Los manifestantes, que han anunciado que continuarán sus protestas todos los miércoles, denuncian que los magistrados están retrasando intencionadamente su pronunciamiento sobre estas uniones.

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En un giro que ha sido bien recibido por los colectivos LGTB, el Gobierno de Costa Rica ha decidido dejar de lado el tan traído y llevado proyecto de “sociedades de convivencia” y rescatar un proyecto de ley previo que buscaba equiparar a las parejas de hecho del mismo sexo con las heterosexuales, sin crear una institución jurídica distinta. Ahora la dificultad estriba en el procedimiento, dado que el plazo original de discusión del proyecto ha vencido ya.

Costa Rica es el primer país centroamericano en discutir el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, pero el proceso está siendo realmente complicado, hasta el punto de que es la justicia la que se ha acabado por adelantar. Lo contábamos con detalle hace unas pocas semanas: un juzgado de familia ha reconocido la convivencia entre Cristian Zamora y Gerald Castro, que iniciaron el proceso legal en 2013, y concedía a la pareja los derechos derivados de una unión de hecho. Un fallo de gran importancia, pero que se limita, eso sí, a la pareja demandante. Y unas semanas antes recogíamos otra sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fallaba a favor de un médico gay, a cuya pareja el Colegio de Médicos y Cirujanos -del que es socio- había denegado el derecho a disfrutar de sus instalaciones recreativas.

¿Por qué se retrasa, sin embargo, el reconocimiento por vía legislativa? La complicación estriba, además de en la composición de la Asamblea de Costa Rica (muy fragmentada) en la figura jurídica elegida. El contexto político, en cualquier caso, es el mejor que ha habido nunca en se país. Ya desde el principio de su mandato, el presidente Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por activistas LGTB y muy criticados por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís, por la decisión de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica e incluso mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

Sin embargo, pese lo esperanzador del nuevo periodo, el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo, que Costa Rica lleva años debatiendo, se resiste a avanzar. En legislaturas anteriores siempre acababa encontrando el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos costarricenses y sus representantes políticos, entre ellos el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Por fin, activistas LGTB se reunían en marzo con representantes del Gobierno para exigirles avances en esta materia, una reunión tras la cual la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anunciaba que el Gobierno promovería la discusión de los dos proyectos sobre la materia que se encontraban en trámite parlamentario (el de sociedades de convivencia y el de uniones de hecho), para unificarlos en un solo texto que reuniese apoyo suficiente. Sin embargo, como ya ha sucedido con anterioridad, el proceso se ha enquistado, y no ha sido hasta esta semana cuando el Gobierno por fin decidía –o eso parece– dar carpetazo a la idea de crear una figura jurídica nueva (las “sociedades de convivencia”) y optar por reformar la ya vigente legislación de uniones de hecho para incluir a las parejas del mismo sexo, como planteaba el otro proyecto.

Colectivos LGTB: no a figuras específicas fuera del Código de Familia

Descartada la aprobación de una ley de matrimonio igualitario, que en ningún momento ha estado sobre la mesa, los colectivos LGTB consideran esta la mejor opción. En Costa Rica, las uniones de hecho adquieren prácticamente los mismos derechos que el matrimonio tras acreditar ante un juez tres años de convivencia. Su reforma para abrirlas a las parejas del mismo sexo supone la modificación del Código de Familia con carácter general, sin necesidad de crear una institución jurídica “específica” para las parejas del mismo sexo no contemplada en el Código de Familia. Como bien señalaba el jefe de la unidad política del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC), Francisco Madrigal, “el proyecto de ley de sociedades de convivencia, al crear una figura diferenciada para un sector de la población, sólo perpetúa la discriminación sin sentido”.

Existe, sin embargo, una dificultad procedimental: el proyecto de ley para reformar las uniones de hecho que el Gobierno pretende rescatar está ya fuera del plazo parlamentario, lo que impide su discusión inmediata. El viceministro de la Presidencia, Luis Paulino Mora, considera sin embargo que la jurisprudencia de la Sala Constitucional permite su rescate durante el periodo de sesiones extraordinarias que tienen lugar a lo largo de este mes de agosto. En este sentido, Mora ha señalado que señaló que llevarán nuevamente a la mesa de diálogo con los colectivos LGTB la situación para que ahí mismo se defina una nueva ruta a seguir para abordar el tema. Estaremos pendientes del discurrir de los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

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Presentación del estudio en San José de Costa Rica (Imagen: elpais.cr).

Los resultados de una reciente investigación en Costa Rica asocian fuertemente a las fuerzas policiales con actitudes negativas, tendencia aceptar y promover la discriminación y la aprobación del abuso hacia las personas LGBTI.

Estos son algunos de los resultados que arrojó una investigación denominada “Evaluación de actitudes hacia las personas LGBT por parte de las fuerzas policiales en Costa Rica”, instrumento que le servirá al Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) para desarrollar una línea de base sobre conocimientos, actitudes y predisposiciones del personal del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Policía de Tránsito) y la Dirección Nacional de Migración y Extranjería.

“Los resultados muestran un nivel muy bajo de acceso a información, sobre diversidad sexual, situación que redunda en un nivel muy bajo de conocimientos en esta área. Este nivel reducido de acceso a información tiende a asociarse con la presencia de actitudes y posiciones negativas con respecto a la población LGBTI, situación que produce niveles de agresividad prevalentes entre los diferentes policías hacia estas personas, algo realmente preocupante”, comentó Francisco Madrigal, Jefe de la Unidad Política del CIPAC.

Por su parte, la Máster Daria Suarez, Directora Ejecutiva del CIPAC, mencionó: “Los resultados de esta línea de base servirán de guía para diseñar en forma conjunta con las autoridades intervenciones con oficiales y personal administrativo de las diferentes fuerzas policíacas con el fin de capacitar y reorientar actitudes hacia un mayor respeto a los derechos humanos y una mejor calidad de vida de la población LGBTI. Pero también, estos resultados servirán de base comparativa para determinar el posible efecto futuro de las intervenciones.”

Consultada sobre estos resultados, la viceministra de gobernación, Carmen Muñoz, afirmó que el estudio servirá de herramienta para fortalecer su cartera.

 Algunos Resultados

El análisis de cada uno de los ítems que componen la escala muestra niveles satisfactorios con respecto a la conciencia de que las personas LGBTI son maltratadas en nuestra sociedad (75,2% de acuerdo), que las personas LGBTI deberían poder trabajar en cualquier lugar sin restricción (86,7% de acuerdo) y el tener relaciones de amistad con varias personas LGBTI (72,2% de acuerdo), así como en cuanto al rechazo de las ideas de que las personas que apoyan a la población LGBTI también son homosexuales (78,7%) y que las personas LGTI nunca deberías ser policías (70,2%) (ver tabla # 29).

Por otra parte, la actitud es apenas moderada en cuanto al acuerdo con que sería beneficioso para la sociedad reconocer a personas LGBTI como personas normales (65,3%) y que las parejas del mismo sexo pueden ser buenos padres o buenas madres (60,6%), y en el descuerdo con que sea mejor no meterse en casos de violencia doméstica entre parejas del mismo sexo (67,2%), que las personas LGBTI sean mucho más fiesteras y problemáticas que las heterosexuales (60,6%) y que debería prohibirse que personas LGBTI trabajen o atiendan a personas menores de edad (65,9%).

Finalmente, un 17, 7% de las personas entrevistadas tiende aceptar o apoyar que otro oficial cobre mordida a una persona LGBTI, un 15,7% que se le propine golpes a una persona de esta población, un 13,5% aceptaría o se mostraría indiferente ante el abuso sexual de una persona LGBTI, y un 20,4% aceptaría realizar un registro (requisa) injustificado. Por otra parte un análisis factorial arroja que persiste un prejuicio o falsa creencia de que la diversidad sexual es una patología psicológica o social, además cerca de tres cuartas partes de las personas entrevistadas, no han recibido ningún tipo de información en materia de derechos humanos y diversidad sexual y los y las estudiantes de la Escuela Policial, así como los y las Oficiales de Tránsito, muestran los peores niveles en las diferentes dimensiones evaluadas.

La investigación completa puede consultarse en www.cipacdh.org. Y el relativo a El Salvador aquí.

Fuente CIPAC, vía SentidoG

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