20 años de lobby ultra a lomos de particulares

La entidad, ligada según un informe de la Conferencia Episcopal a El Yunque, aumenta sus ingresos a golpe de campaña: primero contra las mujeres y el colectivo LGTBI, finalmente contra la eutanasia y la ley de Educación, y maneja ya cuatro millones al año en donaciones individuales

La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados y en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias

20.04.2024 | Daniel Sánchez Caballero / Jesús Bastante

(elDiario.es).- HazteOir crece y crece. La organización ultracatólica y antiabortista dirigida por Ignacio Arsuaga ha cuadruplicado sus ingresos en ocho años y ya maneja cuatro millones de euros anuales, según sus propias cuentas. El grueso de la subida presupuestaria se ha dado en las aportaciones regulares que realizan sus simpatizantes, que se han multiplicado por 13 en el periodo analizado. Las puntuales solo se han más que duplicado.

El crecimiento de HazteOir –que alcanzó el culmen de su popularidad logrando sacar a centenares de miles de personas, incluidas una veintena de obispos, para protestar contra la ley del matrimonio igualitario, la reforma de la ley del Aborto o Educación para la Ciudadanía– no ha sido lineal, sostenido en el tiempo. Aunque los ingresos, tanto globales como desglosados, tienden a subir en general, no lo hacen cada ejercicio ni de manera regular

La organización se aprovechó de que el PP del exministro Jorge Fernández Díaz la declaró de utilidad pública para impulsar su crecimiento; sin embargo, que en 2019 el Gobierno socialista le quitara esa condición no pareció afectar a sus cuentas. elDiario.es se ha puesto en contacto con HazteOir para pedir detalles de las cuentas, pero no ha obtenido respuesta.

Como se observa en el siguiente gráfico, la evolución de los ingresos va a tirones: subida fuerte en 2016 y 2017, tres ejercicios estables, subida fuerte en 2020 y otros tres años sin grandes alteraciones hasta 2022, último ejercicio del que hay cuentas y que de hecho presenta las cifras más flojas de los últimos tres.

Fuente CitizenGo. Creado con Datawrapper

Las grandes subidas económicas de HazteOir se dan cuando la organización es más agresiva, cuando se hacen visibles en protestas contra algo. En 2016 y 2017, años en los que elevó su recaudación un 61% y un 34%, respectivamente, fueron los de la campaña contra las mujeres y el colectivo LGTBI.

Una campaña que tuvo su momento álgido con los autobuses tránsfobos, que empezaron paseando por Madrid y llegaron hasta Nueva York. Correlación o causalidad, entre esos dos ejercicios pasaron de ingresar 1,1 millones anuales a 2,5 millones. También empezaron a solidificar su base: la mayoría (porcentual) del incremento recaudatorio llegó por la vía de las aportaciones regulares, la gente que se queda y paga cada mes. Esta partida pasó de 15.470 euros anuales en 2015 a 579.519 euros en 2017 (una subida del 3.646%).

La campaña del autobús –que llevaba el lema “si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer seguirás siéndolo”– le dio proyección a HazteOir, pero también le enfrentó con el Ayuntamiento de Madrid, que la acabó prohibiendo. A partir de ahí, y coincidiendo con que perdió el favor –y la financiación para realizar actos– del PP de la Comunidad de Madrid, la organización adoptó una especie de perfil bajo, que se vio reflejado en el estancamiento de los ingresos.

El siguiente gran impulso llegó en 2020, cuando HazteOir volvió a dispararse. Ese ejercicio elevó su recaudación total un 70% hasta instalarse ya por encima de los cuatro millones anuales, de nuevo a lomos de los habituales, que triplicaron sus aportaciones mensuales. Ese fue el año en que se debatió y aprobó la Lomloe, nueva ley de Educación conocida como ley Celaá, y se empezó a hablar de la de Eutanasia, que se aprobaría al siguiente.

Buena parte de la sociedad conservadora se echó a la calle contra ambas normas de la mano del PP. En un principio arrancó como una protesta del sector educativo y familiar conservador, pero HazteOir fue fagocitando el movimiento hasta hacerse con él. De nuevo hubo autobús, esta vez contra la ministra de Educación que daba nombre a la ley, a la que compararon con Hitler.

20 años de lobby ultracatólico

HazteOir.org es una organización que funciona al estilo de los lobbies norteamericanos y que surgió en 2001 como consecuencia de los movimientos ciudadanos que pedían que se promovieran más políticas de apoyo a la familia durante el Gobierno de Aznar. Concluido este, pasó a ser, de facto, el principal grupo opositor al primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de ahí a oponerse con todo el ruido posible a las medidas más progresistas de los Gobiernos del PSOE en los últimos años.

Liderados por Ignacio Arsuaga (sobrino de Rodrigo Rato), la organización –actualmente subsumida dentro de la plataforma europea CitizenGo– logró aglutinar a buena parte del catolicismo más radical, convirtiéndose en un aparato de propaganda de las ideas más ultraconservadoras a lo largo de estas dos últimas décadas. Una función que, en los últimos tiempos, ha querido retomar la asociación Abogados Cristianos.

Apoyados por el cardenal Rouco Varela, HazteOir logró liderar el movimiento educativo católico en España, entrando en los círculos de liderazgo del PP, primero, y posteriormente de Vox, con una posición radical en lo tocante a la defensa de la vida, el matrimonio tradicional y contra la igualdad hombre-mujer. Las organizaciones de Arsuaga y Santiago Abascal siempre han ido de la mano. La irrupción de Vox en las instituciones ha permitido la entrada de HazteOir o Abogados Cristianos en el Congreso de los Diputados, en cámaras autonómicas y municipales, aunque también han tenido sus desavenencias cuando el partido ultra ha actuado a la manera de la “derechita cobarde”, según HO.

Fuente Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Abogados Cristianos, Antonio María Rouco Varela, CitizenGO, El Yunque, Extrema derecha, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, Isabel Celáa, Jorge Fernández Díaz, José Luis Rodriguez Zapatero, José María Aznar, PP, PSOE, Rodrigo Rato, Santiago Abascal, Ultracatólicos, VOX

Edwin Chiloba: activista LGBTQ y diseñador de moda, fue encontrado muerto en Kenia, su cuerpo fue tirado en una caja de metal junto a la carretera cerca ciudad de Eldoret, hay un detenido. Kenia es un país donde relaciones homosexuales están penadas con hasta 14 años de carcel. Organizaciones de defensa de los derechos LGTBI han exigido una investigación completa en un país en el que, recordemos, las relaciones homosexuales siguen siendo delito. Cuatro personas han sido ya detenidas.

La policía de Kenia está investigando la muerte del joven diseñador de moda y activista LGBTQ Edwin Chiloba después de que su cuerpo fuera encontrado tirado en una caja de metal al borde de la carretera cerca de la ciudad de Eldoret. Según medios locales, un testigo pudo ver como un individuo arrojaba la caja desde un vehículo sin identificación ni matrícula. El cuerpo de Chiloba, ya en estado de descomposición y con evidentes signos de violencia, fue identificado horas más tarde. Tras investigar los úlimos movimientos de Chiloba, la policía de Kenia ha detenido a cuatro personas en relación al asesinato. El primero de ellos, un fotógrafo que al parecer era conocido de Chiloba, al que la polícia atribuye la autoría del asesinato, y que según esas mismas fuentes policiales se habría producido tras una discusión entre ambos. Posteriormente han sido detenidas tres personas más, que habrían ayudado al asesino a deshacerse del cuerpo de Chiloba.

 Las organizaciones de derechos en Kenia, donde el sexo gay está prohibido, han relacionado el asesinato con su sexualidad. Organizaciones LGTBI y de defensa de los derechos humanos habían hecho un llamamiento a investigar el asesinato de Chiloba en un país, Kenia, en el que las relaciones homosexuales siguien siendo ilegales. La sección local de Amnistía Internacional ha recordado que por encima de cualquier otra consideración la Constitución de Kenia reconoce la dignidas de todas las personas:

No human life is worth less than anothers. Everyone has a right to dignity, respect and protection under Article 26 of the Constitution. We demand speedy investigations into the brutal murder of Edwin Chiloba, an #LGBTQ+ Activist.#JusticeForEdwinChiloba pic.twitter.com/aJYi44YxU6

— Amnesty Kenya (@AmnestyKenya) January 6, 2023

Por otra parte, la organización Q-Initiative, tras conocer la primera de las detenciones ha emitido un comunicado en el que por un lado pide calma mientras se completa la investigación al tiempo que urge al Gobierno de Kenia a implementar medidas efectivas que aborden la discriminación y la falta de seguridad de las personas LGTB en el país:

Q-Initiatives Statement regarding Chiloba’s tragic passing. pic.twitter.com/AGJjAEeDXM

— Q-INITIATIVE C.B.O (@qinitiativeCBO) January 6, 2023

Un grupo estima que más de la mitad de los kenianos LGBTQ han sido agredidos. “Las palabras ni siquiera pueden explicar cómo nos sentimos como comunidad en este momento. Otra alma perdida debido al odio. Te extrañaremos“, publicó la organización de derechos galck+ en Twitter. “La muerte de Edwin nos recuerda que los cuerpos homosexuales continúan siendo atacados en todo el país“, escribió la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas en Instagram.

Los tributos en las redes sociales describen a Chiloba, que tenía unos 20 años, como “un ser humano increíble” y un “diseñador de moda icónico“.

El mes pasado, Chiloba escribió en Instagram que “iba a luchar por todos los marginados”, diciendo que él mismo había sido marginado.

Él “difundió amor dondequiera que iba, fue audaz sobre su existencia como un hombre queer y alentó a muchos otros a hacer lo mismo”, dijo a la BBC Chris Makena, un activista y amigo de Chiloba.

Se había mudado a Eldoret desde la capital, Nairobi, en 2019 para estudiar moda y estaba comenzando a hacerse un nombre en el diseño, dijo otro amigo.

Su cuerpo fue descubierto el miércoles.

Se cita a un testigo diciendo que alguien en un vehículo sin matrícula fue visto dejando una caja de metal al costado de la carretera. Se informó a la policía, que fue a abrir la caja para encontrar el cadáver. “No sabemos por ahora por qué lo mataron de esa manera. Los expertos están manejando el asunto”, dijo la portavoz de la policía, Resila Onyango, citada anteriormente por el periódico Star.

Más tarde envió un mensaje de texto a la agencia de noticias Reuters diciendo que un sospechoso masculino había sido arrestado “pero el asunto aún está bajo investigación”.  Otro oficial de policía dijo que se cree que el sospechoso era amigo de Chiloba desde hace mucho tiempo, informa la agencia de noticias AFP.

Edwin Chiloba was an amazing human. He was bold, passionate, his energy was immaculate. He embodied fashion. Someone murdered him cruelly, put his body in a box & dumped his body.

Edwin we speak your name. May yr blood not spill for nothing. Stop killing queer people. pic.twitter.com/aSgwyTSqnM

— Njeri Wa Migwi™ (@NjeriWaMigwi) January 5, 2023

El sexo gay en Kenia se castiga con hasta 14 años de prisión. Aunque rara vez se hace cumplir, los miembros de la comunidad LGBTQ del país enfrentan rutinariamente discriminación y estigma, y los esfuerzos para despenalizar el sexo gay se han visto frustrados.

El año pasado, el asesinato de la lesbiana no binaria Sheila Lumumba dio lugar a una campaña en las redes sociales para obtener #JusticeForSheila.

Hubo campañas similares en 2021 tras los asesinatos de la activista transgénero Erica Chandra y el activista LGBTQ Joash Mosoti.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi en 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. En junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais.  Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Otro gran revés para la población LGTBI de Kenia fue la negativa de su Tribunal Superior de Justicia a derogar la criminalización de las relaciones homosexuales en mayo de 2019 (no deberíamos olvidar, en este sentido, la campaña que CitizenGO, la marca internacional de la organización ultraconservadora HazteOír, llevó a cabo contra la despenalización).

En 2020. Kenia prohíbía la innovadora comedia romántica gay de Bollywood Shubh Mangal Zyada Saavdhan, y animaba “ve a verla en India”…

Fuente BBC/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Activismo, Activismo LGTBIQ+, Asesinato, Asesinatos, Binyavanga Wainaina, Chris Makena, CitizenGO, David Kuria Mbote, Delitos de Odio, Denis Nzioka, Edwin Chiloba, Erica Chandra, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Joash Mosoti, Kenia, Pew Global Attitudes Project, Sheila Lumumba., Violencia LGTBIfoba

El alcalde electo de Lima, Rafael López Aliaga.

Por Jacob Kessler

Defensores LGBTQ+ en Lima, Perú, expresaron su preocupación después de que un católico conservador fuera elegido alcalde de la ciudad. Rafael López Aliaga, miembro del Opus Dei, ganó unas elecciones reñidas en un contexto en el que la política antitransgénero está en auge. Anteriormente, ha expresado su preocupación por la “homosexualización” de los niños y las amenazas de “ideología de género”, según el Washington Blade. Si bien López ha señalado su apoyo a las uniones civiles del mismo género, los defensores de la ciudad temen que el nuevo alcalde revoque las protecciones contra la discriminación y la aprobación de las celebraciones del Orgullo.

21 de octubre de 2022

LIMA, Perú — A principios de este mes, Lima eligió a un nuevo alcalde para dirigir la ciudad más poblada de Perú.

Rafael López Aliaga, un empresario conservador, derrotó por poco a su oponente en una campaña marcada por una ferviente oposición al comunismo y los valores progresistas. Después de su victoria, la comunidad LGBTQ+ de Lima puede tener motivos de preocupación.

López, un católico devoto, también conocido como RLA, es miembro del Opus Dei y ha practicado la autoflagelación y el celibato desde que se unió a la secta católica conservadora cuando tenía 19 años.

“Así como un homosexual no puede imponer su vida a nadie, así también sería un loco imponer sus creencias a todo el Perú”, ha dicho López.

Sin embargo, sus puntos de vista sobre temas sociales reflejan de cerca la doctrina cristiana de derecha. Está firmemente en contra del aborto, el matrimonio igualitario y la “ideología de género” y ha criticado a los tres en Twitter. También ha denunciado la supuesta “homosexualización” de los niños peruanos.

Sin embargo, el alcalde electo es quizás distinto en algunos aspectos entre los políticos conservadores del continente.

López ha respaldado las uniones domésticas para parejas del mismo sexo y ha afirmado que contrataría a un “transexual” si fuera la mejor persona para el trabajo. López también se ha contrastado con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. “Bolsonaro insulta a la comunidad gay”, ha dicho López. “Soy inclusivo, la comunidad debe ser bienvenida”.

Sin embargo, la veracidad de su “inclusividad” está sujeta a debate.

El escritor y politólogo peruano José Alejandro Godoy no está convencido. Le dijo al Washington Blade que López ha sido cauteloso con respecto a lo que dice sobre temas relacionados con LGBTQ+. Godoy teme que con la elección de López sea inminente un retroceso de los derechos humanos LGBTQ+. Según el politólogo, pueden estar en juego las ordenanzas contra la discriminación y los permisos otorgados a la Marcha del Orgullo de Lima.

De hecho, hay razones para creer que la lucha por los derechos LGBTQ+ en Lima está empeorando. Durante todo octubre, Lima ha sido un hervidero de activismo anti-trans. Coordinada en parte por destacados miembros del Congreso y Renovación Popular, el partido político de López, la ciudad ha experimentado protestas “antigenéricas y pro familia”.

El diputado de Renovación Popular Alejandro Muñante, quien es el tercer vicepresidente del Congreso peruano, y CitizenGO, un grupo activista de derecha, lograron el 3 de octubre que una camioneta ingresara frente a la sede del parlamento peruano con el mensaje: “OEA: Las mujeres son definida por la biología, no por la ideología.”

Dirigiéndose a la Organización de los Estados Americanos en su 52ª Asamblea General, Muñante y CitizenGO han estado haciendo campaña contra los esfuerzos internacionales para impulsar una definición más diversa de género. Al día siguiente, el 4 de octubre, Renovación Popular envió una carta al canciller peruano oponiéndose al aborto y rechazando cualquier documento de la OEA que pueda obligar a Perú a “otorgar un reconocimiento indebido a los hombres transexuales y otorgarles los derechos de las mujeres”. Finalmente, el 6 de octubre, miles salieron a las calles de Lima, marchando contra el aborto y la ideología de género. Muñante promocionó la marcha y López retuiteó la cobertura de la misma.

Jazmín Peña-Laurencio, abogada peruana defensora de los derechos humanos, cree que la comunidad LGBTQ+ en Lima no debe perder la esperanza. Las ordenanzas municipales que protegen contra la discriminación de género y LGBTQ+ han sido ganadas con esfuerzo por la comunidad, explica. “Aunque el Congreso tiene el poder de eliminar estas protecciones, la ciudadanía no lo permitiría, ya que el problema [de la discriminación LGBTQ+] se ha hecho muy visible en comparación con hace unos años”, dijo.

Peña-Laurencio dijo que la comunidad debe seguir luchando por la visibilidad, ya que eso permite que muchos sectores de la sociedad se unan a la lucha y no vean la discriminación LGBTQ+ como un tema de nicho. Activistas de Lima están de acuerdo con el enfoque del abogado.

Manuel Ramírez-Gómez, un activista de Lima y presentador de un popular podcast LGBTQ+, es igualmente optimista sobre el futuro de su ciudad. Dice que la elección de López no es nada nuevo; su comunidad siempre ha sentido miedo como minorías en la ciudad conservadora. Sin embargo, según el podcaster; Activistas LGBTQ+ en Lima planean seguir organizándose, marchando y luchando hasta que sus derechos sean plenamente reconocidos.

“Esta no es la primera vez que tenemos un alcalde con fobia a la diversidad”, dijo Vega-Dávila al Blade. “El activismo LGBTTTIQ nunca ha sido fácil en Perú. La sociedad conservadora de nuestro país ha hecho del armario una alternativa a la posibilidad de luchar por nuestros derechos. La administración de RLA seguramente intentará socavar nuestro derecho a aparecer en espacios públicos, pero hemos estado luchando contra los grupos anti-derechos humanos durante mucho tiempo y lo seguiremos haciendo”.

A pesar de los esfuerzos de los activistas, no todos son tan optimistas sobre la posibilidad de progreso en Lima bajo la administración de López.

Godoy explicó al Blade que Renovación Popular obtuvo la mayoría en el Concejo Metropolitano de Lima (El Concejo Metropolitano). “Desafortunadamente, no creo que actualmente sea posible ningún progreso hacia los derechos LGBTI en Lima”, dijo Godoy al Blade. “No digo esto solo por la mayoría de Renovación Popular, sino también por el hecho de que otros partidos que han ganado escaños no se han inclinado por defender la agenda LGBTI”.

Combinado con la administración federal izquierdista y antipática del presidente Pedro Castillo, las perspectivas para la comunidad LGBTQ+ de Lima no parecen prometedoras.

López reemplazará al actual alcalde de Lima cuando finalice su mandato el 31 de diciembre.

Fuente Blade Los Ángeles

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alejandro Muñante, CitizenGO, Defensores LGBTQ+, Enrique Vega-Dávila, Jair Bolsonaro, Jazmín Peña-Laurencio, Jose Alejandro Godoy, Lima, Manuel Ramírez-Gómez, Opus Dei, Organización de los Estados Americanos (OEA), Pedro Castillo, Perú, Rafael López Aliaga, Renovación Popular

Matteo Salvini, Santiago Abascal y Gabriel Ariza

“Mejor habría que hablar de fundamentalismos en plural, ya que son muchos y actúan en alianza: religioso, político, económico, cultural, étnico, patriarcal, etcétera”

“La alianza de VOX con el integrismo católico se manifestó desde el principio de su nacimiento como partido político. HazteOír sirvió de plataforma para visibilizar mediáticamente a Vox en sus comienzos como partido político”

“Salvini es uno de los dirigentes políticos más críticos con el papa Francisco, hacia quien fomenta el discurso del odio”

02.01.2020 | Juan José Tamayo

“¡Un fantasma recorre Europa: el comunismo!”. Así comienza el Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Afirmación que podría ser sustituida por otra que expresa el clima generalizado que estamos viviendo hoy: “¡Un fantasma recorre el mundo: el fundamentalismo!”. Pero más que de un fantasma se trata de un huracán que convierte el diálogo de culturas en choque de civilizaciones, los encuentros interreligiosos en guerras de religiones, torna misión imposible la convivencia, impone la dialéctica amigo-enemigo en las relaciones entre los pueblos y, cuando desemboca en terrorismo, destruye el tejido de la vida. Mejor habría que hablar de fundamentalismos en plural, ya que son muchos y actúan en alianza: religioso, político, económico, cultural, étnico, patriarcal, etcétera.

Internacional cristo-neofascista

En América Latina, Estados Unidos y Europa estamos asistiendo a una avance de las organizaciones y partidos políticos fundamentalistas de extrema derecha, cuyos objetivos son la defensa a ultranza de los postulados neoliberales sin reparar en su ostensible fracaso, la destrucción de la democracia desde dentro, el negacionismo del cambio climático y el ataque a la teoría de género y a los movimientos feministas y LGTBIQ. No pocos de dichos partidos y organizaciones cuentan con una importante –y a veces decisiva- representación parlamentaria y gobiernan varios países.

Estos partidos conforman un entramado perfectamente estructurado y coordinado a nivel global y están en conexión orgánica con grupos fundamentalistas religiosos, preferentemente evangélicos, pero también católicos, con el apoyo de sus respectivas jerarquías, hasta conformar lo que Nazaret Castro llama “la Internacional neofascista” y yo califico de “Internacional Cristo-neofascista”. Esto sucede en las diferentes religiones e iglesias, incluida la Iglesia Católica, durante el pontificado reformador del papa Francisco, que tiene a sus adversarios dentro de la Curia Romana y en un importante sector del episcopado mundial.

VOX y HazteOír

Ignacio Arsuaga, con Santiago Abascal

Empecemos por nuestra casa. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta Internacional es en España la convergencia, complicidad y total sintonía entre HazteOír, organización católica española de ideología ultraconservadora, que ha fundado un lobby internacional con el nombre de CitizenGo, y VOX, a quien L’ Osservatore Romano –órgano oficial del Vaticano- califica de “formación política de extrema derecha”, mientras que, en claro desacuerdo con él, el cardenal español Antonio Cañizares afirma que no es “en absoluto” de extrema derecha, sino “de derechas y totalmente constitucional”.

La alianza de VOX con el integrismo católico se manifestó desde el principio de su nacimiento como partido político. HazteOír sirvió de plataforma para visibilizar mediáticamente a Vox en sus comienzos como partido político y ha concedido premios a Santiago Abascal y a otros líderes del mismo partido. En legítima correspondencia, Vox ha incorporado a miembros vinculados a HazteOír en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y el Congreso de los Diputados, como ha demostrado la rigurosa investigación de Laura Galaup y Jesús Bastante publicada en eldiario.es.

La confesionalidad ultracatólica de VOX se ha vuelto a poner de manifiesto en dos hechos política y religiosamente integristas. Uno ha sido la convocatoria, dentro de la campaña “déjanos nacer”, de una misa por “todos los niños abortados durante el año 2019” y “por aquellas mujeres en peligro de exclusión y con pensamiento de abortar” en una parroquia de Sevilla, en la que se iban a repartir fotografías de fetos. La misa no ha llegado a celebrarse por decisión del arzobispado.

El segundo ha tenido lugar en Ceuta, donde su presidente, Juan Jesús Vivas, respondiendo a la demanda de VOX, ha retirado de los presupuestos de la ciudad para 2020 la subvención asignada a la Asociación Católica Cardinj (en recuerdo del sacerdote belga fundador de la Juventud Obrera Cristiana, JOC), que atiende a menores inmigrantes no acompañados. La justificación alegada por VOX para retirar dicha subvención es la necesidad de eliminar “inversiones innecesarias” y “el fin de los chiringuitos”. El dinero de la subvención se destinará a la rehabilitación de la iglesia de la Virgen del Carmen.

Ante tamañas insolidaridad e impiedad para con menores sin familia, encerrados en centros en general poco hospitalarios, el arzobispo franciscano Santiago Agrelo, que fue arzobispo de Tánger (Marruecos) durante doce años y la voz profética de las personas migrantes que clamó en el desierto político y religioso, ha expresado públicamente su oposición a que se destine un solo euro para reparar la iglesia del Carmen con este razonamiento, que comparto:

“No sé de quién es responsabilidad de esa iglesia del Carmen que los políticos ceutíes pretenden restaurar con el dinero robado a los pobres. Tengo la certeza de que, si es del obispado de Cádiz y Ceuta, no permitirá que un solo euro de los robados a los pobres sirva para poner un solo ladrillo en esa iglesia”.

Desde su solidaridad y acompañamiento a los migrantes Agrelo parece dirigirse a sus hermanos en el episcopado cómodamente instalados en sus sedes episcopales cuando afirma que “no es lo mismo leer el Evangelio en una catedral que leerlo en una patera”.

“Agrelo parece dirigirse a sus hermanos en el episcopado cómodamente instalados en sus sedes episcopales cuando afirma que “no es lo mismo leer el Evangelio en una catedral que leerlo en una patera””

Salvini inocula el odio contra las personas inmigrantes

Matteo Salvini ( REUTERS/Tony Gentile)

En sus mítines Salvini inocula el discurso del odio contra las personas y los colectivos migrantes y refugiados a los fieles devotos que lo escuchan embelesados como a un nuevo Savonarola. Y lo hace con el crucifijo y la imagen de la Virgen en el pecho. De dicho discurso se hacen eco los medios de comunicación y las redes sociales extendiendo el odio por todos los continentes. Un odio que no se quedó en el discurso, sino que llevó a la práctica durante su etapa de vicepresidente de la República Italiana y ministro del Interior impidiendo el acceso a los puertos italianos a las embarcaciones humanitarias que rescataban a inmigrantes y poniendo en peligro la vida de muchas personas. El crucifijo y la Virgen como legitimación de sus políticas xenófobas. ¡Qué contradicción!

Salvini es uno de los dirigentes políticos más críticos con el papa Francisco, hacia quien fomenta el discurso del odio precisamente por su política en defensa de los inmigrantes que llegan a nuestras costas y se encuentran con la insolidaridad de los gobiernos que, en vez de abrirles las puertas hospitalariamente como corresponde a personas de la familia humana, se las cierran a cal y canto.

Fuente Religión Digital

General, Iglesia Católica CitizenGO, Fundamentalismo, Hazte oir, Internacional cristo-neofascista, VOX

Ignacio Arsuaga, con Santiago Abascal

Decenas de activistas logran actas en el Congreso y las cámaras autonómicas y municipales

La relación entre miembros del partido con Ignacio Arsuaga es previa al nacimiento de VOX. La vinculación entre el presidente de Hazte Oir y Santiago Abascal es personal

Durante los años de irrelevancia política del partido de Abascal, el lobby ultraconservador ha ejercido como su altavoz mediático y social

“Cada uno de los miembros de El Yunque tiene que estar presente en algún tipo de asociación pública, tipo Hazte Oír, CitizenGO, Women of the World, Instituto de Política Familiar o España Generosa”, explica Santiago Mata

En una sentencia del 19 de mayo de 2014, el Juzgado de 1ª Instancia número 48 de Madrid consideró probada y “esencialmente veraz” la relación entre la secta secreta y miembros de Hazte Oír, y desestimó la demanda presentada por Arsuaga contra López Luengos.

10.12.2019

La entrada de Vox en las instituciones no solo ha supuesto la imposición de su discurso de extrema derecha, también ha permitido la entrada de nombres vinculados o muy cercanos a lobbies ultracatólicos como Abogados Cristianos o Hazte Oír (HO) en el Congreso de los Diputados, en cámaras autonómicas y municipales. Una investigación de Laura Gallaup en eldiario.es en la que este cronista ha colaborado.

La relación entre miembros del partido con Ignacio Arsuaga, fundador y presidente de la organización ultraconservadora que fletó el autobús transfóbo y llenó las calles de Madrid – con el apoyo de una veintena de obispos – contra el matrimonio igualitario en 2005, es previa al nacimiento de Vox. En algunos casos, como el de Arsuaga y Santiago Abascal, esta cercanía va más allá del activismo y la vinculación es personal: son amigos. El vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, y la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, también han compartido espacio con Arsuaga en eventos organizados por HO durante años.

Para leer el artículo completo, pincha aquí:

Fuente Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia. CitizenGO, El Yunque, España Generosa, Hazte oir, Ignacio Arsuaga, Instituto de Política Familiar, Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Santiago Abascal, VOX, Women of the World

Ahí… donde más les duele, en el negocio. Bien por Netflix.

El diario ABC, una de las principales cabeceras de la prensa escrita española aseguraba hace unos días que la plataforma estadounidense Netflix ha decidido vetar a la cabecera «en sus relaciones comerciales, por un criterio ideológico y no empresarial». Todo parece indicar que la plataforma online habría decidido dejar de invertir en publicidad en el diario, de línea editorial conservadora, al considerar que este fomenta el odio LGTBfóbico dando cabida a determinados contenidos.

Según ABC, Netflix habría tomado la decisión de «vetar» a su diario y a Vocento —grupo editorial al que pertenece el diario— «en sus relaciones comerciales» por un «criterio ideológico y no empresarial». El diario español explica que Antonio Ábalos, director de Marketing de Netflix, «esgrime como único argumento para vetar a ABC un encarte comercial que se repartió con este diario hace tres años». 

Como ya recogimos en marzo de 2017, el diario ABC difundió junto a su periódico el panfleto LGTBfobo editado por esta organización ultraconservadora —el mismo que HazteOír hizo llegar unos meses antes a cientos de colegios públicos y privados de toda España—, junto a un manifiesto «por la libertad de expresión» que HazteOír pedía firmar y devolver por correo. Curiosamente, la difusión del contenido tránsfobo coincidía en ABC con una impactante portada mostrando a diversas personalidades sociales y políticas contando que ellas iban a misa todos los domingos.

En el citado panfleto, firmado por HazteOír y CitizenGO (su marca internacional), se denigraban los avances legislativos que se están produciendo en diferentes comunidades autónomas en materia LGTB, en particular en el ámbito educativo y se recopilaba todo un argumentario ultra en contra de la diversidad sexual, y muy especialmente en contra de los derechos de las personas transexuales. «Como es natural, ABC no comparte en ningún caso las tesis de dicho encarte, como no asume las de muchos de los contenidos publicitarios que se publican cada día. Igualmente, entendemos que Netflix tampoco hace propias las ideas de series, películas y documentales que ofrece a sus espectadores en todo el mundo», se ha excusado ahora el diario español, comparando la ficción con el intento de adoctrinamiento con tesis tránsfobas.

«Por supuesto, la compañía estadounidense tiene todo el derecho del mundo a decidir dónde coloca su publicidad y cómo realiza sus campañas de promoción. Del mismo modo, este diario tiene derecho a sostener la gravedad que representa que una multinacional del entretenimiento decida subvertir las reglas del juego y tratar de imponer una tendencia ideológica en un país, y que lo haga además a partir de una información falaz», apuntan.

«Con su actitud, Netflix está vetando por decreto y tratando de influir en la sociedad española con idea de dirigir a los medios a un determinado punto. Es un hecho de extrema gravedad que una plataforma de entretenimiento utilice sus decisiones comerciales con este fin, sobre todo si han sido tomadas con los criterios y caprichos ideológicos de una persona, para silenciar a los que no piensan del mismo modo que ella», añade el mismo diario. Por su parte, Netflix no se ha manifestado aún públicamente sobre el asunto.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ABC, Antonio Ábalos, CitizenGO, Eempresa, HazteOir, Homofobia/Transfobia, LGTBfobia, Netflix, Publicidad, Transfobia, Vocento

General, Homofobia/ Transfobia. África, Chacha Mwita, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), Commonwealth, Despenalización de la homosexualidad, Discriminación, Eric Gitari, HazteOir, Homofobia, John Mativo, Kenia, LGTBfobia, Roselyn Aburili, Tribunal Superior de Justicia (Kenia)

La asociación ultraconservadora insta al Gobierno regional a que derogue las leyes antiLGTBIfobia

La formación presidida por Ignacio Arsuaga sostiene que “la izquierda y los lobbies LGTBI vuelven a la cacería mediática, política e ideológica contra monseñor Reig Pla, obispo de Alcalá de Henares, a quien están tratando como un delincuente”

“El obispado no ofrece ningún curso, ni taller, ni charla pública para revertir la homosexualidad. Sencillamente, siguiendo su pastoral, acoge y acompaña a las personas que libremente llaman a su puerta”, denuncia la alerta

Jesús Bastante

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica CitizenGO, HazteOir, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, Juan Antonio Reig Plà

Hace unos días anunciábamos que el Gobierno de Canadá quiere conmemorar el 50º aniversario de la despenalización de la homosexualidad con la emisión de una moneda especial de un dólar de curso legal. Se desconoce todavía cuál será el diseño de la moneda, contra la que grupos ultraconservadores ya han empezado a hacer campaña. Entre ellos CitizenGO, la marca internacional de la organización HazteOír.

Las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo fueron despenalizadas en Canadá en 1969, siendo primer ministro Pierre Trudeau. El propio Trudeau había introducido la propuesta de reforma del Código Penal un par de años antes, cuando ocupaba la cartera de Justicia. «No hay lugar para el estado en los dormitorios de la nación», argumentó entonces, una frase que ya ocupa un lugar en la historia de los derechos LGTB en Canadá:

50 años después, el Gobierno que precisamente preside Justin Trudeau, hijo de Pierre Trudeau, ha decidido commemorar aquel momento con la acuñación de una moneda de dólar canadiense (un «loonie», como es conocida popularmente esta moneda) que será de curso legal, si bien se desconoce todavía cuál será su diseño. Una decisión que confirmaba el propio ministro de Economía de Canadá en Twitter el pasado 22 de diciembre:

Stay tuned Canada! Incredibly proud to have approved this new loonie to commemorate the 50th anniversary of the decriminalization of homosexuality in Canada – an important milestone, and strong reminder of the work still to do. https://t.co/I2nTJZzzKR

— Bill Morneau (@Bill_Morneau) 21 de diciembre de 2018

Un anuncio coherente con la trayectoria de Justin Trudeau como primer ministro, caracterizada por la defensa de los derechos LGTB sobre todo a nivel de gestos (lo que no deja de tener su importancia) pero también de algunas decisiones concretas, como la emisión de pasaportes que reconocen las identidades no binarias con una tercera opción de género o el acogimiento de refugiados LGTB víctimas de persecución en Chechenia.

La conmemoración del 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en Canadá, sin embargo, no gusta a los grupos ultraconservadores. Es el caso, por ejemplo, de Campaign Life Coalition, un colectivo de los autodenominados «provida», cuyo portavoz considera la decisión «algo que uno esperaría de la China comunista, de la antigua Unión Soviética o del todopoderoso estado alemán de los años treinta y cuarenta, que usaron el aparato del gobierno para asegurarse de que ningún ciudadano escapaba al adoctrinamiento». Así, tal cual.

En este contexto, CitizenGo, que no es otra cosa que la marca internacional de la organización HazteOír, ha iniciado una campaña de protesta contra la decisión, que en estos momentos ha conseguido unas 30.000 adhesiones. «’Legal’ no significa ‘moral’. No todo lo que es ‘legal’ debe ser conmemorado. Hay muchas cosas que son perfectamente legales en Canadá que no solo son cuestionables, sino que son profundamente inmorales», argumenta la petición. «¿Por qué debería esta práctica sexual divergente e impopular ser subrayada en nuestras monedad circulantes?», añade en otro párrafo. «Es más, muchos canadienses consideran la homosexualidad pecaminosa, de acuerdo a las enseñanzas del judaísmo y el cristianismo», continúa. La petición llega a asegurar que la homosexualidad supone un riesgo para la salud. «Los homosexuales activos no viven tanto como los no homosexuales y son propensos a más enfermedades. Debemos conmemorar un estilo de vida que coloca a las personas en un mayor riesgo de daño?», añade.

Una petición cargada de odio, en definitiva, en la misma línea que las que pone en marcha CitizenGo en otros países. Por ejemplo en Kenia, donde directamente han llegado a promover una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

En España siguen siendo de utilidad pública

Como bien sabemos, CitizenGo es la marca internacional de HazteOír, una organización a la que en 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder el estatus de utilidad pública. Para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza». Una definición que a nuestro juicio no casa con HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, como hemos visto arriba.

Es cierto que en agosto de 2018, después de que se divulgara una noticia según la cual el Gobierno de Pedro Sánchez descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», el Ministerio de Interior anunció la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública». Ha pasado casi medio año y HazteOír sigue manteniendo dicho estatus.

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Campaign Life Coalition, Canadá, CitizenGO, Discriminación, España, HazteOir, Homofobia, InfoLibre, Justin Trudeau, LGTBfobia, Ministerio del Interior, monedas, Pierre Trudeau, PP, PSOE

Una concentración de activistas frente al Círculo Ecuestre de Barcelona conseguía este viernes la suspensión del acto de promoción del odio homófobo que la organización HazteOír había organizado en la capital catalana. El Observatori contra l’Homofòbia de Catalunya había intentado que la Generalitat actuase de oficio y en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia aplicase medidas cautelares. Finalmente tuvo que ser la movilización activista la que impidiese que los promotores del odio se saliesen con la suya.

Los de Hazte Oír vuelven a la carga con el bus homófobo y, por si eso fuera poco, también han organizado una charla contra el feminismo y esa invención  que llaman “ideología de género”.

La organización ultraconservadora ha organizado una nueva gira de «conferencias coloquio» por varias ciudades de España para difundir su mensaje de LGTBfobia.  La gira se inició en Madrid el pasado martes, 6 de noviembre, y ha tenido ya paradas en Zaragoza (7 de noviembre) y Oviedo (8 de noviembre). Este viernes, 9 de noviembre, estaba prevista una parada en Barcelona. Está previsto que continúe la semana que viene con actos en Palma de Mallorca (día 12), Valencia (día 13), Murcia (14), Sevilla (15) y Cádiz (16), para recalar de nuevo en Madrid el 17 de noviembre.

Pese a las protestas, los actos de Madrid, Oviedo y Zaragoza se celebraron sin cortapisa, aunque en Zaragoza tuvo que cambiar de lugar, trasladándose desde el Paraninfo de la Universidad al World Trade Center Zaragoza.

La intención de la organización ultra es acabar el periplo con una conferencia a cargo de Agustín Laje y Nicolás Márquez para, según ellos, “desmontar las mentiras LGTBI” y “los mitos de la nueva izquierda“.

La coartada, pues, en esta ocasión, la presentación del libro Marxismo, feminismo y LGTBI, escrito por los argentinos Agustín Laje y Nicolás Márquez, colaboradores de CitizenGO, la marca internacional de HazteOír. Sus tesis, muy en en boga entre los círculos ultraconservadores de América Latina, es que hay un nexo de unión entre el activismo LGTB y lo que denominan «neomarxismo». «El viejo comunismo se ha disfrazado de ideología de género, de un feminismo que acusa al hombre de ser hombre, y se cuela en nuestras escuelas, en las teles, en el mundo del entretenimiento», reza por ejemplo la promoción de las conferencias en la página Mis hijos, mi decisión, desde donde es posible acceder a las entradas.

En Barcelona, sin embargo, la presión del activismo, concentrado a las puertas del local en el que iba a tener lugar el evento, consiguió su suspensión. Especialmente activa estuvo la Crida LGTBI, que avisó a través de sus redes sociales del cambio de lugar de la conferencia con el que HazteOír intentó despistar a los manifestantes.

Desde l’Observatori Contra l’Homofòbia exigieron al Govern de la Generalitat que aplique las medidas cautelares necesarias para impedir la circulación del autobús y el coloquio posterior. La petición la realizó el portavoz del OCH, Cristian Carrer, durante la comisión parlamentaria de Igualdad en la que se presentó el informe del Estado de la LGTBIfobia en Cataluña: 111 incidencias por discriminación de identidad sexual en 2017. Un 32,2% más que en 2016. Una fantástica noticia teniendo en cuenta que en 2014 se aprobó la famosa Ley 11/2014 que se suponía iba a frenar la discriminación… Pero que 4 años después aún no saben cómo aplicar.

Tanto el OCH como la Crida LGBTI habíann convocado una manifestación para ayer por la tarde frente al lugar en el que Hazte Oír pretende llevar a cabo sus charlas. La organización HazteOír, como ya es habitual, ha aprovechado la situación para hacerse la víctima y denunciar lo que ha calificado como acción de una «turba violenta». «En Barcelona los radicales marxistas/LGTBI son más violentos que en otras ciudades.  Y los Mossos permiten las agresiones al disidente», tuiteaba el presidente de HazteOír, Ignacio Arsuaga.

Pese a las diferentes legislaciones autonómicas en materia LGTB, lo cierto es que HazteOír continúa organizando sus eventos de promoción del odio por toda la geografía española. Lo veíamos el pasado febrero, por ejemplo, en Madrid: pese a que entonces la organización ultraconservadora anunció con antelación un acto que «incumpliría todas las leyes LGTBI vigentes en España», ni las autoridades policiales ni las judiciales tomaron medidas para evitar su celebración. De hecho, un grupo de activistas que se personaron a las puertas del local para protestar fueron reprimidos tanto por la seguridad privada del evento como por agentes de la Policía Nacional que se personaron casi inmediatamente en el lugar. Dos personas fueron además detenidas.

Desde el Ayuntamiento de Barcelona han dejado claro que no permitirán que el autobús circule por Barcelona. Así lo ha explicado la regidora Laura Pérez, que ha asegurado que el consistorio “utilizará las herramientas que tiene” y se coordinará con la Generalitat para mandar El Bús al mismo lugar en el que acabó el del reality de Antena 3.

Según Laura Pérez, lo de Hazte Oír es “una provocación” y les ha dejado claro que no son bienvenidos en la ciudad. Si finalmente decidieran presentarse, podrían volverse a Madrid con una multa de 3.000€ al aplicarles la ordenanza municipal de civismo, con el agravante de que el mensaje del autobús afecta directamente a menores de edad. Y no solo eso, también pueden llevarse otra multa de 600€ por vulnerar la ley de publicidad dinámica.

No parece que les preocupe mucho teniendo en cuenta que  siguen disfrutando de la condición de organización de Utilidad Pública a la organización, lo que implica una serie de beneficios fiscales para sus donantes, que tienen bastante más que esos 3.600€.

HazteOír sigue siendo hoy día entidad de utilidad pública, un privilegio que le concedió en 2013 el Gobierno del Partido Popular y que permite que sus donantes y socios puedan beneficiarse de considerablesa ventajas fiscales. Al margen de que organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

¡Oh casualidad… HazteOír y Vox al alimón!

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”. Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”. Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

El pasado mes de agosto, tras recoger algunos medios que el Ministerio de Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas», una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales., fuentes socialistas y del propio Ministerio anunciaban la apertura de un expediente a la organizaicón ultraconservadora para ver si «persistía» su utilidad pública. Han pasado tres meses, y por el momento el estatus de HazteOír sigue siendo el mismo.

Fuente | La Vanguardia – Betevé ,vía Hazte Queer/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Agustín Laje, Autobús del Odio, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, Cádiz, Cataluña, CitizenGO, Crida LGBTI, Cristian Carrer, HazteOir, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Ignacio Arsuaga, Laura Pérez, LGTBfobia, Mis hijos mi decisión, Mossos d'Esquadra, Murcia, Nicolás Márquez, Observatori contra l'Homofòbia, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Transfobia, Valencia, Zaragoza

El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha aceptado estudiar los argumentos sobre si la decisión de la India de acabar con la criminalización de la homosexualidad es relevante para Kenia. Hasta el fallo reciente de la Corte Suprema de la India (un país de más de 1.300 millones de habitantes que declaraba inconstitucional la sección 377 del Código Penal), ambos países compartían las mismas leyes que prohíben las relaciones entre personas del mismo sexo debido al «legado» de la época colonial británica. Los condenados por estos «delitos» tienen que afrontar penas de hasta 14 años de prisión en Kenia. El próximo 25 de octubre el citado tribunal escuchará las alegaciones en este sentido.

El tribunal permitirá a las partes presentar comunicaciones sobre el asunto a raíz de la decisión de la Corte Suprema de la India de rechazar la sección 377 del Código Penal. La ley de la época colonial criminalizó todas las «relaciones carnales contra el orden de la naturaleza». El 25 de octubre, el altos tribunal keniata escuchará las alegaciones sobre si el reciente veredicto de la India tiene alguna relevancia para Kenia.

Los activistas que hacen campaña para despenalizar la homosexualidad constatan que la ley se usa en Kenia para perseguir a las personas LGTB. Asimismo, las medidas contra la discriminación hacen que las personas sexualmente diversas sean vulnerables a situaciones de injusticias y discriminaciones.

A los espectadores keniatas finalmente se les permitió ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia levantaba temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales. Kenyatta se reafirmaba en su posición en abril de este año tachando los derechos LGTB de asunto «no aceptable» y «sin importancia para el pueblo de la República de Kenia».

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Binyavanga Wainaina, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), David Kuria Mbote, Discriminación, HazteOir, Homofobia, India, Kenia, Lesbofobia, LGTBfobia, Nairobi, Pew Global Attitudes Project, Rafiki, Tribunal Superior de Justicia (Kenia), Uhuru Kenyatta, Visibilidad LGTBI

Los espectadores kenianos tienen por fin la oportunidad de ver Rafiki, la primera película de la historia del país en ser proyectada en el Festival de Cannes. El Tribunal Superior de Justicia de Kenia ha levantado temporalmente el veto a su difusión, impuesto por las autoridades en abril del año pasado por «promoción del lesbianismo». Un cine de Nairobi mostrará el filme en siete pases entre el 23 y el 29 de septiembre. La exhibición limitada de la cinta, que narra la historia de amor entre dos mujeres, era un requisito para poder competir en los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

Rafiki («Amiga», en suahili), dirigida por la cineasta Wanuri Kahiu y protagonizada por las actrices Samantha Mugatsia y Sheila Muniya, narra la historia de dos chicas que se enamoran en Kenia, un país en el que las relaciones homosexuales no solo son incomprendidas por la mayoría social, sino que están castigadas por la ley. «En Nairobi, las estudiantes Kena y Ziki llevan vidas muy diferentes, pero las dos hacen lo posible por alcanzar sus sueños. Sus caminos se cruzan en medio de una campaña electoral que enfrenta a sus padres respectivos. Las chicas se gustan, pero la sociedad keniana es muy conservadora, y tendrán que elegir entre el amor y la seguridad…», reza la sinopsis del filme en la web del Festival de Cannes, donde fue proyectada el pasado mes de abril.

La película está inspirada en el relato Jambula Tree, de la escritora ugandesa Monica Arac. Su selección para participar en Cannes, en concreto en su sección Un certain regard(«Una cierta mirada»), fue un hito histórico para el cine de su país, ya que ninguna película realizada en Kenia y dirigida y protagonizada por mujeres de ese país había logrado ser seleccionada para tan prestigioso certamen. A partir de ese momento comenzaban a sucederse las felicitaciones, incluyendo las de organismos como el Ministerio de Deportes y Patrimonio de Kenia o la Kenya Film Commission.

La alegría quedaba sin embargo empañada al conocerse que Ezekiel Mutua, consejero delegado del Kenya Film Classification Board (KFCB, el órgano gubernamental keniano que regula la programación y la clasificación de los contenidos audiovisuales en los medios) decidía prohibir la exhibición de la película. Según anunciaba Mutua, la razón para prohibir Rafiki era «su temática homosexual y su clara intención de promover en Kenia el lesbianismo, contrario a la ley y a los valores predominantes de los kenianos». El dirigente del KFCB tenía antecedentes de censura homófoba: en noviembre del año pasado contábamos, por ejemplo, que Mutua decidía censurar la serie de Disney Andi Mack, dirigida mayoritariamente al público preadolescente, debido a que uno de sus personajes salía del armario.

Hace solo unos días, la directora de la película presentaba una demanda contra el Gobierno keniano por el veto a su difusión. Kahiu argumentaba que la decisión de la KFCB impedía que la cinta pudiera ser evaluada por el Comité de Selección de los Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, ya que las normas requieren que  los filmes escogidos para su toma en consideración se hayan proyectado en su país de origen antes del 30 de septiembre. El Tribunal Superior de Justicia le dio la razón y anunció el viernes pasado la suspensión temporal de la prohibición.

El fallo de la jueza Wilfrida Okwany permite la proyección de Rafiki en siete pases, desde este domingo hasta el próximo sábado, en un cine de la capital Nairobi. Okwany expresó su convicción de que Kenia es una sociedad fuerte «cuyos fundamentos morales no se verán sacudidos por ver una película como esta». La película, eso sí, está clasificada para mayores de 18 años. Ezekiel Mutua, que reaccionó airadamente en las redes sociales contra el fallo, insistió en que se exigirá un justificante de mayoría de edad para poder ver el filme.

La directora Wanuri Kahiu ha reaccionado exultante ante la sentencia: «Estoy llorando. En un aeropuerto francés. ¡Con TANTA alegría! ¡Nuestra constitución es FUERTE! ¡¡¡¡¡Dad las gracias a la libertad de expresión!!!!! ¡LO HICIMOS!», escribía en Twitter. En su primera proyección, el Prestige Cinema ha colgado el cartel de «No hay entradas».

I am crying. In a french airport. In SUCH Joy! Our constitution is STRONG! Give thanks to freedom of expression!!!! WE DID IT! We will be posting about Nairobi screening soon. Follow @rafikimovie

— Wanuri (@wanuri) 21 de septiembre de 2018

La situación legal de la homosexualidad en Kenia

Actualmente existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe Homofobia de Estado de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes «tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza» o «quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza».  El artículo 163, por su parte, castiga a «quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años».

Asimismo, el artículo 165 establece que «el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años». Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

No está de más recordar, en cualquier caso, que en estos momentos se encuentra pendiente de resolución un importante proceso judicial, promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés) que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. En febrero nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaba dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% consideraba tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social: en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Dosmanzanas

Cine/TV/Videos, General, Homofobia/ Transfobia. Andi Mack, Censura, Cine, CitizenGO, Discriminación, Ezekiel Mutua, Festival de Cannes, Homofobia, Jambula Tree, Kenia, Kenya Film Classification Board, Kenya Film Commission, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBfobia, Monica Arac, Nairobi, Premios Óscar, Rafiki, Samantha Mugatsia, Sheila Muniya, Tribunal Superior de Justicia (Kenia), Videos, visibilidad lésbica, Visibilidad LGTBI, Wanuri Kahiu, Wilfrida Okwany

El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Autobús del Odio, Carla Antonelli, CitizenGO, eldiario.es, Francisco Polo, HazteOir, Homofobia, InfoLibre, LGTBfobia, Ministerio del Interior, Odón Elorza, PP, PSOE, Transfobia, Twitter

¿Por qué será que no nos extraña? Teniendo en cuenta que afirmó: “Yo creo que matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer” …

La organización ultraconservadora HazteOír, promotora de diversas campañas de odio contra las personas LGTB tanto en España como en otros países (a través de su marca internacional CitizenGO), ha decidido apoyar activamente a Pablo Casado como futuro presidente del Partido Popular. La decisión ha sido adoptada como resultado de una encuesta entre sus simpatizantes, en la que han participado 9.933 personas.

En primer lugar, los simpatizantes de HazteOír debían contestar a la pregunta «¿Eres partidario de lanzar una campaña en favor de alguno de los candidatos?». La respuesta ha sido claramente afirmativa: el 79,83% se han mostrado a favor de participar en favor de uno u otro candidato, mientras que un 20,17% preferían no participar en esta campaña.

Preguntados ya expresamente «¿A qué candidato deberíamos apoyar?», el candidato favorito, entre todos los que han formalizado su candidatura para suceder a Mariano rajoy, ha sido Pablo Casado, que se ha alzado con un 38,56% de las preferencias. La segunda, a más de 16 puntos de distancia, ha sido Soraya Sáenz de Santamaría, con un 22,42%. El resto de candidatos se sitúa muy por detrás: Maria Dolores de Cospedal, con un 13,37%: José Manuel García-Margallo, con un 11,94%; José Ramón García Hernández, con un 8,40%; Elio Cabanes, con un 3,27%, y por último José Luis Bayo, con un 2,04%.

Según el mensaje enviado a los simpatizantes en el que se les informa del resultado de la encuesta, al que ha tenido acceso dosmanzanas, ahora HazteOir propone lanzar una campaña para influir en la elección del presidente del PP, «alguien que defienda los valores que tú y yo defendemos». «Esta campaña no es para apoyar al PP, ni significa que estemos pidiendo ningún voto para el PP, porque ahora no hay elecciones ni municipales, ni autonómicas, ni europeas, ni nacionales. Son unas elecciones primarias dentro del PP y queremos influir en ellas para que el próximo presidente del PP sea un claro defensor de la vida, la familia y las libertades que no nos traicione», asegura.

La campaña, para la que HazteOír solicita ayuda económica a sus simpatizantes, incluirá un bombardeo masivo «a más de seis millones de ciudadanos» a través de correo electrónico y redes sociales, anuncios en prensa nacional, caravanas informativas sobre Pablo Casado, difusión de cárteles en zonas próximas a sedes del PP, etc. HazteOír también expresa su intención de entrevistarse con los presidentes provinciales del PP «para pedirles que observen la máxima neutralidad en estas elecciones primarias».

El texto, firmado por Miguel Vidal «y todo el equipo de HazteOir.org», termina insistiendo en la necesidad de que sus simpatizantes les donen dinero. Vidal es el director de campañas de la organización ultraconservadora.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. CitizenGO, Elio Cabanes, HazteOir, Homofobia, José Luis Bayo, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández, LGTBfobia, María Dolores de Cospedal, Miguel Vidal, Pablo Casado, PP, Soraya Sáenz de Santamaría, Transfobia

“Love First”, el amor primero. Así se lee en las camisetas que son parte de una colección con motivo del Orgullo LGTB que la compañía J. Crew  ha lanzado para niños.

“Para celebrar el mes del orgullo LGTB, J. Crew se enorgullece de donar el 50% del precio de compra de una colección de camisetas y calcetines a la organización Human Rights Campaign“, una de las entidades más grandes y comprometidas con los derechos de nuestro colectivo, sobre todo en los espacios laborales.

Como era de esperarse, la organización homófoba de turno, CitizenGo está promoviendo una campaña de firmas para “dejar de utilizar a los niños”.  “Es hora de que las personas que valoren el derecho de los niños a ser hijos y el derecho de los padres a enseñar sus valores se unan y le digan a J. Crew que no comercialice el activismo homosexual a los niños”.

La compañía ya había sido criticada anteriormente por vender camisetas para niños y niñas desde los dos años donde podía leerse: “Yo también soy feminista”.

Fuente Oveja Rosa

General Camisetas, CitizenGO, Human Rights Campaign, J. Crew, Love First, Niñas, Niños, Orgullo LGTBI

La telenovela Papá a toda madre, protagonizada por los actores Sebastián Rulli y Maite Perroni, se acaba de estrenar en la cadena de televisión española Nova. Y este estreno es noticia porque se trata de la primera ficción de este tipo producida por la compañía mexicana Televisa que cuenta entre sus personajes principales con una pareja abiertamente gay. De hecho, ellos han protagonizado el primer beso gay de la historia de la ficción televisiva mexicana emitido en prime time.

Como cabía esperar, el estreno en México de esta ficción, el pasado mes de octubre, no estuvo exento de polémica. Si bien es cierto que muchos aplaudieron la aparición de dos protagonistas gais, otros tantos criticaron la inclusión de este tipo de personajes y el reflejo de la diversidad sexual en una serie «familiar» emitida en horario de máxima audiencia. Es más, la organización ultraconservadora CitizenGo (la marca de HazteOír en América Latina) aprovechó la coyuntura para iniciar una recogida de firmas online y pedir que se dejara de emitir la telenovela por «normalizar la homosexualidad a pesar del amplio rechazo social» (antes incluso de que la trama gay apareciese en la serie).

«Me defraudaron. Pensé que Televisa aspiraba a construir una sociedad mejor, a fortalecer a la familia como célula básica de la sociedad mexicana. Pensé que era verdad eso que afirman de que sus valores son la credibilidad, la honestidad y el profesionalismo. Lamentablemente me equivoqué. Por supuesto no veré la polémica telenovela. Pero tampoco su canal. Desconfío de sus criterios éticos y existen otras alternativas de ocio», rezaba dicha petición, dirigida a Emilio Azcárraga Jean, presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa y que en cuestión de días logró recoger varias decenas de miles de firmas.

Afortunadamente, también hubo quien aplaudió la iniciativa. «Me da mucho gusto que podamos ser portavoces del respeto y apoyo a la diversidad a las familias que se forman a base de amor y compromiso, sin importar preferencias sexuales, dejando atrás los prejuicios», señalaba en su perfil de Instagram Perroni. «Dejemos vivir y ser auténticamente a cada individuo en este mundo. Lo que está basado en el amor, nunca podrá ser algo malo», añadía.

La telenovela, producida por Eduardo Meza, cuenta la historia de cinco familias, una de las cuales está capitaneada por un atractivo y mujeriego empresario (interpretado por Rulli) que tiene que lidiar con la aparición en su vida de una niña de nueve años que dice ser su hija. Por su parte, la pareja gay está encarnada por los actores Andrés Zuno y Raúl Coronado, que darán vida a un veterinario casado con un investigador policial que deben enfrentarse a la discriminación por su orientación sexual.

«Llega esta familia que rompe con el molde tradicional, real, una pareja de carne y hueso. Son una pareja de chavos enamorados que llegan a enfrentarse a la aceptación de todos estos niños que viven por ahí y de algunas mentes cerradas», comenta Zuno, que añade que con este papel espera «empezar a cambiar conciencias, a abrir la conversación, ver la convivencia real que existe en la sociedad y que nos tenemos que enfrentar a esta diversidad maravillosa».

Hace poco, Televisa ya fue objeto de críticas después de mostrar un beso entre dos hombres en la ficción Como dice el dicho. Eso sí, cabe señalar que, hasta ahora, los únicos guiños a la diversidad sexual aparecidos en las producciones de Televisa se daban siempre (de forma tibia y bastante ambigua) con personajes LGTB que vivían atormentados, que buscaban «curarse» o que no tenían claro lo que realmente sentían. Y los pocos mostraban abiertamente su condición aparecían estereotipados y sin vida sentimental o amorosa aparente.

Parece que por desgracia aún queda mucho por hacer, también en el sector cultural, en un país, México, que presenta un alto nivel de homofobia social y que, sin ir más lejos, se mantiene como el segundo país de América Latina con más crímenes de odio por homofobia.

Fuente Dosmanzanas

Cine/TV/Videos, General Andrés Zuno, CitizenGO, Como dice el dicho, Eduardo Meza, HazteOir, Homofobia, LGTBfobia, Maite Perroni, México, Nova, Papá a toda madre, Raúl Coronado, Sebastián Rulli, Series, Telenovelas, Televisa, Televisión

Un miembro de la Iglesia Evangélica Vid, identificado como José Cortés Muñoz, ha sido sorprendido intentando provocar un incendio en la discoteca de ambiente lésbico Club Social Frida Kahlo de Chillán (en la región chilena del Biobío). El sujeto, que gritó: «si no se queman aquí, se quemarán en el infierno y, si eso no pasa, lo haré yo», fue sorprendido con un bidón de parafina en los alrededores, después de la pronta reacción de la propietaria para sofocar las llamas. En esta ocasión solo hay que lamentar daños materiales menores. Sin embargo, como denuncia el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), «es una situación en extremo grave que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar». Por esta razón, la organización igualitaria exige que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley». Además, Cortés ha declarado abiertamente que va a volver a actuar. En este sentido, hay que asumir que los discursos LGTBfóbicos en Chile incitan a la violencia, coincidiendo, no por casualidad, con el incremento del apoyo social a los derechos del colectivo LGTB.

«A eso de las 3:30 de la madrugada del domingo, el sujeto, quien vive en una Iglesia que colinda con el Club Frida Kahlo, lanzó parafina desde la pandereta que separa los inmuebles para, posteriormente, encenderle fuego a algunas de sus dependencias». Así lo ha explicado Esteban Guzmán, presidente de MOVILH-Biobío. Guzmán también ha añadido que «es una situación en extremo grave, que puso en riesgo a las personas que en ese momento se encontraban en el lugar», por lo que el atacante «debe recibir la máxima sanción de la ley».

Por su parte, la propietaria del Club Social Frida Kahlo, Jacqueline Ortega, ha narrado que «escuchamos un fuerte estallido y nuestros clientes llegaron a alertarnos que nuestra terraza estaba ardiendo. Entre todos quienes estábamos en lugar apagamos las llamas para que no se propagaran. Cuando salimos a la calle a ver qué ocurría, nos dimos cuenta de que nuestro vecino de la Iglesia Evangélica estaba con un bidón de parafina. Sin ningún tipo de pudor o arrepentimiento nos afirmó que él había comenzado el fuego, peor aún nos amenazó con matarnos por depravados».

Para el MOVILH-Biobío «este acto marca un negativo y funesto precedente para la seguridad de las personas lesbianas, gais, bi, trans e intersex que debe ser combatido al instante y con el máximo rigor de la ley». El presidente regional de esta organización igualitaria anima «a las personas LGBTI de Chillán a reportar cualquier otro atropello que hubiesen visto de este sujeto, pues no sería extraño que con anterioridad protagonizara abusos similares que no fueron denunciados». La discoteca ha publicado en su cuenta de Facebook que el atacante, de hecho, ya ha avisado de que volverá a actuar.

Violencia LGTBfóbica vs. histórico apoyo social

Hace solo unos días recogíamos que la ciudadanía chilena apoya de forma mayoritaria el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Desde febrero de 2014 el respaldo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género.

Sin embargo, en la anterior noticia ya advertíamos del contraste entre la aceptación histórica de los derechos del colectivo LGTB por parte de la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico. Sin duda, la visibilización de la comunidad en el debate público, estimula a los discursos de odio de grupos intolerantes y radicales (como la presencia del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO) y esto se puede traducir también, como vemos en el caso del ataque a la discoteca de Chillán, en acciones violentas.

Fuente MOVILH, vía Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesias Evangélicas Adopción, Cadem, Chile, CitizenGO, Club Frida Kahlo (Chile), Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Delitos de Odio, encuestas, HazteOir, Homofobia, Homoparentalidad, Identidad de género, Iglesia Evangélica Vid (Chile), Jacqueline Ortega, Jacqueline van Rysselberghe, José Cortés Muñoz, Lesbianas, Lesbofobia, LGTBfobia, Matrimonio, Michelle Bachelet, MOVILH, Movilh-Biobío, Sebastián Piñera, UDI

El respaldo al colectivo LGTB aumenta de forma evidente y considerable entre la población de Chile. Desde febrero de 2014 el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo ha crecido 15 puntos, hasta situarse en el 65%. Así se desprende de la encuesta de mayo realizada por Cadem (una empresa privada que realiza estudios demoscópicos). Asimismo, la adopción homoparental cuenta con una adhesión ciudadana del 52%. Más modestas, aunque pujantes, son las cifras relacionadas con la opinión favorable a la legislación sobre la identidad de género. En este sentido, un 23% comparte que un menor de 18 años pueda realizar una modificación registral de sexo y nombre en el registro civil, previa autorización de los padres. Este nivel de acuerdo cae hasta al 20% si únicamente se considera desde los 14 años y sin la correspondiente autorización. Finalmente, un 45% se muestra de acuerdo con el cambio de género registral a partir de los 18 años.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), la organización LGTB más importante de este país latinoamericano, valora positivamente que «la mayoría del país esté de acuerdo con la plena igualdad de derechos para las parejas del mismo sexo y las familias homoparentales, al tiempo que el respeto a la dignidad de las personas trans avanza a pasos agigantados». En concreto, según recoge la encuesta de Cadem de mayo, al preguntar a la ciudadanía chilena sobre valores como su postura en relación al matrimonio igualitario, las respuestas mayoritarias reflejan una evolución histórica incontestable. Esto deja en evidencia la lentitud con la que avanza el reconocimiento legislativo de los derechos del colectivo LGTB en Chile, por otro lado.

La adhesión al matrimonio igualitario y a la adopción homoparental subió 15 puntos porcentuales desde febrero de 2014 hasta hoy, lo cual refleja para el MOVILH que «el cambio cultural a favor de los derechos humanos de las personas LGBTI es irrefrenable. Ya no hay marcha atrás. La pregunta no es si habrá o no matrimonio o adopción homoparental. La pregunta es cuándo y esperamos que sea en los próximos dos años».

Por otra parte, desde esta organización LGTB chilena también apuntan a que «la adhesión ciudadana a que los niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo legal (lo cual vale la pena recordar es un derecho que siempre ha existido, pues la Ley de Identidad de Género viene solo a facilitar el trámite) va en acelerado aumento, quedando una vez más en evidencia que el Estado está atrás de los cambios culturales y en deuda con la dignidad de las personas LGBTI». El MOVILH, además, se ha lamentado de los largos años de tramitación de ley de identidad de género, lo cual ha ocurrido «principalmente por presiones de la UDI y de su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe. Llamamos a esta senadora y a su partido a tener la decencia de paralizar su permanente campaña contra los derechos LGBTI».

En enero de 2017 ya publicamos una noticia en la que dábamos cuenta de una encuesta del Cadem similar a esta, en la que se recogía un apoyo del 64% de los chilenos al matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, las políticas, acciones y declaraciones LGTBfóbicas provocaron una bajada del respaldo ciudadano, dejándolo en un 58% el pasado febrero.

Repunte de odio LGTBfóbico en Chile

Resulta chocante comparar los datos de aceptación del colectivo LGTB entre la ciudadanía de Chile con los del repunte de delitos de odio LGTBfóbico de lo que nos hacíamos eco a finales de marzo. Los datos que arroja el 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como «de la furia» contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del «autobús de odio» de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO.

Como dato optimista, el MOVILH recogía 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. Por un lado, se hace hincapié en lo que considera avance «a pasos agigantados y sin precedentes» del Poder Judicial, que ya en repetidas ocasiones se ha pronunciado amparando los derechos de las personas LGTBI. Una posición, la de los jueces, que contrasta con la pasividad del Legislativo, que «aún no aprueba estas leyes» y las reticencias de un Ejecutivo que solo pone el acelerador para la tramitación legislativa de los avances «de manera coyuntural y discontinua». Todo ello, como es obvio, «ata de manos en algunos puntos al poder judicial», según reconoce el propio informe.

Fuente Dosmanzanas/MOVILH

General Adopción, Cadem, Chile, CitizenGO, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encuestas, HazteOir, Homoparentalidad, Identidad de género, Jacqueline van Rysselberghe, Matrimonio, Michelle Bachelet, MOVILH, Sebastián Piñera, UDI

Caleb Omar Idris y George Maina Njeri denunciaron que fueron sometidos a examen anal 

Victoria del activismo LGTB en Kenia

Durante las pruebas el personal médico insertaba el dedo en el ano de los acusados.

La ONU considera que estas prácticas son “inhumanas, crueles y degradantes”.

Buena noticia la que nos llega desde Kenia, cuya Corte de Apelaciones ha fallado que el uso de los exámenes anales para “probar” la homosexualidad es ilegal. El proceso judicial tiene origen en la detención de dos hombres que en 2015 fueron acusados de mantener relaciones homosexuales (en su momento recogimos la noticia), a los que se sometió a esta humillante práctica.

El Tribunal de Apelaciones de Kenia ha declarado ilegal la práctica de reconocimientos médicos anales para determinar si una persona es homosexual, tipificado como delito en este país.

El tribunal se pronunció así en respuesta a un recurso de apelación presentado por dos hombres contra el fallo del Tribunal Superior de Mombasa, en la costa de Kenia, que en 2016 desestimó una demanda de inconstitucionalidad contra la citada práctica. Los dos varones, Caleb Omar Idris y George Maina Njeri, se sometieron a esas pruebas, tras ser denunciados por la policía, y decidieron emprender una acción judicial para que fueran declaradas ilegales.

Los detenidos recurrieron a la justicia, pero en 2016 un juez del tribunal de Mombasa alegó que los demandantes se sometieron de forma voluntaria a ese examen, lo que legalmente invalidaba su demanda. El Tribunal Superior de Mombasa consideró que la práctica de los exámenes anales era legal e incluso “razonable” como prueba de homosexualidad. Una decisión que fue criticada por el activismo LGTB de Kenia y por organizaciones internaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional. Eric Gitari, responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas de Kenia (NGLHRC en sus siglas en inglés), que ha dado apoyo y sostén a los demandantes, calificó de “deliberadamente homófobo” al juez que firmó la sentencia, que llegó a afirmar que “la boca y el ano no son órganos sexuales”, al tiempo que comparaba a los “sodomitas” con los perros.

La sentencia fue recurrida, y finalmente un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Kenia ha dado la razón a los demandantes, al considerar esta práctica ilegal. “La prueba no puede permitirse. Yo, por tanto, permito la apelación y anulo la decisión del Tribunal Superior”, dictaminó el juez Alnashir Visram, del Tribunal de Apelación. Durante esas pruebas, personal médico inserta sus dedos en el ano del acusado o pide a los hombres que se desnuden y se inclinen o tumben en sillones con estribos para examinar visualmente su región anal. Sin embargo, el magistrado Visram subrayó que esa decisión fue inconstitucional y, además, supone una violación de los derechos humanos.

“Estamos agradecidos de que la Corte de Apelaciones haya puesto por delante los derechos de los ciudadanos kenianos. Con esta sentencia, los jueces afirman que todos merecemos ser tratados con dignidad y nuestros derechos básicos respetados, tal y como consagra la Constitución de Kenia“, ha declarado Njeri Gateru, principal asesor legal de la NGLHRC.

No hay que olvidar que los exámenes anales, cuyo supuesto objetivo es encontrar restos de esperma y medir la dilatación del esfínter anal como “prueba” de homosexualidad, están considerados una forma de tortura- Además de no tener “ningún valor médico”, la ONU considera inhumanas, crueles y degradantes estas prácticas, que también están prohibidas por tratados internacionales contra la tortura y los derechos civiles, pero  son una práctica habitual en muchos lugares en los que las relaciones homosexuales están criminalizadas. Hasta este fallo, Kenia era uno de los al menos ocho países donde se usan exámenes anales médicos, junto a Camerún, Egipto, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia, según la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch. Su erradicación en Kenia supone sin duda un paso en la buena dirección.En Kenia, los “delitos” homosexuales se castigan con hasta catorce años de prisión.

La sentencia de la Corte de Apelaciones de Kenia ha sido recibida con satisfacción por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGTB de diversos países africanos, pero también por varias delegaciones diplomáticas extranjeras en Kenia, como la alemana:

Congratulations to @NGLHRC for the historic win for human rights in #Kenya.
The Court of Appeal in #Mombasa has ruled that the use of forced anal examination by the state in unlawful. @outinafrica #GayRights #StopForcedExamaminations#LGBT

— GermanEmbassyNairobi (@GermanyinKenya) 23 de marzo de 2018

O por la propia ILGA:

🎉 Amazing news from Kenya! The Court of Appeals has ruled that the use of forced anal examinations by the state is unlawful. 🎉 Congratulations to @NGLHRC and to all of those who fought to make it happen! #StopForcedTesting https://t.co/o7mUcjTrEN

— ILGA (@ILGAWORLD) 22 de marzo de 2018

¿Hacia la posible despenalización de la homosexualidad?

No está de más recordar que sigue pendiente de resolución otro importante proceso, también promovido por la NGLHRC, y que busca poner fin a la criminalización de la homosexualidad en Kenia. Si la sentencia es favorable tendrá una repercusión internacional indiscutible. Del mismo modo, un fallo a favor de mantener la penalización de las relaciones homosexuales o, incluso, de endurecer la ley, constituiría un antecedente muy peligroso. Hace pocas semanas nos hacíamos eco, por cierto, de la campaña que CitizenGO, la marca internacional de HazteOír, promovía contra la posible despenalización.

Actualmente, existen varios artículos en el Código Penal de Kenia (modificado en 2003) que castigan las relaciones homosexuales (página 99 del informe “Homofobia de Estado” de ILGA 2017). El artículo 162 establece penas de 14 años de cárcel para quienes “tengan conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza” o “quien permita que un varón tenga conocimiento carnal con él o ella contra el orden de la naturaleza”.  El artículo 163, por su parte, castiga a “quien intente cometer alguno de los delitos establecidos en el artículo 162 comete delito grave y será penado con prisión de 7 años”.

Asimismo, el artículo 165 establece que “el varón que, en público o en privado, cometa un acto de indecencia grave con otro varón, o indujera a otro varón a cometerlo con él mismo, o intentara inducir la realización de un acto similar, incluso con terceras personas, es culpable de un delito grave y será penado con prisión de 5 años”. Según los datos del propio Gobierno de Kenia, solo entre 2010 y principios de 2014 se procesó a 595 personas por estos cargos.

Un pasado de persecución y LGTBfobia de Estado

Kenia es un país mayoritariamente cristiano (aunque con una importante minoría musulmana), en el que a las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social, que castiga la práctica de la homosexualidad, como hemos dicho, con penas de hasta 14 años de cárcel, en base a leyes heredadas de la época colonial británica. Precisamente a principios de 2015 informábamos de la detención de dos hombres, acusados de practicar la homosexualidad, víctimas de una operación policial más amplia, con la que se pretendería dar ejemplo tras salir a la luz unos informes que señalan un aumento del turismo homosexual en la zona costera del país.

A las leyes vigentes y a la agresividad de las fuerzas policiales se suma una marcada homofobia social. Según un estudio del Pew Global Attitudes Project de 2013, únicamente un 8% de sus 44 millones de habitantes estaría dispuesto a algún reconocimiento social de los homosexuales, y un 90% considera tal orientación sexual inaceptable. La prensa alienta esta homofobia social y en mayo de 2015 se publicaba, en la portada de un periódico keniano, un listado con el nombre y la fotografía de las que supuestamente eran las doce personas gais y lesbianas más influyentes en el país, poniendo en grave riesgo su vida.

Aun así, existe en Kenia un valeroso grupo de activistas LGTB. Entre sus miembros se encuentra por ejemplo Denis Nzioka, que en 2012 trató de presentarse a las elecciones presidenciales como candidato y así visibilizar a la población LGTB. También David Kuria Mbote se presentó entonces como senador, aunque tuvo que cancelar su campaña debido a las fuertes amenazas recibidas y la falta de fondos. Su breve campaña, sin embargo, sirvió para que por primera vez un político abiertamente gay pudiera dirigirse a sus conciudadanos. El de Kuria es, como no podía ser menos, otro de los nombres citados en la publicación.

La salida del armario del escritor keniano Binyavanga Wainaina y el que se desarrollaran sin incidentes las protestas convocadas en Nairobi el pasado 2014 contra la legislación ugandesa alentaban incluso la esperanza de una mayor apertura en Kenia para los derechos LGTB. Esperanza que vio luego truncada, como muestra la detención en julio de 2014 de sesenta personas en un club de ambiente de Nairobi. Incluso se ha presentado una iniciativa ante el Parlamento de la nación, que pretende que los actos homosexuales sean sancionados con cadena perpetua para los kenianos y lapidación para los extranjeros. El propio presidente Uhuru Kenyatta declaraba en 2015 que, si bien no permitiría “cazas de brujas” contra la población LGBT de Kenia, tampoco derogaría las leyes que castigan la homosexualidad debido a su gran aceptación social. Más recientemente, en junio de 2016, un tribunal de este país consideraba “legal” y “razonable” usar torturas anales para incriminar a sospechosos de ser gais. Veremos si finalmente lo consiguen lo hacen los tribunales.

Fuente Cáscara Amarga/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Alnashir Visram, Binyavanga Wainaina, Caleb Omar Idris, CitizenGO, Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gais y Lesbianas (NGLHRC), David Kuria Mbote, Denis Nzioka, Discriminación, Eric Gitari, exámenes anales, George Maina Njeri, HazteOir, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Human Rights Watch, ILGA, Kenia, LGTBfobia, Mombasa, Njeri Gateru, Pew Global Attitudes Project, Uhuru Kenyatta

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH) ha presentado su 16º Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Los datos que arroja el informe son preocupantes: en 2017, un año que el propio MOVILH ha calificado como “de la furia” contra personas y activistas, las denuncias por LGTBfobia en ese país experimentaron un aumento del 45,7%. El informe recoge como uno de los detonantes de este aumento la presencia en Chile del “autobús de odio” de HazteOír y su marca internacional, CitizenGO. Como dato optimista el MOVILH recoge 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGTBI en todo el país. 

Los grupos contrarios a la igualdad de derechos para las personas LGBTI multiplicaron sus discursos y acciones en el último año a lo largo de todo Chile, un hecho sin precedentes. Pese a ello, las víctimas están alcanzado justicia, a un punto que en 2017 el Poder Judicial se transformó en el más progresista del Estado.

Un alarmante aumento del 45.7% experimentaron los casos y denuncias por homofobia y transfobia en Chile, hecho que contrasta con 61 hitos favorables a la igualdad de derechos de las personas LGBTI en los más variados planos, reportó el XVI Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género lanzado hoy por el Movimiento Integración y Liberación Homosexual (Movilh)

Debido al explosivo incremento de los abusos, el 2017 fue calificado como el “Año de la Furia” contra los activistas y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) , aunque resalta y brilla de manera positiva que el Judicial se transformó en el poder estatal más progresista en la temática y el que más protege los derechos humanos de las personas con identidad de género u orientación sexual diversa, mientras que en la Derecha política destaca la expresión pública de profundas diferencias sobre estos tópicos.

El Año de la Furia

“El 2017 fue un año de violencia extrema contra las personas LGBTI, las familias homoparentales, los adolescentes y niños/as trans y los defensores de DDHH, en tanto los opositores a la igualdad cursaron iniciativas sin precedentes para torpedear todo tipo de legislación y/o política pública favorable a la diversidad sexual y de género”, indica el informe.

Añade que “la inédita cruzada del Bus del Odio en el Gran Santiago provocó un efecto de odiosidad en cadena: fue emulada en regiones, los grupos homo/transfóbicos potenciaron la virulencia de sus discursos y las autoridades ultraconservadoras dieron la mano a la campaña, dotándola de cierta “validez” en el escenario público en tanto era presentada como una forma de expresión neutral, en vez de nociva para la dignidad de los seres humanos”.

El estudio explica que el “contexto de los comicios presidenciales y parlamentarios hizo lo suyo. Las candidaturas contrarias a la igualdad extremaron su rechazo a la diversidad sexual y de género, a un punto que lo convirtieron en una de las banderas de sus campañas, algo inédito en la historia democrática del país”.

“En tanto, toda medida pro LGBTI fue enfrentada con iniciativas violentas que iban desde la presentación de recursos judiciales, hasta las golpizas y ataques en la vía pública, en especial contra los defensores de los derechos humanos”, indica la investigación.

“El Año de la Furia contra las personas LGBTI conoció de acciones y discursos tan cavernarios como las que tenían tribuna en la década de los 90, siendo la prueba más simbólica de ello el hecho de que fuese la propia presidenta de la República, Michelle Bachelet, la que se convirtiera en una de las víctimas de la homofobia y la transfobia al ser insultada en el Tedeum evangélico por su apoyo a los derechos de las personas LGBTI y de las mujeres”, sostiene el estudio.

Las cifras de la discriminación

Los casos y denuncias por homofobia y transfobia incrementaron un 45,7% en 2017, conociéndose 484 episodios de odio, la cifra más alta que se tiene registro y que por si sola acumula el 20% del total de abusos ocurridos en los últimos 16 años.

Los 484 hechos se dividieron en 2 asesinatos, 56 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles, 1 abuso policial, 38 casos de discriminación laboral y 20 de exclusión educacional, 77 movilizaciones homo/transfóbicas, 38 episodios de marginación institucional, 11 obstáculos para el acceso a servicios o productos en los espacios públicos o privados, 72 abusos propinados por familiares, amigos o vecinos, 166 declaraciones de odio y 3 casos de vulneración de derechos en la cultura, los medios y el espectáculo.

En 7 de las 11 categorías de discriminación aumentaron los abusos, registrándose el incremento más alto en las declaraciones de odio (245% más que en 2016), seguida por los abusos en cultura y medios (200%), las movilizaciones homo/transfóbicas (108%), la discriminación educacional (53%), las agresiones físicas o verbales cometidas por civiles (40%), los atropellos impulsados por familiares o vecinos (28%) y las exclusiones laborales (18%).

El 20% de los casos afectó a gays; con un alza del 26% en relación al 2016; el 18% a trans; el 14% a lesbianas y el 48% a la diversidad sexual y de género como conjunto. Los denuncias por abusos contra trans bajaron un 17% y contra lesbianas un 1,4% en comparación con el 2016.

Del total de abusos fueron responsables 49 instituciones y 304 personas, buena parte de éstas vinculadas a movimientos ultra católicos, ultra-evangélicos, neonazis o de extrema derecha.

Las regiones que más casos de discriminación registraron en 2017 fueron la Metropolitana (31%), Valparaíso (14%), Biobío (10.1%) y Coquimbo, (4.6%), seguidas por Los Lagos (3.7%), La Araucanía (2.5%), Antofagasta (2.3%), Maule, (2.1%) Libertador Bernardo O´Higgins (1,7%), Región de Magallanes y la Antártica Chilena (1.2%) Tarapacá (0.6%), Atacama (0.4%), Los Ríos (0.2%), Arica y Parinacota (0.2%) y Aysén (0%).

En tanto las regiones donde más aumentaron los casos o denuncias en comparación con el 2016 fueron Libertador Bernardo O´Higgins (300%), Coquimbo (266%), Los Lagos (157%), La Araucanía (100%), Biobío (88%), Magallanes y la Antártica Chilena (50%), Metropolitana (39%) y Antofagasta (10%).

Los movimientos LGBTI intervinieron en el 97.2 % de los casos, brindando ayuda y orientación a las víctimas.

Ranking Anual de la homofobia y transfobia

A nivel individual encabezaron el Ránking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2017 los asesinos de personas LGBTI (Cristián Andrés Muñoz Muñoz, César Antonio Araneda Palma, Bernabé Vega y Héctor Morales), seguidos en el segundo lugar por la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda; el presidente de la Ong Padres Objetores, Francisco Fritis y el director de Citizen Go, Luis Losada.

Con ellos/as comparten el segundo lugar los senadores Manuel José Ossandón e Iván Moreira, los diputados José Antonio Kast e Ignacio Urruria y el ex alcalde de Talca, Juan Castro Prieto. Le siguen, en el tercer puesto la psicóloga de la Fundación Restauración, Marcela Ferrer y, en el cuarto, el magistrado Ricardo Blanco.

El quinto lugar lo integran los senadores Juan Antonio Coloma, Jacqueline Van Rysselberghe, Ena Von Baer, Francisco Chahuán, los diputados José Manuel Edward, María José Hoffman, Patricio Melero, Iván Norambuena, Claudia Nogueira, Arturo Squella, Osvaldo Urrutia, Felipe Ward y René Manuel García. (Listado completo, hasta la ubicación 25, se encuentra en el informe).

A nivel institucional lideran el Ranking el Observatorio Legislativo Cristiano, la Ong Padres Objetores y Gendarmería, todos en el primer lugar. Le siguen la Catedral Evangélica, Citizen Go y Hazte Oír, el Colegio Español de Coquimbo, Colegio Instituto Cristiano Gandarillas de Maipú, el Liceo Bicentenario Italia, la UDI, la Iglesia Católica, el Consejo Regional del CNCA en el Maule, la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (Soched). A estos suman diversas iglesias evangélicas, ongs ultra-conservadoras y empresas como el Club Playa Luna y Pre-Unic. (Listado completo hasta la ubicación 18 se encuentra en el informe)

 Poder Judicial, el más progresista

“El Poder Judicial llegó tarde a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI y las familias homoparentales, pero cuando lo hizo superó en apertura a los otros poderes del Estado, avanzando a pasos agigantados y sin precedentes”, sostiene el informe. Añade que la “evolución acelerada del Poder Judicial desde el 2015, se consolidó en 2017 a un punto que temas como los derechos de niños y niñas trans, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental ya los tiene zanjados a nivel institucional, pues se ha pronunciado a favor amparado en una perspectiva de derechos humanos. Por el contrario, el Legislativo aún no aprueba estas leyes y las medidas del Ejecutivo se mueven entre consensos, además de poner el acelerador para la tramitación legislativa de manera coyuntural y discontinua”.

“Moviéndose en los márgenes de las leyes; lo que ata de manos en algunos puntos al Poder Judicial mientras no se cuente con el matrimonio igualitario; durante el 2017 los tribunales dictaron 5 fallos a favor de los derechos de internas/as LGBTI recluidos/as en centros penitenciarios, además de cambiar el nombre y sexo legal de 89 personas, en circunstancias que en 2006 sólo había autorizado a 7”, precisa el estudio.

Detalla que “la Corte Suprema aplicó además dos veces la Ley Zamudio por homofobia, además de entregar la tuición de sus dos hijos a un hombre que vivía con su pareja del mismo sexo. Hubo otros cinco fallos de distintos tribunales contra los abusos laborales a personas LGBTI, mientras que las cortes rechazaron dos recursos de protección contra las políticas educacionales pro diversidad y una querella por prevaricación que una ONG había presentado contra el juez Luis Fernández por haber cambiado el nombre y sexo legal de una niña trans”.

“A la par fue condenado el asesino transfóbico de Litzi Odalis Parrales y se sancionó a dos mujeres que habían agredido a una madre por defender a su hijo de apenas 8 años de insultos homofóbicos”, sostiene el Movilh

Se trata así de al menos 107 fallos favorables a los derechos LGBTI dictados en el plazo de un año, lo cual contrasta con el pasado homofóbico y transfóbico del Poder Judicial” apunta la investigación.

“En efecto, la transformación del Judicial es radical y profunda cuando se recuerda que de todos los poderes del Estado es el que más ha aparecido en el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia, ocupando la Corte Suprema el primer lugar en los años 2002, 2003, 2004, 2008, 2009, 2012 y el 2013, mientras que en 2014 quedó en el sexto puesto”, recuerda el estudio. “Nunca antes algún ente experimentó tal nivel de cambio en torno a los derechos LGBTI, aspecto que merece todos los aplausos y convierte al Judicial en el poder del Estado más progresista en la materia, lo cual sólo se mantendrá si se profundiza en la mima línea, al margen de cuáles sean las autoridades de turno”, apunta el informe.

 Exacerbación de diferencias en la Derecha

Otro “sello del 2017 es la exacerbación de las diferencias entre la Derecha política sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, en tanto se hicieron más visibles que nunca los extremos: por un lado una deshumanizada homofobia y transfobia y por otro la promoción de la no discriminación, estando en el centro quienes rechazan la igualdad plena, pero evitan ofender o denigrar a través de sus discursos”, indica el informe.

Añade que “el proceso fue nítido en el contexto de las elecciones presidenciales, estando en la ultra-homofobia y transfobia los candidatos Manuel José Ossandón y José Antonio Kast y en el lado opuesto Felipe Kast, el primer abanderado de derecha en cuadrarse con el matrimonio igualitario”.

La investigación enfatiza que “las disputas públicas entre la derecha sobre temáticas LGBTI también se apreciaron en otros contextos, como le llegada a Chile del Bus del Odio, la campaña Arcoíris que insta a instituciones públicas y privadas a izar la bandera de la diversidad, los debates sobre la ley de matrimonio y la ley de identidad de género y la reunión del Comando de Piñera con el Movilh, hechos coyunturales que convirtieron al 2017 en el año con mayor exposición de las distintas posturas de la Derecha”. “El desafío para la Derecha será comprender que la no discriminación por orientación sexual e identidad de género es un tema de DDHH y que, en consecuencia, deben respetarse al margen de cualquier consideración política, ideológica o valórica. En caso contrario, simplemente no se respetan los derechos humanos, un talón de Aquiles para la Derecha cuando se trata de igualdad legal para las personas LGBTI”, apunta el estudio.

 61 hitos positivos, 6 negativos

El estudio destaca, por último, que el año “hubo 67 hechos de transcendencia que marcaron la historia de los derechos humanos de las personas LGBTI”.

En el plano de las políticas públicas, la Superintendencia de Educación lanzó una circular para proteger derechos de estudiantes trans; el Servicio de Salud de Reloncavi se transformó en el cuarto del país donde pueden gestionarse las cirugías de readecuación corporal; el Hospital Sótero del Río elaboró un programa sobre identidad género; el Minsal enfatizó su rechazo a las terapias reparativas de la homosexualidad; el Primer Plan Nacional de Derechos Humanos incorporó temáticas LGBTI; se publicó un sitio web estatal para informar y sensibilizar sobre el matrimonio igualitario y Bachelet se convirtió en la primera mandataria en dar un mensaje pro igualdad con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, al igual que la ministra de Educación Adriana Delpiano.

Además la Municipalidad de Providencia distribuyó entre sus funcionarios la circular número 1 sobre no discriminación, mencionando todas las categorías protegidas por la Ley Zamudio; su símil de Recoleta inauguró la Biblioteca Pública Pedro Lemebel; el municipio de Quellón organizó la Primera Marcha por la Inclusión y la Diversidad de la comuna y Las Condes y la Plaza de Tribunales de Concepción desplegaron la bandera de la diversidad. En tanto, las piletas de la Plaza Cruz, de la Plaza Bélgica y de las rotondas Paicaví y Lomas de San Sebastián, en la región del Biobío, fueron iluminadas con los colores del arcoíris, al igual que el Arco de la Universidad de Concepción.

En el plano legislativo se aprobó una reforma al Acuerdo de Unión Civil que extiende a los convivientes los 5 días de permiso laboral y la presidenta Bachelet presentó en el Congreso Nacional un Proyecto de Ley que Sanciona la Incitación a la Violencia Física y el Proyecto de Matrimonio Igualitario, lo cual fue antecedido por dos históricas ceremonias sobre la materia celebradas en La Moneda, en el marco del cumplimiento del acuerdo firmado ante la CIDH.

En el mismo ángulo, la bancada del PS presentó un proyecto de ley que sanciona la incitación al odio, parlamentarios de la Nueva Mayoría ingresaron una iniciativa que permite la adopción aparejas del mismo sexo y la Cámara de Diputados aprobó una resolución impulsada por el PC que rechazó los mensajes discriminatorios promovidos por el autodenominado “Bus de la Libertad”.

En el campo judicial hubo 107 sentencias favorables a los derechos humanos de las personas LGBTI y de las familias homoparentales, destacando la tuición de sus dos hijos entregada a un padre, pese al homofóbico rechazo de la madre, y un fallo que validó la determinación del juez Luis Fernández de cambiar el nombre y sexo legal de una niña de 5 años.

En el terreno cultural, académico y/o mediático el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lanzó su primera guía contra la homofobia y la transfobia, la cinta “Una Mujer Fantástica” fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por los Oscar; la Universidad Academia de Humanismo puso en marcha un reglamento que garantiza el respeto al nombre y sexo social de las personas trans; la Universidad de Chile se transformó en la primera Casa de Estudios en impartir un curso sobre la realidad de las personas LGBTI y la actriz Daniela Vega se convirtió en la primera mujer trans en participar de un spot publicitario.

En el campo social y de las movilizaciones, el Metro de Santiago adhirió con una campaña al Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia y el Movimiento LGBTI celebró la Primera Muestra de Cine LGBTI en Aysén, la Primera Campaña contra la Homofobia en el Fútbol, la primera marcha del Orgullo en Punta Arenas y la Primera Marcha por el Interés Superior del Niño y de la Niña en Santiago, además de convocar al primer debate sobre el matrimonio igualitario organizado por la sociedad civil en el Congreso Nacional.

En tanto, el testimonio público de la joven Carla Aranda González, hija de una líder homo/tranfóbica, brilló al causar debate nacional e internacional y acelerar la tramitación de la ley de identidad de género

En la línea política, Guido Girardi leyó en Sala una declaración del movimiento LGBTI y Carolina Goic se convirtió en la primera presidenta de la DC y abanderada de ese partido en respaldar el matrimonio igualitario, al igual que Felipe Kast, pues fue el primer pre-candidato de Derecha en apoyar dicha ley.

En el escenario internacional la Corte Interamericana de DDHH estableció que el matrimonio igualitario y la protección y respeto de la identidad de género están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que prohíbe la pena de muerte contra las personas que tienen relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo; la OEA dio luz verde a la “Resolución sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos”, donde incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas; Chile y Canadá asumieron la co-presidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTI); el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Australia violentó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al negarse a rectificar la partida de nacimiento de una mujer trans casada y Luz de Luna (Moonligth), una cinta con temática LGBTI, ganó el Óscar como mejor película.

Los hitos negativos fueron las campañas de odio de los autodenominados buses de la “Libertad” y de la “Familia”; una querella que una ONG presentó contra el juez Luis Fernández porque había autorizado el cambio de nombre y sexo legal de una niña de 5 años; el despacho por parte del Senado de una propuesta de ley de identidad de género que excluye a niños, niñas y casados y patologiza a los mayores de 18 años; las ofensas contra la presidenta Bachelet en el Te Deum evangélico y el sensible fallecimiento el diseñador de la bandera LGBTI, Gilbert Baker.

Por último, en 2017 salió a la luz el primer crimen homofóbico cometido por agentes de la Dictadura.

Informe completo aquí

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas Chile, CitizenGO, Delitos de Odio, Discriminación, HazteOir, Homofobia, Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas, Lesbofobia, LGTBfobia, Luis Fernández Espinosa, Luis Losada, Marcela Aranda, MOVILH, Transfobia, Una mujer fantástica