En el barrio porteño de Balvanera una pareja de lesbianas fue agredida físicamente por dos vecinos. La denuncia está en la Justicia pero tienen que seguir viendo a sus agresores.

7 de abril de 2025
Agustina Ramos
Edición: Ana Fornaro

Una pareja de lesbianas vivió otro ataque en Argentina. Miguel y Julián Yanes -padre e hijo- golpearon e hirieron a Inés (39) y Analía (41) con un arma blanca en el barrio porteño de Balvanera. Dos días antes, el más joven las había amenazado: “Tortas de mierda las voy a matar”. El hecho ocurrió el 3 de marzo y la semana pasada, la fiscal Silvina Bruno pidió la elevación a juicio. En la carátula contempló el agravante por odio a la orientación sexual.

“Queremos que se haga justicia y poder vivir en paz”, expresó Inés a Presentes.

El sábado 1° de marzo, Inés se quedó fuera de su edificio, sin celular ni llaves. Tocó el timbre de un vecino para ver si la podía ayudar. Atendió Julián Yanes y respondió: “Tortas de mierda las voy a matar, ¿no te diste cuenta que tocaste el timbre de mi casa?”, relató Inés. La amenaza se concretó dos días después.

“Mi pareja volvía de hacer las compras, eran cerca de las ocho de la noche, cuando el tipo la atacó desde atrás mientras subía la escalera. Le empezó a pegar con un palo”, recordó Inés, en diálogo con Página12. Ella se interpuso entre ambos, pero el hombre sacó un cuchillo e hirió a Analía en la oreja y a Inés en el brazo, continuó relatando. En ese momento apareció Miguel Yanes, el padre, y “en vez de frenarlo, también nos golpea”.

Sin protección

Luego del ataque, con las marcas visibles en su rostro, Inés salió del edificio para dar aviso a la policía que estaba en la zona. Con refuerzos, los agentes detuvieron a Miguel y Julián y secuestraron el palo y el cuchillo. Los hombres estuvieron detenidos 48 horas. Tienen una orden de restricción y ellas, un botón antipánico. Pero como viven en el mismo edificio, luego del hecho volvieron a encontrarse.

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en violencia de género y a cargo de la doctora Silvina Bruno, pidió el lunes pasado la elevación a juicio. Acusó a los Yanes del delito de “lesiones leves y amenazas” con el agravante del odio a la orientación sexual, identidad de género o su expresión, informaron a Presentes fuentes judiciales.

Inés y Analía son pareja desde hace tres años. Son dueñas del departamento en el que viven. Trabajan vendiendo empanadas a través de un emprendimiento autogestivo. No son activistas: “Solo personas que elegimos ser libres”, dicen. Desde que ocurrió el ataque, su cotidiano se volvió difícil. “Nuestros días son extraños. Cumpliendo paso a paso lo que dice la ley. Intentando curarnos física y emocionalmente. No podemos dejar de lado el trabajo porque somos autogestivas. La consigna que nos cuida también es la que a veces nos limita a trabajar. Es la ironía de estos tiempos y de la vida misma”, compartió Inés con Presentes.

A los vecinos que las atacaron los describió como “personas taciturnas con poco diálogo”. “No tuvimos problemas con ningún otro vecino. Esto nos sorprendió. Fue caótico e intempestivo. Pero la violencia llegó a su fuente y reaccionaron con total impunidad. Provocaron heridas que podrían haber sido mortales”, contó.

El 6 de marzo pasado, en una asamblea previa al Día de la Visibilidad Lésbica, Inés y Analía contaron a través de un micrófono lo que habían vivido pocos días antes. A partir de entonces, la Federación Argentina LGBT les brinda asesoramiento y trabajadorxs del Hospital Bonaparte las asesoraron para poder recibir atención psicológica.

Escalada de violencia

El ataque se dio en el marco de una escalada de violencias contra la diversidad sexual, en especial contra lesbianas, luego del discurso en el Foro Económico Davos del presidente Javier Milei. El mandatario repitió una serie de mentiras, falacias y desinformaciones en relación al colectivo LGBTIQ+. Desde aquel discurso del 23 de enero pasado, ocurrieron al menos cinco ataques e intentos de agresiones a lesbianas en el país.

El 29 de enero, Orlando Alcides Lutz Fogar prendió fuego la casa de una pareja de lesbianas en Cañuelas. En principio se dio a la fuga, pero ahora se encuentra detenido. El mismo día, en La Plata, una lesbiana que volvía de una asamblea por la Marcha Antifascista fue acechada por Juan José Juárez, un hombre que minutos antes había apuñalado y matado a una mujer en la vía pública, además de haber atacado a otros dos hombres. En Ciudad de Buenos Aires, el 5 de febrero, una pareja de jóvenes lesbianas vivió otro ataque en la vía pública en el barrio Recoleta. El cuarto ataque del que se tiene conocimiento fue en Orán, provincia de Salta. En la madrugada del 11 de febrero, Juan Marcelo Córdoba ingresó a la casa de Mariana Oliver, una militante reconocida lesbiana, y le clavó siete puñaladas.

“El contexto es caótico. La violencia está estatizada y eso da vía libre a todos estos ataques y miles más. Retrocedimos en derechos millones de años”, expresó Inés.

Esta escalada de agresiones conduce a un recuerdo latente: el triple lesbicidio de Barracas, el 5 de mayo de 2024. En aquel momento como ahora, los discursos de desinformación contra la diversidad sexual marcaban agenda mediática y abonaban a un contexto violento. Antes del atentado que terminó con la vida de Andrea, Pamela y Roxana y lesionó gravemente a Sofía, Justo Barrientos las había insultado en reiteradas ocasiones haciendo alusión a la orientación sexual de las víctimas y las había amenazado de muerte. Un día lo materializó.

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El fallo que García Mansilla firmó mientras el Senado rechazaba su pliego. La Corte rechazó considerar como travesticidio el crimen de Diana Sacayan

En octubre de 2020 la Cámara Nacional de Casación descartó el agravante por crimen de odio del transfemicidio de Diana Sacayán. La Fiscalía pidió a la Corte Suprema sostener ese agravante: la Corte eligió no expedirse al respecto.

4 de abril de 2025
María Eugenia Ludueña
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó ayer (3 de abril) un recurso impulsado a partir del juicio por el travesticidio de Diana Sacayán, activista travesti defensora de derechos humanos. Había sido presentado por la fiscalía de juicio (se desarrolló en 2018) y estuvo a cargo de Ariel Yapur y de la UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres y diversidades), cuya titular es Mariela Labozetta. El pedido era sostener la calificación de travesticidio, que se usó por primera vez en esa investigación y fue un punto de referencia para la Justicia local y organismos internacionales.

El mismo día en que el Senado decidió rechazar a los jueces propuestos por el gobierno de Javier Milei para integrar la Corte, uno de ellos, Manuel García-Mansilla, (quien ya había asumido) le puso su firma a esta decisión que elige no fortalecer un marco de protección y reconocimiento a los crímenes de odio, que sí fue consagrado por la Justicia en primera instancia, pero no fue el único.

Por qué fue un juicio y una sentencia histórica

En junio de 2018 el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 4 de la Ciudad de Buenos Aires (integrado por lxs jueces Adolfo Calvete, Julio Báez e Ivana Bloch) condenó al hasta ahora único acusado David Marino a prisión perpetua como “coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género”. Fue la primera vez que la categoría de travesticidio logró entrar en una sentencia judicial. Esto fue posible a partir de un proceso de trabajo entre la Justicia y la sociedad civil, que desde la Mesa de Justicia por Diana Sacayan – de la que participaron activismos transfeministas y organizaciones LGBT- impulsó la decisión de nombrar el crimen desde su especificidad. Además de tratarse de un homicidio agravado por mediar violencia de género, se aplicó el inciso que alude a los crímenes de odio.

Diana Sacayán, recibiendo su nuevo DNI de la mano de la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En ese juicio por primera vez muchas amigas y compañeras de militancia de Diana se pararon ante el tribunal en calidad de víctimas y no de acusadas. Desde México llegó la activista muxe Amaranta Lopez Regalado como testiga experta -propuesta por la querella de Luciana Sanchez en representación del hermano de Diana Say Sacayan- encargada de contar cómo viven  y mueren las personas travestis y trans en América Latina, a causa de la violencia estructural que padecen.

La sentencia reconoció al colectivo travesti trans como uno de los más castigados por la violencia estructural y  de los más criminalizados en América Latina. Entre los logros de un trabajo de organizaciones de derechos humanos y de la diversidad sexual, nucleadas en la Comisión de Justicia por Diana Sacayán, la sentencia de 400 páginas recogió compromisos históricos.

Como era de esperar, el acusado apeló el fallo. En octubre de 2020 la respuesta de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó toda la perspectiva de género que le falta a la Justicia: descartó el agravante por crimen de odio. El argumento -de lxs jueces Jorge Luis Rimondi (presidencia), Patricia M. Llerena y Gustavo A. Bruzzone-fue que no existían evidencias para probar el crimen de odio. A pesar de que a lo largo de la investigación surgieron pruebas que sí daban cuenta de eso, en consonancia con lo que organismos como la CIDH consideran elementos que configuran las violencias por prejuicios.

Qué resolvió el máximo tribunal de Argentina

La Corte resolvió el recurso por el artículo 280 del Código Procesal Penal , herramienta que le permite no tratar el fondo del caso. Es decir, no se metió en el planteo de la fiscalía que pedía se sostenga la calificación por crimen de odio por la identidad de género de Diana, basada en que están en juego tratados internacionales de derechos humanos. 

Más allá de lo que diga la Corte, la sentencia por el travesticidio de Diana Sacayan se usó en diversas instancias a nivel nacional e internacional. Fuentes consultadas por Presentes resaltaron que la sentencia condenatoria (solo por femicidio) quedó firme. Y que lo importante es que la sentencia por travesticidio se dictó. Se trató el caso de manera concreta con perspectiva de género, se habló de un travesticidio, se dictaron medidas reparatorias. 

Existe un voto diferenciado de Lorenzetti en la desestimación de la Corte, donde dice que eso no implica sentar opinión sobre el tema. Así como tampoco lo hizo antes, cuando le tocó pronunciarse al Procurador.

Desde el punto de vista estrictamente técnico el proceso queda vigente, más allá de que la Corte no lo haya tratado. Tampoco lo rechazó, no lo trató, no se metió. Lo cual es toda una declaración de principios en este contexto.

“No me llama la atención la desestimación. Lo asocio con una bajada de línea de este juez, García Mansilla, en consonancia con la agenda de Milei con respecto a los derechos de personas travestis y trans. Y con la avanzada neofascista y transodiante por parte de Donald Trump y otros gobiernos”, dice la activista travesti Florencia Guimaraes, presidenta de la Casa de Diana y Lohana.

Guimaraes formó parte de la comisión de Justicia por Diana y es trabajadora judicial. “No me extraña que algunos sectores de la justicia nos sigan discriminando, patologizando o negando el derecho que hemos construido colectivamente a nombrar nuestros crímenes. Detrás de la figura de travesticidio está la memoria de Lohana Berkins que en los Encuentros de Mujeres nos explicaba la necesidad de ponerle un nombre. La violencia contra nosotras no se termina nunca, ni muertas. En el Poder Judicial convivo con las resistencias a la Ley Micaela, de modo que sé que menos aun les va a interesar el asesinato de una trava”.
Guimaraes dice que la noticia le recordó el largo camino recorrido desde el travesticidio de Diana, en octubre de 2015. “No hay nada inocente en esto. Venimos viviendo una avanzada internacional contra los derechos de las personas travestis y trans. Son mensajes cargados de simbolismo en  una sociedad que reniega nuestras existencias y refuerza el estigma. Miren lo que pasa con Sofía Fernandez (asesinada en una comisaría). Parece que las personas travestis y trans no somos merecedoras de una justicia que nos proteja”.

El hermano de Diana, Say Sacayan, junto con las activistas travestis Marlene Wayar y Alma Fernández van a pedir ante organismos internacionales se mantenga firme la calificación de crimen. Así lo anticipó Fernández a este medio.

Desde la organización 100% Diversidad y Derechos repudiaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación «que avaló una sentencia judicial que borra el componente de odio en el asesinato de nuestra compañera Diana Sacayán». Recordaron que la apelación esperaba una decisión desde hace cinco años. ÇEl fallo no sólo niega justicia, sino que llega en un contexto alarmante de retroceso en materia de derechos para la comunidad travesti-trans, con discursos de odio institucionalizados y políticas que eliminan protecciones y reconocimientos históricos».

“Resulta inadmisible que, a cinco años de la apelación, y en medio de un hostigamiento estatal a las personas trans, la Corte Suprema convalide un fallo que niega el carácter estructural de este crimen. La Corte debe estar a la altura de las luchas que dieron lugar al reconocimiento del travesticidio como figura jurídica”, expresó Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos. “La Corte Suprema firmó este fallo el mismo día en que el Senado rechazó el pliego del juez García-Mansilla. Un fallo sin legitimidad, firmado por alguien sin designación constitucional, que niega una verdad histórica: a Diana la mataron por ser travesti. La eliminación del agravante por odio a la identidad de género en el caso de Diana Sacayán no es solo un problema jurídico: es un acto político de invisibilización y revictimización que vulnera los estándares internacionales de derechos humanos.”

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Un fallo hizo lugar al amparo presentado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) para frenar el decreto del gobierno argentino que prohibe el tratamiento hormonal en personas menores de 18 años.

Fuente Agencia Presentes

20 de marzo de 2025
Agustina Ramos
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

Un fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N°4 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno porteño garantizar los tratamientos hormonales de personas menores de 18 años. La jueza Elena Amanda Liberatori comunicó, además, sus disculpas a les adolescentes trans por los padecimientos en su salud causados por el DNU 62/25, con el cual el gobierno nacional prohibió este tipo de tratamientos en menores de edad. Se trata del primer revés que enfrentó la normativa, en el marco de las decenas de amparos que se tramitan a lo largo del país.

El escrito de 82 páginas reúne legislación nacional e internacional, documentación e informes detallados sobre los derechos que amparan a las infancias y adolescencias, como el derecho a la salud, la identidad, a la autonomía y al desarrollo de un proyecto de vida. Responde a una demanda realizada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), representada por María Rachid y Flavia Massenzio, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es evidente que la ‘inmediata aplicación’ del DNU (…) restringe, coarta, impide, obtura el acceso a la salud por parte de los niños/as y adolescentes trans de la CABA, pero también impide el reconocimiento de su propia identidad y de esta forma los excluye, por lo que resulta discriminatoria”, asegura el fallo de la jueza Liberatori.

En este marco resolvió ordenar al gobierno porteño que “garantice integralmente, por intermedio de los efectores del sector público de la Salud (Hospitales, Centros de Salud Mental, CESACS, etc.), la continuidad de los tratamientos hormonales en ejecución antes del dictado del DNU 62/2025 y el acceso a los nuevos tratamientos posteriores a dicha norma”.

Ley de Identidad de Género

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/25 del gobierno nacional modifica el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), que es el que expresa el derecho al libre desarrollo personal. Lo reemplaza por un texto donde se prohíben los tratamientos a personas menores de edad. “Las personas menores de DIECIOCHO (18) años de edad no podrán acceder a las intervenciones y tratamientos a los que hace referencia el presente artículo”, dice el decreto.

Al ser consultado por el Poder Judicial sobre su actitud frente al DNU, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respondió que realizó su “inmediata aplicación”. Además adjuntó un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría en la que esta entidad considera que se deben continuar los tratamientos y sugiere trabajar en un protocolo nacional de investigación que incluya a los adolescentes en condiciones de iniciar tratamiento hormonal. Ante este pronunciamiento, contrario a la decisión de implementar el DNU, la jueza respondió que no se comprende que el Tribunal tome conocimiento de él y no lo haga el propio Ministerio de Salud del gobierno porteño. Tampoco brindó detalles sobre a qué hace referencia al decir que se realizó una inmediata aplicación, ni cuál es la postura adoptada ante la continuidad o no de los tratamientos.

Al respecto, en la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) del lunes pasado, las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y representantes sanitarios de las provincias expresaron: “Con relación al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 62/2025, interpretamos que el mismo no alcanza a los menores de 18 años, cuyos tratamientos hormonales hubieren iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la norma. Los mismos podrán continuar de acuerdo a la indicación del médico tratante.”

Sin embargo, esta distinción entre quienes ya comenzaron el tratamiento y quienes lo harían por primera vez “es arbitraria”, analiza la jueza Liberatori. “(Está) basada únicamente en un antes y después del DNU 62/2025, sin atender a las particularidades individuales ni las indicaciones de los médicos tratantes”.

Además de lesionar gravemente el derecho a la identidad de género y el derecho a la no discriminación, la implementación del decreto viola la capacidad progresiva de niños, niñas y adolescentes con relación al acceso a la salud y al cuidado de su propio cuerpo, asegura el fallo.

Decisión sobre los cuerpos 

Con la reforma del Código Civil y Comercial de 2015 se estableció en el artículo 26 que, a partir de los 16 años, los adolescentes tienen capacidad plena para decidir sobre el cuidado de su propio cuerpo. En tanto, aquellos entre 13 y 16 tienen aptitud para decidir por sí mismos en relación a los tratamientos que no sean invasivos ni comprometan su estado de salud o provoquen un riesgo grave en su vida. De ser invasivos o riesgosos se debe prestar consentimiento con la asistencia de los progenitores.

Esta autonomía progresiva es valorada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que el derecho a que les niñes y adolescentes sean escuchades y a que se tome en cuenta su opinión en todo el procedimiento que les afecte.

En relación a la importancia que tienen los procesos de “transición” de género, la CIDH explica que “no se reducen a cuestiones meramente estéticas, sino que implican la realización personal de la propia identidad, de cómo cada persona se ve a sí misma y cómo desea ser vista por las demás. Son mecanismos que permiten a las personas trans y de género diverso poder ejercer plenamente el derecho al libre desarrollo de su personalidad de acuerdo a su propia identidad y expresión de género”.

Testimonios de las familias

Esta identificación con un género diferente al asignado al nacer puede ocurrir a muy temprana edad. El estudio reciente realizado por el Grupo de Atención de Niñeces y Adolescencias Trans (GANAT) del Hospital Durand -citado en el fallo- reveló que en el 54% de 90 consultantes la edad de “develamiento” fue antes de los 10 años, mientras que el 42% refirió edades entre 11 y 14 años. En el mismo sentido, el “Informe sobre la situación actual de las experiencias de niñeces trans” (2021) de la Asociación Civil Infancias Libres mostró que las primeras expresiones de una identidad distinta al género asignado al nacer se dan principalmente entre el 1° y los 4 años de edad (42%), y en segunda instancia, entre los 5 y 8 años (36%).

“No podés decir que un chico no se siente así. Hay muchos que llegan a suicidarse, entran en depresión. Los chicos no mienten: sienten esto y eso es lo que son”, compartió a Presentes Jaqueline Correa, una mujer de 43 años, mamá de Gabriel, un joven trans de 17 años. Es una de las amparistas contra el DNU.

Jaqueline y Gabriel participan de la Secretaría NNA Trans, desde donde se brinda acompañamiento gratuito a niñes, adolescentes y familias diversas. “Ellos tienen un grupito por edad. Y los chicos empezaron a decir “estamos perdiendo todo”, otros estaban deprimidos o tenían miedo, los papás también”, compartió Correa.

“A mi hijo le había dicho el endocrinólogo justo ese día que publicaron el DNU que le aumentaban la dosis de testosterona y que dentro de tres meses iba a poder usar las inyecciones. Cuando llegó la ilusión se fue para atrás porque solo tiene medicación para tres meses”, continuó.

El impacto de la desinformación 

El contexto actual en el que proliferan discursos de desinformación de la boca de funcionarios y del presidente de la Nación en relación a la diversidad sexual es un caldo de cultivo para la aparición de actos violentos. Luego de un discurso de Gabriel en la Cámara de Diputados en el que pidió que “escuchen a los chicos”, su madre recibió una serie de insultos.

“Que los papás mutilamos a nuestros hijos, que dejamos que hagan cosas aberrantes. Un presidente tiene que cuidar a sus ciudadanos, no generar odio entre la población. Más a las niñeces y adolescentes que están en una etapa difícil de su vida”, compartió.

Además advirtió sobre otros problemas relacionados con este contexto: “Los médicos tienen miedo. Hay chicos mayores de 18 años que les han cancelado las operaciones. Van por todo. No podemos vivir en un país donde tengamos miedo de ser quienes somos o que los médicos no puedan ejercer la medicina como corresponde”.

Acciones en todo el país

A lo largo del país, distintas organizaciones, familias y abogades voluntaries presentaron amparos contra el decreto.

“Presentamos en el Fuero Federal para todo el país, luego uno colectivo en CABA, otro en Provincia de Buenos Aires, y en varias provincias más. Pusimos el modelo de amparo a disposición para abogades voluntaries de al menos 14 provincias que se ofrecen a litigar. En los próximos días van a seguir presentando”, contó María Rachid, de la comisión directiva de la FALGBT.

Además, el Frente Orgullo y Lucha impulsó junto a organizaciones y familias tres amparos en la provincia de Buenos Aires, en los que participan 14 adolescentes, y uno en la Ciudad de Buenos Aires, que involucra a cuatro jóvenes menores de 18 años.

“En Tucumán, nosotros como Fundación Transformando Familias -donde acompañamos a personas trans y sus familias- hemos hecho una presentación de amparo colectivo asesorados por la abogada de la fundación Mujeres por Mujeres. Ya se ha obtenido al legitimación por parte del Juzgado, por lo cual vamos bien”, compartió Laura Quintana, integrante de la comisión directiva de Trans Formando Familias.

En La Pampa, por otra parte, se presentaron dos amparos en la Justicia provincial y federal. “Se solicitó no solamente el amparo para que quede sin efecto el decreto, sino también para que se declare inconstitucional. Y las cautelares para que no se apliquen los efectos”, contó a Presentes Milagros Martin, profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Pampa. También integra la Red de Identidades Lésbicas Autoconvocadas (RILA), desde donde se gestó un encuentro con familias junto a Pampa Trans para analizar estrategias frente al decreto.

“Diversos estudios médicos y organizaciones de salud, como la Sociedad Argentina de Pediatría, Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han advertido que la interrupción abrupta de terapias hormonales en adolescentes trans puede generar graves consecuencias físicas y psicológicas, incluyendo depresión severa, angustia y aumento del riesgo de suicidio”, advirtieron las organizaciones.

De momento, el Ministerio de Salud neuquino informó que la provincia del Neuquén continuará garantizando el acceso a la salud integral de la población trans en todas las etapas de sus vidas. Detallaron: “En ningún caso se discontinuará ningún tratamiento iniciado. Para los inicios de tratamiento médicos y quirúrgicos de afirmación de género a personas menores de 18 años será necesario poner al tanto a la subsecretaría de Salud para que los mismos sean evaluados, siempre priorizando el acceso pleno a los derechos de la persona y las evaluaciones de los equipos medios”.

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Cuatro adolescentes trans presentaron un recurso de amparo contra el DNU de Milei que prohíbe el tratamiento hormonal en menores de edad.

Fuente Agencia Presentes

26 de febrero de 2025
Maby Sosa
Ariel Gutraich
Edición: Ana Fornaro

Cuatro adolescentes trans de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, presentaron un amparo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025 donde se restringe el acceso a terapias de hormonización. También la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) junto al diputado nacional Esteban Paulón, presentaron una acción ante la justicia federal e invitan a niñeces, adolescencias y familias en riesgo a tomar contacto para recibir asesoramiento legal. En las provincias, Tucumán ya presentó dos acciones legales a través de Fundación MujeresxMujeres y Trans-formando familias.

Una de las acciones tuvo lugar el martes 18 de febrero cuando cuatro adolescentes pidieron una medida cautelar para continuar con sus tratamientos. Destacaron que buscaban también evitar los graves perjuicios que su interrupción abrupta podría causar en su desarrollo y bienestar. El amparo tiene el impulso del Frente Nacional Orgullo y Lucha, el patrocinio jurídico del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el apoyo técnico de la experta en derechos de infancia y género Marisa Herrera.

La causa recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8 a cargo de la jueza Cecilia Gilardi de Negre.

“Deben continuar con su tratamiento”

Organizaciones de salud, como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron que la interrupción abrupta en las terapias hormonales en adolescentes trans puede generar consecuencias tanto físicas como psicológicas. Mencionan entre ellas depresión severa, angustia y aumento del riesgo de suicidio.

“Es nuestro deber como Sociedad Científica encargada del cuidado de la salud de los niños, niñas y adolescentes de toda la Argentina informar a la sociedad en su conjunto que desde los equipos de salud no se realizan hormonizaciones ni cirugías en la infancia. Durante esta etapa se realiza un acompañamiento médico pediátrico, social y psicológico”, expresó la SAP en un comunicado que se adjuntó a la medida cautelar. “Las intervenciones médicas farmacológicas, en el caso de ser necesarias sólo pueden realizarse una vez iniciada la pubertad, bajo estándares científicos y principios éticos. Del total de los casos asistidos, solo una proporción menor necesita tratamiento farmacológico. Consideramos que esta población debe continuar su tratamiento”, agregaron.

Con respecto a la importancia que tuvo la Ley 26.743 de Identidad de Género, resaltaron el avance en términos de salud que implicó el reconocimiento de las identidades trans. “Estudios científicos han mostrado que la falta de acceso a la salud integral aumenta la prevalencia de depresión, ansiedad e intentos de suicidio. En contraste, el acceso a tratamientos adecuados respaldados por equipos interdisciplinarios especializados mejora significativamente la calidad de vida y el bienestar”, sumaron desde la sociedad de profesionales.

Un decreto ilegal

El DNU 62/2025 además de intervenir en forma anómala en la Ley de Identidad de Género que garantiza el acceso a terapias hormonales en base al principio de autonomía progresiva también contradice el Código Civil y Comercial de la Nación. Allí se reconoce el derecho de los y las adolescentes a tomar decisiones sobre su propio cuerpo en cuestiones de salud.

El abogado patrocinante, Andrés Gil Domínguez, sostuvo que el DNU 62/2025 es nulo de nulidad absoluta e insanable porque “no cumple con los requisitos de habilitación para su dictado previstos por la constitución argentina”. Y destaca que, además, el decreto “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, conculca el derecho a la identidad de género, el derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos respecto de un grupo de personas vulnerables que tienen una protección especial de la constitución y los derechos humanos.”

Acerca de la acción de amparo presentada el 18 de febrero, expresó: “espero que, ante un caso tan concreto, tan evidente, la justicia responda de manera célere para garantizar dichos derechos y el plan de vida a adolescentes que, en este momento, debido a este decreto, están sufriendo mucho.”

“Esperemos que el Poder Judicial sepa escuchar”

La abogada e investigadora del Conicet Marisa Herrera expresó que la presentación que realizaron los cuatro adolescentes “sintetiza la puesta en práctica del verdadero interés superior del niño”. Herrera elaboró un informe técnico que respalda el amparo.

Dijo a Presentes que también en el ámbito profesional surge la pregunta respecto a si los médicos pueden o no recetar. “Desde el punto estrictamente jurídico, el decreto lo prohíbe y se encuentra vigente hasta que no se decrete su inconstitucionalidad”, aclaró. “Algunos profesionales han decidido no suspender los tratamientos en curso por las implicancias a la salud física y psíquica que trae consigo una interrupción brusca. Pero también decidieron no comenzar nuevos tratamientos, con las consecuencias negativas que se deriva de ello”.

Destaca que las consecuencias son más grandes tratándose de adolescentes, en especial, tratándose de adolescentes trans.

Herrera explicó, “esta acción pretende, entre otras tantas cosas, lograr un verdadero acto de reparación como lo sería conseguir que la autoridad judicial declare la inconstitucionalidad del Decreto 62/2025”. Y agrega, “celebramos que, en esta oportunidad, el nefasto decreto mencionado sea defendido en primera persona. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias, o sea, que sepa escuchar”.

Una medida contra los derechos humanos

Desde 100% Diversidad y Derechos junto a la,,expresaron que el decreto de Javier Milei es un retroceso inadmisible en materia de derechos humanos y que si no se declara inconstitucional, “abre la puerta a nuevas restricciones que podrían afectar otros derechos fundamentales, debilitando el marco de protección jurídica en Argentina.”

En ese sentido, Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos, expresó que: “confiamos en que el derecho de vivir y decidir libremente sobre el propio cuerpo será respetado para las personas trans. El decreto es una medida arbitraria y una intromisión del estado en las decisiones de las personas trans menores de edad y de sus familias, que sólo buscan vivir sus vidas en paz”.

Como integrante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) Valeria Pavan advirtió que “en el pasado la imposibilidad de las personas trans de acceder a terapias de hormonización e intervenciones quirúrgicas provocó que para intentar acceder a cambios corporales se recurra a la inyección de silicona liquida que ha provocado graves daños a la salud y contribuido a una esperanza de vida disminuida de las personas travestis y trans”.

La Agrupación de Familias de Niñes y Adolescentes TTNB Munay representada por Natalia Bertazzoli expresó que esperan una respuesta favorable al pedido de los adolescentes. “No podemos retroceder en materia de derechos humanos, y no vamos a permitir que se les arrebate la posibilidad del acceso a la salud y al trato digno”.

Más acciones 

Apenas se dio a conocer el DNU, dos organizaciones de Tucumán presentaron un amparo contra el Estado para que se anule el decreto de Javier Milei. Se trata de la Fundación Mujeres x Mujeres y Transformando familias. Ambas llevan un intenso trabajo en acompañamiento de salud integral para personas trans.

También la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), representada por su presidenta, María Rachid, junto al diputado nacional Esteban Paulón, presentaron ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025, dictado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional.

Esa acción judicial lleva también el patrocinio del letrado Andrés Gil Domínguez, la abogada Flavia Massenzio y el abogado Martín Muñoz. Busca que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto.

«Esta prohibición absoluta no solo vulnera la autonomía progresiva y la igualdad ante la ley, sino que además genera consecuencias gravísimas en la salud de las personas trans adolescentes. Suspender tratamientos en curso puede provocar daños irreversibles en la salud física, mientras que impedir el acceso a quienes aún no han iniciado el proceso le expone a un grave deterioro de su salud mental», expresó Rachid en el comunicado sobre la presentación judicial. Además, la organización convoca a todas las niñeces, adolescencias y familias en riesgo por esta medida discriminatoria, a tomar contacto a los fines de recibir asesoramiento legal.

El 11 de febrero en Diputados se comenzó a debatir las diversas posturas respecto al DNU para lograr el rechazo de la Cámara Baja. También ILGA, la organización más grande de la diversidad sexual en el mundo, repudió la modificación de la Ley de Identidad de Género, pidió la derogación del decreto e instó a organismos e instituciones que se posicionen al respecto.

General, Homofobia/ Transfobia. 100% Diversidad y Derechos, Adolescentes trans, Agrupación de Familias de Niñes y Adolescentes TTNB Munay, Andrés Gil Domínguez, Argentina, Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH), Cecilia Gilardi de Negre, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Comunidad Homosexual Argentina (CHA), CONICET, Decreto de Necesidad y Urgencia 62/2025, Esteban Paulón, FALGBT, Flavia Massenzio, Frente Nacional Orgullo y Lucha, Fundación Mujeres x Mujeres, Fundación MujeresxMujeres, Homofobia/Transfobia, ILGA, Javier Milei, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, Ley de Identidad de Género, María Rachid, Marisa Herrera, Martín Muñoz, Natalia Bertazzoli, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Personas LGTBIQ, Personas trans, Ricardo Vallarino, Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Trans-formando familias, Transformando familias, Valeria Paván

Son personas que mostraban abiertamente su identidad: militantes feministas, una pareja que caminaba de la mano, otra que convivía en un hogar y hasta una de ellas volvía de una asamblea previa a la marcha multitudinaria del sábado 1° de febrero.

Fuente Agencia Presentes:

20 de febrero de 2025
Agustina Ramos
Edición: Ana Fornaro

En 14 días hubo cuatro ataques e intentos de agresiones a lesbianas en Argentina. Ocurrieron luego del discurso en Davos del presidente Javier Milei, en el que se encargó de montar un discurso LGBT+odiante, cargado de desinformación. También en semanas atravesadas por la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista. Son personas que mostraban abiertamente su identidad: militantes feministas, una pareja que caminaba de la mano, otra que convivía en un hogar y hasta una de ellas volvía de una asamblea previa a la marcha multitudinaria del sábado 1° de febrero. Muchas se encuentran en una situación de precariedad habitacional. En algunos de los casos, la violencia se venía desatando de forma previa con insultos y amenazas.

La escalada de agresiones de las últimas dos semanas llevan aun recuerdo latente: el triple lesbicidio de Barracas, el 5 de mayo de 2024. En aquel momento como ahora, los discursos de desinformación contra la diversidad sexual marcaban agenda mediática y abonaban a un contexto violento. Antes del atentado que terminó con la vida de Andrea, Pamela y Roxana y lesionó gravemente a Sofía, Justo Barrientos las había insultado en reiteradas ocasiones haciendo alusión a la orientación sexual de las víctimas y las había amenazado de muerte. Un día lo materializó.

“No son casos aislados”, reconocieron quienes se vieron perjudicades en los ataques y las personas que les acompañan.

Orán, Salta, 11 de febrero

En la madrugada del martes 11 de febrero, un hombre reconocido como Juan Marcelo Córdoba, ingresó a la casa de Mariana Oliver mientras ella dormía. Quiso asfixiarla con una almohada, y cuando ella se despertó le clavó siete puñaladas. La hija adolescente de Mariana y ella lograron apartarlo y el hombre huyó. Luego fue apresado.

La joven de 32 años es bailarina, lesbiana y una reconocida militante por los derechos LGBTIQ+. Por el ataque recibió 24 puntos, pero su salud se encuentra fuera de peligro. “Estoy viva con mucha suerte”, publicó en sus redes sociales luego de la agresión.

Interviene en el caso la fiscal María Soledad Filtrín Cuezzo y el Juzgado de Garantías N°1 del distrito. Córdoba se negó a declarar y fue imputado de forma provisional por el delito de tentativa de homicidio.

Desde la organización Panambi, a la que pertenece Mariana, denunciaron que “han aumentado explosivamente los casos de violencias extremas y discriminaciones” en el norte de Salta. Además, reconocieron que el ataque se dio “dentro de un contexto sociopolítico en el que se legitiman y promocionan los discursos de odio hacia las mujeres y específicamente sobre las lesbianas y trans”.

En diálogo con Presentes, Delfina Acosta, integrante de Panambi, explicó: “Estos gobiernos neoliberales, de derecha, fascistas, crean momentos en los que vale todo. Sobre todo acá en el norte. Como si se diera vuelta la tortilla, el mismo vecino que te respetaba y saludaba siendo travesti ahora es el que te insulta, te violenta, te niega un montón de cosas. Eso cambia nuestra cotidianidad porque no nos permiten entrar, hablar, nos niegan espacios”.

Y resaltó: “Estos ataques no son para nada azarosos, se dan bajo una esfera política social que lo permite, principalmente a quienes tenemos identidades no heteronormadas”. Desde Panambi piden que esta agresión sea investigada como un ataque de odio hacia la orientación sexual y un intento de lesbicidio.

Mariana alquila. Vive en un lugar céntrico, pero volver a su casa es un riesgo ya que el ingreso a ella fue fácil, compartieron sus personas allegadas. “Hay custodia, necesitamos que eso se sostenga”, advirtió Delfina. Por esta razón desde Panambi están recibiendo aportes en el alias MarianaOlivera29 para cubrir gastos médicos y de alquiler.

“Sabemos muy bien que somos el objetivo de muchos fascistas y nos organizamos para la defensa y el cuidado colectivo. Las violencias no nos inmovilizan, nos motorizan para seguir en las calles”, sostuvo en un comunicado la organización.

Ciudad de Buenos Aires, 5 de febrero

Una semana antes, el miércoles 5 de febrero, Y.Q. y A.D., una pareja de lesbianas de 26 y 24 años respectivamente, vivieron un ataque a plena luz del día (18.30) en el barrio porteño de Recoleta. Iban a una consulta con el dentista. Caminaban por la calle Ecuador, tomadas de la mano, cuando antes de llegar a la avenida Córdoba un hombre les frenó el paso.

“¿Por qué se visten como hombres si son mujeres?”, les preguntó e inmediatamente comenzó a pegarle a una de ellas, mientras la otra intentó agarrarlo y pedía ayuda.

“Había mucha gente transitando por ahí, a plena luz del día, mi pareja empezó a gritar y por suerte llegó un hombre que logró detenerlo hasta que llegara la policía. El agresor intentó correr para que no lo atraparan. También había un chico médico que me evaluó la consciencia. Me golpeé la cabeza por el gran puñetazo que me lanzó. Mucha gente se acercó a ayudar y muchas, también, hicieron ojos ciegos”, contó a Presentes la persona agredida a través de un mensaje de texto ya que le cuesta hablar, producto de una operación reciente ligada al ataque.

La fiscalía caratuló al caso como lesiones graves, tras la fractura de nariz y la rotura de una pieza dental que sufrió una de las agredidas y por las lesiones en la mano de su pareja cuando intentó detener al hombre. Actualmente la fiscalía que interviene es la Penal, Contravencional y de Faltas N° 16. Les ofrecieron un botón antipánico y cuando lo fueron a buscar les notificaron que el agresor ya no se encontraba detenido.

La joven agredida es estudiante y su cotidiano se vio completamente afectado. En unos días tenía que rendir una materia. Los trámites, la operación, el dolor y el reposo le impiden poder hacerlo. “Si tengo que ir a comprar y me suena la alarma (del botón antipánico) tengo que volverme porque la que se tiene que mover del lugar soy yo. No puedo salir tranquila a la calle por miedo a encontrarlo. No quiero salir sola”, compartió.

La Plata, Buenos Aires, 29 de enero

El miércoles 29 de enero, una joven lesbiana visible comprometida con la defensa de los derechos humanos -cuyo nombre prefiere preservar- participó de la Asamblea Antifascista que tuvo lugar en la localidad bonaerense de La Plata, previa a la marcha del sábado siguiente. Cuando terminó, caminó con un amigo hasta la parada de un colectivo y lo despidió. Continuó su camino y cuando cruzó la vía del tren para el cruce de las calles 120 y 38, percibió que un hombre la seguía. Frenó en un kiosco para perderse en medio de la multitud y al rato siguió su rumbo. Unos metros más adelante volvió a sentir que la acechaba la misma persona. Frente a la calle por la que caminaba había un descampado, así que decidió ir por la banquina para mostrarse más visible. Más adelante vio una panadería, pero sintió que no iba a poder llegar. Antes se cruzó a unas vecinas y les pidió ayuda, que por favor no la dejaran sola. El hombre la siguió esperando, pero apareció un patrullero, corrió hacia el descampado y lo atraparon.

Luego, la mujer se enteró que se trataba de Juan José Juárez, un hombre de 33 años que un rato antes, cerca de las 22, había apuñalado a una mujer de 63 años en la vía pública, que fue trasladada al Hospital Gutierrez y murió por las heridas. Antes de comenzar a perseguirla también atacó a dos hombres de 37 y 53 años, que están fuera de peligro.

El hombre fue imputado por “homicidio, tentativa de homicidio y lesiones” y la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2. La fiscal a cargo del caso, Betina Lacki, ordenó que se realicen pericias psicológicas y psiquiátricas para confirmar su imputabilidad.

La joven militante feminista había perdido un trabajo hacía poco tiempo y alquila, a duras penas. Para ayudarla, desde Sueños de Mariposas activaron la venta un cuadernillo sobre violencia entre lesbianas. Lo recaudado será destinado a ayudar a la mujer a salir adelante.

Cañuelas, Buenos Aires, 29 de enero

Ese mismo miércoles, durante la madrugada, Orlando Alcides Lutz Fogar prendió fuego la casa de una pareja de lesbianas. Las cámaras de seguridad lo captaron rociando la vivienda con combustible alrededor de las 3.40. Ellas habían decidido irse de la casa que construyeron porque el hombre venía hostigándolas a ellas y a su hija de 5 años desde el 2022. Hubo un total de 10 denuncias unificadas presentadas por las amenazas que recibían. Actualmente está prófugo, con pedido de captura tanto nacional como internacional.

“Estamos mal. Pasan los días y este tipo no aparece. Su abogado presentó un escrito online pidiendo la eximición de cargos. Además, como yo estaba acusando al presidente de autor intelectual sostuvo que deberían llevarlo al fuero federal. Se lo rechazaron pero hasta el momento sigue todo igual. Tenemos miedo por posibles represalias, estamos agotando recursos para resolver todo lo que tenemos que hacer. Estamos preocupadxs por el contexto real de toda la comunidad: los varios ataques que sufrimos estas semanas, el presente de nuestrxs hijxs, los derechos que estamos mendigando retener”, compartió a Presentes Agui, una persona no binaria, quien perdió todo.

La abogada de la familia, Mayra Daniela Guzmán, informó a esta agencia que recibieron un botón antipánico, pero de momento no perciben acompañamiento psicológico gratuito. En tanto, la justicia sigue buscando a Lutz Fogar, sobre quien pesa la acusación de homicidio en grado de tentativa agravado por odio a la orientación sexual (Artículo 80, inc. 4 del Código Penal). La causa la lleva el Juzgado de Garantías N°8 de La Plata. 

Agui compartió que tuvieron que irse de la casa cuando el grado de violencia de parte de este hombre comenzó a escalar. “Nos fuimos a vivir a la casa de mis suegros. Tuvimos que hacer el cambio de escuela. Nos ayudó la Federación Argentina LGBT para poder tramitar esos cambios. Para nosotras es una pérdida porque es nuestra única propiedad, no tenemos nada más a nuestro nombre. Tampoco tenemos un alquiler porque no nos alcanza el sueldo para poder hacerlo. Estamos manejándonos entre las casas de nuestras dos familias de xadres”, detalló.

“Las lesbianas -nos autopercibamos mujeres o no- somos víctimas de violencias hacias las mujeres y hacia las diversidades. Aunque no todas hemos sido atacadas como las parejas de Barracas, la familia de Cañuelas, las chicas de Recoleta o la activista de Salta, entre otras, todas vemos limitadas nuestras vidas por miedo. No decir algo que revele nuestra orientación sexual, no caminar por determinados lugares o en determinados horarios, irnos de una ciudad o una provincia, callar algo que queríamos compartir, reprimir un beso, una caricia… son las consecuencias del temor a esas violencias”, analizó la militante lesbiana María Rachid, integrante de la comisión directiva de la FALGBT.

Además, reconoció que en los últimos meses tuvo lugar una expresión más extrema de estas violencias. “Visibilizar estos casos nos tiene que ayudar a recordarle a la sociedad que hay muchos otros, menos visibles pero cotidianos, que generan dolor y sufrimiento, y que para evitarlos necesitamos un Estado presente y efectivo que genere políticas públicas para construir una sociedad más justa para todes”, concluyó.

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Esta es la maravillosa Argentina de Javier Milei a quien ha votado gente como Sor Lucía Caram… Sus votantes son cómplices de su política criminal: Siete personas en situación de calle muertas en dos semanas… ¿Dónde están los obispos para plantarse ante el psicópata y sus secuaces Villarruel, Macri y Bullrich? Les importan más los no nacidos para sacar a las calles a su tropa conservadora contra el aborto, que los hijos de Dios vivos…

Carolina Machado tenía 29 años, había migrado desde Ecuador y estaba en situación de calle. Ejercía el trabajo sexual en el barrio de Constitución. Denuncian más personas en situación de calle, menos políticas públicas y aumento de la persecución policial.

Fuente Agencia Presentes

17 de julio de 2024
Ana Fornaro
Edición: María Eugenia Ludueña

CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. El lunes al mediodía, Carolina Machado Abad, una mujer trans que había migrado desde Ecuador, murió en situación de calle en plena ola polar en la Ciudad de Buenos Aires. El 30 de agosto iba a cumplir 30 años.

“En el bolsillo tenía un turno para un parador”, contó a Presentes Georgina Orellano, directora de Casa Roja y secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Carolina ejercía el trabajo sexual y se había acercado a Casa Roja, en el barrio de Constitución, donde la ayudaron a iniciar el trámite migratorio. Había obtenido la residencia precaria y estaba a la espera de su documento nacional de identidad.

Durante el último mes, Carolina pasó algunas noches en el parador Uspallata, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La Policía encontró su cuerpo en la plaza frente al Hospital Muñiz, en Parque Patricios.

“Estuvo mucho tiempo internada en el hospital Ramos Mejía. Cuando salió se encontró con una precariedad absoluta, con imposibilidad de ser asistida por las políticas del Estado, más allá de que son muy acotadas. Uno de los requisitos para recibir algún subsidio es tener regularizada la situación migratoria”, explicó Orellano.

La última vez que sus compañeras la vieron fue el viernes 5 de julio. Se acercó a Casa Roja pidiendo internarse en algún hogar. “Llamamos a varios dispositivos y todos estaban estallados. Las asistentes sociales de los distintos centros nos dijeron que no tenían vacante. No había cupo, había lista de espera. Le dieron un turno para presentarse el 16 de julio”, contó Orellano, quien está organizando la despedida de Carolina en Casa Roja. Ya se comunicaron con su familia y esperan repatriar el cuerpo.

Menos políticas, más personas en situación de calle

Foto: Marcha por reparación histórica para travestis y trans, mayo de 2024, Ciudad de Buenos Aires. Foto: Ariel Gutraich/Agencia Presentes

La muerte de Carolina coincidió con las declaraciones del secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz, quien en la Radio Futurock lanzó la frase polémica: “Si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, la acomodás en la pobreza”. Los dichos de Kravetz se dan cuando en las últimas dos semanas se registraron – al menos- 7 muertes de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.

Las organizaciones consideran se trata de muertes vinculadas al vaciamiento de políticas habitacionales y de endurecimiento de la discriminación y violencia por parte del Gobierno de la Ciudad a las personas que viven en situación de calle. Según cifras de abril, en la capital del país hay 3560 personas en situación de calle. Esto representa un aumento del 14% respecto del año pasado. Pero las organizaciones de la sociedad civil reportan 8.028 personas en situación de calle, según esta nota del medio Chequeado. 

Desde No tan Distintes (NTD), organización que trabaja con mujeres y personas LGBTI+ en situación de vulnerabilidad social, denuncian que el problema recrudeció desde que asumió Jorge Macri como Jefe de Gobierno.

 “Jorge Macri dijo que las personas en situación de calle son peligrosas y que había que cambiar todo el enfoque. Armaron un protocolo de salud mental que permite llevar a personas a guardias psiquiátricas de manera involuntaria. Lo vienen denunciando desde el Hospital Borda. Desde el Gobierno dijeron que están abriendo nuevos paradores, pero hace meses cada vez que llanás a la línea 108 no hay vacante”, dijo a Presentes Paula Migilone, de NTD. Y agregó: “Tienen medida por debajo el número de personas en situación de calle. Todo se agravó con la eliminación de políticas públicas específicas para mujeres y disidencias. Están haciendo una política de desplazamiento, no quieren que se vean. Y eso tiene patas cortas, porque la gente se está muriendo y ahora llegan esas políticas a los medios”.

Marcha por reparación histórica, Ciudad de Buenos Aires, mayo de 2023. Ariel Gutraich/Agencia Presentes

“Cada vez más compañeras duermen la plaza”

Lo del desplazamiento lo confirma también Orellano, que denuncia en particular la situación del barrio de Constitución. Una zona donde viven y trabajan varias trabajadoras sexuales, personas trans y migrantes, y donde se dispararon los precios para acceder a un techo.

“Alquilar por día una habitación está entre 19.000 y 22.000 pesos. Por mes, entre 170.000 y 250.000 pesos. Las condiciones que ofrecen hoteles, inquilinatos y pensiones son de hacinamiento, insalubres y precarias. Entonces, cada vez más vemos compañeras que, como Carolina, duermen en la plaza. Cuando no tienen dinero para pagar su habitación por día, están en las ranchadas, deambulando por Constitución, atravesando también mucha situación de violencia por parte de la policía. Entonces, cada vez se van más desplazando. Hay compañeras durmiendo al costado de la autopista”, dice Orellano.

Foto: Ariel Gutraich/Archivo Presentes

Aumentó la violencia policial

Desde No tan distintes también hacen foco en el incremento de la violencia policial. “Les sacan las pertenencias con violencia, las desalojan de la vía pública”.

Cada año, el 19 de agosto, Día de la lucha por la situación de calle, desde la Asamblea por las Personas en Situación de Calle y el programa de la facultad de Psicología “Sociabilidad por los márgenes”, se publica un informe donde se registran y analizan estas violencias, que -agregan- pasan desapercibidas y son interseccionales. “Por ejemplo, para las personas LGBTI+ hay un subregistro. Muchas usan estrategias para esconder su orientación sexual o identidad de género para no sufrir más violencia, que se multiplica en las disidencias”.

General Argentina, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Carolina Machado, Casa Roja, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Desde No tan distintes, Diego Kravetz, Georgina Orellano, Javier Milei, Paula Migilone, Personas en Situación de Calle, Personas LGTBIQ, Personas trans

La mató una vecina del hotel donde vivía. Diva era dominicana y había llegado a la Argentina hace diez años.

BUENOS AIRES, Argentina. A Diva le gustaba decir que era la primera travesti migrante de República Dominicana que había logrado hacer su cambio registral. Hacía más de diez años que había llego a la Argentina y se había instalado en el barrio de Constitución, Ciudad de Buenos Aires, donde el sábado 20 de enero fue asesinada.

La noticia llegó a las chicas de Casa Roja, donde Diva Reina de los Santos Contreras acudía al comedor y al psicólogo, en las primeras horas de la mañana. La policía ya había constatado su fallecimiento y vecinos y vecinas del lugar relataron el hecho.

Diva estaba atravesando un fuerte consumo problemático y estaba en tratamiento. Quien la mató era una vecina del hotel en donde vivía. Una mujer dominicana que también atravesaba una situación de consumo. Esa madrugada, una discusión entre ambas fue escalando en violencia y terminó con una puñalada por la espalda que llevó a la muerte de Diva.

Un huésped del hotel llamó al 911 alrededor de la 7 de la mañana alertando sobre un cuerpo en la verdad del lugar. Al llegar, la policía sólo pudo constatar la muerte de Diva.

La mujer que la mató fue detenida sin que ella ofreciera ningún tipo de resistencia. Confesó el crimen y continúa detenida. La causa está en el Juzgado Criminal y Correccional N°48.

El lugar de Diva Reina

Georgina Orellano es presidenta de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). La organización fundó en 2019 Casa Roja, en Constitución. Desde ese espacio se hicieron cargo de avisar a la familia de Diva Reina y completar los trámites correspondientes para retirar el cuerpo de la mujer y despedirla.

“Diva una compañera que atravesó muchas situaciones de violencia en su vida. Tuvo que desplazarse e irse de su país porque su entorno no aceptaba su identidad de género. Y acá ha sufrido situaciones de mucho abuso policial”, cuenta Orellano a Agencia Presentes.

La mujer atravesó situaciones de salud delicadas. Estuvo mucho tiempo internada y luego de articulaciones entre organizaciones sociales, lograron el seguimiento del tratamiento por parte del Hogar Cristo Rey desde donde la visitaban semanalmente para supervisar la medicación.

“Ella estaba muy contenta de que hubiera gente que se preocupara por ella. Que, siendo migrante, siendo travesti y viviendo en el barrio Constitución venían los médicos una vez por semana a su hotel para hablar con ella, para ver si se había alimentado y para ver si efectivamente seguía cumpliendo con su tratamiento”, dice Georgina. Y agrega, “su muerte habla de las precariedades de las personas, habla de la falta de políticas y habla de la ausencia del Estado”.

Una vulnerabilidad sin frenos

Diva Reina asistía al comedor de La Casa Roja y a la terapia que se brinda en el lugar. Era, según cuentan en el espacio, una persona asidua que accedía a los distintos servicios que se ofrecían en la casa.

El viernes anterior a su muerte, se había acercado para averiguar cuándo estarían los abogados porque necesitaba asesoramiento. Le dieron turno para el 5 de febrero.

Casa Roja es un espacio que cobija a decenas de mujeres y travestis trabajadorxs sexuales en situación de vulnerabilidad. Allí también encuentran refugio de la violencia institucional, acceden a un plato de comida y a lo que necesitan gestionar en términos legales y de salud. Fue un punto de entrega de alimentos durante los años de pandemia y también una de las postas de vacunación contra Covid-19.

Anmar y La Casa Roja también se hicieron responsables del cuerpo de Diva para darle una despedida digna. “Hablamos con el secretario del fiscal. Sobre todo, para dar cuenta de que ella no tiene acá ningún lazo familiar directo. Nosotras en estos casos, siempre como organización, intervenimos para poder hacernos cargo, para dar una despedida digna a la compañera. El fiscal entendió perfectamente la situación y nos facilitaron hacer los trámites teniendo en cuenta de que se trataba ni más ni menos de una muerte violenta”, explica a Presentes, Orellano.

Diva Reina tenía contacto con su mamá, que vive en República Dominicana. También tenía hermanos en distintos lugares del mundo. Georgina logró comunicarse con una hermana que vive en Italia. Agradecieron la intervención de Ammar, “tenían mucho temor que reclamara el cuerpo de Diva de la morgue, que no tenga ninguna despedida, que nadie ore por ella. Es una familia muy creyente al igual que Diva”, manifestó.

La estigmatización y el odio

Desde que se enteraron del asesinato de Diva Reina, las chicas que integran La Casa Roja no pararon de hacer trámites ni de resolver situaciones vinculadas a este dramático hecho. “Tal vez hoy que tenemos nuestro espacio de intimidad podamos empezar a hacer el duelo”, reflexionó Orellano.

No fue sólo la muerte de Diva lo que angustió a las mujeres. También todo lo que se dijo desde que se conoció el crimen. “A nosotras nos dolió muchísimo que en ese momento se haya presentado el canal Crónica TV, y que muestre en pantalla a nuestra compañera tirada en el piso. Todavía no había ido la ambulancia a retirarla y eso estaba pasando. Nosotras todavía no nos habíamos podido comunicar con la familia de Diva, queríamos que la familia se enterase por otro lado no y no viendo esa imagen”.

A la transmisión del canal se sumaron los comentarios de vecinxs del lugar. “Hay vecinos que aprovechan esa situación, decir cosas xenófobas y racistas hacia los distintos colectivos migrantes que viven en Constitución. Opera el racismo de decir que es un conflicto de personas con drogas, como justificando que merecía morir”, dice la referenta de Ammar. “En vez de denunciar la falta de políticas públicas o la violencia institucional que sufren esas compañeras a diario, aprovechan el micrófono para ser expulsivos y con una mirada de higienización social con respecto a un barrio donde nosotras vivimos, habitamos y tenemos ahí también la organización”.

El avance de la precariedad 

Orellano también resaltó que la persona que mató a Diva era otra mujer en situación de gran vulnerabilidad. “La persona que lamentablemente la asesinó también era una persona atravesada por un montón de precariedades, con mucha violencia en su vida, y como muy por fuera del sistema. Este crimen nos tiene que llevar como sociedad a profundizar que con la precariedad que hay hoy en nuestro país, éstas lamentablemente van a ser las situaciones que se van a presentar en los barrios”.

Respecto del crimen de Diva se dijo, entre otras cosas, que fue un ajuste de cuentas y que ambas mujeres eran “transas”.

“También se dijo que Diva había ido hasta ahí a comprar drogas. La verdad es que Diva era una vecina de Constitución. Desde que llegó a la Argentina vive en el barrio. Alquilaba una habitación en ese hotel. No era alguien que pasó y se encontró con la muerte, si no alguien que vivía ahí. Que era vecina del barrio, que era nuestra compañera”.

El cuerpo de Diva será sepultado en el Cementerio de la Chacarita, antes habrá un velatorio en Casa Roja. 

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Asesinato, Barrio de Constitución, Buenos Aires, Casa Roja, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Delitos de Odio, Diva Reina de los Santos Contreras, Georgina Orellano es presidenta de Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Hogar Cristo Rey, Personas LGTBIQ, República Dominicana

Con Milei y su Libertad Avanza, volvería la negra oscuridad de la Dictadura militar y la LGTBIfobia…

Buenos Aires marchó con Orgullo: fiesta y defensa de derechos antes del balotaje

Flavio Rapisardi recuerda, junto a otrxs compañerxs, cómo fue la primera marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires. “En todos estos años nunca estuvimos con la derecha fascista que hoy tiene candidatxs en carrera. Por eso la consigna es clara: “Ni un ajuste más. Ni un derecho menos”.

CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. Hace 32 años, un grupo de doscientas cincuenta travas, locas y tortas decidimos “volver” a las calles. Y digo “volver” porque siempre estuvimos: desde la creación de Nuestro Mundo -«primer intento de organización homosexual en Argentina» según Néstor Perlongher- en el año 1967 hasta las marchas contra el indulto de Carlos Menem. Nuestras banderas siempre estuvieron junto a movimientos revolucionarios, sectores progresistas, movimientos de derechos humanos. En todos estos años -suman cincuenta y cinco- nunca estuvimos con la derecha fascista que hoy tiene candidatxs en carrera. Por eso la consigna es clara: “Ni un ajuste más. Ni un derecho menos”.

Memorias de la primera marcha del Orgullo

En 1992, en el loft de la calle Paraná -donde vivían Carlos Jauregui, César Cigliutti y Marcelo Ferreyra militantes de Gays y Lesbianas por los Derechos Civiles- nos convocaron a distintos grupos (ISIS, Lesbianas a la Vista, Travestis Unidas, Cuadernos de Existencia Lesbiana y otres) a planificar y trabajar para ocupar las calles. Eran épocas donde todavía la policía nos metía en cana y hacía razzias (detenciones masivas) en discotecas. Porque, como bien argumentábamos en ese momento: “Los edictos policiales son la continuidad de la dictadura”.

Si bien durante los años 80 y 90 estuvimos junto con la CONADEP (Comisión sobre la Desaparición de Personas), con las Marchas de la Resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, agitando banderas contra el intento de Golpe de Estado de los carapintadas y apoyando las huelgas de trabajadorxs, ese año decidimos volver “solxs” a pedir libertad, igualdad y diversidad. Aquella nochecita helada éramos como 250. Detrás de nosotrxs, la Plaza de Mayo explotaba de docentes que marchaban contra el ajuste brutal de Menem contra el sistema educativo. Nos saludamos, nos sacamos fotos (no había celulares) y mientras miles de maestros y profes iban hacia la Casa Rosada, nosotrxs, a cara descubierta o con caretas (muchxs podían perder su trabajo por darse a conocer) enfilamos para el Congreso. En dos direcciones, pero en un mismo sentido: pedir justicia.

Aquella marcha del 3 de julio de 1992, la primera del Orgullo en Argentina, hay que leerla en el momento histórico que se gestó. Nuestro movimiento tiene una larga historia que comenzó en 1967, continuó en los 70 durante la democracia, hasta que la dictadura nos mató compañerxs o tuvieron que exiliarse. Otrxs quedaron desperdigadxs, controladxs por la bota facha de la policía milica de un gobierno de asesinos que hoy la candidata Villarruel reivindica. Por esto esta marcha de noviembre de 2023, es tan importante. Y por primera vez las llamadas “históricas” fuimos convocadxs por la Comisión Organizadora a formar parte de las voces que se escuchan cada noviembre en Buenos Aires.

No es que el pasado fue mejor, sólo venimos a recordar – en especial a quienes nacieron con los derechos conseguidos- que esos derechos se ganaron en las calles. Y que en esa lucha compañerxs dedicaron o dejaron su vida. Cómo no recordar a Angel Bruno, a Gustavo Tarasco, a Marcelo Benítez y tantos otrxs que no entrarían en esta nota.

Carlos Jaúregui en la primera Marcha del Orgullo en Buenos Aires, julio de 1992.

Marcha y Orgullo, ayer y hoy

Belén Correa (ATTTA) la histórica militante trans que formó parte de las primeras organizaciones de trans, travestis y transexuales, y una de las fundadoras del Archivo de la Memoria Trans, recuerda: “Para nosotras no había posibilidad de usar caretas. Yo estaba con Claudia Pía Baudracco. Nos enteramos y nos sumamos a ese momento que hoy es histórico. En todos estos años nuestro movimiento se organizó, creció. Aprendimos a construir junto a lesbianas, gays, feministas, bisexuales los derechos que hoy nos quiere arrebatar la derecha. No lxs vamos a dejar”. Cambiando el tono de voz, recuerda, como todxs nosotrxs, a “las históricas”. Ya no están pero vamos a recordarlas en el abrazo de quienes todavía estamos de pie, con los miles y miles de nuevas generaciones que deberán saber que los derechos se consiguen y se defienden.

Otrx “histórica”, Pablo Vasco, dirigente de Libre Diversidad y del MST en el Frente de Izquierda Unidad, recuerda su participación en aquella primera marcha con alegría y orgullo. Su partido político fue el único que acompañó esa movida. «En este tiempo hay sectores de la derecha y la ultraderecha que vienen por nuestros derechos. Tenemos que defenderlos como los logramos:unidad y movilización”, dice.

Diego Tedeschi Loisa se sumó en la III Marcha del Orgullo en 1994. Recuerda: “Eramos 500 personas y yo militaba en el Grupo Nexo. Fuimos con las tapas de la revista que editábamos, “Nexo”. Era una época en la que por ser gay o lesbiana te podían echar del laburo, la policía nos levantaba en razzias. Comencé aquella marcha con pasamontañas, pero a los cien metros me lo saqué.”

Ni un derecho menos

En gestos como los de Diego, en compromisos políticos como los del Vasco, en la valentía de Belén que -aclaramos- todavía militan día y noche, se construyeron las libertades que hoy vivimos, la igualdad que seguimos construyendo y que hoy más que nunca.Con nuestrxs compañerxs muertxs en cuerpo pero vivos en las victorias y el deseo. El nuestro, que aún late, y el de les pibes, porque no daremos ni un paso atrás ante la derecha autoritaria que defiende a los milicos que torturaron y mataron a nuestros militantes, a políticos cachivaches que gritan libertad pero votan en contra de la Ley de jubilaciones para personas con vih. Frente a les violentes que se creen leones y solo son una pantomima patética de quienes hundieron a nuestro país en el dolor, la muerte y el hambre.

Este sábado “las históricas” estaremos allí, como siempre, con miles de voces más que se suman a esta bella historia de amor e igualdad volviendo a gritar lo como hicimos esa nochecita fría de 1992: Libertad, igualdad y diversidad.

Flavio Rapisardi, autor de esta nota, es militante LGBT y de derechos humanos, doctor en Comunicación y coautor del libro Fiestas, baños y exilios.

Las fotos que ilustran esta nota fueron aportadas desde el archivo personal del autor. De conocer su autoría, pedimos nos escriban a agenciapresentes@gmail.com para poder consignarla.

Flavio Rapisardi

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI Argentina, Carlos Jáuregui, César Cigliutti, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Cuadernos de Existencia Lesbiana, Flavio Rapisardi, Gays y Lesbianas por los Derechos Civiles, Historia LGTBIQ+, ISIS, Lesbianas a la Vista, Madres de Plaza de Mayo, Marcelo Ferreyra, Marcha del Orgullo, Marchas de la Resistencia, Nuestro Mundo, Travestis Unidas

BUENOS AIRES, Argentina. Un encuentro entre amigas. Una fiesta de cumpleaños. Erotismos y romances. Todo aquello que conforma la cotidianidad de tantas personas es, en el marco de esta muestra, verdaderamente revolucionario. Y es que la muestra “Nuestra Memoria”, curada por el Archivo de la Memoria Trans y el Museo Nacional del Bicentenario, pone en escena aquello que tan pocas veces ha tenido protagonismo: la voz de la comunidad trans para contar su propia historia.

“Nuestra Historia” hace un recorrido tanto por aquellas representaciones mediáticas y populares que se han impregnado en el imaginario popular como por el modo en el que las propias personas trans deciden mostrarse al mundo, y revelará así matices y complejidades de la comunidad que no suelen ser explorados.

El texto de la Archivo de la Memoria Trans que acompaña la muestra subraya que las representaciones de las personas trans pueden clasificarse en dos grandes grupos: como víctimas, pasivas e indefensas o como victimarias; desviadas, asociadas al trabajo sexual y al narcotráfico, criminales, enfermas y peligrosas. Nunca en un encuentro entre amigas, una fiesta de cumpleaños o viviendo un romance.

La exposición comienza con fotos de archivo del Diario Crónica durante los años 80, donde las escenas que protagonizan las personas trans son siempre policiales o trágicas, morbosas y dramáticas. También incluye fotos de las primeras protestas de la comunidad trans en Plaza de Mayo, incluso antes de estar organizadas políticamente. Finalmente, la muestra cierra con las imágenes del propio Archivo de la Memoria Trans, aquel que hace un recorrido sobre la intimidad de la comunidad, con su activismo, sus exilios y sus fiestas, entre muchos otros momentos cotidianos.

«Una conversación entre el archivo general de la Nación y el Archivo de la Memoria Trans»

“Esta muestra es una perspectiva, una conversación entre el archivo general de la Nación y el Archivo de la Memoria Trans” explicó María Belén Correa, directora y fundadora del Archivo, a Presentes. “Esto va a hacer que las fotografías empiecen a conversar entre ellas sobre una época de persecución, de distintas faltas de derechos que había con un estado complaciente.”

En este sentido, es especialmente interesante que la muestra transcurra en el Museo del Bicentenario, un espacio de corte histórico y presidencialista donde el foco suele estar puesto en los próceres y los procesos democráticos institucionales. Esta vez, el eje estará levemente corrido. A pesar de seguir enfocándose en recorridos históricos, la propuesta muestra, como destacó Mariela Beker del equipo curatorial del Museo del Bicentenario a Presentes, “de qué manera la organización popular y la lucha son el camino para la conquista de derechos. Cuando hablamos del proceso democrático, pensamos solo en el derecho del voto y no lo vinculamos con esto de ejercer ciudadanía con reclamos y organización”. La línea del tiempo al final del recorrido también colabora con esta idea, ya que muestra cómo las leyes no son más que el resultado final de un camino muy arduo que empieza en las calles y mediante la organización popular.

María Belén Correa, por su parte, dijo a Presentes que “llevarla hoy al Museo del Bicentenario es bastante simbólico sobre todo por el hecho de las personas mayores de 50 años que, hasta el día de hoy, no tienen los derechos de una reparación histórica.” Es por eso que es especialmente importante que exista una muestra donde se pueda escuchar a las personas trans en su propia voz y verlas por su propia lente; es decir, como ellas quieren ser escuchadas y vistas. Para que, como dice el texto que acompaña la muestra, “el día de mañana cuando alguien se pregunte cuál es su primer recuerdo de una persona trans, nos recuerden tal y como somos.”

El Archivo de la Memoria Trans

El Archivo de la Memoria Trans, creado en 2014 por María Belén Correa y Claudia Pía Baudracco, está compuesto por más de 15.000 documentos desde principios del siglo XX hasta los años 90 e incluye fotos, testimonios, notas periodísticas, DNIs, pasaportes, diarios personales y cartas, entre otras. Su objetivo es la protección, construcción y reivindicación de la memoria trans.

En otras palabras, el Archivo busca exponer todas aquellas vidas que por mucho tiempo fueron borradas en la Argentina, y poner a aquellas identidades que hasta hace tan solo unos años no tenían leyes que las nombraran ni escenarios sociales que las aceptaran.

Actualmente el equipo del AMT está conformado por María Belén Correa, Ceci Estalles, Car Ibarra, Cecilia Saurí, Magalí Muñiz, Carola Figueredo, Ornela Vega, Luis Juarez, Carolina Nastri,  Sonia Torrese, Guade Bongiovanni, Julieta González, Marina Cisneros, Katiana Villagra y Paola Guerrero.

10 de noviembre de 2022

Verónica Stewart

Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Claudia Pía Baudracco, María Belén Correa, Memoria Histórica, Memoria Trans, Museo del Bicentenario, Personas trans

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Celeste Moretti, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Diana Maffía, Horacio Rodríguez Larreta, lenguaje Inclusivo, María Paula García, María Teresa Andruetto, Patricia Gómez, Romina Zonzini

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Ciudad de Buenos Aires (CABA), FALGTB, Grindr, Homofobia/ Transfobia, Pablo Delía

Al grito de “puto de mierda”, alrededor de ocho sujetos los agredieron con golpes y piedras

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Oscar Ibarra, Argentina, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Delitos de Odio, Gerardo Gabriel Garvizú, Homofobia/Transfobia, Personas LGTBIQ, San Martín Fest

Absolvieron al juez que en 2019 había sido denunciado y suspendido por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera.

Un jurado absolvió a Juan José Ruiz de La Plata, el juez denunciado por agravar la condena de una mujer trans por ser extranjera, en un acto que organizaciones sociales y de la diversidad sexual consideraron discriminatorio. En el fallo, además, el magistrado había nombrado a la mujer, Claudia Córdova Guerra, en masculino. También a las testigas que dieron testimonio.

Presidido por la titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, el jurado de enjuiciamiento absolvió a Ruiz de La Plata por “mayoría”. Así, el juez vuelve a entrar en funciones. Lo habían suspendido en el cargo que ocupaba en el Tribunal Oral Criminal 1 de La Plata por las denuncias que presentaron distintas organizaciones por su condena “discriminatoria”.

“La absolución nos sorprendió”, expresó a Presentes María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT).

Rachid había realizado una denuncia personal ante el juez. También la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Federación Argentina de Lesbianas Gays y Trans y travestis (FALGBT), la Asociación de Travestis Trans y Transgénero de la Argentina (ATTTA) y la Comisión provincial de la Memoria.

La condena discriminatoria

En abril de 2014, Claudia Córdova Guerra, una mujer trans de nacionalidad peruana, fue detenida por el delito de “tenencia de estupefacientes para su comercialización” en La Plata. Ruiz, que en ese entonces era juez del Tribunal en lo Criminal 1, condenó a la mujer a 5 años y 3 meses de prisión, y consideró como agravante que era extranjera.

“El Estado puede y debe aplicar sanciones como pena accesoria a la de la prisión y agravar las penas a los extranjeros que cometan delitos comunes en el país, sin que ello importe violación a los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación entre otros, siendo que estamos en presencia de una medida excepcional avalada por nuestra Constitución y Tratados internacionales que la integran. Lo único inconstitucional sería no hacerlo”. Así lo explicó en la sentencia.

Además, el fallo del juez trataba a Claudia en masculino y por su nombre anterior, solo utilizando el autopercibido como un “alias”. Y hacía menciones a “persona travestida”, en lugar de mujer trans. También trataba en masculino a las testigas que acompañaron a la acusada, las cuales se identificaban como feminidades.

Ser migrante y trans

Para María Rachid, “la calidad de migrante de la persona denunciada lejos de agravar su situación, la protege por estar como migrante dentro de lo que llamamos en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional una ‘categoría sospechosa’ de ser víctima de discriminación”. Y explicó “Toda distinción por este motivo (su calidad de migrante) debe probarse -con escrutinio estricto- como no discriminatoria”. Y alertó: “Hay un procedimiento para esto con gran consenso en el campo del derecho al que no se han ajustado en este proceso”

“El mismo juez que tiene que velar por el cumplimiento de la ley. En ningún momento respetó la Ley de Identidad de Género. Esto solo -probado a través de su sentencia y el testimonio de la persona imputada- debería ser suficiente para destituir a este juez”, aseguró Rachid.

En noviembre de 2016 la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, ante la apelación, la modificó. Ordenó caratular el expediente incluyendo también la identidad de género de Claudia. Pero además cambió la calificación a “tenencia simple de estupefacientes” (eliminando la “comercialización”), y objetó el agravante de “extranjera” esgrimido por Ruiz.

Absuelto por la impunidad del Poder Judicial

Con las denuncias de las organizaciones sociales y de la diversidad sexual, Ruiz fue suspendido por el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la provincia, presidido por Eduardo de Lázzari. Sin embargo, el juez luego afrontó un jury -que podía valerle la destitución-, y en él fue recientemente absuelto.

Para la doctora de Comunicación Social y militante travesti trans, Claudia Vásquez Haro, “es lamentable que estos jueces tomen decisiones basadas en su mirada del mundo, tan reduccionista y sobre todo discriminatoria”. “Sabemos muy bien que el fallo tiene un componente profundamente xenófobo, racista. Esta es una cuestión que tiene que ver con la ideología a la hora de dictar sus sentencias”, afirmó, en diálogo con Presentes.

Frente a la absolución, la también presidenta de OTRANS Argentina, señaló que “esto habla una vez más del grado de impunidad que existe en el poder judicial”. También “de una falta de perspectiva transfeminista, interseccional y de Derechos Humanos”. “Pone una vez más a la luz que es necesario una reforma judicial para transformar este tipo de prácticas. Lesionan la vida no solamente de una persona sino, en este caso, de un colectivo, que es el más excluido de esta sociedad civil”, concluyó.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Claudia Córdova Guerra, Claudia Vásquez Haro, Defensoría del Pueblo, Federación Argentina LGBT (FALGBT), Hilda Kogan, Homofobia/Transfobia, Instituto contra la Discriminación, Juan José Ruiz de La Plata, Judicatura, La Plata, María Rachid, Otrans Argentina, Personas trans

 BUENOS AIRES, Argentina. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas mediante una resolución. La prohibición no sólo incluye el uso en las aulas, sino también el material producido para fines educativos que contemplen el uso del lenguaje inclusivo.

La decisión de la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue comunicada en la Circular 4/2022 el Ministerio de Educación porteño. Allí se ordenó a les docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales “de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.

La medida, según se aclara en la resolución, “aplica únicamente a los contenidos que dictan los/as docentes en clase, al material que se le entrega a los/as estudiantes y a documentos oficiales de los establecimientos educativos”.

Una excusa para discriminar

Desde el Ministerio afirmaron que esta decisión se tomó luego de los resultados en Lengua obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones realizadas tras la pandemia.

En conferencia de prensa tanto la ministra Acuña como el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos, Horacio Rodríguez Larreta defendieron la prohibición. “A partir de ahora, los docentes en la ciudad de Buenos Aires tienen que respetar las reglas del idioma español. Tanto cuando están frente al aula como cuando se dirigen a sus familiares. En la escuela hay que respetar el idioma español”, dijo Rodríguez Larreta.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña, aclaró. “No estamos persiguiendo ni es una caza de bruja; queremos enseñar mejor para que los chicos aprendan. No les pedimos permiso a los sindicalistas, tomamos decisiones sobre evidencias y consultando a especialistas”.

El Ministerio de Educación de la Nación, Jaime Perczyk criticó la disposición. “Hay que mejorar la educación, pero eso no se hace prohibiendo el lenguaje inclusivo”.

También la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta se pronunció al respecto. «Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición», afirmó.

En la actualidad, son más de veinte las instituciones académicas que aprobaron el uso del lenguaje educativo.

Las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad. Nada bueno se aprende de una prohibición.

— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) June 10, 2022

“Es un retroceso muy profundo”

En 2021, la diputada nacional Mónica Macha, que preside la Comisión de Mujeres y Diversidad, presentó un proyecto de ley para el ejercicio del derecho a la utilización del lenguaje inclusivo de género ante el Congreso.

Ese proyecto fue una respuesta a otro que habían presentado las abogadas las abogadas Patricia Alejandra Paternesi y Cynthia Roxana Ginni para prohibir el uso del lenguaje inclusivo. Esa presentación fue patrocinada por dos legisladores que pertenecen a Juntos por el Cambio, el partido que gobierna hoy la Ciudad de Buenos Aires.

“La definición de Soledad Acuña, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, es un hecho político antidemocrático y excluyente. Negadora de la ley, identidad de género y más. Si hay algo que tiene la escuela es ser un lugar de transmisión de saberes, de experiencias, de un posicionamiento histórico”, expresó a Agencia Presentes la diputada Mónica Macha.

“Prohibir el lenguaje inclusivo significa que haya muches niñes que cuando necesiten ser nombrades tengan más dificultades. Eso tiene impacto directo en la construcción subjetiva de las niñeces. Me parece muy grave», destacó. “Es, políticamente, un guiño para los sectores de ultraderecha».

El lenguaje inclusivo es para periodistas y políticos que trabajan en la construcción de los discursos de odio uno de los blancos de ataque permanente. “Para la población en general es un retroceso muy profundo y que va a contramano de todo un proceso político, cultural, histórico, que va a favor de la de la posibilidad de la inclusión”.

La experiencia en las aulas

Sol Fantín es licenciada en Letras, docente de primaria y además dicta clases de Educación Sexual Integral para profesores. Para ella, esta decisión se trata de una medida intimidante y persecutoria.

“Nos pone en la situación de tener que vulnerar derechos de algunos de nuestros estudiantes, colegas y de otros miembros de la comunidad, por ejemplo, miembros de nuestras familias, las familias de los estudiantes».

El fundamento de esta prohibición, afirma la licenciada, no tienen sustento. “Genera confusión sobre la naturaleza de la lengua y su enseñanza para los docentes que no sean especialistas o no vengan del área de lingüística y de la lengua. El gobierno de la Ciudad dice sin ningún fundamento lingüístico ni didáctico que el lenguaje inclusivo daña el aprendizaje de la lengua”.

Y aporta, «la lengua castellana admite ampliar su rango de género, lo admite morfológicamente y no se daña a la comprensión. El fundamento de esta decisión es un fundamento político de política lingüística. Están difundiendo una información que es falsa en términos lingüísticos».

Lo que no se puede prohibir

Francia y Uruguay también intentan y presentan reformas y prohibiciones para impedir el uso del lenguaje inclusivo.

“La resistencia al lenguaje inclusivo tiene que ver con el no reconocimiento de las academias de lengua a este lenguaje, que son quienes rigen las normas. Esa falta de reconocimiento genera incertidumbre, sin embargo, de a poco se está instalando el uso por parte de la población en su mayoría menor a 35 años”, explica a Presentes, desde Uruguay, Inés Garbarino traductora y profesora de idioma francés.

En 1990, en Francia comenzó una reforma ortográfica que se comenzó a aplicar en 2016. Consistió en simplificar ciertas reglas ortográficas para facilitar el aprendizaje. “Se logró hacer esta reforma, pero hubo muchas resistencias. La lengua es un bastión donde se amparan muchos conservadurismos, por eso hay tantas resistencias”, afirma. “Hay que tener en cuenta que la lengua es un organismo vivo por lo que probablemente el lenguaje inclusivo tarde o temprano se convierta en norma”.

Con respecto a la justificación del gobierno de la Ciudad, Inés Garbarino afirma. “Puede tener una base en la definición de la alfabetización en quienes están comenzando a tener noción de la escritura, porque se necesitan normas. Se entendería en ese caso, pero, de todos modos, hay un docente que puede hablar y explicar cuál es el fenómeno en proceso. Y que ese fenómeno existe. El lenguaje inclusivo no se puede prohibir, porque si se instala en el uso no se puede frenar. No se puede frenar un fenómeno lingüístico”.

Una prohibición inaplicable

Desde la secretaría académica del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, Manu Mireles, afirma, “en el Mocha Celis es inaplicable esta resolución por distintos motivos. Pero el principal es que en esta escuela hay personas que además usan pronombres neutros y usan la ‘e’ para expresar diversidad. Esta medida expulsiva es inaceptable en el contexto de esta institución por todo lo que genera en las vivencias del sistema educativo”.

«Para mí la nueva resolución es un acto que claramente viola los derechos y la avanzada de garantía de derechos que hoy tenemos en la Argentina”. Entre los puntos que destaca Mireles afirma que se esta prohibición reproduce matrices de violencias que, a su vez, generan una gran exclusión en la educación.

“La Ciudad de Buenos Aires expulsó sistemáticamente las personas travestis y trans. Particularmente con la falta de información a los equipos docentes y la falta de implementación de una educación sexual integral. Me parece inaceptable que a 16 años de la aprobación de la ESI no se aplique y que, el año pasado cuando lo valoramos, vimos que hay una aplicación de sólo el 40% a nivel federal”.

“En el Mocha Celis entendemos que el lenguaje es una construcción colectiva. Nuestro trabajo que hacemos es fruto de la militancia de los colectivos travesti trans que vamos a seguir profundizando. Tenemos evidencias suficientes de la necesidad el sistema educativo formal de replantearse y repensarse para garantizar derechos”

Violencia y discriminación

Mireles observa que esta resolución viene de la mano de una serie de discursos y situaciones de violencia que se repitieron en el último tiempo y que la prohibición aporta a esa violencia.

“Una medida como esta anula la vivencia de identidad y la posibilidad que tenemos de seguir avanzando a todas aquellas personas que formamos parte de la diversidad. Particularmente, que podamos tener ambientes seguros y libre de violencias y discriminación en nuestras escuelas”.

Y agrega, “esto sucede en el mes del orgullo haya este tipo de disposición. No es casual, hace semanas vandalizaron el bar H, luego el hotel Gondolín. Son situaciones que nos preocupan, para adelante seguirá pensar colectivamente acciones administrativas para que no avance esta medida”.

Los repudios

Organizaciones, sindicatos, referentes educativos y militantes repudiaron la decisión que comunicó el gobierno de la Ciudad.

“En pleno mes del #Orgullo, el gobierno de la Ciudad emite una “resolución” prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo en aulas y comunicados oficiales. No solo está vulnerando la libre expresión de estudiantes, docentes y familias, sino también va en contra de las leyes de Identidad de Género y de Educación Sexual Integral”, expresa la editorial Chirimbote.

“Cada vez más estudiantes se identifican con un género diferente al asignado, o con ninguno, o están en transición. ¿Así se sanciona el derecho a ser y ser nombradxs como deseen? La propuesta pedagógica de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, es censurar identidades, sobre todo, de infancias y adolescencias”.

También la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) repudió la resolución. “Lo que no se nombra no existe: Negar desde el lenguaje a las infancias y adolescencias trans y no binaries constituye un ataque al derecho a la identidad de todes y cada une, y a ser en un ambiente en el que la diversidad es respetada”.

En ese sentido, UTE amplió el concepto de esta prohibición en un contexto en que los discursos odiantes tienen lugar en los medios de comunicación. “Forma parte de la ofensiva de la derecha en la educación. El lenguaje es una construcción colectiva que está en permanente transformación y que construye realidades. Les docentes continuaremos construyendo una escuela pública e igualitaria para todes, reconociendo y abrazando amorosamente a todes y cada une de nuestres estudiantes”.

La legisladora e integrante de las comisiones de Educación y Mujeres, Géneros y Diversidades, Laura Velasco de la Ciudad, también se refirió a este tema. “Es una provocación. El gobierno porteño durante tantos años no aplicó con presupuesto ni programa específico la Educación Sexual Integral en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Si existen problemas de aprendizaje tienen que ver con la falta de presupuesto y de decisión política para generar una educación de calidad para todos, todas y todes”, aseguró Velasco, quien también es educadora, maestra y profesora en letras, y especialista en ESI.

10 de junio de 2022

Maby Sosa

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Cynthia Roxana Ginni, Diacriminación, Elizabeth Gómez Alcorta, Feminismo, Homofobia/Transfobia, Horacio Rodríguez Larreta, Identidad de género, Igualdad, Inés Garbarino, Jaime Perczyk, Laura Velasco, lenguaje Inclusivo, Manu Mireles, Mónica Macha, Mujeres, Patricia Alejandra Paternesi, Personas LGTBI, Personas no binarias, Sol Fantín, Soledad Acuña

Fuente Agencia Presentes

General Andrea García, Argentina, Asociación Federico Lacroze, Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, Ciudad de Buenos Aires (CABA), Cruz Roja, Cuidado de personas mayores, Cuidados, Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores (Dinapam), Florencia Cascardo, Freditica Murillo, Luciana Micaela Méndez, Mayores, Paris Donatella Del Valle, Personas trans, Programa Ancestras, Registro Nacional de Cuidadores, Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA), Universidad de Tres de Febrero (UNTREF)

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudad de Buenos Aires (CABA), Homofobia/Transfobia, Thiago Leis