del PP, por cierto, ya ha retirado a otras organizaciones el estatus de entidad de utilidad pública. Hace menos de un año lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia de otro grupo ultraconservador. No es imposible, pues…

Fuente Religión Digital/Dosmanzanas

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El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el cambio registral de sexo y nombre de las personas trans

La iniciativa pide eliminar la exigencia de informes o tratamientos médicos y el límite legal de 18 años para que los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo.

La Plataforma por los Derechos Trans ha aplaudido esta medida pero matizan varias deficiencias en el sistema actual que ven necesario abordar urgentemente.

El grupo socialista del Congreso ha registrado este lunes una propuesta de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. La iniciativa fue presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, que estuvo acompañada de Carla Antonelli, también diputada socialista (en la Asamblea de Madrid, en su caso) e histórica activista trans. El objetivo de la propuesta, entre otros: despatologizar la transexualidad y extender el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad.

La Proposición de Ley, tal y como ha sido presentada por el grupo socialista (descargar PDF), elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serían necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil “no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada” y que “no se podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Además, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años “podrán efectuar la solicitud por sí mismos”, mientras que los menores de esa edad “podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, “los menores de edad podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores Galovart ha resaltado que hoy “el PSOE da un paso adelante en la defensa de los derechos civiles” y ha recordado que hace diez años, ya lo hizo con la Ley 3/2007. “Ahora lo volvemos a hacer otra vez. Queremos que el derecho a la identificación sexual sea un verdadero derecho y para eso que no tenga condicionantes por la edad, ni por razón de requisitos externos que tenga que dar otra persona” y subrayó que “la transexualidad no es una enfermedad es una normalidad y la identidad sexual no se diagnostica porque es un derecho”.

La iniciativa pone de manifiesto que “la rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la personas, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral” También se pide que se facilite el cambio de género y nombre en la tarjeta de residencia de los inmigrantes transexuales. En ese sentido, Carla Antonelli, por su parte, ha señalado que “hoy es un día histórico que pondrá a España, de nuevo a la vanguardia, igual que en 2007 que supuso dar un gran paso hacia adelante al legislar para que no fuera necesaria la cirugía genital para tener un cambio de partida de nacimiento”. Además, Antonelli ha explicado que la ley registrada hoy, “despatologiza completamente la transexualidad desde la propia autodeterminación de la persona; se elimina cualquier requisito médico o quirúrgico y se incluye a las y los menores transexuales”. Igualmente añadió que con ello, “a partir de los 16 años se podrá sacar el cambio registral sin ningún tipo de autorización y además, incluimos la tarjeta de residencia y permiso de trabajo a las personas transexuales extranjeras”.

La diputada de la Asamblea de Madrid reiteró que “seguimos avanzando y comprometidos con el derecho de las personas transexuales y del colectivo LGTB” y expresó que se siente “muy orgullosa de que el PSOE, como era su deber, apueste por reformar esta ley, con los mismos puntos demandados por el colectivo de transexuales” y recordó que este año, el 15 de marzo se cumple el décimo aniversario de esta histórica ley.

En este contexto, la Plataforma por los Derechos Trans ha celebrado esta Proposición de Ley, reclamando el consenso y apoyo a la misma por parte de todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, lamentan “que el grupo parlamentario socialista no haya contado con la opinión y la voz de la Plataforma por los Derechos Trans, ya que la misma representa a más del 80% del tejido asociativo trans del estado español”, aseguran.

Asimismo, desde esta plataforma también remarcan que este paso “no es suficiente” y consideran necesario que se aborde urgentemente “una Ley Trans Estatal, que garantice el acceso a los servicios públicos sin discriminaciones, en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía; y un protocolo de atención sanitaria de proximidad, sin segregación, fundamentado en el principio de autodeterminación del género y de despatologización de las identidades trans, pudiendo acceder a nuestras necesidades médicas y quirúrgicas en igualdad de trato que el resto de la ciudadanía”. También reivindican en el plano educativo que los centros “respeten la identidad sentida por la persona, que la realidad de la transexualidad aparezca en los libros de texto, como otras diversidades, así como medidas de acción positiva en el empleo”.

“Las personas trans necesitamos una ley específica que de respuesta integral a la situación de desigualdad social que a día de hoy, después de 39 años de aprobada la constitución, se enfrentan más de 46.000 ciudadanas y ciudadanos españoles, de los que más de 4.600 son menores”, declara Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans. “El apoyo institucional y político es una necesidad para reparar tantos años de discriminación estructural, para que nunca más se vuelvan a vulnerar los derechos de estas personas”, ha añadido.

Para los socialistas se trata de “superar de una vez por todas una legislación que conceptúa el cambio de la identidad sexual y la expresión de género como una enfermedad, como un trastorno y como un problema individual”. Además, para el GPS, “resulta imprescindible lograr de manera definitiva la despatologización de las identidades trans, enfocándolas desde la perspectiva de la diversidad de género, eliminando para siempre las exigencias de informes o tratamientos médicos”, y “que se reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada por cada persona”, se afirma en la iniciativa.

Por otro lado, con esta reforma “se reconoce de manera definitiva que los menores transexuales tienen derecho a desarrollarse libremente durante su infancia y su adolescencia conforme a la identidad sexual y expresión de género sentida, poniendo fin a la inseguridad jurídica que se está generando para ellos por las resoluciones contradictorias que se están dictando por los diferentes Registros Civiles”. Igualmente –se añade– “se aprovecha esta reforma para reconocer expresamente como beneficiarios y beneficiarias de esta Ley a las personas intersexuales a las que en el momento del nacimiento en la inscripción registral se les asignó un sexo no concordante con el propio sexo sentido”.

Finalmente, “se evita la discriminación de las personas extranjeras con residencia en nuestro país, posibilitando que los documentos que aquí se expidan para ello respeten su identidad sexual”.

Una ley ya envejecida

Diez años tras los cuales la ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Malta y Noruega (dos países que además reconocen ese derecho también a los menores) o de Irlanda, Dinamarca. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

La actual composición del Congreso, por otra parte, no debería hacer difícil la reforma de la ley. Ya el pasado mes de octubre la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo una reforma así podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Por lo pronto el grupo socialista ha dado el primer paso. Veremos qué sucede en próximas semanas.

Fuente Agencias, vía Cáscara amarga/Dosmanzanas

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Ciudadanos aprueba en la Asamblea de Madrid una proposición de ley para declarar la Comunidad como LGTBIfriendly y dejar claro que nos “toleran”, pero no nos “respetan”.

La Asamblea de Madrid ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el prupo parlamentario de Ciudadanos que insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha una serie de actuaciones para intensificar el apoyo institucional a la celebración del World Pride, que este 2017 se celebrará en la capital española. La aprobación ha quedado sin embargo empañada por la negativa de Ciudadanos a admitir una serie de enmiendas propuestas por el grupo socialista y consensuadas con los colectivos LGTB organizadores del Orgullo y Cesida para mejorar (de forma notable) el texto.

El texto de la proposición aprobada pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid lo siguiente:

1. Promover la Declaración de la Comunidad de Madrid como “Comunidad Autónoma abierta, amigable y tolerante con las personas LGTBI” bajo la denominación “Comunidad de Madrid LGTBI friendly” como expresión del compromiso de la Comunidad de Madrid con las personas LGTBI y sus justas causas.
2. Colocar la bandera LGTBI en la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid del viernes 23 de junio de 2017 al domingo 2 de julio de 2017 en un lugar destacado.
3. Impulsar una campaña informativa y de sensibilización contra las agresiones a personas LGTBI, en todos los espacios que competen a la Comunidad de Madrid, especialmente en los lugares de ocio, entretenimiento, educativos, asistenciales, administrativos y de transporte.
4. Impulsar una campaña institucional para la erradicación de las actitudes y demostraciones de rechazo a las personas LGTBI en las competiciones deportivas dependientes de la Comunidad de Madrid. Desde la implicación y la colaboración de los principales clubes y federaciones deportivas de la Comunidad de Madrid.

Las enmiendas que proponía el grupo socialista (defendidas como siempre con gran convicción por la diputada y activista Carla Antonelli), acordadas por los colectivos organizadores del Orgullo LGTB (FELGTB, COGAM y AEGAL) y Cesida (la Coordinadora Estatal de VIH y sida) eran las siguientes:

• En el punto 1, sustituir “tolerante” por “respetuosa”.
• En el punto 2, añadir al final “así como en la sede de la Asamblea de Madrid el día 28 de junio”.
• En el punto 3, añadir “con especial incidencia en la Radio Televisión Pública de Madrid.

Se proponía además añadir varios puntos más:

• Un 5º punto, “Realizar una campaña de sensibilización a fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la identidad de género y para obtener el respecto efectivo de la identidad de género de las personas trans”.
• Un 6º punto, “Impulsar una campaña institucional de prevención del VIH hacia la comunidad LGTBI”.
• Un 7º punto, “Colaboración con la empresa de Metro Madrid y los ferrocarriles de cercanías para la ampliación de horarios, facilitando el transporte público para los millones de personas que se van a congregar en esas fechas. Concretamente, la noche del sábado 1 de julio es imprescindible que Metro Madrid permanezca abierto las 24 horas y que haya un gran refuerzo de los trenes de cercanías”.
• Un 8º punto, “Establecimiento de tarifas reducidas específicas en los transportes públicos para esos días con precios accesibles, especialmente para el colectivo de jóvenes y/o parados”.
• Un 9º punto, “Colaboración por parte del Gobierno regional en el alojamiento de jóvenes que quieran acceder a este acontecimiento, mediante la cesión de espacios de alojamiento en albergues o habilitando espacios públicos y promoviendo colaboraciones privadas”.
• Un 10º punto, “Implicación por parte del Gobierno regional tanto económica como logística en las actividades culturales que van a tener lugar durante el World Pride, una de las cuales, la conferencia de Derechos Humanos, va a estar ubicada en la Universidad Autónoma, o la exposición organizada por el Museo de América para divulgar la realidad histórica de la comunidad trans, obteniendo un efecto social pedagógico de primer orden”.
• Un 11º y último punto, “Potenciar los actos del Orgullo LGTBI dentro del Plan Estratégico de Turismo de la Comunidad de Madrid”.

Un desacuerdo que no debería repetirse

A la vista del texto de la proposición no de ley y de las enmiendas denegadas, queda claro que estas hubieran mejorado mucho la primera, que en cualquier caso ha sido aprobada por unanimidad. Esto es así, a nuestro juicio, porque lo que es una demanda de compromiso fundamentalmente simbólico y de imagen de la Comunidad de Madrid hubiera pasado a ser una demanda de compromiso logístico y económico (que las instituciones madrileñas no han tenido problema en el pasado en tener con otros acontecimientos de masas, como la Jornada Mundial de la Juventud católica de 2011).

Desde dos manzanas no hemos tenido problema alguno en alabar la convergencia en materia LGTB que PSOE, Podemos y Ciudadanos vienen demostrando a lo largo de la actual legislatura madrileña, y que ha permitido por ejemplo aprobar una avanzada ley integral de transexualidad. También  hemos dado la bienvenida a la actitud del Gobierno de Cristina Cifuentes, sin duda más comprometido con los derechos LGTB que ninguno de sus antecesores, como se demostró con la aprobación de la ley madrileña contra la LGTBfobia. Nos llama la atención, sin embargo, que en esta ocasión no se haya aprovechado la ocasión de reproducir ese mismo espíritu.

Ojalá este desacuerdo no se repita. Los derechos LGTB son demasiado valiosos para que ninguna formación política quiera utilizarlos de forma partidista. No hay mejor forma de demostrar que no es así que llegar a acuerdos para desarrollarlos al máximo.

Dicho, esto bienvenida sea la proposición aprobada, aunque no obstante, coincidimos con la opinión de Littlebab en EstoyBailando de la que reproducimos algunos extractos:

Después del proceso de cambio en materia LGTB de Ciudadanos (que a nosotros nos parece estupendo siempre que sea un cambio de verdad), los del partido naranja acaban de demostrar que lo LGTB está muy bien siempre que sea para el espectáculo y dar colorido, pero para cosas más serias, como “pedir respeto” a las personas LGTB no. Que ellos si acaso los toleran, pero que de ahí no pasan. Literalmente.

…

Sí. Han dicho”tolerante“. Y nosotros no necesitamos que nos “toleren” sino que nos “respeten“, que ya va siendo hora de dejar de “llevarnos con paciencia” o de “permitirnos aunque no nos tengan por algo lícito“, que son los primeras acepciones de “tolerar” en el diccionario. Y sí, la RAE también dice que tolerar es “respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias” pero la connotación negativa de la palabra no la hace precisamente la más adecuada.

¿Puede ser simplemente que se hayan expresado mal? Pues… No. Y es que el Partido Socialista presentó junto a Cogam, FELGTB, Cesida y Aegal (sí, Aegal) una serie de enmiendas al texto que entre otras cosas proponía cambiar la palabra “tolerante” por “respetuosa“.  ¿Y qué pasó entonces? Pues que Ciudadanos le ha dicho al Partido Socialista que con su pan se lo coman, que el texto se queda así. Que ellos antes que respetuosos son tolerantes.

Eso nos lleva a pensar, que la elección de la palabra no es un error:  Ciudadanos nos está diciendo a la cara que está muy bien que un hombre se ponga tacones y lo llene todo de brilli brilli, que ellos “lo toleran“… Pero no lo respetan.  Y la Comunidad de Madrid ahora también, porque la Asamblea aprobó la propuesta.

Ay. Albert, te imaginamos cantando “porque soy la reina del postureo” al ritmo de Baloncesto. Y es que no se nos ocurre otra definición mejor para lo de ayer. En la exposición de motivos de la propuesta dice:

La dignidad de cada persona y el libre desarrollo de la personalidad constituyen la base del Estado de Derecho y están amparados en el artículo 10 de la Constitución española. La igualdad de trato y ante la ley de las personas, independientemente de su orientación sexual, es un derecho universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 14 de la Constitución española.
A pesar de esto, la homosexualidad (y con ella implícitamente la bisexualidad y la transexualidad) está castigada penalmente en 76 estados.”

A esos 76 Estados podéis añadir ahora a la Comunidad de Madrid, que tolera pero SE NIEGA a respetar al colectivo LGTB. Porque es la descripción exacta de lo que ha pasado: os negáis a poner la palabra respeto. Pero lo del respeto no debe ir mucho con vosotros a raíz de esta respuesta a la diputada Carla Antonelli cuando os afeó lo que habíais hecho:

🌈Hoy @Cs_Madrid ha rechazado 10 enmiendas @FELGTB, @COGAM, @cesida_esp y #AEGAL q registró @psoe_m de cara #WordPrideMadrid #Liberales qué? pic.twitter.com/TLS4DgGjnc

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 16 de febrero de 2017

@Cs_Madrid Los autores de esas enmiendas eran las organizaciones ¿porque no habéis contado con nosotros? @CarlaAntonelli si lo hizo

— Toni Poveda (@ToniPoveda) 16 de febrero de 2017

Ese Tweet es una muestra fantástica de la enorme diferencia entre “tolerar” y “respetar”. ¿Verdad?

General, Homofobia/ Transfobia. AEGAL, Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, CESIDA, Ciudadanos, COGAM, Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, FELGTB, Madrid, Podemos, PSOE, World Pride, World Pride 2017

El pleno de Parlamento Europeo ha aprobado este martes, con el voto a favor de 364 eurodiputados, el informe sobre igualdad de género en salud mental e investigación clínica elaborado por la eurodiputada española Beatriz Becerra (en la fotografía). Si lo mencionamos aquí es porque el informe contiene importantes recomendaciones en lo referido al bienestar y salud mental de las personas LGTBI que han merecido el aplauso de ILGA Europe.

El Parlamento Europeo, de esta forma, reconoce expresamente, entre otros muhcos considerandos:

• que las mujeres lesbianas y bisexuales y las personas trans e intersexuales se enfrentan a problemas de salud mental derivados del estrés de las minorías, que se define como los altos niveles de ansiedad y estrés causados por prejuicios, estigmatización y experiencias de discriminación, así como por medicalización y patologización;
• que las personas LGBTI pueden enfrentarse a problemas de salud mental y bienestar específicos que deben tenerse en cuenta en cualquier estrategia de salud mental;
• que las identidades trans no son patológicas pero lamentablemente todavía se consideran trastornos de salud mental, y que la mayoría de los Estados miembros requieren diagnósticos para tener acceso al reconocimiento de género legal o a la asistencia sanitaria relacionada con las personas trans, a pesar de que las investigaciones han demostrado que el diagnóstico de ‘trastorno de identidad de género’ es una fuente de gran angustia para las personas trans;
• que los niños prepúberes con variantes de género siguen sometidos a prácticas de diagnóstico perjudiciales e innecesarias, a pesar de que todos los niños deben poder explorar de forma segura su identidad y expresión de género;
• que las personas trans muestran niveles significativamente altos de ideación suicida e intentos de suicidio;
• que la educación en materia de sexual y relacional es fundamental para superar los estereotipos de género, afrontar la violencia de género y mejorar la salud mental y el bienestar para las niñas y los niños y las mujeres y los hombres;
• que existe una falta de datos comparables, disponibles, accesibles y de calidad sobre la asistencia sanitaria específica para personas trans y que los productos utilizados en las terapias hormonales sustitutivas no se han probado ni autorizado debidamente;
• que las personas intersexuales sujetas a mutilación genital sufren consecuencias en su salud física, psicológica y sexual y reproductiva;
• que las personas trans todavía están expuestas a una esterilización forzada en los procedimientos de reconocimiento de género en 13 Estados miembros.

Hay muchos más considerandos, pero hemos seleccionado aquellos que más directamente tienen que ver con la realidad LGTBI en la Unión Europea. A partir de ellos, y entre otras muchas recomendaciones, el informe:

• pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen que sus estrategias en materia de salud mental aborden los retos de salud mental a los que podrían enfrentarse las personas LGBTI;
• anima a los Estados miembros a que apliquen las recomendaciones que figuran en el documento CM/Rec(2010)5 del Consejo de Europa y tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas lesbianas, bisexuales y trans en el desarrollo de las políticas, programas y protocolos sanitarios;
• pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que desarrollen políticas adaptadas específicas con el fin de prestar servicios de salud mental a los grupos de mujeres vulnerables en comunidades marginales, y a aquellos que se enfrentan a discriminación interseccional, como las mujeres refugiadas y migrantes, las mujeres que se enfrentan a la pobreza y la exclusión social, las personas trans e intersexuales, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores y las mujeres de las zonas rurales;
• pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las estrategias de prevención se destinan específicamente a las mujeres que corren riesgo de discriminación interseccional, como las mujeres romaníes, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas y bisexuales, las migrantes y las refugiadas, las mujeres que viven en situación de pobreza y las personas trans e intersexuales;
• pide a los Estados miembros que prevengan, prohíban y condenen la esterilización forzosa de mujeres, un fenómeno que afecta en particular a las mujeres con discapacidad, a las personas trans e intersexuales y a las mujeres romaníes.

En definitiva, una serie de recomendaciones que han sido específicamente bienvenidas por ILGA Europe, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente. “Gracias a la ponente Beatriz Becerra Basterrechea y a los eurodiputados que han votado a favor, ahora disponemos de un informe detallado sobre las necesidades de las personas LGTBI [en materia de salud mental y bienestar], y que en particular recoge las experiencias de vida de las personas trans e intersex. El lenguaje interseccional e inclusivo que Becerra ha utilizado en su informe es especialmente bienvenido”, ha declarado su directora ejecutiva, Evelyne Paradis.

El voto español

Como siempre intentamos hacer en dosmanzanas cuando nos referimos a una votación en el Parlamento Europeo, listamos a continunación el voto de los eurodiputados españoles (tal y como refleja el acta de votaciones):

Han votado a favor:

• por ALDE (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa): la propia Beatriz Becerra (ahora independiente, fue elegida en las listas de UPyD), Izaskun Bilbao (PNV), Enrique Calvet (ahora independiente, elegido en las listas de UPyD), Maite Pagazaurtundúa (UPyD) y Ramón Tremosa (elegido en las listas de la entonces Convergència).
• Por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica: Marina Albiol (IU), Xabier Benito (Podemos), Javier Couso (IU), Tania González (Podemos), Josu Juaristi (EH Bildu), Paloma López Bermejo (IU), Lola Sánchez Caldentey (Podemos); Maria Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda), Estefanía Torres (Podemos) y Miguel Urbán (Podemos).
• Por S&D (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas): Clara Eugenia Aguilera (PSOE), Inés Ayala (PSOE), José Blanco (PSOE), Soledad Cabezón (PSOE), Jonás Fernández (PSOE), Eider Gardiazábal (PSOE), Enrique Guerrero (PSOE), Sergio Gutiérrez (PSOE), Ramón Jáuregui (PSOE), Javier López (PSC), Juan Fernando López Aguilar (PSOE) e Inmaculada Rodríguez-Piñero (PSOE).
• Por Los Verdes/Alianza Libre Europea: Florent Marcellesi (Equo), Jordi Solé (ERC),  Josep-Maria Terricabras (ERC) y Ernest Urtasun (Iniciativa per Catalunya Verts).

Han votado en contra: ninguno.

Se han abstenido:

• Por ALDE: María Teresa Giménez Barbat (elegida en las listas de UPyD, ahora en Ciudadanos) y Javier Nart (Ciudadanos).
• Por el grupo popular europeo: Pilar Ayuso (PP), Pilar del Castillo (PP), Agustín Díaz de Mera (PP), Rosa Estarás (PP), Santiago Fisas (PP),  Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes (PP), Esther Herranz (PP), Carlos Iturgaiz (PP), Teresa Jiménez-Becerril (PP), Verónica Lope (PP), Antonio López-Istúriz (PP), Gabriel Mato (PP), Francisco José Millán (PP), Ignacio Salafranca (PP) y Ramón Luis Valcárcel (PP).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Agustín Díaz de Mera, ALDE, Alternativa Galega de Esquerda, Antonio López-Istúriz, Beatriz Becerra, Carlos Iturgaiz, CDC, Ciudadanos, Clara Eugenia Aguilera, Discriminación, EH Bildu, Eider Gardiazábal, Enrique Calvet, Enrique Guerrero, Equo, ERC, Ernest Urtasun, Esteban González Pons, Estefanía Torres, Esther Herranz, Florent Marcellesi, Francisco José Millán, Gabriel Mato, ICV, Inés Ayala, Inmaculada Rodríguez-Piñero, Intersexualidad, IU, Izaskun Bilbao, Javier Couso, Javier López, Javier Nart, Jonás Fernández, Jordi Solé, José Blanco, José Ignacio Salafranca, Josep Maria Terricabras, Josu Juaristi, Juan Fernándo López Aguilar, Lola Sánchez Caldentey, Luis de Grandes, Maite Pagazaurtundúa, Maria Lidia Senra, María Teresa Giménez Barbat, Marina Albiol, Miguel Urbán, Paloma López Bermejo, Parlamento Europeo, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo, Podemos, PP, PSC, PSOE, Ramón Jáuregui, Rámón Luis Valcárcel, Ramón Tremosa, Rosa Estarás, S&D, Santiago Fisas, Sergio Gutiérrez, Soledad Cabezón, Tania González, Teresa Jiménez-Becerril, Transexualidad, UPyD, Verdes/Alianza Libre Europea, Verónica Lope, Xavier Benito

Portugal actualizará su ley de identidad de género, vigente desde 2011, para eliminar la necesidad de un diagnóstico de “trastorno de identidad de género” para proceder al la modificación del sexo registral, así como para reducir de 18 a 16 años el límite de edad a partir de la cual la persona podrá solicitar la modificación. La ley también garantizará que los menores sean tratados en las escuelas de acuerdo a su identidad y prohibirá que los bebés sean sometidos a cirugía para asignarles un sexo u otro.

Magnífico ejemplo el de Portugal, que en solo seis años actualizará su vigente ley de identidad de género, aprobada definitivamente en 2011. Aquella ley, que en su momento significó un avance muy importante sobre la situación anterior, exigía la presentación de un certificado que acreditase el diagnóstico de “trastorno de identidad de género” emitido por un equipo multidisciplinar de sexología clínica que incluyese al menos a un médico y a un psicólogo. En este sentido, el proyecto seguía el modelo de leyes como la aprobada en 2007 en España, pero suponía ya un avance respecto a esta, al no incluir, por ejemplo, el requisito de que la persona transexual tuviese que haber sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, tal y como exige la ley española.

La nueva ley eliminará por tanto todo vestigio de patologización de la transexualidad. Pero según han adelantado los medios portugueses el proyecto incluye otras reformas, como la disminución de la edad a partir de la cual la persona podrá solicitar el trámite desde los 18 a los 16 años, además de la garantía a los menores transexuales de que en la escuela serán tratados de acuerdo a la identidad de género que manifiestan. Otra novedad muy importante que también incluirá la futura ley, relativa en este caso a las personas intersexuales (aquellas que nacen con características físicas de los dos sexos) es que prohibirá que se les realicen intervenciones quirúrgicas para asignarles un sexo u otro hasta que no sean ellas las que libremente decidan qué hacer. Solo quedarán excluidas de la prohibición aquellas intervenciones necesarias para evitar riesgos y complicaciones para la salud.

Está por ver si el proyecto de ley, que el Gobierno de Portugal tiene previsto presentar a lo largo de este mes, sufre modificaciones en su tramitación parlamentaria, sea en sentido positivo o negativo. En cualquier caso, no debería contar con grandes dificultades para salir adelante. El Gobierno socialista de Portugal cuenta con el apoyo tanto de los propios diputados socialistas (86) como del Bloque de Izquierda (19), Partido Comunista (15) y Verdes (2), lo que le da mayoría parlamentaria suficiente. El propio Bloque de Izquierda, de hecho, propuso hace unos meses un proyecto similar al que ahora tiene previsto presentar el Gobierno.

Hay que tener en cuenta, además, que la derecha portuguesa, cuya fuerza mayoritaria es el  Partido Social Demócrata (PSD, 89 diputados) no tiene una trayectoria tan hostil a los derechos LGTB como la de por ejemplo el Partido Popular español. En 2010, por ejemplo, hasta 12 de los entonces 81 diputados del PSD votaron a favor de la vigente ley de identidad de género, mientras que en España el PP acabó oponiendose a la ley de 2007 en su votación final por el Congreso. Bien es cierto que el entonces presidente portugues, Aníbal Cavaco Silva, también del PSD, vetó la ley, al considerar que debía endurecerse el trámite médico para poder solicitar la modificación (la Asamblea levantó posteriormente el veto).

¿Y en España, qué?

Portugal se sumará, de esta forma, al cada vez más numeroso grupo de países que respetan legalmente el principio de autodeterminación de género, como Noruega (que reconoce ese derecho también a los menores), Irlanda, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del sexo legal de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, fue pionera en el mundo al prohibir cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, un paso que ahora decide dar Portugal.

En el continente americano destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. Nepal, por su parte, ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando. Y en Escocia ya se están planteando un avance similar.

España, mientras tanto, ha quedado “congelada” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo queda por el momento a criterio del juez de turno.

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos podrían aprobar una reforma

El pasado mes de octubre, sin embargo, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que prefirió abstenerse, una proposición no de ley que instaba al Gobierno a modificar la legislación. La proposición, que fue presentada por Ciudadanos y recibió aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pedía eliminar tanto el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

En la actual coyuntura política española, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo, si las fuerzas que aprobaron esta proposición fuesen capaces de ponerse de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado. Sería complicado, además, que el Gobierno hiciese uso de la prerrogativa que el artículo 134.6 de la Constitución Española le otorga: tener que dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, prerrogativa que según los analistas el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría, y así va a seguir siendo. Está por ver qué sucedería en este caso, en el que parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

En cualquier caso, no parece que sus señorías de la oposición tengan mucha prisa por alcanzar acuerdos de este tipo al margen del Gobierno. Esperemos que al menos en este aspecto el ejemplo de Portugal les sirva de acicate.

General, Historia LGTBI Argentina, Bloque de Izquierda (Portugal), Ciudadanos, Dinamarca, Discriminación, Escocia, España, Identidad de género, Intersexualidad, Irlanda, Malta, Nepal, Noruega, Partido Comunista (Portugal), Partido Socialista (Portugal), Portugal, PP, PSD (Portugal), PSOE, Transexualidad, Unidos Podemos, Verdes (Portugal)

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Acoso, Ángela Vallina, Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, CDC, Ciudadanos, Daniele Viotti, Discriminación, Equo, Florent Marcellesi, ICV, Intersexualidad, IU, Izaskun Bilbao, Javier Couso, Josep Maria Terricabras, Juan Fernándo López Aguilar, LGTBfobia, Lidia Senra, Marina Albiol, Paloma López Bermejo, Parlamento Europeo, PNV, Podemos, PP, PSOE, Ramón Tremosa, Refugiados, Transexualidad, Ulrike Lunacek, Unión Europea, UPyD

Cuando condenen una sola de la agresiones que sufrimos, que hablen… Y pensar que hay homosexuales que les votan…

Un “centenar” de asociaciones se unen para protestar contra las leyes de protección LGTB que se están aprobando a nivel autonómico en España.

Asociación con numerosos dirigentes del Partido Popular

Numerosas asociaciones provida y ultracatólicas han presentado la Plataforma por las Libertades. Una asociación que bajo el pretexto de defender la libertad de todxs lxs españolxs afirma que vivimos en una dictadura LGTB sustentada en la ‘perfida’ ideología de género.

El acto de presentación del Manifiesto contó con la presencia de los representantes de asociaciones que lo han promovido o se han adhertido a él: Jaime Mayor Oreja (Valores y Sociedad), José Eugenio Azpiroz (Familia y Dignidad Humana), Ignacio Arsuaga (HazteOir.org), Nicolás Jouvé (Civica), Rocío Monasterio (Femidisidencias), Pablo Siegrist (Fundación Jérome Lejeune) o Manuel Oliete (Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción), entre otros.

El mundo al revés. A pesar de que a lo largo del 2016, el colectivo LGTB ha sufrido una agresión cada tres días en la Comunidad de Madrid, algo ue no ha merecido la condena de esta gente, a pesar de que numerosas comunidades niegan el acceso a la reproducción asistida a las parejas lésbicas, a pesar de que el colectivo transexual y bisexual se encuentre en una espiral de silencio y burla, para la recién nacida Plataforma por las Libertades, en España vivimos en una dictadura LGTB.

Sí, varias asociaciones ultraconservadoras que reúnes a cuatro gatos y gatas cada una, de esas que dicen que están muy preocupadas por la vida de los demás y por las familias como debe ser de toda la vida de Dios, y dos universidades católicas (las de Murcia y la de Valencia) han formado una plataforma “por las libertades” cuyo único fin parece ser pedir el fin de las leyes autonómicas de protección al colectivo LGTB que poco a poco se están aprobando en toda España. Por queda alguien #YoSoyGayYDelPP entre quienes entran a esta página, a la cabeza de esta nueva plataforma están Jaime Mayor Oreja y Lourdes Méndez, una señora muy católica y muy conservadora que fue diputada del PP hasta hace muy poco y que ahora se dedica a recorrer medios ultras de la caverna lloriqueando por la pérdida de sus valores reaccionarios en la política y prometiendo que habrá un nuevo partido de derechas porque lo de sus antiguos compañeros es una vergüenza.

El primer episodio de esta locura lo vivimos el pasado mes de noviembre. Este grupo de asociaciones mandaron una carta al Defensor del Pueblo indicando que:

“El derecho a la igualdad; el derecho a la integridad física y moral; el derecho a la protección de la salud; el deber de prestar asistencia a los hijos; el derecho a la libertad de expresión; el derecho de presunción de inocencia; el de seguridad jurídica; el derecho de tutela efectiva y el derecho de educación y a la libertad ideológica y religiosa eran vulnerados por la ‘Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual’ aprobada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Cristina Cifuentes”.

Sin embargo, La defensora del Pueblo decidió- dar carpetazo y rechazar la petición de amparo de los solicitantes y no interponer recurso alguno justificando la discriminación positiva que la Ley recoge en favor del colectivo LGTBI. 

Ahora, y a pesar del bofetón de realidad que supuso la decisión de la defensora del pueblo, estas asociaciones han decidido crear la Plataforma por las Libertades para seguir luchando contra un elemento que no se puede detener: la evolución de la sociedad.

En noviembre eran  20 las asociaciones que pedían el recurso a la ley Cifuentes, como ellos la llaman, y ahora afirman que más de 100 colectivos se han unido a su pataleta. No hemos encontrado el listado completo, pero viendo el nombre de algunas de ellas os podéis hacer una idea: Federación Europea One Of Us En Defensa De La Vida y Dignidad Humana,  la Asociación Ciencia, Vida y Cultura, la Asociación Española de Farmacéuticos  Católicos, la Asociación Familia y Dignidad humana, la Asociación Femidisidencia, la Asociación de Padres de Familia Separados de Las Islas Baleares, la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción, la Asociación Europea de Abogados de Familia, la Comunidad Evangélica y la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia.

Entre ellas dstacamos la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja, y en cuyo patronato figuran también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil, o el exdiputado y exsenador Ángel Pintado. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley madrileña (el otro fue el alcalde de Alcorcón, David Pérez).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud era la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Dos organizaciones que precisamente figuran en la lista de las entidades que se han adherido al manifiesto fundacional de la plataforma, presentada esta misma semana en un acto presidido por los ya mencionada Lourdes Méndez y en el que estuvo también presente Jaime Mayor Oreja, un político que siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB (como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación).

Entre el resto de organizaciones que se han adherido hay pocas sorpresas. Está, por supuesto, HazteOír, pero también la Federación Europea One Of Us, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos  o el Instituto de Política Familiar, entre otros grupos ultraconservadores y tradicionalistas. Sí que nos llama la atención, por ejemplo, la presencia de dos universidades católicas (la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Universidad Católica de Valencia) o de algunos colectivos que sobre el papel aseguran defender causas ajenas a la oposición a los derechos LGTB, como la Federación de Familias Numerosas de Madrid o la Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos.

Una mirada retrógrada

Ya sabéis que en este tipo de asociaciones siempre repiten que montan estos circos por los niños, no vaya a ser que crezcan siendo un poco más decentes que sus padres y que alguien les explique que pueden usar su religión para otra cosa que no sea difundir ideas absurdas y como excusa discriminar a otras personas.  De todas formas, esta vez estaban más creativos que lo habitual y han escrito un manifiesto  para explicarnos por qué están en contra de estas normas… de nosotros, vamos…

Lo han escrito con todo su amor, porque aseguran que cualquier español debe estar protegido de ideologías totalitarias, y empiezan fuerte, afirmando que la libertad en España está amenazada bajo el pretexto de perseguir la discriminación por orientación sexual o combatir la LGTBIfobia. También dicen que se vulneran artículos de la Constitución española que protegen el derecho a la igualdad, a la integridad física y moral, a la protección de la salud o a la educación.

Esta plataforma nace como reacción a ese atropello político, cometido de espaldas a los ciudadanos y fruto de la presión de lobbies que pretenden arrogarse la representación exclusiva de las personas con inclinación homosexual. Cualquier español debe estar protegido de cualquier ideología que se quiera imponer de forma totalitaria.”

Este extracto del manifiesto que ha presentado la asociación (se puede leer de manera íntegra aquí) resume la posición de la Plataforma por las Libertades, que se sitúa a la derecha del sector más a la derecha de la política española.

Esta gente tan creyente y tan poco evangélica dice que son “personas que creen en la igualdad”  y que están muy discriminados porque una serie de leyes intentan proteger a un colectivo especialmente perseguido. Aunque a lo mejor es que de verdad creen en la igualdad y por eso han escrito este manifiesto, que ya es todo un ejemplo de por qué son necesarias estas leyes.

También aseguran que a su escrito se han unido científicos muy preocupados porque se defienda la libertad de investigación y profesionales de la sanidad. Y aquí es cuando ya no nos parece gracioso lo que dicen. Detrás de esta preocupación por la salud, la ciencia y la técnica está la última obsesión de moda entre los reaccionarios, que son las falsas terapias de conversión. ¿Qué más da que el criterio científico sea conocido y clarísimo? Ellos tienen amor cristiano que dar y lo demuestran así, diciéndote con una sonrisa que si eres discriminado de alguna forma no es porque hagan todo lo posible porque así sea, es porque te empeñas en vivir de acuerdo con cómo naciste y no como a ellos les gustaría. Igualmente, nos gustaría saber dónde han recibido sus titulos estos profesionales sanitarios que ignoran el altísimo riesgo de depresión y suicidio por el que pasan las personas obligadas a acudir a estas “curas“.

Desde la Plataforma por las Libertades (compuesta por En Defensa De La Vida y Dignidad Humana, la Asociación de derechos y víctimas de la ideología de género de Murcia o la Asociación Europea de Abogados de Familia, entre otras) afirman que los derechos del colectivo LGTB se han impuesto de forma totalitaria y de espaldas a los ciudadanos.

Algo que es absolutamente falso, puesto que todas las leyes autonómicas se han votado (algunas han salido por unanimidad como en la Comunidad de Madrid) y todas las encuestas realizadas afirman que la sociedad española se sitúa a la vanguardia en cuanto a tolerancia e inclusión de la comunidad LGTB.

Los mismos perros que en el pasado (y en la actualidad) se postularon contra el divorcio y el aborto ahora ladran contra los derechos del colectivo LGTB y la igualdad de géneros. Y al igual que en el pasado, en la actualidad sus protestas tienen la batalla perdida: por mucho que retumbe la caverna del heteropatriarcado, el progreso no se detiene.

A este espanto de la Plataforma por las Libertades se unen también, entre otros, escritores preocupadisímos por la libertad de expresión, redactores de Actuall, periodistas contrarios a que la homosexualidad se convierta en un dogma de Estado, empresarios y muchos profesores que ven en peligro su libertad porque tendrán que hablar de la diversidad familiar en clase, o al menos no ignorarla si se da el caso.

Por suerte, sabemos que aunque haya unos cuantos profesores con ganas de meterle a sus alumnos la mayor cantidad de homofobia en la cabeza, hay muchísimos docentes por todo el país que están cabreadísimos con los panfletos homófobos que HO está mandando a los colegios. Se sienten muy insultados, precisamente, porque en esos librillos se cuestiona su actividad como educadores. Porque al final eso es lo que realmente les molesta, ver amenazada su libertad como padres para meter tonterías homófobas y discriminatorias en las cabezas de sus hijos.

Como ya comentamos en su momento, el hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores.

Si por ejemplo la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, el texto madrileño, sin duda ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse, pero no conviene bajar la guardia.

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea de Madrid, Asociación Custodia Compartida por Nuestros Hijos., Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, Asociación Familia y Dignidad Humana, Ciudadanos, Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Discriminación, España, Federación de Familias Numerosas de Madrid, Federación Española de Asociaciones Provida, Federación Europea One Of Us, Fundación Valores y Sociedad, HazteOir, Ideología de género, Ignacio Arsuaga, Instituto de Política Familiar, Jaime Mayor Oreja, José Eugenio Azpiroz, LGTBfobia, Lourdes Méndez, Madrid, Manuel Oliete, Nicolás Jouvé, Pablo Siegrist, Plataforma por las Libertades, Podemos, PP, PSOE, Rocío Monasterio, Soledad Becerril, Universidad Católica de Valencia, Universidad Católica San Antonio de Murcia

Transexualidad, Educación, Salud y Seguridad son temas centrales en la Ley.

Está basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura.

 Todas las capitales de provincia y decenas de otros municipios de la comunidad, han instado a la Junta de Castilla y León a aprobar la ley.

 La Junta de Castilla y León expresó durante el debate del estado de la región su voluntad de aprobarla.

Organizaciones LGTB+ de Castilla y León han presentado en las Cortes regionales, donde además se han reunido con representantes de todos los grupos políticos, su propuesta de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual, sobre cuyo borrador ya informamos hace unas pocas semanas. La propuesta tiene como base una ley muy similar que fue promovida en Extremadura por el Partido Popular y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño.

Tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado en tiempos recientes su voluntad de aprobar un ley de este tipo. El hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley así.

La propuesta de ley que han presentado los colectivos, basada en la Ley 12/2015, de 8 de abril, de Igualdad Social, promovida y aprobada por el Partido Popular en Extremadura, tiene como objetivo “garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y cualquier otra forma de diversidad sexual y de género” y sus principios son, entre otros, la Igualdad y no discriminación, el reconocimiento de la personalidad, y la prevención de la discriminación y la desigualdad.

Para los colectivos castellano-leoneses, “existe una necesidad urgente de trabajar para eliminar la desigualdad social de la diversidad sexual, especialmente en temas como la transexualidad, la educación, la sanidad, la diversidad familiar o la seguridad”, temas centrales en la propuesta presentada este viernes. “Castilla y León es la comunidad del Estado con menor número de matrimonios del mismo sexo por población debido a su alto nivel de envejecimiento y a su ruralidad, dificultando de manera extrema el avance del respeto a la diversidad sexual, lo que hace a juicio de los colectivos que esta ley no sea solo necesaria, sino imprescindible”, expresan estos colectivos en un comunicado. Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo.

Respecto a la transexualidad, por ejemplo, el proyecto apuesta por el reconocimiento del derecho a la identidad sexual libremente manifestada, por una legislación integral para la salud de las personas transexuales así como por el reconocimiento y protección de los menores trans. En el ámbito de salud, persigue garantizar de manera integral las necesidades de las personas transexuales dentro del sistema de salud público, completando el protocolo de atención sanitaria ya existente. “Además, se apostará por eliminar las cirugías de asignación de sexo arbitrarias en bebés de los que no se conoce su identidad sexual, siempre que se garantice la salud del recién nacido. También se garantizará el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas con capacidad gestante y para terminar se avanzará en un protocolo de atención ginecológica que garantice la correcta atención a las mujeres lesbianas y bisexuales”, explica el comunicado.

En el plano educativo, la propuesta apuesta por un plan integral sobre educación y diversidad sexual y de género que proteja de manera especifica a los menores víctimas del odio a la diversidad sexual (diversexfobia), articulando un protocolo para evitar el acoso y proponiendo dos asignaturas optativas, una sobre derechos humanos y otra sobre sexualidad.

Respecto a la seguridad, el proyecto busca reforzar y potenciar las medidas de prevención, detección y sanción de cualquier conducta discriminatoria o cualquier forma de delito de odio, tanto en las empresas, a través de los planes de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), como entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a través de la implementación del Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los Delitos de Odio. La ley, si se aprueba en los términos en los que desean los colectivos, promoverá sanciones administrativas a las personas físicas y jurídicas que vulneren los derechos de las personas LGTB+.

No hay razones políticas para que el proyecto no prospere…

Tal y como está conformada en la actualidad la cámara regional y en la actual coyuntura política no debería haber problemas para que el texto resulte aprobado. En las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés. Y el PP, recordemos, fue el partido que promovió, con el acuerdo de los colectivos LGTB, la ley extremeña en la que se basa este texto. También ha dado su visto bueno a leyes similares aprobadas más recientemente en Baleares y Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Estaremos atentos a la tramitación parlamentaria.

“Esta propuesta de ley es la culminación de muchos años de trabajo en la calle de los colectivos, en una comunidad dura, durísima con la diversidad sexual. Solo venimos a proponer lo que muchas otras comunidades como Navarra, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia, Baleares o Valencia ya han aprobado y lo proponemos aquí, precisamente donde es más necesario. Es hora de que Castilla y León se ponga al día con el respeto de la diversidad sexual. Hace mucha falta”, ha declarado Ignacio Paredero, presidente de FECyLGTB+. “Desde Fundación Triángulo Castilla y León consideramos fundamental apostar claramente por la educación sexual que incluya la diversidad sexual y de género, en un marco que permita el autoconocimiento y el respeto por los derechos humanos de cara a vivir en sociedad atendiendo a la diversidad. Todo ello implica el respeto por la identidad del alumnado y la prevención del acoso escolar por motivo de orientación o identidad sexual”, ha expresado por su parte Yolanda Rodríguez, miembro del patronato de Fundación Triángulo Valladolid.

General, Historia LGTBI AWEN LGTBI+, Castilla y León, Chiguitxs LGTB+, Chrysallis, Ciudadanos, Equo, FECyLGTB, Fundación Triángulo, Ignacio Paredero, Iguales, Iguales USAL, IU, Juan Vicente Herrera, Lesgavila, Podemos, PP, PSOE, Segoentiende, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa, Yolanda Rodríguez

El grupo municipal popular vuelve a negarse a aprobar una propuesta para la igualdad del colectivo LGTB en la ciudad y el alcalde David Pérez exhibe, sin datos, que no hay agresiones en Alcorcón.

General, Homofobia/ Transfobia. Alcorcón, Arcópoli, Ciudadanos, David Pérez, Ganar Alcorcón, Homofobia/Transfobia, IUCM- La Izquierda, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, PP, PSOE

Trump será el próximo Presidente de los Estados Unidos. Cristina Ortiz, La Veneno, ha sido asesinada. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos en el madrileño distrito de Retiro ha intentado erradicar el cruising. Son tres noticias que parecen no tener ningún vínculo en común pero demuestran que algo está cambiando…

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, Cristina Ortiz, Cruising, Derechos LGTB, Donald Trump, Gays, Homofobia/Transfobia, Homosexualidad, La Veneno, Matrimonio igualitario

Los ocho Mossos d’Esquadra condenados por matar a patadas a Juan Andrés Benítez finalmente se reincorporarán al cuerpo policial en el plazo previsto.

Los grupos de Junts pel Sí, Ciudadanos y PP han unido sus votos en el Parlament para rechazar la expulsión definitiva de los mossos condenados por matar a Juan Andrés Benítez, el chico gay vecino del barrio del Raval. La expulsión del cuerpo policial la habían reclamado la CUP y Catalunya Sí que es Pot y el PSC se ha abstenido.

Los Mossos d’Esquadra que habían matado a Juan Andrés Benítez, conocido empresario del Gayxample Barcelonés, habían llegado a un acuerdo (bastante polémico) con la fiscalía y aceptaban una condena de dos años de prisión por un delito de homicidio por imprudecia y otro contra la integridad moral a cambio de declararse culpables del asesinato de Benítez. Aún así ellos seguían mostrándose “moralmente convencidos” de haber actuado correctamente puesto que, según su abogado, hicieron lo que les enseñaron según los protocolos establecidos. Los agentes no entraron a prisión, puesto que no tenían antecedentes penales; pero la condena les obligaba a no poder ejercer como policías durante dos años y a no volver a patrullar el Raval en cinco años.

Lo que no se sabía era qué iba a hacer la Generalitat, puesto que el expediente que abrieron sobre el caso estaba a la espera de la sentencia, y el sentido común diría que aunque la sentencia hable de supensión la Generalitat los expulsaría del cuerpo pero contrariamente a lo esperado, ésta archivó la enuncia de la CUP. Recordemos: con acuerdo o sin acuerdo, esos ocho agentes han sido declarados culpables de asesinar a una persona a patadas y puñetazos. Además también han admitido que actuaron de forma desproporcionada y que a pesar de que Benítez estuvo pidiendo un médico y jadeando durante 12 minutos no autorizaron la atención médica.

Pues ya sabemos qué va a hacer la Generalitat: readmitirles y hacer como si aquí no hubiera pasado nada. La CUP y Catalunya Sí que es Pot presentaron hace unos días un paquete de medidas que afectaban al cuerpo de los Mossos d’Esquadra, entre las que además de la petición de crear un Observatorio independiente sobre la policía o la revisión de los protocolos de actuación, se exigía que se expulsara definitivamente a los Mossos condenados por el asesinato de Benítez. JxSí (PDC y ERC), PP y Ciudadanos han votado en contra de esa propuesta, y el PSC se ha abstenido.

La expulsión de los policías que mataron a Benítez no ha sido el único punto rechazado en el Parlament. Otro de ellos era la creación de un observatorio independiente sobre la policía, con el objetivo de que asumiera las funciones de control, denuncia y transparencia en relación a las vulneraciones de Derechos Humanos. En el caso del observatorio, ha recibido el voto negativo de JxSí, Ciudadanos y PP, además del PSC.

Fuente Cáscara Amarga/EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Catalunya Sí que es Pot, Ciudadanos, CUP, Juan Andrés Benítez, Junts pel Sí, Mossos d'Esquadra, PP, PSC

Y se habló de nombrarlo embajador en El vaticano aunque parece que allí dijeron que “nones”… Y el PSOE le ha dado un buen bofetón vetándole para que presida cualquier comisión.

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los políticos del Partido Popular que con más ahínco se han opuesto al avance de los derechos LGTB en España, nombró comisarios de honor del Cuerpo Nacional de Policía a siete personas que nada tienen que ver con este cuerpo polícial. Una de ellas ya era conocida: el director del diario La Razón Francisco Marhuenda, afín al PP. Estos días hemos sabido además que otro de los “merecedores” de este premio político fue Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Tribunal Constitucional, uno de los que se opuso al fallo que en 2012 consideró constitucional el matrimonio igualitario y que utilizó en su voto particular buena parte de los argumentos que suelen utilizar los ultraconservadores en esta materia.

Ramón Rodríguez Arribas fue, de hecho, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España entre 2011 y 2013, formando por entonces parte de la mayoría conservadora que desde hace años domina el alto tribunal. Su intervención posiblemente más destacada en aquellos años consistió en la de ser uno de los tres magistrados que se opusieron al que el matrimonio igualitario fuese considerado constitucional. Rodríguez Arribas era partidario de aceptar el recurso que en su momento fue planteado por el PP, y emitió de hecho un voto particular discrepante plagado de “perlas”. Aseguró, por ejemplo, que la interpretación que la mayoría de sus compañeros hacían de la institución matrimonial era “un tanto enrevesada y poco eufónica” y realizaba “una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino“. “Con esta formulación se prescinde absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio desde que apareció el ser humano en el planeta y que como institución precedió a la tribu”, añadía.

“En efecto, además de todos los componentes jurídicos del matrimonio, éste es también una unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana y aunque este fin natural pueda satisfacerse fuera del matrimonio y también aunque no sea el único fin de la institución que permanece si cumple los demás fines, no puede desconocerse sin incurrir en un salto ilógico imposible de admitir”, argumentaba con una lógica bastante difícil de comprender. “Y no se diga – que se dice– que entonces las parejas estériles o voluntariamente abstenidas de cumplir el fin reproductivo, quedarían excluidas del matrimonio, porque es la posibilidad genérica, la potencia en sentido ontológico, de servir al fin respecto de la especie humana y no el acto concreto o el efecto cierto, lo que caracteriza a cualquier institución colectiva“, añadía.

Rodríguez Arribas también exponía sus reservas sobre el hecho de permitir a las parejas del mismo sexo adoptar (recordemos que ese constituía el supuesto cuarto motivo de inconstituiconalidad que el PP argumentaba) al argumentar que “si nada puede oponerse a que una persona homosexual, sea hombre o mujer, pueda adoptar individualmente a un menor, la cuestión está en que desde el punto de vista del niño, que es lo único importante, no resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre o sólo un padre o sólo una madre, para sustituir la pérdida o abandono de los naturales, se encuentre con que tiene dos padres y ninguna madre o dos madres y ningún padre o haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre”. Una argumentación más propia de la barra de un bar que de una sentencia legal.

Tres comisarios honoríficos “secretos”

Según cuenta eldiario.es, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha conseguido que se revele la identidad de cuatro de los siete comisarios “honorarios” nombrados por Fernández Díaz. Además de Marhuenda y Rodríguez Arribas, lo son el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. Pero quedan tres personas a las que el Ministerio se niega a identificar (uno de ellos, según aseguraba en junio El Plural, podría ser el confesor del ministro, el sacerdote Silverio Nieto)

Fernández Díaz, ¿presidente de la Comisión de Exteriores?

La salida del gobierno de Jorge Fernández Díaz ha sido una excelente noticia en clave LGTB. Se trata, recordemos, de uno de los políticos del PP más cercanos al integrismo católico (“Dios es el gran legislador del universo”, aseguraba en diciembre de 2011 en una entrevista). Tras conocerse el fallo desestimatorio del recurso de su partido contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente, él fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo, y de hecho ha llegado a afirmar que el matrimonio igualitario “amenaza la pervivencia de la especie” (declaraciones sobre las que declinó pedir disculpas).

Fernández Díaz también concedió en 2013 el reconocimiento como “asociación de utilidad pública” a HazteOír, una organización ultraconservadora ferozmente opuesta a los derechos LGTB, y más recientemente adjudicaba la formación de los futuros policías nacionales a una universidad de ideario católico.

Mariano Rajoy, en cualquier caso, pretende asegurarle a su exministro un “retiro dorado” como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Una decisión que muestra la supuesta comodidad absoluta con la que el PP se mueve en esta cámara, pese a no disponer de mayoría absoluta, y para la que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, necesitaba también la abstención de alguno o del resto de partidos, pero el PSOE ha vetado que presida cualquier comisión y los populares aseguran que abren un “periodo de reflexión”.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso de Senillosa, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, El Plural, eldiario.es, España, Félix Sanz Roldán, Francisco Marhuenda, Fundación Hay Derecho, Homofobia, Iglesia Católica, Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy, Matrimonio, Policía Nacional, PP, PSOE, Ramón Rodríguez Arribas, Tribunal Constitucional

Soledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ángel Pintado, Asamblea de Madrid, Asociación Familia y Dignidad Humana, Ciudadanos, Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, David Pérez, Defensor del Pueblo, Discriminación, eldiario.es, Familia y Dignidad Humana, Federación Española de Asociaciones Provida, Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, Fundación Valores y Sociedad, Gari Durán, HazteOir, HazteOir.org, Homofobia/Transfobia, Instituto de Política Familiar, Jaime Mayor Oreja, Javier Puente, La Gaceta, LGTBfobia, Lourdes Méndez, Luis Peral, María San Gil, Partido Popular, Plataforma de las libertades, Podemos, PP, PSOE, Soledad Becerril, Tribunal Constitucional, Universidad Católica de Murcia, Universidad Católica San Antonio de Murcia