El Parlamento Europeo apoya, con mayoría aplastante, una enmienda que condena las “terapias de conversión” y exige a los estados miembro que las prohíban.

También han exigido educación escolar que prevenga la discriminación y hacen un llamamiento por la despatologización de las identidades trans. 

El Parlamento Europeo ha aprobado este 1 de marzo, con considerable retraso, el informe sobre los derechos fundamentales en la Unión en 2016. El texto da cuenta de la situación de la población LGTBI e insta a los países miembros a que apliquen las medidas oportunas para acabar con la discriminación. El informe insiste de nuevo en la necesidad del reconocimiento supraestatal de las uniones entre personas del mismo sexo, así como aboga por la despatologización de la transexualidad y la prohibición de las terapias reparadoras de la orientación sexual.

Las personas LGTB+ somos lo que somos y no podemos “curarnos” ni “cambiar” puesto que no hay nada que curar ni cambiar. Esto, que parece una obviedad, es algo que muchos grupos conservadores no acaban de entender. Uno de esos grupos, por cierto, es el Partido Popular de Javier Maroto, que para no apoyar la Ley LGTBI de Podemos presentó la suya propia en la que eliminaron la prohibición de las “terapias de conversión”.

Habrá que ver qué dice ahora el Partido Popular después de que el Parlamento Europeo haya votado con una amplísima mayoría (435 votos contra 109) un texto que condena esas “terapias” como peligrosas e insta a los países miembros a prohibirlas.

Las terapias de conversión en menores están prohibidas en nueve de los Estados Unidos (y cada vez son más los que toman esa decisión), así como en Suiza, Malta, Taiwan, dos provincias canadienses y el estado australiano de Victoria.

Pero el texto aprobado por el P.E. también condena la discriminación contra las personas LGTB+ y urge a “la inclusión en el currículum escolar de educación sobre el valor de la tolerancia“, en el que se traten temas como la lucha contra la LGTBfobia y otras formas de discriminación. Además también pide a la Comisión y a los Estados Miembro que garanticen la libre circulación de las parejas homosexuales y sus familias; y exigen que “se reconozca el cambio de género [de las personas trans] y se provea un acceso rápido, accesible y transparente a los procedimientos de reconocimiento legal del género sin requisitos médicos como la cirugía o la esterilización“.

El 6 de julio de 2017 se anunció en sesión plenaria del Parlamento Europeo la presentación del informe sobre la situación de la ciudadanía en relación a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea durante el 2016. Sin embargo, hasta el 1 de febrero de este 2018 no se inició el proceso de aprobación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior quien, tras las enmiendas oportunas dio su respaldo el día 13 del mismo mes. El informe fue presentado a debate en la sesión plenaria del Parlamento del 28, y finalmente fue sometido a votación el pasado 1 de marzo.

Del texto definitivo fue ponente fue el luxemburgués Frank Engel, perteneciente al Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos). Tras el debate y la toma en consideración de nuevas enmiendas, fue aprobado por 429 votos a favor, 135 en contra y 69 abstenciones. La resolución, que no es vinculante, insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que apliquen las medidas oportunas en asuntos como los derechos de inmigrantes y refugiados, la protección a la infancia, la igualdad entre hombres y mujeres o la lucha contra la discriminación de las minorías. En cuanto a este último asunto, recuerda las obligaciones contraídas con estos dos artículos:

El Parlamento Europeo (…)

50.  Observa que la propuesta de Directiva sobre igualdad de trato de 2008 sigue todavía pendiente de la aprobación del Consejo; reitera su llamamiento al Consejo para que adopte su posición lo antes posible;

52.  Recuerda que los derechos humanos son universales y que las minorías no deben sufrir discriminaciones; hace hincapié en que los derechos de las minorías son parte inalienable del principio del Estado de Derecho; señala que existe un riesgo mayor de violación de los derechos de las minorías cuando no se respeta el Estado de Derecho;

Respecto a los derechos de las personas LGTBI, el Parlamento lamenta la discriminación que aún sufren las personas LGTBI, e incide en la condena de las terapias reparadoras de la homosexualidad, en la necesidad urgente de despatologización de la transexualidad y en las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida. Estos son los artículos relacionados (las negritas son nuestras):

El Parlamento Europeo (…)

59.  Anima a incluir la educación sobre los valores de la tolerancia en los planes de estudios escolares para dotar a los niños de los instrumentos que necesitan para identificar todas las formas de discriminación, con independencia de que se dirija contra los musulmanes, los judíos, los africanos, la población romaní o las personas LGBTI o contra cualquier otra minoría;

60.  Pide a la Comisión que comparta las mejores prácticas de los Estados miembros para abordar los estereotipos de género en la escuela;

61.  Lamenta que las personas LGBTI sean víctimas de acoso e intimidación y sufran discriminación en diferentes aspectos de sus vidas;

62.  Condena todas las formas de discriminación contra las personas LGBTI; anima a los Estados miembros a que adopten leyes y políticas de lucha contra la homofobia y la transfobia;

63.  Anima a la Comisión Europea a que presente un programa que garantice la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos respetando las competencias de los Estados miembros, y a que supervise una transposición y aplicación adecuadas de la legislación de la Unión relativa a las personas LGBTI; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen en estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan a favor de los derechos de las personas LGBTI;

64.  Insta a los Estados miembros que han adoptado legislación relativa a las uniones y/o los matrimonios del mismo sexo a que reconozcan las normas adoptadas por otros Estados miembros con efectos similares; recuerda la obligación de los Estados miembros de aplicar en su totalidad la Directiva 2004/38/CE, incluidas las parejas del mismo sexo y sus hijos; acoge con satisfacción que cada vez más Estados miembros hayan introducido o adaptado sus leyes sobre cohabitación, unión civil y matrimonio para superar las discriminaciones basadas en la orientación sexual que han sufrido las parejas del mismo sexo y sus hijos, y pide a otros Estados miembros que introduzcan una legislación similar; insta a la Comisión a que presente una propuesta para el reconocimiento mutuo pleno de los documentos acreditativos del estado civil en toda la Unión que incluya el reconocimiento jurídico de género, los matrimonios y las uniones de hecho registradas, a fin de reducir las trabas administrativas y jurídicas discriminatorias a las que se enfrentan los ciudadanos a la hora de ejercer sus derechos a la libre circulación;

65.  Acoge con satisfacción las iniciativas por las que se prohíben las terapias de conversión LGBTI y se prohíbe la patologización de las identidades trans e insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas similares que respeten y apoyen el derecho a la identidad de género y la expresión de género;

66.  Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;

67.  Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;

68.  Pide a la Comisión que recopile datos sobre, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;

69.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio.

En el debate, participaron algunos de los eurodiputados españoles. Teresa Jiménez-Becerril Barrio (del Partido Popular) expresó su voto favorable y calificó de acertado el informe en su denuncia de la situación de las mujeres víctimas de violencia de género, de la trata, de los colectivos LGTB víctimas del odio o de los migrantes, aunque lamentó la falta de menciones a los derechos de las víctimas del terrorismo, recordando los últimos atentados sufridos en distintas ciudades europeas. Juan Fernando López Aguilar (del Partido Socialista Obrero Español) describió el paisaje de los derechos fundamentales en Europa como «oscuro, señalado por el populismo, el nacionalismo extremo, el odio al diferente, la estigmatización del otro y el discurso del odio que conduce a la xenofobia y al racismo» y abogó por la lucha contra todo tipo de discriminación. Por último, Ramon Tremosa i Balcells (del PDeCAT) dedicó toda su intervención a la situación política de Cataluña.

Estos fueron los votos de los eurodiputados españoles:

• A favor:
  • Grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa:
    • Beatriz Becerra Basterrechea (Independiente), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Enrique Clavet Chambon, (Independiente), María Teresa Giménez Barbat (no afiliada), Javier Nart Peñalver (Ciudadanos), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (UPyD) y Ramon Tremosa i Balcells (PDeCAT).
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Xabier Benito Ziluaga (Podemos), Tania González Peñas (Podemos), Lola Sánchez Caldentey (Podemos), Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Miguel Urbán Crespo (Podemos).
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar Ayuso González (PP), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PP), Rosa Estaràs Ferragut (PP), Santiago Fisas Ayxelà (PP), Francesc Gambús i Millet (no inscrito), Esteban González Pons (PP), Luis de Grandes Pascual (PP), Esther Herranz García (PP), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PP), Verónica Lope Fontagné (PP), Antonio López-Istúriz White (PP), Gabriel Mato Adrover (PP), Francisco José Millán Mon (PP) y José Ignacio Valcárcel Siso (PP).
  • Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo:
    • Clara Eugenia Aguilera García (PSOE), Inés Ayala Sender (PSOE), José Blanco López (PSOE), Soledad Cabezón Ruiz (PSOE), Jonás Fernández Álvarez (PSOE), Iratxe García Pérez (PSOE), Eider Gardiazabal Rubial (PSOE), Enrique Guerrero Salom (PSOE), Sergio Gutiérrez Prieto (PSOE), Ramón Jáuregui Atondo (PSOE), Juan Fernando López Aguilar (PSOE), Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (PSOE) y Elena Valenciano Martínez-Orozco (PSOE).
• En contra:
  • Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos):
    • Pilar del Castillo Vera (PP) y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PP).
• Abstenciones:
  • Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica:
    • Javier Couso Permuy (IU), Paloma López Bermejo (IU), María Lidia Senra Rodríguez (Alternativa galega de esquerda en Europa) y Ángela Vallina de La Noval (IU).

Las diputadas Terry Reintke y Malin Björk, copresidenta y vicepresidenta respectivamente del Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo, hacían la siguiente declaración:

A pesar del gran progreso en muchos países durante la última década, la discriminación contra las personas LGTBI sigue siendo una realidad en la Unión Europea. Las personas LGBTI deben permanecer libres de discriminación, intimidación y violencia. Se debe garantizar su derecho a la autodeterminación y se debe proteger su integridad física.

Este informe es una evaluación clave para salvaguardar los derechos fundamentales en la Unión Europea. Ahora contamos con el Consejo de Europa y la Comisión Europea para seguir trabajando en la protección y salvaguarda de los derechos de las personas LGTBI en todas las áreas de la vida.

Por su parte, la vicepresidenta de la formación, Sirpa Pietikäinen, hacía la siguiente reflexión sobre las terapias de conversión LGTBI:

Actualmente, solo el Reino Unido, Malta y algunas regiones de España han prohibido explícitamente las terapias de conversión LGBTI. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Humanos ya han condenado la práctica de las terapias de conversión en varios países.

Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo toma una posición contra las terapias de conversión LGBTI. Este informe es un ejemplo de cómo la Unión Europea puede estar a la vanguardia de la lucha por los derechos fundamentales.

“No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras. “Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Pink News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Tras decaer la enmienda a la totalidad del PP, la Ley LGTBI continúa el trámite parlamentario con 287 enmiendas presentadas por todos los grupos políticos.

Podemos retira de la ley las multas por ofensas LGTBfóbicas en redes sociales porque valoran muchísimo la libertad de expresión.

Fuente Agencias

General, Historia LGTBI Agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual o el Centro Nacional, Ángeles Álvarez, Ciudadanos, ERC, Ley de violencia contra las mujeres, Memoria Histórica LGTBI, PNV, PP, PSOE, Unidos Podemos

La Mesa del Congreso de los Diputados ha desbloqueado por fin dos importantes proposiciones de ley en materia de derechos LGTB: la de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI (propuesta por la FELGTB y presentada formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y la de reforma de la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género” (propuesta por el PSOE). La decisión de Ciudadanos de marcar una ruptura parlamentaria selectiva con el PP (partido con el que tiene un acuerdo de legislatura y junto al que dispone de mayoría en la Mesa del Congreso) ha resultado clave.

La proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI fue registrada el pasado mes de mayo, tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque contaba, al menos sobre el papel, con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. No fue hasta el 19 de septiembre, sin embargo, cuando el pleno del Congreso debatió por primera vez la propuesta y votó su toma en consideración con los votos favorables, entre otros, de PSOE y Ciudadanos (aunque ambos anunciaron enmiendas). Y con la abstención del PP, a pesar de que este partido se había sumado en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP en la manifestación del Orgullo 2017, y que los populares han roto de forma descarada.

Desde entonces la Mesa del Congreso ha decidido una docena de veces ampliar el plazo de presentación de enmiendas, generando una situación de bloqueo que se ha prolongado varios meses. El PP decidía finalmente presentar una enmienda a la totalidad y proponía como alternativa una ley “florero”, consistente en una mera declaración de intenciones sin medidas efectivas ni capítulo sancionador. El pasado día 22 el pleno del Congreso rechazaba la enmienda popular por 207 votos contra 131. Se abría entonces un nuevo plazo de enmiendas al articulado que finalizaba este martes y que la Mesa del Congreso ya no ha prolongado. La proposición queda por fin lista para su discusión.

Por lo que se refiere a la proposición socialista sobre identidad de género, que elimina la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial), la iniciativa fue registrada en febrero, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP.

Posteriormente, y de la misma forma que describíamos antes, la Mesa del Congreso ha mantenido paralizado el proceso mediante sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas (cuatro, en este caso). Hasta este martes, cuando se ponía fin a este periodo sin que se haya presentado ninguna enmienda a la totalidad, abriéndose ahora el plazo de enmiendas al articulado que finaliza el 6 de marzo. Un plazo que en buena lógica no debería ampliarse más, dado que se trata de una proposición de ley más sencilla que la anterior. Así lo destacaba en Twitter Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid y que lleva más de un año batallando por la aprobación de esta reforma:

Hoy #Extremis con la presión de colectivos x fin se ha cerrado plazo enmiendas a totalidad #ReformaLeyTrans2007, paralizada en 1º fase con 5 ampliaciones, ahora se abre plazo enmiendas articulado hasta 6 marzo, tiempo + q sobrado para Ley 3 paginas, menores no pueden esperar + ¡ pic.twitter.com/hXLroWkWfQ

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 27 de febrero de 2018

En definitiva, después de meses de espera ambas proposiciones de ley encaran su recta final. Las dos iniciativas consiguen por fin zafarse del bloqueo legislativo que sufre el Congreso, facilitado por la composición de la Mesa: tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, este órgano, que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

En definitiva, ante la negativa del PP a permitir que se discutan numerosas iniciativas de la oposición, es Ciudadanos quien tiene la llave. La decisión de los de Albert Rivera de marcar en este momento distancias con el PP, permitiendo el desbloqueo de varias proposiciones (como por ejemplo la de la reforma de la conocida como “ley mordaza”) ha sido clave.

Seguiremos con atención la próxima evolución de ambas iniciativas (que por cierto no deben confundirse con otra proposición más reciente, la de ley integral de transexualidad registrada la pasada semana por Unidos Podemos, y de la que hablaremos en una próxima entrada).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Andrea Levy, Carla Antonelli, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, En Comú Podem, En Marea, FELGTB, Javier Maroto, Jesús Generelo, LGTBfobia, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos

Los parlamentarios han recordado en sus intervenciones a Ekai, el joven trans que se suicidó el pasado 15 de febrero en Ondarroa (Vizcaya)  y han deseado que no haya más víctimas por ese motivo.

La Ley de Igualdad LGTB podría ver la luz este verano, a tiempo para la celebración del Orgullo.Se hicieron la foto en el WorldPride Madrid 2017.

Prometieron apoyar la ley contra la LGTBIfobia… pero a la hora de la verdad han presentado una enmienda a la totalidad. El Partido Popular ha jugado, una vez más, con el colectivo LGTBI. Pero, esta vez, han perdido. Se han quedado solos. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado hoy la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado a la proposición de Ley de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, que continúa así su tramitación.

El Pleno aprobó la toma en consideración de esta proposición de ley el pasado 19 de septiembre de 2017, pero el Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad de esta iniciativa que ha defendido hoy en Pleno, con un texto alternativo que es el que hoy se ha votado con resultado desfavorable para el PP.

El Congreso, con el voto de todos los grupos de la oposición, ha rechazado el texto alternativo del PP a la ley LGTBI de Podemos, por considerar que es una propuesta vacía y ofensiva para las víctimas, como Ekai, el adolescente transexual que se suicidó en Euskadi.

Durante el debate el Pleno del Congreso de los Diputados, los grupos de la oposición han pedido al PP que retire su enmienda a la totalidad, que ha obtenido 207 votos en contra y solo 131 a favor, y han propuesto que presente sus propuestas de cambio a través de enmiendas a la ley de Igualdad LGTBI.

Representantes de la FELGTB, que han asistido al debate aunque se han retirado durante la intervención del PP, han celebrado que haya “triunfado la razón y el sentido común”, porque suponía una “ofensa”, especialmente para el colectivo trans porque no reconoce el “derecho histórico” a que la transexualidad deje de ser considerada una enfermedad.

Su presidente, Jesús Generelo, ha subrayado que “esta enmienda a la totalidad no debería de haberse producido nunca porque había un gran consenso”.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha justificado que su partido haya rechazado la proposición de ley LGTB de Podemos por las “barbaridades” que incluye, como la de permitir cerrar medios de comunicación que difundan algo en contra del colectivo.

En los pasillos del Congreso, Maroto ha asegurado que el PP “no tiene ningún problema” con el colectivo LGTB pero la propuesta de Podemos “se equivoca” en algunas cuestiones, y ha reprochado al PSOE y Cs por apoyar la iniciativa pese a que en privado están de acuerdo en los errores que incluye.

Entre ellos se ha referido a la posibilidad de poder cerrar medios de comunicación que “digan algo en contra del colectivo”, y también ha criticado que el texto incluya la posibilidad de quitar la custodia a los padres que no autoricen a sus hijos el cambio de género, ya que se trata de cuestiones “muy importantes” que se “deben tratar en familia”.

El PP se ha quedado hoy solo como único partido contrario a la propuesta de Podemos y ha visto como el resto del arco parlamentario ha rechazado su enmienda a la totalidad.

Una enmienda que Maroto ha destacado porque incluía una proposición alternativa, que era además, ha dicho, la primera del PP sobre el colectivo LGTB, al que su partido, ha asegurado, defiende.

La ley en defensa del colectivo LGTBI sigue, por tanto, su trámite parlamentario. Y no gracias al PP. Que no se le olvide a nadie cuando en el próximo Orgullo quieran desfilar, tener carroza y hacerse la foto.

La #LeyIgualdadLGTBI de los colectivos #LGTBI, #ONGS y sindicatos ha dado hoy gran paso adelante. La enmienda a la totalidad de @GPPopular no ha entrado a trámite. Gracias a todxs pic.twitter.com/wkdXpZ5FQr

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 22 de febrero de 2018

Fuente Agencias, vía AmbienteG

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, FELGTB, Homofobia/Transfobia, Javier Maroto, Podemos, PP, PSOE

ACTUALIZACIÓN (23/02/2018)

Finalmente, la Mesa del Congreso de los Diputados ha decidido volver a ampliar el plazo de enmiendas de la reforma de la Ley 3/2007 hasta el 27 de febrero. Es ya el quinto aplazamiento desde el pasado mes de noviembre. Recordamos que, mediante dicha reforma, se permitirá la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, se modificarán las exigencias establecidas en el artículo 4 respecto al registro del cambio de sexo (despatologizando la transexualidad) y se posibilitarán medidas para mejorar la integración de las personas extranjeras residentes en España (página 11 del PDF publicado por el Congreso). La diputada madrileña y activista trans Carla Antonelli insiste en la idea del “secuestro para una ley de dos páginas de artículos”, con los votos del PP y Ciudadanos (que tienen mayoría en la Mesa del Congreso). Antonelli también remarca que “los menores trans no pueden esperar un día más”.

***

Este martes, 20 de febrero, la Mesa del Congreso de los Diputados debe pronunciarse sobre el cierre del plazo de enmiendas para la reforma de la anacrónica Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas y más conocida como “ley de identidad de género”. El pasado mes de noviembre, el Congreso aprobó iniciar la reforma de la citada norma con la oposición del PP. Desde entonces, como denuncia Carla Antonelli, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, el proceso está encallado y la Mesa del Congreso no acaba de fijar un plazo de cierre para la presentación de enmiendas y que, de este modo, la reforma pueda seguir el correspondiente proceso parlamentario. Según alega Antonelli, la reforma “se encuentra secuestrada” por el PP y Ciudadanos, a pesar de que “tiene cuatro páginas solamente”.

Como recogíamos en noviembre, una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente su identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). Pero hasta llegar ahí debe superar una serie de trámites y procesos parlamentarios (tanto en el Congreso como en el Senado).

En palabras de la socialista Carla Antonelli, “los menores transexuales no pueden esperar ni un día más esta agónica dilación interesada por parte de los componentes de los grupos parlamentario Ciudadanos y Partido Popular de la Mesa del Congreso de los Diputados”. Tanto el grupo parlamentario socialista como el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han manifestado que están de acuerdo en cerrar ya el plazo de enmiendas para una reforma que consta solo de cuatro páginas, de las cuales ni dos corresponden al articulado.

En este sentido, la activista alega que “no puede pasar ni una sola semana más sin que la Mesa del Congreso de los Diputados cierre el plazo de enmiendas para que la reforma de la Ley 3/2007 continúe con su trámite parlamentario y poder entrar finalmente en vigor”. Y aunque dice que “del Partido Popular poco o nada se puede esperar”, la cuestión es, a su juicio, por qué “el Grupo Parlamentario Ciudadanos es participe de este secuestro y boicot a una normativa que solo respeta los derechos humanos de las personas transexuales, cuando ellos en su toma en consideración votaron a favor de la misma”.

Tras el pacto alcanzado en julio de 2016 entre PP y Ciudadanos, la Mesa del Congreso, órgano que controla de facto el ritmo legislativo de la Cámara, cuenta con tres representantes del PP (entre ellos la presidenta), dos de Ciudadanos (entre ellos el vicepresidente primero), dos socialistas y dos del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Un reparto para el que curiosamente PP y Ciudadanos contaron con el apoyo de varios votos nacionalistas.

Despatologización de la transexualidad e inclusión de menores

La proposición de ley elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

Registro de la proposición de ley integral de transexualidad

Por otra parte, Unidos Podemos registrará en el Congreso este viernes (23 de febrero) otra propuesta legislativa a favor de las personas trans. Se trata de la primera proposición de ley integral de transexualidad e intersexualidad de carácter estatal. “Esta ley es una propuesta robusta, nacida del consenso y del respaldo de 150 organizaciones, y es una respuesta integral. Aunque siempre es positivo que se aprueben leyes de igualdad, en este caso, nosotros necesitamos no solo reconocimiento y garantías, sino también comer. La exclusión laboral y precariedad extrema que viven muchos transexuales es también una forma de violencia, que no debemos consentir”, argumenta en una entrevista Mar Cambrollé, presidenta de la Plataforma por los Derechos Trans.

Cambrollé considera que “en esta ley destaca la presencia de un marco jurídico que fomenta políticas públicas encaminadas a favorecer la inserción laboral porque los transexuales sufrimos exclusión laboral y necesitamos políticas activas de empleo. A este respecto, la ley propone reservar un cupo laboral del 1% en empleo público y privado”. La activista explica, además, que la nueva norma es igual de importante que la reforma de la Ley 3/2007, ya que la legislación todavía vigente “atenta contra los derechos humanos, convierte un trámite administrativo en un procedimiento médico y excluye a los menores e inmigrantes”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Carla Antonelli, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, En Comú Podem, En Marea, España, Identidad de género, Mar Cambrollé, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Unidos Podemos

El jefe del Ejecutivo riojano ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, ha comunicado hoy que el Grupo Parlamentario Popular registró ayer en la Cámara regional la retirada de su solicitud de la comparecencia de María Elósegui como experta en la redacción de la futura Ley de Igualdad de La Rioja.

Ceniceros ha intervenido en el pleno del Parlamento de La Rioja para responder a una pregunta del diputado de Podemos Juan Calvo sobre la petición de la comparecencia de esta jurista como experta.

El jefe del Ejecutivo regional ha justificado la renuncia a la participación de Elósegui en la ponencia de esa ley en su reciente nombramiento como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También ha considerado que “no debería proceder la formulación de esta pregunta” porque él acude al Parlamento a someterse al control de la acción del Gobierno. “No procede entrar en este apartado en el debate, se refiere a una determinación que ha tomado un grupo parlamentario, siempre contestaré gustosamente sobre las actuaciones del Gobierno, no de los grupos”, ha recalcado.

El parlamentario de la formación morada también ha considerado “preocupante” las reflexiones de Elósegui sobre el matrimonio igualitario y que califique como “promiscuas” a las personas LGTBI. Ha emplazado a Ceniceros a manifestar su opinión sobre la homofobia y la transfobia porque la rectificación al retirar la petición de comparecencia no supone que “no opinen igual” que ella. Además, ha dicho que Elósegui tenía que haber dimitido o haber sido relevada como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sus “lamentables” opiniones y por haber “falseado” su currículum.

Por su parte, la diputada socialista Ana Santos también ha preguntado en el pleno sobre esta petición de comparecencia, por parte del PP, de Elósegui; ante lo que la consejera de Presidencia, Begoña Martínez Arregui, se ha remitido a lo ya contestado por Ceniceros.

Santos, en su intervención, ha afirmado que no duda de la preparación y conocimientos de Elósegui, pero “su trayectoria está llana de prejuicios”; y ha dicho que al PSOE le “ha indignado” que el Grupo Popular designara entre los expertos a esta jueza, quien “apela a terapias psicológicas y psiquiátricas para curar la transexualidad”.

Ha preguntado al Grupo Popular cómo puede ser que apoye con su voto una campaña de sensibilización y normalización de la realidad LGTBi en el Parlamento de La Rioja y, por otro lago, proponga un perfil como experta a quien mantiene “postulados discriminatorios”.

Santos ha dicho que se caracteriza por su persistencia y hablará del colectivo LGTBI “hasta el último instante por los veinte años de silencio en este Parlamento”.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Ana Santos, Asamblea del Consejo de Europa, Begoña Martínez Arregui, Ciudadanos, Discriminación, Guido Raimondi, GYLDA, Jesús Garrido, José Ignacio Ceniceros, La Rioja, Ley de Igualdad, LGTBfobia, María Elósegui, Michele Nicoletti, Parlamento de La Rioja, Podemos, PP, PSOE, Transfobia, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unidos Podemos R

Los socialistas europeos inician una recogida de firmas en el Parlamento Europeo para exigir que María Elósegui se retracte de sus comentarios LGTBfóbicos.

Si la catedrática no reacciona, el PSOE enviará una carta exigiendo la revocación del nombramiento de Elósegui como jueza del TEDH.

El Partido Popular de La Rioja ha invitado a la María Elósegui, la catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Zaragoza cuyo pensamiento LGTBfobo saltó a los medios tras ser elegida jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales, cuya toma en consideración fue aprobada en noviembre con el voto favorable de PSOE, Ciudadanos y Podemos y la abstención de los populares. Un detalle nos llama la atención: la invitación a Elósegui fue hecha antes de que estallase la polémica, lo que a nuestro juicio sugiere que, al menos en parte, el Partido Popular conocía sus postulados. 

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado día 24 hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Lo sucedido desde entonces es bien conocido: PSOE y Unidos Podemos, por ejemplo, han pedido directamente el cese de Elósegui por el falseamiento del currículum, mientras que Ciudadanos ha criticado duramente su inclusión en la terna y ha pedido explicaciones al Gobierno. En change.org, por su parte, hay en marcha una petición de dimisión de Elósegui, dirida además a los representantes de España en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que hagan “haga todo lo que esté en su mano” para que no llegue a tomar posesión de su cargo. Y son solo algunas de las reacciones…

El PP de La Rioja ya había invitado a Elósegui como “experta” en transexualidad

Este miércoles, sin embargo, se añadía una pieza más al vodevil, al conocerse que María Elósegui ha sido invitada por el PP al Parlamento de La Rioja como “experta” para hacer aportaciones a la futura ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales. En noviembre, recordemos, el Parlamento riojano aprobaba la toma en consideración de una proposición de ley en ese sentido promovida por PSOE, Ciudadanos y Podemos, y ante la que los populares preferían abstenerse.

Una invitación que según el portavoz parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, fue anterior a que la LGTBfobia de Elósegui saltara a los medios. Según asegura el diario La Rioja, Garrido no ha aclarado si ahora se le retirará la invitación. “Podría ser, pero lo cierto es que no hemos tenido tiempo ni de planteárnoslo“, ha declarado. “La ahora juez de Estrasburgo supongo que tendrá una agenda muy complicada, pero lo que sí quiero dejar claro es que el criterio de elección, en su momento antes de hacerse públicas las supuestas manifestaciones que luego ha desmentido, fue por currículo científico”, añadía a este periódico.

El colectivo riojano Gylda ya ha expresado su absoluto rechazo a la presencia de Elósegui en el Parlamento regional, criticando además la actitud del PP por lo que la aprobación de la ley de transexualidad se refiere. “Gylda siempre se ha caracterizado por mantener un trato correcto con todas las fuerzas políticas y que continuaremos llevando a cabo, manteniendo reuniones, promoviendo iniciativas, etc. (…) Durante este último año, nuestra entidad ha mantenido varias reuniones con el PP, la última con su portavoz parlamentario don Jesús Garrido, en la que pudimos constatar el total desconocimiento de la realidad trans por parte de esta fuerza política, ofertándoles la posibilidad de reunirse con personas trans y especialmente, con madres y padres de menores trans para que pudieran conocer de primera mano su realidad, circunstancia que el PP no ha aceptado a día de hoy”, explican de hecho en su nota, en la que acusan además a este partido de querer dilatar los plazos para que acabe la legislatura sin que la ley sea aprobada.

En toda esta historia, lo que más nos llama la atención es el hecho de que el PP de La Rioja hubiera tramitado la invitación a Elósegui para opinar sobre una ley de transexualidad ANTES de que saltara a los medios la polémica sobre su LGTBfobia. Una circunstancia que nos hace pensar que ese partido (o al menos alguien en ese partido) era plenamente consciente de sus posicionamientos sobre el tema, “supuestamente” desconocidos por los partidos políticos hasta la semana pasada. Y es que, como ya resaltamos en la primera entrada que dedicamos al tema (un día antes que los medios generalistas) es al referirse a la transexualidad cuando Elósegui expresa sus opiniones más extremas. Nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTubede Una Mujer Una Voz.

En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

Es grave que alguien como Elósegui vaya a ocupar una plaza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero también es muy grave que en pleno 2018, casi trece años después de que el PP invitara a Aquilino Polaino al Senado de España para insultar a las personas homosexuales, haga lo mismo en La Rioja con las personas transexuales. Y de forma a todas luces consciente: si el PP no conocía las opiniones de Elósegui sobre las personas transexuales ¿para qué la invitó a una ley dedicada a este colectivo?

El PSOE inicia una campaña europea para revocar su nombramiento

Pues mientras el mismo PP invita a esta mujer a participar en la redacción de la Ley Integral Trans de la Rioja desde el PSOE han empezado una campaña a nivel europeo contra su nombramiento. Los diputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo han iniciado una recogida de firmas para exigir a Elósegui que se retracte de sus declaraciones pasadas sobre el colectivo LGTB+. Entre las cosas que esta mujer nos ha ido dedicando está, por ejemplo, su idea de que una persona trans lo que tiene que hacer es buscar ayuda psicológica en lugar de vivir en contra de su “biología”, que los homosexuales no es que estemos enfermos pero sí que transmitimos muchas enfermedades y sufrimos varias patologías o que el preservativo es malo porque eso hace que los violadores violen más.

Si Elósegui no se retractara de esas declaraciones, los socialistas europeos enviarán una carta a Michele Nicoletti, presidente de la Asamblea del Consejo de Europa, y a Guido Raimondi, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para exigir que se revoque su nombramiento.

Por respeto a todo lo que el colectivo LGTB+ y las mujeres han sufrido y siguen sufriendo por culpa de personas con las ideas de Elósegui su nombramiento ni siquiera debería haber sido propuesto.

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Al parecer, el Partido Popular de Torremolinos distingue entre “gais serios y formales” y gais “de baja estopa” (decimos estopa en lugar de estofa por respetar el original…). Así se deduce del texto publicado en su Facebook, en el que criticaba la gestión turística del Ayuntamiento de la ciudad malagueña, gobernado desde 2015 por el PSOE andaluz tras perder el PP la mayoría absoluta y obtener el respaldo de Ciudadanos, Costa del Sol Sí Puede e Izquierda Unida.

Ha sido el periodista Alberto Gómez el que nos ha hecho descubrir algo que… no nos ha sorprendido nada. Alberto ha publicado en su Twitter una nota de prensa enviada por el equipo del Partido Popular de Torremolinos en la que analizan los resultados turísticos de Torremolinos en 2017. Según el Partido Popular el turismo en Torremolinos está fatal. Dicen que la culpa es del PSOE, de haber perdido la segunda mejor feria turística de España, de haber eliminado el Campeonato de Europa de Baile que atraía a 5000 personas, de haber dejado decaer el Palacio de Congresos y las instalaciones deportivas. Echan también la culpa a haber dejado de lado a FITUR… Y al final se preguntan si el declive del turismo en la ciudad no es también culpa de los homosexuales. Pero de los homosexuales malos. De los que dan vergüenza. De las travestis, los que tienen pluma… Vamos, de la chusma:

En una nota de prensa, el PP de Torremolinos distingue entre gays «serios y formales» y el resto y asegura que el turismo LGTBI «ahuyenta el turismo familiar». Año 2018. @PPMalaga @PPopular pic.twitter.com/kMbMMhfGbR

— Alberto Gómez (@agalmendres) 25 de enero de 2018

En primer lugar, el texto de la polémica, tomado literamente de la mencionada entrada en Facebook:

¿A quién le puede extrañar si es que no nos acordamos que el PSOE suprimió de raíz las promociones que hacíamos en las capitales de provincia de toda España? ¿O que hemos tirado por la borda EUROAL, la segunda mejor Feria Turística de España después de FITUR? ¿O que hemos eliminado el Campeonato de Europa de Baile que atraía a 5.000 personas durante una semana ¿O el decaimiento de eventos en nuestro Palacio de Congresos? ¿O el fuerte descenso de turistas que han dejado de utilizar nuestras instalaciones deportivas por el pésimo mantenimiento de las mismas? ¿O la supresión de la promoción en FITUR cuyo eco se reflejaba durante tres días en TV1, Antena 3 y Tele 5? ¿O promocionar solo un turismo Gay de baja estopa que ahuyenta el Turismo Familiar y rechazan los propios Gays serios y formales que siempre se han sentido a gusto en Torremolinos?

En este punto, conviene recordar la actuación del PP cuando aún gobernaba Torremolinos. Fue en 2014, cuando el Ayuntamiento prohibió la celebración del “Orgullo Solidario”, un evento que pretendía servir de colofón a una campaña de recogida de alimentos emprendida por activistas LGTB y empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad, por incluir actuaciones de transformistas, al considerar que estos artistas “no dan buena imagen”. Una prohibición que acabó desembocando en la celebración, a modo de protesta, del “Día Internacional del Transformismo” con la participación de numerosos transformistas que quisieron expresar su rechazo a la posición del entonces alcalde, Pedro Fernández Montes, que sigue siendo a día de hoy presidente del PP local, que vive en cualquier caso una fuerte división entre sus partidarios y los de  Margarita del Cid, recientemente confirmada como próxima candidata popular a la alcaldía.

Se da la circunstancia, además, de que desde la actual corporación municipal en efecto se ha hecho un esfuerzo de promoción del turismo LGTB, que por otra parte es tradicional en Torremolinos desde hace décadas. Torremolinos ha participado en las últimas ediciones de FITUR LGBT y fue sede a finales del año pasado del I Encuentro Internacional de Turismo LGTBI de Andalucía. Una promoción que por lo que parece no es del agrado de los populares de la localidad (lo que no deja de ser sorprendente, si se tiene en cuenta la supuesta defensa del empresariado de la que los conservadores presumen…).

Ante el revuelo que el texto publicado en el Facebook del PP ha levantado, el propio partido ha publicado una especie de “rectificación” en la misma red social, firmada por el propio Fernández Montes, que (cómo no) asegura tener amigos gais… La reproducimos, también literalmente:

Quiero salir al paso de las interpretaciones que se han dado sobre la promoción de turismo Gay de baja estopa que no tiene otro sentido que turismo barato, que es lo único que el ayuntamiento ha promocionado en FITUR, lo que ha sido objeto de crítica general incluido Gays que viven en Torremolinos .

Nada de homofobia, desde muy joven he convivido en Torremolinos con amigos y conocidos Gays y de hecho en la anterior legislatura tuve una concejala Gay y en las listas de 2015, figuraban tres personas Gays.

Lo que no quiero para Torremolinos es un turismo Low Cost , sino que se debe promocionar toda clase de segmento turístico incluido LGTB, siempre dirigido a una clase media o alta porque no podemos quedarnos de brazos cruzados ante el hecho de que de cada cuatro españoles que pernoctaron en Torremolinos en 2016, uno ha dejado de venir en 2017.

Lamento si alguien se ha sentido aludido.

Casi que preferimos no opinar…

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

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El Partido Popular lo ha vuelto a hacer, por tercera vez en solo unas pocas semanas: tras incumplir su compromiso de apoyar una ley estatal de igualdad LGTBI y de actualizar la ley de identidad de género en sentido despatologizador, en ambos casos en el Congreso de los Diputados, ahora es la prometida ley de igualdad y diversidad sexual de Castilla y León a la que los populares dan la espalda.

Hace ya un año que diferentes colectivos de Castilla y León (FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo) presentaron en las Cortes regionales su propuesta. Utilizaba como base una ley muy similar, promovida en Extremadura por el PP cuando gobernada aquella comunidad, y aprobada en marzo de 2015 por unanimidad de todos los grupos presentes entonces en el Parlamento extremeño. Todo un guiño a los populares, con el objetivo de conseguir que estos se sumaran al consenso. Y así parecía que iba a ser: tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, habían expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo, al menos tras perder en 2015 la mayoría absoluta de la que disponían en el Parlamento regional. En febrero de este año, de hecho, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, anunciaba el compromiso del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley.

De hecho, durante todo este tiempo se ha trabajado en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos LGTB castellano-leoneses, de hecho, hicieron concesiones “dolorosas” sobre la propuesta inicial, en palabras del presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero. Álvaro Escudero, de Valladolid Diversa, ha denunciado que además el PP había asumido como propias peticiones de grupos ultraconservadores, como habilitar baños específicos para personas trans en centros de enseñanza o eliminar contenidos sobre diversidad de género en los programas educativos. Inclusiones rechazadas por los colectivos, que a pesar de ello se mantenían esperanzados de que la tramitación del proyecto se iniciase en 2017, tal y como la Junta de Castilla y León se había comprometido.

Finalmente, los colectivos castellano-leoneses recibían la pasada semana la confirmación por parte de la Junta de que el proceso quedaba detenido. El argumento esgrimido por la Junta es que ya se ha iniciado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley estatal de igualdad LGTBI. La noticia coincidía, paradójicamente, con la aprobación en el Parlamento andaluz de una ley similar con la unanimidad de todos los grupos políticos.

Los colectivos castellano-leoneses, muy decepcionados con la actitud del PP regional, han anunciado ya que cuentan con el apoyo del resto de las formaciones políticas representadas en las Cortes de Castilla y León para que el texto pueda tramitarse por una nueva vía. Será de la mano de una proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Las Cortes de Castilla y León, recordemos, cuentan con 84 procuradores, de los cuales el PP tiene 42, el PSOE 25, Podemos 10, Ciudadanos 5 e IU-Equo y UPL uno cada uno. El texto que se presentará incluirá los puntos que ya se habían acordado con la Junta, aunque no las aportaciones sugeridas por grupos ultraconservadores. Los representantes de los colectivos, de hecho, estuvieron respaldados en rueda de prensa por los procuradores Álvaro Lora (PSOE), Laura Domínguez (Podemos), Belén Rosado (Ciudadanos) y José Sarrión (IU-Equo). El representante de la UPL no pudo asistir, pero también se ha sumado al compromiso.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Veremos qué sucede finalmente. En cualquier caso, lo sucedido es una nueva muestra del escaso valor de la palabra del PP, un partido que el pasado mes de junio se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Es cierto que aquel compromiso no incluía referencias explícitas a Castillay León, pero también lo es que los populares sí se había comprometido a nivel regional con los colectivos de esa comunidad con un texto similar al que ellos mismos promovieron en su momento en Extremadura.

Gracias a sus buenas palabras, Javier Maroto y Andrea Levy consiguieron estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride. No parece que merezcan repetir.

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Si no se cataloga el VIH como infectotransmisible, en lugar de infectocontagioso, continuará la discriminación en otros servicios municipales.

CESIDA solicita que esta exclusión se amplíe al resto de ordenanzas que impiden o dificultan el acceso a las personas con VIH a otros servicios municipales.

(Nota de prensa)

La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) ha celebrado la decisión anunciada por el concejal delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, de modificar el artículo 28.3.D de la ordenanza del taxi por la que se impide a personas con VIH obtener la licencia y ejercer como profesionales del sector. El anuncio se ha hecho durante la Comisión de Salud del consistorio madrileño a iniciativa de la concejal de Ciudadanos Ana María Domínguez.

En 2012 el Ayuntamiento de Madrid revisó la ordenanza que regula las concesiones de licencias de Taxi en la ciudad y mantuvo este impedimento, dejando sin posibilidades de obtener licencias a personas que tienen VIH y sida. Una decisión que no respondía a criterios científicos y que ahondaba en la discriminación y la exclusión laboral de las personas seropositivas.

Para CESIDA, lo más sorprendente era sin duda que mantenía la exclusión de las personas que padezcan “enfermedad infecto-contagiosa o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión”, lo que al parecer incluye a las personas con VIH. Un anacronismo que ya es grave que hubiera pervivido hasta ahora, pero que resultaba incomprensible que no se hubiera eliminado o matizado con ocasión de la renovación de la normativa.

Ramón Espacio, presidente de CESIDA, ha declarado que “Pese a que no se demande la prueba del VIH, sí está en las ordenanzas el impedimento de acceder a cualquier persona con una enfermedad infectocontagiosa aunque no se pida un certificado. Y hasta que no se modifique la inadecuada catalogación del VIH, tira para atrás a las personas seropositivas si no se excluye explícitamente de esta limitación al VIH. Este impedimento era propio de otro tiempo, ahonda en los prejuicios y fomenta la discriminación hacia las personas con este virus, por lo que celebramos que se vaya a excluir de una vez por todas”.

Por su parte, la presidenta de Apoyo Positivo, Reyes Velayos, ha mostrado su satisfacción “Por una medida por la que tanto hemos trabajado desde CESIDA y Apoyo Positivo y que por fin va a solucionarse. Agradecemos al Ayuntamiento de Madrid, al concejal Barbero, así como a la concejal de Ciudadanos Ana María Domínguez su iniciativa, y a los grupos municipales de Ahora Madrid y PSOE que la han apoyado, para acabar con la discriminación y el prejuicio hacia las personas que tienen el VIH”.

Esta medida es también resultado de la adhesión del consistorio madrileño a la declaración de París, a propuesta de Ciudadanos, que fue aprobada por unanimidad por todos los grupos municipales hace dos años.

CESIDA recuerda que la incorrecta catalogación del VIH como enfermedad infectocontagiosa en lugar de infectotransmisible, como ha resaltado el propio Ayuntamiento a través del concejal Barbero, impide o dificulta el acceso de las personas con el VIH a otros servicios tales como centros de día, de mayores, instalaciones deportivas o piscinas municipales entre otros, por lo que reclama que la eliminación de esta exclusión se amplíe al resto de ordenanzas que rigen estos servicios.

Fuente CESIDA

General Ahora Madrid, Ana María Domínguez, Apoyo Positivo, Ayuntamiento de Madrid, Ciudadanos, Javier Barbero, Madrid, PSOE, Ramón Espacio, Reyes Velayos, Serofobia, Taxis, VIH/SIDA

El Parlamento de La Rioja ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley de igualdad, reconocimiento a la identidad de género y derechos de las personas transexuales presentada por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos. El Partido Popular, que ya no dispone de la mayoría absoluta en la cámara riojana, ha preferido abstenerse. 

La Rioja, una comunidad atrasada respecto a otras por lo que al reconocimiento de los derechos LGTBI a escala autonómica se refiere, da un paso de gigante con la tramitación de la iniciativa. Es sin duda una excelente noticia, que esperamos se vea culminada tras el correspondiente proceso parlamentario. Representantes de los colectivos Marea Arcoíris, Gylda y Chrysallis, presentes en el Parlamento regional, desplegaron banderas trans para celebrar el momento, aunque confían en que el proyecto sea todavía mejorado en su tramitación parlamentaria. “Ahora se abre la fase de enmiendas, que mejorarán esta proposición de ley, haciéndola una de las leyes por los derechos de las personas transexuales más avanzada del estado, primando sobre todo los derechos de las niñas y niños trans”, expresaba en Twitter Marea Arcoíris.

Frente a las felicitaciones de los representantes de PSOE, Ciudadanos y Podemos, la parlamentaria del Partido Popular Noemí Manzanos se lamentaba de “no haber sido invitados a formar parte de esta iniciativa”, sobre cuya tramitación su formación se ha abstenido. Lamentos que el activista riojano José Urbaneja reprochaba en Twitter: “Sí se os ha invitado a colaborar con los colectivos LGTB+, en esta y otras iniciativas, y nunca habéis venido a las reuniones”, aseguraba. “No se puede mentir con tanto descaro. Porque las palabras se las lleva el viento, pero los correos electrónicos invitando a su formación a las mesas de trabajo sobre materia LGTB+ son una realidad que existen”, añadía en tuits posteriores.

Seguimos a la espera de una ley estatal

La tramitación de la proposicion de ley en La Rioja es una magnífica noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria, la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades), la madrileña o la valenciana. En cualquier caso, con independencia de las diferentes leyes que sobre esta materia aprueben las comunidades autónomas, queda pendiente a nivel estatal la actualización de la obsoleta ley española de identidad de género, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez, y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal.

Seguimos a la espera, por tanto, de la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Una ley que entonces significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es un texto absolutamente desfasado que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (hasta el Tribunal Supremo ha cuestionado en el pasado su constitucionalidad por ese motivo). En este sentido, ya el pasado mes de febrero el grupo socialista del Congreso registró una propuesta de actualización, que a día de hoy sigue sin producirse.

También estamos a la espera, por cierto, de que avance la tramitación del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB, presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y que el pasado septiembre el Congreso aprobaba tomar en consideración, también con el apoyo de PSOE y Ciudadanos (además de otros grupos minoritarios) y también con la abstención del Partido Popular. Un proyecto que cuenta en su articulado con disposiciones a favor de las personas trans en materia educativa, sanitaria o laboral.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Chrysallis, Ciudadanos, Discriminación, GYLDA, José Urbaneja, La Rioja, Marea Arcoíris, Noemí Manzanos, Parlamento de La Rioja, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad

El Partido Popular es el único partido que vota en contra (¡SORPRESA!) de la propuesta del PSOE para actualizar la Ley Trans de 2007.

Las nuevas medidas buscan despatologizar la transexualidad y reconocer la autodeterminación de género de todas las personas mayores de 16 años.

El PSOE presentaba el 3 de marzo una Proposición de Ley con el objetivo de reformar la Ley 3/2007, mediante la que se regula la rectificación del género en el Registro Civil con el objetivo de incluir tres modificaciones sustanciales que se han estado debatiendo desde este martes, 28 de noviembre. Con el apoyo de Unidos Podemos, Ciudadanos y los grupos nacionalistas, salvo un voto de UPN y Foro Asturias, que han votado en contra, como también ha hecho en bloque el PP, este jueves, 30 de noviembre, se aprobaba la reforma con 203 votos a favor y 130 en contra.

En febrero de 2017 te contábamos que la diputada del PSOE, Dolores Galovart, presentó en el Congreso una iniciativa para actualizar la Ley Trans aprobada en 2007. Entre las medidas que proponía actualizar el PSOE estaba una importantísima: la despatologización de la transexualidad. ¿Cómo? Pues muy fácil: eliminando la necesidad de que existiera un diagnóstico de “disforia de género” para poder cambiar tu nombre y sexo en el registro. Y no solo eso, tampoco haría falta acreditar haberse sometido a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo (ni cirugías ni terapias hormonales ni nada) para poder hacer ese cambio. Reconociendo así el derecho a la autodeterminación del género. Otras cosa importante que proponía esa actualización era que las personas mayores de 16 años pudieran solicitar ese cambio ellos mismos y, en el caso de los menores, deberían hacerlo sus padres o tutores legales. Si había disconformidad el menor podría presentar una solicitud en el Ministerio Fiscal para que un juez decidiera teniendo siempre en cuenta el interés del menor.También podrían solicitarla las personas extranjeras cuya residencia legal esté en España para así actualizar su tarjeta de residencia y sus permisos de trabajo y que quedara reflejada su verdadera identidad.

Bueno, pues esta propuesta llegó el pasado jueves al Congreso y su toma en consideración ha sido aprobada con una inmensa mayoría de votos. 200, ahí es nada.

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la toma en consideración de la proposición de ley que actualiza la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas).

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

Tras el debate de este martes, 28 de noviembre, la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

ACTUALIZACIÓN (sábado, 02 de Diciembre)

No ha habido sorpresas tras la votación, que había sido pospuesta hasta este jueves. Tal y como estaba previsto, el grupo popular, además de un diputado de Unión del Pueblo Navarro y otro de Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el PP en las últimas elecciones) se han opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley, que pese a todo ha sido aprobada por 200 votos a favor y 128 en contra:

El #Pleno da el primer paso para la #ReformaLeyTRANS2007 propuesta por @gpscongreso que permite a los menores transexuales la modificación registral de sexo y nombre 📝 NdP: https://t.co/5AnRWljpzW pic.twitter.com/5jaC1b2JEX

— Congreso (@Congreso_Es) 30 de noviembre de 2017

«Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de los derechos de las personas transexuales», declara María Dolores Galovart, que había defendido la Propuesta de Ley este martes. Tres son los principales cambios que establece esta reforma:

1. A partir de los 16 años de edad, las personas transexuales podrán presentar la solicitud del cambio de nombre y género ellos mismos a través del Ministerio Fiscal, de forma que un juez resolvería el procedimiento «teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor», en el caso que uno de sus padres o ambos no hubieran dado su consentimiento, siendo ellos quienes podrían solicitarlo para los menores de 16 años.

2. La autodeterminación personal se convierte en el único requisito para demostrar la identidad sexual, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos que indiquen que padecen disforia de género en lo que constituye la despatologización definitiva de la transexualidad al dejar de ser considerados «enfermos».

3. Las personas transexuales extranjeras que tengan el permiso de residencia también podrán modificar su nombre y género, tanto en el permiso de residencia como en el de trabajo, con sólo solicitarlo.

«Con esta reforma se supera una legislación que consideraba la transexualidad como un trastorno mental, al exigir para el cambio de género informes médicos sobre la existencia de una distrofia de género, además de los tratamientos médicos para llevar a cabo este proceso biológicamente (…). Un instrumento útil y necesario para mejorar la vida y hacer más felices a las personas transexuales », señala Galovart durante el debate de la reforma.

«Debemos superar una sociedad heteronormativa y binaria para poder ser libres de ser quienes somos independientemente del sexo que se nos asignó al nacer», declara Teresa Jordà, diputada de ERC, quienes junto a Unidos Podemos, consideran la reforma insuficiente y reclaman la puesta en marcha de una ley integral que luche contra la transfobia y aborde las necesidades de las personas transexuales en aspectos como la educación y los ámbitos laborales y sanitarios.

La excusa del PP para no apoyar esta reforma es que no podían hacerlo «tal y como está planteada» al no plantear seguridad jurídica a las personas menores de edad, según su punto de vista, así como consideran de más que los extranjeros puedan cambiar el género en su documentación española.

Efectivamente, como recuerdan en EstoyBailando, la gaviota ataca de nuevo.

Sí, Y es que… después de esto,  algunos pensaban que era imposible que el PP votara en contra de esta propuesta.

🏳️‍🌈 Estamos en la marcha del #WorldPrideMadrid apoyando los derechos LGTBI 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/ioFUmRxka6

— Partido Popular (@PPopular) 1 de julio de 2017

Será que España no es el “mundo”. O que era mentira. Pero no, seguro que no era mentira. No era un paripé. No se la colaron a FELGTB y COGAM. Seguro segurísimo que Andrea Levy y Maroto fueron porque de verdad creían en lo que ponía la pancarta. O a lo mejor es que no la leyeron.

Sea como sea, lo han hecho. Después de llevar la pancarta pidiendo que se reconocieran los derechos LGTBI en el mundo… han votado en contra de los derechos LGTBI en el Congreso. La T, Andrea Levy es de TRANS; que a lo mejor te dormiste el día que explicaban eso y por eso os habéis liado.

Y, como siempre, se han inventado una excusa maravillosa. Porque otra cosa, pero excusas tienen para dar y regalar. Esta vez dicen que votan en contra porque la nueva iniciativa no garantiza la seguridad jurídica de los menores y creen que no debería incluir a los extranjeros.

Que es gracioso, Javier Maroto, porque lo de los extranjeros ya sabemos que no os gusta. Tú mismo ya has dejado claro que a xenófobo no te gana nadie (bueno sí, Albiol). Pero que ahora os preocupen los menores cuando no movisteis undedo para parar las campañas tránsfobas de Hazte Oír que negaban la existencia de menores trans…

Pues aunque todos los grupos de la oposición han votado a favor de la toma en consideración de esta reforma, desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana han reclamado además que se ponga en marcha de una vez una ley estatal integral de transexualidad como las que ya se han aprobado en diferentes parlamentos autonómicos. Con esas leyes se asegura, además de que las personas trans ven reconocida su igualdad y sus derechos, la lucha contra la transfobia por medio de protocolos y medidas concretas aplicadas tanto en el ámbito educativo como en el laboral como en el sanitario.

***

No obstante, conviene precisar que el éxito de esta votación en el Congreso no supone que la proposición de ley haya quedado definitivamente aprobada. Ahora comienza una andadura que la llevará, entre otros trámites, al Senado, cámara en la que el PP dispone de mayoría absoluta. Si los populares mantienen su negativa, el Senado rechazará la reforma, lo que obligará al Congreso a levantar el veto. Un largo camino al que por desgracia el colectivo LGTB ya está acostumbrado: ya sucedió con la ley de matrimonio igualitario en 2005, a la que el PP también se opuso.

Esta entrada fue publicada originalmente el 28 de noviembre, fecha en la que se debatió la toma en consideración. El 02 de Diciembre se ha procedido a su actualización, incluyendo el resultado final de la votación.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando/Universogay

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Argentina, Bélgica, Carla Antonelli, Ciudadanos, Colombia, Compromís, Dinamarca, En Comú Podem, En Marea, ERC, Escocia, España, Foro Asturias, Grecia, Identidad de género, Irlanda, Javier Maroto, Malta, María del Carmen Dueñas, María Dolores Galovart, Nepal, Noruega, Partido Demócrata Catalán, PNV, Portugal, PP, PSOE, Teresa Jordà, Transexualidad, Transgenerismo, Ttransfobia, Unidos Podemos, UPN

Nueve meses después de que el grupo socialista del Congreso la registrase (con la simbólica presencia de Carla Antonelli), por fin esta cámara ha debatido la proposición de actualización de la ya anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como “ley de identidad de género”. Solo el Partido Popular, entre las grandes formaciones políticas, ha rechazado apoyar la propuesta, que se votará el jueves, lo que asegura su aprobación. Una vez vigente la reforma, España se sumará (con retraso) al grupo de países que ya han despatologizado la transexualidad, y extenderá el derecho a ver reconocida legalmente tu identidad de género a los menores de edad (aunque manteniendo ciertas limitaciones jurídicas). 

La Proposición de Ley (que puedes descargar aquí) elimina definitivamente la necesidad de un diagnóstico de “disforia de género” para proceder a la rectificación registral. Para la misma no serán necesarios más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada y no se podría condicionar en ningún caso “a la acreditación de haberse sometido a ningún tipo de cirugías, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de cualquier tipo”.

Por lo que se refiere a la edad, la iniciativa contempla que “toda persona de nacionalidad española y con capacidad suficiente para ello podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo”. Los mayores de 16 años podrían efectuar la solicitud por sí mismos, mientras que los menores de esa edad y los incapacitados legalmente deberán hacerlo “a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la expresa conformidad del menor”. En caso de oposición de los progenitores, los menores podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal, en cuyo caso resolverá un juez, “teniendo siempre en cuenta el interés superior del menor”.

La proposición socialista también contempla que las personas extranjeras que no hayan podido o no puedan proceder a este trámite en sus países de origen y tengan residencia legal en España “podrán interesar la rectificación de la mención del sexo, el cambio del nombre en la tarjeta de residencia y, en su caso, en el permiso de trabajo que les hayan sido expedidos a fin de hacerlos corresponder con su verdadera identidad sexual y/o expresión de género”.

La Ley 3/2007, un texto envejecido prematuramente

La Ley 3/2007 demuestra un envejecimiento prematuro. Y es que cada vez es más numeroso el grupo de países que en esta materia han adelantado a España, incorporando el principio de autodeterminación de género a su legislación. Es el caso, en Europa, de Bélgica, de Dinamarca, de Grecia, de Irlanda, de Malta o de Noruega. Y tanto Escocia como Portugal tienen previsto sumarse al grupo próximamente. En el continente americano, por su parte, destaca el antecedente de Argentina, cuya ley fue de hecho una de las pioneras en el proceso de desmedicalización del reconocimiento legal de la identidad de género. El gobierno de Colombia emitió en 2015 un decreto en el mismo sentido. Cambiando de continente, Nepal ha introducido en su nueva Constitución el derecho a decidir libremente el sexo que figura en los documentos oficiales, aunque desconocemos cómo se está implementando.

España, mientras tanto, había quedado “congelada” en el tiempo, al mantener como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigir (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque varias leyes posteriores de ámbito autonómico sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Y en el caso de los menores, todo quedaba hasta ahora a criterio del juez de turno.

El PP da la espalda de nuevo al colectivo LGTB

A la espera de la votación del jueves, tras el debate de este martes la aprobación de la reforma por el Congreso se da por segura, al contar con el apoyo de PSOE, del grupo grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Ciudadanos, de ERC, de Compromís, del PNV y del PDCat. El PP, sin embargo, ha anunciado a través de la diputada María del Carmen Dueñas que no apoyarán el texto por incluir la posibilidad de que los menores trans puedan modificar legalmente su identidad de género sin intervención judicial. “Que no se nos olvide que hablamos de menores y hay que ser muy cautelosos”, ha expresado Dueñas.

Se da la circunstancia, a este respecto, de que hasta el mismísimo Tribunal Supremo ha llegado a plantear ante el Tribunal Constitucional la posible inconstitucionalidad de la Ley 3/2007 por impedir a los menores transexuales ejercer su derecho a solicitar que su identidad de género sea legalmente reconocida. Fue en marzo de 2016, a través de un auto de su Sala de lo Civil que consideró que dicha negativa puede privar a las personas menores de edad de derechos fundamentales.

Si se confirma que el jueves el PP no vota a favor, será la segunda vez en pocos meses que este partido falta a la palabra dada el pasado junio, cuando se comprometió con la FELGTB a permitir la aprobación de la ley de igualdad LGTBI con un texto “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español” (el pasado septiembre se abstuvo cuando se votó su toma en consideración por el Congreso) así como a “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Fuente Dosmanzanas

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Iván Gelibter, periodista del diario Sur, firmó la información que destapó el denominado “caso Mijas”, un supuesto intento de compra de un concejal de Costa del Sol Sí Se Puede para conseguir, mediante una moción de censura, hacerse con el gobierno municipal de Mijas, gobernado desde hace un año por una coalición entre Ciudadanos y PSOE (acuerdo que se produjo después de la ruptura del anterior acuerdo entre Ciudadanos y el PP). El caso desembocó en la dimisión del concejal popular Santiago Martín, aunque el presidente local del partido (y alcalde de la localidad entre 2011 y 2015), Ángel Nozal, sí continúa como concejal, pese a estar implicado también en el escándalo. El caso se encuentra en la actualidad investigado por los tribunales para discernir su hubo comportamiento delictivo por parte de los ediles populares.

El caso es que Iván Gelibter, abiertamente gay (y que el pasado junio recibió un premio de manos de la Federación andaluza Arco Iris) ha denunciado ser fruto desde entonces de acoso. “Hace unos meses firmé en Diario SUR una información referente a un supuesto intento de compra de un concejal de CSSP en Mijas por parte del PP. En concreto hablaba de su presidente local y vicepresidente de la Mancomunidad de la Costa del Sol, Ángel Nozal, y de un edil que dimitió al día siguiente de publicar la información, Santiago Martín. Desde entonces, he recibido por parte de militantes y simpatizantes del PP de la localidad insultos en las calles, seguimientos hasta los baños del Ayuntamiento, lindezas en redes sociales, e incluso se han compartido fotos mías y de mi pareja por los distintos grupos de Facebook de demandas vecinales de Mijas”, ha explicado en Facebook.

La gota que colmaba el vaso se producía cuando el pasado viernes el periodista firmaba una nueva información en la que se limitaba a recoger que Santiago Martín, el concejal dimitido, protagonizaba una nueva campaña en vídeo del PP local. “Vídeo de Santi que le ha encantado a falconetti, un plumífero pendoncete”, era el texto abiertamente homófobo con el que Ángel Nozal compartía el vídeo de la campaña en redes sociales, y del cual Gelibter ha difundido pantallazo:

Según explica el periodista, “Falconetti” es el apodo con el cual Nozal se refiere a él (por la doble “t” de su segundo apellido: Iván Gelibter Barbotta). “Esta misma semana volvía a firmar una información en la que contaba que Santiago Martín protagonizaba una nueva campaña del PP pese a haber dimitido. Frente a esto, el señor Nozal ha usado el insulto homófobo para calificar mi información. Falconetti (por las dobles T de mi apellido) unido a ‘plumífero’ y ‘pendoncete’. La última vez que este individuo se dirigió a mí fue para pegarme un manotazo para evitar darme la mano”, explica en Facebook. “Homofobia en estado puro”, resumía en Twitter:

El presidente del PP de Mijas me llama “plumífero” para calificar una info q no le gusta. HOMOFOBIA EN ESTADO PURO https://t.co/2sE9hPQkLm pic.twitter.com/OZoml7yzra

— Iván Gelibter (@IvanGelibter) 24 de septiembre de 2017

“Me gustaría saber si el PP de Málaga va a seguir defendiendo las actuaciones de este señor o si piensa ponerle coto a esto. Además de este insulto homófobo, Nozal tiene cuatro imputaciones por diferentes supuestos delitos, que van desde el cohecho hasta la prevaricación. Yo soy simplemente un periodista que puedo realizar mejor o peor mi labor, pero que desde luego no merezco que se me ataque por mi orientación sexual. Y sobre todo, señor Nozal, la próxima vez que tenga que decirme algo, hágalo a la cara”, acaba preguntándose Gelibter en el texto que publicaba en Facebook.

Trasladamos toda nuestra solidaridad a Iván Gelibter.

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Ángel Nozal, Ciudadanos, Corrupción, Costa del Sol Sí Se Puede, diario Sur, Facebook, Homofobia, Iván Gelibter, Málaga, Mijas, PP, PSOE, Santiago Martín

Retorno al pasado: el PP opta por dar satisfacción a su base más conservadora e incumple su compromiso de apoyar la ley de igualdad LGTBI

El Congreso de los Diputados admite a trámite la Ley de Igualdad LGTBI presentada por FELGTB y Unidos Podemos que busca conseguir la igualdad real entre el colectivo LGTBI.

El Partido Popular, que se comprometió a aprobar esta norma a cambio de ir en la cabecera de la manifestación del World Pride, se abstiene aclarando que está totalmente en contra de la ley y presentará una enmienda a la totalidad.

El Congreso de los Diputados aprobó este martes, por 200 votos a favor, 2 en contra y 124 abstenciones, la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Partido Popular, faltando a la palabra dada en vísperas de la celebración del World Pride 2017, ha decidido abstenerse. No seremos nosotros los sorprendidos: la defensa de los derechos LGTB nunca ha formado parte del ideario real de ese partido, que en repetidas ocasiones en las que ha tenido oportunidad de mejorarlos ha optado por oponerse e inclinar la balanza hacia su base más conservadora. Lo más preocupante, en cualquier caso, es el tono tránsfobo que el PP y algunos medios afines abrazaron en esta primera jornada parlamentaria del proyecto, siguiendo la línea marcada por HazteOír y los grupos más ultraconservadores. El proyecto, con modificaciones, será seguramente aprobado, y eso será una buena noticia. Lo sucedido ayer, sin embargo, vuelve a poner en evidencia que el principal partido político de este país, incluso en sus momentos de supuesta mayor apertura, sigue carcomido por los prejuicios.

Un poco de historia

El pasado 4 de mayo, pocos días después de que la FELGTB celebrase su 25º aniversario, esta organización conseguía ver registrada en el Congreso una propuesta de ley “contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”, o más brevemente, de igualdad LGTBI. Lo hacía tras más de un año de trabajo en su elaboración. El registro formal lo hizo el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aunque el proyecto contaba con un amplio respaldo de los grupos políticos de la cámara, a los que ya había sido presentado en marzo por el presidente de la FELGTB, Jesús Generelo, en la Comisión de Igualdad. Solo el PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias (dos partidos regionalistas de derecha que se presentaron coaligados con el propio PP en las últimas elecciones) no expresaron entonces su apoyo al proyecto.

La alegría duraba poco. Apenas unos días después, el proyecto se había convertido en la “ley mordaza de Podemos” y recibía críticas tanto desde la derecha mediática (previsible) como de una parte del ámbito progresista. En este último caso, las críticas se centraban en el capítulo sancionador, al considerar que la propuesta, tal y como estaba redactada, suponía otorgar a la administración una capacidad sancionadora excesiva, que esta podría usar discrecionalmente sin tutela judicial (más allá de que cualquier decisión administrativa pueda ser finalmente recurrida ante los tribunales) y cuya constitucionalidad podría ser dudosa. No han faltado voces progresistas, de hecho, que han argumentado que el castigo contra las conductas discriminatorias por razón de orientación sexual o identidad de género debe reservarse a los jueces y ser contemplado, en todo caso, como parte del derecho penal.

No esta de más recordar, en este punto, que han sido ya aprobadas varias leyes autonómicas de protección de las personas LGTBI con capítulo sancionador (algunas de ellas incluso con el apoyo del PP, como la extremeña o la madrileña). Y que la aplicación del Código Penal en caso de delitos de odio por orientación sexual o identidad de género por parte de los jueces españoles deja mucho que desear, pese a que estos delitos ya están tipificados y hay arsenal legal más que suficiente para ello. En cualquier caso, muchas de las críticas recibidas parecían razonables, y de hecho, el propio Podemos se vio obligado a explicar que el texto presentado por su grupo era el propuesto por la FELGTB y que ellos mismos eran partidarios de enmendarlo. En cualquier caso, el daño mediático y de imagen estaba hecho. El silencio de aquellos días de otras formaciones que apoyaban el proyecto, como PSOE o Ciudadanos, tampoco ayudó a mitigarlo, dicho sea de paso.

Las líneas generales del proyecto 

El proyecto, más allá de su capítulo sancionador, es muy ambicioso, y contempla numerosas medida en los ámbitos de la salud, educativo y laboral, así como en el ámbito familiar, de la infancia y de la juventud. Contempla, por ejemplo, el derecho de todas las mujeres a acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad publica, con independencia de su orientación sexual o de estatus marital, así como la garantía de atención sanitaria sin discriminación a las personas trans, que deberá regirse además por el principio básico de la autodeterminación de género. La documentación administrativa y los formularios médicos deberán adecuarse a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI. El proyecto también incluye medidas específicas de apoyo y protección a las víctimas tanto de discriminación como de delitos de odio y de violencia intragénero.

Otro aspecto importante que contempla el proyecto es la constitución de varios órganos para garantizar su cumplimiento. Entre ellos, una Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género independiente del Gobierno, encargada de evaluar la implantación de la norma, y una Comisión Interministerial de Políticas LGTBI, adscrita al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Se creará también un Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.

Habrá que ver, en cualquier caso, qué queda de todo ello al final de la tramitación parlamentaria.

La discusión en el pleno

Este martes 19 de septiembre, y después de tanto la mesa del Congreso como el Gobierno facilitasen los correspondientes trámites, llegaba el turno de que el pleno del Congreso debatiese por primera vez la propuesta y votase su toma en consideración. Algunos esperaban que la decisión fuese unánime, dado que el PP se sumó en junio al compromiso de las principales fuerzas políticas con la FELGTB de permitir la aprobación de una ley cuyo texto final fuese “lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español”, así como de “desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional”, entre otras medidas. Un compromiso que permitó a Javier Maroto y Andrea Levy estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid, que este año coincidía con la celebración del World Pride.

Recordemos: el @PPopular firmó compromiso con esta #LeyIgualdadLGTBI Se abstendrá. Incumple la palabra. @ALevySoler @JavierMaroto y ahora? pic.twitter.com/Rap1PraPVn

— Amanda Rodríguez (@Amanda_Ca) 19 de septiembre de 2017

El propio Javier Maroto estampó su firma en el documento, que la propia FELGTB divulgaba ayer en Twitter:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Est. LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Sin embargo, el PP ha preferido evitar el consenso y ha decidido abstenerse. Una postura al fin y al cabo coherente con la trayectoria de este partido tanto en las Cortes Generales (donde se opuso tanto a la aprobación del matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género) como ante el Tribunal Constitucional, órgano en el que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Una postura, por otra parte, que le reconcilia con su base más ultra, la que forma su núcleo incombustible de votantes y la que, aunque ha perdido en tiempos recientes a muchos de sus referentes en la dirección del partido, sigue teniendo gran influencia en sus decisiones. De ahí que no nos haya resultado especialmente sorprendente. Como tampoco nos sorprende la hipocresía que supone, a estas alturas, defender que en lugar del proyecto presentado por la FELGTB es preferible una “ley general antidiscriminación”, cuando en su momento el PP articuló una feroz oposición a esa misma propuesta cuando la presentó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada del PP Marta González ha dicho que su grupo considera el texto de la ley como “chapucero” y ha dicho que su grupo se opone rotundamente pero se han abstenido porque su intención es presentar una enmienda a la totalidad para presentar su propio proyecto de Ley Antidiscriminación. Eso es una cosa muy del Partido Popular, que pide por ejemplo que se cambie el nombre de una Plaza de la Diversidad por el de la Plaza de la Igualdad porque lo de “diversidad” les parece excluyente. O que se cuelga la medalla de aprobar la Ley LGTBI de la Comunida de Madrid cuando años antes votó en contra porque la presentó el PSM. Porque como ya han demostrado en infinidad de ocasiones la estrategia del PP frente a la LGTBfobia pasa por restarle importancia y decir que lo que hay que hacer es luchar contra toda la discriminación, así en general: una forma muy bonita de decir que en realidad no hay que hacer nada.

Algo más sorprendente (y más preocupante) nos parece el tono con el que la diputada popular Marta González se opuso en su intervención ante el pleno a que los menores trans puedan ver reconocido su derecho a la autodeterminación de género. González, por ejemplo, ha decidido tergiversar la propuesta de ley todo lo que ha podido para demonizar (por ejemplo) el apartado en el que se habla sobre los menores trans. Porque sabe perfectamente que la única forma de justificar su negativa a apoyar este proyecto de ley es, precisamente, tergiversarlo. Así, por ejemplo, ha llegado a inventarse que los niños podrán pedir hormonas sin consentimiento paterno:

El proyecto de ley, en línea con las legislaciones más actualizadas en la materia, prevé que a partir de los 16 años de edad los menores trans ya puedan prestar por sí mismos el consentimiento informado para acceder a la reasignación sexual quirúrgica, mientras que a partir de la pubertad podrán prestarlo para acceder a los bloqueadores hormonales y al tratamiento hormonal cruzado. Algo que los populares encuentran ahora inadmisible y que vuelve a reflejar la ignorancia existente sobre el daño tan profundo que puede hacer a las personas trans que así lo deciden no poder iniciar su proceso de reasignación a tiempo de evitar el desarrollo de características físicas indeseadas. Curiosamente, el diario El Mundo, uno de los diversos periódicos afines al PP que hoy día se puede encontrar en los quioscos, decidía escoger este enfoque para ilustrar en la portada de su edición digital la toma en consideración de la propuesta con un titular (“Podemos impulsa dejar al libre albedrío de los menores que cambien de sexo”) que hubiese firmado la propia HazteOír:

Una organización, HazteOír, que aprovechaba la discusión y su reciente victoria en los tribunales madrileños para organizar su enésima pantomima (representando esta vez a personas ataviadas como si fuesen presos de Guantánamo) y presentar la nueva versión del “autobús del odio”, ya desprovista, eso sí, de mensajes tránsfobos explícitos, y centrada en atacar a “Podemos y su ley mordaza LGTBI” y sus supuestos efectos perniciosos sobre los niños. Por cierto que el que fuera ministro del Interior y aún diputado del PP, Jorge Fernández Díaz (precisamente la persona que otorgó a HazteOír el estatus de entidad de utilidad pública) ni siquiera quiso disimular y votó “no”, saltándose la disciplina de su partido. El otro voto negativo de la tarde fue el del diputado de UPN,  Salvador Armendáriz, según el cual el proyecto busca imponer “la ideología de género” como modelo de educación “sin respetar el derecho de los padres”.

Por lo demás, no hubo sopresas. PSOE y Ciudadanos votaron a favor, aunque ambos anunciaron enmiendas destinadas a subsanar las a su juicio “deficiencias” del texto. Como ya explicamos nosotros en su momento, como ya explicó la FELGTB en su momento y como todo el mundo había explicado ya a gente que se quejaba mucho, una vez aprobado el trámite de la ley se espera que entre todas las fuerzas políticas se hagan cambios en el texto. Como ha explicado la diputada socialista María Dolores Galovart, hay que conseguir un texto “más cohesionado, más coherente y más ajustado a derecho” pero para eso hacía falta este “punto de partida” que requiere “mejoras técnico jurídicas“.El apoyo de estas dos formaciones garantiza que el texto, con modificaciones, será aprobado, y anula los efectos de un eventual veto del PP en el Senado, al reunir junto con el grupo proponente mayoría absoluta. También votaron a favor los partidos nacionalistas catalanes y vascos. El resultado, el ya mencionado al inicio:

La #PrL #LeyIgualdadLGTBI de @PodemosCongreso, @EnComu_Podem y @En_Marea supera su primer examen 📝 NdP: https://t.co/k2K6WknnsB pic.twitter.com/JRlKz03qy0

— Congreso (@Congreso_Es) 19 de septiembre de 2017

Estaremos atentos, por supuesto, a cómo evoluciona la tramitación parlamentaria del texto. En cualquier caso, las impresiones que han dejado este primer día quedan muy lejanas de las que vivimos el pasado 1 de julio en las calles de Madrid. El PP vuelve a ser el mismo partido que ha sido siempre en materia LGTB. Es de agradecer, de todas formas, la claridad.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Andrea Levy, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, En Comú Podem, En Marea, FELGTB, Foro Asturias, HazteOir, Javier Maroto, Jesús Generelo, Jorge Fernández Díaz, LGTBfobia, María Dolores Galovart, Marta González, PP, PSOE, Salvador Armendáriz, Unidos Podemos, UPN, World Pride 2017

El ministro Zoido confirma que el gobierno del PP no piensa retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido ninguna ley y están al día con sus obligaciones con la Administración.

En marzo de este año el mismo gobierno del PP sí retiró la Utilidad Pública a otras organizaciones sin necesidad de que hubiera una resolución judicial o un conflicto legal de por medio.

Espaldarazo del Gobierno a la organización ultraconservadora HazteOír, a la que mantendrá el estatus de utilidad pública que en su momento le concedió Jorge Fernández Díaz salvo que exista una resolución judicial que la condene. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha escudado en el “Estado de derecho” para justificar su decisión, duramente criticada por los partidos de la oposición, que consideran que el Gobierno puede perfectamente retirar a HazteOír la declaración de utilidad pública, al igual que ha hecho con otras entidades en el pasado.

El ministro de Interior español, Juan Ignacio Zoido, compareció  en el Congreso de los Diputados el pasado martes 12 de septiembre para explicar si el gobierno del Partido Popular pensaba retirar o no la Utilidad Pública que en 2013 el también ministro de Interior del PP, Jorge Fernández Díaz, había concedido a Hazte Oír.

Todos sabíamos que las probabilidades de que esto ocurriera eran mínimas, y efectivamente lo que temíamos se ha cumplido: Zoido ha dicho que Hazte Oír va a seguir siendo de utilidad pública. Y es curioso, porque aunque en su momento no necesitaron que ningún juzgado ni nadie externo al gobierno recomendara conceder esa clasificación, ahora dice que “hoy por hoy es imposible” retirar la Utilidad Pública al grupo ultra católico porque Hazte Oír está al corriente de todas sus obligaciones con la Administración y con la Justicia y que “no podemos ignorar la ley. Nos guste o no, tenemos que respetar los trámites.”

HazteOír fue declarada entidad de utilidad pública en mayo de 2013 por decisión del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, próximo ideológicamente a la organización ultraconservadora. Ya entonces se advirtió del sinsentido que ello suponía. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben (artículo 32) “promover el interés general” y ser de carácter “cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza”.  Una definición que no casa con HazteOír, organización que defiende como único modelo de familia merecedor de reconocimiento jurídico a la familia tradicional y que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB.

Según informó en su momento infoLibre (medio digital que de hecho ha promovido una campaña en change.org para que ese estatus le sea retirado) ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. En la práctica, si alguien dona 200 euros a HazteOír, Hacienda le devuelve 127,5 euros. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Es por todo ello que, tras sus recientes campañas contra las leyes autonómicas en favor de la igualdad de las personas LGTB y sobre todo tras su vergonzante campaña de odio contra los niñas y niñas transexuales y sus familias, desde diferentes ámbitos se le ha solicitado al Gobierno la retirada del estatus de utilidad pública a HazteOír, incluyendo por ejemplo la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de los diputados del PP). Este martes, sin embargo, el ministro Juan Ignacio Zoido, interpelado en la Comisión de Interior del propio Congreso, se ha negado a tomar dicha decisión, argumentando que para ello tiene que esperar a que una resolución judicial determine que HazteOír ha cometido un delito de odio. “En el caso que nos ocupa, el ministro [en alusión a él mismo] no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al estado de derecho, porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos”, ha asegurado.

Por si acaso a alguien le da por pensar que lo que pasa es que Zoido es un poquito… como los de HazteOír, el ministro ha aclarado que “les puedo asegurar, en el caso que nos ocupa, que el ministro no comparte los criterios de esta asociación, pero tengo que cumplir la ley y me debo al Estado de Derecho. Porque una cosa son las opiniones y otra muy diferente es la legalidad y los procedimientos administrativos a los que nosotros nos debemos.”

Evidentemente esta excusa de que el Gobierno no puede retirarle la Utilidad Pública a Hazte Oír porque no han incumplido la ley no se la cree nadie. Como ha explicado la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, el Gobierno tiene plena capacidad para retirar ese privilegio sin necesidad de una sentencia judicial:

Q dice #Zoido no puede iniciar revocación utilidad pública #HazteOir hasta justicia pronuncie, como si Gob no tuviera capacidad.. #amiguitos pic.twitter.com/58hvcDB1FA

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 12 de septiembre de 2017

De hecho, y esto es muy curioso, en marzo de este mismo año toda la oposición en bloque votó a favor de retirarle el título a Hazte Oír. Es decir, que es un trámite político y no judicial. Y fíjate si es así que el propio gobierno del PP, a través de una orden firmada por el Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, retiró ese mismo mes la Utilidad Pública a seis asociaciones sin que en ninguno de esos casos hiciera falta una resolución judicial que ahora parece tan necesaria para hacer lo mismo con Hazte Oír.

Para que quede más claro: El PP No retira la utilidad publica a Hazte Oir porque no le da la real gana, y punto. Porque poder, pueden.

Por cierto, en su intervención Zoido ha dicho que en caso de que Hazte Oír incumpla alguna ley “actuaremos con rapidez y diligencia” para proceder a retirarles la Utilidad Pública y ha recordado que la asociación presidida por Ignacio Arsuaga  no ha recibido ninguna subvención pública, pero… los beneficios fiscales que reciben sus socios y que ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara en tan sólo un año ya debería contar como subvención pública.

Diputados del PSOE, de Unidos Podemos, de Ciudadanos o del PNV han expresado su disconformidad con el criterio del ministro, asegurando que HazteOír no cumple los requisitos para ser entidad de utilidad pública y que ello basta para que dicho estatus le sea retirado. En concreto, el diputado de Unidos Podemos Ricardo Sixto ha recordado que el Gobierno ya ha retirado la condición de utilidad pública a otras asociaciones por decisión propia. El año pasado, por ejemplo, lo hacía a la Federación de Planificación Familiar Estatal después de una denuncia interpuesta por un colectivo ultraconservador.

De hecho, según el texto de la citada ley orgánica 1/2002, la declaración de utilidad pública puede ser revocada “previa audiencia de la asociación afectada e informe de las Administraciones públicas competentes, por Orden del Ministro que se determine reglamentariamente, cuando las circunstancias o la actividad de la asociación no respondan a las exigencias o requisitos fijados en el artículo 32″.

Quien sí ha apoyado al ministro ha sido la diputada María del Mar Blanco, portavoz adjunta del PP en la Comisión de Interior. Tras asegurar que el PP consideró en su momento un “verdadero disparate” la campaña de HazteOír y que su partido defiende los derechos de las personas LGTBI “sin complejos [sic]“, Blanco ha argumentado que los partidos no pueden “robar” el papel de la justicia, como hizo, según ha afirmado, el “tramabús” de Podemos (un autobús fletado por este partido político con rostros de personajes relacionados de una u otra forma con la corrupción política).

HazteOír se felicita por la posición del Gobierno

En un comunicado de prensa emitido tras la comparecencia del ministro Zoido, HazteOír ha emitido un comunicado de prensa en el que se felicita por la posición del Gobierno, que a su juicio “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

La organización ultraconservadora ha recordado además que antes del espaldarazo del Gobierno ya recibió el de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un auto del que fue ponente el juez Eduardo de Urbano aseguraba que esta organización tiene derecho a dirigirse a los padres, “a quienes la Constitución garantiza el derecho a formar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones” (curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el auto se pronunciaba no sobre un acto convocado por HazteOír y de asistencia voluntaria, sino de un autobús que se paseó por las calles luciendo mensajes que de forma explícita y en un tono ofensivo negaban la existencia de niños y niñas transexuales). El auto, de hecho, enmarcaba los lemas del autobús en un “debate de ideas” y subrayaba que “las ideas, como tales, no deben ser perseguidas penalmente, en especial cuando no se focalizan específicamente sobre ningún grupo determinado”. Se trataba, como en su momento señalamos, de un texto de marcado contenido político, que incluso se permitía también comparar el autobús de HazteOír con el “tramabús” de Podemos.  No nos resultó especialmente sorprendente conocer, poco después de hacerse público el auto, el carácter conservador del juez Eduardo de Urbano.

En definitiva, un nuevo gesto favorable del Gobierno del PP a HazteOír, organización a la que en su momento quiso privilegiar y a la que ahora se resiste a retirar ese privilegio.

Es hora de que nuestro gobierno apruebe una Ley LGTB. A ver si así, entre otras muchas cosas, conseguimos que la LGTBfobia se considere de una vez el delito de odio que es y entonces  Zoido tenga una excusa para hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.

Fuente  EstoyBailando/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. :Audiencia Provincial de Madrid, Autobús del Odio, Carla Antonelli, Change.org, Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, Eduardo de Urbano, Hazte oir, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, InfoLibre, Jorge Fernández Díaz, Juan Ignacio Zoido, LGTBfobia, María del Mar Blanco, Ministerio del Interior, Partido Popular, PP, PSOE, Ricardo Sixto, Transfobia, Unidos Podemos, Utilidad Pública

La Generalitat defiende a Empar Moliner y aprovecha para atacar al Observatori Contra l’Homofòbia (OCH)

Está claro que como se menciona en el aguafuerte de Francisco de Goya (sí, ese pintor español que un señor, dicen que licenciado en Historia quiere expulsar de las calles de Sabadell por “franquista“), “El sueño de la razón, produce monstruos“… Y es que les debe de dar miedo verse retratados en ese “capricho” del ilustre pintor liberal aragonés… Pero lo de la sra Dolor Bassa no es precisamente un “capricho”, sino la demostración más sectaria de quien tiene la responsabilidad de luchar contra la LGTBIfobia y cobra del erario público sufragado por toda la ciudadanía catalana en la que están incluídos independentistas, federalistas, centralistas y todos los -istas que les de la gana, heterosexuales y personas LGTBI… y a toda ella debiera servir un caro público… Pero no sigo porque con más gracia e ironía le responde Jordi García Estoy Bailando… Eso sí, me extraña que dos consejeros abiertamente gays como Santi Vila y Toni Comín sigan mudos como estatuas…

Preocupante ataque de la consejera catalana de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Dolors Bassa, de la que depende el desarrollo de las políticas LGTB, contra el Observatori contra l’Homofòbia, organización de la que ha cuestionado públicamente su carácter de observatorio. Lo ha hecho al defender y dar la razón a la periodista Empar Moliner, que en dos artículos de opinión consecutivos banaliza la homofobia y que, en el último de ellos, ataca al jefe de prensa del Observatori por su vinculación laboral con Ciutadans. Moliner llega a responsabilizarle del hecho de que el Observatori sea crítico con Dolors Bassa (a la que esta entidad reclama una aplicación efectiva de la ley catalana contra la LGTBfobia).

Hacemos un breve recordatorio de la historia, para los que no la conozcan. El pasado 28 de julio Empar Moliner, una periodista muy conocida en Cataluña, publicaba en el diario Ara un artículo, titulado “15.000 personas“, en el que comparaba ser catalán en España con ser gay en Marruecos, “salvando las distancias”. “No se puede permitir que Cataluña, a pesar de la ‘deriva secesionista’ y el “deseo de sedición’ y la gallina macerada en balsámico (que vendría a ser la polla en vinagre), salga de la recesión y demuestre que da trabajo a los catalanes que vivimos y nos intentamos ganar la vida. Que Cataluña sea una de las ‘comunidades’ (lo dicen así) que salen de la crisis no nos va bien. Lo que nos va bien es que le vaya mal. ¿Tiene otro sentido si no? Ser catalán en España es como ser gay en Marruecos, salvando las distancias”, era en concreto el párrafo en el que Moliner incluía su frase. El artículo era un crítica a la sentencia del Tribunal Constitucional español que tumbaba el “canon digital” catalán, y que Moliner interpretaba como un ataque intencionado a la economía catalana. Las “15.000 personas” del título son las que trabajan en el sector audiovisual catalán.

El diario Ara utilizaba precisamente la comparación entre los catalanes en España y los gais en Marruecos para promocionar el artículo en redes sociales:

Observatori contra l’Homofòbia – L’Observatori Contra L’Homofòbia (OCH) denuncia el possible contingut homòfob de… https://t.co/hFuRT6skdV

— ObservatoriHomofòbia (@OCL_H) 29 de julio de 2017

Como no podía ser menos, la comparación recibió fuertes críticas de los colectivos LGTB catalanes, a los que molestó muy especialmente la banalización de la homofobia que la frase de Moliner suponía, habida cuenta de la terrible situación de las personas homosexuales en Marruecos. Para muestra, un botón. Y es que otra cosa no, pero agresiones al colectivo LGBT en todo el mundo hay a diario, y aunque no cubrimos todas porque nos resulta humanamente imposible, destacamos un par del año pasado en Marruecos,  la de una pareja gay brutalmente atacada y lanzada desnuda a la calle en Marruecos o la de una pareja de lesbianas menores encarcelada por besarse en Marruecos… como veis, agresiones de la sociedad, pero también institucionales. Y es que en Marruecos no solo no es legal el matrimonio igualitario, es que además ser gay está penalizado.

El Observatori contra l’Homofòbia, una entidad independiente compuesta por personas de diferentes sensibilidades políticas a las que une su voluntad de trabajar contra la LGTBfobia, pidió a Ara la retirada del artículo y lo denunció ante la Generalitat por posible vulneración de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ni Ara lo retiró, ni Empar Moliner se desdijo a pesar de las críticas generalizadas del activismo catalán.

Y así hasta este martes, 15 de agosto, cuando Moliner ha vuelto a publicar un artículo titulado “La táctica Trump“, en el que lejos de admitir su equivocación y pedir disculpas se enroca en su opinión. “No digo que los catalanes en Cataluña estemos ‘padeciendo” lo que padecen los gais en Marruecos (prisión, etc.). Si hubiera querido decir eso habría escrito ‘independentistas’, ¿no?. Ahora bien, si lo hubiese querido decir tampoco sería homofobia”, escribe, para dar a continuación una alambicada explicación de lo que “quiso decir”: “Si eres gay en Marruecos, la ley te manda a prisión. Si lo eres en Francia no. Si eres catalán en España, te tumban el Estatut, pero eso solo pasa si eres catalán en España, porque si eres valenciano, un Estatuto similar sale adelante. Eso quiere decir la frase”.

Pero en su artículo Empar Moliner no se limita a repetir sus argumentos. Lanza, además, un ataque directo contra el Observatori contra l’Homofòbia, y en concreto contra su responsable de prensa, José Cuadrado, un periodista que realiza ese mismo trabajo para el partido político Ciutadans en la provincia de Tarragona. “Que el Observatori me acuse de homófoba no se entiende si no se tiene en cuenta un detalle: el jefe de prensa, José Cuadrado, es militante del partido del señor Girauta. A mis amigos del Observatori (con quienes comparto, desde hace años, las clásicas cenas homófobas) les parece que ‘instrumentaliza el movimiento para hacer caer al departamento de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat’ (es de ERC)”, se permite escribir.

Según Moliner, en definitiva, que el Observatori denuncie un artículo que a todas luces supone una peligrosa banalización de la discriminación homófoba forma parte de una estrategia de su jefe de prensa para hacer caer a la consejera Bassa.

Es preciso hacer aquí varias puntualizaciones. En primer lugar, hay un error en la “información” que da Empar Moliner: José Cuadrado no es militante de Ciutadans, sino que trabaja para ese partido. En cualquier caso, este dato debería considerarse irrelevante, ya que el Observatori no está vinculado a partido alguno. En segundo lugar, y esto sí es importante, la consejería que dirige Bassa ha recibido, en efecto, críticas del Observatori, dada su falta de voluntad política para desplegar de forma efectiva y hacer cumplir la ley catalana contra la LGTBfobia. Una crítica que por cierto comparten otras entidades LGTB catalanas. A finales de junio, por mencionar solo un ejemplo, la Crida LGBTI, una organización a la que nos cuesta suponer afinidad con Ciutadans, ocupaba el vestíbulo de la Dirección General de Igualdad (dependiente de esa misma consejería) y pedía directamente la dimisión de la jefa del área encargada de la aplicación de la ley, Maria Lluïsa Jiménez, así como una revisión de los más de 70 casos tramitados y no sancionados.

Respecto a los “amigos gais” de Moliner, nos ahorramos los comentarios.

La consejera Bassa defiende a Moliner… y ataca al Observatori

Y llegamos por fin a lo que sin duda es lo más grave: el posicionamiento público de la propia consejera defendiendo los argumentos de Moliner y atacando al Observatori. Lo hacía en Twitter, donde no solo daba ánimos a Moliner, sino que le daba la razón (“Tus opiniones a menudo son crudas porque son verdaderas, y en este artículo que mencionas tambien”) y descalificaba al Observatori contra l’Homòfobia, del que ponía en duda su carácter de Observatorio (“La entidad OCH tiene una subvención de Asuntos Sociales. ¿Observatorio? Es una entidad, más allá de su nombre. Así que no es más que la opinión de una entidad”):

1//Doncs si @emparmoliner però treballem bé tu i @aferssocialscat així que.. Empar Moliner | https://t.co/UER3G3EI5k https://t.co/Gyl7pvBcjV

— Dolors Bassa (@dolorsbassac) 16 de agosto de 2017

2/ L entitat @OCL_H té una subvenció d @aferssocialscat . Observatori? És una entitat,més enllà del seu nom.Així q és l opinió d una entitat

— Dolors Bassa (@dolorsbassac) 16 de agosto de 2017

3/ ànims @emparmoliner . Teves opinions sovint són crues pq són reals i en aquell article q menciones en https://t.co/Gyl7pvBcjV també

— Dolors Bassa (@dolorsbassac) 16 de agosto de 2017

El Observatori contra l’Homofòbia pide una rectificación pública

Horas después de las críticas de Bassa, el presidente del Observatori, Eugeni Rodríguez, ha instado a la consejera a rectificar públicamente sobre la labor social de esta organización, “reconocida por muchas instituciones, entre ellas el Síndic de Greuges”.

Por lo que se refiere al artículo de Moliner, sin nombrar expresamente a José Cuadrado, Rodríguez ha querido mostrar su “total y cerrado apoyo a todas las personas que colaboran en l’Observatori desde el voluntariado, el activismo y el aparato técnico”, considerando “completamente fuera de lugar que se juzgue la profesionalidad de cualquier miembro del OCH, y se le señale con nombres y apellidos, por su supuesto argumentario político”. En ese sentido, Rodríguez ha querido poner en valor “el pluralismo ideológico que caracteriza a los diferentes miembros del Observatori” y ha recordado tanto a Moliner como a Bassa que la labor de l’Observatori contra l’Homofòbia y la de la Consejería de Asuntos Sociales “es combatir el odio y la LGTBIfobia en Cataluña, y no dar alas a los instigadores”.

Eugeni Rodríguez ha solicitado además las fuerzas políticas del Parlamento catalán que pidan explicaciones “ante unas manifestaciones que sitúan a la consellera en una posición muy delicada como líder de las políticas LGTBI del Govern” .

Otras entidades apoyan al Observatori

El Observatori contra l’Homofòbia, es importante destacar, no está solo. Varias entidades LGTB catalanas (entre las que se encuentran la Crida LGTBI, Encara en Acció, el FAGC, Gais Positius, Gaylespol, LesBiCat o Stop Sida) han secundado un manifiesto de apoyo expreso a esta organización y le han exigido a la consejera Bassa que:

1. Pida disculpas públicas a su equipo técnico, activista y voluntariado.
2. Rectifique públicamente sobre su labor social.
3. Se comprometa públicamente a aplicar la Ley 11/2014 y todos sus reglamentos y persiga y sancione la LGTBIfobia de forma contundente.

Desde el observatorio madrileño:

Queremos mostrar todo nuestro apoyo al @OCL_H y especialmente a @JoseCuadrado ante los inadmisibles ataques de la periodista @EmparMoliner

— ObsMadLGTB (@ObsMadLGTB) 17 de agosto de 2017

También desde Cristianos Gays transmitimos nuestra solidaridad al Observatori contra l’Homofòbia, cuya labor es realmente magnífica.

Por otra parte, el Observatori convocaba una concentración

Fem una crida a diferents organitzacions polítiques i entitats ens acompanyeu avui 18h a Verdi 88 com suport atac @dolorsbassac pic.twitter.com/DGcZxM2ICB

— ObservatoriHomofòbia (@OCL_H) 17 de agosto de 2017

Y los grupos parlamentarios del Partido Socialista (PSC), Ciudadanos, CUP y Cataluña Si que es Pot han pedido la comparecencia dela consellera ante el Parlamento para que de explicaciones

Presentada demanda de compareixença de @dolorsbassac a @parlament_cat per donar explicacions atac @OCL_H pic.twitter.com/ABFfIXw5GJ

— ObservatoriHomofòbia (@OCL_H) 17 de agosto de 2017

General, Homofobia/ Transfobia. Cataluña, Ciudadanos, Ciutadans, Crida LGBTI, Dolors Bassa, Empar Moliner, Encara en Acció, Eugeni Rodríguez, FAGC, Gais Positius, Gaylespol, Generalitat de Catalunya, José Cuadrado, LesBiCat, Observatori contra l'Homofòbia, Stop SIDA

El Gobierno del PP retira la categoría de Utilidad Pública a seis asociaciones pero se la mantiene a Hazte Oír, a pesar del voto de la oposición para retirársela.

Javier Maroto y Andrea Levy, fueron invitados por la FELGTB a llevar la pancarta de la manifestación del Orgullo LGTB en Madrid el mes pasado

El Ministerio del Interior, cuando lo dirigía el homófobo ultracatólico Jorge Fernández Díaz, concedió a los cristofrikis de Hazte Oír la categoría de Organización de Utilidad Pública. Eso significa, básicamente, que aunque no reciban dinero público sus socios obtienen varios beneficios fiscales. Y esos beneficios ayudaron a que el presupuesto de la organización se duplicara y pasara a ser de 2,6 millones de euros anuales.

En marzo de este año, justo cuando saltó la polémica del autobús tránsfobo, la oposición parlamentaria votó en bloque a favor de solicitar al gobierno que retirara la categoría de Utilidad Pública a Hazte Oír porque consideraban que las actividades de la gente de Arsuaga son “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principioes que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de los derechos humanos, de la familia, de la infancia y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia.”

Andrea Levy y Maroto. MARCHA LGTBI. Orgullo

Así que ahí lo tenéis amigos, el gobierno del PP ha decidido retirar la Utilidad Pública a asociaciones que realmente trabajan por los más desfavorecidos y en pro de la igualdad pero han decidido hacer oídos sordos al resto del Parlamento y mantener los privilegios a Hazte Oír, que lo único que hacen es fomentar el odio y la LGTBfobia.

¿Sigues siendo gay y del PP? Pues mira qué bien.

Fuente | Público, vía EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. Asociación de Deportistas Contra la Droga, Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, Ciudadanos, Equus Zebra, ERC, Glackma, Hazte oir, Jorge Fernández Díaz, Juan Antonio Puigserver Martínez, Pangea, PP, PSOE, Rudraksha, Unidos Podemos

Madrid se vuelca con la manifestación del WorldPride Madrid 2017

Más de un millón de personas participaron en una multitudinaria manifestación que cierra los eventos del WorldPride Madrid 2017. La manifestación transcurrió sin incidentes durante más de seis horas por el centro de Madrid, por primera vez en con el apoyo y representación de todos los partidos políticos.

Más de un millón de personas han clamado este sábado en Madrid a favor de la libertad sexual en todo el mundo en una gran manifestación con la que han culminado las celebraciones del evento internacional WorldPride Madrid 2017, que ha convertido a la ciudad en epicentro mundial de las reivindicaciones en favor del colectivo LGTBI. Con el lema Por derechos LGBTI en todo el mundo, parte la primera pancarta del Orgullo de Madrid, un poco más tarde de las 18 horas de la tarde, desde la plaza Carlos V, para a continuación desfilar representantes de diferentes delegaciones internacionales, como la de Dinamarca, Suecia, Reino Unido o Estados Unidos, diferentes autonomías españolas y todo tipo de colectivos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. En total han pasado alrededor de 60 pancartas en diferentes idiomas y hasta 52 carrozas.

La marcha multicolor, de marcado carácter festivo y engalanada con 60 pancartas en numerosos idiomas y 52 carrozas, ha sido el eje de las celebraciones del evento mundial, que tiene como objetivo reclamar que todos los países legislen hasta alcanzar la plena igualdad entre personas LGTBI y el resto de la sociedad.

No obstante, las reivindicaciones de los organizadores han tenido un carácter global debido a la condición de Madrid de sede del World Pride, lo que ha motivado la alusión a las “miles de personas LGTBI” que han sido asesinadas en los últimos años en países como México o Brasil, o la persecución a los homosexuales en lugares como Chechenia (Rusia).

El recorrido reivindicativo, convocado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), junto al colectivo Gay de Madrid (COGAM), ha contado por vez primera con el respaldo en la cabecera de la manifestación de todos los partidos políticos, incluido el PP.

Por ello, en el escenario de Colón han escuchado estas peticiones  una nutrida representación política pues por primera vez en la historia, se ha conseguido reunir en su cabecera a representantes de los principales partidos políticos: el portavoz del PSOE en Madrid, Ángel Gabilondo, la responsable de Movimientos Sociales del PSOE, Mónica Silvana, el miembro de la Ejecutiva del PSOE  Francisco Polo y la diputada autonómica y activista Carla Antonelli, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el portavoz en el Cogreso de En Comú Podem, Xavier Domènech, y los diputados en el Congreso Ricardo Sixto (IU) y Juantxo López de Uralde (Equo) y… por primera vez, a pesar de su negra historia contra los derechos LGTBI, el PP, representado pos sus diputados, Andrea Levy y Javier Maroto y el presidente del partido en Gipuzka, Borja Semper,  que han desfilado junto a representantes de los representantes sindicales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y la Unión General de Trabajadores, José Álvarez, sin olvidarnos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, o la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.   Todos han acabado bailando una conga al ritmo del A quién le importa, himno oficial.

A medida que la manifestación va concluyendo en la plaza de Colón, varios activistas han leído diversos manifiestos en los que han recordado que la homosexualidad sigue estando legalmente perseguida en 72 países: 33 en África, 23 en Asia, 10 en América y seis en Oceanía, según datos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), destacando que en 13 países se castiga hasta con pena de muerte a las personas que mantengan relaciones sexuales consensuadas con personas de su mismo sexo. Se han recordado situaciones de abusos y discriminación como la pena de 83 bastonazos a una pareja gay en Indonesia o el elevado número de asesinatos a personas transexuales en Brasil, algunos de ellos con una crueldad extrema.

En la lectura del manifiesto, los activistas han solicitado la aprobación de una ley que persiga la consecución de una sociedad igualitaria y sin discriminación de ningún tipo y han recalcado la necesidad de que se garantice el derecho a refugio y asilo para las personas LGTBI que son perseguidas en sus países de origen.

Han instado a las autoridades nacionales e internacionales a que “exijan que los derechos humanos de las personas LGTBI sean respetados” y que se supriman los castigos penales al colectivo, que aún perduran en torno a 80 países. “Manifestaciones como la de hoy siguen siendo necesarias. (…) Nos queremos libres e iguales en nuestras diferencias. Los derechos LGTBI son derechos humanos y hasta el día en que todos y cada uno no sean respetados, no cejaremos en nuestra lucha activista”, han zanjado.

También se ha instando al gobierno español a aprobar una ley de igualdad social, así como la importancia de garantizar el derecho de asilo a personas que son perseguidas en sus países de origen en base a su orientación sexual o su identidad de género. Jesús Generelo, director de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha señalado la necesidad de la celebración del Orgullo en nombre de todas aquellas personas que no pueden hacerlo en otros países, mientras que otros activistas han apelado a la Unión Europea a luchar por los derechos de las personas LGBT en todo el mundo, haciendo un particular énfasis en Rusia y Chechenia.

De esta manera concluye el World Price 2017, el tercer Orgullo Mundial organizado por InterPride, la asociación mundial de organizadores del Orgullo LGBTI, cuyo objetivo es el de promover los valores de una sociedad igualitaria, que se había celebrado anteriormente en Londres y en Toronto en 2014, y que está previsto se celebre en 2019 en Nueva York.

Si bien no había ninguna alerta de amenaza terrorista, el Ayuntamiento de Madrid no ha querido escatimar en seguridad desplegando un contundente operativo de hasta 3.500 personas entre agentes de policía y personal sanitario. Como medida de seguridad se ha vallado todo el recorrido, interponiendo vehículos y otros elementos de contención en las calles adyacentes al recorrido, además de limitar el desplazamiento de vehículos de gran volumen y cerrar las estaciones de Metro de Sol, Colón y Banco de España, suspendiendo la circulación en la Gran Vía, la Puerta de Alcalá y la zona del Paseo de la Castellana cercana a la plaza de Colón.

La manifestación y posterior desfile, tras el que miles de personas estuvieron de celebración en la capital, transcurrió sin incidentes relevantes y sin ningún altercado violento. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía Nacional y de la Policía Municipal de la capital han subrayado la ausencia de incidentes destacados y que la noche ha sido más tranquila incluso que cualquier sábado del año.

Para esta ocasión se había desplegado un dispositivo de 3.500 efectivos entre policías nacionales, municipales y servicios de emergencia. Samur-Protección Civil atendió durante la jornada a 270 personas, de las que 28 requirieron hospitalización, cuatro de ellas graves: dos por infarto y otras dos por intoxicación de drogas y etílica, informó Emergencias Madrid.

Además, los servicios de Metro y Cercanías también han experimentado modificaciones —refuerzos en algunas líneas y el cierre de estaciones como Sol, Banco de España y Colón— a raíz de la movilización.

La manifestación del World Pride que congregó ante ayer a cientos de miles de personas en Madrid por la defensa de los derechos LGTBI se produjo con total normalidad y sin ningún incidente destacado. El Samur tuvo que atender a 270 personas.

Aunque la mayoría de los afectados se han recuperado rápidamente, 28 personas han sido trasladadas a diversos centros hospitalarios de la capital, según ha informado Emergencias Madrid. De las cuatro personas que se encuentran en estado grave, dos presentaban afecciones cardiacas y otras dos sufrían una intoxicación etílica cuando fueron atendidas por el Samur. Entre las patologías más comunes se encuentran intoxicaciones etílicas, mareos, lipotimias y contusiones leves, todas ellas propias de este tipo de eventos con aglomeraciones.

Eso sí… No faltó el toque homófobo del día…

Fuente Universogay/Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI Ciudadanos, COGAM, FELGTB, Madrid, Podemos, PP, PSOE, WorldPride Madrid 2017

Mientras los colores del arcoíris inundan fachadas y calles de numerosas ciudades, villas y pueblos de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de la localidad de Alcorcón seguirá sin engalanarse con la bandera de la igualdad. El alcade, el popular David Pérez, ha decidido “ocultarla” y colocarla tras las puertas de entrada al consistorio, de manera que no es visible desde el exterior, a pesar de que el resto de grupos políticos había aprobado que ondease en el balcón del edificio. Además, el equipo de Gobierno sigue sin aplicar las medidas por la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI de Alcorcón, aun habiendo sido aprobadas en pleno. También se ha sabido que la Junta de Portavoces preparatoria del próximo pleno pretendía relegar al último lugar la intervención del colectivo Arcópoli, aunque la presión de los restantes grupos ha evitado el atropello.

De nuevo, el veto del alcalde David Pérez ha evitado que la fachada del Ayuntamiento de Alcorcón se vea engalanada por la bandera arcoíris, a pesar de que en el pleno del pasado 25 de enero se aprobó una moción para que se colocase en el balcón del edificio del consistorio y el municipio se sumase así a la conmemoración del Orgullo para “conseguir la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI”. El regidor ha decidido prácticamente “esconderla”, colocándola tras la puerta de entrada al edificio municipal, completamente plegada, de manera que no es posible verla desde el exterior y es difícil identificarla aun pasando a su lado. Además, por decisión de la Junta de Gobierno del Partido Popular, en este 2017 siguen sin aplicarse las medidas aprobadas en pleno por la igualdad de derechos y la libertad sexual y afectiva del colectivo LGTBI.

También el pasado 2016, David Pérez impidió que la bandera de la igualdad ondease en el edificio consistorial, aun cuando se había aprobado su colocación en pleno, a instancias del PSOE y con la anuencia del resto de los grupos, que ostentan la mayoría en la corporación municipal. Durante ese año, el equipo de Gobierno de Pérez también había vetado o ignorado reiteradamente cualquier resolución favorable a los derechos de las personas LGTB de la localidad madrileña.

Y todo ello ocurría, y sigue ocurriendo, a pesar de que el acuerdo de investidura por el que ostenta el cargo de alcalde David Pérez, llevado a cabo con Ciudadanos, quitaba atribuciones a la Junta de Gobierno Local para dárselas al pleno del Ayuntamiento, de tal forma las propuestas aprobadas por los grupos deben ejecutarse. Debido a esta actuación claramente LGTBfoba, a mediados de 2016 fue reprobado por el pleno del Ayuntamiento con los votos de PSOE, Ganar Alcorcón, Ciudadanos y Grupo Mixto, que suman 17 ediles contra los 10 del Partido Popular.

La moción de reprobación fue seguida de cerca por el colectivo Arcópoli, a quien preocupaba la falta de medidas favorables a los derechos LGTB en un municipio de más de 170.000 habitantes. Por ello, emitió un comunicado en el que detallaba todas las resoluciones aprobadas en pleno a instancias de los grupos de la oposición, y que habían sido reiteradamente vetadas por el equipo de Gobierno de David Pérez. Arcópoli concluía que “todas las mociones fueron aprobadas, debido a la minoría del Grupo Popular en el Consistorio, pero el equipo de Gobierno se niega a ejecutarlas, de modo que no hay iniciativas de apoyo a un colectivo totalmente invisibilizado en Alcorcón”.

Pero esta reprobación no sirvió para que David Pérez reflexionara, sino que su repuesta en las redes sociales fue enviar un mensaje despectivo en el que afirmaba que “a mí no me reprueban cuatro politicastros socialistas y comunistas”. También amenazó con presentar sendas demandas contra el edil del grupo Ganar Alcorcón, Jesús Santos, y Arcópoli, por calificar sus actuaciones políticas como LGTBfobia, si bien no ha habido constancia de que tales demandas fueran finalmente presentadas.

Pero parece que la animadversión del regidor alcorconero contra Arcópoli no ha cesado. El colectivo de defensa de los derechos LGTB ha sido invitado para intervenir en el próximo pleno del Ayuntamiento, para que, desde su experiencia, hable sobre la realidad del colectivo LGTB y de las medidas antidiscriminatorias que deben ser aplicadas de urgencia en la localidad. Sin embargo, se ha sabido que la Junta de Portavoces, con mayoría del Partido Popular, pretendía relegar la intervención de Arcópoli al final del pleno, un puesto habitualmente dedicado a asuntos menores y siempre limitado por la falta de tiempo. Afortunadamente, la presión de los restantes grupos ha evitado la tropelía, y la alocución de Arcópoli no estará relegada al último lugar.

Cabe recordar que David Pérez no solo destaca por su animosidad contra el colectivo LGTB en su labor como alcalde de Alcorcón. También lo hace desde su escaño como diputado de la Comunidad de Madrid, donde fue uno de los dos únicos representantes en ausentarse del pleno en el que se aprobó la Ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género de la Comunidad de Madrid, que fue respaldada por la unanimidad de todos los presentes.

Fuente Cadena SER, vía Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alcorcón, Arcópoli, Ciudadanos, Comunidad de Madrid, David Pérez, Discriminación, Ganar Alcorcón, Jesús Santos, LGTBfobia, Partido Popular, PSOE