La organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

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Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia.  PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

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«No son solo los bancos arcoíris, es un gesto que se une a otro»

«No queremos que Oviedo vuelva a ser una ciudad en blanco y negro»

Este pasado sábado se produjo una concentración en Oviedo por la retirada de los colores LGTB en los bancos de la capital asturiana. El acto tuvo lugar en la Plaza de la Escandalera de Oviedo.

En la convocatoria se exigía la inmediata vuelta de los colores del arcoíris a los bancos, para devolver la visibilidad del colectivo siempre discriminado. “La ciudad da una imagen de bienvenida adecuada a visitantes y turistas que entienden que Oviedo no es solo una ciudad con historia y patrimonio sino también con una ciudadanía cohesionada donde se recibe con los brazos abiertos a todo el mundo”, indicaron desde las plataformas que organizaron la marcha.

También opinan que el hecho de retirar ‘estos colores’, obedece a los intentos de la ultraderecha de ir quitando este espacio, no solo a colectivos y plataformas LGTB sino a otros colectivos que también han usado ese espacio en el pasado para protestar.

Cerca de 300 personas se han concentrado este sábado en la Escandalera de Oviedo para reclamar al actual equipo de Gobierno local, formado por PP y Ciudadanos, que se conserven los bancos arcoíris y que la céntrica plaza siga acogiendo reivindicaciones sociales.

Las asociaciones LGTB Bujarra, Disex, Kaleide y Xega convocaron la concentración de protesta contra la retirada de los bancos arcoíris, a la que se han sumado representantes de los grupos municipales como Marisa Ponga y Diego Valiño del PSOE  y Ana Taboada de Somos Oviedo, así como miembros de IU y diversos colectivos junto a ciudadanos anónimos. Como portavoz actuó Marián Lago, de Disex, y fue una de las encargadas de leer el manifiesto, que se hizo en castellano y en asturiano. En declaraciones a los medios, Lago incidió en que los bancos han contribuido a dar «visibilidad» a los colectivos LGTB y se han convertido en símbolo de «convivencia» durante los cuatro años que llevan pintados.

«Ya no es cosa sólo de los bancos, es que se trata de un gesto que se une a otro.Ya el primer gesto que realizó el actual gobierno en contra del colectivo LGTBI fue situar la bandera el día del orgullo en la fachada de enfrente en lugar de en la del propio Ayuntamiento. Ahora, quieren desterrar los bancos. Son dos gestos negativos que vienen precisamente del teniente de alcalde, que dice que no hay que mirar tanto los gestos sino las acciones, y ya han tenido dos gestos y ninguna acción, lo que dice mucho de parte de ellos», explica Marián Lago, presidenta de Disex.

Ante la falta de concreción sobre la fecha prevista para la retirada de los bancos anunciada por el Gobierno local de PP y Cs, los colectivos no descartan continuar con movilizaciones que eviten que la medida se materialice y Oviedo «vuelva a ser una ciudad en blanco y negro».

Esta manifestación se une a otras concentraciones que ya se han venido celebrando por parte de diferentes organizaciones desde que el alcalde asegurase que los bancos iban a ser eliminados. A pesar de esa contundencia del mensaje de Canteli, este tipo de citas seguirán organizándose, aunando la fuerza de todas las asociaciones LGTBI asturianas, ya que «se está viendo un ataque frontal hacia los derechos de las personas LGTBI por parte de los partidos de la derecha», asegura Lago. Y a pesar de que el trasfondo de la manifestación es mucho más profundo, también se habló de los «bancoíris».

Además, alertan del riesgo de que la remodelación de la plaza no solo implique la retirada de los bancos arcoíris sino que pretenda ir más allá y se busque que la Escandalera «deje de ser un espacio para las reivindicaciones sociales». De este modo, en el manifiesto preguntan al Gobierno local «qué políticas han realizado en este tiempo» para la defensa de las minorías, al tiempo que rechazan los argumentos sobre el mal estado de los bancos arcoíris «cuando en el parque San Francisco hay bancos aún más antiguos, o en la Losa, o en muchos otros parques de Oviedo que sí muestran un deterioro evidente». Los colectivos creen que la excusa del gobierno ovetense es muy pobre, ya que «aseguran que están deteriorados, pero al mismo tiempo dicen que quieren ponerlos en La Losa. No sé si es que La Losa es una plaza de segunda para ellos o cuál es el motivo», cuestiona la presidenta de Disex. .

Para los convocantes, tras la supuesta «medida estética» de su retirada «subyace la falta de proyectos, iniciativas y apoyos al colectivo LGTB». La concentración se desarrolló durante más de una hora con la ambientación de una banda de música que interpretó canciones como ‘A quién le importa’, ‘Soy de Verdicio’ o ‘Bella Ciao’, entre otras. Además de la doble lectura del manifiesto en castellano y asturiano, la iniciativa contó con la pintada de una bandera arcoíris en un gran lienzo situado en el suelo de la plaza, con las mismas dimensiones que la bandera de España colocada por el Ejecutivo municipal en las inmediaciones de la Escandalera.

Fuente El Comercio/ La Voz de Asturias/ 20Minutos

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José María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
• Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

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Foto Twitter

Ángel Elías Díaz: “Esta es una prueba más de que realmente es el partido de la ultraderecha el que gobierna en nuestra comunidad porque claramente PP y Cs se terminan plegando a todas sus peticiones”

El secretario de Diversidad y Políticas LGTBI del PSOE de Huelva, Ángel Elías Díaz, ha reprochado al Gobierno de PP y Ciudadanos los continuos retrocesos en materia LGTBI. En esta línea, se ha referido a que la única razón por la que las leyes andaluzas de LGTBI y la de Transexualidad han sufrido un parón es “porque VOX ha decidido anularlas y dejarlas escondidas”.

Según Ángel Elías, “esta es una prueba más de que realmente es el partido de la ultraderecha el que gobierna en nuestra comunidad porque claramente PP y Cs se terminan plegando a todas sus peticiones”.

“Llevamos un año negro porque lejos de avanzar hemos dado pasos atrás –ha indicado el dirigente socialista- ya que ni siquiera se han evaluado en el Parlamento andaluz dichas leyes como es obligatorio”. Por ello, ha instado al Gobierno andaluz a que “convoque el Consejo LGTBI, evalúe las dos leyes y trabaje por los derechos humanos de todas las personas”.

Así, ha apuntado que la responsable de ello es la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, una onubense que “actúa con una doble cara”, ya que “pretende aparentar que está del lado de los colectivos y acude a las manifestaciones cuando a sus espaldas le está poniendo la soga al cuello pretendiendo arrebatar los derechos conseguidos y siendo cómplice de la ultraderecha”.

Al hilo de ello, Ángel Elías se ha referido a todos los recortes que el Gobierno andaluz ha realizado este año y que ha provocado que “los colectivos tengan que prestar los recursos de atención psicológica y de los trabajadores sociales, o pagar preservativos porque la Consejería de Salud no defiende la salud sexual y reproductiva de personas en riesgo de VIH”.

Por último, el socialista ha lamentado que, también, “las subvenciones se han quedado en blanco, se les han cerrado las puertas a los colegios por miedo al ‘pin parental’ de Vox, que ampara el gobierno de derechas, lo que está desembocando en la paralización de los derechos que se aprecia, entre otras cuestiones, en que vuelven los insultos en las calles”.

Fuente PSOE Huelva

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La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

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El alcalde de Madrid (PP), flanqueado por sus socia Begoña Villacís (Ciudadanos)y su muleta Ortega Smith (VOX)

Aunque el gobierno se compromete con los derechos del colectivo, las subvenciones a (por ejemplo) el MADO peligran de una forma u otra por la presión de VOX a PP y Ciudadanos.

Nos preguntamos dónde están ahora los del  #YOSOYGAYYDELPP y los gays de Ciudadanos, o las señoras Inés Arrimadas y Patricia Reyes, tan defensoras ellas de acudir (más bien reventar) a la manifestación del Orgullo  después de haber blanqueado a la extrema derecha y utilizarlos como forma de alcanzar el poder contra PSOE y Podemos en cualquier institución (Andalucía, Madrid, Murcia, Castilla y León, Ayuntamiento de madrid… dándoles espacio y validez al discurso fascista, racista, xenófobo, machista y LGTBfóbico… Nos preguntamos dónde están ahora los de ahora firmo y luego no cumplo… el señor Javier Maroto y su compañeras Andrea Levy,

Una de las terribles consecuencias  de llegar al poder apoyado por partidos políticos racistas, xenófobos, machistas, misóginos y LGTBfóbicos es que cuando toque ir a los inmigrantes, a las mujeres y a las personas LGTB+ a pedirles votos a lo mejor te reprochan que las subvenciones a las entidades que son vitales para esos colectivos estén en peligro. Y eso es exactamente lo que puede pasar con el dinero público que el Ayuntamiento de Madrid otorga tanto a los organizadores del Orgullo como a varias entidades sociales que reciben subvenciones nominativas fijadas por el anterior gobierno de Manuela Carmena.

El pasado lunes, durante la comisión de presupuestos, el gobierno municipal de Almeida y Villacís aseguró, a través del delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, que el ayuntamiento «no dará un paso atrás» en la defensa de los derechos LGTBI ante la exigencia de VOX de que se deroguen todas las subvenciones nominativas  destinadas a dichos colectivos.

“Este gobierno no va a dar ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista ni en la lucha por los derechos LGTBI. No vamos a tocar en los presupuestos ninguna de las subvenciones nominativas o convenios fijados. Tenéis la garantía de este gobierno. Está en los presupuestos”, le dijo Aniorte a los concejales de Más Madrid y PSOE quienes, lógicamente,  no se creyeron lo dicho. Ya que aunque esas subvenciones estén en los presupuestos, los presupuestos necesitan el apoyo de VOX para ser aprobados.

Aránzazu Cabello, advirtió a Aniorte y a sus «compañeros de ideología» de que “de una forma o de otra conseguiremos nuestro objetivo y no daremos pasos atrás”. Y  es que no es una forma de hablar: si los presupuestos de PP y Cs no cuentan con el apoyo de sus nuevos amigos se acabarían prorrogando los de Carmena. “Tendrán que consultar la disposición adicional séptima del presupuesto”, explicó la Cabello, “Que dice que cuando se prorroga decaen todas las subvenciones nominativas. Así que de una forma u otra conseguiremos nuestro objetivo.”

Es decir,  que o bien PP y Cs se comprometen con VOX a perjudicar de alguna manera al colectivo LGTB+ (entre otros) para que éstos aprueben sus presupuestos… O no hay nuevos presupuestos, se mantienen los de Carmena y, por lo tanto,  desaparecen automáticamente las subvenciones.

Lo dicho… el blanqueador PP,Ciudadanos es tan maravilloso que elimina toda “mancha” rebelde…

Fuente Europa Press , vía hazte Queer

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Los grupos parlamentarios socialista y mixto (compuesto por dos diputadas de IU y Podemos) registraron el pasado miércoles, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la proposición de ley integral trans que el Parlamento de La Rioja fue incapaz de aprobar durante la pasada legislatura. La Rioja es una de las pocas comunidades autónomas que todavía no dispone de un marco regulatorio propio que proteja a las personas trans contra la discriminación en el ámbito autonómico. El hecho de que por primera vez en 25 años la izquierda disponga de mayoría en el parlamento regional debería garantizar su aprobación, después de que el obstruccionismo del PP (con la calculada complicidad de Ciudadanos) lo impidiese la pasada legislatura.

Tanto el portavoz del grupo socialista en el parlamento regional, Raúl Díaz, como el coordinador del Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida (ALEAS-IU) en La Rioja, Álvaro Villar, mostraron su disposición a que la proposición sea aprobada sin más demora que la obligada por el trámite parlamentario. Díaz adelantó que tras su registro, el Gobierno de La Rioja debe manifestar su criterio sobre la proposición (a favor o en contra) y después celebrarse en el pleno el debate de admisión a trámite. Después comenzará la discusión en comisión o en ponencia para volver finalmente al pleno y ser aprobada. Pasos todos ellos que la proposición debería superar sin problema: el Gobierno de La Rioja está formado por una coalición entre PSOE y Podemos y las tres formaciones de izquierda disponen juntas de mayoría absoluta en el parlamento regional.

La previsible aprobación de la ley integral trans pondrá punto final a un vergonzoso periodo de vaivenes políticos. Hay que recordar que esta misma proposición, que había sido consensuada con los principales colectivos LGTBI de La Rioja, ya fue presentada hace dos años por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos y Podemos, que entonces ya contaban con mayoría suficiente para haberla aprobado (los populares habían perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de La Rioja en 2015, aunque siguieron gobernando gracias al apoyo de los naranjas). Una mayoría que finalmente no pudo materializarse antes del final de la legislatura debido a las maniobras dilatorias del PP, que contaron con la calculada complicidad de Ciudadanos (los populares solicitaron un informe al Consejo Consultivo de La Rioja. PP y Ciudadanos se negaron a que dicho trámite se realizara por vía de urgencia, lo que finalmente impidió que la proposición pudiese ser aprobada). «El Parlamento de La Rioja y el Gobierno de La Rioja como instituciones quedan en muy mal lugar cuando se airean las incompetencias, la lentitud y el juego sucio. El descrédito de las instituciones es consecuencia de actitudes como estas, en las que el trabajo de toda una legislatura se tira a la basura por 10 días, y encima queriendo», se lamentaba entonces el colectivo Marea Arcoíris.

Confiemos que en en esta ocasión, una vez que PP y Ciudadanos han perdido la capacidad de ejercer en La Rioja el filibusterismo parlamentario, la proposición sea aprobada. En este sentido, conviene recordar que a la espera de que se actualice el anacrónico marco legislativo estatal, ni La Rioja, ni Asturias, ni Cantabria ni ambas Castillas cuentan con leyes que otorguen protección a las personas trans, ya sea en forma de ley específica (como ha sucedido en Navarra, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid o la Comunidad Valenciana) o en el marco de leyes generales de igualdad LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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Lo publicamos con sus propias palabras porque, son tan nauseabundas, que hace falta conocerlos a fondo…

El PSOE pide «consenso» para aprobar la ley Lgtbi ante la «amenaza» de la extrema derecha

La ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos

El PSOE de Cantabria ha pedido «consenso» a los grupos parlamentarios para aprobar la Ley Lgtbi y ha hecho un llamamiento para defender los derechos de este colectivo ante la «amenaza» del auge de la extrema derecha y su «histórico desprecio» hacia él.

Así lo ha manifestado este martes en rueda de prensa la portavoz del grupo parlamentario socialista, Noelia Cobo, después de que el Ejecutivo cántabro aprobara en el Consejo de Gobierno de la semana pasada remitir al Parlamento de Cantabria el proyecto de Ley Lgtbi para reiniciar su tramitación, «frustrada en la anterior legislatura».

Cobo ha pedido el apoyo de las fuerzas políticas que «de verdad crean en la diversidad y en los derechos de todos», en un momento en el que, a su juicio, «tiende a imponerse en la derecha española el discurso radical de formaciones políticas como Vox», con «ideas excluyentes» en torno al colectivo Lgtbi.

Por ello, ha dicho que la sociedad espera políticas que «amparen y den cobertura legal ante quienes pretendan sembrar odio y discriminación», y ha considerado que la ley se quedó sin aprobar en la pasada legislatura «por las excusas y la ausencia de interés real» del resto de grupos, que «se oponían a que este colectivo tuviese los mismos derechos» que el resto de ciudadanos mientras a la vez acudían a manifestarse el día del Orgullo Gay, ha dicho.

Tal y como ha recordado, la pasada legislatura se admitieron a trámite 23 comparecencias a la ley Lgtbi con los votos del PP, Ciudadanos y PRC, «alargando los plazos de tramitación y dejándola sin tiempo efectivo para su aprobación».

No obstante, Cobo ha destacado que los socialistas prometieron volver a llevarla al Parlamento y que es la primera ley autonómica que impulsan desde el Ejecutivo, «apenas» superados los 100 días de gobierno. «Los socialistas cumplimos y ahora les toca a otros demostrar qué Cantabria es una tierra de derechos y no de derechas», ha insistido.

En cuanto a la Ley de Garantía de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género’, conocida como Ley ‘Lgtbi’, ha avanzado que promocionará el desarrollo de políticas públicas contra la discriminación, dará amparo a las víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual y recoge sanciones para quienes pretendan «enarbolar el odio» hacia el colectivo.

Entre otras cuestiones, reconoce el derecho de los menores Lgtbi a su propia identidad de género y orientación sexual dentro del proceso de formación de su personalidad, garantizando por parte de la administración la educación inclusiva y el apoyo sanitario en todo el proceso vital.

En el caso de las personas ‘trans’, el marco normativo facilitará el proceso de la progresiva adaptación de la persona, siendo «urgente», además, promover su integración laboral y garantizar protocolos y tratamientos adecuados en la sanidad pública, así como que se respete su identidad en las competiciones deportivas.

Además, la ley prohibiría las llamadas terapias de aversión -que pretenden modificar la identidad y el comportamiento de las personas Lgtbi- y en los colegios obligaría a respetar el nombre que elija cada alumno transexual o sus tutores legales y su indumentaria e imagen física.

Por último, los socialistas reivindican que las administraciones públicas de Cantabria garanticen la libre determinación del género de cada persona como un derecho fundamental.

 Y ante esto, la asociación HazteOir.org ha señalado que va a “hacer todo lo posible”, suponemos  que de la mano de su hermano gemelo VOX, para “frenar” la Ley LGTBI de Cantabria porque, en su opinión, “discrimina a los ciudadanos en función de sus preferencias …

“La asociación HazteOir.org va a trabajar duro para lograr que la ley LGTBI mordaza de Cantabria no salga adelante. El intento de aprobar esa norma liberticida en la legislatura anterior fracasó porque la mayoría de los cántabros la rechazan”, ha dicho la portavoz de esta entidad, Teresa García-Noblejas.

Así lo ha manifestado en un comunicado después de que la portavoz socialista en el Parlamento regional, Noelia Cobo, haya pedido hoy “consenso” a los partidos políticos para aprobar esta ley y defender los derechos de este colectivo, y frente a los que HazteOir ha recordado que esa ley LGTBI “fracasó” en la pasada legislatura porque “la mayoría de los cántabros la rechazan”.

“Los partidos cántabros tendrán ahora ocasión de retratarse y decir públicamente si quieren o no discriminar a los ciudadanos en función de sus preferencias sexuales, si eligen o no otorgar privilegios a determinadas personas sólo porque se acuestan con personas de su mismo sexo o si, por el contrario, prefieren seguir defendiendo la igualdad de todos los cántabros independientemente de sus circunstancias, características y deseos”, ha señalado la portavoz de la asociación.

García-Noblejas ha señalado que desde HazteOir “respetamos los derechos de todas las personas pero no hace falta legislar para defender supuestos derechos de cada minoría”. “Las leyes LGTBI aprobadas en otras comunidades autónomas están vulnerando las libertades de todos”, ha opinado.

Y como ejemplo de su consideración, ha dicho que “esas normas mordaza obligan a los centros educativos y a los profesores a dejar entrar en las aulas a activistas e ideólogos de género que hablan a los niños de cómo obtener placer erótico y proporcionárselo a otros”, como en La Rioja con las charlas del SERISE (Servicio Riojano de Sexología) o el Programa SKOLAE en Navarra.

“Y todo ello sin conocimiento ni autorización de los padres, lo cual vulnera la Constitución Española y los tratados internacionales suscritos por España”, ha dicho la portavoz de HazteOir.org, para quien, con esas leyes, “los profesionales de la Sanidad, los padres, los medios de comunicación, los docentes y en general todos los ciudadanos ven amenazadas sus libertades”.

Algo que, en su opinión, sucede también con los niños “a los que se invita a cuestionar su identidad sexual y dejando aparte los cientos de miles de euros con los que se beneficia a asociaciones y grupúsculos varios para difundir la ideología de género”, ha criticado la portavoz de la asociación.

“Hasta ahora los políticos han impulsado a escondidas estas leyes en los parlamentos regionales y se han salido con la suya, pero eso ya se ha acabado. En Castilla y León más de 22.700 ciudadanos están contribuyendo a paralizar una norma que todos perciben como mordaza y pocos se atreven a decirlo y en Cantabria la gente va a reaccionar y los políticos tendrán que guardar la ley en un cajón”, ha concluido.

Fuente Agencias

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Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, Amanda Azañón, Castilla y León, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Francisco Igea, HazteOir, Ignacio Paredero, Junta de Castilla y León, Lesgavila, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, PP, Transexualidad, VOX

«La ultraderecha está envalentonada con el resultado de las elecciones y con su discurso de odio pasan cosas como esta», ha asegurado el político socialista, que ve reforzado su compromiso con la defensa de los derechos y libertades colectivos.

Como bien sabemos, el partido de ultraderecha Vox, fue el partido más votado en Murcia en las últimas elecciones generales. Una comunidad que ya estaba llevando a cabo reformas de sus Estatutos Autonómicos, como el del derecho de identidad de género.

Pues bien Vox, ya está empezando a derogar todas estas reformas, incluyendo las leyes LGTB que ya estaban aprobadas. Y el problema es que ahora con Vox gobernando en Murcia, las cosas solo van a ir a peor.

Por eso no es de extrañar las pintadas de odio que han aparecido en un parque en la localidad murciana de Algezares, dirigidas al alcalde Juan José Garre del PSOE. Mensajes de odio, que afortunadamente los servicios públicos ya se han encargado de borrar.

Pero que dejan en evidencia el sentimiento actual de la región murciana hacia el colectivo LGTB. Y no es la primera vez que ocurre algo similar, en el año 2018 el ayuntamiento de Murcia concedió una subvención de más de 8000 euros a una organización católica que ofrecía terapias de conversión.

Frases como «Muere alcalde maricón», «Maricas HDP [hijos de puta] fuera», «Asco» y un intento de dibujar una esvástica aparecieron el pasado martes en un columpio del parque frente al cual se sitúa la Junta Municipal de Algezares, una pedanía del municipio de Murcia.

El objetivo de las pintadas no es otro que Juan José Garre, el alcalde pedáneo. Se trata de un político visible y casado con su pareja que goza de un importante apoyo vecinal: en las pasadas elecciones municipales consiguió por segunda vez la victoria, consiguiendo en esta ocasión la mayoría absoluta de vocales en su Junta Municipal. Se trata, de hecho, de los pocos pedáneos que han reeditado el apoyo a fuerzas progresistas. Solo 3 de las 59 pedanías que conforman el municipio de Murcia votaron mayoritariamente al PSOE, formación para la que Garre ha obtenido el apoyo en los niveles local, regional y también nacional.

El alcalde ha presentado denuncia de los hechos:

Ante los que quieren quitarnos libertades y derechos. Ante la intolerancia y homofobia. Ante las amenazas e insultos. No nos callamos! #nopasaran #NiUnPasoAtras https://t.co/1ibbMemAZW

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 15 de noviembre de 2019

Y ha recibido el apoyo de vecinos y del PSOE.

✖️Faltas de respeto contra nuestro alcalde pedáneo @jj_garre en Algezares

No entendemos que en pleno siglo XXI “marica” siga siendo un insulto

Esta intolerancia solo conseguirá demostrar lo que realmente propagáis: odio y fanatismo

❤️Compañero, cuenta con nosotros pic.twitter.com/tYBYHdNPxy

— Grupo PSOE Murcia (@GrupoPSOEMurcia) 12 de noviembre de 2019

Cargos electos de formaciones políticas diversas han manifestado su apoyo a Garre, incluyendo al primer teniente de alcalde y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez (Ciudadanos); la segunda teniente de alcalde del municipio de Murcia y concejal de Juventud y Movilidad Sostenible, Rebeca Pérez (Partido Popular), e incluso del representante de Vox en la pedanía, Ernesto Ballester. «Estoy abrumado por el cariño recibido, incluso se ha montado una concentración de apoyo, estoy muy agradecido», ha expresado Garre.

Gracias a mi partido @PSOE y a todas sus gentes. Con ello hago extensivo mi agradecimiento a todas las personas que me han mostrado su apoyo. NI UN PASO ATRÁS! https://t.co/KMIFtcV7cz

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 14 de noviembre de 2019

Además, los vecinos de Algezares convocaron para el pasado sábado, día 16, una concentración a las 12:00 horas en la Plaza de la Rosaleda:

Mañana en #Algezares. Gracias a todos los vecinos y vecinas. pic.twitter.com/SsxJL0tzJU

— Juan Jose Garre (@jj_garre) 15 de noviembre de 2019

Garre también ha indicado que este hecho solo sirve para «reforzar la ilusión y determinación en favor de los derechos y libertades colectivos». «Ayer fue la gota que colmó el vaso», ha añadido el pedáneo, en referencia a la última propuesta del partido de extrema derecha, la derogación de la ley murciana contra la discriminación de las personas LGTBI.

Por otra parte, el grupo socialista del Ayuntamiento de Murcia ha presentado una denuncia por la aparición de las pintadas.

El discurso de odio arrecia en Murcia

Como hemos comentado, Vox, que se siente reforzada tras ser la fuerza más votada en la comunidad autónoma el pasado 10 de noviembre, ya ha pedido en la Asamblea regional la derogación de la ley contra la discriminación de las personas LGTBI. Tras el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox, que los naranjas niegan y que es aún más evidente tras hacerse Vox con la presidencia de la comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Región de Murcia, el discurso homófobo, bifobo, tránsfobo, machista, supremacista y xenófobo ha quedado legitimado en todo el territorio regional y respaldado por una parte significativa de la población en las urnas.

Cabe recordar que tras las elecciones autonómicas, Vox ya había puesto encima de la mesa la derogación de la ley LGTBI, que PP y Ciudadanos no aceptaron. Sin embargo, los partidos de Gobierno sí han cedido ante una de las principales exigencias de los ultra católicos: implantar el mal llamado «pin parental» en la Región de Murcia para evitar las charlas contra la LGTBIfobia en los centros escolares. Una deriva LGTBIfoba que parece que solo acaba de comenzar.

Fuente Agencias/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Algezares, Ciudadanos, Delitos de Odio, Elecciones Generales 2019, Homofobia, Juan José Garre, LGTBIfobia, Murcia, PP, PSOE, Violencia LGTBIfoba, VOX

PP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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No corren buenos tiempos para las personas LGTBIQ+. Las elecciones generales en España del pasado domingo han evidenciado que hay más de 3 millones de personas que nos quieren como ciudadanos de segunda… o algo peor. Verdaderamente aterrador. En estos momentos solo nos queda seguir luchando por nuestros derechos más que nunca. ¿Por qué? Porque elegimos ser libres y valientes, y estamos orgullosas de ello.

Ayer por la noche, conocíamos los resultados de las segundas elecciones generales celebradas en un año, Ganó el PSOE de Pedro Sánchez, muy por delante del PP, pero, por desgracia hemos visto un crecimiento desmesurado de la ultraderecha. Ahora mismo Vox es la tercera fuerza política de nuestro país superando a la derecha en varias provincias y siendo la primera fuerza en la Comunidad autónoma de Murcia… Uno de las consecuencias del blanqueo que han hecho Ciudadanos (que se ha desplomado) y del PP, pactando con la extrema derecha en Andalucía, Madrid, Murcia…

Con sus 52 escaños, más que Podemos y Ciudadanos juntos, su líder, Santiago Abascal ya quiso dejar claro lo que van a intentar hacer.

Van a ir contra “las mordazas, las dictaduras y leyes que ha impuesto la dictadura progre”. Con esta guisa empezaba Abascal su discurso frente a una multitud portando banderas franquistas. En esa primera intervención el líder de Vox también tocó el tema de la inmigración, como suele ser habitual, en lo que ellos consideran como un deber patriótico y social restablecer cierto orden social.

Aunque no mencionó las leyes LGTB, que tanto han dado que hablar desde que empezara su andadura política, con lo que ellos llaman la defensa de la familia tradicional. Por suerte para todos, sus intentos han quedado frustrados por la falta de apoyos en los distintos gobiernos.

Lo importante, es que gracias a sus más de 50 escaños en el Congreso, Vox puede presentar recursos de inconstitucionalidad de lo que desean. Por lo que en los próximos días seguramente empiecen a recurrir todas aquellas ‘leyes liberticidas y anticonstitucionales’.

Nos esperan días duros, y más que nunca nos toca aresistir y continuar con el activismo. Luego no nos quejemos…

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, Elecciones Generales 2019, España, Homofobia/Transfobia, PP, PSOE, Santiago Abascal, Ultraderecha, VOX

El Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 una subvención de 8.500 euros a «Mater Familiae», una organización vinculada a la Diócesis de Cartagena que entre sus servicios ofrece «atender los casos en los que se una desviación de la conducta sexual», aunque, eso sí, asegura hacerlo «con especial delicadeza». El Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia ha anunciado la apertura de una investigación y recuerda a la población que las mal llamadas «terapias» de conversión de la homosexualidad son inadmisibles de acuerdo al conocimiento científico actual.

Lo ha denunciado el grupo municipal del PSOE: el Ayuntamiento de Murcia, gobernado en 2018 por el PP gracias al apoyo de Ciudadanos (los populares perdieron la mayoría absoluta en la capital murciana 2015) concedió 8.500 euros a «Mater Familiae» para subvencionar un proyecto de «intervención en familias en situación de dificultad social».  «Mater Familiae» es una entidad vinculada a la diócesis de Cartagena que se define como un «centro de orientación familiar» que integra entre sus filas profesionales abogados, psiquiatras, pedagogos y psicólogos. La entidad ofrece «formación prematrimonial, reconocimiento de la fertilidad y orientación familiar», y según puede leerse en el apartado de metodología del proyecto presentado en su momento al Ayuntamiento «atiende con especial delicadeza» los casos en los que hay una «desviación de la conducta sexual», en lo que claramente parece una alusión a las «terapias» de conversión. En ese mismo documento puede leeerse que «Mater Familiae» trabaja como telón de fondo con «la antropología adecuada que se desprende del Magisterio de la Iglesia y los escritos de los Papas»:

Nos resulta absolutamente anacrónico el apoyo del Ayuntamiento de Murcia a una asociación que se dedica a reconvertir las desviaciones sexuales», ha criticado la concejala socialista Esther Nevado, para la cual estas supuestas terapias «han sido desautorizadas por la comunidad científica internacional y tan sólo son defendidas por los grupos afines a la extrema derecha». La concejala de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, se ha defendido argumentando que el Ayuntamiento de Murcia concedió en 2018 subvenciones a 127 entidades sociales «de todo tipo de ideologías» y ha asegurado en el documento de memoria presentado por «Mater Familiae» para la justificación de la subvención «no consta ninguna actividad referida a intervención o atenciones a conductas sexuales desviadas».

El Colegio de Psicólogos de Murcia investigará el caso

Ante la gravedad de lo denunciado por el PSOE murciano, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia (COPRM) ha anunciado la puesta en marcha de un proceso de investigación para conocer «qué se está haciendo por parte de la asociación y quién está llevando a cabo los tratamientos».

Al mismo tiempo, el COPRM expresa su rechazo a la utilización de las conocidas como «terapias» de conversión y recuerda que «como colegio profesional, nuestra postura está en consonancia con la de la Asociación Americana de Psicología (2009), que en base a más de 80 estudios científicos, declaraba del todo inadmisible que los profesionales de la salud mental indicaran, instaran o hicieran creer a sus pacientes que es posible modificar su orientación sexual y convertirse en heterosexuales mediante algún tipo de intervención terapéutica o tratamiento».

«Aprovechamos para recordar que el COPRM cuenta con un grupo de trabajo sobre intrusismo, que analiza las ofertas realizadas por personas, que sin la requerida cualificación profesional, prometen con sus ‘terapias’ curaciones o logros milagrosos. Por eso, desde el COPRM enviamos el mensaje a todos los murcianos para que acudan a un psicólogo colegiado para consultar todas aquellas cuestiones que estén relacionadas con su salud emocional y la de los suyos», añade el comunicado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. "Terapias" reparadoras o de conversión, Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos, Colegio Oficial de Psicólogos de Murcia, Diócesis de cartagena, Discriminación, Esther Nevado, Homofobia, Iglesia Católica, LGTBfobia, Mater Familiae, Murcia, Pilar Torres, PP, PSOE

El Trifachito andaluz: Vox, PP y C,s

PP y Ciudadanos, los partidos que gobiernan Andalucía con el apoyo parlamentario de Vox, han llegado a un nuevo acuerdo con la formación de extrema derecha para que los alumnos de la región deban contar con permiso expreso de los padres para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. Andalucía se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que se implanta lo que la extrema derecha gusta llamar «PIN parental» después de que la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia (también en manos de PP y Ciudadanos y respaldado parlamentariamente por Vox), emitiera hace unas semanas una resolución en ese mismo sentido.

«Se procederá a impulsar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo, mediante el establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias, en base a los preceptos consagrados en la Constitución española», reza el texto del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones de derecha y que forma parte de un acuerdo amplio que permitirá al Gobierno andaluz ver aprobados los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma con el apoyo de Vox. El diario digital Infolibre ha preguntado a la formación de extrema derecha si con dicho acuerdo dan por cumplida su exigencia de que se apruebe el «PIN parental» y así se lo han confirmado.

Andalucía, región en la que PP y Ciudadanos buscaron el apoyo de Vox para lograr la mayoría absoluta y desbancar del Gobierno al PSOE (que durante la legislatura anterior gobernaba precisamente el apoyo de Ciudadanos), se convierte así en la segunda comunidad autónoma en la que la formación de extrema derecha consigue implantar de forma efectiva su agenda anti-LGTB. Hace pocas semanas conseguía un triunfo parecido en Murcia, donde una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria sean comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos otorguen su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI (al igual que el acuerdo andaluz), pero a nadie se le oculta que su objetivo no es otro que el desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

Las leyes regionales contra la LGTBIfobia, papel mojado

Al igual que comentamos en su momento al hablar de Murcia, en nuestro humilde entender el acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox atenta contra la ley regional contra la LGTBIfobia aprobada por unanimidad del Parlamento andaluz en diciembre de 2017 (por aquel entonces Vox era todavía una fuerza extraparlamentaria). Su artículo 13.2 dice que «se garantizará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la educación infantil, explicando la diversidad afectivo-sexual sin estereotipos a fin de facilitar un conocimiento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para ello los recursos pedagógicos necesarios», mientras que su artículo 15.2 asegura que «los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan la discriminación. Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum los contenidos de igualdad».

Insistimos también, como venimos haciendo desde que hace ya casi un año Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: el problema no es tanto el programa concreto de Vox (que no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para acceder o aferrarse al poder en lugares como Andalucía, Madrid o Murcia, han acabado por completar un escenario poco halagüeño para los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Andalucía, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Homofobia, Junta de Andalucía, LGTBfobia, Murcia, Parlamento de Andalucía, PP, VOX

Vox vuelve a cargar con su propuesta del Pin parental, lo han comunicado en la Asamblea de Madrid, quieren que los padres puedan elegir si sus hijos acudan a clases sobre educación LGTBI u otras actividades de índole sexual. El consejero de Educación, Enrique Ossorio, se ha negado a llegar a ese extremo, lo considera inadecuado para la docencia.

Esto ha ocurrido durante la sesión de control al Gobierno en el día de ayer, cuando el diputado de Vox Mariano Calabuig preguntó al consejero si iban a eliminar el PIN parental que ya existe sobre los valores y la religión, no entendía porque el sistema educativo permite elegir entre esas dos modalidades y no se permite “dar la libertad” a los padres de mandar a sus hijos a clase o actividades LGTBI.

Lo considera un paso atrás en materia de derechos hacia los padres. Ossorio le respondió que no tienen pensado suprimir ningún PIN parental, porque no hay ninguno que suprimir, sino que es un decreto existente para las familias. “Nuestro sistema educativo está repleto de elecciones y a nosotros nos parece muy bien, pero no se puede llevar al extremo y que unos padres piensen que el hombre no ha llegado a la luna y dijeran que sus hijos no pueden estudiar astronomía”, concluyo el consejero, mostrando su compromiso con el cumplimiento del artículo 27.3 de la constitución.

No obstante, el también diputado del PP ha recordado que el Tribunal Supremo ha determinado que “en los centros educativos no se puede imponer ni inculcar ni siquiera de manera indirecta puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas”. Por ello, asegura, los colegios tendrán que explicar el contenido de su programación a principio de curso para que las familias decidan dónde matriculan a sus niños.

Esta polémica se remonta a las negociaciones para formar el Gobierno regional tras las elecciones que ganó el PSOE pero dieron una mayoría a las suma de los partidos de centroderecha. Entre otras cuestiones, Vox planteó como requisito imprescindible para apoyar un Ejecutivo bicolor de PP y a Cs la aplicación de lo que denomina pin parental para evitar “el adoctrinamiento” en las aulas con contenidos académicos relativos a la sexualidad o a los derechos del colectivo LGTBI, recogidos en las leyes autonómicas aprobadas la pasada legislatura.

Finalmente, el pacto no incluyó dicha referencia, pero en su discurso de investidura la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí se comprometió a cambio a que sea “obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción”. En ella deberá incluirse tanto el “proyecto educativo” como las “temáticas extracurriculares que contengan los principales talleres y charlas”.

Sin embargo, Vox ha vuelto a poner este jueves en el centro del debate parlamentario la cuestión del pin parental, equiparándolo a la posibilidad de elegir entre la asignatura de Religión y la de Valores. “¿Por qué no existe cuando los padres dicen, mire, es que hay una serie de cosas que no quiero que se le den a mis hijos, como son clases o actividades sobre LGTBI o educación afectivo-sexual que afectan muy directamente a las familias?”, ha preguntado el diputado Mariano Calabuig.

Ossorio le ha respondido que los progenitores no pueden limitar determinados contenidos que reciben los alumnos. “Lo ha dicho el Tribunal Supremo: no se admite objeción de conciencia a los padres cuando son asignaturas del currículo obligatorio”, ha subrayado.

La controversia ha seguido en la Asamblea en una comparecencia solicitada por Más Madrid para interrogar al consejero de Educación sobre la aplicación de la Ley de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, la diputada de Vox Alicia Rubio, que es profesora, ha llegado a poner como ejemplo de los contenidos que su grupo no quiere que se impartan en los centros escolares el caso de una alumna que le dijo que hasta que recibió una de esas charlas pensaba que “el sexo oral era decir cochinadas por teléfono”.

“¿Qué derecho ampara a esos grupos para entrar como elefante en cacharrería en las aulas, en las conciencias, en la intimidad y en la inocencia de esos menores? ¿No deberían los padres saber y autorizar estos contenidos?”, ha preguntado la representante de la formación ‘verde’, que ha asegurado que “sí se adoctrina en las aulas” con “contenidos sesgados de la sexualidad humana”, y se ha planteado “dónde termina la educación en diversidad sexual” y dónde comienza “la corrupción de menores” con los contenidos que se desarrollan en los centros educativos por parte de colectivos LGTBI. En este punto, la parlamentaria se ha preguntado quiénes son esos colectivos que dan charlas en los colegios y “qué es lo que les avala” para que la Comunidad les permita acudir a los centros educativos a dar estos contenidos. “Yo creí en esos contenidos de género para evitar la violencia y fomentar la tolerancia, hasta que vi su trayectoria y vi que no tenía nada que ver con la tolerancia. Hasta ese momento no supe dónde terminaba la educación en diversidades sexuales y comenzaba la corrupción de menores”, ha lanzado.

En su turno de palabra, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha puesto otro ejemplo, un “caso real” de un chico gay al que su padre, al enterarse de su condición sexual, le dijo antes de destrozar la vajilla de la casa: “Ojalá te hubieras muerto en el accidente de coche que tuviste el año pasado. Prefiero tener un hijo drogadicto, asesino o con discapacidad antes que un hijo maricón de mierda”.

“Esta situación es extrema, desde luego, pero hay demasiadas familias que no ofrecen un entorno seguro a los menores LGTBI precisamente por esos prejuicios que tienen”, ha espetado el parlamentario del grupo de izquierda en una crítica directa a Vox . “Esos niños tienen derecho a que la escuela no reproduzca los prejuicios que tienen los padres, tienen derecho a que se les eduque en libertad”, ha apostillado.

El parlamentario de Más Madrid ha sostenido que este grupo parlamentario se supera “a sí mismo” en cada intervención. “Escuchando a los señores de Vox siempre pregunto lo mismo: ¿a qué tienen ustedes tanto miedo? ¿qué es exactamente lo que les asusta tanto que conozcan sus hijos? ¿sus convicciones son tan débiles como para pensar que sus hijos algún día escuchan algo diferente a las barbaridades y les va a pasar algo? ¿van a ser LGTBI?”, ha espetado.

En este punto, ha recordado que las personas LGTBI se criaron “rodeados de personas heterosexuales, rodeados de referentes heterosexuales, escuchando películas heterosexuales” y ni les cambian, ni ha pasado nada. Les ha instado, además, a que no tengan “tanto miedo a la diversidad” ni a que sus hijos conozcan “la realidad de España en el siglo XXI”.

Por parte del PSOE la parlamentaria Carla Antonelli solicitó a la Comunidad que informara acerca de cuál es su compromiso con el cumplimiento y desarrollo de las leyes de igualdad LGTBI y se ha refirió a la expulsión de Alicia Rubio de un instituto madrileño y le ha acusado de tener una psicopatía que se llama «transfobia».

Carla Antonelli ha sostenido que a sus 60 años “hay cosas que parecía imposible imaginar” como lo ha sido “escuchar” en la Cámara autonómica “tanto odio que puede escupir una persona” y se sorprende de que “sus vidas hayan girado en torno al odio hacia otras personas”, que han luchado “igual por la democracia y las libertades” en España. “Hacen apología del odio hacia los LGTBI intentando impedir que los niños sean educados en el respeto, dejen a nuestros niños y niñas en paz, que crezcan en libertad y en respeto a su propia identidad”, ha subrayado.

La diputada Beatriz Gimeno, de Unidas Podemos, ha mencionado a HazteOir.org  y defendido el capítulo educativo de la ‘Ley LGTBI’ de Madrid. Y ha reprochado al consejero de Educación, Enrique Ossorio, de permitir el reparto de folletos en los colegios madrileños, hacer oídos sordos a la creación de páginas web con listas de centros, para intimidar y perseguir a los centros que dan cursos de diversidad sexual…

Este no es más que otro intento de Vox de dañar al colectivo LGTB, con políticas absurdas que no benefician a nadie y no son más que pasos atrás de la sociedad.

Fuente Agencias

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Es lo que tiene el pactar con la ultraderecha para impedir que gobierne el más votado (PSOE). El Trifachito en acción. Luego se extrañan algunas de que no sean bienvenidas en la Manifestación del Orgullo. ¿Esto es defensa de las personas LGTBI+?

La Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos, ha decidido finalmente oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses y que la formación naranja sí que apoyó en la pasada legislatura. Así lo ha trasladado en un documento remitido a las Cortes regionales, en el que la coalición que gobierna Castilla y León apuesta por un texto propio. En este sentido, dosmanzanas ha tenido acceso al primer borrador de anteproyecto propuesto por el Gobierno regional, y lo que hemos podido leer resulta muy preocupante. La Junta introduce significativos recortes a la propuesta de los colectivos, muy especialmente en materia de Educación y en todo lo que tiene que ver con los derechos de los menores trans.

Hace ahora un mes recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos han vuelto a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), ha dado un giro de 180 grados y apostaba ahora por un texto recortado que pudiera ser consensuado con el PP, su socio de gobierno. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que el texto del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

Pues bien, dosmanzanas ha tenido acceso a un primer borrador de dicho texto, y más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes nos llaman la atención aspectos como:

• La desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• La desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• La eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• La eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Estos son algunos de los elementos que «desaparecen» del borrador de proyecto de ley de la Junta. Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Se abre la puerta a los baños «apartheid» para menores trans

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos, que en su momento contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL), y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y Ciudadanos. «Es fundamental que se apruebe la ley de los colectivos, que garantiza todos nuestros derechos. El texto que está impulsando el PP incluye recortes que ya conocemos y que se negociaron en la pasada legislatura con grupos contrarios a la diversidad sexual, por lo que una ley así no puede ser nuestra ley. Le pedimos al PP que por una vez deje de bloquear nuestros derechos y a Ciudadanos que demuestre su compromiso y mantenga su apoyo al texto que apoyó la anterior legislatura», ha manifestado a dosmanzanas Ignacio Paredero, presidente de la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+).

Cabe señalar, al respecto de las negociaciones que señala Paredero entre el PP y grupos contrarios a los derechos LGTB, que el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado al Gobierno de Murcia, también una coalición entre PP y Ciudadanos). También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. Una avalancha de comentarios que pese a resultar obvio que son fruto de una acción coordinada de sabotaje bien podría ser utilizada por el Gobierno de Castilla y León para justificar sus recortes. leone

Estaremos pendientes de cómo evoluciona la cuestión, y muy especialmente de si Ciudadanos en Castilla y León persiste en su alianza con el PP o decide volver a dar su apoyo a las medidas que en su momento defendió.

Comunicado de la Asociación Valladolid Diversa

Las organizaciones ATC Rainbow, Chrysallis, Fundación Triángulo y Valladolid Diversa, tras la reunión que hemos mantenido hoy con representantes de Ciudadanos, queremos expresar nuestra satisfacción por el compromiso mostrado por este grupo parlamentario con la igualdad real y los derechos de la Diversidad Sexual y de Género en Castilla y León, al aceptar y comprometerse a apoyar las aportaciones que hemos hecho a la propuesta de Ley LGTB+ de la Junta.

Entendemos que esta ley es absolutamente necesaria, pues necesitamos derechos y herramientas válidas para su defensa, y en este sentido han ido nuestras aportaciones al texto remitido por la Junta. Entre otras medidas, hemos incluido en nuestras enmiendas la continuidad y garantía de aplicación del protocolo de Educación, la mejora del protocolo de Sanidad, derechos como la tarjeta sanitaria para las personas trans menores de edad, la garantía de la atención integral sanitaria para todas las personas con diversidad sexual y de género, así como medidas para proteger del acoso escolar y del maltrato familiar a todas las personas de nuestro colectivo.

Asimismo, queremos recordar que las organizaciones LGTB+ somos las auténticas expertas en la materia que trata esta ley, pues somos nosotras, las personas con Diversidad Sexual o de Género, quienes sufrimos en nuestras propias carnes y en nuestro entorno todos los males que esta ley pretende erradicar o mitigar. En ese sentido llevamos luchando desde hace años y conocemos mejor que ninguna otra organización o profesional de fuera de nuestro colectivo cuáles son las herramientas que necesitamos para acabar con las discriminaciones que sufrimos y garantizar nuestra igualdad real.

Las cuatro organizaciones entendemos que será necesario el consenso parlamentario para sacar adelante esta ley. Por ello hemos empezado hoy nuestra ronda de reuniones con los grupos políticos, en primer lugar con Ciudadanos por ser el primer grupo en responder a nuestra petición, pero también nos reuniremos próximamente con el resto de grupos políticos. En dichas reuniones expresaremos nuestro deseo de alcanzar el consenso partiendo de nuestras medidas presentadas hoy como un mínimo para garantizar que la ley que finalmente se apruebe por las Cortes sea una herramienta efectiva para nuestra igualdad y nuestros derechos. De todas formas, entendemos que nuestras aportaciones siempre pueden ser ampliadas y mejoradas con más aportaciones en positivo. Lo que no estamos dispuestas a aceptar son recortes en igualdad y derechos. Deseamos mantener esta necesaria colaboración durante el trámite parlamentario de la ley, hasta que el texto sea finalmente aprobado por las Cortes de Castilla y León.

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Asociación Valladolid Diversa
Luchamos por la diversidad

Fuente Dosmanzanas/Valladolid Diversa

General, Homofobia/ Transfobia. Alfonso Fernández Mañueco, ATC Rainbow, Castilla y León, Chrysallis, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Discriminación, Educación, Equo, Francisco Igea, Fundación Triángulo, HazteOir, Ignacio Paredero, IU, Junta de Castilla y León, Niñas trans, Niños trans, Personas transgénero, Podemos, PP, PSOE, Transexualidad, Unión del Pueblo Leonés, Valladolid Diversa

La formación, parte del programa de cursos de verano denominados «Universidad Internacional del Mar» se centró en analizar los ámbitos educativos y socio-sanitarios que afectan a la vida diaria de las personas LGTBI.

La atención específica a las necesidades de las personas pertenecientes al colectivo de diversidad sexual y de género se ha visto reforzada en la Región de Murcia con esta iniciativa de formación de profesionales de los ámbitos sanitario, social y educativo.

La Universidad de Murcia ha sido la encargada de promoverla, en colaboración con el colectivo LGTBI No Te Prives, ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia) y el Ayuntamiento de Molina de Segura, localidad en la que se celebró el curso.

En la inauguración intervino el presidente del colectivo No te Prives, Jesús Costa, que lamentó que «pese a que la legislación recoge medidas para alcanzar la igualdad, las políticas no se aplican en materia de Sanidad y Educación». Por su parte, la representante de la Universidad de Murcia, María Guirao Carrillo (profesora de la Facultad de Psicología), confirmó que «se intentará sacar adelante la segunda edición del curso para el próximo verano». Guirao destacó el papel de la educación y la Formación como vehículo para erradicar la equiparación entre lo «diferente» y lo «malo». Por parte del consistorio local, la concejal de Cultura y Juventud de Molina de Segura, Soledad Nortes, criticó los discursos que se escuchan actualmente en contra de la convivencia y la diversidad y abogó por seguir haciendo visible al colectivo.

El contenido del curso comenzó con unas nociones básicas sobre diversidad sexual y con la ponencia del histórico activista LGTBI Armand de Fluvià. Una declaración a favor de recuperar la memoria histórica del colectivo en nuestro país y en concordancia con la reivindicación anual del colectivo de reconocer el papel de nuestros mayores en la consecución de derechos. «Ahora no hay discriminación legal, ahora la lucha es contra la homofobia», declaró Fluvià. El veterano activista señaló la necesidad de contar en la lucha contra esa homofobia con el apoyo del sistema educativo y los medios de comunicación. El presidente de No Te Prives aprovechó para hacer entrega de la Pluma de Plata del colectivo a Fluvià en reconocimiento a la valentía demostrada en los años 70 para que las personas LGTBI puedan disfrutar hoy día de los derechos conquistados.

Además de esta incursión histórica y diversas nociones básicas, en este curso se impartieron charlas de inmersión al lenguaje inclusivo, cuestiones referentes a la legalidad nacional e internacional y legislación en materia de delitos de odio. El curso dedicó una jornada entera a la despatologización trans, así como otra al aspecto más estrictamente socio-sanitario y una última al educativo, contando en todas ellas con ponentes con una extensa formación específica. Las familias también tuvieron voz en este curso: representantes de ASFAGALEM participaron para contar su experiencia y señalar aspectos a mejorar en el funcionamiento de diversos servicios públicos. Esta asociación está centrada en defender los derechos de los menores provenientes de familias con madres y padres lesbianas y gais.

Los partidos políticos también estuvieron presentes a través de una mesa redonda en la que participaron ponentes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. También participó la ahora independiente María Jesús López, exconcejala de Ciudadanos en Hellín (Albacete) que hace unos meses acusó a la formación naranja de transfobia tras negarle encabezar la lista municipal.

Más de 40 alumnos asistieron a esta primera edición del curso «Diversidad Afectivo Sexual y de Género: Perspectivas desde el ámbito educativo y socio-sanitario», de la Universidad Internacional del Mar (perteneciente al Campus Mare Nostrum de excelencia universitaria de la Universidad de Murcia).

El curso ha estado dirigido por Francisco Rafael Lázaro, profesor del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, e Ismael Jiménez, profesor del Departamento de Enfermería. Esta ha supuesto la primera formación en diversidad sexual y de género llevada a cabo por la Universidad de Murcia en colaboración con los colectivos regionales. Un hecho que el presidente del colectivo No Te Prives celebró agradeciendo al nuevo rector de la institución universitaria su predisposición para estrechar lazos y colaborar en la erradicación de mala praxis profesional hacia las personas LGTBI.

La Universidad de Murcia se convierte así en otra institución universitaria visiblemente sensibilizada con las demandas del colectivo. Otro ejemplo de la unión entre saber y diversidad después de que la Universidad Complutense de Madrid inaugurara recientemente su Master en Estudios LGTBIQ+.

Fuente Dosmanzanas

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Y luego les extraña que no se les quiera en la Manifestación del Orgullo… es el pago por los votos de la ultraderecha.

Giro de Ciudadanos en Castilla y León. Tras haber apoyado en la anterior legislatura la proposición de ley de igualdad LGTBI impulsada por los colectivos castellanoleoneses, la formación naranja ha decidido ahora desmarcarse de la misma y optar por un texto alternativo al que pueda sumarse el PP. El movimiento de Ciudadanos ha generado inquietud en los colectivos LGTB de la región, que ven en la maniobra la intención de rebajar el alcance del texto.

Para entender la dimensión de lo sucedido es necesario hacer un poco de historia: a finales de 2016 diferentes colectivos LGTBI+ de Castilla y León  presentaron en las Cortes regionales una primera propuesta de ley de igualdad LGTBI. Utilizaron como base una ley promovida en Extremadura por el PP cuando gobernó aquella comunidad, y que de hecho fue aprobada en marzo de 2015 por unanimidad. El guiño a los populares era evidente. Durante meses, de hecho, se trabajó en un borrador que hiciese posible el consenso. Los colectivos se mostraron incluso dispuestos a hacer concesiones «dolorosas», pero finalmente los populares dieron carpetazo al proceso. Los colectivos consiguieron, sin embargo, el apoyo del resto de las formaciones representadas entonces en las Cortes regionales para que el texto pudiese tramitarse en forma de proposición de ley presentada por PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y Unión del Pueblo Leonés (UPL). Un compromiso que se materializó en marzo de 2018, cuando la Mesa de las Cortes de Castilla y León acordó admitir a trámite aquella proposición de ley.

El proceso que siguió dicha admisión fue, sin embargo, infructuoso. Solo el voto sorpresa de la entonces presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, permitió la toma en consideración de la proposición, en contra del criterio del que era entonces su partido, el PP. Clemente también unió sus votos a los de la oposición para poner fin al bloqueo de su tramitación. Pero no fue suficiente. La legislatura terminó sin que la propuesta fuese aprobada (Silvia Clemente, curiosamente, fichó por Ciudadanos y fue promovida por su dirección nacional a candidata a presidenta de la Junta. Sin embargo, las elecciones primarias en las que ganó por un puñado de votos se desvelaron fraudulentas, lo que llevó a que finalmente fuera su rival, Francisco Igea, el candidato de los naranjas).

A Ciudadanos ya no le gusta el texto de los colectivos

En las elecciones del pasado mayo el PP (que en la anterior legislatura tenía la mitad exacta de los diputados)  cayó a la segunda posición, siendo superado por el PSOE. Pero los populares llegaron a un acuerdo con Ciudadanos para mantenerse en la presidencia de la Junta a cambio de repartirse el Gobierno regional y dar a los naranjas la presidencia de las Cortes. En el plano parlamentario, sin embargo, se registraba una clara mayoría de los partidos que en la legislatura anterior registraron la proposición de ley propuesta por los colectivos. No había ya impedimento alguno… Si no fuera porque Ciudadanos ha decidido desmarcarse.

Francisco Igea, lider de Ciudadanos en CyL con Albert Rivera

Lo ha hecho, además, por sorpresa. «No supimos que Ciudadanos daba marcha atrás a su compromiso de mantener su apoyo al registro del texto acordado la pasada legislatura hasta la misma mañana del registro de la ley cuando no aparecieron», ha indicado en un comunicado la FECyLGTB+ (Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales), entidad que el pasado miércoles registraba de nuevo la proposición en las Cortes de Castilla y León de la mano de los grupos socialista y mixto (salvo, en este último caso, el único diputado de Vox) y con la llamativa ausencia de la formación naranja.

Y propone recortar un 30% y consenso con el PP

Especial inquietud ha causado entre los colectivos las explicaciones dadas por Ciudadanos. Su portavoz en las Cortes ha argumentado que ahora prefieren aprobar un texto que pueda apoyar su socio de gobierno, el PP, después de escuchar «a los profesionales de la educación o la sanidad». En el mismo sentido se ha pronunciado Francisco Igea, ahora vicepresidente de la Junta, que ha anunciado que será el propio Gobierno regional el que enviará a las Cortes un proyecto de ley que recogerá «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos.

«Sabemos perfectamente cuáles son nuestros derechos», responden desde la FECyLGTB+ a Ciudadanos. «Proponer ahora que sean los profesionales médicos los que opinen sobre qué derechos necesitamos o reclamamos para alcanzar nuestra igualdad legal es tratarnos como menores de edad o algo peor. Y eso por no hablar de que se reúnan con colectivos religiosos contrarios a nuestros derechos para consultarles nuestra ley, algo que, en el pasado, ya ha hecho la Junta», continúa el comunicado. «Si la ley que quiere promover la Junta recoge, como ya han dicho, el 70% de nuestro texto, ¿cuál es el 30% de nuestros derechos que no se van a recoger? ¿Qué colectivo o derechos se van a quedar fuera?», añade. En este sentido, la FECyLGTB+ se muestra especialmente preocupada por la posibilidad de que un texto recortado y descafeinado perjudique especialmente a las personas trans y a los menores.

«No vamos a volver a caer en lo que sucedió la anterior legislatura, en la que estuvimos reuniéndonos con la Junta años para que al final, tras reunirse con colectivos religiosos, cambiasen de opinión y bloqueasen nuestra ley. Vamos adelante con la proposición de ley presentada con el texto acordado con Ciudadanos, PSOE, Podemos y UPL en la anterior legislatura, por supuesto, abierta a negociar debatir y enmendar con todos los grupos y que esperamos se discuta hasta su aprobación final en las Cortes. Es lo mínimo que merecemos tras cuatro años luchando por sacar adelante esta ley. Esperamos que se esté a la altura y se deje de una vez a un lado protagonismos, trabas, bloqueos, el interés electoral y la búsqueda de medallas y, simplemente, se apoyen nuestros derechos e igualdad tras el debate democrático», ha declarado el presidente de la FECyLGTB+, Ignacio Paredero.

Estaremos atentos a lo que sucede…

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Castilla y León, Ciudadanos, Cortes de Castilla y León, Equo, FECyLGTB, Francisco Igea, Ignacio Paredero, IU, Podemos, PP, PSOE, Silvia Clemente, Unión del Pueblo Leonés

Más allá de los exabruptos, las salidas de tono y las declaraciones en medios y redes sociales, la extrema derecha comienza a imponer su agenda de odio en aquellos territorios en los que sus acuerdos con PP y Ciudadanos fuerzan a estos a asumir sus postulados. La primera parada, Murcia, donde la Consejería de Educación acaba de advertir a los colegios de la región que los alumnos deberán contar con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBfobia. 

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril del año pasado, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. «Es importante inculcar a nuestros alumnos principios que favorezcan la no discriminación y el respeto a la diversidad», declaraba entonces la consejera de Educación. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del autodenominado «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello).  La medida, sin embargo, no se llegó a implementar formalmente.

Tras las pasadas elecciones autonómicas, se produjo un vuelco: el PSOE pasó a ser el partido más votado, pero el PP consiguió acordar con Ciudadanos y Vox mantenerse en el poder. La mayoría parlamentaria de los tres partidos dio el gobierno a una coalición de PP con Ciudadanos, partido que prefirió esta opción a la de conformar una mayoría alternativa con el PSOE. Un acuerdo que, al igual que sucedió en la Comunidad de Madrid, se hizo de forma teatralizada y después de que la extrema derecha amagara con no dar su apoyo a PP y Ciudadanos si no se derogaba la ley regional contra la discriminación de las personas LGTBI. Finalmente Vox obtuvo el compromiso del PP de que atendería sus demandas, pese a que no se produjese una derogación formal de la ley. Bastaba con convertirla en papel mojado…

Este 29 de agosto la maniobra se ha, por fin, materializado. En una resolución de la secretaría general de la Consejería de Educación, al frente de la cual se sitúa ahora María Esperanza Moreno, se ordena que todas aquellas actividades complementarias que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria deben ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos deben dar su autorización expresa. Por supuesto, la resolución no menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta, después de la exigencia de Vox, que el objeto de la orden no es otra que desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia.

La decisión del Gobierno murciano ha encontrado rápida respuesta en el diputado socialista en la Asamblea regional Emilio Ivars, que en un hilo de Twitter ha destacado que la resolución contraviene el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. «No nos quedaremos quietos», ha advertido el diputado socialista:

Hola @RmEsperanza Creo que ayer tu Secretaria General metió la pata con las instrucciones de inicio de curso. (Abro hilo) pic.twitter.com/wWvxTVE1l4

— Emilio Ivars /❤️ (@eivars) 3 de septiembre de 2019

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

La decisión resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Insistimos, como venimos haciendo desde que el pasado mes de diciembre Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz: El problema no es tanto el programa concreto de Vox (que obviamente no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en la formación de extrema derecha para aferrarse al poder en Madrid o en Murcia, han acabado por completar un escenario que no es precisamente halagüeño para los derechos LGTBI. Y ya empezamos a sufrirlo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Asamblea Regional de Murcia, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Emilio Ivars, Foro de la Familia, Homofobia, LGTBfobia, María Esperanza Moreno, No Te Prives, PP, PSOE, VOX