Antes de integrarse en Ciudadanos y ser candidata de este partido a la alcaldía de Barcelona, Carina Mejías fue portavoz del grupo popular en el Parlamento de Cataluña. Lo fue en una época en la que su partido de entonces se oponía con fuerza a la equiparación de los derechos de las personas LGTB, muy singularmente en Cataluña. No está de más recordar que Mejías, a la que las encuestan pronostican un papel muy destacado en la futura política municipal de Barcelona, defendió entonces con especial ahínco las políticas homófobas del PP.

En una carta dirigida en 2007 a Josep Miró i Ardèvol, presidente de la organización ultraconservadora E-Cristians -y que había mostrado su preferencia por Unió Democràtica de Catalunya sobre el PP como partido que se aproximaba mejor “a lo que se puede necesitar desde un punto de vista cristiano”- Carina Mejías presumía de las acciones que el PP había llevado a cabo contra la decisión de la Generalitat de Catalunya (entonces gobernada por una coalición de fuerzas de izquierda) de convertirse en miembro asociado de la ILGA o como protesta contra un festival de cine LGTB que según Mejías “utilizaba” en su publicidad la fotografía de un menor.

La ahora candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona le recordaba a Miró i Ardèvol que el presidente de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, tenía “inclinación a pactar con el PSOE, el partido impulsor de leyes que legalizan el matrimonio homosexual, regulan el matrimonio express, reduciéndolo a un simple papeleo, o no tienen pudor a dar su apoyo incondicional a la LOE, la Ley de Educación que incluye la asignatura de “educación para la ciudadanía”, legitimando así el adoctrinamiento moral de nuestros hijos”.

“El Partido Popular defendió el voto en contra de todas las iniciativas legislativas enunciadas por ser contrarias a sus principios ideológicos, inspirados en el humanismo cristiano, y a sus convicciones morales, y fue capaz de soportar con entereza durísimas descalificaciones por ello. Por eso nadie, podrá jamás cuestionar nuestra firmeza y nuestro compromiso”, añadía Carina Mejías.

Donde dije digo, digo Diego

Hace pocas semanas, Carina Mejías era preguntada por este asunto en Osoigo.com, una plataforma digital que permite hacer preguntas directas a los políticos que se dan de alta en ella. “Hace unos años, cuando era portavoz del PP catalán, usted dijo sentirse orgullosa de que el PP hubiera votado en contra del matrimonio homosexual por ir contra el ‘humanismo cristiano’. ¿Sigue sintiéndose orgullosa de que el PP, partido al que pertenecía, votara en contra de dotar de igualdad a los homosexuales?”, era la pregunta que le lanzaba un usuario, Raúl Pérez. “Siempre he sido partidaria del reconocimiento de los efectos jurídicos de las uniones entre  personas del mismo sexo. Además, tras la contundente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la norma de 2005 se reconoció como plenamente legal y constitucional una realidad social”, respondía Mejías, que por cierto evitaba en todo momento el uso de la palabra “matrimonio” en su respuesta.

Una rectificación, por cierto, muy similar a la que en su momento hizo el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al que dosmanzanas entrevistaba allá por 2006, cuando su partido era aún irrelevante en el mapa político estatal pero que ya emergía como “estrella” del panorama catalán (pocos días después era elegido diputado autonómico). “La igualdad no pasa por subvertir el sentido de las palabras, sino por garantizar que las diferencias no implican discriminaciones. Llamar matrimonio a una unión homosexual genera tensiones innecesarias y perfectamente evitables en la sociedad, sin aportar ninguna mejora a las parejas homosexuales ni a la calidad de su ciudadanía”, declaraba entonces a nuestro blog. Un año después Albert Rivera decía ya estar “a favor de los matrimonios homosexuales”.

Desde nuestro punto de vista, es legítimo evolucionar políticamente, y nos congratulamos de que políticos que antes decían oponerse al matrimonio igualitario ahora lo acepten. Ciudadanos, y eso merece la pena destacarse, votó a favor de la reciente ley catalana contra la LGTBfobia, y en el reciente debate organizado en Madrid por COGAM su número 3 al Ayuntamiento, Sofía Miranda, se mostraba a favor de avanzar en el mismo sentido en Madrid. En el caso de Carina Mejías, sin embargo, sí creemos que merece la pena destacarse su pasado opuesto a los derechos LGTB, especialmente por la contundencia que entonces mostró. No está de más recordar, por mencionar uno de los ejemplos que recogía en su carta al presidente de E-Cristians, la furibunda campaña de los sectores más conservadores de la sociedad catalana contra la decisión de la Generalitat de ingresar en ILGA, a la que el PP no dudó en sumarse en sede parlamentaria cuando Mejías era nada más y nada menos que su portavoz.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albert Rivera, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, Carina Mejías, Cataluña, Ciudadanos, Discriminación, e-cristians, Generalitat de Catalunya, ILGA, Josep Miró, Matrimonio, Osoigo.com, PP, Sofía Miranda

“Somos ambiciosos. Impulsaremos una ley de igualdad de trato y no discriminación contra todos los delitos de odio”, ha afirmado la diputada regional del PSM-PSOE, que ha participado en un debate convocado por COGAM junto a miembros de las candidaturas de Ciudadanos, Podemos, UPyD, IU y PP.

“Apostamos por acordar en Madrid la ley integral más avanzada de España y lograr su despatologización en todos los ámbitos”, ha señalado la diputada regional y candidata del PSM-PSOE a la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, en un debate organizado por el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM).

“Somos ambiciosos. Apostamos por una ley de igualdad de trato y no discriminación contra todos los delitos de odio. Sin exclusión y, por supuesto, incluyendo la lgtbfobia”, ha asegurado Antonelli, que se ha referido a las últimas agresiones sufridas por personas LGTBI en Madrid y ha reclamado protocolos de sensibilización dirigidos a agentes de la Policía y Guardia Civil a la hora de abordar denuncias por este tipo de hechos delictivos.

Asimismo, ha apostado por “encarar de todas las formas posibles” las situaciones de acoso a menores LGTBI en centros educativos. Es un colectivo que, según ha asegurado Antonelli, continua registrando “alarmantes tasas de suicidios”.

En materia de Educación, la diputada regional también aboga por incluir más formación en diversidad en las aulas y reclama que cualquier colegio, con independencia de su titularidad y “por encima de cualquier dogma o creencia”, “cumpla con la Constitución y el Estado de Derecho”.

En cuanto a la lucha contra el VIH y el sida, Antonelli ha instado a “no bajar la guardia nunca” y ha reclamado mayor compromiso público, pues los recortes han provocado que muchas asociaciones y colectivos se vean obligados a “cubrir el vacío que han dejado las instituciones”.

Junto a Antonelli, también participaron en el debate un miembro de cada partido político que se presenta a la Comunidad de Madrid: PP, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos.

Ángel Garrido, número 2 de la candidatura de Cristina Cifuentes a la Comunidad de Madrid, aseguró que si ganan las próximas elecciones darán un giro a las políticas que hasta el momento desarrollan en todas las instituciones que gobiernan. En concreto se manifestó arrepentido del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y afirmó que apoyaran la Ley Integral de Transexualidad.

Julián Sánchez, de IU, denunció los recortes sociales y sanitarios que ha desarrollado el gobierno del PP y que afectan de manera singular a la población LGTB. Al igual que Antonelli, también apostó por aprobar en la próxima legislatura una Ley de Igualdad de Trato y contra la Discriminación.

Por su parte, Gabriel López de UPyD apostó por la sanidad pública y gratuita para todos los ciudadanos independientemente de su situación administrativa y por la consiguiente derogación del Real Decreto que ha tenido efectos devastadores en población inmigrante con VIH.

En relación con el acoso escolar, María Espinosa, integrante de la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid, defendió medidas contra todo tipo de acoso escolar y de forma singular el motivado por orientación sexual o identidad de género.

La representante de Ciudadanos, Sofía Miranda, apuesta por un pacto educativo que garantice la igualdad a toda la ciudadanía.

Jesús Grande, presidente de COGAM, entidad organizadora del debate, comentó que “esta nueva legislatura debería ser el punto de inflexión que supusiese el paso de la igualdad legal a la igualdad real sacando del debate electoralista lo que son derechos civiles de la ciudadanía que cualquier partido democrático debería asumir como propios, con nuestros derechos no se negocia” así mismo exigió que se apruebe en el primer periodo de la nueva legislatura una Ley Integral de Transexualidad y otra de Igualdad de Trato y contra la Discriminación.

Fuente Cáscara Amarga

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Ángel Garrido, Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, Ciudadanos, COGAM, Cristina Cifuentes, Gabriel López, IU, Jesús Grande, Julián Sánchez, Ley de Igualdad de Trato y Contra la Discriminación, Ley Integral de Transexualidad, María Espinosa, Podemos, PP, PSM (PSOE), Sofía Miranda, UPyD

Más de 300 personas acudieron a la concentración de Arcópoli en respuesta a las últimas agresiones a personas homosexuales en Madrid.

En la tarde del sábado una multitud de madrileños y madrileñas, tanto lesbianas, gais, bisexuales y transexuales como heterosexuales, se dieron cita en la plaza de Chueca para condenar los ataques a personas LGTB que siguen produciéndose habitualmente en la capital. Tras el incremento del 115% el pasado año de los delitos de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género de las víctimas y el último caso conocido en que cuatro jóvenes gais fueron agredidos hasta en tres ocasiones en una misma hora por las mismas personas; la asociación Arcópoli convocó una concentración para visibilizar su apoyo a las víctimas y manifestar su rechazo hacia la escalada de la violencia contra la diversidad sexual y de género.

El coordinador de Arcópoli Yago Blando sostiene que “las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Se hizo un tímido intento de establecer un protocolo y su desarrollo es lentísimo; sin embargo las agresiones continúan. Hace falta un Plan Integral contra la LGTBfobia en Madrid que forme debidamente a la policía y anime a las víctimas a denunciar”.

Al encuentro acudieron relevantes figuras de la política madrileña como el candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Antonio Miguel Carmona, acompañado por parte de su equipo y la conocida activista trans y diputada regional Carla Antonelli, así como numerosos candidatos y militantes de Equo, Ciudadanos, Izquierda Unida y UPyD, con la sonada ausencia de Podemos y el Partido Popular.

Activismo por la diversidad, partidos políticos y ciudadanía en general manifiestan así su apoyo a la erradicación de la violencia contra lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. Agresiones a personas GLTB, Antonio Miguel Carmona, Arcópoli, Carla Antonelli, Chueca, Ciudadanos, Izquierda Unida, Podemos, PP, PSOE-PSM, quo, UPyD, Yago Blando

*

Tampoco es tan extraño teniendo en cuenta estas declaraciones de Albert Rivera…

El comentario ofensivo lo realizó a través del grupo de WhatsApp de Ciudadanos Móstoles, donde a la pregunta de si acudiría a un acto social celebrado en Chueca, el militante respondió:“Sí, para que me pongan la banderita de Japón”.

José Antonio Luelmo Recio, antiguo militante del PP y ahora afiliado a Ciudadanos, ha sido acusado de homofobia por varios compañeros de partido tras hacer un “chiste” ofensivo hacia el colectivo LGTB a través del WhatsApp de la agrupación municipal de Ciudadanos Móstoles.

Cuando el coordinador local, Carlos Rodríguez, preguntó quién se animaba a ir a un acto que se celebraba en Chueca, Luelmo respondió con un:

“Sí, para que me pongan la banderita de Japón”.

A este comentario homófobo, el secretario local le replicó que Ciudadanos debe representar al máximo de colectivos posible. Ahora, un total de 34 militantes ha pedido la expulsión de su compañero acusándole de homofobia.

Luelmo también está acusado de doble militancia por haber alternado su afiliación a PP y Ciudadanos durante varios meses.

General, Homofobia/ Transfobia. Albert Rivera, Carlos Rodríguez, Ciudadanos, Matrimonio igualitario, WhatsApp

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado que los cientos de miles de inmigrantes sin papeles a los que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin cobertura sanitaria en 2012 podrán acudir ahora a los centros de Atención Primaria. El anuncio supone sin duda una mejora respecto a la situación vivida estos últimos tres años, aunque a falta de conocer la letra pequeña del cambio no puede hablarse ni mucho menos del retorno de la sanidad universal, derecho que hace solo unas pocas semanas la gran mayoría de los partidos españoles, salvo el PP y Ciudadanos, prometían recuperar en la próxima legislatura. El anuncio ha sido interpretado como una medida dirigida a “suavizar” la imagen de un PP tocado tras las elecciones andaluzas, e incluso a dejar en evidencia a Ciudadanos, la formación de centro-derecha que amenaza en estos momentos con llevarse una parte significativa de su electorado.

Gracias al Real Decreto 16/2012, una de las medidas de más graves consecuencias sociales del gobierno de Rajoy, han quedado fuera de la atención sanitaria (con la excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se han visto obligados a emigrar y llevan trabajando más de 90 días en el extranjero. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos. Ya hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses publicaba un estudio que muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresó que los pacientes no fueron atendidos ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley. “Lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, concluía el estudio, según el cual al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

Una medida, en suma, de la que el propio gobierno es incapaz de cuantificar si ha supuesto algún ahorro, y que ahora el ministro Alonso considera que debe revertirse por “cuestiones de salud pública”, porque es “más práctico” y para no “saturar las urgencias”. Eso sí, para no enmendar de plano a su predecesora Ana Mato, la medida no supone la vuelta a la situación previa. Los “sin papeles” podrán ser atendidos por el sistema de Atención Primaria, pero no recuperarán la tarjeta sanitaria -con lo que en principio no podrán acceder a la cofinanciación pública de los medicamentos que necesiten- y todo apunta a que no tendrán acceso a la atención especializada. En lugar de la tarjeta sanitaria se les facilitará un documento que no tendrá validez fuera de la comunidad de residencia y que tendrá una validez de un año, aunque se podrá renovar.

En definitiva, un asistencia sanitaria de segunda, más parecida a un sistema básico de beneficencia, y que tal y como se adivina en este momento -faltan conocer muchos detalles- sigue sin dar solución a muchos de los problemas básicos de salud pública que la exclusión sanitaria genera.

Para Médicos del Mundo, una ONG que se ha batido duramente el cobre para conseguir la derogación del Real Decreto 16/2012, el anuncio “no parece que vaya a cambiar de manera importante la realidad para aquellas personas afectadas y excluidas de la Sanidad desde hace 3 años”. “Cambiar algo para no cambiar nada”, titula en su web la noticia.

“Esta medida no significa, en ningún caso, la restitución del modelo universal de nuestro sistema sanitario y que en ningún caso devuelve el derecho que se elimina con el RD 16/2012; esta medida es muy insuficiente e incompleta y solo demuestra que la decisión que se tomó de retirar el derecho a la asistencia sanitaria a las personas en situación irregular fue un error con consecuencias graves para la salud pública, sin fundamento, que no ha aportado a la sostenibilidad que pretendía y sí ha provocado sufrimiento, confusión e exclusión”, añade.

La noticia supone una mejora de la que nos felicitamos, pero no deja de ser preocupante que no tenga como objetivo otra cosa que “suavizar” la imagen de un PP asustado por su declive electoral, operación de la que Alfonso Alonso parece ser una de las piezas clave al tener como cometido hacer olvidar la infausta gestión de su predecesora, Ana Mato. Otro objetivo habría sido dejar en evidencia a Ciudadanos, que se opone expresamente a reconocer a los inmigrantes “sin papeles” la cobertura sanitaria regular, tal y como su líder, Albert Rivera, ya dejó muy claro en una entrevista concedida hace pocas semanas en La Sexta: “Ciudadanos está con la sanidad universal para quienes tienen permiso de trabajo o de residencia”.

Una medida que parece que se debe más a razones electoralistas (Ciudadanos compite directamente con el PP por el voto de centro-derecha) que a criterios de salud pública, en definitiva. Bienvenida sea en todo caso, a la espera de lo que suceda tras las elecciones generales.

General Albert Rivera, Alfonso Alonso, Alpha Pam, Ana Mato, Ciudadanos, Discriminación, España, La Sexta, Mariano Rajoy, Médicos del Mundo, Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, PP

Asistentes al acto de la Declaración por la Universalidad del Derecho a la Salud.

El fin de la asistencia sanitaria universal ha sido una de las medidas adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy de más graves consecuencias sociales y, para quienes nos confesamos cristianos, de las más alejadas al Evangelio que dicen seguir… A lo largo de estos últimos tres años han quedado fuera de la atención sanitaria (con la supuesta excepción, y no sin problemas, de las visitas a urgencias) colectivos como los inmigrantes “sin papeles” o los ciudadanos que aun siendo españoles se hayan visto obligados a emigrar y lleven trabajando más de 90 días en el extranjero. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los partidos políticos españoles se ha comprometido a poner fin a esta situación en cuanto sea posible. Solo PP y Ciudadanos se han negado a sumarse. 

El Círculo de Bellas Artes de Madrid fue el escenario de la presentación de la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, mediante la cual doce partidos partidos políticos garantizan su intención de restituir la cobertura sanitaria a todas las personas que residen en el territorio español y de incluir en sus programas electorales medidas reales que contrarresten los efectos negativos del Real Decreto-Ley 16/2012 y su desigual aplicación.

Amaiur, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria, Compromís, Convergencia i Unió, Equo, Esquerra Republicana de Catalunya, Geroa Bai, Izquierda Unida, Nueva Canarias, Partido Nacionalista Vasco, Podemos, PSOE y UPyD han secundado la Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud, promovida por la ONG Médicos del Mundo (y que puedes descargar aquí), por la cual se comprometen a incluir en sus programas electorales la necesidad de restituir la asistencia sanitaria universal, a la que puso fin el Real Decreto 16/2012. Un retroceso social que ha dado lugar a casos como el del ciudadano senegalés Alpha Pam, rebotado de servicio de urgencias en servicio de urgencias sin que nadie se hiciera cargo de su proceso pese a llevar años viviendo en Baleares, y finalmente fallecido por una tuberculosis que podría haberse curado con antibióticos.

Todos los líderes políticos presentes coinciden en señalar el cambio estructural de modelo sanitario que ha supuesto el RDL 16/2012 al crear la figura de “asegurado” y “beneficiario” de la tarjeta sanitaria, y que excluye directamente a las personas más vulnerables. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha afirmado incluso que su partido derogará el Real Decreto-Ley si gana las elecciones. Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha recordado que el rechazo al Real Decreto ha contado, desde su adopción, con la oposición de amplios sectores sociales, mientras que UPyD, representado hoy por Toni Cantó, recordó el compromiso de su partido por restituir la sanidad pública a españoles y extranjeros residentes; y Rafael Mayoral, de Podemos, se comprometió a acabar con el apartheid sanitario.

Amnistía Internacional, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y la Red de Mujeres Latinoamericanas también criticaron la falta de cobertura sanitaria en los colectivos afectados en representación de las 50 organizaciones sociales que han impulsado y/o apoyan esta campaña.

Hace más de año y medio que Médicos del Mundo recopiló, de hecho, 1.192 casos concretos de vulneración del derecho a la salud como consecuencia del fin de la atención sanitaria universal, recogidos en un informe entregado entonces a la Defensora del Pueblo. Hoy son con seguridad varios centenares más. Médicos del Mundo denunciaba entonces que según cifras del propio gobierno se habían retirado 873.000 tarjetas sanitarias desde septiembre del año 2012.

El impacto negativo del Real Decreto 16/2012 ha sido también documentado por Gesida (Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) que hace pocos meses ha publicado un estudio en la revista Microbiología Clínica (que puedes descargar en PDF pinchando aquí) basado en una encuesta realizada a médicos especialistas que atienden a personas con VIH/sida y a ONG que trabajan con ellas. El estudio muestra como hasta el 37% de los especialistas en VIH encuestados han visto su práctica asistencial afectada siempre o con frecuencia por la decisión, e incluso el 21% expresa que los pacientes no fueron atendidos “ni siquiera en las condiciones recogidas por la ley”.

“Aunque en algunos casos se han puesto medidas para paliar esta situación, lo más preocupante es la alta proporción de interrupciones del tratamiento y abandonos del seguimiento. Estos factores impactan de forma negativa en la eficacia del tratamiento, así como en la aparición de resistencias a los antivirales y la necesidad de tratamientos de rescate, a menudo más complejos y de mayor coste. A ello hay que sumar el deterioro inmunológico de estas personas, con el consiguiente incremento de la morbimortalidad asociada al VIH/sida“, expresa el estudio. En los casos de interrupción del seguimiento o del tratamiento antirretroviral, los motivos referidos por los encuestados fueron: imposibilidad de citar a los pacientes (34% de los casos), no dispensación de medicación por parte del hospital (19%), exigencia de pago (15%) y otros, como problemas con el seguro privado, no disponer o haber perdido la tarjeta sanitaria, miedo del paciente a volver por si le hacían pagar la medicación o dificultad de acceso por problemas económicos. Solo el 26% de los encuestados refirieron que en sus hospitales se habían puesto en marcha medidas extraordinarias para atender a toda esta población.

Según el estudio, al menos en seis comunidades (Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco) se dieron indicaciones explícitas de mantener la continuidad asistencial y terapéutica en los pacientes que ya estaban en seguimiento, una tendencia que parece haberse seguido en la mayoría de las comunidades y que al menos habría evitado “el cambio dramático en la morbimortalidad que era esperable si se hubiese implantado el Real Decreto 16/2012″ de manera estricta. Y es que ya en su momento los especialistas en VIH/sida denunciaron el riesgo que esta medida suponía en el caso de esta infección.

PP y Ciudadanos, en contra

Solo dos de las fuerzas políticas más importantes del país se han negado a sumarse al compromiso. La postura del PP es bien conocida. Por lo que se refiere a Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, ya dejó claro en la entrevista concedida hace pocas semanas a la periodista Ana Pastor en La Sexta su oposición a que los “sin papeles” tengan acceso a la sanidad regular.

General Albert Rivera, Alpha Pam, Amaiur, Ana Pastor, BNG, CiU, Ciudadanos, Coalición Canaria, Compromís, Discriminación, Equo, ERC, España, Gaspar Llamazares, Geroa Bai, Gesida, Inmigración, IU, La Sexta, Mariano Rajoy, Médicos del Mundo, Microbiología Clínica, Nueva Canarias, Pedro Sánchez, PNV, Podemos, PP, PSOE, Rafael Mayoral, SEIMC, Toni Cantó, UPyD, VIH

El Parlamento Europeo ha pedido a Kirguizistán la retirada del proyecto de ley homófobo que tramita el Parlamento de ese país. El texto, que fue aprobado en primera lectura en octubre, es aun más duro que el vigente en Rusia, y establece multas y penas de cárcel para cualquiera que informe positivamente sobre homosexualidad.

En su resolución (que puedes leer en castellano pinchando aquí) el Parlamento Europeo “lamenta profundamente la presentación de este proyecto de ley y todas las acciones que puedan conducir a un trato cruel, inhumano y degradante, y pide a todos los países que pongan fin inmediato a la penalización de la homosexualidad” y “reitera que la orientación sexual y la identidad de género son cuestiones que se enmarcan en el ámbito del derecho individual a la intimidad garantizado por el Derecho internacional en materia de derechos humanos, según el cual deben protegerse la igualdad y la no discriminación y salvaguardarse asimismo la libertad de expresión”.

La resolución recuerda también al Parlamento kirguís “sus obligaciones internacionales y las derivadas del acuerdo de colaboración y cooperación con la Unión Europea, que incluye el pleno respeto de los derechos humanos como elemento esencial de esta cooperación” y pide expresamente la retirada del proyecto de ley “sobre la difusión de información sobre relaciones sexuales no tradicionales”.

El Parlamento Europeo pide a las autoridades kirguisas “que reafirmen públicamente que todas las personas de Kirguizistán tienen derecho a vivir libres de discriminación y violencia basadas en su orientación sexual e identidad de género, y que todo acto contrario a este derecho es ilegal y será sancionado” y recuerda que la Constitución de la República Kirguisa prohíbe adoptar leyes “que nieguen o deroguen derechos y libertades humanos y civiles” y afirma “la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad de reunión”.

El europarlamento se muestra además “profundamente preocupado por las consecuencias negativas del debate sobre este proyecto de ley y su posible adopción, que no hacen más que aumentar la estigmatización, la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI” y en este sentido pide a los políticos y los líderes religiosos “que eviten la retórica contra la comunidad LGBTI, incluidos el lenguaje del odio y la incitación al odio”. Entre otros puntos, la resolución recuerda a Kirguizistán que la posible adopción de este proyecto de ley “podría afectar a las relaciones con la Unión Europea”.

Varios eurodiputados españoles, entre los promotores

La resolución fue presentada por eurodiputados de varios grupos políticos, entre los cuales se encuentran ocho españoles: Elena Valenciano (PSOE), Beatriz Becerra, Fernando Maura y Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Javier Nart y Juan Carlos Girauta (Ciudadanos), Ramón Tremosa (Convergència Democràtica de Catalunya) y Lola Sánchez (Podemos).

Un proyecto profundamente homófobo

Ya en abril informábamos del comienzo de la tramitación por parte del Gobierno de la república centroasiática de un proyecto que persigue castigar con multas y/o cárcel a todos aquellos que difundan una actitud positiva hacia “la sodomía, el lesbianismo y otras formas de comportamiento sexual no tradicional” que las hagan parecer “atractivas” o “despierten interés” en las mismas. El texto, que tiene que pasar dos lecturas más en el Parlamento y ser firmado por el presidente, prohíbe la difusión por cualquier medio de contenidos de este tipo, así como la organización y participación en asambleas pacíficas en las que se informe sobre la realidad LGTB. Sus promotores han justificado la reforma en la necesidad de “salvaguardar y proteger los valores familiares, humanos, morales e históricos tradicionales de la sociedad kirguís”.

Se trata de una ley, en definitiva, en la línea de la ya vigente en la vecina Rusia, pero aún más dura, en tanto que ya ni siquiera se contempla la excusa de “proteger a los menores”. Toda información positiva sobre homosexualidad quedará vetada, aunque esté dirigida solo a adultos. Según la propuesta inicial, las penas podrían ascender hasta seis meses de prisión y una sanción de hasta 5.000 som (unos 72 euros), que se incrementarían -si los destinatarios de la información son menores- hasta el año de cárcel y 6.000 som de multa (86 euros). La participación en reuniones o asambleas en las que se trate de forma positiva la realidad LGTB se penará con multas de hasta 1.600 som (23 euros).

Antes de ser rechazado por el Parlamento Europeo, de hecho, el proyecto de ley ha recibido la condena del gobierno de los Estados Unidos y de la  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La dura realidad del colectivo LGTB en Kirguizistán

Kirguizistán es el séptimo país de la órbita de la antigua Unión Soviética en discutir un proyecto de este tipo, tras Rusia (que inició la senda homófoba), Ucrania, Moldavia, Lituania, Armenia y Kazajistán, aunque solo en el primero ha entrado plenamente en vigor.

En cualquier caso, aun en el supuesto de que el proyecto no vea finalmente la luz, la situación del colectivo LGTB en Kirguizistán es ya muy dura, como muestra un informe de Human Rights Watch que recogimos hace un año. Los testimonios hablan de amenazas continuas, violencia psicológica y física, detenciones arbitrarias, abusos sexuales o violaciones. Especialmente frecuentes son el chantaje y la extorsión, de forma que muchos de los extorsionados se ven obligados a pagar cantidades de dinero a los agentes para impedir que estos revelen su orientación sexual a amigos y familiares y les expongan al rechazo social o a la pérdida de sus trabajos. En las semanas que siguieron a la publicación del informe, uno de los activistas que contribuyó a la elaboración de este informe fue amenazado de muerte.

Los políticos del país y los líderes religiosos (Kirguizistán es un país de mayoría musulmana, aunque hay una importante población ortodoxa) también añaden leña al fuego de la estigmatización social de gais, lesbianas y transexuales desde los medios de comunicación.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Beatriz Becerra, CDC, Ciudadanos, Discriminación, Elena Valenciano, Estados Unidos/Canadá, Fernando Maura, Human Rights Watch, Javier Nart, Juan Carlos Girauta, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Maite Pagazaurtundúa, Naciones Unidas, Parlamento Europeo, Podemos, PSOE, Ramón Tremosa, Unión Europea, UPyD

Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el pasado domingo han dejado un panorama preocupante por el ascenso, en varios países, de fuerzas populistas y de extrema derecha. En clave LGTB, es hora de hacer un repaso a los diputados que han firmado su compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out.

En total, de los 751 parlamentarios electos, 187 (un 25%) se han comprometido con la igualdad LGTB. Los países que más firmantes han enviado al Parlamento Europeo son, por orden:

• Alemania: 30 (31% de una delegación de 96 diputados).
• España e Italia: 25 cada una (46% y 34% de sus delegaciones, respectivamente).
• Reino Unido: 21 (29%).
• Bélgica y Francia: 14 (67% y 19%, respectivamente).
• Países Bajos: 11 (42%).
• Austria y Suecia: 8 (44% y 40% de cada delegación).
• Finlandia, Irlanda y Luxemburgo: 5 (38%, 45% y 83%, respectivamente).
• Malta y Portugal: 4 (67% y 19%).
• Chipre y Dinamarca: 2 (33% y 15%).
• Croacia, Eslovenia, Hungría y Rumanía: 1 (9%, 13%, 5% y 3%).

El resto de los países (Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Eslovaquia) no enviarán a Bruselas y Estrasburgo a ningún representante que haya firmado el compromiso de ILGA Europa. De los datos se deduce que España, que lideraba la lista de candidatos, es también el país, entre los “grandes”, con una proporción más elevada de los mismos. La afiliación política de las fuerzas triunfadoras en cada país juega un papel fundamental, como reflejan los bajos porcentajes de Francia y Dinamarca, donde ha triunfado la derecha populista o extrema, o el relativamente elevado de Italia, debido a la victoria del Partido Democrático, seguido por el Movimiento Cinco Estrellas. Es interesante, por tanto, saber el desglose de los firmantes por grupos parlamentarios europeos:

• Socialistas y Demócratas: 83 (43% de 191 miembros del grupo).
• Verdes / Alianza Libre Europea: 32 (62%).
• Alianza de Liberales y Demócratas: 18 (28%).
• Izquierda Unitaria Europea: 17 (38%).
• Partido Popular Europeo: 14 (7%).
• Otros partidos y sin afiliación: 23.

Reino Unido: los “tories” no firman

En el Reino Unido, donde el eurófobo y populista UKIP se alzó con la victoria, no se han adherido al compromiso ninguno de sus diputados electos. Más sorprendente es la ausencia de representantes del partido conservador, cuyo líder y primer ministro David Cameron promovió la actual ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El grupo LGBTory justificó la decisión de su formación argumentando que los conservadores prefieren que los derechos LGTB sean una competencia exclusiva de cada Estado miembro.

¿Y en España?

De los 54 diputados elegidos por España, 25 han firmado el compromiso de ILGA Europa: los 14 que ha obtenido el Partido Socialista (encabezados por Elena Valenciano), tres de los seis de Izquierda Plural (Marina Albiol, Willy Meyer y Ernest Urtasun), tres de los cinco de Podemos (Pablo Echenique, Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez), Josep Maria Terricabras de ERC, Ramon Tremosa de Convergència, Izaskun Bilbao del PNV, Jordi Sebastià de Compromís-Equo y Gabriel Mato del PP, el único de los 16 europarlamentarios electos por su partido. En la lista no hay ningún representante de UPyD (4 escaños), Ciudadanos (2 escaños) ni Los Pueblos Deciden (1 escaño).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI ALDE, Alemania, Austria, Bélgica, Bruselas, Bulgaria, campaña Come Out, CDC, Chipre, Ciudadanos, Compromís, Conservadores, Croacia, David Cameron, Dinamarca, Elena Valenciano, Equo, Ernest Urtasun, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estrasburgo, Finlandia, Francia, Gabriel Mato, Grecia, Hungría, ICV, ILGA, Irlanda, Italia, IU, Izaskun Bilbao, Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, Jordi Sebastià, Josep Maria Terricabras, LGBTory, Los Pueblos Deciden, Luxemburgo, Malta, Marina Albiol, Matrimonio, Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Pablo Echenique, Pablo Iglesias, Países Bajos, Parlamento Europeo, Partido Democrático, Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, PNV, Podemos, Polonia, Portugal, PP, PSOE, Ramón Tremosa, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Teresa Rodríguez, UKIP, Unión Europea, UPyD, Verdes/Alianza Libre Europea, Willy Meyer

Último repaso a los candidatos españoles a las elecciones europeas que se han adherido al compromiso de diez puntos a favor de los derechos LGTB promovido por ILGA Europa a través de la campaña Come Out. Tras nuestro último recuento se han incorporado 46 candidatos más, hasta sumar un total de 178. La del PSOE se mantiene como la lista con más firmantes: 57 (casi todos sus integrantes). Podemos se coloca en segundo lugar, con 24. La lista que entre otros integran Equo, Compromís y Por Un Mundo Más Justo sigue también destacada con 22 candidatos. La Izquierda Plural suma 6 candidatos más, hasta llegar a los 16. Les siguen ERC, Partido Andalucista y Piratas.

Como ya hicimos en las dos últimas entradas que dedicamos al tema, no mencionaremos los nombres de los candidatos, que forman una lista muy extensa (puedes consultarlos, junto a los del resto de países, pinchando aquí). Sí que enumeramos a continuación las formaciones que los incluyen, agrupadas por listas (interesante cara a elegir la papeleta adecuada):

• PSOE (incluyendo 2 del PSC): 57.
• Podemos: 24.
• Primavera Europea, que entre otros incluye a Equo (14), Compromís (7) y Por Un Mundo Más Justo (1): 22.
• La Izquierda Plural, que entre otros incluye a IU (14) e Iniciativa per Catalunya Verds (2): 16. Entre ellos está el activista LGTB Javier Sáez, a quien esta misma semana entrevistábamos en dosmanzanas.
• L’Esquerra pel Dret a Decidir, cuya principal formación es Esquerra Republicana de Catalunya: 14.
• Partido Andalucista (que experimenta un alza importante en esta última semana): 12.
• Confederación Pirata: 11.
• Coalición por Europa, que entre otros incluye a Coalición Canaria (2), Compromiso por Galicia (2), PNV (1) y CiU (1): 6.
• Partido X: 6.
• Partido de la Libertad Individual: 3.
• Los Pueblos Deciden, que entre otros incluye a Bildu (1) y BNG (1): 2.
• Partido Animalista (PACMA): 2.
• Ciudadanos: 1
• Iniciativa Feminista: 1
• PP: 1.

Como vemos, aparecen por primera vez varias formaciones nuevas en la lista. Muy singularmente el Partido X (con seis nombres), pero también el Partido de la Libertad Individual (con tres), Ciudadanos (uno) y el PP (uno). Este último es el eurodiputado Gabriel Mato, número 13 de la lista popular. Una presencia que hace aún más sorprendente la ausencia total de candidatos de UPyD, uno de los partidos de ámbito estatal más importantes, cuya línea oficial ha sido siempre la del alineamiento con los derechos LGTB.

España se coloca finalmente como el primer país en número de candidatos explícitamente comprometidos a favor de los derechos LGTB, por delante de Italia (168), Finlandia (91), Reino Unido (85) y Bélgica (74). Merece la pena destacar, como hecho positivo, que en los dos únicos países en los que hasta hace unos días no había firmado ningún candidato, Bulgaria y Rumanía, ya hay también políticos comprometidos: cuatro en Bulgaria y una en Rumanía (la eurodiputada liberal Renate Weber, a la que le deseamos toda la suerte del mundo para que repita mandato).

Los diez compromisos de Come Out (que en España coordina la FELGTB bajo el lema “Da el paso”) buscan implementar una hoja de ruta hacia la igualdad de las personas LGTBI, reforzar los derechos humanos dentro de la Unión, profundizar un marco normativo contra la discriminación, luchar contra la violencia homófoba y tránsfoba, promover una definición inclusiva de familia por lo que a las políticas de la Unión se refiere, proteger los derechos de las personas trans, combatir el acoso escolar homofóbico y transfóbico, acabar con las desigualdades en el acceso a la salud de las personas LGTBI, asegurar una protección efectiva a las personas LGTBI solicitantes de asilo y convertir a esta institución en pieza clave de la promoción de los derechos LGTBI en el mundo.

La mitad de los eurodiputados españoles podrían ser firmantes

España elegirá el domingo 54 eurodiputados. Si hacemos caso a lo que dicen las encuestas, el PP será de nuevo el partido ganador, aunque podría perder varios de los escaños que actualmente tiene (24). El PSOE sería segundo -siempre según las encuestas- aunque también perdería varios de sus 23 eurodiputados. Obtendrán varios escaños La Izquierda Plural y UPyD, pero no sabemos cuantos, al igual que las listas de las que forman parte ERC, BNG, Bildu, CiU o PNV. Solo el domingo por la noche sabremos qué resultado obtienen Primavera Europea, Podemos y otros partidos de reciente creación, y si las encuestas tienen o no razón respecto a la victoria popular.

Creemos que en cualquier caso que está al alcance de la mano conseguir que al menos la mitad de los eurodiputados españoles en el próximo Parlamento Europeo sean firmantes del compromiso Come Out.

Besos de Compromís a favor de los derechos LGTB

No queremos finalizar esta entrada sin felicitar a la Coalición Compromís, una de las formaciones que forman parte Primavera Europea, por sus fotografías de besos entre personas del mismo sexo, protagonizadas en este caso por cuatro de sus representantes. Se trata de Mònica Oltra y Mireia Mollà, diputadas de Compromís en el Parlamento valenciano, y de Pedro Sánchez y Tomàs Mestre, candidato a eurodiputado y portavoz de Compromís en Alicante, respectivamente.

Las fotografías han sido publicadas por la revista digital nosGustas.com. “No es necesario ser mujer para apoyar los derechos de igualdad entre hombres y mujeres. No es necesario ser de raza negra para oponerse al apartheid, y por supuesto no es necesario ser homosexual para apoyar los derechos de la gente LGTBI”, reza el texto que las acompaña.

General, Homofobia/ Transfobia. Bélgica, Bildu, BNG, Bulgaria, campaña Come Out, CiU, Ciudadanos, Coalición Canaria, Compromís, Compromiso por Galicia, Confederación Pirata, Equo, ERC, España, FELGTB, Finlandia, Gabriel Mato, ICV, Iniciativa Feminista, Italia, IU, Javier Sáez, Mireia Mollà, Mònica Oltra, nosGustas.com, PACMA, Parlamento Europeo, Partido Andalucista, Partido de la Libertad Individual, Partido X, Pedro Sánchez, PNV, Podemos, Por Un Mundo Más Justo, PP, PSC, PSOE, Reino Unido, Renate Weber, Rumanía, Tomàs Mestre, Unión Europea, UPyD