Una investigación de la organizacion Data for Progress ha puesto de manifiesto como al menos treinta companías que han actuado como patrocinadores del Orgullo LGTBI en ciudades de Estados Unidos han financiado además a políticos contrarios a los derechos LGTBI. Un claro ejemplo del fenómeno conocido como pinkwashing: el uso de estrategias comunicativas que te hace aparecer como favorable a los derechos LGTBI sin que exista un compromiso real detrás, o incluso, como sucede con estas compañías, ofrezcas apoyo económico a políticos que promueven políticas discriminatorias. 

La investigación de Data for Progress ha sido capaz de identificar, gracias a la obligación de declarar las contribuciones monetarias a las campañas electorales estadounidenses, a más de un centenar de compañías que han donado dinero a políticos que han promovido o promueven iniciativas legislativas contra los derechos LGTBI en numerosos estados del país en las convocatorias electorales de 2020 y 2022.

Conviene precisar que la cantidad de donaciones identificadas es con seguridad inferior a la real, ya que hay muchas formas legales de burlar esta obligación (no son públicas, por ejemplo, las contribuciones a los denominados comités de acción política o super-PACs o a organizaciones políticas que de forma indirecta dan soporte a las campañas electorales de estos políticos, generalmente de la esfera republicana). Aun así, el estudio ha sido capaz de seguir el rastro de más de tres millones y medio de dólares donados por estas compañías, cuyo listado completo puedes descargar aquí.

Lo más llamativo es que entre estas compañías hay al menos una treintena que han actuado como patrocinadores del Orgullo LGTBI en al menos una de las siguientes ciudades estadounidenses: Nueva York, Los Ángeles, Miami, San Francisco, Houston y Atlanta. La que se lleva la palma, en este sentido, es la compañía automovilística Toyota, que según Data for Progress ha donado 601.500 dólares a políticos hostiles a los derechos LGTBI. Le siguen las compañías de telecomunicaciones AT&T y Comcast, con 307.137 y 121.350 dólares, respectivamente; Amazon, con 87.900 dólares, y FedEx, con 79.700. A más distancia aparecen otras empresas, como bancos y empresas financieras (JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup…), empresas químicas y farmacéuticas (Johnson & Johnson, Gilead…) o incluso Microsoft (que donó 1000 dólares a dos de los legisladores de Florida que promovieron la infame Don’t say gay, una ley que impide hablar de diversidad sexual en los colegios de ese estado).

Aunque no figura como patrocinador de ningún Orgullo, llama la atención que en la lista de compañias donantes a políticos expresamente anti-LGTBI se encuentre Disney, con 32.000 dólares (aunque las donaciones de Disney a políticos republicanos se estiman en realidad mucho mayores). Una contribución que por cierto no libró a la compañía de entretenimiento de las iras del gobernador de Florida, Ron DeSantis, por la oposición de sus directivos a la Don’t say gay, y que ha hecho que Disney pierda muchas de las ventajas legales de las que disfrutaba en ese estado.

Lo mismo sucede con la farmacéutica Pfizer, que sin haber patrocinado mingún Orgullo ha donado al menos 41.450 dólares a políticos contrarios a los derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos escuchará el 28 de abril los argumentos orales a favor y en contra de la inconstitucionalidad de prohibir a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio (en relación a cuatro casos judiciales que tienen su origen en los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee). Un proceso que podría significar la definitiva extensión del matrimonio igualitario a todo el territorio estadounidense, algo que ya le piden abiertamente al Supremo numerosas personas y organizaciones, incluyendo casi 400 de las más grandes empresas del país o la propia administración Obama.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunciaba en enero que en este primer semestre de sesiones de 2015 revisaría la decisión de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, que en noviembre de 2o14 decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación. El fallo de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal decidió dar respuesta a dos cuestiones:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

Ya en enero se comunicó el calendario para la presentación de informes, aunque faltaba por conocer la fecha exacta en la que tendría lugar la sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales. Finalmente será el 28 de abril. Es muy probable que la sentencia final se conozca a finales de junio.

Empresas, líderes religiosos, alcaldes, Obama…

Ya en enero, cuando informamos de la decisión del Supremo, recogíamos las reacciones esperanzadas de los grupos LGTB, como Freedom To Marry, Human Rights Campaign, ACLU (American Civil Liberties Union) o Lambda Legal. Pero en las últimas semanas se han sumado al movimiento a favor de una sentencia del Supremo favorable al matrimonio igualitario importantes organizaciones y personas, que han enviado al alto tribunal sus amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución).

Entre ellas, casi 400 empresas, algunas de ellas tan importantes como Amazon, American Airlines, American Express, Apple, Citigroup, Colgate-Palmolive, Delta Air Lines, eBay, Facebook, General Electric, Goldman Sachs, Google, Hilton, HSBC, Johnson & Johnson, Levi Strauss, Marriott, Microsoft, Morgan Stanley, Nike, PepsiCo, Pfizer, Procter & Gamble, Twitter, United Airlines, Verizon o Walt Disney. Empresas que consideran, entre otras razones, que el entramado de complicadas situaciones jurídicas derivadas del no reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario en todo el país les supone un grave perjuicio (puedes descargar aquí el documento enviado al Supremo por este grupo de empresas).

También han solicitado al Supremo una sentencia favorable al matrimonio igualitario casi 2000 líderes religiosos del país, pertenecientes a confesiones cristianas, tradiciones judías e incluso organizaciones musulmanas, que consideran que el respeto a la libertad religiosa implica el reconocimiento jurídico del matrimonio igualitario, así como la posibilidad de que aquellas confesiones que decidan libremente celebrar matrimonios religiosos entre personas del mismo sexo lo puedan hacer (puedes descargar aquí su documento); más de 200 alcaldes de ciudades de todo el país (entre ellas Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Denver, Detroit, Filadelfia, Los Ángeles, Nueva York, Portland, Salt Lake City, San Diego, San Francisco o Washington D.C., por mencionar las más importantes); más de 200 miembros demócratas del Congreso (entre ellos 44 senadores) e incluso la propia administración Obama, que argumenta en su amicus curiae que la prohibición del matrimonio igualitario, además de ser discriminatoria y suponer desventajas concretas para las parejas del mismo sexo, envía el mensaje de que “las parejas del mismo sexo y sus hijos son familias de segunda clase, no merecedoras del reconocimiento y de los beneficios que se da por sentado sí merecen las parejas de distinto sexo”. “Las prohibiciones no puede ser reconciliadas con la garantía fundamental de igual protección recogida en la 14ª enmienda a la Constitución”, añade el texto.

No se trata, de hecho, de la primera vez que la administración Obama o que empresas estadounidenses se posicionan directamente ante el Tribunal Supremo a favor del matrimonio igualitario. Ya lo hicieron en 2013, año en el que el más alto tribunal del país acabó por cierto declarando inconstitucional la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esperemos que en esta ocasión el resultado sea el mismo…

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